Sentencia Civil 55/2023 Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 8, Rec. 1433/2019 de 24 de abril del 2023

PRIMERO. - Consideraciones preliminares: rebeldía procesal

El apartado 2.º del artículo 396 LEC dispone literalmente que "La declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario."

En este asunto se ha declarado en rebeldía procesal a las partes codemandadas, si bien esta declaración no exime a la parte demandante de la carga de acreditar los hechos constitutivos de su pretensión conforme al precepto transcrito.

A partir de estas premisas, analizaré la controversia sometida a mi consideración.

SEGUNDO. - Objeto de la controversia

La parte demandante ejerce una acción de resolución contractual por el incumplimiento grave del contrato de ejecución de obra frente al contratista, y la consiguiente reclamación de la cantidad por dicho incumplimiento; y, de forma acumulada, ejerce una acción de responsabilidad social, que analizaré por separado, en virtud de la cual solicita que se condene solidariamente al administrador codemandado al pago de la cantidad reclamada más los intereses legales que correspondan desde la intimación extrajudicial.

TERCERO. - Acción de resolución contractual por incumplimiento contractual

La prueba practicada, no contradicha por la parte contraria, especialmente, los presupuestos aportados y las testificales practicadas acreditan la realidad del negocio jurídico celebrado entre las partes -el contrato de ejecución de obra-, y el incumplimiento contractual por parte de la entidad contratada.

Resulta probado, por un lado, que la parte demandada abandonó la obra sin finalizar todas las tareas concertadas -así lo han confirmado los dos testigos-; y por otro, que por aquel entonces había cobrado una cantidad superior a la que correspondía por las obras ejecutadas, según resulta del certificado de obra (doc. n.º 16).

De manera que al no haber opuesto ni acreditado la parte demandada el cumplimiento contractual, y que no debe la cantidad reclamada, conforme le correspondía acreditar de acuerdo con las reglas de la carga probatoria ( art. 217 LEC); procede estimar la demanda, declarar resuelto el contrato de obra, y condenar a la sociedad demandada a devolver la cantidad cobrada de más, junto con los intereses legales que correspondan desde la fecha del requerimiento extrajudicial.

CUARTO. - Acciones de responsabilidad por deudas sociales contra el administrador

Como he indicado, la parte actora ejercita con carácter principal una acción de responsabilidad contra el administrador de la sociedad codemandada, concretamente la prevista en el artículo 367 LSC en relación con el artículo 363 LSC; subsidiariamente, ejercita la de responsabilidad individual prevista en el artículo 241 LSC.

Con carácter previo a analizar la acción de responsabilidad objetiva, creo conveniente traer aquí las siguientes consideraciones doctrinales.

QUINTO. - Marco normativo y consideraciones doctrinales

El artículo 367 de la ley de Sociedades de capital (en adelante, LSC) que lleva por título "Responsabilidad solidaria de los administradores" dice:

"1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior."

El anterior precepto debe ponerse en relación con lo dispuesto en el artículo 363 LSC que regula las causas de disolución y establece en su apartado 1.º que:

"1. La sociedad de capital deberá disolverse:

a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.

b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.

c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.

d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.

g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.

h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos."

El Tribunal Supremo entiende que la responsabilidad prevista en el artículo 367 LSC transcrito es "una responsabilidad por deuda ajena, ex lege, en cuanto que su fuente - hecho determinante - es su previsión legal. Se fundamenta en una conducta omisiva del sujeto al que, por su específica condición de administrador, se le exige un determinado hacer y cuya inactividad se presume imputable - reprochable -, salvo que acredite una causa razonable que justifique o explique adecuadamente el no hacer. Es decir, esta responsabilidad se funda en el incumplimiento de un deber legal por parte del administrador social, al que se anuda, como consecuencia, la responsabilidad solidaria de este administrador por las deudas sociales posteriores a la concurrencia de la causa de disolución. Con lo que se pretende garantizar los derechos de los acreedores y de los socios." ( STS n.º 532/2021, de 14 de julio, ROJ: STS 3016/2021)

Y en cuanto a la fijación del momento origen de las deudas sociales a los efectos de dicho precepto, señala que la función de esta norma es "incentivar la disolución o la solicitud de concurso de las sociedades cuando concurra causa legal para una u otra solución porque, de no adoptar las medidas pertinentes para conseguir la disolución y liquidación de la sociedad o su declaración en concurso, según los casos, si la sociedad sigue desenvolviendo su actividad social con un patrimonio sustancialmente menor a su capital social y que se presume insuficiente para atender sus obligaciones sociales (o concurriendo otra causa legal de disolución, aunque la más frecuente en estos casos sea la de pérdidas agravadas), los administradores deberán responder solidariamente de cuantas obligaciones sociales se originen con posterioridad, tanto las de naturaleza contractual como las que tengan otro origen. Dentro de ese ámbito general, como concreción de esta función, tiene efectivamente un efecto desincentivador de la asunción de nuevas obligaciones contractuales por parte de la sociedad, aunque no es su función única dado que la responsabilidad solidaria de los administradores se produce respecto de cualesquiera obligaciones sociales, y no solo de las de origen contractual." ( STS n.º 144/2017, de 1 de marzo, ROJ: STS 727/2017)

En la misma línea, nuestra Audiencia Provincial sostiene que "Dicho precepto, conforme reiterada doctrina jurisprudencial, establece una responsabilidad ex lege o de carácter objetivo cuyo fundamento descansa en el incumplimiento por los administradores del deber que les impone la Ley de convocar la junta de socios en el plazo de dos meses desde que se constata la causa de disolución imperativa, no precisando la producción de un daño ni la relación de causalidad y no requiriendo, por ello, la demostración de culpa del administrador demandado.

2. Por todo ello, para que prospere la acción de responsabilidad, será necesario: a) que se acredite la existencia de una deuda a cargo de la sociedad y a favor del acreedor demandante; b) que el administrador demandado lo fuera al tiempo de manifestarse la causa de disolución y durante los dos meses siguientes; c) que el administrador deje transcurrir ese plazo sin convocar junta general para que acuerde la disolución o remueva la causa; y d) con el favorecimiento por la presunción indicada, que la obligación o deuda reclamada se haya contraído o haya nacido con posterioridad al acaecimiento de la causa de disolución.

3. Acreditada la existencia de los presupuestos que dan lugar a la responsabilidad por no disolver la sociedad, la responsabilidad del administrador es de carácter objetivo, surge con la concurrencia de los requisitos legales previstos en la norma." ( SAP Barcelona n.º 2429/2021, de 25 de noviembre, ROJ: SAP B 14492/2021)

En resumen, para que prospere esta acción de responsabilidad es necesario que concurran los requisitos siguientes:

1) Que concurra alguna de las causas de disolución de la sociedad previstas en el artículo 363.1 LSC.

2) Que el administrador haya omitido convocar la junta general para adoptar los acuerdos de disolución o de remoción de sus causas, o de solicitud de concurso o disolución judicial.

3) El transcurso de dos meses desde que concurre la causa de disolución o desde la fecha de la junta contraria a la disolución.

4) Que la conducta pasiva sea imputable al administrador.

5) Y que no exista una causa que justifique la omisión.

Efectuadas las anteriores consideraciones, voy a examinar el asunto sometido a mi consideración.

SEXTO. - Análisis de la controversia

En este asunto, la parte demandante alega que la sociedad demandada no ha presentado las cuentas anuales desde el año 2017, por lo que a partir de este año se presume que se halla en situación de desbalance o, lo que es lo mismo, en causa legal de disolución por razón de sus pérdidas.

El punto de partida para analizar la cuestión litigiosa es que la falta de depósito de las cuentas anuales de una sociedad constituye un indicio de que la sociedad deudora estaba incursa en causa de disolución (pérdidas cualificadas) en ese ejercicio; aunque este indicio debe ir acompañado de otros elementos para apreciar que concurre una causa de disolución ( art. 363.1 e) y f) LSC).

En este sentido, la Audiencia Provincial de Barcelona, por un lado, señala que "la falta de cumplimiento del deber de depositar las cuentas anuales y la alegación de la parte actora en su demanda de que la sociedad deudora se hallaba incursa en esa causa de disolución en el momento de contraer las obligaciones sociales que ahora se reclaman, obligaba a la parte demandada a aportar a las actuaciones la prueba oportuna que contrarrestase aquellos indicios originados por el incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales. Como señala la STS de 19 de septiembre de 2013 " La institución de la carga de la prueba no tiene por finalidad determinar cómo deben probarse ciertos hechos, sino establecer las consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes. La prohibición de una sentencia de " non liquet" [literalmente, "no está claro"] que se establece en los arts. 11.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1.7º del Código Civil , al prever el deber inexcusable de los jueces y tribunales de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, hace que en caso de incertidumbre a la hora de dictar sentencia, por no estar suficientemente probados ciertos extremos relevantes en el proceso, deban establecerse reglas relativas a qué parte ha de verse perjudicada por esa falta de prueba. Las objeciones que la recurrente hace respecto de las deficiencias probatorias y su causa nada tienen que ver con la carga de la prueba desde el momento en que la sentencia de la Audiencia Provincial ha considerado suficiente la prueba practicada, pues afectan a la valoración de la prueba, que es objeto del siguiente motivo"." ( SAP Barcelona, Sección 15.ª, n.º 110/2015, de 30 de abril, ROJ: SAP B 3235/2015)

Por otro, el mismo Tribunal señala que la falta de aportación de las cuentas es insuficiente para presumir que concurra una causa de disolución. En concreto, dice "Es cierto que no basta con la falta de aportación de las cuentas para que deba presumirse a la sociedad incursa en la causa de disolución de pérdidas cualificadas del apartado e/ del art. 363.1 LSC. No obstante, cuando a ese hecho se añade la falta de pago de facturas correspondientes a los suministros ordinarios hemos venido considerando que tal causa de disolución está suficientemente justificada, a no ser que se aporten hechos que puedan justificar una conclusión distinta.>> ( SAP Barcelona n.º 2429/2021, de 25 de noviembre, ROJ: SAP B 14492/2021)

Pues bien, en este asunto consta acreditado, por un lado, que la sociedad demandada no presentó las cuentas anuales desde el año 2017; y que en el mes de junio del año 2018 se comprometió e inició las obras de rehabilitación en cuestión. Por otro, que en el mes de diciembre de 2018 abandonó la obra y desde entonces ha sido muy difícil localizarle, como este Juzgado ha podido constatar al intentar emplazar a la mercantil y a su administrador.

De todo lo cual deduzco que la sociedad estaba incursa en causa legal de disolución por pérdidas, pese a lo cual, su administrador único incumplió su obligación de disolver la sociedad e incluso de solicitar el concurso; por lo que debe responder por las deudas aquí reclamadas ( art. 367 LSC).

SÉPTIMO. - Decisión

En conclusión, procede estimar la demandada; declarar resuelto el contrato, y condenar solidariamente a la sociedad y a su administrador a satisfacer la cantidad reclamada, más los intereses legales que correspondan. Todo ello, con imposición de costas a la parte demandada en virtud del principio de vencimiento objetivo ( art. 394.1 LEC)