Sentencia Civil 2/2023 Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 12, Rec. 1562/2021 de 09 de enero del 2023

PRIMERO.- Sobre las pretensiones de las partes.

1. tal y como indico en los antecedentes de hecho de esta sentencia, la representación de Jesús Manuel, Pedro Antonio, Higinio e Florinda, Irene, Carmelo e Lidia interpuso demanda de juicio ordinario con contra Donato, presidente del consejo de administración de la sociedad Ebys Inmuebles, S.L. (EbysI). En la demanda inicial se ejercitaba una acción social de responsabilidad por la que se reclamaba al Sr. Donato una cantidad no inferior a 25.000 euros. Esta cantidad se concretó en la vista de juicio a 125.000 euros.

En el escrito de demanda se hace una descripción detallada del origen de la sociedad EbysI, una sociedad "cerrada" que tiene su origen en una empresa familiar, vinculada a la familia Jesús Manuel Pedro Antonio Mónica Julio Damaso Lidia Florinda Camilo Carmelo Anton Serafin Donato Alexander en la que constan como partícipes personas vinculadas a los descendientes de Julio. EbysI es la sociedad que surge de la escisión en 2008 de la empresa originaria en dos sociedades de capital (Ebys Inmuebles, S.L. - que se quedó con los inmuebles y explotaciones de El Prat de Llobregat - e Inversiones Ebys, S.A. - que se quedó con las explotaciones agrícolas en Sevilla).

En la demanda también se hace referencia a la gestión de Carmelo, que permaneció en el consejo de administración primero como consejero delegado y después como vocal del consejo durante muchos años.

Carmelo dejó de ser miembro del consejo de administración y, junto a otros socios de la compañía, que aglutinan una minoría del capital social (un 5'42%), interponen la acción social frente al presidente del consejo de administración, tras haber propuesto, sin éxito, el ejercicio de la acción social por la sociedad. Antes de pasar a detallar los hechos que, a juicio de los demandantes, resultarían perjudiciales, en la demanda se identifican cuatro bloques de hechos que generarían la responsabilidad del demandado:

1) El incumplimiento de los acuerdos adoptados por el consejo de administración de la sociedad.

2) La falta de información de los socios de la compañía, pese a existir varios requerimientos de información a lo largo de los últimos años, con ocasión de la convocatoria de diversas juntas de socios.

3) El incumplimiento de los deberes supervisión de las tareas asumidas por el auditor de la compañía.

4) La imputación de hechos y decisiones que han beneficiado al demandado o a socios de su entorno, en contra del interés de la sociedad y de los socios minoritarios, quebrantando con ello el deber de lealtad del presidente para con la compañía.

A partir del folio 5 de 26 de la demanda se concretan las imputaciones al demandado, imputaciones que giran alrededor del provecho que el demandado y otros socios de su entorno (el hijo del demandado) reciben del alquiler de dos inmuebles que se encuentran en el principal activo de la sociedad, una finca rustica situada en El Prat de Llobregat, contigua al Aeropuerto Josep Tarradellas. Los inmuebles en cuestión son dos viviendas muy antiguas, conocidas como DIRECCION002 y DIRECCION003.

Los arrendatarios pagan una renta por los inmuebles que no es de mercado y, además, se producen retrasos en el pago de alguna de ellas o se ha autorizado por el demandado la condonación de las mismas. De igual modo, se imputa al demandado que ha autorizado que la sociedad haga frente a gastos y obras de mantenimiento de los inmuebles que han beneficiado injustificadamente a los arrendatarios.

Se desglosan en la demanda las comunicaciones que los demandantes han hecho a la sociedad, así como la respuesta que ha dado el órgano de administración. En el escrito inicial se detalla el contenido de esas comunicaciones y de las juntas celebradas.

Consideran los demandantes que estas decisiones del presidente se han adoptado en una sociedad que sufre pérdidas.

En la junta general de la sociedad celebrada el 17 de diciembre de 2020 el presidente del consejo informó de la actualización de las rentas de alquiler de los 2 inmuebles (10.000 euros anuales para la DIRECCION002 y 7.200 euros anuales para DIRECCION003), así como de las obras realizadas en la DIRECCION003 (70.000 euros, asumidos parcialmente por la propiedad). En esta misma junta se acordó reducir el consejo de administración de 7 a 5 miembros. Los actores consideran que estas decisiones han perjudicado a la sociedad y e han realizado en interés del demandado y de su hijo.

En los folios 19 y 20 se desglosan las distintas infracciones del deber de lealtad por parte del demandado.

Para la cuantificación del daño sufrido la parte actora anuncia la presentación de un informe pericial y establece los criterios que deben utilizarse para fijar el daño sufrido, teniendo en cuena:

- El precio real de alquiler de mercado de los inmuebles " DIRECCION002" y " DIRECCION003", y diferencia entre el valor de mercado y el importe realmente obtenido.

- Coste incurrido en mejoras, obras, o reparaciones de todo tipo en los inmuebles " DIRECCION002" y " DIRECCION003", indicación de concepto y persona que debe hacer frente a los mismos.

- Coste incurrido en suministros de todo tipo en los inmuebles " DIRECCION002" y " DIRECCION003", indicación de concepto y persona que debe hacer frente a los mismos.

2. En la contestación a la demanda la representación del Sr. Donato se opone a lo pretendido de contrario por considerar:

1) Se cuestiona la legitimación pasiva del demandado, por cuanto él sólo consta como presidente del consejo de administración, no como consejero delegado, por lo que la acción de responsabilidad ejercitada debería recaer sobre la totalidad del consejo, no sobre el presidente, que no dispone de poderes o de facultades ejecutivas propias.

2) Se realizan también alegaciones sobre el régimen legal aplicable en cuanto a la determinación del deber de lealtad. Defiende la parte demandada que al constituirse los arrendamientos con anterioridad a 2014, la configuración de este deber ha de realizarse conforme a la normativa anterior a la reforma de la Ley 31/2014.

3) Se invoca la doctrina de los actos propios, por cuanto los actores con su comportamiento han permitido y tolerado durante años los comportamientos ahora denunciados.

4) Niega que en el supuesto de autos concurran los requisitos legales para que prospere la acción de responsabilidad ejercitada. Se describen en la contestación las especiales circunstancias que rodearon a los arriendos de los inmuebles de referencia, inmuebles que deben considerarse singulares por su ubicación y por las limitaciones de uso de los mismos, derivadas de normas urbanísticas ajenas a la voluntad y a los intereses de las partes. En la contestación se advierte que las obras acometidas eran estructurales, indispensables para garantizar el correcto uso de los inmuebles e imputables a la propiedad, no a los arrendatarios.

5) Se plantea la prescripción de la acción ejercitada por cuanto han transcurrido más de 4 años desde la firma de los contratos de alquiler y la realización de las obras denunciadas.

SEGUNDO.- Sobre la determinación del relato de hechos probados y la concreción de las discrepancias entre las partes.

1. El artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece el deber de motivación de las sentencias exigiendo al juez que exprese "los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón".

Conforme al precepto citado deben identificarse los medios de prueba tenidos en cuenta para la determinación de los hechos probados, así como la valoración de esos medios de prueba.

2. En el supuesto de autos la relación de hechos probados la conformo a partir de los hechos no discutidos por las partes, referidos principalmente a la "historia" de la sociedad, a la conformación del accionariado y de los órganos de administración de la sociedad, así como a las circunstancias y características específicas de los principales activos de Ebys Inmuebles, S.L., o por lo menos los principales activos referidos en los autos: dos inmuebles rústicos situados en la Finca denominada DIRECCION001, enclavada en la desembocadura del rio Llobregat, sometida a las limitaciones propias de un entorno natural protegido (vinculado al régimen de tutela del delta del Rio Llobregat) y a su proximidad al aeropuerto de Barcelona (lo que determina también restricciones en cuanto a las construcciones y su uso).

El relato de hechos probados lo pongo en relación directa con la concreta acción ejercitada, que es una acción social de responsabilidad que interpone un grupo minoritario de socios frente al presidente del consejo de administración. Hay otros hechos o circunstancias discutidos, referidos a las decisiones adoptadas históricamente por la sociedad, la conformación de los órganos sociales a lo largo de la historia de la compañía, así como al régimen de convocatorias e información a los socios que evidencian un quebranto en la confianza entre socios, pero que no tiene incidencia directa en los elementos que deben conformar la acción social de responsabilidad.

Los puntos que generan mayor controversia y que afectan directamente a la acción ejercitada afectan al precio de alquiler de los dos inmuebles reseñados en los hechos probados y los gastos de mantenimiento desembolsados por la sociedad para la conservación de los inmuebles. Respecto de estos dos concretos puntos haré un análisis más detallado en otros fundamentos jurídicos, refiriéndome a los medios de prueba practicados en concreto.

TERCERO.- Sobre los requisitos de la acción social de responsabilidad.

1. Los artículos 236 y 238 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) permiten a los demandantes ejercitar, como socios minoritarios, una acción social de responsabilidad frente al presidente del consejo de administración de Ebys Inmuebles, S.L.

Tal y como indica la doctrina y la práctica judicial (criterio sintetizado por la Sentencia de la Secc. 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de junio de 2022 -ECLI:ES:APB:2022:4941): Con carácter general, el artículo 236 de la LSC dispone que "los administradores de derecho o de hecho como tales, responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo. En ningún caso exonerará la responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general".

La acción social viene regulada en el artículo 238 de dicha norma. La titularidad de la acción corresponde a la propia sociedad, que es, a su vez, quien está legitimada para entablarla, previo acuerdo de la Junta General, que "puede ser adoptado, aunque no conste en el orden del día". Los artículos 239 y 240 también legitiman a los accionistas y a los acreedores de la sociedad que, en tal caso, litigarán en nombre propio, pero en interés de la sociedad, es decir, la acción tiene por finalidad recomponer el patrimonio social.

En cualquier caso, según jurisprudencia constante, para que sea exigible la responsabilidad de los administradores es precisa la concurrencia de los siguientes requisitos: a) un comportamiento activo o pasivo desplegado por los administradores; b) que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal; c) que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la Ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal; que la sociedad sufra un daño; y d) que exista relación de causalidad entre el actuar del administrador y el daño.

2. En el supuesto de autos no se cuestiona la legitimación activa de los demandantes, pero sí la legitimación pasiva.

No se cuestiona que el demandado sea miembro del consejo de administración y presidente del mismo. Tampoco se cuestiona que no hay un consejero delegado, ni se atribuyen al presidente especiales funciones o capacidad de decisión, más allá de la meramente representativa de la sociedad.

Conforme al artículo 237 de la LSC la responsabilidad de los órganos de administración social es solidaria, "salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél".

No dispongo de ningún elemento de juicio que me permita considerar acreditado que Donato desconociera los actos enjuiciados, más bien al contrario, la contestación a la demanda pone de manifiesto que conocía al detalle las actuaciones del consejo, las decisiones adoptadas y sus consecuencias.

Los demandantes tenían en su mano dirigir la demanda contra todo el consejo o contra cualquiera de los miembros del mismo, amparados por este principio de responsabilidad solidaria.

3. En cuanto a las acciones u omisiones imputables al demandado, como presidente del consejo, el escrito de demanda no es suficientemente preciso ya que hace referencia a hechos o circunstancias que creo que son ajenos a la acción ejercitada o, por lo menos, no tienen una vinculación directa con la misma.

Tal y como ya he indicado en fundamentos anteriores, creo que las acciones imputables al demandado son las referidas a la determinación de las rentas de alquiler de los dos inmuebles descritos en la demanda (dos fincas rústicas destinadas a actividades de ocio de los arrendatarios, así como a una mínima explotación industrial de las mismas para filmaciones y eventos, mínima por cuanto queda limitada por el entorno de los inmuebles, sujeto a fuertes restricciones de explotación). También es objeto de revisión la referencia a los gastos de mantenimiento de los inmuebles.

En la demanda se hace referencia a la convocatoria y celebración de juntas ordinarias y extraordinarias a lo largo de los años, así como al orden del día de las mismas y las hipotéticas vulneraciones de los derechos de información de los socios minoritarios. Considero que los posibles defectos, omisiones o interferencias en la convocatoria y celebración de las juntas, así como en el ejercicio del derecho de información de los socios minoritarios, no genera por sí solo perjuicio alguno a los hoy demandantes. Pudiera ocurrir que un incorrecto funcionamiento de los órganos generales de la sociedad pudiera ocultar o dificultar la detección o apreciación de los daños, pero el funcionamiento de las juntas por sí solo no causa daño al patrimonio social, aunque pueda incrementar la desconfianza entre los socios y de estos con los órganos sociales.

Lo mismo sucede con el incumplimiento de algunos deberes formales, como pueden ser los conectados con la auditoria de la sociedad. El posible quebranto de esos deberes tampoco es determinante de un perjuicio directo, aunque sí pudiera ocultar actuaciones ilícitas o hacer opacos posibles perjuicios a la sociedad.

4. La cuestión fundamental que debo dilucidar es la de determinar si los órganos de administración social, el consejo, ha ejecutado acciones en beneficio de socios determinados, disponiendo de activos inmobiliarios a coste muy bajo e imputando a la sociedad gastos que debería haber asumido el socio, como arrendatario de los inmuebles (folio 3 de la demanda).

5. Si lo que pretende la parte demandante es cuestionar los contratos de arrendamiento (que datan uno de 1982 y el otro de 2014), considero que el artículo 241 bis de la LSC me permite considerar prescritas las acciones de responsabilidad. La demanda se interpone el 29 de julio de 2021; si se consideraba perjudicial la firma de ambos contratos en las condiciones inicialmente pactadas, la demanda tendría que haberse impuesto, como muy tarde, en diciembre de 2018 (computado el plazo de 4 años desde la entrada en vigor del artículo 241 bis, conforme a criterio judicial consolidado).

6. Partiendo de la afirmación anterior, sólo me correspondería revisar las actuaciones posteriores a diciembre de 2018, referidas a la determinación de las rentas de alquiler, la decisión de no revisarlas conforme a criterios de mercado, incluso condonarlas, e imputar a la sociedad gastos de mantenimiento que deberían haber asumido los arrendatarios.

La demanda es muy imprecisa en cuanto a la concreción de los daños, remitiéndose a una prueba pericial que se aporta una vez iniciado el procedimiento, donde se realizan cuantificaciones que van más allá de lo reclamado en la demanda. Se trata de un cambio en la reclamación que no puedo admitir, por lo que la concreción de los daños debe quedar limitada a las bases y criterios de la demanda.

7. Respecto de las rentas de alquiler de las fincas las conclusiones de la pericial del actor (elaborada por el economista Sr. Jose Manuel) no son, ni mucho menos determinantes ya que no explica las razones por las que establece un precio de mercado de los inmuebles cuando de la propia demanda se constata:

1) Que se trata de dos inmuebles singulares en una finca singular.

2) Que los dos inmuebles están sujetos a una doble restricción de uso, la derivada de la protección del entorno natural en el que se encuentran y la derivada de su proximidad al aeropuerto.

3) Que no ha tenido en cuenta que el uso de los dos inmuebles se ha visto comprometido por la posible ampliación del aeropuerto de Barcelona, que podría haber afectado al uso de ambas fincas.

4) Que las dos fincas en cuestión, especialmente una de ellas, no están equipadas con sistemas de suministro de energía y agua que permitan su normal habitabilidad.

5) Que el uso para grabaciones y eventos además de quedar limitado por las restricciones de la zona, quedó afectado durante al menos dos años por las restricciones sanitarias derivadas de la declaración de alarma por pandemia.

Todos estos factores hacen imposible o, cuanto menos, extremadamente dificultosa la determinación de un precio aproximado de mercado. Correspondía a la parte actora la carga de acreditar este extremo y no lo ha hecho ya que la pericial no resulta verosímil por las limitaciones que he destacado.

Lo cierto e indiscutible es que alguno de los demandantes intervino como miembro del consejo en la decisión de alquilar los inmuebles y establecer una renta ajustada.

8. Respecto de las obras y gastos de mantenimiento. La demandante no hace desglose preciso de las partidas que cuestiona (en el folio 10 de la demanda se hace mención a 70.000 euros no justificados y en el folio 16 se conecta el gasto injustificado con las pérdidas de la sociedad).

En la demanda se hace referencia al conflicto de intereses y al quebranto del deber de lealtad. Actuaciones imputables en su caso a los administradores sociales que podrían permitir (caso de ser probadas) la separación del administrador, pero que no acreditan por sí solas un posible daño.

Creo que la discusión en este punto no queda correctamente enfocada, el posible quebranto del deber de lealtad debe ponerse en relación con los hechos imputados al demandado y el nexo con el perjuicio causado a la sociedad.

En la contestación a la demanda se desglosan con precisión los gastos de mantenimiento afrontados por la sociedad y por el socio arrendatario (a partir del folio 12 de la contestación), indicándose la naturaleza de los gastos afrontados y el pago de los mismos. Se trata de gastos estructurales, vinculados al mantenimiento de los inmuebles, no son gastos generados por el uso y disfrute. Además, se trata de gastos que, de no haber sido abordados por la sociedad, habrían afectado al deterioro estructural de los inmuebles (obras de instalación de contadores, averías en el termo, mantenimiento de las cubiertas de madera, mejoras en los baños, cimientos y pavimentos, forjado...). Frente a la precisión del demandado, lo cierto es que ni en la demanda ni en la prueba pericial se establecen razones de peso que me permitan tener probado que el hoy demandado o el consejo autorizaron gastos o impidieron ingresos que, perjudicando el haber social, favorecieran injustificadamente a uno de los socios.

Los gastos abordados se realizan en el contexto de una relación arrendaticia en la que el arrendador debe permitir el uso pacífico del inmueble al arrendatario, uso pacífico que obliga al arrendador a afrontar los gastos de conservación de la estructura del inmueble.

9. En definitiva, desestimo la demanda por cuanto entiendo que no se han precisado en la demanda los hechos imputables al consejo de administración, concretado en la figura de su presidente, único demandado y no se precisa la ilicitud de las actuaciones del consejo.

CUARTO.- Sobre las costas.

1. Desestimada la demanda, impongo las costas del procedimiento a la parte actora, por aplicación del principio del vencimiento objetivo en lo que afecta a las costas ( artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).