Sentencia Civil Nº 132/20...io de 2015

Última revisión
07/12/2015

Sentencia Civil Nº 132/2015, Juzgados de lo Mercantil - Valladolid, Sección 1, Rec 499/2014 de 23 de Junio de 2015

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Orden: Civil

Fecha: 23 de Junio de 2015

Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Valladolid

Ponente: ESCARDA DE LA JUSTICIA, JAVIER

Nº de sentencia: 132/2015

Núm. Cendoj: 47186470012015100052

Núm. Ecli: ES:JMVA:2015:1578

Núm. Roj: SJM VA 1578:2015

Resumen:
SIN DEFINIR

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1

VALLADOLID

SENTENCIA: 00132/2015

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 DE VALLADOLID

C/ NICOLAS SALMERON, 5-1º

Teléfono: 983218181

Fax: 983219636

S40000

N.I.G.: 47186 47 1 2014 0000556

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000499 /2014- C

Procedimiento origen: /

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D/ña. ELECTROBAYON S.L.

Procurador/a Sr/a. MARIA DEL MAR TERESA ABRIL VEGA

Abogado/a Sr/a.

DEMANDADO, DEMANDADO D/ña. Maximino , INDUSTRIAS DIENTE S.L.N.E.

Procurador/a Sr/a. ,

Abogado/a Sr/a. ,

SENTENCIA Nº 132/2015

En Valladolid a veintitrés de junio de dos mil quince.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Javier Escarda de la Justicia, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo MERCANTIL nº1 de esta ciudad los presentes autos de juicio ordinario en reclamación de cantidad, de responsabilidad de administradores y de aseguradora, promovidos por el/la Procurador/a don/doña Mª del Mar Abril Vega, en nombre y representación de ELECTROBAYÓN S.L, bajo dirección letrada del Sr. Sánchez, frente a INDUSTRIAS DIENTE S.L y don Maximino , ambos en rebeldía procesal, ha dictado

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

la presente resolución en virtud de los siguientes :

Antecedentes

PRIMERO.- Por el/la Procurador/a don/doña Mª del Mar Abril Vega, en nombre y representación de ELECTROBAYÓN S.L, se formula frente a INDUSTRIAS DIENTE S.L y don Maximino , demanda basada en que la mercantil citada, administrada por el codemandado, adeuda a la actora la suma de 41.813,53 € consecuencia de los trabajos realizados para la misma por la sociedad demandante, sin que se haya cobrado la deuda pese a la reclamación realizada.

Se señala que cuando se generó dicha deuda la sociedad se encontraba incursa en causa de disolución, sin que el codemandado haya promovido en plazo legal la disolución.

Se reclama dicha suma más intereses y las costas devengadas en este procedimiento.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por auto se emplazó a la parte demandada a fin de que compareciera debidamente representada por abogado y procurador y contestara a la demanda, lo que no efectuaron, siendo declarada en rebeldía.

TERCERO.- La audiencia previa se celebró el día 23 de junio de 2015 con la asistencia de la parte actora proponiendo tan solo documental, por lo que de conformidad con el art.429.8 LEC quedó visto para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este juicio se han observado todas las prescripciones legales, inclusive la del plazo para dictar sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.- Por el/la Procurador/a don/doña Mª del Mar Abril Vega, en nombre y representación de ELECTROBAYÓN S.L, se ejercita acción de reclamación de cantidad y de responsabilidad de administradores contra INDUSTRIAS DIENTE S.L y don Maximino respectivamente; acciones y procedimiento para cuyo conocimiento es competente este Juzgado.

SEGUNDO.- Basa su reclamación la demandante frente a la mercantil demandada en que la mercantil citada, administrada por el codemandado, adeuda a la actora la suma de 41.813,53 € consecuencia de los trabajos realizados para la misma por la sociedad demandante, sin que se haya cobrado la deuda pese a la reclamación realizada.

Pues bien, constatada la existencia de relaciones comerciales entre las partes, correspondía a la demandada en virtud de las reglas sobre carga de la prueba ( art.217.3 LEC ) acreditar la extinción de la obligación mediante el pago o por otro modo admitido en Derecho.

No haciéndolo así, en aplicación de los arts.1254 , 1256 , 1258 y concordantes del CC procede la condena de la citada mercantil.

En consecuencia procede entrar a valorar la responsabilidad del administrador.

TERCERO.- La acción de responsabilidad de los administradores se contempla en la Ley de Sociedades de Capital.

Así, dispone el art.236:

Presupuestos de la responsabilidad

1. Los administradores de derecho o de hecho como tales, responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.

2. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.

El art.237 alude al carácter solidario de tal responsabilidad:

'Todos los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo responderán solidariamente, salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél.'

Sobre las cusas de disolución, el art.363.1 LSC prevé:

'1. La sociedad de capital deberá disolverse:

a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.

b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.

c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.

d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una Ley.

g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.

h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos. '

Establece el art. 365.1 LSC que:

'1. Los administradores deberán convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o, si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el concurso.

Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, concurriera alguna causa de disolución o la sociedad fuera insolvente.

En orden a la responsabilidad por deudas, de carácter solidario, hay que estar a lo prevenido en el art.367.1 y 2 LSC:

'1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.'

CUARTO.- En lo que se refiere a la responsabilidad por deudas, de índole inicialmente objetiva o cuasiobjetiva, a ella se refiere la jurisprudencia menor, pudiendo destacarse la sentencia de la A.P. de Barcelona de 23 de febrero de 2004 , en cuanto a la obligación de promover la disolución de la sociedad en el plazo de dos meses: ' La acción ejercitada en la demanda contra D. Cosme presupone la prueba de la concurrencia de una causa de disolución (en este caso las de las letras c y del apartado 1 del artículo 104 de la misma Ley 2/1995 ), el incumplimiento por el administrador del deber de convocar la junta general o, en su caso, del deber de solicitar la disolución judicial y la existencia de una deuda social exigible.

La Jurisprudencia se ha referido reiteradamente a esta responsabilidad. En la STS de 30 de octubre de 2000 se señala que el administrador tiene el deber, una vez conocida la concurrencia de la causa de disolución, de convocar la junta general en el plazo de dos meses. Así lo exige el precepto para que quepa eludir la responsabilidad por las deudas sociales y esta sencilla interpretación es la más coherente con la génesis y ratio teleológica del mismo, con su contenido literal y sistemático... y con la profesionalidad y seriedad que, respectivamente, son exigibles de los administradores y de la sociedad anónima.

No se requiere, por lo tanto, ni nexo causal entre el crédito accionado y la inactividad de los administradores, ni otra negligencia de éstos que la que valora o toma en cuenta la propia norma legal.'

Y la de nuestra Audiencia Provincial, en cuanto a la naturaleza de esa responsabilidad, de 5 de diciembre de 2005 en Rollo 321/2005, ponente Ilmo. Sr. Salinero Román: ' ... Por lo argumentado es aplicable a la administradora recurrente la sanción de responder solidariamente de de la cantidad reclamada por la actora ... de acuerdo a la tesis ya mencionada de esta Sala , aplicando doctrina jurisprudencial ( Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de diciembre de 1999 ) pues dicha responsabilidad no se trata de una responsabilidad extracontractual sino legal por incumplimiento del deber legal de los administradores de disolver cuando la sociedad se encuentre incursa en alguna de las causa del art.104, para que en protección del interés general, no permanezcan en el tráfico mercantil sociedades afectadas por causas de disolución, y se configura esta responsabilidad legal como una responsabilidad sanción derivada sin más del incumplimiento por los administradores de la obligación de disolver cuando hubiese causa, y ello al margen de que el daño se haya producido en sí, pudiera provenir o no de una conducta de aquellos culposa o negligente'.

Habiendo acreditado la parte actora que cuando se generó dicha deuda la sociedad estaba incursa en, al menos, la causa de disolución del apartado e) pérdidas, del art.363.1 LSC, en tanto que en los ejercicios 2006, 2007 y 2008 presentaba patrimonios netos negativos, sin que la formulación de cuentas de 2009 (sin justificar en modo alguno los ajustes que realiza -doc.18) nos lleve a la consideración contraria, ha de responder solidariamenteel administrador demandado al no haber promovido la disolución ni el concurso en el plazo legalmente marcado.

Por todo lo cual procede la íntegra estimación de la demanda, sin que sea preciso a entrar a valorar la responsabilidad por daño ( sentencia del TS de 4 de diciembre de 2013 ).

QUINTO.- Con expresa imposición de costas a las demandadas a virtud de lo preceptuado en el art.394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda formulada por el/la Procurador/a don/doña Mª del Mar Abril Vega, en nombre y representación de ELECTROBAYÓN S.L, frente a INDUSTRIAS DIENTE S.L y don Maximino , DEBO CONDENAR Y CONDENO a los meritados demandados a abonar solidariamente a la actora la suma de 41.813,53 € más el interés legal desde la interpelación judicial y desde la presente el del art.576 LEC ; todo ello con imposición de costas a la parte demandada.

Esta resolución no es firme; contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACION ante este Juzgado en el plazo de VEINTE DIAS a contar desde el siguiente a su notificación, acreditando la consignación del depósito de 50 € en la cuenta de consignaciones del Juzgado, siendo resuelto por la ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALLADOLID.

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E/

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la presente sentencia por el Sr. Juez que la dictó hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento.

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