Sentencia CIVIL Nº 150/2022, Juzgados de lo Mercantil - Tarragona, Sección 1, Rec 234/2021 de 07 de Julio de 2022

Encabezamiento

Juzgado Mercantil nº 1 de Tarragona

Avenida Roma, 19 - Tarragona - C.P.: 43005

TEL.: 977920117

FAX: 977920040

E-MAIL: mercantil1.tarragona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 4314847120218007677

Procedimiento ordinario - 234/2021 -1

Materia: Otras Demandas materia sociedades mercantiles y cooperativas

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 2236000004023421

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Juzgado Mercantil nº 1 de Tarragona

Concepto: 2236000004023421

Parte demandante/ejecutante: DRONAS 2002, S.L.U.

Procurador/a: Merce Pallach Olive

Abogado/a: Parte demandada/ejecutada: Ángel, Inocencia

Procurador/a: Jose Maria Sole Tomas

Abogado/a:

SENTENCIA Nº 150/2022

Juez: Elena De Oro Garnacho

Tarragona, 7 de julio de 2022

Vistos por su S.Sª. Dña. Elena de Oro Garnacho, Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Tarragona, los presentes autos del Juicio Ordinario 234/2021, en el que han sido partes; como actora, DRONAS 2002 S.L.U. y como demandados D. Ángel y Dª Inocencia, en concepto de administradores de la mercantil PROJECTE DIAZ 2016 S.L., dicto la presente Sentencia,

Antecedentes

PRIMERO. -La referida parte actora presentó demanda de procedimiento ordinario el pasado 11 de junio de 2021.

SEGUNDO. -La demanda fue admitida a trámite mediante decreto de 5 de julio de 2021, dándose traslado de la misma a los demandados para contestar. Formulan estos contestación en plazo, oponiéndose a los pedimentos de la misma, sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho que se dan por reproducidos.

TERCERO. -La audiencia previa se señaló el 4 de marzo de 2022. Comparecen a ella las partes debidamente representadas y asistidas. Admitidas las pruebas propuestas que resultaron útiles y pertinentes se señaló como fecha de juicio el 15 de junio de 2022.

CUARTO.-La celebración de la vista tuvo lugar en la fecha señalada. Practicada en ella las pruebas admitidas y formuladas las conclusiones se dio por finalizado el acto quedando el pleito visto para sentencia.

Fundamentos

PRIMERO. - Objeto del Proceso.

I.- En el presente procedimiento la actora ejercita una acción de reclamación de la cantidad de 132.708,88 € ( CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETENCIENTOS OCHO EUROS CON OCHETA Y OCHO CÉNTIMOS) frente a demandados D. Ángel y Dª Inocencia, en concepto de administradores de la mercantil PROJECTE DIAZ 2016 S.L.,con fundamento en el art. 241 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante TRLSC), alternatiavamente ejercita la acción de responsabilidad solidaria prevista en el art. 367 del TRLSC en relación con art 363.1.e) LSC y art 363.1. a) LSC .

La actora manifiesta en la demanda los siguientes hechos, que sirven de base a la demanda:

1.- En cuanto a la existencia de una deuda social, que la actora y la sociedad demandada suscribieron un contrato de franquicia para la explotación de la marca comercial NACEX que fue resuelto el 4 de febrero de 2019. La resolución se produjo por incumplimientos reiterado de las obligaciones de pago del franquiciado y a la extinción del contrato la deuda con la actora ascendía a 106.207,39 €.

Dicha deuda fue reclamada en el procedimiento monitorio 192/2019 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de el Vendrell, procedimiento que finalizó por decreto ante la falta de atención de la hoy demandada al requerimiento de pago sin que se hubiera formulado oposición. Sobre la base de dicho decreto se instó el procedimiento de ejecución 2008/2019, en el que se dictó auto de despacho de ejecución por la cuantía de 132.708,88 €, que incluye el principal de la deuda y las costas. Las medidas de ejecución acordadas han resultado infructuosas.

2.- La sociedad Projecte Diaz 2016 no ha presentado cuentas anuales desde el año 2018, según resulta del informe de la entidad AXESOR presentado por la actora, del que resulta además que los demandados ostentaban el cargo de administradores de dicha sociedad al tiempo de contraer la deuda.

3- La demanda por su parte, niega que la causa de resolución contractual fueron los incumplimientos reiterados. Niega así mismo la eficacia vinculante del documento de reconocimiento de deuda por cuanto solo estaba firmado por Dª Inocencia. Señala además que al tiempo de la resolución del contrato la actora retiró de inmediato el sistema informático que les hubiera permitido comprobar la realidad de la deuda. Por último, alega no haber tenido conocimiento de la existencia del proceso monitorio previo, por lo que valora su eventual nulidad, sin acreditar en modo alguno que la misma se hubiera declarado o tan si quiera instado.

SEGUNDO. - Análisis de las acciones ejercitadas.

En el presente proceso la actora ejercita dos acciones diferenciadas. Como acción principal ejercita la acción de responsabilidad individual de los administradores prevista en el art. 241 del TRLSC, y de forma subsidiaria la acción de responsabilidad solidaria de los administradores prevista en el art. 363 del TRLSC. La caracterización de estas acciones como acciones independientes y diferenciadas se ha reiterado por el Tribunal Supremo. Cabe mencionar, entre otras, la Sentencia 733/2013 de 4 dic. 2013, Rec. 1694/2011: 'Son dos acciones distintas que, como hemos recordado en otras ocasiones, responden a presupuestos legales diferentes.

Así lo expusimos en la Sentencia 395/2012, de 18 de junio: 'para que los administradores de las sociedades capitales deban responder por daño al amparo de la previsión contenida en los artículos 133 y 134 de la Ley de Sociedades Anónimas - hoy 236 a 240 de la Ley de Sociedades de Capital , es preciso que concurran los siguientes requisitos:

1) Un comportamiento activo o pasivo desplegado por los administradores, sin que a ello fuese obstáculo que en la redacción anterior a la Ley 26/2003, de 17 de julio, de transparencia, el texto de la norma se refiriese exclusivamente a 'acción';

2) Que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal;

3) Que la conducta sea antijurídica por infringir la Ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal;

4) Que la sociedad sufra un daño; y

5) Que exista relación de causalidad entre el actuar del administrador y el daño (entre otras, sentencia 477/2010, de 22 de julio, y 889/2011, de 19 de diciembre).

A su vez, para que deban responder al amparo de lo dispuesto en el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas -hoy 367 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital -, se requieren los siguientes requisitos:

1) Concurrencia de alguna de las causas de disolución de la sociedad previstas en los números 3º, 4º, 5º y 7º del apartado 1 del artículo 260;

2) Omisión por los administradores de la convocatoria de junta General para la adopción de acuerdos de disolución o de remoción de sus causas;

3) Transcurso de dos meses desde que concurre la causa de disolución;

4) Imputabilidad al administrador de la conducta pasiva; y

5) Inexistencia de causa justificadora de la omisión (en este sentido, sentencia 942/2011, de 29 de diciembre)'.

En puridad, no cabría considerarlas incompatibles, pues en el primer caso (responsabilidad por deudas) se reclama la responsabilidad solidaria de los administradores respecto de deudas sociales con las demandantes; mientras que en la acción individual se reclama la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por los acreedores litigantes como consecuencia de una determinada conducta de los administradores que se considera contraria a la ley o a los estatutos, o que supone un incumplimiento de los deberes inherentes al desempeño de su cargo.

Pero en un supuesto como el presente, en que por medio de ambas acciones se pretende la misma petición de condena, la condena solidaria de los administradores respecto del pago de determinados créditos que los demandantes tienen contra la sociedad, esta pretensión se cumple con la estimación de una de las acciones. En realidad, tal y como se presentó la demanda y se ejercitaron ambos tipos de acciones, cada una de ellas constituía una causa petendi distinta de la misma pretensión de condena dineraria. La estimación de ambas acciones no daría lugar nunca a una condena doble, sino a una única y misma condena dineraria. Por esta razón, en la práctica, en estos casos en que se pretende la misma condena dineraria, puede considerarse que las acciones se ejercitan de forma alternativa o subsidiaria, salvo que se manifieste un específico interés en la declaración de responsabilidad, que en el presente caso no consta.

De este modo, aunque formalmente el tribunal de instancia hubiera debido entrar a analizar las dos acciones, cuando deja constancia de que se han planteado ambas y explica que tras decidir sobre una de ellas y estimar íntegramente la demanda y la consiguiente petición de condena dineraria, entiende innecesario entrar a resolver sobre la otra acción, o causa de pedir que justificaría la misma condena ya realizada, no cabe hablar propiamente de incongruencia de la sentencia, en la medida en que se han satisfecho todas las pretensiones de los demandantes.'

TERCERO. - Acción de responsabilidad individual.

El Tribunal Supremo ha declarado de modo reiterado (entre otras, las sentencias 253/2016, de 18 de abril, 472/2016, de 13 de julio, 129/2017, de 27 de febrero, y 150/2017, de 2 de marzo) que la acción individual de responsabilidad de los administradores supone una especial aplicación de la responsabilidad extracontractual integrada en un marco societario, que cuenta con una regulación propia ( artículo 241 LSC), que la especializa respecto de la genérica prevista en el artículo 1902 del Código Civil.

A esta acción individual de responsabilidad también se le denomina también acción individual por daño. La acción individual de responsabilidad es una acción directa y principal, no subsidiaria, que se otorga a los socios y terceros para recomponer su patrimonio particular que resultó afectado directamente por los actos de los administradores, siendo los actos u omisiones constitutivos de esta acción idénticos a los de la acción social de responsabilidad, es decir, los contrarios a la ley, a los estatutos o los realizados sin la diligencia con la que los administradores deben desempeñar su cargo, con la diferencia que el daño (o la disminución patrimonial) no se ocasiona a la sociedad sino directamente a un tercero.

El Tribunal Supremo al respecto de esta acción, viene señalando que 'no puede recurrirse indiscriminadamente a la vía de la responsabilidad individual de los administradores por cualquier incumplimiento contractual de la sociedad o por cualquier deuda social, aunque tenga otro origen, que resulte impagada. Lo contrario supondría violentar los principios fundamentales de las sociedades de capital, como son la personalidad jurídica de las mismas, su autonomía patrimonial y su exclusiva responsabilidad por las deudas sociales, u olvidar el principio de que los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan, como proclama el artículo 1257 del Código Civil '( Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Civil), sec. 1ª, de 29 de septiembre de 2021, rec. 3051/2019).

El impago de las deudas sociales no puede equivaler necesariamente a un daño directamente causado a los acreedores sociales por los administradores de la sociedad deudora, a menos que el riesgo comercial quiera eliminarse por completo del tráfico entre empresas o se pretenda desvirtuar el principio básico de que los socios no responden personalmente de las deudas sociales.

De ahí que deba exigirse al demandante, además de la prueba del daño, tanto la prueba de la conducta del administrador, ilegal o carente de la diligencia de un ordenado empresario, como la del nexo causal entre conducta y daño, sin que el incumplimiento de una obligación social sea demostrativo por sí mismo de la culpa del administrador ni determinante sin más de su responsabilidad.

De forma muy concreta la Sentencia 580/2019 de 5 nov. 2019, Rec. 579/2017 dictada por la Sala Civil del TS señala que: 'Para que pueda prosperar la acción individual es necesario identificar una conducta propia del administrador, distinta de no haber pagado el crédito, que pueda calificarse de ilícito orgánico y a la cual pueda atribuirse la causa de no haber sido satisfecho el crédito.'

No se identifica en el presente caso otra conducta de la administradora que no sea la de no haberse pagado el crédito por la sociedad y no haberse cumplido las obligaciones a las que se refiere el art. 367 del TRLSC, por lo que debe desestimarse la acción de responsabilidad individual, y procederse al análisis de la acción subsidiaria de responsabilidad solidaria de los administradores por las deudas de la sociedad.

CUARTO. - De la acción de responsabilidad por deudas frente a los administradores.

El artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010; en adelante, LSC) dispone:

'1 . Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

Para la estimación de la acción basada en este precepto es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

1) Que exista la deuda social (crédito contra la sociedad) que se reclama, pues se trata de una acción reservada a los acreedores de la sociedad.

2) Que el demandado tenga la condición de administrador social de la mercantil deudora. Responderá de las deudas contraídas mientras es administrador, no tras su cese, pues la responsabilidad cesa con el cese efectivo en el cargo.

3) Que concurra alguna de las causas de disolución de las sociedades de capital previstas en el artículo 363 LSC .

4) Que el administrador social haya quebrantado el mandato del artículo 367 LSC ,que impone a los administradores la obligación de convocar junta general para que adopte el acuerdo de disolución o de remoción de sus causas, o (si la sociedad fuera insolvente) la obligación de promover el concurso. Si este acuerdo no puede ser logrado, ello no libera de responsabilidad a los administradores, a quienes el artículo 366 LSC impone la obligación de subsidiaria de solicitar la disolución judicial de la sociedad.

5) Que la deuda reclamada haya nacido con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución alegada. Se presume que la deuda social es posterior, salvo que el administrador acredite que es anterior a la causa de disolución. Por tanto, es necesario que la deuda se contraiga (nazca) estando la sociedad incursa en causa de disolución.

6) Que hayan transcurrido dos meses desde la concurrencia de la causa de disolución. El plazo de dos meses debe computarse desde que los administradores tuvieron o debieron tener conocimiento de la situación patrimonial de la sociedad, si hubieran obrado con la diligencia normal de su cargo.

A tales requisitos legales, la jurisprudencia (entre otras STS de 10 de noviembre de 2010 )ha añadido otros dos, referidos a la imputación objetiva y subjetiva de la conducta pasiva al administrador. Así se exige:

1) Que no exista causa justificadora del incumplimiento del deber por el administrador, pues cabría exonerar al administrador que demuestre que realizó una acción significativa para evitar o remediar el daño o que se encuentre ante la imposibilidad de evitarlo por haber cesado antes de que se produzca el hecho causante de la disolución o haberse encontrado ante una situación ya irreversible.

2) Que exista buena fe en el ejercicio de la acción, pues si el acreedor demandante contrató con la sociedad a sabiendas de su situación de infra capitalización, no puede luego dirigirse contra sus administradores. Pero para excluir la responsabilidad del administrador no basta el mero conocimiento de la insolvencia por el actor, sino que deben concurrir circunstancias que permitan calificar la reclamación como contraria a la buena fe.

En cuanto a la naturaleza de la acción de responsabilidad por deudas,la doctrina del Tribunal Supremo (entre otras, STS de 10 de noviembre de 2010 ) argumenta que nos encontramos ante una responsabilidad ex lege por incumplimiento de la obligación de convocar la Junta General, cuando la sociedad se encuentra en situación legal de disolución y no proceden los administradores a su disolución. De esta forma, conociendo los administradores que la entidad que administran se encuentra en situación legal de insolvencia y que no podrá hacer frente a las obligaciones futuras, al no ejercitar sus competencias para superar dicho obstáculo, bien mediante convocatoria de Junta General para que en su seno se adopten las medidas adecuadas, bien mediante la adopción de medidas que permitan superar la situación de insolvencia, abocan con su actuación a la sociedad a no responder de los créditos que se contraigan posteriormente a la mencionada situación. Podríamos concluir que nos encontramos ante una situación preconcursal que trata de proteger el crédito de los acreedores que contratan con una sociedad cuya solvencia económica permite augurar la insatisfacción del crédito a su vencimiento.

En el mismo sentido, procede hacer cita de la SAP, de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 28 de diciembre de 2020 , que indica:

' 18.(...)Dicho precepto, conforme reiterada doctrina jurisprudencial, establece una responsabilidad ex lege o de carácter objetivo cuyo fundamento descansa en el incumplimiento por los administradores del deber que les impone la Ley de convocar la junta de socios en el plazo de dos meses desde que se constata la causa de disolución imperativa, no precisando la producción de un daño ni la relación de causalidad y no requiriendo, por ello, la demostración de culpa del administrador demandado.

Para que se aplique la consecuencia legal basta con que la sociedad incurra en causa de disolución imperativa y que el administrador, incumpliendo el deber legal, no convoque junta para disolver la sociedad en el plazo de dos meses. Si esto sucede, la consecuencia es la responsabilidad solidaria de los administradores de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución.

19.Aun cuando el artículo 367 LSC limite la responsabilidad a las 'obligaciones sociales posteriores' al acaecimiento de la causa legal de disolución, la Ley presume, salvo prueba en contrario, que las obligaciones reclamadas son de fecha posterior a la causa de disolución.

20.Por todo ello, para que prospere la acción de responsabilidad, será necesario: a) que se acredite la existencia de una deuda a cargo de la sociedad y a favor del acreedor demandante; b) que se pruebe que, como mínimo, dos meses antes de la presentación de la demanda se manifestó y debió ser conocida por el administrador la causa de disolución imperativa; c) que el administrador demandado lo fuera al tiempo de manifestarse la causa de disolución y durante los dos meses siguientes; d) que el administrador deje transcurrir ese plazo sin convocar junta general para que acuerde la disolución o remueva la causa; y e) con el favorecimiento por la presunción indicada, que la obligación o deuda reclamada se haya contraído o haya nacido con posterioridad al acaecimiento de la causa de disolución.'

En el presente caso, procede estimar íntegramente la acción de responsabilidad por deudas frente a la administradora demandada al haber quedado acreditados los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente.

1.- Existencia de la deuda social que se reclama.

La actora acompaña la demanda de la documentación que permite tener por acreditada la deuda, pues no solo se acompañan los documentos de resolución en donde se practica la liquidación de la deuda, sino que el documento nº 7 es un reconocimiento expreso de deuda suscrito por Dª Inocencia, en el que se plantea la posibilidad de adoptar un acuerdo sobre el pago de la cantidad debida.

Pero sobre todo y como prueba esencial se aporta el decreto de terminación del proceso monitorio 192/2019 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de el Vendrell. Dicho procedimiento finalizó por decreto ante la falta de atención de la hoy demandada al requerimiento de pago sin que se hubiera formulado oposición. Sobre la base de dicho decreto se instó el procedimiento de ejecución 2008/2019, en el que se dictó auto de despacho de ejecución por la cuantía de 132.708,88 €, que incluye el principal de la deuda y las costas.

Era en aquel proceso de ejecución donde la mercantil PROJECTE DIAZ 2016 debió oponer al requerimiento de pago las alegaciones relativas a la imposibilidad de facturar o de comprobar las deudas pendientes que se han hecho en este proceso, habiendo precluido, en puridad, la posibilidad de realizar tales alegaciones en un proceso en el que se debate la posible derivación de responsabilidad a los administradores. La existencia de la deuda se entiende suficiente acreditada por la existencia del auto de despacho de ejecución.

No obstante, y solo a efectos de cumplir con las expectativas de motivación de los demandados debe señalarse al respecto, en primer lugar, la contradicción que existe entre su escrito de contestación y lo declarado por los demandados en Sala. En el escrito de contestación se señaló que la falta de acceso al sistema informático Diana -propiedad de la actora- les impidió verificar el importe por el que se giró la liquidación. En sala, sin embargo, declararon ambos que tal falta de acceso les impidió facturar a sus clientes y cobrar trabajos realizados. En segundo lugar, y al respecto de esta cuestión, a instancia de la actora compareció en sala la perito Dª Julia, quien explicó que el programa informático no es un programa de facturación sino de mera trazabilidad de envíos, que debe complementarse -si se observa la diligencia debida- con un control interno de facturas, clientes y saldos pendientes. No obstante, señala además que DRONAS permite el uso de tal programa durante un periodo de 15 días después de las resoluciones contractuales e incluso por un mayor plazo si se abona un canon por su uso. Por todo ello, y además de la preclusión operada, carece de fundamento la alegación de la demandada respecto a la virtualidad impeditiva de la obligación de pago que hubiera podido tener el cese en el uso de tal programa informático.

2.- Condición de administrador.

La parte actora acompaña al escrito de demanda informe de la entidad AXESOR -doc. Nº 2- en el consta que ambos demandados ostentaban el cargo de administradores al tiempo de contraer la deuda.

Por razones obvias, tal documento no tiene, per se, la misma eficacia probatoria que las certificaciones - o incluso notas simples- expedidas por el Registro Mercantil, pero lo cierto es que tal documento no ha sido impugnado por los demandados, por lo que debe entenderse acreditado este hecho.

3.- Concurrencia de la causa de disolución invocada.

La causa de disolución que invoca la actora es las prevista en el art. 363.1 letra e) de la Ley de Sociedades de Capital :'e)Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso'.

Para apreciar la existencia de esta causa de disolución debe compararse el patrimonio neto contable y el capital social (y debe apreciarse que concurre cuando la cifra del patrimonio neto no alcanza a cubrir la mitad del capital social, por mínima que sea al diferencia cuantitativa), siendo indiferente la relación que exista entre el capital social y las pérdidas del ejercicio o el importe de la deuda reclamada, pues no existe disposición legal que impida contraer una deuda que supere la cifra de capital social.

La actora recurre para fundar su pretensión a los mismos hechos. Resumidamente alega la falta de depósito de las cuentas anuales desde 2018.

La falta de presentación de las cuentas anuales no determina, por sí sola, la existencia de la causa de disolución (pues la falta de formulación, aprobación o depósito de las cuentas anuales, si bien privan a los terceros del conocimiento de la situación patrimonial de la compañía, no constituye prueba directa de la situación de pérdidas), pero sí constituye un indicio de la concurrencia de la causa de disolución de pérdidas cualificadas, que habrá de ser valorado con el resto de material probatorio y, en todo caso, conduce a una inversión de la carga de la prueba, por aplicación del principio de disponibilidad y facilidad probatoria (217.7 LEC), que desplaza al administrador demandado la carga de probar que no se da el desbalance patrimonial, por serle más fácil y accesible de acreditar que a la actora.

La STS de 28 de mayo de 2020 viene en primer lugar subrayar que la ley no hace responsable a los administradores de las deudas sociales por haber incumplido la obligación de la sociedad de depositar las cuentas anuales y recuerda que la falta de depósito de las cuentas anuales no constituye por sí sola una prueba directa de la concurrencia de la situación de pérdidas. Ahora bien, reconoce que la jurisprudencia menor ha utilizado este hecho ('periférico') para acreditar la existencia del déficit patrimonial o de inactividad social y admite que pueda dar lugar a una inversión de la carga de la prueba, puesto que imposibilita a terceros el conocimiento de la situación económica y financiera de la sociedad, lo que genera la apariencia de una voluntad de ocultación de la situación de insolvencia.

En el mismo sentido, la SAP de la Sección 15ª de Barcelona, de 28 de diciembre de 2020 recuerda: 'Esta Sección en diversas resoluciones judiciales (por todas, la sentencia de esta sección de 21 de julio de 2017. ECLI:ES: APB: 2017:6213 ) ha considerado que si no se han depositado las cuentas anuales se presume que la sociedad se encuentra incursa en causa de disolución por pérdidas, trasladando a los administradores, conforme al principio de facilidad probatoria, que, pese a no depositarse las cuentas, la sociedad no se encontraba en situación de pérdidas'.

En el presente caso, la documental aportada con la demanda acredita que la sociedad no ha depositado las cuentas desde 2018, lo que constituye un importante indicio o presunción iuris tantum de desbalance, del cual cabe deducir que la sociedad se hallaba incursa en causa de disolución, al impedir a los acreedores acceder al verdadero estado patrimonial de la mercantil. El administrador demandado es quien ostentan la facilidad y disponibilidad probatoria, y pese a ello no ha acreditado que la sociedad demandada no estaba incursa en causa legal de disolución y que disponía de liquidez suficiente, debiendo en consecuencia soportar las consecuencias del déficit probatorio ex artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

A mayor abundamiento, la actora presenta informe pericial -doc. 15- emitido por D. Jesus Miguel que advierte la existencia de errores en la contabilidad que llevan a generar una falsa apariencia de solvencia y que entiende que la causa de disolución existía ya desde el año 2016.

No propone la demandada prueba alguna que permita desvirtuar la presunción ni las conclusiones del perito que considera incluso anterior la concurrencia de la causa de disolución.

Sobre esta base, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, cabe presumir, que, desde el ejercicio 2016 se hallaba incursa en causa de disolución por perdidas.

Lo expuesto, nos lleva a dar por sentado la concurrencia de la causa prevista en la letra e) del art. 363.1 LEC ,en tanto que el capital social de la mercantil, según la Nota Simple del Registro Mercantil aportada asciende a 3.000 euros, sin que sea necesario entrar a analizar si concurre la causa de disolución prevista en el art 363.1 a) LSC .

4.- Incumplimiento del deber de convocar Junta General para que adopte el acuerdo de disolución o de remoción de sus causas, o (si la sociedad fuere insolvente) de promover el concurso.

El art. 367 LSC impone a los administradores la obligación de convocar Junta General para que adopte el acuerdo de disolución o de remoción de sus causas, o si procediere, el concurso de la sociedad.

En el presente caso no consta que el administrador demandado convocara, en el plazo de 2 meses desde la concurrencia de la causa legal de disolución, Junta General encaminada a remover la causa de disolución o procedieran a la meritada disolución ni que instara el concurso.

5.- Que la deuda reclamada haya nacido con posterioridad a la concurrencia de la causa de disolución alegada. Se presume que la deuda social es posterior, salvo que el administrador acredite que es anterior a la causa de disolución. Por tanto, es necesario que la deuda se contraiga (nazca) estando la sociedad incursa en causa de disolución.

En el presente caso consta acreditado que la deuda ha nacido con posterioridad, dado que la presunción del art. 367.2 LSC ,que establece que 'En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior',no ha sido desvirtuada.

6.- Que hayan transcurrido dos meses desde la concurrencia de la causa de disolución. El plazo de dos meses debe computarse desde que los administradores tuvieron o debieron tener conocimiento de la situación patrimonial de la sociedad, si hubieran obrado con la diligencia normal de su cargo.

7.- Inexistencia de causa justificadora de la omisión.

No consta ninguna causa que justifique que el administrador incumpliera los deberes que les impone la Ley de Sociedades de Capital.

8.- Buena fe en el ejercicio de la acción.

No existe ningún dato del que pueda derivarse la mala fe de la actora en el ejercicio de la acción.

Por lo expuesto, procede estimar /totalmente parcialmente la demanda y condenar al demandado al pago

QUINTO. -Intereses.

Resultan de aplicación los arts. 1101 y 1108 del Código Civil y el art. 576 de la LEC.

SEXTO. - Costas.

En materia de costas, y de conformidad con el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede su imposición a la parte demandad, dado que ha visto rechazadas todas sus pretensiones y el caso no presentaba importantes dudas de hecho o de derecho.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso

Fallo

Que debo estimar y ESTIMO INTEGRAMENTEla demanda interpuesta por la mercantil , DRONAS 2002 S.L.U. frente a D. Ángel y Dª Inocencia, y en consecuencia:

1.- Condeno solidariamente a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 132.708,88 € ( CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETENCIENTOS OCHO EUROS CON OCHETA Y OCHO CÉNTIMOS) junto con los intereses previstos en legales.

2.-Condeno a la parte demandada al pago de las costas causadas en la instancia.

Esta sentencia NO es firme y contra la cabe interponer Recurso de Apelación en el plazo de los 20 días siguientes a su notificación ante la Audiencia Provincial de Tarragona.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.Esta resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por la juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

La Juez

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