Sentencia Civil 112/2024 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Yecla nº 2, Rec. 122/2024 de 25 de junio del 2024

PRIMERO.-La parte actora ejercita acción de desahucio por impago de rentas debidas, reclamando el pago de las mismas, todo ello con fundamento en que es propietaria del inmueble (nave industrial) sito en Avenida de Juan Carlos I, 77 - Nave Tres de Yecla (Murcia) y que en fecha 11 de noviembre de 2022 contrató con la demandada un arrendamiento de la propiedad, no abonando ésta la renta pactada.

La demandada se opone, reconociendo la existencia del contrato de alquiler y la renta pactada, pero aduciendo que la nave industrial no se encontraba en las condiciones pactadas para el inicio de la actividad de hostelería para la que suscribió el contrato, así como su baja como profesional autónoma en julio de 2023 y la existencia de Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Murcia en fecha 24/01/2024 y por el que se acuerda conceder el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. También manifiesta que desde julio de 2023 ya no ostenta la posesión del inmueble arrendado habiendo intentado infructuosamente la devolución de las llaves de éste al actor.

SEGUNDO.-En la presente relación jurídico-procesal se ejercita por el actor la acción de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas.

Por el contrato de arrendamiento, se cede un inmueble a una persona, por tiempo determinado y precio cierto, creándose así una relación jurídica que origina derechos y deberes inter partes.Las obligaciones principales son la entrega de la posesión de la cosa cedida por el arrendador y el pago por el arrendatario de la renta convenida y cantidades debidas. Ante el incumplimiento de su obligación principal por el arrendatario, la ley concede al arrendador la posibilidad de acudir a un juicio sumario especial, el de desahucio, en el que se solicita la resolución del contrato de arrendamiento y la recuperación de la cosa arrendada, con base en el art. 27.2 a) LAU, por remisión del art. 35 LAU, así como la reclamación de rentas o cantidades debidas devengadas del arriendo referido fundamentando su petición en la obligación legal del arrendatario de satisfacer al arrendador la renta convenida y las cantidades debidas ( art. 27 LAU) .

TERCERO.-En el presente supuesto, en virtud de la documental aportada por las partes se tiene por acreditado que existe una relación contractual entre ellas, contrato de arrendamiento de vivienda de 11 de noviembre de 2022 y anexo al mismo; contrato y anexo reconocido por ambas partes. A la vista del contrato y del resto de la prueba, la demanda se ha de ver estimada por las razones seguidamente expuestas.

Se hace constar en el clausulado contractual la obligación de pago de la renta.

Se reclaman rentas de determinadas mensualidades que no se prueban abonadas por la parte demandada, toda vez que se están reclamando rentas de febrero de 2024 a junio de 2024, no habiéndose acreditado su pago por la demandada.

La parte demandada debía acreditar el pago de las cantidades reclamadas, prueba que no se ha verificado en autos ni en el juicio, razón por la cual ante el impago que se tiene por probado de las mensualidades reclamadas, sobre la base de que la parte demandada ha continuado con el uso y disfrute de la nave arrendada, es por lo que procede estimar la demanda.

Pues, aduce la parte demandada que la nave industrial arrendada no se encontraba en estado de servir para la finalidad para la que se concertó el arrendamiento. En cambio, lo cierto es que nos hallamos ante manifestaciones de todo respaldo probatorio, toda vez que en la cláusula 6.1 del contrato de arrendamiento (doc. núm. 2 de la demanda, reconocido por ambas partes) se indica que el inmueble arrendado se encontraba en perfecto estado y así se hizo entrega del mismo a la arrendataria, encontrándose esa misma hoja rubricada a su pie por la propia arrendataria, sin que consten en fechas próximas a la firma del citado contrato objeción alguna sobre el particular por parte de la hoy demandada.

También se opone por la demandada que causó baja como profesional autónoma en julio de 2023. Sin que se discuta dicha circunstancia, lo cierto es que la misma no es óbice para el pago de la renta pactada entre tanto se continúa por la demandada disfrutando de la posesión del inmueble que se le ha cedido en arriendo.

Señala también la parte demandada la existencia de resolución dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Murcia de fecha 24/01/2024, en virtud de la cual se le concede el conocido BEPI o beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. En cambio, no puede desconocerse que dicho beneficio se concede, y así se pronuncia la parte dispositiva del meritado auto, para las deudas existentes a fecha de su dictado, esto es, 24/01/2024, pero no para las que se generen con posterioridad a dicha fecha. En este caso, para las rentas posteriores, es decir, las que se devengan desde febrero de 2024 a la actualidad (junio de 2024), no resulta de aplicación el citado beneficio, siendo por ello por lo que, sin constar la restitución de la posesión del inmueble arrendado, y estando fijada la renta mensual en 1.550,00 EUROS, resulta una cantidad adeudada de 7.750,00 EUROS (febrero a junio de 2024 a. i.). Pues, la demandada ha venido manifestando que desde julio de 2023 ya no ostenta la posesión del inmueble arrendado y que ha intentado en repetidas ocasiones sin éxito devolver las llaves al demandante; sin embargo, una vez más nos encontramos ante meras manifestaciones carentes de respaldo probatorio, toda vez que no consta en autos un mínimo indicio de este intento de restitución de la posesión del inmueble al hoy actor.

Toda vez que ha resultado acreditada la falta de pago de determinadas rentas de alquiler por la demandada, ello determina que proceda el desahucio.

Por todo lo anterior, procede la condena de la parte demandada al abono de las cantidades correspondientes a los meses que ha estado disfrutando del uso de la nave sin abonar contraprestación alguna, por lo que la continuación en el uso determinará la obligación del pago de la mensualidad de renta por la ocupación efectiva, hasta la entrega de la posesión efectiva al actor a razón de 1.550,00 EUROS al mes, tal y como se desprende del contrato de arrendamiento obrante en autos.

Desde luego, el mantenimiento en el uso de la nave industrial y el impago de las cantidades supone un incumplimiento contractual con alcance resolutorio, al amparo del art. 27 LAU, por remisión del art. 35 LAU, al tratarse de un contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda.

En total, siguiendo lo anterior, la cuantía reclamada por el actor asciende a 7.750,00 EUROS, que corresponde a las mensualidades impagadas de febrero a junio de 2024, tal y como se desprende del contrato del que dimanan las presentes, acompañado como doc. núm. 2 de la demanda.

CUARTO.-Según establece el art. 1.101 CC, quedan sujetos a la indemnización por daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de su obligaciones incurriesen en morosidad, y dicha indemnización, al tratarse del pago de una cantidad de dinero, se traduce, a tenor de lo dispuesto en el art. 1.108 CC, en el pago del interés pactado o, a falta de este, en el legal, que se devengarán desde que son reclamados judicialmente.

Los intereses por la mora procesal se imponen de oficio, ex art. 576 LEC.

QUINTO.-Al amparo del art. 394 LEC, las costas de este proceso se imponen a la parte demandada.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación,