Sentencia CIVIL Nº 274/2020, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 1, Rec 347/2019 de 13 de Julio de 2020

Encabezamiento

Sección nº 01 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Paseo Lluís Companys, 14-16 - Barcelona - C.P.: 08018

TEL.: 934866050

FAX: 934866034

EMAIL:aps1.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0821142120178119716

Recurso de apelación 347/2019 -A

Materia: Juicio verbal (efectividad dº.reales inscritos)

Órgano de origen:Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Sant Feliu de Llobregat

Procedimiento de origen:Juicio verbal (Efectividad derechos reales inscritos art. 250.1.7) 710/2017

Parte recurrente/Solicitante: Valentina

Procurador/a: Jorge Ribe Rubi

Abogado/a: Nuria Morera Sanchez

Parte recurrida: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., IGNORADOS OCUPANTES Ctra. DIRECCION000, NUM000 de Sant Feliu de Ll.

Procurador/a: Francesc Ruiz Castel

Abogado/a: PABLO PIERRE PRATS

SENTENCIA Nº 274/2020

Barcelona, 13 de julio de 2020

La Sección Primera de la Audiencia provincial de Barcelona, formada por los Magistrados Dña. Maria Dolors MONTOLIO SERRA, Dña.Mª Teresa MARTÍN DE LA SIERRA GARCÍA-FOGEDA, y Dña. Isabel Adela GARCÍA DE LA TORRE FERNÁNDEZactuando la primera de ellos como Presidente del Tribunal, ha visto el recurso de apelación nº 347/19,interpuesto contra la sentencia dictada el día 13/02/19 en el procedimiento nº 710/17 , tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Sant Feliu de Llobregat en el que es recurrente Dña. Valentina y apelado Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.y previa deliberación pronuncia en nombre de S.M. el Rey de España la siguiente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.-La sentencia antes señalada, tras los correspondientes Fundamentos de Derecho, establece en su fallo lo siguiente: ' Que estimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Francisco Ruiz Castel, en nombre y representación de la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA contra IGNORADOS OCUPANTES DE LA DE LA CARRETERA DIRECCION000 NÚMERO NUM000 DE SANT FELIU DE LLOBREGAT y Valentina a desalojar el inmueble y a dejarlo libre.y a disposición de la actora bajo apercibimiento de lanzamiento, si no lo verificase.

Todo ello con expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento a la parte demandada'.

SEGUNDO.-Las partes antes identificadas han expresado en sus respectivos escritos de apelación y, en su caso, de contestación, las peticiones a las que se concreta su impugnación y los argumentos en los que las fundamentan, que se encuentran unidos a los autos.

Fundamenta la decisión del Tribunal el/la Ilm/a. Sra. Magistrada Ponente Dña. Isabel Adela GARCÍA DE LA TORRE FERNÁNDEZ.

Fundamentos

PRIMERO.- Planteamiento del litigio. Resolución apelada. Recurso de apelación.

BBVA, S.A. formuló demanda de juicio verbal en ejercicio de una acción para la efectividad de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad al amparo del artículo 41 de la Ley Hipotecaria, contra los ocupantes de la vivienda titularidad de la actora, sita en Sant Feliu de Llobregat, Carretera DIRECCION000, NUM000.

Admitida a trámite la demanda, compareció en el procedimiento como ocupante doña Valentina y fijada caución en la suma de 350 euros mediante auto de 17 de abril de 2018, la misma no fue prestada por la demandada, que no presentó escrito de oposición, quedando los autos conclusos para resolver, dictándose sentencia en fecha 13 de febrero de 2019 estimando íntegramente la demanda, con imposición de costas a la demandada.

Frente a la sentencia dictada se interpuso por doña Valentina recurso de apelación alegando privación del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva solicitando la nulidad de todo lo actuado desde el auto de 17 de abril de 2018 así como que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a la vista. BBVA, S.A. se opuso al recurso interpuesto, interesando en todo caso la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- Admisibilidad delrecurso.

Antes de analizar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia que estimó la demanda, es preciso recordar que en reunión de Presidentes de las Secciones Civiles de esta Audiencia Provincial de 20/4/18, se decidió por unanimidad, que la ausencia de prestación de caución prevenida en los artículos 439.2.2 º, 440.2 y 444.2 de la LECLegislación citadaLEC art. 439.2.2 en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 64 de la misma normaLegislación citadaLEC art. 64.2 no justifica la inadmisión del recurso de apelación.

Justificaba dicho acuerdo la decisión adoptada en que, con base en la sentencia del Tribunal Constitucional de 25/2/02, que analizaba las circunstancias que debían ponderarse para la adopción de la cauciónen este tipo de procedimientos, que no podían impedir la tutela efectiva y que su exigencia hiciese impracticable el ejercicio del derechode defensa, se hacía necesaria la posibilidad de examen tanto de la concreción de la caucióncomo de las circunstancias económicas del demandado, también en sede de recursode apelación, para lo que no podía ser obstáculo la ausencia de prestación de cauciónexigencia que no deriva de los artículos 449Legislación citadaLEC art. 449 y 455 de la LECLegislación citadaLEC art. 455, por lo que el recursoestá correctamente admitido y procede su resolución.

TERCERO.- Resolución del recurso.

Mantiene la demandada, como fundamento de su recurso de apelación, que la exigencia de una caución por importe de 350 euros, cuya falta de prestación ha supuesto la estimación de la demanda podría suponer una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva pues, teniendo en cuenta la precaria situación económica de la misma, ello le ha impedido el acceso al procedimiento, solicitando la nulidad de lo actuado desde el auto que fijó la caución en la suma de 350 euros.

No obstante las alegaciones de la apelante, una nueva revisión de lo actuado en autos nos ha de llevar a la desestimación del recurso, confirmando íntegramente la sentencia de instancia.

La actora formuló demanda de protección de los derechos reales inscritos, conforme el artículo 250-1-7º de la Ley de Enjuiciamiento Civil contra los ignorados ocupantes del inmueble. La demanda, conforme lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Hipotecaria procede dirigirla contra quienes, sin título inscrito, se opongan a los derechos reales inscritos o perturben su ejercicio y está basada en el artículo 38 de la Ley Hipotecaria , que recoge el principio de legitimación registral, que al propio tiempo constituye una presunción iuris tantum al establecer que 'a todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos'; estando tasadas en este tipo de procedimientos las causes de oposición a las recogidas en el artículo 444-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 que, en relación al proceso previsto en los casos del núm. 7, apartado 1 del artículo 250 de la LEC , establece que 'La oposición del demandado únicamente podrá fundarse en alguna de las causas siguientes:

1.º Falsedad de la certificación del Registro u omisión en ella de derechos o condiciones inscritas, que desvirtúen la acción ejercitada.

2.º Poseer el demandado la finca o disfrutar el derecho discutido por contrato u otra cualquier relación jurídica directa con el último titular o con titulares anteriores o en virtud de prescripción, siempre que ésta deba perjudicar al titular inscrito.

3.º Que la finca o el derecho se encuentren inscritos a favor del demandado y así lo justifique presentando certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de la vigencia de la inscripción.

4.º No ser la finca inscrita la que efectivamente posea el demandado'.

En el caso de autos, no habiendo formulado oposición la parte demandada mediante la oportuna contestación a la demanda, tampoco su recurso se fundamenta en ninguna de las causas de oposición legalmente previstas y, en contra de lo que mantiene la apelante, la sentencia de instancia realiza una correcta valoración de los hechos y de la prueba practicada, sin que la misma vulnere derecho alguno, no siendo la precaria situación económica de la demandada, en que se fundamentan todas las alegaciones de su recurso, causa de oposición en este tipo de procedimientos, ni esta circunstancia legitima la posesión de la demandada, ni otorga título a la misma para continuar en la ocupación de la finca.

Privación del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

El hecho de que sea admisible el recurso de apelación sin necesidad de haber prestado la caución no significa, sin embargo, que no sea necesaria su prestación para poder oponerse a la pretensión de la demandante, en contra de lo que sostiene el apelante, que señala la posible infracción de su derecho a la tutela judicial efectiva dada la cuantía señalada para la caución, teniendo en cuenta su precaria situación económica.

Como recordaba esta Sala en su Sentencia de 3 de junio de 2019, 'en relación con la cuestión que plantea el apelante conviene recordar que es doctrina constitucional reiterada ( SSTC 69/1984Jurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 11-06-1984 ( STC 69/1984) , 6/1986Jurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 21- 01-1986 ( STC 6/1986), 100/1986Jurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 14-07-1986 ( STC 100/1986), 55/1987Jurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 13-05- 1987 ( STC 55/1987), 57/1988Jurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 05-04-1988 ( STC 57/1988), 124/1988Jurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 23-06-1988 ( STC 124/1988), 42/1992Jurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 30-03-1992 ( STC 42/1992), 145/1998Jurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 30-06-1998 ( STC 145/1998), y 115/1999Jurisprudencia citadaSTC, Sala Primera, 14-06-1999 ( STC 115/1999)), que el derechode acceso a la actividad jurisdiccional y a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en derechosobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso, al tratarse de un derechoprestacional de configuración legal, su ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los requisitos y presupuestos procesales que, en cada caso, haya establecido el legislador, razón por la cual también se satisface el derechoa la tutela judicial efectiva cuando se obtiene una resolución que deja imprejuzgada la acción o la pretensión ejercitada en el proceso, si está fundada en la falta de algún requisito o presupuesto procesal legalmente establecido que impida entrar en el fondo del asunto.

E idénticas consideraciones resultan de aplicación en relación con la oposición que pueda formularse, y su resolución por parte de los Tribunales.

Por lo que se refiere a la posible colisión entre la necesaria prestación de caucióny el derechode asistencia jurídica gratuita, y, en concreto, en relación con el procedimiento que nos ocupa, el Tribunal Constitucional (S. 202/87, de 17 de diciembreJurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 17-12-1987 ( STC 202/1987) ), no apreció vicio de inconstitucionalidad alguno en el hecho de que gozando el demandado del beneficio de justicia gratuita se le exija la prestación de una caución, no obstante lo cual a la hora de fijar su cuantía, se impone a los órganos judiciales una ponderación de las circunstancias del caso que tenga en cuenta el objeto y contenido de la pretensión ejercitada en la demanda, las consecuencias económicas que para el demandante se deriven de la conducta perturbadora del derecho realinscrito que se imputa al demandado (frutos, daños y perjuicios y costas procesales), así como de la capacidad económica de éste.

Y, teniendo en cuenta el objeto de la caución, cual es por un lado asegurar la ejecución ante una eventual estimación de la demanda principal frente al poseedor o perturbador de una finca registral ajena, garantizando las costas procesales y la devolución de los frutos o la indemnización de perjuicios; y, por otro, un objetivo disuasorio frente a posibles abusos u oposiciones infundadas sin otra finalidad que dilatar un procedimiento manteniéndose sin derechoamparable en el despojo o en la perturbación frente al titular registral, teniendo en cuenta la capacidad económica de la demandada, que fue analizada por el juzgado de instancia, se resolvió fijar la caución en 350 euros, frente a los 3.975,39 solicitados por la actora, por lo que no se puede concluir que dicha caución atente contra el derecho a la tutela judicial efectiva como denuncia la apelante. La fijaciónde cauciónen la suma señalada por el Juzgado nos parece plenamente respetuosa con la doctrina del Tribunal Constitucional dictada en la materia pues debe guardarse un equilibrio entre la necesidad de garantizar el derechode defensa y la exigencia de cauciónprevista en la ley, equilibrio que se articula a través de una recta ponderación de las circunstancias concurrentes en el caso, por un lado, teniendo en cuenta el objeto y contenido de la pretensión ejercitada en la demanda, y las consecuencias económicas que para el demandante se derivan de la conducta perturbadora del derecho realinscrito que se imputa a los demandados (frutos, daños y perjuicios y costas procesales), y, por otro, la capacidad económica de éstos.

Doctrina por lo demás reiterada en la propia Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de febrero de 2002, donde se razona:

'En relación con este extremo cabe señalar que el goce delderechoa la asistencia jurídica gratuita no tiene forzosamente que producir el efecto de exonerar a su titular de la obligación de prestar las fianzas que le sean exigibles en el ámbito del proceso civil. En la STC 202/1987, de 17 de diciembre Jurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 17-12-1987 (STC 202/1987) , tuvimos ocasión de declarar que la fianza exigida por los órganos judiciales a un demandante al que se había reconocido el derechoa la justicia gratuita, como condición previa para acordar la anotación en el Registro de la Propiedad de su demanda civil, no vulneraba el derechoa la tutela judicial efectiva, pues la adopción de esta medida cautelar es susceptible de originar unos daños y perjuicios en el demandado, en atención a los cuales la ley admite que pueda condicionarse, exigiendo la oportuna cauciónde quien la solicite ( art. 139 RH Legislación citadaRH art. 139 ). Tal consideración, unida a la presunción de existencia y exactitud de los derechos reales inscritos ( art. 38 LH Legislación citadaLH art. 38 ), que se verían afectados por dicha medida cautelar, justificaban la prestación de la cauciónexigida en el caso resuelto por dicha Sentencia, en atención a que la resolución judicial que la establecía se apoyaba en una razonada, detallada y explícita fundamentación del fallo'.

Y en concreto en relación con la fianza prevista en el artículo 444 de la Ley de Enjuiciamiento CivilLegislación citadaLEC art. 444, dijo lo siguiente: '... La regulación legal que se deja sucintamente expuesta impone a los órganos judiciales, a la hora de fijar la cuantía de la cauciónque debe prestar el demandado, una ponderación de las circunstancias del caso que tenga en cuenta el objeto y contenido de la pretensión ejercitada en la demanda, las consecuencias económicas que para el demandante se derivan de la conducta perturbadora del derecho realinscrito que se imputa al demandado (frutos, daños y perjuicios y costas procesales), así como la capacidad económica de éste, pues la exigencia de una cauciónque hiciera impracticable el ejercicio de su derechode defensa, impidiéndole contestar a la demanda y oponerse a la pretensión del actor ('demanda de contradicción'), podría constituir una privación delderechoa la tutela judicial efectiva que vulneraría el art. 24.1 CE Legislación citadaCE art. 24.1 al impedir el acceso al proceso sumario en el que le ha situado la contraparte..'.

En resumen, la falta de prestación de cauciónresulta suficiente para desestimar el recurso y confirmar la sentencia, en virtud de lo establecido en el art. 440.2 LECLegislación citadaLEC art. 440.2 .

CUARTO.- Costas.

La desestimación del recurso determina la imposición de las costas de esta alzada a la apelante, conforme a lo dispuesto en el artículo 398 de la Lec .

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de doña Valentina contra la sentencia de 13 de febrero de 2019 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sant Feliu de Llobregat , que se confirma íntegramente, imponiendo a la apelante las costas del recurso.

Con pérdida del depósito consignado.

La presente sentencia podrá ser susceptible de recurso de casación si concurren los requisitos legales ( art. 469- 477- disposición final 16 LEC), y se interpondrá, en su caso, ante este Tribunal en el plazo de veinte días a contar desde la notificación de la presente.

Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con certificación de la misma.

Pronuncian y firman esta sentencia los indicados Magistrados integrantes de este Tribunal.