Sentencia Civil Nº 176/2016, Juzgados de lo Mercantil - Gijón, Sección 3, Rec 444/2015 de 22 de Julio de 2016

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 3

GIJON

SENTENCIA: 00176/2016

PLAZA DECANO EDUARDO IBASETA S/N 3ª PLANTA-GIJÓN

Teléfono:985176747

Fax: 985176746

Equipo/usuario: LGA

Modelo: 6360A0

N.I.G.: 33024 47 1 2015 0000415

JVB JUICIO VERBAL 0000444 /2015

Procedimiento origen: /

Sobre RECLAMACION DE CANTIDAD

DEMANDANTE D/ña. LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO S.A.

Procurador/a Sr/a. JUAN RAMON SUAREZ GARCIA

Abogado/a Sr/a. JOSE ANTONIO DE DIEGO QUEVEDO

DEMANDADO D/ña. Evaristo , Isidoro , María Consuelo

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a.

SENTENCIA

En Gijón, a 22 de julio de 2016, Doña Carmen Márquez Jiménez Juez sustituta del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Oviedo con sede en Gijón, ha visto los autos de Juicio Verbal seguidos ante ese Juzgado con el número de registro 444/2015, promovidos por LA ELÉCTRICA ÁLVAREZ SIRGO SA , que compareció en los autos representado por el Procurador Don Juan Ramón Suárez García y asistido por el Sr. Letrado José Antonio de Diego Quevedo, contra DON Evaristo , DON Isidoro Y DOÑA María Consuelo , en situación procesal de rebeldía; sobre ejercicio de acciones de responsabilidad de administradores.

Antecedentes

PRIMERO.-Por el Procurador de la actora, en la representación que consta acreditada en autos, se interpuso demanda de juicio Verbal contra Don Evaristo , Don Isidoro y Doña María Consuelo en la que tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó suplicando que se dictara sentencia por la que se condene solidariamente a las demandadas a abonar a la demandante la cantidad de 5.739,02 €, con costas.

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda, se emplazó a los demandados que no comparecieron, ni contestaron a la demanda, que por esta razón quedó sobre la mesa para resolver.

Fundamentos

PRIMERO.- Como es sabido, junto a las acciones de responsabilidad civil frente a los administradores previstas en los arts. 236 y ss LSC, nuestro ordenamiento ha establecido la responsabilidad de los administradores por el incumplimiento de determinados deberes legales.

Los supuestos previstos en el Texto Refundido de la LSA de 1989 y en la LSRL de 1995, en su versión originaria, consistían en el establecimiento de la responsabilidad solidaria de las obligaciones sociales de los administradores tanto de la sociedad anónima como limitada:

a) cuando incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la Junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución de la sociedad, cualquiera que fuera la causa de disolución que concurriera ( arts. 262.5 LSA y 105.5 LSRL en su redacción original);

b) cuando no soliciten la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la Junta, si ésta no se hubiese constituido, o desde el día de la Junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

Estas normas son aplicables a los incumplimientos de dichos deberes legales acaecidos antes de la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal (1 de Septiembre de 2004), la cual ha alterado en parte el régimen de responsabilidad, a saber:

1) En primer lugar, ha modificado la redacción da la causa de disolución más relevante a estos efectos, cual es la relativa a la existencia de pérdidas cualificadas de la sociedad, prevista en el art. 260.4º LSA y 104 e) LSRL . El texto vigente dice que la sociedad (anónima o limitada) se disolverá 'por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal';

2) En segundo término, la Ley Concursal la dado una nueva redacción al deber de los administradores de convocar Junta general, que no es coincidente para el caso de sociedades anónimas y limitadas. En el caso de las primeras el art. 262. 2 dice así: « 2. Los administradores deberán convocar Junta General en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución.

Asimismo podrán solicitar la declaración de concurso por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, siempre que la referida reducción determine la insolvencia de la sociedad, en los términos a que se refiere el artículo 2 de la Ley Concursal .

Cualquier accionista podrá requerir a los administradores para que se convoque la Junta si, a su juicio, existe causa legítima para la disolución, o para el concurso».

Para las limitadas el art. 105.1 dispone: «1. En los casos previstos en los párrafos c) a g) del apartado 1 del artículo anterior, la disolución, o la solicitud de concurso, requerirá acuerdo de la Junta General adoptado por la mayoría a que se refiere el apartado 1 del artículo 53. Los administradores deberán convocar la Junta General en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o inste el concurso. Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, concurriera alguna de dichas causas de disolución, o concurriera la insolvencia de la sociedad, en los términos a que se refiere el artículo 2 de la Ley Concursal ».

3) Por último la Ley Concursal ha modificado el tenor de los arts. 262.5 LSA ( «5. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la Junta General para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o al concurso»)y 105.5 LSRL ( «5. El incumplimiento de la obligación de convocar Junta General o de solicitar la disolución judicial o, si procediera, el concurso de acreedores de la sociedad determinará la responsabilidad solidaria de los administradores por todas las deudas sociales»).

La doctrina se encargó de poner de manifiesto la incongruencia de mantener un régimen más severo en sede societaria que en concursal. En efecto, si las pérdidas no llegaran a producir insolvencia, la pasividad del administrador llevaría a declarar ex arts. 262.5 LSA ó 105.5 LSRL su responsabilidad solidaria con la sociedad por todas las deudas sociales, mientras que si la llegan a generar el art. 172.3 de la Ley Concursal sólo prevé para los administradores una responsabilidad residual de la social por esas mismas deudas. Consciente de ello, el legislador, siguiendo la orientaciones de Derecho Comparado ( art. 2449 Código Civil italiano) ha corregido tal incongruencia a medio de la Ley 19/2005 de 14 de Noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, que en sus Disposiciones Finales 1 ª y 2ª modifica los arts. 262. 5 LSA y 105.5 LSRL , que pasan a tener idéntica redacción: '5. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disoluciónlos administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o al concurso.

En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.'

Las modificaciones introducidas por la Ley 19/2005 carecen de carácter retroactivo, dado que dicha Ley nada prevé al respecto y como es sabido las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario ( art. 2.3 Cc ). Por ello resulta sorprendente la sentencia de la Sala 1ª del TS de 9-1-2006 , que, en un obiter dicta, se ha mostrado favorable a la aplicación retroactiva tanto de las reformas operadas por la Ley Concursal como por la Ley 19/2005, basándose en el principio de la Ley penal más favorable tal como se establece en el art. 15 del Pacto internacional de Derechos civiles y políticos y art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de forma indirecta en el art. 9.3 de la Constitución Española . No obstante esta tesis no ha encontrado predicamento en la propia Sala 1ª que la ha obviado en sentencias posteriores sobre la misma materia, como ha declarado recientemente la SAP de Oviedo, Sección 1ª, de 18-5-2007.

Finalmente, en fecha 3 de julio de 2010 se publicó en el BOE el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en cuyo art. 367 se diseña el régimen de responsabilidad de administradores por deudas sociales en términos sustancialmente idénticos a los previamente recogidos por la LSA y LSRL.

Delimitado el marco legal aplicable según el momento en que haya tenido lugar el incumplimiento de los administradores, resta examinar la naturaleza de la responsabilidad que proclaman dichos preceptos. A este respecto es suficientemente expresiva la sentencia del TS de 23-2-2004 , que recalca que 'la acción ex art. 265 no requiere ninguna culpa en el administrador, ni relación de causalidad alguna con el daño, basta el hecho objetivo del incumplimiento de las obligaciones que la LSA impone específicamente al administrador social para que se desencadene el efecto sancionador' (en idéntico sentido, SSTS de 29-4- 99 , 20-7-2001 , 14-11-2002 ).

SEGUNDO.-En el caso de autos se ejercita la acción de concurrencia de la causa justificativa de la derivación de responsabilidad al administrador, se acredita por la actora que la mercantil EMPRESAS ASTUR MEJICANAS , S.L., administrada por el demandado señor Evaristo y cuyos apoderados eran los otros dos codemandados Doña María Consuelo y Don Isidoro , tal como resulta no sólo de la información registral, sino de las diligencias de averiguación practicadas en el seno del procedimiento ejecutivo seguido ante el Juzgado de 1ª instancia nº 5 de Gijón.

La cantidad que se reclama proviene de las relaciones comerciales entre la actora y la sociedad EMPRESAS ASTURMEJICANAS, S.L., documentadas a través de los correspondientes instrumentos que presentados al pago no fueron atendidos y que dieron lugar a los procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales número 144/2014 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Gijón, en el curso del cual no fue posible encontrar bienes con qué satisfacer el crédito del actor.

Así como del cálculo de los intereses realizado de conformidad con lo que se señala en la sentencia del citado Juzgado de 1ª Instancia de Gijón nº 5

TERCERO.- Por lo que se refiere a la concurrencia de la causa justificativa de la derivación de responsabilidad al administrador, se acredita por la actora que la mercantil EMPRESAS ASTURMEJICANAS, S.L., no depositó las cuentas anuales de los ejercicios 2011 en adelante (doc. 5 de la demanda). Y de la documental aportada con la demanda en la que aparecen las diligencias incoadas por el Juzgado nº 5 de Gijón en busca y averiguación de bienes, donde no existe bien alguno que permita hacer efectivo el crédito de la actora, parece evidente que ya en esa fecha 2014, existía una situación de insolvencia que imponía a los demandados la obligación de liquidar ordenadamente su sociedad o de presentar solicitud de concurso.

A esta situación hay que añadir el dato de que la mercantil ha desaparecido de hecho del tráfico jurídico, sin que sus administradores de derecho o de hecho hubieran adoptado las medidas impuestas por la ley. Ha resultado imposible la localización de la sociedad, ha desparecido de su sede y no consta que haya cumplido con ninguna de las obligaciones legales que le venían impuestas.

Además, de la documental aportada en el acto de la vista, resulta acreditado que los demandados son los administradores solidarios de la mercantil EMPRESAS ASTURMEJICANAS, S.L. desde noviembre de 2011, apareciendo como administrador el padre señor Evaristo , quien otorgó poderes absolutos para obrar en nombre de la sociedad en favor de su hijo señor Isidoro y de su mujer Doña María Consuelo Todos ellos demandados en estas actuaciones según la información suministrada por el Registro Mercantil (doc. 5).

Por todo ello, parece evidente que concurría la causa de disolución societaria prevista en el apartado 363.1.d) LSC, pues existen suficientes indicios para presumir la situación de insolvencia de la mercantil EMPRESAS ASTURMEJICANAS S.L., desde al menos el año 2014 en que tuvieron lugar los procedimientos frente a ella, por lo que concurre la causa de disolución expresada, y los administradores demandados debieron, tan pronto como le constó su existencia, convocar Junta para acordar la disolución, cosa que no hicieron en el plazo fatal de 2 meses que prescribe la LSC, situación que presumimos desde durante el ejercicio 2012, inactividad que le ha de hacer responder solidariamente de las deudas sociales existentes, como la reclamada a través de los presentes autos.

CUARTO.- La cantidad objeto de condena devengará el interés legal desde la intimación al pago representada por el emplazamiento para contestar a la demanda ( art. 1100 Cc ) hasta este sentencia, desplegando desde entonces sus efectos el art. 576 LEC .

QUINTO.- Las costas se imponen a la demandada ( art. 394.1 LEC ).

Fallo

ESTIMAR la demanda interpuesta por LA ELÉCTIRCA ALVAREZ SIRGO SA contra Don Evaristo , Don Isidoro y Doña María Consuelo , condenando a los demandados a abonar a la actora la cantidad de 5.739,02-€, cantidad que devengará los intereses explicitados en el Fundamento de Derecho Cuarto de esta sentencia, con expresa condena en costas a la parte demandada.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia fue leída por el Magistrado Juez que la firma en la audiencia pública del día de su fecha de lo que yo, Letrado de la Administración de Justicia, doy fe.