Sentencia Civil Nº 34/2016, Juzgados de lo Mercantil - Oviedo, Sección 2, Rec 12/2016 de 06 de Abril de 2016

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 2

OVIEDO

SENTENCIA: 00034/2016

JDO. DE LO MERCANTIL N. 2 DE OVIEDO

C/ LLAMAQUIQUE S/N

Teléfono: 985250984

Fax: 985270099

OGL

M68330

N.I.G.: 33044 47 1 2016 0000029

JVB JUICIO VERBAL 0000012 /2016

Procedimiento origen: /

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE, DEMANDANTE D/ña. AGEDI-AIE, SGAE

Procurador/a Sr/a. DELFINA GONZALEZ DE CABO, DELFINA GONZALEZ DE CABO

Abogado/a Sr/a. , JUAN CARLOS CHAMERO MARTINEZ

DEMANDADO D/ña. LACARVIS S.L

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a.

Mesa 4

SENTENCIA

En Oviedo a 06 de abril de 2016.

Visto por mi, Miguel Alvarez Linera Prado, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo, los presentes autos de Juicio Verbal seguidos con el número de registro 12/16 que, en reclamación de cantidad, promovió la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, AGEDI AIE, que compareció en los autos representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. González de Cabo y bajo la dirección letrada del Sr. Chamero Martínez, contra LACARVIS, S.L., en situación procesal de rebeldía.

Antecedentes

PRIMERO.-El pasado 4 de enero de 2016 fue repartida a este Juzgado la demanda interpuesta por la Sra. González de Cabo en la que, en síntesis, alegó que la parte demandada habría venido comunicando públicamente y sin su autorización obras de propiedad intelectual cuyos derechos de explotación gestionaba su mandante mediante un equipo audiovisual en el establecimiento CLUB DELPHOS que regenta y durante el periodo comprendido entre los año s 2012 a 2015, habiendo resultado infructuosas cuantas gestiones se hicieron con la misma para que, bien cesara en dicha comunicación, bien suscribiera el oportuno contrato, por lo que terminó suplicando que se dictara sentencia por la que se condenara al demandado al abono de 1.449,10 € a favor de SGAE y 507,23 euros a favor de AGEDI e AIE, correspondientes a las cantidades mínimas que según tarifas debió de abonar conforme a las tarifas legalmente previstas, más los intereses y las costas de esta primera instancia.

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma al demandado. Convocadas las partes al acto del juicio, al mismo no compareció el demandado, practicándose las pruebas propuestas por la parte actora, quedando los autos vistos para sentencia.

TERCERO.-En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-La sociedad demandante actúa en este proceso como entidad gestora de los derechos reconocidos en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 12-4-1996, ejercitando la acción prevista en el artículo 138 en relación con el 20, ambos del texto legal citado, en orden a obtener del demandado la indemnización de los daños y perjuicios causados, que cifró en la cantidad de 1.449,10 € a favor de SGAE y 507,23 euros a favor de AGEDI e AIE alegando, en síntesis, que la parte demandada venía comunicando públicamente obras de su repertorio, sin que hubiera atendido a los reiterados requerimientos que se le hicieron para que bien cesara en la citada comunicación, bien suscribiera el oportuno contrato que legitimara su actuación, circunstancias todas ellas que quedan acreditadas por los documentos aportados con la demanda.

SEGUNDO.-Planteados los términos del debate en la forma expuesta, y debiendo considerar la postura procesal de la demandada como una oposición tácita a la demanda ( por todas, STS de 21 de abril de 2005 ), se ha de comenzar por decir que la actora ejercita una acción de reclamación de cantidades, para lo habrá que tener en cuenta el art.217 LEC , que establece '1 . Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. 2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.4. En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente.5. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes.6. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio.'

Este precepto ha de ser entendido en el sentido de que a la actora le basta con probar los hechos normalmente constitutivos de su derecho, pues si el demandado no se limita a negar aquellos sino que alega otros, con el objeto de impedir, extinguir o modificar el efecto jurídico pretendido en la demanda, tendrá que probarlos, de la misma forma que habrá de acreditar también aquellos eventos que por su naturaleza especial o su carácter negativo no podrían ser demostrados por la parte adversa sin graves dificultades. En definitiva, en términos generales, cuando se invoca un hecho que sirve de presupuesto al efecto jurídico que se pretende y el mismo no ha sido probado, las consecuencias de esa falta de prueba son que se tendrá tal hecho por inexistente en el proceso, en contra de aquél sobre quien pesaba la carga de su demostración.

Así, la SGAE gestiona, como es hecho notorio los derechos de propiedad intelectual de gran número de autores, que forman parte de la SGAE, amen de los derivados de los contratos de reciprocidad con otras entidades de gestión de todo el mundo concertados. Y conforme a lo anteriormente expuesto, la carga probatoria debe ponderarse teniendo presente la facilidad y disponibilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes, como ha venido estableciendo la jurisprudencia ( STS de 17 de octubre de 1983 , 23 de septiembre de 1986 , 12 de diciembre de 1988 , 18 de abril de 1990 , 23 de octubre de 1991 y de 30 de julio de 1999 ) y consagra ahora el art 217 LEC . Así, exigir que la SGAE pruebe que todas y cada una de las obras musicales utilizadas en los espectáculos organizados por la demandada están dentro de su repertorio implicaría la necesidad de su previa identificación y ello conllevaría, por su imposibilidad o gran costo, la ineficacia del sistema de protección establecido en la Ley, y convertirlo en la practica en irreal, resultando defraudados los intereses generales en la protección de la propiedad intelectual que justifica la concesión de esa gestión colectiva . Por ello la jurisprudencia señala que ello sería imponer una probatio diabólica ( SAP de Cantabria de 16/6/2001 ,con cita de la STS de 29 Oct. 1999 ), de manera que corresponde a la demandada acreditar haber satisfecho el importe del derecho reclamado a otra entidad de gestión o al autor o que tales obras no aparecen gestionadas por la entidad actora para verse liberado de las pretensiones de la actora .En este sentido es expresiva la SAP de Madrid de 25 de Junio de 2002 al decir 'Existe una presunción de comunicación pública, que provoca la inversión de la carga de la prueba, por lo que el demandado es quien debería probar los hechos desvirtuadores de la acción ejercitada. Esta inversión de la carga de la prueba se ha venido entendiendo en esa materia antes de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 Ene. 2000, así en SAP de Madrid Sección 2.ª de 5 May. 1993 , SAP de Palencia de 21 Oct. 1993 , entre otras, y tras la referida fecha, y aplicando el precepto antes referido, artículo 217 LEC , la conclusión a la que se llega es la misma, porque se llame inversión de la carga de la prueba, o mayor facilidad probatoria lo cierto es que era el demandado quien tenía que probar que no estaba explotando derechos de autor, o que los que explotaba no estaban cedidos a la actora, o que estaba pagando por esa actividad a un particular o a otra entidad, para que al amparo de ello la demandante probara que esos derechos eran gestionados por ella, en su caso '. Y de igual manera, entre otras, la SAP de Córdoba de 16 de enero de 2002 , SAP de Málaga de 21 de Septiembre de 1999 y SAP de Gerona de 15 de mayo de 2000 , con cita de la misma Audiencia de de 1 Oct. 1997 ).

Así las cosas, resultado de la documental aportada por la parte actora y que no fue impugnada de contrario la concurrencia de una comunicación pública de obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual y no constando ni la no inclusión de las mismas en el repertorio gestionado por la demandante así como tampoco el abono de los correspondientes derechos conforme a las tarifas reglamentariamente establecidas, no procede sino la íntegra estimación de la demanda en cuanto a la reclamación económica que se efectúa. Y todo ello, de conformidad con el contenido de los arts. 140 de la LPI en cuanto dispone que '1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial. 2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

Y en el caso que nos ocupa, habiendo acudido la demandante a las tarifas oficiales sin oposición por la demandada respecto de su aplicabilidad automática, no procede sino reconocer como debida la integridad de la cantidad reclamada.

TERCERO.-En materia de intereses se estará a lo previsto en los artículos 1.100 , 1.101 y 1.108 del Cc ., tomando el emplazamiento a juicio como la intimación al pago prevista en el primero de los preceptos citados, sin perjuicio de que desde esta misma fecha despliegue sus efectos el artículo 576 de la L.E.C .

CUARTO.-Las costas, de conformidad con el artículo 394.1 de la L.E.C ., se imponen a la parte demandada.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, AGEDI y AIE contra LACARVIS, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a que abone 1.449,10 € a favor de SGAE y 507,23 euros a favor de AGEDI e AIE, más los intereses establecidos en la fundamentación jurídica de ésta resolución así como las costas causadas en ésta instancia.

Así por esta mi sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia fue leída por el Magistrado que la firma en la audiencia pública del día de su fecha de lo que yo, Secretario, doy fe.