Sentencia Civil 504/2025 Juzgado de Primera Instancia de Burgos nº 8, Rec. 679/2025 de 15 de septiembre del 2025

Primero.Ejercitó la parte actora una acción de desahucio de trastero por expiración contractual y reclamación de cantidad en aplicación de lo establecido en los artículos 3.1, 4.3 y 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, así como lo establecido en los artículos 1.091, 1.100, 1.124, 1.281, 1.565, 1.569 y 1.581 del Código Civil. Se alega por la demandante que, siendo la propietaria del trastero DIRECCION000 de Burgos, con fecha de 21 de julio de 2.023 formalizó un contrato de arrendamiento con la demandada, contrato pactado inicialmente por un plazo de un mes, renovándose automáticamente, sin perjuicio de la posibilidad de resolución siempre que se avisara con 15 días de antelación, pactándose una renta de 55 euros más IVA.

Continuaba la actora señalando que, habiendo comunicado con fecha 22 de enero de 2.025 a la demandada su intención de vender el trastero ofreciéndole la posibilidad de compra, la demandada no contestó, habiendo sido imposible contactar con ella, solicitando la resolución del contrato, devolución del trastero así como la cantidad de 66,55 euros adeudados a fecha de presentación de la demanda más las cantidades que se pudieran devengar hasta la definitiva entrega más intereses.

La parte demandada pese a su válido emplazamiento no contestó a la demanda, siendo declarada en situación procesal de rebeldía.

Segundo.El artículo 1.091 establece que: "las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos",sentando la regla básica de la contratación, esto es, el pacta sunt servanda, dentro de los límites de la autonomía de la voluntad, marcados por los artículos 1.255 que señala que "los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral y al orden público"y el artículo 1.258 que añade que "los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la Ley".

En el caso que nos ocupa, se reclama por la propiedad la resolución del contrato de arrendamiento de trastero formalizado entre las partes con fecha 21 de julio de 2.023 (documento nº 4 de la demanda), por expiración de plazo, así como la entrega de las rentas pactadas desde el mes de marzo de 2.025 hasta la entrega definitiva del mismo y frente a dicha reclamación, correspondía a la parte demandada probar o acreditar cualquier hecho que impidiera el éxito de ambas acciones.

Tercero.El artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala.

"La declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo en los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario."

Tal y como ha señalado de forma reiterada la doctrina del Tribunal Supremo, en nuestro derecho, la rebeldía de la demandada, no equivale a su allanamiento a la pretensión actora, sino que subsiste en el actor la carga de acreditar los hechos fundamentales en los que basa su pretensión. Ahora bien, de ello no puede derivarse la concesión al demandado rebelde de una suerte de privilegio procesal, de modo que se imponga al demandante el peso de demostrar exhaustivamente y por prueba directa cada uno de los hechos alegados en la demanda, exigiéndole no ya una "probatio" diabólica, sino una acreditación imposible a falta de una colaboración y lealtad procesal siempre exigible a quienes acudan, o abdican de dicha facultad, como litigantes ante la Administración de Justicia. Ciertamente, ello no implica que se tolere en el actor una especie de relación probatoria, dejando de demostrar aquellos hechos cuya demostración estaba en su mano, sino simplemente de advertir que existen elementos fácticos que la realidad social impone que no están a su alcance en determinados casos y que, además, se ven dificultados por la postura renuente del accionado. A ello cabe añadir que, cuando la rebeldía es voluntaria y en la demanda inicial se acompañan documentos acreditativos de los hechos que en la misma se relatan, los mismos puedan ser tomados en consideración con relevancia decisoria, por no impugnados, cuando la lealtad procesal así lo imponía.

Pues bien, en el presente caso, la situación de rebeldía procesal de la parte demandada, es voluntaria, toda vez que la demanda fue notificada personalmente a D. ª Macarena el día 12 de junio de 2025. Por lo tanto, ante la existencia de documentación suficiente por parte de la demandante, al no haberse demostrado por la demandada hecho negativo o impeditivo alguno, frente a la acción ejercitada, procede acordar la estimación de la demanda presentada en los términos solicitados, declarando resuelto el contrato de arrendamiento firmado entre las partes, con la obligación de la parte demandada de abandonar la posesión del inmueble a la notificación de la presente sentencia, y, en todo caso ante la firmeza de la misma el día fijado por el SCACE de los Juzgados de Burgos y, condenando a la demandada al pago de las rentas pactadas desde el mes de marzo de 2.025 hasta la entrega de la finca.

Cuarto.En relación con los intereses reclamados, el artículo 1.101 del Código Civil establece:

"Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquélla."

Y el artículo 1.108 del mismo texto civil señala:

"Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal."

A la vista del contenido de la demanda, procederá condenar a la demandada al pago del interés legal de la cantidad objeto de condena desde la presentación de esta demanda, aplicándose con posterioridad, el interés legal del artículo 576 de la L.E.C.

Quinto.El artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala:

"En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho."

La íntegra estimación de la demanda, implicará la condena al pago de las costas a la parte demandada.

Vistos los artículos legalmente citados y demás de pertinente y general aplicación al caso