Sentencia Civil 152/2023 Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 6, Rec. 474/2019 de 12 de junio del 2023

PRIMERO.- La parte demandante en el presente procedimiento, solicita la condena al pago de la cantidad arriba indicada, alegando en fundamento de sus pretensiones que a la actora consecuencia de las relaciones comerciales mantenidas con la mercantil codemandada, y en concreto en relación a determinados suministros realizados desde finales de 2017 a 2018, se le adeuda por ésta la cantidad reclamada en la demanda, acreditada con el soporte documental de las facturas, que no pudo ser satisfecha tras reiteradas reclamaciones extrajudiciales, a lo que añade la existencia de fondos negativos de la compañía, ya con anterioridad a las relaciones comerciales referidas, de lo que deduce directamente la responsabilidad solidaria, junto con la sociedad, de su administrador también demandado.

SEGUNDO.- El tercero no socio puede ejercitar dos tipos de acciones para obtener satisfacción de su derecho sobre el patrimonio particular de los administradores: la llamada acción individual a la que se refiere el artículo 241 TRLSC ( antiguo art. 135, en relación con el art. 133 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas), y la acción de sanción o responsabilidad solidaria por incumplimiento por los administradores de su deber de disolver la sociedad, ex artículo 236 TRLSC ( art. 262,5º de la Ley de Sociedades Anónimas y art. 105,5 de la Ley 2/95, de Sociedades de Responsabilidad Limitada).

Se trata de dos acciones distintas que se basan también en diferentes presupuestos. Así:

A) La responsabilidad individual del administrador vía artículos 133 y 135 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas surge cuando se causa a los accionistas o a los acreedores sociales algún daño por actos contrarios a la ley o a los estatutos o realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo. El artículo 79 de la derogada Ley sobre el régimen jurídico de las Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 establecía que los Administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal y responderán frente a la Sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores del daño causado por malicia, abuso de facultades o negligencia grave, y el artículo 81 de la propia Ley reconocía una acción individual a favor de los socios y de los terceros, distinta de la acción social (artículo 80), tendente a indemnizarles de los daños directamente sufridos en su patrimonio, requiriéndose, en su consecuencia, para la viabilidad de esta acción directa, dos requisitos: un acto del administrador y una lesión directa de los intereses del accionista o del tercero demandante, a lo que había de añadirse que, al establecer el precepto una responsabilidad civil de los administradores, la misma había de establecerse con fundamento en la concurrencia de la culpa grave, el daño y la relación de causa a efecto entre aquélla y éste, como señala el Tribunal Supremo en Sentencias de 28 de marzo y 21 de mayo de 1985 y 13 de octubre de 1986.

El vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, recoge en su 236.1 la responsabilidad individual de los administradores, disponiendo, en análogos términos que el art. 133.1 del Texto Refundido de 1989, que los administradores de derecho o de hecho como tales, responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.

B) El Texto Refundido de 1989 introdujo en su art. 262.5, a modo de sanción, la responsabilidad solidaria por incumplimiento, por parte del administrador, de su deber de disolver la sociedad, disponiendo que responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o al concurso. La misma norma agrega que en estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

Existe obligación de disolver la sociedad, según el art. 260.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas: 1º Por acuerdo de la Junta general, adoptado con arreglo al art. 103. 2º Por cumplimiento del término fijado en los Estatutos. 3º Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social o por la paralización de los órganos sociales, de modo que resulte imposible su funcionamiento. 4º Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 5º Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal. 7º Por cualquier otra causa establecida en los Estatutos.

Por su parte, el art. 104.1 1 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, dispone que la sociedad de responsabilidad limitada se disolverá: a) Por cumplimiento del término fijado en los estatutos, de conformidad con lo establecido en el art. 107. b) Por acuerdo de la Junta General adoptado con los requisitos y la mayoría establecidos para la modificación de los estatutos. c) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto, la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, o la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento. d) Por falta de ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social durante tres años consecutivos. e) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal. Cuando la reducción sea consecuencia del cumplimiento de una ley se estará a lo dispuesto en el art. 108. g). Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

En la normativa actualmente vigente, el art. 363.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, establece que la sociedad de capital deberá disolverse: a) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto. b) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social. c) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento. d) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso. e) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley. f) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años. g) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos. El párrafo 2º de la misma norma agrega que la sociedad de responsabilidad limitada se disolverá, además, por la falta de ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social durante tres años consecutivos.

Pues bien, la responsabilidad regulada en el referido artículo 262.5 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en el art. 105.5 de la Ley 2/95, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, por la no convocatoria en dos meses de junta general para la adopción del acuerdo de disolución de la sociedad o la no solicitud de su disolución judicial, constituye, como se ocupa de señalar la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2004, " una responsabilidad objetiva y solidaria, cuya acción se fundamenta en el incumplimiento por los administradores de las obligaciones que les impone la Ley, y no requiere producción de daño, ni exige la existencia de perjuicios, y tampoco la relación de causalidad, pues se trata de un sistema preconcursal de la Ley de Sociedades Anónimas". La citada responsabilidad, añade la misma resolución, " constituye una modalidad de responsabilidad "ex lege", y requiere tan sólo la concurrencia de los presupuestos objetivos siguientes: a) Existencia de un crédito contra la sociedad en las causas 4ª y 5ª del artículo 260 de la Ley de Sociedad Anónimas . b) Concurrencia de alguna de las causas de disolución de la sociedad. c) Omisión por los administradores de su obligación de convocar junta general, en el plazo de dos meses, para que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad, o solicitud, en su caso, de disolución judicial".

La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2003 recuerda que " tales normas afrontan la cuestión, como ha destacado la doctrina mercantilista, del fenómeno de descapitalización sobre la estabilidad de la sociedad anónima, entendiendo como tal una situación de gran empobrecimiento de la sociedad y, en otras palabras, situación de desequilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad. Ante tal situación, la omisión de los administradores de convocar la junta general para disolverla genera una responsabilidad durísima para los mismos, que llega a la privación del privilegio de la limitación de la responsabilidad propia de las sociedades de capital", e indica, también, que dicha responsabilidad ha sido destacada por la STS de 16 de julio de 2002 , la cual los considera "autores de una conducta antijurídica"; a los que se "impone una responsabilidad sanción", como añade la de 18 de septiembre de 2003; y, como decía la de 14 de noviembre de 2002, "la acción cuyo soporte estriba en el número 5 del artículo 262 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, (...) para su éxito no es necesario que concurran los supuestos de la culpa, como se tiene reiteradamente manifestado en la jurisprudencia de esta Sala, entre otras, en las sentencias de 20 de diciembre de 2000 , 20 de abril de 2001 , 26 de octubre de 2001 y 25 de abril de 2002 ".

Se trata, ha de insistirse, de una responsabilidad objetiva, que no se evita con las alegaciones de la falta de culpa y del nexo causal. Por eso la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2004 reitera la distinción entre las acciones de los arts. 135 y 262 de la Ley de Sociedades Anónimas argumentando que " aquélla es de naturaleza extracontractual, y requiere que se den los requisitos propios de la responsabilidad de esta naturaleza (acción u omisión culposa, daño, y relación de causalidad entre éste y aquélla), mientras que la acción ex art. 265 no requiere ninguna culpa en el administrador, ni relación de causalidad alguna con el daño, basta el hecho objetivo del incumplimiento de las obligaciones que la LSA impone específicamente al administrador social para que se desencadene el efecto sancionador (sentencias 29 abril y 21 septiembre 1999, 20 junio 2001 y 14 noviembre 2002, entre otras)".

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de 7 de noviembre de 2007 también se ocupa de discernir entre la acción individual de responsabilidad regulada en los artículos 133 y 135 de la L.S.A. (a los que se remite el artículo 69,1 de la L.S.R.L.), y la acción de responsabilidad por incumplimiento de los deberes relativos a la disolución de la sociedad prevista en los artículos 260 y 262 de la L.S.A. y en los artículos 104 y 105 de la L.S.R.L. La primera " es una responsabilidad por actos propios que persigue indemnizar el daño ocasionado por el actuar ilícito de los administradores, ya sea a la sociedad o a los socios, ya a los terceros acreedores"; la segunda " es una responsabilidad solidaria de los administradores con la sociedad, respecto de las deudas sociales, que no obedece a los mismos principios que la anterior, ya que se trata de una responsabilidad por deuda ajena y no por actos propios, en definitiva, de una responsabilidad objetiva, a modo de sanción civil, que no exige acreditar el daño ocasionado a los acreedores ni la relación de causalidad, radicando su fundamento y finalidad bien en el interés público de que no continúen en el tráfico mercantil sociedades ficticias que legalmente debían haber sido liquidadas, bien en la presunción legal de que el incumplimiento de los citados deberes impuestos a los administradores en orden a la disolución de la sociedad resulta siempre dañoso para los terceros que contratan con ella. Una reiterada jurisprudencia señala que los administradores no pueden limitarse a eliminar la sociedad sin más, sino que deben liquidarla en cualquiera de las formas prevenidas legalmente, que están precisamente orientadas a salvaguardar los intereses de los terceros en el patrimonio social, de forma que la no liquidación legal de dicho patrimonio, cuando la sociedad se encuentra en una situación de insolvencia, es susceptible de inferir este daño directo que genera esta clase de responsabilidad para configurar una negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones legales ( SSTS de 4 de noviembre de 1991 , 22 de abril de 1994 y 21 de noviembre de 1998 , entre otras)".

TERCERO.-Ha quedado probado de la documental aportada no sólo la existencia de deuda de la cuantía reclamada sino que ésa sociedad presenta fondos negativos ya desde 2016, y, a pesar de aportaciones de socios, éstos no han superado la mitad de la suma de su capital social. Con ello se evidencia la imposibilidad manifiesta de alcanzar el fin social, lo que debiera haber provocado que por el administrador social se promoviera su disolución, por lo que de todo el material probatorio se evidencia que éste debe ser declarado responsable solidario por el total de la deuda ya que, como se repite, es notorio que no se llevó a cabo ninguna actividad dirigida a capitalizar la sociedad, instar su disolución y liquidación o, en su caso, solicitar la declaración de concurso.

Sin desconocer la facultad que asiste a los administradores para desvincularse unilateralmente de la gestión social, no debe obviarse que el deber de diligencia les obliga, cuando quede vacante o inoperante el órgano de administración, a continuar al frente de sus funciones hasta que la sociedad pueda adoptar medidas para proveer a dicha contingencia, siendo al efecto obligación de los administradores instar expediente concursal para facilitar la ordenada satisfacción de los intereses de los acreedores, o convocar Junta General para adoptar el correspondiente acuerdo de disolución, y la omisión de tales medidas no puede sino catalogarse de incumplimiento de una obligación legal que genera responsabilidad, como lo es abandonar el cargo sin proveer a la continuidad de la gestión social. Así se desprende además del propio texto de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1995, cuyo art. 105, en su párrafo 5º, establece que el incumplimiento de la obligación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o el concurso de la sociedad -obligación que concurría, por lo expuesto, según el tenor del art. 104-, determinará la responsabilidad solidaria de los administradores por las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución.

Cierto es que jurisprudencialmente se ha venido exigiendo una relación de causalidad directa y efectiva entre la lesión de los intereses del tercero y el acto negligente que se imputa al administrador, pero no lo es menos no sólo que la propia doctrina jurisprudencial ha ido progresivamente suavizando el rigor de aquella exigencia cuando lo que se omite es la adopción de las medidas necesarias para proveer a una ordenada disolución y liquidación de la sociedad -ha de recordarse que no se exige el módulo de culpa, sino que la responsabilidad es objetiva desde que se constate la concurrencia de causa de disolución y no se provea lo necesario por los administradores para proceder a tal disolución-, sino también que aquel nexo causal, en el supuesto que se debate, resulta de la propia naturaleza del acto omitido, pues los perjuicios ocasionados al acreedor, a consecuencia de la imposibilidad de cobro de su crédito, se hubieran al menos mitigado de haber actuado los administradores societarios de forma diligente, en estricta observancia de las normas mercantiles atinentes a la disolución y liquidación de empresas.

CUARTO.- Los demandados han sido declarados en rebeldía, ya que no han comparecido al acto de la vista.

En el Proceso Civil, el demandado no tiene obligación de defenderse. La notificación de la demanda arroja sobre él la carga de comparecer, bajo riesgo de ser declarado en rebeldía, que consiste en la falta de comparecencia en el proceso después de haber sido citado en forma, de no poder hacer alegaciones, no poder esgrimir los hechos que proceden contra la pretensión del actor ni poder proponer pruebas, etc. Pero éste es el único perjuicio de carácter meramente negativo que puede seguirle de la no comparecencia, es decir, la preclusión de su principal oportunidad de defenderse.

La ausencia del demandado en consecuencia, no supone que la demanda haya de ser estimada, de manera que el actor habrá de probar que su pretensión es fundada, es decir, que existen los hechos en los que la funda.

De lo expuesto y probado en autos ha de estimarse probada la responsabilidad del administrador societario por incumplimiento objetivo de sus obligaciones, y con arreglo a los preceptos invocados en la demanda ha de ser ésta estimada en este extremo. Constatada la existencia de causa de disolución, corresponde a la demandada desvirtuar la presunción de que las deudas por las que debe responder se devengan con posterioridad al nacimiento de la causa de disolución, por lo que en razón de lo hasta aquí expuesto procede declarar a los demandados responsables solidarios de la deuda reclamada a través del presente procedimiento.

QUINTO. -Resultan de pertinente imposición los intereses legales previstos en el artículo 7 de la Ley 3/2.004, de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, toda vez que, invocados por la actora, y presupuesto el hecho de la morosidad, el cálculo de los intereses ha de realizarse conforme a dicha disposición.

Por otra parte, el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley". En consecuencia, y puesto que esta sentencia condena a la demandada al pago de una cantidad líquida, ésta habrá de satisfacer, además de ésta, los intereses que se devenguen al tipo señalado en el precepto citado desde el día de la notificación de la sentencia y hasta el completo pago.

SEXTO.- En materia de costas procesales, y de conformidad con el Principio de vencimiento previsto en el artículo 394 L.E.C., procede imponerlas a la parte cuyas pretensiones hubieren sido totalmente desestimadas.

En atención a lo expuesto y a los preceptos de general y pertinente aplicación