Sentencia Civil 522/2024 Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza nº 1, Rec. 730/2023 de 05 de septiembre del 2024

PRIMERO.- Reclama la parte actora la cantidad de 16.185,60 euros a que, según afirma en la demanda, asciende el saldo deudor del contrato de préstamo empresarial tipo fijo con garantía ICO con número de contrato de préstamo suscrito el 12 de junio de 2020 y vencimiento el 30 de junio de 2025 por Dª Sofía, Dª Verónica, siendo fiadores Dª María Angeles y D. Erasmo, en el que se establecía la conformidad de las partes en dejar condicionada la eficacia y la puesta en vigor del préstamo empresarial, pactándose que la parte prestataria se obligaba a reintegrar el saldo deudor, una vez practica la liquidación de los intereses, comisiones y gastos a la fecha de su vencimiento y que no obstante la duración pactada, se convino que el Banco podría considerarlo vencido de pleno derecho y exigibles la totalidad de las obligaciones de pago contraídas por los prestatarios, en el supuesto de falta de pago en las fechas contractualmente previstas; que la parte prestataria ha dejado de hacer frente a su obligación principal, como es el pago de las cuotas del préstamo en la forma convenida, desde el 30 de junio de 2022 y las siguientes, procediendo el Banco de acuerdo con lo pactado a declarar vencida la obligación en fecha 30 de marzo de 2023, adeudando la cantidad reclamada 16.185,60 euros que se corresponde a capital, 11.956,85 euros; capital pendiente de vencer, 3.580,42 euros, intereses ordinarios, 29,89 euros, intereses de demora, 366,44 euros y comisiones, 252 euros. Ejercitando la acción de resolución contractual y la consiguiente pérdida del beneficio del vencimiento a plazos, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1.124 CC interesa que se condene a la parte demandada al pago de la cantidad de 16.185,60 euros, y, con carácter subsidiario, la condena al pago del importe de 4.198,86 euros, más intereses legales.

Los demandados alegan la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, respecto a Garsan SC como prestatario, y la suspensión y/o archivo de la tramitación del procedimiento por la situación concursal de Dª Sofía y Dª Verónica, excepciones desestimadas en la audiencia previa. En segundo lugar, opone la condición de consumidor de los fiadores D. Erasmo y Dª María Angeles, por lo que, al carecer de vinculación funcional con la sociedad civil Garsan, no deberían responder de las deudas de la sociedad, al tener la condición de consumidores. En cuarto lugar, respecto de la póliza de préstamo, hace constar que se concedió al amparo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de que contaba con el aval amparado en una de las líneas referidas en el art. 29 del Real Decreto- ley 8/2020 con el objeto de atender necesidades de liquidez para hacer frente a los efectos económicos del COVID-19, oponiendo por ello Dª Sofía y Dª Verónica la abusividad de las comisiones de la estipulación 2ª del contrato relativas a comisión de apertura y comisión de posición deudora. Respecto de D. Erasmo y Dª María Angeles, opone la falta de eficacia la cláusula de afianzamiento de la cláusula 16ª del condicionado general por su falta de transparencia, y por suponer una desproporción entre las garantías pactadas y el riesgo asumido por el acreedor, siendo desconocedores de que el préstamo ICO estaba avalorado en un 80%, ya que en el contrato se estableció que los fiadores garantizaban la totalidad de la operación, por lo que la cláusula de afianzamiento debe ser nula por abusiva, o por falta de consentimiento, con la declaración de nulidad del contrato de afianzamiento. En último lugar, que la responsabilidad de los fiadores se limite al 20% del importe total del capital concedido. Además, considera la nulidad por abusivas de las cláusulas de comisión de apertura, de reclamación de cuotas impagadas, de interés de demora y pacto de anatocismo.

SEGUNDO.- Expuestas las posiciones jurídicas de las partes sobre los hechos controvertidos, ya resueltas en la audiencia previa la excepción de litisconsorcio pasivo necesario y la suspensión por la situación concursal de las demandadas, deben resolverse, en primer lugar, los motivos de oposición de las prestatarias, como es que la cláusula 2ª, respecto de las comisiones, que deben eliminarse porque no cumplen el control de incorporación previsto en el art. 5.5 LCGC.

Motivo de oposición que debe valorarse conforme a la consideración de que el demandado no pueda oponer el carácter abusivo de dicha cláusula, pues actuó dentro del ámbito mercantil correspondiente a su actividad profesional, pues se trata de una póliza de préstamo mercantil con amortizaciones constantes, indicando la estipulación general primera del préstamo que su abono se destinaría a operaciones mercantiles. Por tanto, el motivo de oposición alegado no puede ampararse en la abusividad y desproporción del incumplimiento contractual opuesto, pues el demandado no es tributario de la específica tutela de los consumidores, pues dicha tutela se perfila en el art. 3 del T.R. de la LGDCU con relación al "ámbito ajeno a un actividad empresarial o profesional", actuando y contratando la parte demandada por y para su actividad negocial con lo que la contratación con la actora no era un " acto de consumo" protegido por la legislación específica mencionada, desestimándose, por ello, dicho motivo de oposición.

TERCERO.- Desestimados los motivos de oposición respecto de los prestatarios, debe examinarse los opuestos por las fiadores, como son que el contrato accesorio de fianza no cumple con los controles de inclusión y de transparencia, siendo abusiva la cláusula 16ª, que el contrato de fianza es abusivo, conforme al art. 88.1 TRLGDCU, por ser una sobre garantía desproporcionada con respecto al riesgo de la entidad bancaria, y, en último lugar, la anulación del contrato por haber prestado los fiadores el consentimiento por error, o, en su caso, se declare que la responsabilidad de los fiadores es el 20% del importe total del capital concedido.

En primer lugar, para resolver el carácter abusivo de la cláusula nº 16 del contrato, por no cumplir los controles de inclusión y de transparencia, se tiene en cuenta lo establecido en las sentencias del Tribunal Supremo 56/2020, de 27 de enero, y 101/2020, de 12 de febrero, que establecen; "dada la subsunción de los contratos de fianza en que el fiador actúe como consumidor en el ámbito de la Directiva 13/93/CEE, cabe la posibilidad de extender los controles de incorporación y transparencia material a las cláusulas de los contratos de fianza y, entre ellas, a la cláusula de renuncia de los beneficios de excusión, orden y división (arts. 1831 y 1837 ), en cuanto afectantes a las obligaciones de pago del fiador, en conexión con las normas vigentes en cada momento sobre las obligaciones de información en la fase precontractual (claramente reforzadas, en particular respecto de los garantes, en la reciente Ley 5/2019, de15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario), la claridad de su redacción, y el tratamiento secundario o no dado a la misma en el contrato, a fin de permitir el conocimiento por el fiador de las consecuencias jurídicas y económicas de la cláusula (cfr. STS 314/2018, de 28 de mayo ), aunque en este caso la finalidad de dicha información no estanto permitir comparar ofertas - pues en puridad en la fianza gratuita no hay prestación correspectiva a cargo del acreedor -, cuanto permitir al fiador conocer el alcance del riesgo asumido".

Es decir, como concluíamos en la sentencia 820/2021, de29 de noviembre , "lo determinante para la transparencia de una cláusula (pacto) de esta naturaleza es que el fiador comprenda su carga jurídica y económica, es decir, que sea consciente de que, si el deudor principal no paga, responderá en sus mismas condicionesy el acreedorpodrá dirigirsecontraélporlatotalidad de ladeuda pendiente".

Con base a dicha doctrina jurisprudencial, se considera por quien juzga que el pacto de fianza litigioso supera los controles de incorporación y transparencia, ya que la cláusula décimo sexta se encabeza con una rúbrica breve e inequívoca,

"Constitución de garantía y obligación solidaria", y al ir en negrita se resalta con toda claridad. Está redactada en términos claros, la exposición no es farragosa ni innecesariamente extensa u oscura:

"a) El/Los Fiador/es consignado/s en el apartado correspondiente garantiza/n al Banco el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por el/los beneficiario/s del préstamo en este contrato, constituyéndose en consecuencia, mientras no quede reembolsada la operación, en fiador/es solidario/s del/de los Prestatario/s con igual carácter solidario entre sí y con renuncia expresa a los beneficios de orden, excusión y división y cualesquiera otros que con carácter general o particular pudiera/n corresponderle/s con arreglo a lo dispuesto en los artículos 439 y siguientes del Código de Comercio y 1.144 , 1.822 , 1.831 , 1.837 y concordantes del Código Civil , relevando además al Banco de toda notificación por falta de pago del/de los beneficiario/s del préstamo. No obstante el/los Fiador/es podrá/n solicitar al Banco, en cualquier momento, la información necesaria para la determinación del importe a que asciende las obligaciones garantizadas".

Por tanto, se debe considerar la validez de la cláusula litigiosa, en cuanto delimitadora del compromiso obligacional del fiador, como contenido esencial de garantía, estando delimitado de forma correcta, sin que su conocimiento y posibilidad de comprensión quede dificultada por la extensión, oscuridad o lo farragoso de su contenido, como puede suceder en el caso de otros contratos más complejos.

En segundo lugar, la oposición relativa a que el contrato de fianza resulte abusivo, conforme al art. 88.1 TRLGDCU, por ser una sobre garantía desproporcionada con respecto al riesgo de la entidad bancaria. Cuestión ya resuelta con la valoración de la abusividad de la cláusula nº 16 del contrato, respecto de que el alcance del compromiso obligacional del fiador está delimitado de forma concreta, en cuanto establece la cláusula, en su letra a), la garantía del fiador del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por los beneficias del préstamo, constituyéndose en fiador solidario del prestatario mientras no quede reembolsada la operación, con renuncia expresa a los beneficios de orden, excusión y división, así como, letra b), la obligación solidaria entre los prestatarios y con los fiadores.

Por tanto, ante dicha redacción, la consideración de sobre garantía desproporcionada con respecto al riesgo de la entidad bancaria no se verifica de la redacción de la garantía, en cuando define el concepto de garantía de fiador con obligación solidaria respecto del contenido obligacional del fiador y el contenido esencial de garantía.

El tercer motivo de oposición es la existencia de cláusulas abusivas que afectan a la liquidación presentada y que son aplicadas en la liquidación de la deuda reclamada frente a los fiadores, concretadas por los demandados en la comisión de apertura y por reclamación de cuotas impagadas, y en el interés de demora y pacto de anatocismo. Posibilidad de abusividad que la parte actora niega ante la condición, no como consumidor, sino como profesional que se debe otorgar a los fiadores demandados.

Sobre esta cuestión, la vinculación funcional de los fiadores con el deudor principal, a efectos de su calificación como consumidores, se sigue el criterio del Tribunal Supremo en diversas sentencias (594/2017, de 7 de noviembre; 314/2018, de 28 de mayo; 414/2018, de 3 de julio; y 203/2020 y 204/2020, ambas de 28 de mayo). Las cuales, a su vez, se basaban en los pronunciamientos del TJUE en la materia (básicamente,

STJUE de 3 de septiembre de 2015, asunto C110/14, Costea; ATJUE de 19 de noviembre de 2015, asunto C-74/15, Tarcau; ATJUE de 14 de septiembre de 2016, asunto C-534/15, Dumitras; y ATJUE de 27 de abril de 2017, asunto C-535/16, Bachman), con las siguientes reglas;

a) Cuando el fiador es administrador o gerente de la persona jurídica deudora principal no puede tener la condición de consumidor, porque tiene vinculación funcional con dicha persona jurídica y, por tanto, con la operación financiera o crediticia.

b) Si el fiador tiene una participación significativa en la sociedad deudora, también tiene vinculación funcional y no puede ser consumidor.

c) Cuando el fiador es cónyuge en régimen de gananciales del deudor principal, tampoco es consumidor, porque responde de las deudas comunes y puede que participe de los beneficios de la sociedad en forma de dividendos, lo que supone vinculación funcional con la sociedad mercantil.

d) Cuando el fiador persona física no tiene cargo orgánico o societario alguno que le vincule con la sociedad deudora, no tiene una participación significativa en dicha sociedad, no responde de las deudas de su cónyuge en régimen de separación de bienes y no desempeña actividad profesional relacionada con la operación afianzada, sí puede tener la cualidad legal de consumidor.

En el presente caso debe estarse ante la última posibilidad, ya que los fiadores no tienen cargo orgánico ni societario, ni participación en la misma ni desempeñan actividad relacionada con la operación afianzada, por lo que deben tener la condición de consumidores a los efectos del examen del carácter abusivo de las cláusulas alegadas.

En primer lugar, la comisión de apertura, fijada en 200 euros, conforme a la estipulación general segunda, respecto al importe total del capital de 20.000 euros.

Para resolver la posible nulidad de dicha cláusula se sigue lo dispuesto en la sentencia nº 308/23 de la Secc. 5ª de la A.Pl de Zaragoza, de 10 de julio de 2023, en su fundamento de derecho tercero, donde valora lo resuelto por el TJUE en su sentencia de 16 de marzo de 2023, haciendo referencia en el fundamento de derecho cuarto a la sentencia del Tribunal Supremo nº 816/23, de 29 de mayo, para la valoración del caso concreto.

Para determinar la abusividad de la cláusula se sigue lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo 44/2019, de 23 de enero, en los términos interpretados por la Secc. 5ª de la A.P. de Zaragoza, como es la sentencia 367/2023, de 20 de septiembre de 2023, que establece el examen individualizado en cada caso, la necesidad de que su redacción esté resaltada y resulte clara, mediante una lectura comprensiva, que consista en un pago único e inicial, que no haya solapamiento de comisiones por el mismo concepto y que exista proporcionalidad del importe que, según las estadísticas del coste medio de comisiones de apertura en España accesibles en internet, dicho coste se situó entre 0,25% y 1,50%.

En el presente caso, la redacción de la comisión de apertura, en el préstamo de 15 de junio de 2020, se sitúo en el 1 por ciento sobre el capital prestado, pagadera por una sola vez a la formalización de dicha subrogación, sin necesidad de aviso ni reclamación, por importe de 200 euros respecto del capital total de 20.000 euros.

De la redacción de las comisiones se verifica que se cumplieron los requisitos de transparencia bancaria de la comisión, como retributiva de los gastos de estudio, concesión o tramitación del préstamo hipotecario, que los términos de la cláusula resultan claros, mediante una lectura comprensiva, de que consiste en un pago, sin que haya solapamiento de comisiones por el mismo concepto y, en último término, la proporcionalidad del importe en el 0,50% y el 1%, conforme al importe del préstamo, que se encuentra en el límite mencionado en la sentencia del Tribunal Supremo, por lo que no resulta desproporcionado, lo que impide que se obtenga el pronunciamiento de su abusividad.

La siguiente comisión sobre la que se pide la nulidad por abusiva es la de reclamación de cuotas impagadas, por importe de 39 euros.

Sobre la validez de esta cláusula, se sigue lo dispuesto en la sentencia de la Secc. 5ª de la A.P. de la Zaragoza nº 499/2021, de 26 de abril, en cuanto establece que "El Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de octubre de 2019, tal y como expone la sentencia recurrida, señala que, conforme a la normativa sectorial, para que las entidades puedan cobrar comisiones a sus clientes deben cumplirse dos requisitos: que retribuyan un servicio real prestado al cliente y que los gastos del servicio se hayan realizado efectivamente.

Bajo estas dos premisas, las entidades bancarias no pueden cobrar por servicios que no hayan solicitado o aceptado los clientes, que deberán haber sido informados personalmente y por anticipado del importe que van a tener que pagar por ese servicio.

Recuerda el Alto Tribunal que, según el Banco de España (Memoria del Servicio de Reclamaciones de 2009) "para que sea acorde con las buenas prácticas bancarias debe reunir los siguientes requisitos mínimos:

(i) el devengo de la comisión está vinculado a la existencia de gestiones efectivas de reclamación realizadas ante el cliente deudor;

(ii) la comisión no puede reiterarse en la reclamación de un mismo saldo por gestiones adicionales realizadas por la entidad con el mismo fin, ni siquiera cuando, en el caso de impago en el tiempo, este se prolonga en sucesivas liquidaciones;

( iii) su cuantía debe de ser única, no admitiéndose tarifas porcentuales;

(iv) no puede aplicarse de manera automática".

Aplicado dicho criterio al caso enjuiciado, resulta que la comisión por reclamación por posiciones deudoras no tiene en cuenta la cantidad impagada, pues se reclama sea cual sea el importe y el tiempo de impago, sin que esté asociada a una actuación de reclamación, ya que la comisión se cobra por estar la cuota impagada, haya o no reclamación, cobrándose tantas veces como situaciones de impagos se produzcan, no siendo necesario realizar un servicio para su cobro, lo que genera la consideración como abusiva de la comisión por reclamación de posiciones deudoras, declarándose su nulidad en los términos opuestos por el demandado.

La tercera nulidad por abusividad sería del tipo de interés de demora, fijado en la póliza en la condición general 9ª, respecto del interés anual de demora al tipo del veintisiete por ciento anual. Aplicación de dicho tipo de interés que se verifica a tenor del certificado del saldo deudor del documento nº 13 de la demanda, por el importe de 366,44 euros.

Al respecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril del año 2.015 recuerda los siguientes casos legales a efectos de calcular el % de interés de demora, que, sobre el capital pendiente de pago, puede exigirse al consumidor sin que los mismos puedan ser calificados como abusivos:

- El art. 1108 del Código civil prevé como interés de demora, para el caso que no exista pacto entre las partes, el interés legal.

- En materia de crédito al consumo, el art. 20.4 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (LCGC), establece, para los descubiertos en cuenta corriente en contratos concertados con consumidores, un interés máximo consistente en una tasa anual equivalente de dos veces y media el interés legal.

- El nuevo párrafo tercero del art. 114 de la Ley Hipotecaria (LH), prevé que "los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de la vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago."

- El art. 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro (LCS) prevé como interés de demora para las compañías aseguradoras el consistente en incrementar en un cincuenta por ciento el tipo de interés legal, que pasados dos años no puede ser inferior al 20% anual.

- El art. 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, dispone un interés de demora de 7 puntos porcentuales por encima del tipo del BCE.

- Por último, el art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), a falta de pacto entre las partes o de disposición especial de la ley, establece como interés de demora procesal el resultante de adicionar dos puntos porcentuales al interés legal del dinero.

Repasadas las anteriores disposiciones, el Tribunal Supremo extrae la conclusión de que en el caso de los contratos de préstamo personales con consumidores y sin garantía real, el interés de demora establecido en cláusulas no negociadas debe consistir, para que no resulte abusivo, en un porcentaje adicional que no debe ser muy elevado dado que la ausencia de garantías reales determina que el interés remuneratorio sea ya más elevado que en los préstamos con garantía. Y para estos préstamos, el incremento de dos puntos porcentuales previsto en el art. 576 LEC, para fijar el interés de demora procesal es el criterio más idóneo. De modo que el Tribunal Supremo considera abusivo un interés de demora que suponga un incremento en más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado.

En cuanto al efecto de la declaración la repetida sentencia del Tribunal Supremo, corrigiendo en este punto una anterior sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, entiende que éste no puede consistir en la supresión de todo tipo de interés, sino sólo de la parte específica del interés de demora, subsistiendo el remuneratorio

De lo anteriormente expuesto, resulta abusivo un interés de demora consistente en aplicar el 27% nominal anual. Dicho interés de demora se considera abusivo por cuanto es una cláusula no negociada, impuesta unilateralmente por la entidad que genera un desequilibrio para el consumidor, incumpliendo la normativa protectora de los consumidores y usuarios existente en nuestro ordenamiento jurídico. A mayor abundamiento, dicho interés de demora contradice la vigente doctrina de nuestro alto Tribunal por superar el límite establecido en el artículo 576 de la LEC, al ser superior en tres veces el interés legal del dinero, toda vez que en el año en el que se pactó el préstamo, esto es en el año 2.020, se estableció el tipo de interés legal del dinero en el 3% anual, mientras que el interés de demora lo fijaba en el 27%.

Tal y como consta en la referida sentencia del Tribunal Supremo, la consecuencia directa de declarar abusiva la cláusula de intereses moratorios es la subsistencia o aplicación del interés remuneratorio, sin la aplicación de la cláusula de interés de demora.

Y, en último lugar, la nulidad del pacto de anatocismo. La parte demandada considera que, como consumidor, no se le ha informado de la capitalización de intereses, ni en oferta vinculante, por lo que la cláusula afecta al sistema de amortización, que no es transparente, causa desequilibrio importante en perjuicio del consumidor.

Valoración de nulidad de la cláusula de anatocismo que se realiza conforme a lo establecido en la sentencia de la Secc. 5ª de la A.P. de Zaragoza nº 52/22, de 13 de enero, que resume su doctrina sobre el anatocismo, cuya conclusión no debe aplicarse al presente al no haberse aportado por la parte demandante el cuadro de amortización relativo al préstamo que permita verificar la aplicación del pacto de anatocismo, esto es, que la cuota, a partir de un momento determinado, no cubre todo el importe de intereses que se devenga, y los que restan por pagar se acumulan al capital, que sigue creciendo a pesar de las amortizaciones, lo que impide considerar la abusividad demandada.

En último lugar, el motivo de oposición basado en la anulación del contrato por haber prestado los fiadores el consentimiento por error, o, en su caso, se declare que la responsabilidad de los fiadores es el 20% del importe total del capital concedido.

Cuestión que se valora en relación al préstamo, concedido al amparo del RD-Ley 8/2020 que establecía una línea de avales para autónomos y empresas para paliar los efectos económicos de la crisis del COVID19, el cual contaba con la garantía del Instituto de Crédito Oficial en cuanto a un 80% del importe del préstamo, siendo ésta una condición para su concesión y así la estipulación adicional primera del Anexo nº 2 a la póliza nº NUM000, aportada con la demanda, que establece que el abono por el Banco de la financiación al Cliente quedaba sujeta al cumplimiento de la condición suspensiva de que el ICO confirme al Banco que concede el aval solicitado y que, por tanto, queda acogida la operación bajo el amparo del Contrato Línea ICO.

Por tanto, resulta aplicable lo dispuesto en el RD Ley 5/21 de 12 de marzo en su artículo 11.7: "Las entidades financieras habrán de informar adecuadamente a sus clientes sobre su adhesión o no al Código de Buenas Prácticas y la posibilidad de acogerse a lo dispuesto en el Código. Esta información habrá de facilitarse especialmente a través de su red comercial de oficinas en la forma y en los términos que se recojan en el propio Código de Buenas Prácticas".

Previsión legal que debe trasladarse al presente caso en base a la información que la entidad bancaria proporcionó a la parte demandada para la suscripción de la póliza litigiosa, valorándose su contenido como el habitual en un préstamo bancario, con indicación de los intervinientes, condiciones específicas (capital, entrada en vigor, entrega del capital, vencimiento final, plazo de carencia, intereses, comisiones y gastos, TAE...) pero sin hacer mención alguna en ellas ni en las Condiciones Generales o Particulares al préstamo ICO, que figuran al final de la póliza, en el Anexo 2, donde se desarrolla el contrato Línea ICO Avales Covid-19, reconociéndose por los fiadores demandados, conforme a su escrito de contestación, que suscribieron el préstamo por las medidas de liquidez aprobadas por el Gobierno, siendo necesario que el ICO aprobara y garantizara la operación, prestando su consentimiento para la formalización del préstamo de la línea ICO una vez aprobada la operación por la entidad Pública respecto del 80%.

Por tanto, la conclusión debe ser que los demandados dispusieron de una información precontractual suficientemente que les permitió conocer que la intervención del ICO avalando el 80% del préstamo, con la consecuencia de que formalizaron el préstamo en los términos indicados en el contrato y con la particularidad de la intervención, en dicha garantía del ICO, En consecuencia, no se aprecia un error invalidante del consentimiento prestado que determine la nulidad o anulabilidad del contrato, pero sí que la responsabilidad de los codemandados como avalistas, debe quedar por lo expuesto limitada al 20 % de la deuda dada la escasa información facilitada y que no ha sido desarrollada con mayor detalle, como sería el empleado de la demandante que negoció el préstamo, a los efectos de informar que la responsabilidad de los demandados sería del 100% del capital del préstamo, correspondiendo a la entidad bancaria la carga de la prueba de que hubiera una información específica y suficiente, en virtud del artículo 271.7 de la LEC y si se afirma que la información ha sido insuficiente, quien sostenga su suficiencia es precisamente la gravada con la carga de su prueba.

Se concluye con que no existe discrepancia en cuanto al incumplimiento del contrato de préstamo, centrándose la controversia en sí de dicho incumplimiento deriva la resolución del contrato en base al artículo 1124 del Código Civil por incumplimiento grave de sus obligaciones por la parte demandada y si en consecuencia debía darse por vencido de forma anticipada el préstamo con restitución de las cantidades reclamadas y en ese caso en qué proporción deben responder los demandados como prestataria y como avalistas; si existió vicio del consentimiento en atención a la información precontractual que recibieron los avalistas de la entidad bancaria demandante.

Respecto a la acción de resolución de contrato que se ejercita conforme al artículo 1.124 en relación con el artículo 1.129 del Código Civil, en nuestro ordenamiento jurídico el art. 1.129 CC prevé expresamente la posibilidad de que el acreedor pueda reclamar la totalidad de lo adeudado, antes del vencimiento del plazo pactado, cuando el deudor «pierde» el derecho a utilizar el plazo; y el art. 1.124 del mismo Código permite la resolución de las obligaciones bilaterales en caso de incumplimiento. La actora basa la reclamación de la totalidad del préstamo no en la aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado sino en el ejercicio de la acción de resolución de contrato conforme al artículo 1.124. En el presente caso el capital del préstamo suscrito el 15 de junio de 2020 ascendía a 20.000 € y su vencimiento estaba fijado el 30 de junio 2025. Del Acta de liquidación de saldo resulta un saldo deudor a fecha de liquidación 30 de marzo de 2025 de 16.185,60 euros que se corresponde a principal vencido, 3.580,42 euros; intereses ordinarios, 29,89 euros, intereses de demora, 366,44 euros, y comisiones/gastos, 252 euros, siendo el principal pendiente de vencimiento de 16.185,60 euros. Por tanto, se trata del incumplimiento en el en el segundo periodo de duración del contrato, que tenía una duración de cinco años y cuando se da por vencida la obligación en marzo de 2023 se había dejado de atender el pago de nueve cuotas siendo la última cuota pagada de mayo de 2022, como resulta del cuadro de liquidación. En tales condiciones cabe entender que se ha producido un incumplimiento que cabe entender como falta de atención a las obligaciones esenciales del contrato justificativa de una resolución contractual por incumplimiento de una obligación esencial, art 1.124 CC, y que es suficiente para determinar el vencimiento anticipado por la sola voluntad de la entidad prestamista, por lo que se acredita tanto la existencia del contrato de préstamo como el incumplimiento por la parte prestataria de las obligaciones de pago asumidas en él.

Incumplimiento que en el caso de los fiadores se debe limitar al 20%, respecto del importe del capital no vencido, cuotas impagadas y comisión de apertura, ante la abusividad de los intereses de demora y comisiones/gastos, por el importe total de 15.767,16 euros, que supone el importe de 3.153,43 euros, más intereses legales, desestimando en consecuencia respecto de ellos la demanda en la parte correspondiente al 80% de la deuda por razón de la concurrencia del aval de ICO por dicha cuantía.

CUARTO.- A tenor de lo dispuesto en el art. 394-1º de la L.E.C. respecto a las costas, al producirse una estimación parcial de la demanda, no se realiza expresa imposición.

Vistos los preceptos legales citados y demás aplicables.