Encabezamiento
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3
PALMA DE MALLORCA
SENTENCIA: 00130/2021
Modelo: N30090
PLAÇA DES MERCAT Nº 12
Teléfono:971-71-20-94 Fax:971-22.72.20
Correo electrónico:audiencia.s3.palmademallorca@justicia.es
Equipo/usuario: CHM
N.I.G.07026 42 1 2020 0000331
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000668 /2020
Juzgado de procedencia:JDO. PRIMERA INSTANCIA N.4 de EIVISSA
Procedimiento de origen:JVB JUICIO VERBAL 0000064 /2020
Recurrente: POLICLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, S.L.
Procurador: ALBERTO VALL CAVA DE LLANO
Abogado: JAIME RIUTORD RAMIS
Recurrido: ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA
Procurador: YOLANDA BETRIAN DIEZ
Abogado: CRISTINA TUR SANZ
ROLLO DE SALA Nº 668/20
S E N T E N C I A Nº 130
En Palma de Mallorca, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno.
El Ilmo. Sr. Magistrado de esta Audiencia Provincial Don Carlos Izquierdo Téllez, en grado de apelación, ha visto los presentes autos de juicio verbal seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de los de Eivissa, bajo el número 64/20, Rollo de Sala núm. 668/20,entre POLICLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, S.L. como parte actora apelante, representada en esta alzada por el el/la Procurador/a de los Tribunales Don/Doña Alberto Vall Cava de Llano, y asistida por el/la Letrado/a Don/Doña Jaime Riutrod Ramis, y como parte demandada y apelada, Zurich Insurance LTD, Compañía de Seguros y Reaseguros, representada por el/la Procurador/a de los Tribunales Don/Doña Yolanda Betrian Díez, y asistida del/a Letrado/a Don/Doña Cristina Tur Sanz.
Antecedentes
PRIMERO.-Por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de los de Eivissa se dictó sentencia en fecha 11 de septiembre de 2020 en los referidos autos, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
'Que debo estimar y estimo, parcialmente, la demanda interpuesta por la mercantil POLICLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO S.L., representado por el procurador de los Tribunales, D. Alberto Vall Cava de Llano, en ejercicio de acción de reclamación de cantidad dimanante de responsabilidad extra-contractual, contra la entidad aseguradora: ZURICH INSURANCE, LTD, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada por la procuradora de los Tribunales, Dª. Yolanda Betrian Díez, condenando a la demandada, al pago a la actora en la suma de 1.774,00 € (MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS), en concepto de gastos médicos.
Esta cantidad no devengara los intereses del art. 20 de la LCS . Si procede el devengo de los intereses de demora, ex arts. 1101 y 1108 del CC , al haber sido instados, estos últimos, expresamente.
No procede la imposición de condena en costas a ninguna de las partes, acordándose de oficio las procesales, y debiendo abonar cada una de las partes las causadas a su costa'.
SEGUNDO.-Contr a la expresada sentencia, y por la representación de la parte demandante, se interpuso recurso de apelación. Recibido el juicio verbal en esta Audiencia Provincial, se procedió al reparto del asunto con arreglo a las disposiciones establecidas para esta Sección Tercera, correspondiendo el turno al magistrado Don Carlos Izquierdo Téllez.
TERCERO.-El presente proceso es un juicio verbal por razón de la cuantía por lo que, con arreglo a lo previsto en el artículo 82.2.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Audiencia se constituye con un solo Magistrado para la resolución del recurso de apelación.
Fundamentos
Se aceptan los de la sentencia de primera instancia en cuanto no se opongan a los que siguen.
PRIMERO.-La entidad Policlínica Ntra. Sra. del Rosario S.L. formuló demanda contra Zurich Insurance LTD, Compañía de Seguros y Reaseguros, interesando su condena al pago de la suma de 4.957,34.-€ en concepto de principal, correspondiente a los servicios médicos en su día prestados a Don Cesareo como consecuencia de las lesiones sufridas el 05.11.18 en accidente de circulación causado por vehículo asegurado en la entidad demandada; habiendo cedido el Sr. Cesareo la Policlínica demandante las acciones correspondientes para su reclamación. Solicitaba además la condena de la aseguradora demandada al pago de los intereses de demora correspondientes a dicho principal desde la fecha de siniestro, al amparo del artículo 20.3 y 4 de la Ley del Contrato de Seguro -o, subsidiariamente, los intereses de demora al amparo del art. 1.108 CC desde la reclamación extrajudicial el 20.08.19 hasta la fecha de sentencia de primera instancia-, y al pago de las costas procesales.
La aseguradora demandada, sin objetar la responsabilidad de su asegurado en el accidente de tráfico ni la validez de la cesión a favor de Policlínica, se opuso parcialmente a la demanda y solicitó que se dictara sentencia estimando parcialmente la demanda y condenándosele a abonar a la actora la suma de 1778'94 €, sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes, y con los intereses legales del artículo 1108 del Código Civil desde la interpelación judicial. Entendió, en síntesis, que los precios facturados por la demandante eran abusivos y que, en su lugar, debían aplicarse los precios establecidos en la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 29.12.17 (BOIB 04.01.18) per la qual es modifica l'Ordre de la consellera de Salut i Consum de 22 de desembre de 2006 per la qual s'estableixen els preus públics que han d'aplicar els centres sanitaris de la xarxa pública de les Illes Balears per la prestació de serveis sanitaris quan hi hagi tercers obligats al pagament o usuaris sense dret a l'assistència sanitària de la Seguretat Social.
La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda y, asumiendo parte de la argumentación de la entidad demandada por entender abusividad en los precios facturados, consideró de aplicación la normativa autonómica referida y condenó a ésta al pago a la demandante de la cantidad de 1.774,00 euros de principal, más los intereses legales correspondientes -rechazando la aplicación de los previstos en el art. 20 LCS-, y no condenó en costas a ninguna de las partes.
La entidad demandante interpone recurso de apelación interesando que en esta alzada se dicte sentencia por la que, revocando la de instancia, se estime íntegramente la demanda en su día formulada, con imposición de costas a la demandada.
Por su parte, la aseguradora apelada ha interesado la desestimación del recurso y la íntegra confirmación de la sentencia apelada, con imposición de las costas de esta segunda instancia a la parte apelante.
SEGUNDO.-La alegaciones que la parte apelante expone en su escrito de recurso se dirigen a negar el carácter abusivo y excesivo de los precios facturados en su día y que actualmente reclama a la aseguradora demandada. Ampara su postura, en síntesis, en lo que al efecto resultaría de aplicarse los criterios establecidos en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal y la fijación de precios, la Resolución de la CNMC de 19 de Enero de 2017 y el derecho europeo y la consagración de precios de mercado, trayendo como ejemplo del razonamiento en el que sostener su criterio las Conclusiones del Abogado General del TJUE, Yves Bolt, sobre el 'caso Vueling'. En cuanto a los precios excesivos o abusivos por la jurisprudencia del TJUE en relación a la calificación de un precio como no equitativo/abusivo por comparación, entiende que la comparativa debe efectuarse evaluando los precios de otras empresas del mismo ámbito en el mismo mercado geográfico (Illes Balears), en lugar de establecer la comparación que efectúa la sentencia entre los precios públicos aplicados en la Orden de la Consejería de Salud y Consumo, de 22 de diciembre de 2006, y las tarifas aplicadas por la Policlínica, ya que, a su criterio, resulta totalmente errónea y carente de rigor técnico, por cuanto precio de mercado y bien público son conceptos que no pueden ser comparables, pues las tarifas del Sistema Sanitario Público son una proyección del coste que asigna la Administración a cada acto o servicio asistencial concreto, mientras que un precio privado obedece a la ley de la oferta y la demanda, y es el resultado de la interacción entre los oferentes y demandantes de un producto o servicio, sin que en el caso concreto la parte demandada haya aportado prueba alguna que demuestre que los precios aplicados por la demandada son abusivos.
Amplía su disconformidad con la sentencia apelada a otros dos aspectos: por un lado, la errónea aplicación de los precios públicos efectuada por el juzgador a quo; por otro, la falta de valoración en la sentencia de la pericial económica aportada a su instancia y justificativa de la adecuación de los precios facturados.
Comenzando por esta última cuestión, cumple traer aquí el análisis efectuado en la reciente Sentencia nº 361/20, de 24 de septiembre, de esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Balears, constituida por el Magistrado Ilmo. Sr. Don Jaime Gibert Ferragut, respecto al mismo informe pericial que el que ha sido aportado a este procedimiento. En su Fundamento de Derecho Cuarto leemos cuando a continuación se transcribe:
'La actora ha aportado un dictamen pericial con el pretende sustentar la tesis de que sus tarifas se encuentran dentro de los precios de mercado para prestaciones médicas y sanitarias equivalentes teniendo en cuenta ciertas particularidades derivadas, en última instancia, de estar ubicado el establecimiento que regenta en una isla de reducida extensión y sometida a una acusada estacionalidad. Los autores del dictamen definen el objeto de su estudio en los siguientes términos:
-Contrastar las tarifas de determinados servicios que se prestan por parte de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con los de otras entidades similares.
-Concretar ratios de beneficios inter-empresariales, a partir de la sistematización de datos de fuentes públicas y, por consiguiente, más fáciles de verificar por parte de otros investigadores.
-Determinar que, en función de los dos aspectos precedentes, la Policlínica Nuestra Señora del Rosario se encuentra en márgenes de beneficios homologables a instituciones parecidas, de forma que no existen ganancias extraordinarias de aquélla en relación a éstas últimas; y, por consiguiente, se demuestra que no hay abuso en las tarifas aplicadas a la prestación de servicios homologables.
Segu idamente se valorará el dictamen pero puede anticiparse que, de esos tres objetivos, el primero (que posiblemente fuera el de mayor utilidad para esclarecer lo que está en discusión) ha sido abordado de manera tangencial y superficialmente. El tribunal se halla ante la dificultad de determinar qué precio puede reclamar la demandante por los servicios que ha prestado y parte de la premisa de que, desde luego, no puede dejarse la cuestión exclusivamente en manos de una de las partes (en este caso, la demandante). Así pues, no puede el debate ser resuelto atendiendo al cuadro de tarifas del establecimiento sin haber constatado que esas tarifas se hallan dentro de la horquilla de precios de mercado o que, si exceden de ella, se deba a circunstancias objetivas cuya justificación quede plenamente contrastada. En consecuencia, ante la ausencia de otros elementos de referencia, se ha venido tomando el cuadro de precios públicos ya mencionados pero sin que ello suponga la consideración de que esos precios son vinculantes para la actora ni de que constituyan el término de comparación idóneo (aunque sí constituyen la única referencia que se ofrece al tribunal y, al menos, se refiere a prestaciones similares y dispensadas por establecimientos que también se ven sometidos a condiciones de insularidad y estacionalidad):
A) En el dictamen se hace hincapié en que no cabe equiparar precios públicos y privados, y que, de hecho, los primeros ni siquiera son precios en sentido estricto puesto que intervienen, en su fijación, elementos heterogéneos ajenos a las circunstancias en que la demandante desarrolla su actividad. Ahora bien, siendo esto cierto, no lo es menos que, como se viene reiterando, se carece de otros términos de comparación. Aceptando las prevenciones de los peritos, no debe soslayarse que la alternativa a esa comparación no puede ser que se permita a la actora fijar, unilateral y arbitrariamente, sin previa negociación ni aceptación, los precios que le han de ser satisfechos.
B) Se analiza también la estructura de mercado del siguiente modo: 'La estructura del mercado analizado es la de un duopolio con monopsonio. Es un duopolio puesto que solo hay dos oferentes de servicios a los accidentes de tráfico, la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y el Hospital Público de Can Misses. Por la parte de la demanda, se puede considerar que hay un único comprador de servicios, Unespa, puesto que cubre casi la totalidad de seguros de responsabilidad civil de vehículos, con la salvedad que no es propiamente Unespa quien elige el hospital para tratar el accidentado sino este último'. Sin embargo, a esto cabe objetar que UNESPA no es la única demandante de servicios médicos en Ibiza: sólo de parte de los requeridos por accidentes de tráfico, lo cual, según se pone de manifiesto en el dictamen, representa una porción reducida de la facturación de la demandante.
C) En el dictamen se compara detenidamente la rentabilidad del establecimiento con otros equiparables y se concluye que no es particularmente alta sino más bien moderada. Ahora bien, este dato no parece trascedente a los efectos de lo que está en discusión. La rentabilidad no depende sólo de que los precios sean ajustados a las circunstancias de mercado sino de múltiples factores, de modo que no cabe inferir, de que la rentabilidad sea moderada, que igualmente lo es su cuadro de tarifas.
D) La verdad es que el dictamen parece partir implícitamente de la premisa de que las tarifas son más elevadas que los precios de mercado en general ya que dirige su argumentación a tratar de justificarlo. Este planteamiento no es rechazable: si queda demostrada la existencia de razones para ello y que ese exceso no sobrepasa la medida en que quede justificado, puede ser aceptado. Así, si la insularidad constituye un elemento que puede encarecer el servicio prestado, deberá ser tenida en cuenta a la hora de tomar como elemento de comparación un establecimiento hospitalario no sujeto a ese condicionante geográfico. Ahora bien, hay que acreditar la incidencia de cada factor en el caso que se examina, y que esa incidencia es proporcional al condicionante en cuestión.
E) La primera de las circunstancias que se esgrimen como justificativas de precios más altos es el coste de personal: 'Según la encuesta de actividad anual que lleva a cabo la Federació de Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (PIMEEF), en el año 2018, la dificultad para encontrar personal cualificado resultó el factor que más afectó al desarrollo de la actividad de negocio, tal y como declaró el 51,44% de las empresas encuestadas. Dos son los motivos de peso en los que se basa esta limitación: el aumento de las contrataciones en otras localidades españolas y la dificultad de acceso a la vivienda imperante en las Pitiusas desde hace algunos años, hecho que ocasiona que los salarios que deban ofrecerse estén por encima de la media para las mismas categorías profesionales. Esto hace que, en la mayoría de las ocasiones, ante la necesidad, la empresa deba incurrir en el pago de la vivienda de dichos profesionales, especialmente si se trata de profesionales del ámbito de la medicina. No en vano, el 36,68% de las empresas encuestadas señaló a 'los costes de contratación del personal' como factor que más afectó al desarrollo de la actividad'. Ante esto, conviene puntualizar: 1) Que de esa encuesta no se desprende que el coste de personal sea un problema específico de Ibiza: no se compara con las conclusiones de otras similares efectuadas en distinto ámbito geográfico. 2) Que se desconoce en qué se fundamenta la conclusión de que la empresa debe asumir el pago de la vivienda de sus profesionales 'especialmente si se trata de profesionales del ámbito de la medicina'. No se aporta ningún dato objetivo al respecto. 3) Que no se ha efectuado ninguna comparación entre los costes de personal de la demandante y otros establecimientos privados insulares ni peninsulares, lo cual impide constatar que sean más elevados (y menos aún determinar en qué proporción puede esto justificar un incremento de precios). 4) En todo caso, parece que existen otros medios más fiables y precisos que esa encuesta para comprobar que el coste de personal en el sector sanitario ibicenco es más elevado que en otras zonas y, de serlo, en qué medida.
F) Los peritos también se refieren a la estacionalidad, que a su juicio se ve agravada por la adquisición de costosa tecnología médica avanzada: 'Cabe enfatizar que la disposición de un equipamiento altamente tecnológico para la atención sanitaria a procesos más diversos y de mayor complejidad clínica repercute significativamente en la dimensión de la estructura de costes del centro hospitalario, que unido a su acotada capacidad para aumentar su clientela, por el mero hecho de estar ubicado en una isla con poca población residente y actividad productiva fuertemente estacional, afecta a sus costes medios y costes marginales, encontrándose su producción en el tramo decreciente de estos últimos'. Sin embargo, no debe pasarse por alto que: 1) No se aportan datos que permitan evidenciar esa importante inversión a la que se alude. 2) Tampoco se ofrece información fiable que permita comparar esa inversión con la efectuada por otros establecimientos. 3) Conclusiones tan genéricas hacen imposible concretar en qué proporción lo que se señala puede justificar un incremento de precios.
G) Ya se ha anticipado que, en el dictamen, se ha profundizado escasamente en la comparación entre las tarifas controvertidas y precios de mercado: sólo se confrontan con las 'tarifas de la clínica privada que opera en la isla Menorca, pudiendo comparar los descriptores de procedimientos asistenciales similares a los facturados en 2018 por la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Se han analizado los descriptores de 82 procedimientos hospitalarios para los que solo se encontró un descriptor aparente comparable para 75,6% de los casos. Para 20 de los descriptores de procedimientos asistenciales no se ha encontrado comparador posible (el 24,4%). De los 62 procedimientos finalmente comparados, la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza presentó tarifas más elevadas en 37 de ellos (el 59,7%), en unas tarifas un 30,5% de media (26,8% de mediana) más elevadas. Por el contrario, la Policlínica Nuestra Señora del Rosario presentó tarifas inferiores en los 25 restantes procedimientos de los 62 comparados (el 40,3% restante), con unos valores un 56% de media (31,5% de mediana) más bajos. No obstante, es importante indicar que en los datos referentes a la Clínica de Menorca no se ha podido disponer de la información del servicio clínico referente o especialidad médica desde el que se prestó el servicio informado en el descriptor. Esto puede ser un factor crucial a la hora de encontrar disparidad entre tarifas dado que un mismo procedimiento médico-quirúrgico puede tener asociado costes distintos en función del servicio o especialidad que lo lleve a cabo. Este sería el caso del procedimiento o intervención 'Absceso. Desbridamiento drenaje' cuya tarifa en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, si lo realiza el departamento de dermatología se tarifa a 395€, mientras que asciende a 650€ si lo lleva a cabo el departamento o servicio de Cirugía Maxilofacial. Esta intervención se tarifa por 802,92€ en la Clínica de Menorca en la que se deduce que se lleva a cabo por el departamento de dermatología al no disponer de departamento de Cirugía Maxilofacial. Otro ejemplo, en este caso, de una intervención de elevada complejidad, no asumida en la Clínica de Menorca y, por tanto, sin descriptor comparable, pero que se le pueden asignar 2 tarifas distintas sería la 'Vertebroplastia', intervención para la que la Policlínica Nuestra Señora del Rosario aplicaría la tarifa de 2.418€ si el procedimiento lo realiza el departamento de traumatología o 4.092€ si lo realizase el departamento de neurocirugía'.
H) Pues bien, estas tarifas no pueden desplazar a los precios públicos como elemento de referencia toda vez que: 1) Se desconoce si los servicios facturados por la actora en el caso de autos (que son los únicos que interesan a los efectos de este pleito) se comprenden o no entre esos descriptores que se han comparado. 2) Si se incluyen, se ignora el resultado concreto de esa comparación (si lo reclamado es más, menos y en qué medida). 3) En cualquier caso, parece insuficiente un único establecimiento como término de comparación para apreciar cuáles son los precios que pueden reclamarse por los servicios prestados'.
TERCERO.-Expuesto lo anterior, y sin cuestionar la libertad que asiste a la actora para fijar los precios por los servicios médicos que presta, vemos sin embargo que esta circunstancia no garantiza que los precios efectivamente facturados (sin pacto o acuerdo previo, o presupuesto, con quien resulta ser su deudor tras una anticipada cesión) respondan al parámetro de reparación del daño causado derivado del art. 1902 en relación al art. 1089, ambos del Código Civil, pues conforme a dichos preceptos, lo reclamable será el importe que responda efectivamente a esa reparación del daño, con exclusión de todo aquello que no sea puramente indemnizatorio y con independencia, por tanto, de lo que establezca el mercado de forma libre en cuanto a precios por los servicios sanitarios prestados, pues sólo si existe coincidencia entre el precio libremente fijado y daño a reparar podrá aceptarse sin dificultad el importe facturado con arreglo a dicho mercado, incumbiendo a quien reclama la carga probatoria sobre esta cuestión.
Es precisamente esta circunstancia la que ha llevado al órgano a quo, y a este Tribunal, a falta de todo otro parámetro, a emplear como herramienta orientativa que proporciona la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es modifica l'Ordre de la consellera de Salut i Consum de 22 de desembre de 2006 per la qual s'estableixen els preus públics que han d'aplicar els centres sanitaris de la xarxa pública de les Illes Balears per la prestació de serveis sanitaris quan hi hagi tercers obligats al pagament o usuaris sense dret a l'assistència sanitària de la Seguretat Social, tal y como esta misma Sección viene señalando de manera reiterada en sucesivas resoluciones, significativamente desde la Sentencia número 51/2019, de 8 de febrero, hasta otras más recientes, como la Sentencia nº 361/20, de 24 de septiembre.
Por último, en cuanto a la concreción en la aplicación de los precios establecidos en la normativa autonómica de continua referencia, vemos que la sentencia establece en su FJ 2º, apartado 'cuantificación del daño', subapartado d.1, lo siguiente: una asistencia en urgencias de fecha 05/11/18 (conjunto de actuaciones médicas, incluyendo pruebas auxiliares y farmacéuticas): 90,00 €; ocho consultas sucesivas, a razón de 44 euros cada una, total 362,00 €; una resonancia magnética: 158,00 €, y cuatro meses de rehabilitación: 363,00 € (291,00 € x 4).
Al margen del mero error aritmético o de cálculo, la sentencia fija la cuantía de la indemnización en 1.774,00 €, inferior a la solicitada por la propia demandada en su contestación a la demanda, cuya cifra determinó del siguiente modo: 1.158 € por rehabilitación (las sesiones de diciembre y enero facturadas por meses, a 291 cada uno, y el resto -en diciembre 2018 y febrero 2019- a 36 euros cada una); 158,00 € por la resonancia magnética; 77 € por una consulta especialista; 231 euros por 7 consultas sucesivas sin especialización, a 33 € cada una (7 x 33); y 154'94 euros por la consulta de urgencias (100 € de consulta, 54 € de las radiografías y 0'94 € de farmacia), inferior a la de 294 euros, prevista en la Orden por tal concepto.
Frente a dicho cálculo, la parte apelante entiende que la partida correspondiente a la asistencia de urgencias debería fijarse, en aplicación de la Orden, en 294 euros, que las sesiones de rehabilitación deberían fijarse a razón de 36 euros cada una, y que las consultas sucesivas deberían fijarse a razón de 77 euros cada una.
Pues bien: considerando ajustado a la Orden el que a) las sesiones de rehabilitación de diciembre 2018 y enero 2019 sean computadas por mes completo (a 291 cada mes), según propone la parte apelada (que interesa el resto a 36 euros cada una), b) que las consultas sucesivas, según se acredita documentalmente, no han sido prestadas por especialista (y por tanto deben calcularse a 33 euros cada una, no a 77, según al Orden), y c) que el criterio de aplicación a la asistencia de urgencia, conforme establece la sentencia, es la aplicación de la previsión contemplada en la Orden, aunque, según ésta no es 90 euros, como entiende la sentencia, sino 294 euros, debería estarse a esta última, si bien, en la medida en que la parte actora reclamó 227,34 euros por dicho concepto, según factura aportada, procede estar a esta última cantidad, por razones de congruencia.
Consecuentemente a lo expuesto, la cantidad en que debe fijarse definitivamente la indemnización a abonar por la aseguradora apelada es la de 1851,34 euros.
CUARTO.-Dado lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y siendo la presente resolución parcialmente estimatoria del recurso de apelación, no procede condena en costas en esta alzada.
En virtud de lo que dispone la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por el número diecinueve del artículo primero de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se acuerda la devolución del depósito consignado para recurrir.
Fallo
Se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio del que dimana el presente rollo, la cual se revoca parcialmente, en el único extremo de establecer en 1851,34 euros la cantidad que la aseguradora demandada deberá abonar a la entidad actora en concepto de principal, manteniéndose los restantes pronunciamientos de la sentencia.
No se hace condena en costas de esta alzada.
Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir.
Recursos. - Conforme al art. 466.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, contra las sentenciasdictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario por infracción procesalo el recurso de casación, por los motivos respectivamente establecidos en los arts. 469 y 477 de aquella. Órgano competente. - Es órgano competente para conocer de ambos recursos -si bien respecto del extraordinario por infracción procesal sólo lo es con carácter transitorio) la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo. Plazo y forma para interponerlos. - Ambos recursos deberán interponerse ante este tribunal, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a la notificación de la sentencia, mediante escrito firmado por Procurador y autorizado por Letrado legalmente habilitados para actuar ante este Tribunal. Aclaración y subsanación de defectos. - Las partes podrán pedir aclaración de la sentencia o la rectificación de errores materiales en el plazo de dos días; y la subsanación de otros defectos u omisiones en que aquella incurriere, en el de cinco días. No obstante lo anterior, podrán utilizar cualquier otro recurso que estimen oportuno. Depósito. -En virtud de lo que establece la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, ha de aportar la parte el justificante de la consignación de depósito para recurrir en la cuenta de esta sección tercera de la Audiencia Provincial (0450), debiéndose especificar la clave del tipo de recurso.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta alzada, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN
Extendida y firmada que ha sido la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado indicado en el encabezamiento, procédase a su notificación y archivo en la Secretaría del Tribunal, dándosele publicidad en la forma permitida u ordenada por la Constitución y las leyes, todo ello de acuerdo con lo previsto en el art. 212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Doy fe.
