Sentencia Civil 10/2023 Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 8, Rec. 2121/2019 de 09 de febrero del 2023

PRIMERO. - Consideraciones preliminares: rebeldía procesal

El apartado 2.º del artículo 396 LEC dispone literalmente que "La declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario."

En este asunto dos de las personas codemandadas han sido declaradas en rebeldía procesal, si bien esta declaración no exime a la parte demandante de la carga de acreditar los hechos constitutivos de su pretensión conforme al precepto transcrito.

A partir de estas premisas, analizaré la controversia sometida a mi consideración.

SEGUNDO. - Objeto del pleito

La parte demandante ejerce una acción de reclamación de cantidad y otra de responsabilidad de administradores, concretamente la prevista en el artículo 367 LSC en relación con el artículo 363 LSC. En su virtud solicita que se condene solidariamente a los administradores mancomunados a pagar la cantidad reclamada.

Frente a ello, el codemandado compareciente opone la falta de legitimación pasiva; la falta de nexo causal entre la ausencia de disolución de la sociedad que administraba y, subsidiariamente, pluspetición.

TERCERO. - Acción de reclamación de cantidad

La parte actora reclama una serie de facturas y albaranes por las mercancías que le suministró a la entidad que se dedicaba al servicio de restauración. El administrador social personado niega haber recibido parte de las mercancías por las que se reclaman, y asegura que cambió de sello.

Pues bien, por un lado, constato que las facturas contienen la indicación siguiente en su encabezamiento <> y todos tienen el sello estampado con la leyenda <> (docs. n.º 9 a 26 de la demanda).

Por otro, si bien la parte demandada asegura que en enero de 2019 no usaba el sello antiguo de la empresa, sino otro con la dirección actual; no ha acreditado estos extremos. Es más, en su declaración no pudo concretar el momento a partir del cual traspasó su negocio, con el personal incluido, y el del cambio de dirección de su restaurante.

En el caso de que un tercero, como quien adquirió el negocio hubiera utilizado indebidamente el sello de la entidad CUCHARA DEL NORTE; es una posibilidad que no puede afectar al proveedor de buena fe.

Por todo ello, considero acreditada la realidad de la deuda social objeto de este pleito. Se trata ahora de examinar si quienes administraban la sociedad deben o no responder solidariamente de dicha deuda.

Con carácter previo a analizar la acción de responsabilidad objetiva, creo conveniente traer aquí las siguientes consideraciones doctrinales.

CUARTO. - Marco normativo y consideraciones doctrinales sobre la acción de responsabilidad de los administradores

El artículo 367 de la ley de Sociedades de capital (en adelante, LSC) que lleva por título <> dice:

<<1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.>>

El anterior precepto debe ponerse en relación con lo dispuesto en el artículo 363 LSC que regula las causas de disolución y establece en su apartado 1.º que:

<< 1. La sociedad de capital deberá disolverse:

a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.

b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.

c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.

d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.

g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.

h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.>>

El Tribunal Supremo entiende que la responsabilidad prevista en el artículo 367 LSC transcrito es <ex lege, en cuanto que su fuente - hecho determinante - es su previsión legal. Se fundamenta en una conducta omisiva del sujeto al que, por su específica condición de administrador, se le exige un determinado hacer y cuya inactividad se presume imputable - reprochable -, salvo que acredite una causa razonable que justifique o explique adecuadamente el no hacer. Es decir, esta responsabilidad se funda en el incumplimiento de un deber legal por parte del administrador social, al que se anuda, como consecuencia, la responsabilidad solidaria de este administrador por las deudas sociales posteriores a la concurrencia de la causa de disolución. Con lo que se pretende garantizar los derechos de los acreedores y de los socios.>> ( STS n.º 532/2021, de 14 de julio, ROJ: STS 3016/2021)

Y en cuanto a la fijación del momento origen de las deudas sociales a los efectos de dicho precepto, señala que la función de esta norma es <> ( STS n.º 144/2017, de 1 de marzo, ROJ: STS 727/2017)

En la misma línea, nuestra Audiencia Provincial sostiene que <ex lege o de carácter objetivo cuyo fundamento descansa en el incumplimiento por los administradores del deber que les impone la Ley de convocar la junta de socios en el plazo de dos meses desde que se constata la causa de disolución imperativa, no precisando la producción de un daño ni la relación de causalidad y no requiriendo, por ello, la demostración de culpa del administrador demandado.

2. Por todo ello, para que prospere la acción de responsabilidad, será necesario: a) que se acredite la existencia de una deuda a cargo de la sociedad y a favor del acreedor demandante; b) que el administrador demandado lo fuera al tiempo de manifestarse la causa de disolución y durante los dos meses siguientes; c) que el administrador deje transcurrir ese plazo sin convocar junta general para que acuerde la disolución o remueva la causa; y d) con el favorecimiento por la presunción indicada, que la obligación o deuda reclamada se haya contraído o haya nacido con posterioridad al acaecimiento de la causa de disolución.

3. Acreditada la existencia de los presupuestos que dan lugar a la responsabilidad por no disolver la sociedad, la responsabilidad del administrador es de carácter objetivo, surge con la concurrencia de los requisitos legales previstos en la norma.>> ( SAP Barcelona n.º 2429/2021, de 25 de noviembre, ROJ: SAP B 14492/2021)

En resumen, para que prospere esta acción de responsabilidad es necesario que concurran los requisitos siguientes:

1) Que concurra alguna de las causas de disolución de la sociedad previstas en el artículo 363.1 LSC.

2) Que el administrador haya omitido convocar la junta general para adoptar los acuerdos de disolución o de remoción de sus causas, o de solicitud de concurso o disolución judicial.

3) El transcurso de dos meses desde que concurre la causa de disolución o desde la fecha de la junta contraria a la disolución.

4) Que la conducta pasiva sea imputable al administrador.

5) Y que no exista una causa que justifique la omisión.

Efectuadas las anteriores consideraciones, voy a examinar el asunto sometido a mi consideración.

QUINTO. - Análisis de la responsabilidad

De las actuaciones se desprenden indicios que me llevan a apreciar el incumplimiento de los codemandados de las obligaciones propias del cargo de administradores.

Primero, las cuentas anuales de los años 2016 y 2017 presentaban resultados negativos.

Segundo, la falta de presentación de las cuentas anuales del año 2018.

Tercero, los embargos trabados por el Ayuntamiento de Barcelona desde el año 2017 a 2019 (doc. n.º 27 de la demanda).

Son unos signos de una situación de desbalance grave y de insolvencia que se arrastra desde el año 2016; es decir, con anterioridad a que la demandante suministrara los productos objeto de esta reclamación (2018 y 2019).

Ante esta situación, al no constar que los administradores convocaran la junta para disolver la sociedad y solicitar la declaración de concurso; es evidente que incumplieron con su obligación; por lo que deben responder por la deuda social, más los intereses moratorios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 a 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales ( art. 367 LSC).

Aclarar que la entidad demandante no estaba obligada a comprobar la situación patrimonial de la sociedad antes de iniciar su relación comercial y, mucho menos, antes de suministrar las mercancías. La Ley y el principio de la buena fe, impone a los órganos de administración el deber de evitar que la sociedad contraiga unas obligaciones que previsiblemente no va a poder asumir.

Y, por último, añadir que para apreciar la responsabilidad objetiva de que se trata no es necesario que exista un daño. El objeto de esta acción no es la indemnización por el daño, aunque en múltiples ocasiones, como en este caso, se identifica el daño con el importe de la deuda impagada; por lo que no es preciso que exista un nexo causal entre el mismo y el incumplimiento de los deberes sociales por parte de los administradores.

SEXTO. - Decisión

En conclusión, procede estimar la demanda. Por consiguiente, se debe declarar la responsabilidad de los administradores y condenarles solidariamente a pagar el importe reclamado más los intereses legales correspondientes.

Asimismo, corresponde imponer las costas a la parte demandada en virtud del principio de vencimiento objetivo ( art. 394.1 LEC).