Sentencia Civil 331/2024 Audiencia Provincial de Huesca Civil-penal Única, Rec. 244/2023 de 14 de octubre del 2024

PRIMERO:La actora, ahora apelante, la SOCEIDAD DEPORTIVA HUESCA, S.A.D, fundamenta su recurso de apelación en base a los siguientes motivos:

I. Infracción del artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por considerar que la citada resolución incurre en incongruencia por alteración de la causa de pedir al resolver la cuestión sobre si procede o no la restitución de la fianza.

La apelante, en su demanda, además de solicitar que se declararse la resolución de los contratos de arrendamiento suscritos entre la misma y el CENTRO PIRINEOS S.L, -cuestión que se abordará más adelante- solicitó la restitución de la fianza arrendaticia, cuya cuantía asciende a 11.500 euros. alega la apelante infracción procesal por parte de la juez a quo,existiendo incongruencia sobre esta cuestión, según manifiesta en su escrito esta parte, una vez que se procede a declarar en la sentencia combatida la resolución de los contratos arrendaticios, procede acordar la restitución de la fianza arrendataria, con independencia de cual sea la fecha en la que los contratos se consideran resueltos y que tal y como cita la misma en ambos inmuebles no existen desperfectos ni existen rentas pendientes de pago por parte de la actora. Alega la apelante, que si bien es cierto que la finalidad del pago de la fianza es la de asegurar el cumplimiento de las obligaciones, también lo es, que extinguidos los contratos de arrendamiento -tal y como establece la juez a quo- en la sentencia apelada, y no habiendo reclamado para demandada, hoy apelada, CENTRO PIRINEOS S.L, cantidad alguna por daños causados en el inmueble, ni por conceptos de rentas debidas ni similares, procede la restitución de la fianza al no existir causa que ampare su no devolución al haber finalizado ya la relación arrendataria.

II. En segundo lugar, la apelante, alega, que la sentencia infringe el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Alega la apelante, varias sentencias de otras Audiencias Provinciales, en relación a la aplicación y la finalidad del artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. En su escrito, expone que la demandada, no ha acreditado el destino que ha procedido a darle a la cuantía de la fianza arrendaticia -11.500 euros.- sino que la misma fundamenta su no devolución en que como no se ha procedido por parte de la actora a la devolución de las llaves de ambos locales y en consecuencia no cuentan con la posesión de los mismos, no procede la devolución de dicha cuantía. Alega en torno a ello, la apelante que por parte de la misma, ha existido una voluntad inequívoca y manifiesta de poner a disposición de la demandada los dos inmuebles, circunstancia que no tiene porque determinarse únicamente con la entrega de las llaves, sino que existen otras diligencias que justifican este propósito. La juez a quo,establece en la sentencia que no ha existido por parte de la actora ninguna actuación, ni durante el presente procedimiento, tendente a la entrega de la posesión, existiendo solamente una mera manifestación de no acreditada de que los locales se devolvieron al arrendador en diciembre de 2020, absolutamente huérfana de prueba, en relación con ello, la apelante, alega que esta circunstancia queda acreditada de conformidad a lo establecido en el documento nº7 que acompaña a su demanda - Sentencia 140/2021 de 24 de septiembre de 2021 dictada por el Jugado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Huesca- relativa al procedimiento de juicio verbal de reclamación de rentas promovido en su día por la demandada, CENTRO PIRINEOS S.L, frente a la hoy apelante, alegando en base al mismo que, la ley de arrendamientos urbanos autorizaba al CENTRO PIRINEOS S.L a interponer demanda de desahucio contra la SD HUESCA para recuperar la posesión de los locales por incumplimiento de esta última del artículo 27 de la Ley de arrendamientos urbanos en relación con lo establecido y pactado por las partes en la cláusula décima del contrato de arrendamiento. Considerando en base a ello, que la demandada, tiene un su poder los locales y que por ende procede acordar la devolución de la fianza arrendataria, dado que el importe de la misma no se ha aplicado a la reparación de ningún daño o a cubrir gastos o importes debidos por la apelante.

III. En tercer lugar, alega la apelante, error en la valoración de la prueba por infracción del artículo 326.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación a la prueba de la documental privada.

Considera la apelante, que por parte de la juez a quo, ha existido un error en la valoración de la prueba documental que acompañaba a la demanda, referida a los documentos nº2 y nº3 -contratos de arrendamiento- documento nº5 -burofax enviado por el Centro Pirineos en mayo de 2021- y el documento nº7 - Sentencia 140/2021 de 24 de septiembre de 2021, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Huesca-. Apelan, que en la sentencia, no procede a acordar la estimación de la demanda, dado que no se ha llevado a cabo por parte de la apelante, la SOCIEDAD DEPORTIVA HUESCA S.A.D, una comunicación fehaciente en la que se manifieste la no voluntad de prorrogar los contratos de arrendamiento, alegando esta parte que los citados contratos no recogen la obligación para con las partes, de comunicar de manera fehacientemente la voluntad de no prorrogar -cláusula tercera de ambos contratos de arrendamiento-. En base a ello, fundamentan su alegación en que por parte de la juzgadora se ha producido una vulneración de las reglas de interpretación de los contratos, por lo que establecen que si se atiende a la literalidad del contrato, no es necesaria una comunicación fehaciente que cumpla ninguna formalidad para comunicar la voluntad de no prorrogar el contrato de arrendamiento por cualquiera de las partes, reforzando su argumentación con el contenido del documento nº4 que acompaña a la demanda, que según manifiesta la apelante, el mismo acredita que la arrendataria trasladó a la arrendadora su voluntad de cesar en los dos contratos de arrendamiento así como remite al contenido del documento nº5 que acompaña a la demanda -Burofax enviado por el letrado de la parte demandada, Sr. Marcelino de fecha de 24 de mayo de 2021, que contiene un correo electrónico que fue remitido por el gerente de la SD Huesca a la arrendadora en fecha de 9 de abril de 2021-. Según la misma, el contenido de esta comunicación remitida por el letrado de la arrendadora, confirma la voluntad de la arrendataria de no continuar el contrato de arrendamiento y que esta había sido comunicada dentro de plazo, dado que de conformidad con la cláusula tercera del contrato de arrendamiento, la misma no exige que la voluntad de no prorrogar se manifieste ni por escrito ni de manera fehaciente, bastando con expresar una parte u otro, la voluntad de no prorrogar el contrato y de recuperar y/o devolver la posesión del inmueble arrendado, impidiendo así cualquier tipo de prórroga.

IV. En cuarto lugar, alega la apelante, error en la valoración de la prueba, por infracción de la sentencia de los artículos 316.1 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativos a la valoración de la prueba del interrogatorio de las partes y del interrogatorio de los testigos.

Alega en este punto, que en todas las declaraciones que se efectuaron en sede judicial en relación a la entrega de la posesión de los locales por parte de la demandante a la demanda, coinciden y acreditan que por parte de la demanda se entregó la posesión de ambos locales a la arrendadora, alegando lo manifestado en el plenario por parte del Sr. Juan Pablo y por el Sr. Adrian. Declaraciones, que según la apelante, evidencian que se había entregado la posesión de ambos locales a la arrendadora, en contraposición a las realizadas por la parte demandada, que según la apelante faltó a la verdad en sus declaraciones efectuadas en sede judicial.

V. En quinto lugar, alega la apelante, error en la valoración de la prueba, por infracción en la sentencia de los artículos 316.2 y 376 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ambos en relación con el artículo 326 del mismo texto legal, al no haber sido valorada por parte de la juez a quo, en relación a la determinación de la fecha en que deben de considerarse resueltos los contratos de arrendamiento suscritos entre las partes, la documentación que fue requerida por parte de la actora en el acto de la audiencia previa, documentación que fue aportada pro la demandada en el acto de juicio oral.

La apelante, solicita en la audiencia previa, a la parte demandada; "Facturas emitidas por Centro Pirineos y enviadas en concepto de alquiler a la Sociedad Deportiva Huesca, en concreto desde julio de 2021 hasta julio de 2022, la declaración de IVA y resumen anual del ejercicio fiscal de 2021, así como las declaraciones trimestrales de IVA del primer trimestre segundo y tercer trimestre del año 2022, y los modelos 347 por operaciones con terceros de la mercantil Centro Pirineos."Siendo esta petición admitida en la audiencia previa y aportadas por la demandada en el acto de juicio oral. Con la finalidad de determinar si se ha dado o no continuidad y vigencia al contrato de arrendamiento, entendiendo la apelante que de en base a esa documentación la demandada, CENTRO PIRINEOS S.L, no había enviado ni reclamado facturas en concepto de renta por los arrendamientos a la apelante desde el mes de julio de 2021. Que en base a esa prueba documental, se acredita que desde el mes de julio de 2021 hasta julio de 2022 no existió ningún tipo de relación entre ambas partes, al habar aceptado las mismas la resolución del contrato desde el 16 de julio de 2021, este hecho además alega la apelante, que queda acreditado por el hecho de que la demandada no había emitido factura alguna ni procedido a declarar el IVA correspondiente a los contratos de alquiler desde julio de 2021, por lo que en base a ello, se debe de determinar como fecha por la que se entienden resueltos los contratos de arrendamiento, julio de 2021 y no la fecha establecida en la sentencia, 16 de julio de 2022.

SEGUNDO:La demandada, ahora apelada, CENTRO PIRINEOS S.L, fundamenta su escrito de oposición al recurso de apelación en base a los siguientes motivos;

I. Establece que procede la desestimación de los motivos primero y segundo expuestos en el recurso de apelación, en base a que; la incongruencia a la que se refiere en su motivo primero, no es predicable a la sentencia combatida, sino que lo es la propia redacción de la demanda, en la que en su suplico solamente solicita que se proceda a acordar a resolución de los dos contratos de alquiler firmados en fecha de 16 de julio de 2018 pero sin especificar en que fecha se requiere que se tengan por resueltos.

En relación a la infracción alegada de contario referente al artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la apelante, refiere jurisprudencia de esta Audiencia Provincial de Huesca, así como de otras Audiencias Provinciales, en atención a que el momento de la extinción de la obligación de pago de rentas, es la de la entrega de las llaves, y devolución de la posesión al arrendador. Establece que de conformidad al artículo 36 de la Ley de Arrendamientos urbanos en su punto cuarto, establece: "4. El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final del arriendo, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de las llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución."

Y que en base a ello, es tras la entrega de las llaves, cuando el propietario/arrendador puede examinar el estado inmueble y determinar si procede o no la devolución de la fianza, fundamentándolo en lo dispuesto en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 10 de noviembre de 2017, que hace referencia al alcance del artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos; "3. La fianza tiene como finalidad, como se desprende del artículo 36.5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos , garantizar que el arrendatario cumpla todas las obligaciones que como tal le competen, entre las cuales se encuentra la devolución de la cosa en el estado en que se recibió, de manera que el crédito para su devolución solo puede nacer después de entregada la cosa arrendada." De manera, que como se establece en la Sentencia combatida, la apelante no ha devuelto la posesión de los locales, pese a los requerimientos efectuados por esta parte, incluso mediante acta notarial, procede la desestimación del recurso en este punto. Atendiendo además a lo establecido en la estipulación tercera de ambos contratos de arrendamiento: "convino una duración de dos años, y a partir de dicho lapso temporal, una prórroga tácita por años adicionales, salvo que mediara por alguna de las partes la voluntad de no prorrogarlo con una antelación mínima de dos meses a cada vencimiento, y siempre que asíŽ se comunicara fehacientemente a la otra parte."

II. En segundo lugar, la parte apelante, solicita a la Sala la desestimación de los motivos tercero, cuarto y quinto expuestos en el recurso de apelación en base a los siguientes motivos:

En relación a la resolución de los contratos de arrendamiento, más concretamente a la fecha en la que se tienen que tener por resueltos, la parte apelante, aduce al documento nº9 aportado por la demandante, donde consta la primera comunicación fehaciente de la oposición a la prórroga tácita de los contratos, mediante Burofax de fecha de 27 de octubre de 2021, remitido por el Letrado de la actora a la arrendadora, por ello, entiende la arrendadora que la fecha de vencimiento de ambos contratos de arrendamiento es: 16 de julio de 2022, tal y como viene referido también en la propia sentencia apelada.

En atención a la falta de entrega de la posesión de la finca arrendada, por parte de la demandante a la demandada, refiere en su escrito la parte apelada, que esta ha sido acreditada y aceptada en otros procedimientos judiciales, refiriéndose a Auto judicial de fecha 16 de marzo de 2.022 dictado autos de EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 128/2021 del Juzgado nº1 de Huesca, que desestima íntegramente la oposición de la SDH,y manda seguir adelante la ejecución. Al final del Fundamento de Derecho Segundo, la Juzgadora expone que: "a la vista de la prueba practicada, no se consideran probados los hechos constitutivos de la pretensión delegada en la oposición a la ejecución, dado que la ejecutada no ha abonado el importe de las rentas que se han ido devengando tras la sentencia de septiembre de 2021, como tampoco la resolución del contrato o la entrega efectiva de la posesión."Teniendo en cuenta que el citado auto, tiene efecto de cosa juzgada.

En relación con ello, alega esta parte que el plazo de vigencia del contrato, expiraba el 16 de julio de 2022. Que el 15 de julio de 2022 fue remitido por la parte apelada Burofax, advirtiendo a la actora de la finalización del contrato y requiriendo a la misma para que compareciera en fecha de 18 de julio a las 10:30, para devolver la posesión de las fincas arrendadas, se procediera a llevar a cabo la entrega de llevas y realizar una inspección ocular de los inmuebles para comprobar su estado. Aportándose a estas actuaciones, Acta Notarial de Presencia, autorizada por el Notario Sr. Velasco, de fecha de 18 de julio de 2022, a través de la que se certifica que la arrendataria no se persona en la fecha referida para devolver la posesión de los inmuebles. Alega la parte apelada, que desde el 18 de julio de 2022 hasta la actualidad, la arrendadora no se ha puesto en contacto con esta parte, para proceder a la devolución de la posesión.

Por ello, la parte apelada, establece y entiende que la obligación de la devolución de la fianza, deviene en el momento de la entrega de las llaves y por lo tanto en el momento en que se procede a la entrega de la posición de los inmuebles arrendados. Que la entrega de estas llaves no se ha producido ni se ha producido a día de hoy ningún acto similar por parte de la actora.

TERCERO:I. En relación a la primera cuestión planteada en el recurso de apelación, se solicita a esta Sala que de declaren resueltos los contratos de arrendamiento suscritos entre la Sociedad Deportiva Huesca SAD y Centro Pirineos SL, de fecha 16 de julio de 2018, local sito en la Avenida Pirineos número 9 Bajos de la localidad de Huesca, por expiración del plazo contractualmente establecido y la prórroga acordada, así como se declare resuelto el contrato de arrendamiento suscrito entre la Sociedad Deportiva Huesca SAD y Centro Pirineos SL de fecha 16 de julio de 2018, local sito en la calle Voluntarios de Santiago número 2, esquina con la avenida Pirineos número 9 de Huesca.

El artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece; "1. Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquel, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con cuatro meses de antelación a aquella fecha en el caso del arrendador y al menos con dos meses de antelación en el caso del arrendatario, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato."

Así como en los contratos de arrendamiento suscritos por la ahora apelante y apelada en relación a la duración de los mismos se establecía lo siguiente: "El presente contrato tendrá un plazo de duración de dos años contados desde el 16 de julio de 2018 y, llegado el día de vencimiento pactado, el contrato se prorrogará tácitamente por períodos de un año, salvo que alguna de las partes notifique a las otra, al menos con dos meses de antelación la fecha de expiración del período contractual o cualquiera de sus prórrogas, su voluntad de no prorrogarlo."

Debemos tener en cuenta, que en la sentencia combatida, la juez a quo ya determina cuando se produjo la resolución de los contratos de arrendamiento, fijando como fecha en los que ambos contratos se dieron por resueltos el 16 de julio de 2022, compartiendo esta Sala los argumentos esgrimidos por la juez a quo, en cuanto que las notas de prensa emitidas por la Sociedad Deportiva Huesca a través de los medios de comunicación no revisten de un carácter suficiente para que produzca tales efectos de entender que a través de las mismas se exteriorizase la voluntad de la Sociedad Deportiva Huesca de resolver el contrato de arrendamiento suscrito para con el Centro Pirineos SL, por lo que a través de este tipo de comunicaciones no se debe de entender que a través de la misma la parte apelada debiera de entender y/o suponer que esa era la voluntad pretendida por la apelante.

En relación con el remitente de la comunicación, es doctrina comúnmente admitida ( Sentencia nº 1010/2020, de 30 de diciembre, de esta misma Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Barcelona; JUR 2021/36590, entre las más recientes), que lo relevante es que la parte arrendadora ponga en conocimiento de la arrendataria su voluntad de no renovar el contrato de arrendamiento, con independencia de que lo haga por sí misma, o autorizando a un tercero, por medio de un mandatario, o de otra forma que permita transmitir la declaración de voluntad, considerándose, en cualquier caso, que la presentación de la demanda supone una ratificación de dicha actuación y que, aún en el caso de acreditarse que la comunicación no fuese efectivamente suscrita por el propietario, sino por un tercero a su ruego, ello no supondría que no fuese una comunicación valida, ya que procede igualmente de la propiedad, bastando pues una comunicación que exteriorice la voluntad del arrendador de dar por extinguido el contrato a la finalización del plazo, y que esa voluntad la ponga en conocimiento del arrendatario de manera suficientemente clara, admitiendo unánimemente la jurisprudencia, que la práctica del requerimiento puede realizarse, al no tratarse de un acto personalísimo del arrendador, a través de mandatario.

En relación con la forma de la comunicación, lo cierto es que la Ley de Arrendamientos Urbanos no establece una forma especial para dicha notifón, así no requiere la comunicación fehaciente, ni siquiera exige la forma escrita, por lo que, manifestada y conocida por la otra parte contratante la voluntad de una de ellas de no mantener la vigencia del contrato, se produce su extinción, no operando la prórroga, cualquiera que sea la forma en que se haya llevado a cabo tal comunicación.

De la documentación obrante en las actuaciones, la primera notificación que de forma fehaciente se realiza por la parte apelante data de octubre de 2021, por lo que ello dio lugar a la prórroga del contrato hasta el 16 de julio de 2022. Tal y como viene determinado en el documento número 2 que acompañaba el escrito de la demanda, de fecha 16 de junio de 2021, existe una comunicación de la parte apelante con la parte apelada, en la que la primera no manifiesta su voluntad de no prorrogar los contratos de arrendamiento. De la documentación obrante en las actuaciones, así como de las testificales practicadas en el acto de la vista, no existe prueba alguna de que la voluntad de no prorrogar los contratos y de resolver los mismos, se externalizara antes de las fechas indicadas con anterioridad. Reiteramos que la cuestión de la resolución de los contratos de arrendamientos fue resuelta en la sentencia combatida, debiendo por lo tanto esta Sala, confirmar dicha sentencia en este punto.

II. En segundo lugar, la parte apelante, en su suplico y en atención a los argumentos que constan en el fundamento de derecho primero de la presente resolución solicita a esta Sala, que se condene a la parte apelada Centro Pirineos SL a restituir a la parte apelante la cuantía de 11.500 euros en concepto de fianza arrendaticia y los intereses legales devengados.

La fianza tiene como finalidad, como se desprende del artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, garantizar que el arrendatario cumpla todas las obligaciones que como tal le competen, entre las cuales se encuentra la devolución de la cosa en el estado en que se recibió, de manera que el crédito para su devolución solo puede nacer después de entregada la cosa arrendada. El mencionado artículo establece; "1. A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda.

2. Durante los cinco primeros años de duración del contrato, o durante los siete primeros años si el arrendador fuese persona jurídica, la fianza no estará sujeta a actualización. Pero cada vez que el arrendamiento se prorrogue, el arrendador podrá exigir que la fianza sea incrementada, o el arrendatario que disminuya, hasta hacerse igual a una o dos mensualidades de la renta vigente, según proceda, al tiempo de la prórroga.

3. La actualización de la fianza durante el período de tiempo en que el plazo pactado para el arrendamiento exceda de cinco años, o de siete años si el arrendador fuese persona jurídica, se regirá por lo estipulado al efecto por las partes. A falta de pacto específico, lo acordado sobre actualización de la renta se presumirá querido también para la actualización de la fianza.

4. El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final del arriendo, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de las llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución.

5. Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico.

En el caso del arrendamiento de vivienda, en contratos de hasta cinco años de duración, o de hasta siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el valor de esta garantía adicional no podrá exceder de dos mensualidades de renta.

6. Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración Local, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y demás entes públicos vinculados o dependientes de ellas, y las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus Centros Mancomunados, cuando la renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos."

Por lo que para que se produzca la devolución de la fianza, debe haberse cumplido por parte del arrendatario, en este caso la parte apelante, la obligación que viene dada en el artículo 1561 del Código Civil, por lo que el mismo tiene la obligación de devolver la finca arrendada al concluir el contrato de arrendamiento. La devolución de la misma debe proceder a realizarse a través de la realización de un acto devolutivo de la posesión por parte del arrendador al arrendatario y no bastando únicamente con el mero desaloja del inmueble objeto del arrendamiento. La entrega de la misma se entiende efectuada, cuando la finca arrendada es puesta de nuevo en poder y posesión del arrendador en cualquiera de las formas que vienen determinadas en los artículos 1462 y 1463 a través de la tradición. Esta Sala comparte el criterio esgrimido por la juez a quo en cuanto que por parte de la parte apelante no ha existido ninguna actuación similar o análoga a la entrega de la posesión de la fina arrendada. Habiendo siendo requerida la misma por parte de la arrendadora mediante acta notarial para que se produjera dicho acto devolutivo de la posesión, a través de burofax remitido el 15 de julio de 2022, para que la apelante se personara en los locales arrendados y se procediera a la devolución de la posesión de los mismos mediante la entrega de las llaves de dichos locales, no acudiendo la misma a los citados locales, tal y como se deja constancia de ello en el Acta Notarial efectuada por el Notario D.Diego de Velasco de fecha 18 de julio de 2022, que consta aportada en las actuaciones y en la que se deja certifica que la inquilina no acude el día 18 de julio de 2022 para llevar a cabo la devolución de los locales arrendados. Esta falta de entrega de la posesión de los locales arrendados a la arrendadora, Centro Pirineos SL, se pone de relieve ya, en el auto de 16 de marzo de 2022 dictado dentro del procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 128/2021 en el que se establece que tampoco se ha llevado a cabo por la parte apelante la entrega efectiva de la posesión. Corresponde al arrendatario acreditar la devolución de la cosa arrendada a la finalización del contrato, según se deduce de los artículos 1561 del Código Civil y 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de lo que es un indicio simbólico la entrega de las llaves y, mejor aún, la ocupación o uso efectivo por el arrendador. No existiendo en las actuaciones prueba son suficiente entidad probatoria por la que quede acreditado que por parte de la apelante se ha procedido a la devolución de la posesión de las fincas arrendadas a la parte apelada. Confirmando en todos los extremos la sentencia de primera instancia objeto del recurso.

CUARTO:Al desestimarse el recurso interpuesto y no presentar el caso serias dudas de hecho o de derecho, procede condenar a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta alzada, en cumplimiento del artículo 394 de la Ley 1/2000, al que se remite el artículo 398 de la misma Ley. Asimismo, procede disponer la pérdida del depósito formalizado para recurrir, en cumplimiento de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.