Sentencia Civil 277/2023 Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 9, Rec. 1298/2020 de 17 de mayo del 2023

PRIMERO.- Se reclama en este procedimiento la cantidad de 120,70 € en concepto de derechos de autor, debidos por la demandada a la demandante por la comunicación pública de obras cuyos derechos de propiedad intelectual gestiona AISGE, en el establecimiento del que es titular "Cervecería la Rasilla" sito en Calle Blasco de Garay número 90 de Madrid.

La demandada se opone a la demanda alegando que el aparato de televisión que había en el restaurante se retiró después de un procedimiento anterior y que la música que se utiliza en el restaurante es ambiental.

SEGUNDO.- Los autores de las obras tienen el derecho de explotación exclusiva de sus obras - art. 17 TRLPI-, que alcanza la comunicación pública.

Conforme al apartado 2, letra a) del art. 20 TRLPI, son actos de comunicación pública "las representaciones escénicas (...) y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales mediante cualquier medio o procedimiento".

En virtud de lo previsto en el art. 150 LPI, las entidades de gestión de derechos de autor de obras musicales, grabaciones audiovisuales o soportes fonográficos, tienen legitimación para la reclamación de la remuneración que corresponda por los actos de comunicación pública realizados en un concierto. Conforme a lo prescrito en el párrafo segundo de este precepto, "para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado sólo podrá fundar su oposición en la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente".

El Tribunal Supremo viene estableciendo la legitimación de las entidades de gestión para la reclamación de los derechos de remuneración equitativa por los actos de comunicación de las obras de su repertorio y la presunción de que las obras afectadas por la reclamación forman parte de dicho repertorio (STS12 de julio de 2016 (ROJ: STS 3447/2016, que cita la sentencia 880/1999, de 29 de octubre, y otras Sentencias 954/2001, de 18 de octubre, 1208/2001, de 18 de diciembre, 756/2002, 15 de julio, 851/2002, de 24 de septiembre, 928/2002, de 15 de octubre, 1137/2002, de 2 de diciembre, 40/2003, de 31 de enero, 439/2003 bis, de 10 de mayo, 1191/2006, de 24 de noviembre, 1334/2006, de 12 de diciembre, 428/2007, de 16 de abril y 629/2007, de 8 de junio afirma lo siguiente:

Entre esas entidades a las que se reconoce legitimación presunta, nacida del régimen jurídico a que están sometidas y de los derechos que gestionan, están las entidades de gestión de los derechos de autor para cuando se trata de la defensa de los derechos de comunicación que requieren un autorización global (artículo 142.1 a) de la Ley de 1987).

En consecuencia, basta a la entidad demandante, para la defensa en juicio de los derechos a que se refiere el litigo, la aportación de la autorización administrativa que la habilita para gestionar esta modalidad de derechos de autor y los Estatutos aprobados por el Ministerio de Cultura..." (Sentencia 928/2002, de 15 de octubre).

TERCERO.- Establecida por tanto la legitimación de la demandante para reclamar los derechos de explotación, debe resolverse si en el caso de autos resulta acreditada la comunicación pública de obras protegidas por la demandada, que justifique la reclamación de dichos derechos.

En este sentido, el artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece en qué casos es posible acudir al proceso monitorio para reclamar deudas dinerarias "de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible", exigiendo que la deuda se acredite de alguna de las formas siguientes:

1.ª Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica.

2.ª Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y cuando se trate de deudas que reúnan los requisitos establecidos en dicho apartado, podrá también acudirse al proceso monitorio, para el pago de tales deudas, en los casos siguientes:

1.º Cuando, junto al documento en que conste la deuda, se aporten documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera.

2.º Cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos".

El artículo 812 de la LEC sólo exige que la deuda se acredite documentalmente y menciona expresamente la factura como un documento de los que se utiliza habitualmente para certificar créditos o relaciones jurídicas en los que se menciona al acreedor y deudor. En este caso, la demandante, entidad autorizada para la gestión de los derechos de propiedad intelectual de los artistas intérpretes de ámbito audiovisual, aporta facturas que documentan la deuda. Estimamos que esas facturas son suficientes, a los efectos establecidos en el artículo 812 de la LEC , aunque no exista un contrato o una relación comercial que las justifique, dado que nos hallamos en el ámbito de los derechos de gestión colectiva obligatoria según el TRLPI.

La cuestión ha sido objeto de análisis por la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid en múltiples resoluciones, de las que podemos destacar el auto 2/2017, de 13 de enero (ECLI:ES:APM:2017:484A), cuyos argumentos compartimos:

"22.- En el análisis del artículo 812 LEC hay que partir de una diferenciación básica. Por un lado, están los documentos que la norma considera aptos (con un criterio muy amplio, ciertamente) para promover el proceso monitorio, debiendo acompañarse cualquiera de ellos con la demanda. Por otro lado, nos encontramos con las condiciones que deben cumplir las deudas para las que se concibe este tipo de procedimiento. Inmediatamente debe precisarse que la razón de la liquidez y exigibilidad de la deuda (entiéndase estos términos en un sentido amplio, comprensivo de las demás notas de la deuda monitoria) está fuera del documento, que opera aquí como mero medio de constancia. En el caso que nos ocupa, tales notas no pueden derivar directamente de la ley, pues esta se limita a señalar cuál es el supuesto de hecho (uso de grabaciones audiovisuales para actos de comunicación pública) al que se anuda el nacimiento de la obligación de pagar una remuneración a los artistas intérpretes o ejecutantes de acuerdo con las tarifas establecidas por la correspondiente entidad de gestión, sino que dependen de diversas circunstancias de orden fáctico que han de quedar previamente determinadas y que son las que permiten efectuar los oportunos cálculos conforme a las tarifas a las que nos remite la norma. En el caso presente, tales datos resultan de los documentos acompañados con la demanda.

23.- De este modo, no descubrimos motivo para considerar que los documentos aportados con la demanda, subsumibles en el artículo 812.1.2ª LEC , no constituyen un principio de prueba del derecho invocado por AISGE, consistente en una deuda líquida, determinada, vencida y exigible a cargo de CURCRIS BAR, S.L., cuando se trata de la reclamación de la remuneración equitativa prevista en el artículo 108.5 LPI , que es de gestión colectiva obligatoria, correspondiente a periodos vencidos, habiendo sido previamente reclamada por la entidad de gestión, quien la ha calculado conforme a las tarifas generales a partir de la comprobación de los oportunos datos y comunicado oportunamente al deudor".

En el caso de autos, las facturas reclamadas se corresponden al periodo comprendido entre el segundo trimestre de 2017 y primer trimestre de 2018, admitiendo la parte actora que a partir del 25 de enero de 2018, cuando la demandada comunicó que se había retirado el aparato de televisión, se dejó de facturar al establecimiento.

En consecuencia, a la vista de las alegaciones de las partes y no habiendo justificado la parte demandada que hubiera retirado el aparato de televisión en el periodo de tiempo facturado, debe aplicarse la doctrina jurisprudencial sobre la existencia de comunicación pública a través del aparato de televisión. En este sentido, la sentencia de 22 de marzo de 2019 (ROJ: SAP M 3480/2019 - ECLI: ES: APM: 2019:3480) establece que: " la presencia del aparato de televisión no equivale por sí al acto de comunicación pública, del art. 20.1 TRLPILegislación citada , ni la Sentencia apelada señala tal cosa. Pero ello no debe confundirse con que la presencia del aparato de televisión supone es un indicio presuntivo de prueba sobre la realización de los genuinos actos de comunicación pública en ese local, a través de tal aparto. Así, señala la SAP de Madrid, sec. 28ª (mercantil), nº 232/2008, de 3 de octubre Jurisprudencia citada , FJ 3º , que: "Es tesis mayoritariamente sostenida en las Audiencias Provinciales de que la mera existencia de un aparato de televisión en un lugar visible de un establecimiento abierto al público o de una radio, como un servicio más que se presta a los asociados o a la clientela, genera una presunción "iuris tantum" de utilización de los mismos de forma habitual, con la consiguiente efectiva posibilidad de ejecución de actos de comunicación pública de obras gestionadas por la SGAE y objeto de propiedad intelectual. Así lo han afirmado, entre otras, las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid Sección 20ª de 5 de mayo de 1993 , de la Sección 21ª de 25 de junio de 2002 y de la Sección 13ª de 29 de octubre de 2004 ; de la Audiencia Provincial de Orense Sección 2ª de 23 de diciembre de 2003 y de la Audiencia Provincial de Pontevedra Sección 3ª de 14 de mayo de 2003 , y varias sentencias de esta misma Sección 28ª. Afirma en este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, núm. 421/2006, de 13 julio Jurisprudencia citada : Acreditada por lo tanto la existencia de tales aparatos de reproducción de sonido e imagen en el establecimiento, la jurisprudencia aplica el principio de inversión de la carga de la prueba, por aplicación en realidad de las máximas de experiencia o presunciones judiciales o "ad hominem" del art. 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Legislación citada , de tal modo que cuando se prueba un hecho, se tiene por probado salvo prueba en contrario aquel hecho que generalmente es consecuencia o causa del hecho base conforme a las reglas del criterio humano, también llamado "principio de lo que generalmente sucede".

En relación al cálculo de la cantidad reclamada, se ha realizado según las tarifas aprobadas por AISGE, conforme a lo dispuesto en el artículo 157.1 b) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Por ello, la oposición formulada en relación a este punto, por haberse calculado los derechos que se reclaman unilateralmente por la demandante, no puede ser estimada.

CUARTO.- Estimándose la demanda, las costas de este procedimiento se imponen a la parte demandada, de conformidad con el criterio del vencimiento objetivo que regula el artículo 394 LEC.

En atención a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española