Sentencia Civil 116/2025 Audiencia Provincial Civil de A Coruña nº 5, Rec. 747/2022 de 26 de marzo del 2025

PRIMERO.-Por parte de la socia demandada, Doña Edurne, se interpone recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado número 1 de Negreira que ahora nos ocupa en cuanto a la estimación parcial de la demanda formulada por las otras dos socias integrantes de la misma sociedad limitada, Doña Bibiana y Doña Adela, dando por demostrado el incumplimiento por aquélla del pacto de socias acordado entre las tres en la escritura de 17 de septiembre de 2015, a que se refiere el litigio, con la consecuencia de condenarle al cumplimiento forzoso de lo pactado mediante la transmisión de sus participaciones sociales a la demandante Doña Bibiana por el valor que quedó fijado por ésta en sobre cerrado y documentado en escritura pública, procediéndose al abono del precio.

SEGUNDO.-El Juzgado refirió en su sentencia las pretensiones y el clausulado del contrato del pacto de socias.

Consideró jurisprudencia admitiendo la validez de los pactos parasociales entre socios, su naturaleza, clases, características y obligatoriedad vinculante entre las partes, aunque no frente a la sociedad, conforme a o dispuesto en el artículo 1255 del Código Civil, sobre el principio de relatividad de los contratos y la autonomía de la voluntad salvo límites de orden público, como también resultaría de su inoponibilidad frente a la sociedad según el artículo 7 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 y el 29 de la actual Ley de Sociedades de Capital, y otra normativa.

Sobre esta base, el pacto de litis no sería contrario al orden público, ni se habría alegado defecto de consentimiento. Obligaría a demandantes y demandada en el marco procedimental pactado.

También indicó la sentencia lo relativo a la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En el presente caso sería incuestionable la relación jurídica y la realidad del pacto de socias de litis suscrito en su día por las tres litigantes. Por el acta de notificación notarial de las demandantes a la demandada de 11 de marzo de 2020 Se habría procedido a la apertura de negociaciones por las graves desavenencias tanto cumplimiento a la primera fase del procedimiento pactado y habiendo sido notificada la demandada 2 días después. Estaría clara la voluntad de poner fin a los desacuerdos en la manera pactada, o sea siguiendo el procedimiento convenido. La vigencia del pacto tampoco habría sido cuestionada y las demandantes tendrían derecho a desvincularse de la sociedad minoritaria con la que no se entendían, siendo la razón de ser del pacto como mecanismo para encauzar las desavenencias y desvinculación de la socia descontenta. A partir de entonces la demandada habría conocido que las desavenencias llevaron a las demandantes a hacer valer lo pactado de que o bien adquiría las participaciones sociales de las demandantes o bien transmitía las suyas. No existiría ninguna previsión en otro sentido.

La juzgadora de instancia también consideró que la acción del pacto de socias sería total y absolutamente ajeno a los acuerdos sociales y sus vicisitudes. En la junta extraordinaria de la sociedad de 24 de septiembre de 2020 se habría dado cumplimiento al contenido del pacto de socias en su segunda fase: la oferta de todas las participaciones sociales a la socia minoritaria, que ésta no habría aceptado. No se trataría de aplicar un acuerdo social, sino que sería el cauce para dar cumplimiento al pacto de socias, ajeno a los acuerdos sociales. Y la demandada, citada al efecto, no habría comparecido en la notaría el 29 de septiembre de 2020, por lo que admitiría implícitamente las consecuencias. La apertura de los sobres de Doña Bibiana y de Doña Adela constituiría la tercera fase, y al no haber la demandada tampoco presentado su sobre, quedaría obligada a transmitir sus participaciones sociales a la socia Doña Bibiana que había fijado el valor más alto de las participaciones sociales, según lo acordado en el pacto de socias. Éste no contemplaría auditoría previa ni sistema de valoración de las participaciones sino la libre valoración que cada socia tuviera por oportuno. La demandada no habría presentado la suya y no cabría ahora cuestionar las valoraciones de las otras dos socias cuando suscribió el pacto sin reservas. Aunque fueran bajas las valoraciones sería ajeno al procedimiento pactado y la demandada podría haber adquirido las participaciones sociales de las otras dos, que representaban el 70% del capital societario, por dos mil euros, cuantía muy similar a la ofertada por las suyas, no habiendo querido hacerlo.

Además, la sentencia indicó que la valoración de la sociedad no podía tener reflejo en el procedimiento que sería exclusivamente el cumplimiento forzado sobre el pacto de socias y todas ellas, incluir a la demandada, habrían sido libres de asignar a las participaciones sociales la valoración que tuvieran por conveniente.

Todo lo cual conduciría a tener que estar a la observancia del contenido obligacional del pacto de socias y sus consecuencias al margen de la impugnación del acuerdo social o de votación en contra de la aprobación de cuentas anuales, pues la socia demandada habría decidido incumplir el pacto de socias al no presentarse la notaría conforme a lo pactado, y En este sentido, a título ilustrativo, la STS de 25 de febrero de 2016 habría considerado contrario a la buena fe y un abuso de derecho la impugnación de acuerdos sociales contrarios a pactos para sociales suscritos por el impugnante.

La sentencia también refirió jurisprudencia sobre la interpretación de los contratos y que, sobre esta base, sería muy clara la interpretación de las cláusulas del pacto de socias de litis, la intención de establecer como mecanismo para poner fin a las desavenencias la separación entre ellas mediante la transmisión de las participaciones sociales, qué sería su fin último, precedido de un procedimiento disciplinado. No daría lugar a confusión, que ni siquiera se habría apuntado por ninguna de las partes.

El Juzgado desestimó razonadamente la partida indemnizatoria también pedida en la demanda, lo que no es objeto de impugnación en esta segunda instancia.

TERCERO.-En el recurso de apelación se insiste en la suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal basada en la existencia de diligencias penales iniciadas por querella de la aquí demandada contra las demandantes por supuesto abuso de mayoría y en la administración social, así como respecto de las cuentas anuales.

Y, alzada la suspensión, o subsidiariamente en caso de rechazarse la misma, se pretende la revocación de la sentencia de primera instancia y desestimación de la demanda.

Se argumenta acerca de la tacha de los Sres. Eloy y Severino, que se trataría de testigos peritos. El primero, sería asesor fiscal-contable-financiero de la sociedad desde su fundación y antes en la empresa de las hermanas demandantes, cuyo vínculo le haría perder toda imparcialidad y objetividad. Tendría interés indirecto en que no se discutan las cuentas y el valor de las existencias, así como por su actuación en las diligencias penales. El segundo de ellos habría intervenido como auditor de las cuentas de 2019 a 2021. Las salvedades de sus auditorías alcanzarían en 2019 el 83,12% del activo (incluso un 95,16% si se compensasen el saldo pignorado de 60 mil euros), en 2020 el 83% y en 2021 se mantendrían las salvedades. En la memoria de dichas cuentas se introduciría por primera vez la valoración de las existencias por el valor realizable neto si fuese inferior a su valor de adquisición. El auditor habría ratificado su plena independencia respecto de la sociedad y su escepticismo, pero habría manifestado un sesgo parcial en sus respuestas en el juicio oral, motivo de las tacha. Pero, de no admitirse las tachas, no existiría informe pericial contrario al de la parte demandada.

También se argumenta en contra de lo sentenciado acerca del pacto de socias y de su cumplimiento. No se cuestionaría su validez ni vicios de consentimiento. No se habría abierto el periodo de alegaciones ordenado en el pacto. El hecho de pedir la demandada pidiese una auditoría de las cuentas de 2018 y 2019 o presentado querella criminal, no justificaría una divergencia en la gestión social sino el legítimo ejercicio de su derecho o su discrepancia, que después estaría ratificada por la realidad de la valoración de los activos de la empresa. Las demandantes habrían prescindido de las negociaciones que recoge el pacto de socias y no estaría justificado discrepancias no basadas en razones de legalidad. Se habría convocado la Junta del 24 de septiembre de 2020. Lo acordado o no en la Junta no vincularía en este procedimiento por cuanto el pacto de socios sería obligacional o contractual entre ellas no habiendo sido parte de la Sociedad Limitada, por lo que el acuerdo social de dicha Junta no fundamentaría los ulteriores requerimientos a la demandada ni tendría el efecto obligacional que nos ocupa. No justificaría la intervención societaria en caso de transmisión inter vivos de participaciones sociales, aunque tuviese que ser asentada en el libro de socias una vez consumada. De manera que el cauce de comunicación de un acuerdo societario no sería el adecuado ni vincularía a la demandada. Y no se comparte en el recurso la inaplicabilidad de ningún mecanismo de valoración de las participaciones sociales, argumentándose acerca del manejo por las demandantes en exclusiva de la información social, el hecho de ofrecer éstas vender el 70% de sus partipaciones por 2 mil euros de un negocio de 217 mil, cuando seguirían tanto ellas como su padre en sus puestos de trabajo y relación arrendadora o en su caso con extinción e indemnización. Se trataría de aparentar una valoración de la empresa semejante al valor aportado en 2015 mediante la formulación y aprobación en junta de valores de existencias incompatibles con dichas propuestas de compra y venta. El pacto de socias no contendría un mínimo ni un máximo en el precio, pero los derechos habrían de ejercitarse de buena fe y sin abuso en la gestión y administración societaria ni de derecho. En la aprobación de las cuentas de 2020 en la junta de 29 de julio de 2021 se habría determinado el valor de las existencias den 331 mil euros por el precio de adquisición, aunque la demandante Doña Bibiana habría reconocido que su valor real no sería ese por no ser fácil fijarlo. Las demandantes en el plano societario defenderían un valor semejante o aproximado al de 2015 e impidiendo a la socia minoritaria información cabal, pero en el plano del pacto de socias en abuso de Derecho y en contra de la buena fe para obtener la venta del 30% de la demandada de su inversión de 94.080 euros.

A continuación, el recurso de apelación trata de las cuentas de la sociedad limitada para sostener que no representan la imagen fiel económico patrimonial, habiendo la demandada votada en contra y reservado su derecho de impugnación judicial respecto de las cuentas anuales de 2017 a 2020, impugnando ante el Juzgado estas últimas, basándose en los informes periciales con salvedades y otras pruebas. También serían reprochables las cuentas de 2021. Se argumenta al respecto, así como de la valoración de la prueba pericial conjuntamente con las manifestaciones de los testigos-peritos y la determinación del valor realizable por referencia sectorial, por estados financieros, y por recuento físico de las existencias.

Y finaliza el recurso sosteniéndose que la demandada gozaría de la plenitud de derechos como socia tanto a fecha de la junta de aprobación de las cuentas de 2020 como en la actualidad.

Por la parte demandante se alegó en contra del recurso de apelación, pidiendo su desestimación por las razones expuestas en su escrito de oposición.

CUARTO.-Se desestima el recurso de apelación.

4.1Las diligencias penales iniciadas por la querella de la demandada se archivaron, por lo cual carece de objeto el motivo del recurso de apelación sobre la suspensión por prejudicialidad penal, y así lo entendió también la parte recurrente al abandonar la cuestión en escrito ante esta Sección 5ª de la Audiencia Provincial.

4.2El Tribunal comparte la interpretación del Juzgado sobre el clausulado del contrato de pacto de socias a que se refiere el litigio y la valoración probatoria de las circunstancias del caso, ajustada a la normativa y jurisprudencia en la materia, habiendo dado una respuesta razonada, clara, concreta y convincente.

4.3Abundando en las consideraciones jurídicas que contiene la sentencia recurrida, podemos destacar ahora una serie de aspectos sobre los pactos parasociales de la STS 300/2022 de 7 de abril de 2022:

<< La denominación de "pactos parasociales" es utilizada por la jurisprudencia para referirse a aquellos convenios celebrados por todos o algunos de los socios de una sociedad mercantil con el objeto de "regular, con la fuerza del vínculo obligatorio entre ellos, aspectos de la relación jurídica societaria sin utilizar los cauces específicamente previstos en la ley y los estatutos", acuerdos que se consideran válidos "siempre que no superen los límites impuestos a la autonomía de la voluntad" ( sentencias 128/2009, de 6 de marzo , y 138/2009, de 6 de marzo ). Se trata de un contrato asociativo ( sentencia 296/2016, de 5 de mayo ) distinto del contrato social, que no se integra en el ordenamiento de la persona jurídica (sociedad anónima o limitada), de forma que despliega sus efectos en el ámbito de las relaciones obligatorias de quienes lo celebran.>>

Entre otros precedentes, la sentencia del Tribunal Supremo citada señaló el artículo 7.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, al admitir la validez y eficacia inter partes de los pactos parasociales delimitando negativamente el ámbito subjetivo de esa eficacia al precisar que no eran oponibles a la sociedad, criterio también asumido por el artículo 11.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1995, y en el vigente 29 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

<< En consecuencia, tanto en la vigente legislación de sociedades de capital como en los precedentes reseñados, los pactos parasociales son válidos y eficaces entre las partes que los suscriben, pero no oponibles, ni por tanto exigibles, a la sociedad.>>

La sentencia comentada consideró a continuación el principio de relatividad de los contratos del párrafo primero del artículo 1257 del Código Civil, en el sentido de obligar solo a los contratantes y herederos, y sus excepciones y doctrina jurisprudencial, como la resumida en la STS 104/2022 de 8 de febrero de 2022. En este sentido la excepción de su párrafo segundo respecto de las estipulaciones a favor de terceros, << de forma que en caso de haberse previsto tales estipulaciones en el pacto parasocial a favor de la sociedad (los denominados "pactos de atribución", v.gr. concesión de préstamos, prohibición de competencia, etc), ésta podrá exigir su cumplimiento, conforme a dicha norma, incluso si no fue parte del convenio parasocial.>>

<< Una manifestación significativa de lo expresado se contiene en la sentencia 209/1994, de 15 de marzo , en un litigio en que se pretendía hacer efectiva una obligación contractual de transmisión de las acciones de una sociedad, obligación solo puede imponerse a los socios titulares de la totalidad de las acciones intervinientes en aquel contrato y no a la sociedad demandada que no fue parte en el convenio >>

<< Es en esta doctrina general en la que se enmarca el principio de inoponibilidad frente a la sociedad de los pactos parasociales.>>

La normativa citada << no prevén la nulidad de los pactos parasociales, sino su inoponibilidad a la sociedad.

Por ello, las sentencias 128/2009 y 138/2009, de 6 de marzo , parten de la validez de tales pactos. La posterior sentencia 616/2012, de 23 de octubre , precisó que estos pactos, en lo referente a su validez, "no están constreñidos por los límites que a los acuerdos sociales y a los estatutos imponen las reglas societarias - de ahí gran parte de su utilidad - sino a los límites previstos en el artículo 1255 del Código Civil ". >>

Sobre esta base, << Cuando se ha pretendido impugnar un acuerdo social, adoptado por la junta de socios o por el consejo de administración, por la exclusiva razón de que es contrario a lo establecido en un pacto parasocial, esta sala ha desestimado la impugnación.>>Y en este sentido la STS 138/2009 de 6 de marzo de 2009. También las 1136/2008 de 10 de diciembre de 2008, 128/2009 de 6 de marzo de 2009 y 131/2009, de 5 de marzo de 2009: << en el régimen del art. 115 de la Ley de Sociedades Anónimas , la mera infracción de un convenio parasocial no basta, por sí sola, para la anulación de un acuerdo social. Para estimar la impugnación del acuerdo social, es preciso justificar que este infringe, además del pacto parasocial, la ley, los estatutos, o que el acuerdo lesione, en beneficio de uno o varios socios o de terceros, los intereses de la sociedad.>>

<< Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la intervención, cuando proceda, de las limitaciones que imponen las exigencias derivadas de la buena fe y de la interdicción del abuso del derecho. Por ello algunas sentencias anteriores tuvieron en cuenta las particularidades que presentaba el caso enjuiciado para aplicar alguna de las cláusulas generales que sirven para evitar que la mera aplicación de ciertas reglas concretas del ordenamiento pueda llevar a un resultado que repugne al más elemental sentido jurídico.>>[...]

<< En el mismo sentido se manifestó la sentencia 120/2020, de 20 de febrero , en un supuesto en el que se pretendía la declaración de nulidad de determinados negocios jurídicos de transmisión de acciones y participaciones sociales que los impugnantes consideraban contrarios a los pactos de un protocolo familiar, y en el que las limitaciones a su transmisibilidad derivadas de estos no se habían incorporado a los estatutos sociales, falta de adaptación estatutaria que determinaba que las previsiones del protocolo tuviesen, en principio, una limitada eficacia interna entre socios, como pacto parasocial:[...] "Fuera de tales casos (infracciones a las exigencias de la buena fe, abuso del derecho) la eficacia del pacto parasocial, perfectamente lícito, no puede defenderse atacando la validez de los acuerdos sociales que resulten contradictorios con los mismos, sino que debe articularse tal defensa a través de una reclamación entre los contratantes basada en la vinculación negocial existente entre los firmantes del pacto, pues este no tiene efectos frente a la sociedad ni, por tanto, en un litigio de naturaleza societaria como es el de impugnación de acuerdos sociales".

<< La sentencia 103/2016, de 25 de febrero , resolvió un supuesto que no consistía en la impugnación de un acuerdo social por ser contrario a un pacto parasocial, sino precisamente el supuesto inverso: con la adopción de los acuerdos sociales impugnados se daba cumplimiento a un acuerdo parasocial, omnilateral, consistente en que el titular de ciertas acciones y participaciones sociales en sendas sociedades al transmitirlas a sus hijos se reservaba no sólo el usufructo vitalicio sobre las mismas sino también el derecho de voto derivado de dichas acciones y participaciones sociales, y en el cómputo de votos para la aprobación de los acuerdos impugnados se tuvo en cuenta el voto emitido por dicho usufructuario.[...] Ante la contradicción entre la regulación propia del pacto parasocial y la del régimen estatutario esta sala tomó en consideración las circunstancias concurrentes[...] y concluyó que la impugnación de los acuerdos sociales resultaba contraria a las exigencias de la buena fe e incurría en abuso de derecho, entendiendo que quienes, junto con el demandante, fueron parte de este pacto parasocial omnilateral y constituyen el único sustrato personal de las sociedades, podían confiar legítimamente en que la conducta del demandante se ajustara a la reglamentación establecida en el pacto parasocial.

La solución se basó, por tanto, no en una inversión o derogación singular de la regla legal de la inoponibilidad de los pactos parasociales a la sociedad, sino en un criterio distinto: la aplicación de la regla general de la buena fe y, en conexión con ella, el principio de la confianza legítima ( art. 7.1 CC ), en relación con el incumplimiento por el impugnante de lo pactado en el acuerdo extraestatutario, acuerdo del que era parte. >>

En el caso de la STS 300/2022 de 7 de abril de 2022 que comentamos no se trató de una impugnación de acuerdos sociales, sino de la exigencia del cumplimiento de los compromisos asumidos en los pactos parasociales, en relación con la distribución de las acciones de unas filiales brasileñas que pertenecían a la sociedad en cuestión y de modificación de los estatutos en relación con las mayorías necesarias para fijar el sentido del voto en las filiales:

Consideró correcta la sentencia de la Audiencia Provincial al resolver la controversia aplicando los principios de relatividad de los contratos ( art. 1257 CC) y de inoponibilidad frente a la sociedad de los pactos parasociales ( art. 29 LSC) , conforme a la doctrina jurisprudencial.

Refirió el alcance antes mencionado de la STS 103/2016 de 25 de febrero de 2016, cuyas circunstancias [excepcionales] << no concurren en este caso>>.

También dijo que la << La sentencia 296/2016, de 5 de mayo , constituye un exponente más (y no una excepción) de la reiterada doctrina de esta sala sobre la validez y eficacia inter partes de los pactos parasociales, y así lo manifiesta con toda claridad (en un supuesto de sindicación de acciones) cuando afirma que "el pacto de sindicación de acciones es un acuerdo extrasocietario o parasocial generalmente no oponible a la sociedad ( art. 7.1 LSA , actual art. 29.1 LSC ), pero de eficacia vinculante para quienes lo suscriben". El adverbio "generalmente" no contradice la doctrina de la sala, sino que se adecúa en rigor a la misma, pues, como hemos visto, la regla de la inoponibilidad no carece de excepciones, fundamentalmente basadas en el principio de la buena fe, y otros conectados con éste como el de la confianza legítima o la interdicción del abuso de derecho (a lo que deben sumarse los supuestos en que la propia sociedad sea firmante de los pactos). >>

Añadió que << Tampoco avala la tesis de la recurrente la sentencia 589/2014, de 3 de noviembre , que trata de un supuesto de impugnación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad basada en que las cuentas no reflejaban la imagen fiel del patrimonio de la compañía por haber omitido el reflejo contable de una operación de permuta que se había celebrado en cumplimiento de unos pactos parasociales. La sala apreció que la ocultación en las cuentas anuales de dicha operación comportaba que éstas no reflejaran la imagen fiel de la compañía y anuló el acuerdo de aprobación de cuentas al considerar que la ocultación de dicha operación no podía quedar justificada porque "se contempla en un pacto parasocial del que no fue parte la sociedad demandada", pues frente a los terceros la omisión de esa información era grave al no mostrar las cuentas formuladas "la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la sociedad". Solución en la que resultó determinante también que, conforme al art. 34 del Código de Comercio , las operaciones deben contabilizarse atendiendo a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica.

Nuevamente, la ratio decidendi de la sentencia no se basó en la oponibilidad o exigibilidad de los pactos parasociales frente a la sociedad, pactos que la sentencia califica de res inter alios acta respecto de la sociedad: "La eficacia de los pactos reservados, propia de todo contrato, son vinculantes y afectan a quienes lo suscribieron, pero no a las personas ajenas a los mismos, entre ellas, la sociedad, para quien dichos pactos son "res inter alios acta" y no puede quedar afectada por los mismos".

Así lo explica también correctamente la sentencia impugnada >>[...]

<< Por último, tampoco abona la tesis de la recurrente las sentencias que cita en relación con el sentido contractualista del "interés social".>> [...]

4.4El recurso de apelación es un vano intento: de alterar lo convenido en dicho pacto parasocial, omnilateral, por las tres únicas socias, aquí litigantes, medio año después de la constitución de la sociedad limitada, introduciendo requisitos o condicionantes no pactados, a pretexto de haberse infringido los límites de la buena fe y del abuso del derecho, al tiempo que reconociendo que no se estaba pactado un precio mínimo ni máximo; y de negar la evidencia del cumplimiento por las socias mayoritarias demandantes del procedimiento pactado y el incumplimiento por la socia minoritaria demandada.

La sentencia de primera instancia se ajusta a lo convenido libre, consciente y voluntariamente por las tres únicas socias de la entidad, y a la doctrina jurisprudencial aplicable, sin que el pacto parasocial, el método de fijación del precio de las participaciones y la actuación desarrollada sea contraria a la buena fe ni un abuso de derecho o de confianza, habiendo sido las contratantes plenamente conocedoras de las obligaciones inter partes contraídas y de su alcance. Nos remitimos a las razones indicadas por el Juzgado, resumidas en otro apartado más arriba de la presente.

4.5Como bien indicó la sentencia, y realmente no se discute, la interpretación del clausulado del pacto de socias, y por tanto del procedimiento previsto en el mismo, es muy claro.

También lo es su razón de ser y su finalidad.

La ejecución del pacto desembocaba ineludiblemente en la salida de la sociedad de alguna de las socias mediante la transmisión de sus participaciones sociales por el precio concretamente determinable en el modo previsto en ese contrato.

Y en su base está el que, lógicamente, el respeto del ejercicio de las facultades, acciones y derechos en la sociedad mercantil de cada socia, incluida la minoritaria que lo invoca en su recurso, no quita que los desacuerdos y desavenencias reiteradas o relevantes sobre la gestión social en el seno de toda pequeña sociedad con muy pocos socios, máxime si trabajan en ella y si existen otras relaciones jurídicas como las de arrendamiento, es una fuente de conflictos y problemas que indudablemente afecta a su buena marcha y hasta hace muy difícil la convivencia personal diaria, obstaculizando posibles soluciones.

Lo pactado no era en beneficio de alguna de las partes en perjuicio de otra, sino que jugaba en todas direcciones, o sea de alcance recíproco, aceptado por todas.

Como no puede ser de otro modo, la parte recurrente reconoce que no se convino límite mínimo ni máximo al precio de las participaciones sociales, ni de las suyas ni las de las dos socias mayoritarias. Y, contrariamente a lo que en el fondo se defiende en los motivos argumentados en el recurso al respecto, tampoco pactaron, ni se desprende del principio de autonomía de la voluntad del artículo 1255 del Código Civil, ni de la ley y la jurisprudencia en la materia, ningún informe pericial de valoración económica de las participaciones, ni tomar otro dato o referencia objetiva, ya basada en la contabilidad, ya en el valor real de las existencias o activos de la sociedad, ya de otro tipo. No lo hicieron porque no quisieron, fuera para evitar costes del procedimiento pactado o para una mayor rapidez o por cualquier otro motivo, y en todo caso por parecerles mejor la recíproca multilateralidad del método y solución pactada acerca del precio. Y es que, como claramente resulta del contenido del pacto de socias y acertadamente indicó la juzgadora de instancia, lo querido fue la fijación en sobre cerrado por cada una de las socias del valor de las participaciones sociales que tuvieran por oportuno y estar al importe superior, pasando también por ello aquella que, pudiendo haberlo hecho, no efectuase su oferta, cual en el caso que nos ocupa la socia minoritaria demandada.

Es por eso que no pasó desapercibido en la sentencia el hecho de que Doña Edurne incluso pudo hacerse con la sociedad por entero por solo 2 mil euros del 70% de las participaciones sociales de las demandantes, no habiendo querido, como tampoco intervenir en el procedimiento pactado ofreciendo un precio en sobre cerrado.

Si, según defiende la parte demandada, el valor de las participaciones debía ser muy superior al ofrecido por las otras dos socias, en atención al valor que tendría la sociedad o empresa o sus activos, pudo aquélla haber introducido en su sobre cerrado un precio elevado. Pero, claro está, con la consecuencia prevista en el pacto de socias de que, en el supuesto de ser el importe más alto de las tres, se vería obligada a adquirir las participaciones a ese precio. Tampoco quiso eso. Y no se puede tomar lo pactado solo en la parte que interesa, ni desvincularse de las obligaciones contractuales asumidas, ni unilateralmente pretender alterarlo por discrepar del resultado final al socaire de que el precio de venta de las propias participaciones sociales es muy bajo en relación con el valor que tendría la sociedad o su empresa o activos, o por haber impugnado las cuentas anuales y ser éstas incorrectas, que es en lo que se basa la postura de la demandada recurrente.

Por otro lado, es también claro lo indicado en la sentencia de primera instancia y no se discute que los acuerdos sociales y su posible impugnación, cual los relativos a la aprobación de las cuentas anuales, es algo ajeno al cumplimiento del pacto parasocial. Nos remitimos también a la doctrina jurisprudencial expuesta al respecto.

Por todo lo razonado hasta aquí es por lo que carece también de importancia lo que pueda resolverse en otra sede judicial acerca de las impugnaciones de acuerdos societarios pues, en el asunto que nos ocupa, hay que estar al cumplimiento de lo convenido, obligaciones y consecuencias inter partes del pacto de socias, no condicionado a aquello otro, y cuya aplicación conduce a la salida de la demandada Doña Edurne de la sociedad mediante la venta forzosa de sus participaciones sociales a la demandante Doña Bibiana conforme a lo acertadamente sentenciado por el Juzgado.

Y otro tanto de lo mismo, por ser del todo ajeno al pacto parasocial, respecto del argumento del recurso de apelación de no haber querido la demandada adquirir las participaciones de las socias mayoritarias porque tendría que asumir los contratos de arrendamiento y laborales de éstas y su padre.

Tampoco podemos aceptar el reproche que se hace en el recurso a que no se siguió el procedimiento del pacto de socias, por lo que no se habría ejecutado o consumado. La juzgadora de instancia dio adecuada respuesta en su sentencia a la cuestión. Pasó el plazo pactado de "vacatio" de cinco años, desde la constitución de la sociedad el 10 de marzo de 2015, para poder actuar lo previsto en el pacto parasocial. Los desacuerdos y desavenencias entre la demandada y las demandantes sobre la gestión social eran importantes y reiterados, como lo demuestra el mismo argumentario al respecto del recurso de apelación y la querella criminal presentada. Ya en la propia acta notarial de notificación de las demandantes a la demandada de 11 de marzo de 2020 se indica expresamente como fundamento de la actuación el pacto de socias y en aplicación del mismo la solicitud de apertura de negociaciones entre ellas, además de instarle a presentar ante notario la cantidad que considerase debía recibir por sus participaciones sociales. Notificada, la demandada no hizo caso, ni entonces ni en ningún momento posterior. Pasó no solo el plazo del mes previsto en el pacto para alcanzar algún acuerdo o solución distinta de la transmisión de participaciones sociales, sino seis meses sin fruto alguno. La siguiente fase del pacto se llevó a cabo por el cauce de la junta societaria de 24 de septiembre de 2020, recogida en acta notarial de la misma fecha, también aportada al presente procedimiento. Es correcta la valoración de este hecho en la sentencia, siendo irrelevante que se hubiera efectuado dentro de una junta de la sociedad. El punto segundo del acta de la junta refiere expresamente que, de acuerdo con el pacto de socias, transcurrido más de un mes y a fin de no alargar el periodo de negociaciones, las dos socias mayoritarias ofertaban a la demandada la venta de su 70% de participaciones sociales por un importe total de 2 mil euros, lo que no fue aceptado por parte de ésta ni entonces, alegando desconocimiento de la situación económico patrimonial de la sociedad y del valor de las participaciones por falta de información suficiente, ni después. Y el punto tercero del orden del día trató de la fase prevista en el pacto de socias acerca de las propuestas a ofertar por cada socia en sobre cerrado del precio en que valoraban las participaciones sociales, plazo al efecto y convocatoria día, hora y notaría en que debían concurrir todas ellas para dar cumplimiento al pacto, a lo cual se opuso la demandada. La siguiente fase del pacto se cumplió en el acto antes señalado, recogido en el acta notarial de 29 de septiembre de 2020, al que la demandada no compareció haciéndolo únicamente las demandantes y en que se procedió a la apertura de los sobres cerrados presentados con las respectivas ofertas, que fueron únicamente los de éstas, al no haberlo hecho aquélla, siendo el valor más alto el de Doña Bibiana valorando cada participación en 0,91 euros frente al de Doña Adela de 0,90 euros. Y, con base en el pacto de socias y todo lo ejecutado al respecto, finalmente se le comunicó a la demandada en acta notarial de 22 de octubre de 2020 el resultado de la antedicha apertura de los sobres y, para continuar con el procedimiento del pacto, se le requirió y citó para otorgar la escritura de venta de las participaciones sociales en la misma notaría el 26 de noviembre de 2020 a las 17 horas. En acta notarial de ese día se hizo constar la incomparecencia de la demandada. Y el presente litigio corrobora que tampoco lo hizo posteriormente.

Por todo lo cual es evidente el incumplimiento de la demandada y el amparo judicial que ha de otorgarse a la pretensión formulada en la demanda objeto de condena en la sentencia recurrida.

QUINTO.-Lo expuesto a lo largo de esta sentencia y de la de primera instancia es contrario por incompatibilidad con los motivos del recurso de apelación, y suficiente, sin necesidad de mayores comentarios, para desestimar el recurso, siendo preceptiva la imposición a la parte recurrente de las costas de la apelación ( art. 398 LEC) y la pérdida del depósito constituido para recurrir ( D.A. 15ª LOPJ) .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. El Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español: