Sentencia Civil 63/2023 Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 14, Rec. 182/2020 de 22 de mayo del 2023

PRIMERO. -OBJETO DEL PROCESO

1. RICOH ESPAÑA SLU ejercita una acción individual de responsabilidad contra Elias, administrador único de la sociedad VALUE CONSULTING SL, reclamándole el pago de los 10.926,30 € que la sociedad adeuda a la demandante, así como los 3.370,51 euros en los que han sido tasadas las costas en el procedimiento que se sigue ante el Juzgado de Primera Instancia nº 40 de Madrid.

2. El demandado, Elias no comparece. La situación procesal de rebeldía determina que no pueda ampliarse el objeto de debate procesal, al no introducirse hechos nuevos, pero, de conformidad con el artículo 496.2 LEC, no implica la admisión de hechos de ninguna clase, sino que, al contrario, se entiende que existe una oposición frontal a la pretensión de la actora, con negación plena de los hechos constitutivos. Ello determina que corresponde a la parte actora la prueba de los elementos fácticos que constituyen su causa de pedir ( art. 217 LEC). Asimismo, ejercita una acción de responsabilidad por deudas alegando del art. 363 LSC.

SEGUNDO. -LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL.

1. Régimen jurídico.

La acción de responsabilidad ejercitada por la actora en el presente procedimiento pretende la reparación del perjuicio directamente causado por los administradores en el patrimonio del acreedor demandante.

Aparece regulada en el art. 241 LSC que dispone que quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a terceros por actos de los administradores que lesionen directamente los intereses de aquéllos.

Según reiterada doctrina y jurisprudencia, se trata de una responsabilidad por actos propios que persigue indemnizar el daño causado por el comportamiento -activo o pasivo- ilícito de los administradores, ya sea a los socios o a los terceros acreedores de aquélla, y exige la prueba de los elementos típicos de toda acción de responsabilidad subjetiva o por culpa: a) un daño patrimonial, a los socios o a terceros (a diferencia de la acción social en que la sociedad es la directamente perjudicada, soportando simplemente los socios y los acreedores un daño reflejo); b) una conducta antijurídica de los administradores sociales, es decir, una acción u omisión de los administradores con motivo del ejercicio de su cargo contraria a la Ley, a los estatutos o realizada incumpliendo los deberes de su cargo; y c) la relación de causalidad entre la conducta antijurídica y el daño causado.

2. Valoración.

Sentado el régimen jurídico de la acción ejercitada por la parte actora, pasamos a analizar la concurrencia de los mencionados presupuestos en el presente caso.

2.1. En primer lugar, la parte actora alega la existencia de un daño consistente en el impago de una deuda que la misma ostenta frente a la mercantil VALUE CONSULTING SL

La existencia de la deuda, en la cantidad reclamada en el presente procedimiento, resulta de la documentación aportada como bloque tres de la demanda y, en concreto, de la sentencia dictada por el juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid en la que se condena a la mercantil VALUE CONSULTING SL a abonar a la actora la cantidad de 10.926,30 €más los intereses moratorios y las costas del procedimiento (documento 3.7.). Asimismo, de la documental aportada en la audiencia previa se desprende que la demandada adeuda la cantidad de 3.370,51 euros en concepto de costas.

2.2. En cuanto al segundo de los presupuestos exigidos, a saber, la concurrencia de una conducta antijurídica del administrador demandado, la parte actora alega que Elias ha actuado contraviniendo la diligencia exigible a un ordenado comerciante, pues:

a) la sociedad está desaparecida de hecho, no siendo posible localizarla en el domicilio social, teniendo que ser notificada a través del domicilio del órgano de administración;

b) ha incumplido la obligación de depositar las cuentas anuales de la sociedad desde el ejercicio 2015;

c) en las últimas cuentas anuales, la sociedad tenía un activo de 1.387.549,17 € para atender a las obligaciones con los acreedores sin que conste el destino que se ha dado a ese activo en la actualidad;

d) imposibilidad de notificación en el domicilio social en el procedimiento judicial previo, al producirse una notificación negativa como resulta de los documentos 3.3, 3.4 y 3.5.

d) existencia de una pluralidad de acreedores, como resulta de la inscripción en el fichero ASNEF de once incidencias por importe de 11.846,44 €.

e) creación de una nueva sociedad dirigida por el mismo órgano de administración con objeto social análogo para desviar actividad hacia ella.

2.2.1. Con carácter previo se ha de señalar que, según la jurisprudencia ( sentencia del TS de 20 de junio de 2005, entre otras) en principio, y como consecuencia del principio de separación patrimonial y responsabilidad limitada que preside el derecho de sociedades, los administradores no han de responder del incumplimiento de las obligaciones nacidas de los contratos celebrados entre la sociedad y un tercero.

Ello no obstante, y con carácter excepcional, se viene admitiendo la existencia de una serie de supuestos en los que a la responsabilidad de la sociedad puede sumarse la responsabilidad del administrador derivada del incumplimiento de deberes legales impuestos en beneficio de los acreedores, en concreto, del deber de realizar una ordenada liquidación de la sociedad. En efecto, la jurisprudencia se ha encargado de destacar que la actuación de los administradores de consentir el cierre de hecho de la sociedad, y la desaparición material de la empresa sin un ordenado proceso de liquidación, impidiendo con ello toda posibilidad de realización de los créditos contra la sociedad, debe reputarse gravemente negligente y opuesta a la de un empresario mínimamente ordenado ( sentencias del TS de 4 de noviembre de 1991, 22 de abril de 1994, 6 de noviembre 1997, 4 de febrero de 1999 y 10 de julio de 2008 y 30 de junio de 2010).

Dicha jurisprudencia ha sido matizada por la sentencia del TS de 13 julio de 2016 que señala que (...)

El administrador demandado no ha procedido a la disolución de la sociedad ni a la consiguiente liquidación de sus activos. Y el propio administrador, en su contestación, reconoce que la sociedad tenía cuatro vehículos susceptibles de ser embargados. Por lo que, cuando menos estos bienes debían haber sido liquidados, para hacer pago de las deudas sociales.

Frente a la alegación contenida en la demanda de que el administrador no ha procedido a la liquidación ordenada de los activos de la sociedad y que ello ha impedido el cobro de los créditos de la demandante, máxime cuando se demoró su exigibilidad mediante la emisión de unos pagarés que resultaron finalmente impagados, correspondía al administrador justificar que la disolución y liquidación ordenada de la sociedad no hubiera servido para pagar los créditos de la demandante, ordinariamente por la insuficiencia de activo.

Si partimos de la base de que el administrador venía obligado a practicar una liquidación ordenada de los activos de la sociedad y al pago de las deudas sociales pendientes con el resultado de la liquidación, y consta que existían algunos activos que hubieran permito pagar por lo menos una parte de los créditos, mientras el administrador no demuestre lo contrario, debemos concluir que el incumplimiento de aquel deber legal ha contribuido al impago de los créditos del demandante.

En consecuencia, resulta procedente la estimación la acción de responsabilidad y condenar al administrador demandado al pago del perjuicio sufrido por la demandada como consecuencia del cierre de hecho de la sociedad deudora, que ha supuesto el incumplimiento de los deberes de liquidación ordenada de la sociedad. Perjuicio que, en este caso, a falta de prueba en contrario, viene representado por el importe de los créditos que, como consecuencia de aquel ilícito orgánico, la demandante no pudo cobrar.

2.2.2. En el presente caso, concurren una serie de indicios que llevan a concluir que la sociedad carece de actividad y ha sido cerrada de hecho, sin que el administrador haya procedido a su liquidación.

Así resulta de los siguientes hechos:

a) el incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales de la sociedad desde el ejercicio 2015;

b) la sociedad ha desparecido del domicilio social, como resulta de la notificación fallida en el domicilio social efectuada en el procedimiento judicial previo (documentos 3.3, 3.4. y 3.5);

Sentado lo anterior, la demanda señala que en las últimas cuentas anuales depositadas, la sociedad tenía un activo de 1.387.549,17 € para atender a las obligaciones con los acreedores, sin que conste el destino que se ha dado a ese activo en la actualidad. En concreto consta que la sociedad tenía:

* Inmovilizado intangible: 299.636,86 €

* Inmovilizado material: 401.309,05 €

* Existencias 195.720 €

* Clientes 423.724,48 €

* Efectivo: 12.499,54 €

En consecuencia, de las cuentas anuales del 2015, se desprende que la sociedad tenía bienes suficientes para proceder a una liquidación ordenada y pagar las deudas pendientes se considera acreditada la relación de causalidad y la demanda debe ser estimada

En lo que respecta a la condena al pago de las cuantías que se devenguenen enconcepto de intereses y costas procesales en el procedimiento ordinario 18/2018 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia 40 de Madrid, así como su posterior ejecución de títulos judiciales si fuera necesaria se han de desestimar las pretensiones de la parte actora en la parte no cuantificada. En este sentido, señala la sentencia de la Secc. 28 de la AP de Madrid de 13 de enero de 2023 que:

(...) Se solicita en concreto la condena a los administradores demandados derivada de un pronunciamiento judicial sobre intereses y costas que en el momento de interposición de la demanda no existe.

Esto no está amparado por el artículo 220 LEC . El presupuesto de la pretensión no existe en el momento de interposición de la demanda.

Si la pretensión se hubiera referido a la deuda con sus intereses nada impide al tribunal apreciar su existencia como presupuesto de la responsabilidad de los administradores, pero no es eso lo solicitado. La pretensión de condena dineraria aquí se limita al principal y, respecto de los intereses, la pretensión consiste en una solicitud de condena a lo que resulte de un pronunciamiento de condena que se efectúe en otro procedimiento. Y lo mismo sucede con las costas de dicho procedimiento ya iniciado. Es más, ni siquiera nace una obligación de pago de costas mientras no se dicte condena al efecto, ni se trata de prestaciones periódicas, sino de una mera pretensión de condena incierta.

La pretensión referida a una condena incierta no está amparada en el artículo 220 LEC .

Por ello, procede estimar la demanda únicamente respecto a la cantidad ampliada en la audiencia previa en concepto de costas tasadas por importe de 3370,51 €

TERCERO.-MORA E INTERESES.

De acuerdo con el art. 1100 del CC incurren en mora los obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedor les exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación, por lo que en el presente caso procede condenar al demandado al abono del interés legal desde la fecha de interposición de la demanda.

CUARTO.-COSTAS.

En cuanto a las costas procesales resulta aplicable el art. 394.1 LEC que dispone que las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones (...). En el presente caso, en atención a la estimación íntegra de la demanda en lo sustancial, se imponen las costas al demandado Elias.

En virtud de las razones expuestas, de las pruebas analizadas y de los preceptos citados,