Sentencia Civil 210/2024 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 7, Rec. 1286/2022 de 25 de abril del 2024

PRIMERO.- La representación de la parte actora ejercitó acción interesando se dicte Sentencia de conformidad con el suplico de su demanda.

La parte demandada compareció y formuló oposición a la demanda en los términos que constan en su escrito y tras alegar los hechos y fundamentos que consideró convenientes a su derecho, concluía interesando se dicte Sentencia desestimatoria de las pretensiones deducidas en su contra.

Agotados los trámites pertinentes y practicadas las pruebas admitidas, por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Lliria se dictó en fecha 4 de julio de 2022 Sentencia por la que estimaba íntegramente la demanda con expresa imposición a la parte demandada de las costas del procedimiento.

SEGUNDO.- Contra la referida Sentencia se alza la representación de DON Agapito formulando recurso de Apelación que basa en los siguientes motivos de impugnación expuestos en síntesis:

1.-Falta de legitimación activa. No se aporta prueba suficiente que acredite la adquisición de la actora de los activos de su antecesora y que entre los mismos se encuentre la propiedad del bien objeto de autos. La sentencia recurrida no se pronuncia sobre este punto, por lo que se entiende que hay un error en la valoración de la prueba por omisión, que le lleva a dictar un fallo inadecuado.

Según la sentencia recurrida, la nota simple registral es suficiente para acreditar la propiedad del bien, contraviniendo lo dispuesto en la Ley Hipotecaria y en numerosa jurisprudencia, entre otras de nuestra Audiencia Provincial.

Se trata de una nota simple registral, la cual no surte efectos en perjuicio de terceros, tal y como la propia nota y nuestra legislación indica.

A ello se une que en el interrogatorio del representante de la actora, el mismo destacó no haber estado nunca en el inmueble y que tampoco podía determinar su ubicación, de igual forma desconocía el valor de la propiedad y demás características del mismo. Sin embargo, esto se ha obviado por la Juzgadora a quo, incurriendo de nuevo en un error de valoración de la prueba.

Respecto de las referencias efectuadas por la sentencia en relación a que se reconoce por la recurrente la legitimación de la actora de forma indirecta al aportar una declaración jurada de Don Ismael (documento 1 de la contestación) y un documento relativo a la ejecución hipotecaria en la que Gramina es parte (documento 5 de la contestación), no proceden y no tienen cabida, pues en ningún momento en la declaración jurada se reconoce propiedad alguna, sino que solo se nombra a la actora como parte del procedimiento. En cuanto al documento 5, igualmente hace referencia a la sucesión en otro procedimiento del año 2.011, lo cual no determina que Gramina sea la propietaria en el momento actual.

2.-Falta de legitimación pasiva. En el caso que nos ocupa y como ya se expuso, el recurrente reside en el indicado inmueble con permiso del actual poseedor legítimo de la vivienda, D. Ismael. En este sentido nos remitimos al hecho previo y segundo de nuestra contestación, en los que ya explicábamos los antecedentes y el hecho/permiso que refrenda la estancia de mi mandante en el inmueble. Dicho permiso no ha sido revocado a mi mandante por Don Ismael, por tanto, y en ese sentido, el demandado, lo ha sido injustamente y tiene derecho pleno a residir y ocupar el inmueble de autos.

3.-Cosa Juzgada: Destaca la sentencia recurrida que no procede estimar dicha excepción por cuanto que el lanzamiento en sí nunca se vio en procedimiento anterior y que nunca se llegó a producir, siendo esto así, dice, la actora puede solicitarlo en un momento posterior con la acción que estime oportuna. Pues bien, igualmente esta parte no se encuentra conforme con lo anterior. Cabe destacar que el inmueble de autos, ya fue objeto de un procedimiento judicial. En concreto, la Ejecución Hipotecaria 384/2.011, Juzgado de Primera Instancia 5 de Llíria. En dicho procedimiento, el bien ya ha sido adjudicado, sin embargo, la actora Gramina Homes, renuncia a solicitar el lanzamiento de los poseedores del mismo, de los cuales tiene amplio conocimiento y sabiendo que no son "ocupas" sin más. Habiendo finalizado el indicado procedimiento con Auto firme de Adjudicación del inmueble y no habiendo llevado a cabo el lanzamiento en aquel, no procede en estos momentos aperturar nuevo procedimiento en términos de precario. Entendiendo que lo que se persigue en el presente, debe solicitarse, si se desea, en el principal.

4.-Inadecuación del procedimiento y fraude de Ley: Considera la sentencia recurrida que el artículo 675 LEC precisamente habilita a la actora para, tras una renuncia del lanzamiento en la ejecución hipotecaria, poder pedirlo a posteriori con la acción que considere oportuna. Al respecto, esta parte muestra su más rotunda disconformidad. En el caso que nos ocupa, ya se dio un procedimiento de ejecución hipotecaria, al que hemos hecho referencia antes, en el que se debió instar todo aquello que se hubiese requerido por la actora a los efectos de obtener la posesión. Sin embargo, la actora renunció a ello, para, en estos momentos, solicitarlo con el presente procedimiento de precario, totalmente inadecuado. Es decir, insta el presente proceso, para conseguir un fin que debería haber perseguido en la antedicha ejecución hipotecaria. Dicha duplicidad no es fruto de la casualidad, sino que se provoca por la actora con una patente mala fe y en fraude de Ley y para intentar evitar que la parte demandada se ampare en una serie de derechos y beneficios otorgados por la Ley. Suspendido el proceso y siendo que la actora es perfectamente conocedora que este tipo de circunstancias pueden alargar los procesos en su contra, además de otorgarle derechos a los ocupantes, es por lo que, opta por una actitud pasiva y de dejadez en la indicada ejecución, intentando conseguir con otro procedimiento y en fraude de ley, la posesión, tildando de ocupantes ilegales a los legítimos poseedores, que además no se han escondido y comparecieron en la ejecución, haciendo constar sus circunstancias. Ante estas situaciones, esto es, el hecho de que se pretenda usar otro procedimiento para conseguir el mismo fin, pero en vulneración de los derechos reconocidos por ley a la otra parte en el primer procedimiento, es de aplicación el artículo 6.4 CCiv "Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir." Es decir, no se puede permitir que la actora se aproveche de la duplicidad creada de procedimientos para conseguir el lanzamiento perseguido en perjuicio de los poseedores e intentando evitar los beneficios que a estos otorga la Ley 1/2.013 y sus modificaciones posteriores.

5.-Error en la valoración de la prueba: La sentencia recurrida establece que se dan todos y cada uno de los requisitos para estimar la demanda, por cuanto que se da una situación en la que el poseedor actual (mi mandante) no cuenta con ningún título que le legitime en su estancia en la vivienda. Y siendo que ocupa el inmueble por mera tolerancia de la actora, la cual ya ha puesto fin a esa tolerancia y permiso con la acción interpuesta, procede estimar la demanda de precario. Al respecto indicar que esta parte no se encuentra conforme con lo anterior. Cabe destacar que mi mandante, Don Agapito, vive en dicha casa desde hace más de 10 años, con permiso de la que era la propietaria Doña Debora y de su sobrino Don Ismael, poseedor legítimo de la vivienda desde hace más de 20 años. Los tres, vivían juntos a tiempo de la ejecución hipotecaria 384/2.011 Juzgado Llíria 5, al que hemos hecho mención antes. Siendo así las cosas, no se da ninguna ocupación ilegal, sino que se continúa con una posesión legítima y continuada en el tiempo, comenzada muchísimos años antes de que la actora fuese la propietaria. El recurrente cuenta con un justo título que le ampara para ostentar la posesión, que no es más que el permiso del legítimo poseedor Don Ismael y el permiso que desde hace más de 10 años ostentaba de la propietaria de la vivienda, Doña Debora. Es de destacar que contra D. Ismael no se ha instado ninguna demanda de precario, siendo esto así, no se le ha removido de su posesión y siendo esto así, el mismo puede autorizar la entrada, e incluso la residencia de aquel que estime oportuno.

Dichos motivos serán objeto de análisis, seguidamente.

La representación de la parte actora GRAMINA HOMES, SL, formuló demanda de con fundamento en los siguientes hechos expuestos, en síntesis:

La actora es propietaria de la vivienda unifamiliar aislada sita en Llíria, DIRECCION000, en virtud de la Escritura de Ejecución y Formalización en instrumento público de acuerdos sociales de la sociedad GRAMINA HOMES, S.L. sobre aportación no dineraria a fondos propios y de aumento de capital social de la misma mediante aportación no dineraria en virtud de las cuales las sociedades BANKIA y BANKIA HABITAT trasmitieron a la sociedad GRAMINA HOMES, SL un conjunto de inmuebles, y que fue otorgada el 4 de junio de 2.019 tal y como consta en la información registral que se acompaña como documento n.º 1. La citada vivienda se encuentra ocupada por terceros que carecen de título que legitime su ocupación, no existiendo causa, autorización o consentimiento prestado por mi mandante y que permita la posesión del inmueble por parte de éstos

Por todo ello concluía interesando se dicte Sentencia por la que se dicte sentencia por la que se estime la demanda y se declare haber lugar al desahucio de todos los ocupantes de la vivienda a que se refiere el hecho primero de esta demanda, y se condene a dicha parte demandada a dejarla libre y expedita, a disposición del actor en el plazo que marca la Ley, previniéndole que, si así no lo hace, podrá ser lanzada por la fuerza y a su costa; condenando, en todo caso, a dicha parte a estar y a pasar por dicha resolución e imponiéndole las costas procesales de este procedimiento.

La parte demandada compareció y formuló oposición alegando en síntesis.

Falta de legitimación activa. La actora no acredita de forma suficiente ser la propiedad del inmueble.

Falta de legitimación pasiva.

Cosa Juzgada.

Inadecuación del procedimiento y fraude de ley.

Y en cuanto al fondo argumentaba que Don Agapito, vive en dicha casa desde hace más de 10 años, con permiso de la que era la propietaria Doña Debora y de su sobrino Don Ismael, poseedor legítimo de la vivienda desde hace más de 20 años. Los tres, vivían juntos a tiempo de la ejecución hipotecaria 384/2011 Juzgado Llíria 5. Siendo así las cosas, no se da ninguna ocupación ilegal, sino que se continúa con una posesión legítima y continuada en el tiempo, comenzada muchísimos años antes de que la actora fuese la propietaria.

Concluía interesando la desestimación de la demanda dirigida en su contra.

La Sentencia, a la vista del resultado de la prueba practicada concluye en el siguiente sentido:

1.- En cuanto a la falta de legitimación activa, la nota simple es suficiente para acreditar la propiedad, además en la propia documental aportada por la adversa se admite que la titular del inmueble en la actualidad es la parte actora.

2.- En cuanto a la excepción de cosa juzgada, la propia parte demandada manifiesta que, se dio traslado a la actora para que instara el incidente del art. 675 o 661 LEC y que no se llevó a cabo éste, por lo que, bajo ningún concepto puede considerarse que fue objeto de un procedimiento anterior.

3.- Por lo que respecta a la excepción de inadecuación del procedimiento, el propio art. 675 LEC indica que, una vez transcurrido un año desde el Decreto de Adjudicación, no procede dicho incidente, sino iniciar el procedimiento correspondiente, como es el presente procedimiento de desahucio.

4.- En cuanto al fondo del asunto, el propietario, es la entidad demandante, por lo tanto, la actual propietaria que es la demandante, es quien tiene que consentir la posesión del demandado, extremo que no concurre, en la medida en que ha interpuesto el presente procedimiento y, además, está solicitando el lanzamiento del demandado.

Estima íntegramente la demanda.

Puede anticiparse ya desde este momento que valorado en conjunto el resultado de la prueba practicada conforme a los criterios que a tal efecto establece el artículo 217 de la L.E.C. la Sala considera el recurso de Apelación formulado, improsperable, y da por reproducidos los acertados fundamentos jurídicos contenidos en la resolución impugnada, pues como dispone la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2000 con cita de la de 16 de octubre de 1992, si la resolución de primer grado es aceptada, la que confirma en apelación no tiene por qué repetir los argumentos, debiendo, en aras de la economía procesal, corregir en su caso, solo aquellos que resulte necesario, amén de que una fundamentación por remisión no deja de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva. (la doctrina jurisprudencial dimanante tanto del Tribunal Constitucional sentencias 174/1987, 11/1995, 24/1996, 115/1996, 105/97, 231/97, 36/98, 116/98, 181/98, 187/2000 como de la Sala Primera del Tribunal Supremo Sentencias de fechas 5 de octubre de 1998, 19 de octubre de 1.999 y 23 de febrero, 28 de marzo, 30 de marzo y 9 de junio y 21 de julio de 2000, 2 y 23 de noviembre de 2.001). Así según ha señalado reiterada doctrina emanada del Tribunal Constitucional ( AATC. 688/88 y 956/88 y SSTC., 146/90, 27/92) la motivación por remisión a una resolución anterior, cuando la misma haya de ser confirmada y precisamente, porque en tal resolución se exponían argumentos correctos y bastantes que fundamentasen en su caso la decisión adoptada ya que en tales supuestos y cual precisa la STS de fecha 20 oct. 1997, subsiste la motivación de la sentencia de instancia puesto que la asume explícitamente el Tribunal de segundo grado". Deben, por tanto, adicionarse por tanto únicamente a los fundamentos jurídicos referidos, a efectos de resolver las cuestiones planteadas en esta alzada, las siguientes consideraciones:

En lo concerniente al primerode los motivos de impugnación aducidos, la Sala considera que la actora ha acreditado debidamente su propiedad a través de la aportación de la nota simple del Registro de la Propiedad de Lliria, acreditativa del dominio que ostenta sobre la finca litigiosa, desde fecha 4 de junio de 2.019 sin que a efectos del procedimiento que nos ocupa, sea exigible otra documentación, máxime, cuando las alegaciones del recurrente en orden a la estimación de la excepción alegada se hallan huérfanas de cualquier sustento probatorio, quedándose en un plano meramente genérico; a lo que hay que añadir, que del propio documento 1 de los acompañados al escrito de contestación se infiere asimismo el reconocimiento de la legitimación de la parte actora en la presente litis. El motivo se desestima.

Por lo que respecta al segundode los invocados, en el mismo se argumenta que existe falta de legitimación pasiva toda vez que el apelante reside en la vivienda con permiso del actual poseedor legítimo de la vivienda, D. Ismael, sin embargo, dicho consentimiento no constituye título alguno que habilite al recurrente para ocupar la vivienda habida cuenta que carece de la autorización del propietario del inmueble y demandante en la presente litis, y no ha acreditado la existencia de contrato alguno ni pago de renta o merced por la ocupación de la misma. El motivo perece.

En cuanto al tercero, cuarto y quintode los motivos de Apelación ha de señalarse aun cuando que el inmueble de Autos, fuera objeto del procedimiento de Ejecución Hipotecaria 384/2.011, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia 5 de Lliria, ello no implica la procedencia de estimar la excepción de cosa juzgada en la presente litis, habida cuenta que como ha quedado dicho en el curso de este procedimiento, el artículo 675 L.E.C. permite que, una vez transcurrido un año desde el Decreto de Adjudicación, si no se ha solicitado la posesión se pueda acudir al procedimiento correspondiente para obtenerla como es el caso, no concurriendo cosa juzgada.

Por otro lado, no es posible mantener que la actora actúa en fraude de Ley para intentar evitar que la parte demandada se ampare en una serie de derechos y beneficios otorgados por la Ley, cuando como aparece de lo actuado, la demandante, se adjudicó la propiedad del bien objeto de litigio en fecha 4 de junio de 2.019, y ocupo la posición procesal de la parte demandante en el procedimiento de Ejecución Hipotecaria 384/2.011 por Auto de 26 de febrero de 2.021.

Asimismo y según aparece de la propia documental aportada por la apelante, en aquel procedimiento de Ejecución Hipotecaria 384/2.011 seguido a instancias de Bankia, ya se dictó en fecha 27 de septiembre de 2.016 Diligencia de Ordenación por la que se acordaba lo siguiente:

En vista de que el Sr. Ismael manifiesta y acredita que está ocupando el inmueble adjudicado en el presente procedimiento, que no se ha tramitado con anterioridad lo previsto en el art. 661.2 de la LEC , y que manifiesta que se encuentra dentro de los supuestos de especial vulnerabilidad previstos en la Ley 1/2013, acuerdo:

1º suspender de momento la diligencia de entrega de la posesión señalada para el próximo día 30/09/16, circunstancia que se comunicará al SCAC de Lliria;

2º dar traslado del escrito a la parte ejecutante para que pueda solicitar el lanzamiento del Sr. Ismael si entiende que posee sin título suficiente ( art. 675.2 LEC ); y

3º conceder al ocupante un plazo de cinco días para que aporte la documentación acreditativa de que concurren en él las circunstancias económicas previstas en la ley 1/2013, con apercibimiento que, de no hacerlo, no se admitirá a trámite el incidente ni se resolverá sobre la petición.

En fecha 7 de junio de 2.017 se formula una solicitud de mediación ante el Ayuntamiento de Valencia entre el demandado y la entidad Bankia acerca de la posesión del inmueble litigioso.

Sin embargo, la recurrente no ha acreditado en la presente litis, cual fue el desarrollo posterior de los acontecimientos, pero lo cierto es que sí tuvo la oportunidad, según la Diligencia reproducida de hacer valer sus derechos en aquel procedimiento.

En tales circunstancias, el permiso de Don Ismael o de la anterior propietaria de la vivienda, Doña Debora carecen de virtualidad a efectos de impedir la prosperabilidad de la acción ejercitadapor la demandante en la presente litis, de un lado porque no se ha acreditado la existencia de contrato alguno entre las partes que permita la posesión del bien, ni mucho menos el pago de la renta por lo que la demanda de desahucio por precario ha de prosperar necesariamente.

Procede por tanto, acoger los motivos analizados, y con desestimación del recurso interpuesto, resolver conforme se dirá en el fallo de la presente Sentencia.

TERCERO.- . Establece el artículo 398 de la L.E.C. que: Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el art. 394.

2. En caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

CUARTO.- Recursos: El art. 477 de la LEC, según la redacción establecida por el art. 225.7 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que entró en vigor el 29 de julio de 2023, dispone:

<<1. Serán recurribles en casación las sentencias que pongan fin a la segunda instancia dictadas por las Audiencias Provinciales cuando, conforme a la ley, deban actuar como órgano colegiado y los autos y sentencias dictados en apelación en procesos sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y mercantil al amparo de los tratados y convenios internacionales, así como de Reglamentos de la Unión Europea u otras normas internacionales, cuando la facultad de recurrir se reconozca en el correspondiente instrumento.

2. El recurso de casación habrá de fundarse en infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra interés casacional. No obstante, podrá interponerse en todo caso recurso de casación contra sentencias dictadas para la tutela judicial civil de derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo, aun cuando no concurra interés casacional.

3. Se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la resolución recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas sobre las que no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

Cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal Superior de Justicia, se entenderá que existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial, o no exista doctrina del Tribunal Superior de Justicia sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma correspondiente, o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.

4. La Sala Primera o, en su caso, las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, podrán apreciar que existe interés casacional notorio cuando la resolución impugnada se haya dictado en un proceso en el que la cuestión litigiosa sea de interés general para la interpretación uniforme de la ley estatal o autonómica. Se entenderá que existe interés general cuando la cuestión afecte potencial o efectivamente a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso.

5. La valoración de la prueba y la fijación de hechos no podrán ser objeto de recurso de casación, salvo error de hecho, patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones.

6. Cuando el recurso se funde en infracción de normas procesales será imprescindible acreditar que, de haber sido posible, previamente al recurso de casación la infracción se ha denunciado en la instancia y que, de haberse producido en la primera, la denuncia se ha reproducido en la segunda instancia. Si la infracción procesal hubiere producido falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la subsanación en la instancia o instancias oportunas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de aplicación