Sentencia CIVIL Nº 389/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 19, Rec 168/2019 de 11 de Julio de 2019

Encabezamiento

Sección nº 19 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil
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Recurso de apelación 168/2019 -C
Materia: Juicio verbal (efectividad dº.reales inscritos)
Órgano de origen:Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Badalona
Procedimiento de origen:Juicio verbal (Efectividad derechos reales inscritos art. 250.1.7)
1360/2017
Parte recurrente/Solicitante: Agustina
Procurador/a: Sara Albero Iniesta
Abogado/a: Francisco Almenara Pérez
Parte recurrida: IGNORATS OCUPANTS C/ DIRECCION000 , NUM000 , NUM001 NUM002 SANT
ADRIA DE BESOS, CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA
Procurador/a: Lluis Garcia Martinez
Abogado/a: Jordi MANRESA i MOLINS
SENTENCIA Nº 389/2019
Magistrados:
Miguel Julián Collado Nuño Jose Manuel Regadera Sáenz Gonzalo Ferrer Amigo
Barcelona, 11 de julio de 2019

Antecedentes

Primero . En fecha 13 de marzo de 2019 se han recibido los autos de Juicio verbal (Efectividad derechos reales inscritos art. 250.1.7) 1360/2017 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Badalona a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por e/la Procurador/a Sara Albero Iniesta, en nombre y representación de Agustina contra la Sentencia Nº 257/2018 de fecha 14/11/2018 y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/a Lluis Garcia Martinez, en nombre y representación de CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA.

Segundo . El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente: 'ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta por Consorci del barri de la Mina contra Agustina e ignorados ocupantes de la finca sita en San Adrián del Besós, DIRECCION000 núm. NUM000 , NUM001 NUM002 y en consecuencia, declaro la efectividad del derecho real de propiedad del actor sobre dicha finca y condeno a los demandados a desalojar dicha finca, dejándola libre, vacua y expedita a disposición del actor, sin imposición de costas.' Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 11/07/2019.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables al caso.

Se designó ponente al Magistrado Gonzalo Ferrer Amigo.

Fundamentos

PRIMERO.- Antecedentes. Consorci del Barri de la Mina interpuso demanda de juicio verbal al amparo de lo establecido en los artículos 250,1 , 7º LEC en relación con el artículo 41 de la Ley Hipotecaria . Sintéticamente afirmaba ser propietaria de la finca sita en Sant Adrià de Besós, DIRECCION000 nº NUM000 , NUM001 - NUM002 y que la misma estaba siendo ocupada de manera ilegítima.

Emplazados los ignorados ocupantes e identificada a estos fines en dicha vivienda Dª Agustina , se emplazó a los demandados dando audiencia para el establecimiento de la fianza previa a la oposición que fue fijada en 600€ , fianza que no fue prestada. Tras la celebración del juicio verbal, se dictó sentencia estimatoria parcial de la demanda al no entrarse a valorar la petición de condena a indemnizar los daños y perjuicios causados .

Interpone recurso de apelación la Sra. Agustina interesando la nulidad de actuaciones ante la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que implica el importe de la caución, debiendo establecerse en cuantía inferior permitiéndose de esta forma la consideración de la causa de oposición alegada,circunscrita a la ocupación por tiempo superior a un año que impide el triunfo de la acción planteada El recurso es opuesto de contrario

SEGUNDO .- Se aceptan íntegramente los fundamentos de la resolución recurrida.

Impugnan los apelantes la sentencia pretendiendo la nulidad de actuaciones desde el momento en que se vulneró la tutela judicial efectiva de los apelantes e inicialmente demandados dentro de la categoría general de ignorados ocupantes de la vivienda propiedad del Consorci del Barri de la Mina.

No especifica sin embargo la parte recurrente el momento a partir del cual debería declararse la nulidad de actuaciones. Lo cierto es que la demanda está correctamente estructurada y dirigida contra los ignorados ocupantes, que se emplazó a los demandados, con identificación en el domicilio a la ahora apelante, para comparecer al acto del juicio. Consta la fijación de la caución y consta que pese a la citación, al requerimiento y a la audiencia en torno a la misma, la demandada no abonó la caución requerida dentro de los términos estrictos de este procedimiento sumario.

Las alegaciones del recurso por tanto más que dirigirse frente a una actuación procesal concreta evidencian un rechazo al proceso sumario como tal, cuya vigencia legal habilita la actuación de los propietarios frente a aquellas personas que carecen de título con independencia de que la posesión sin título exceda de un año y evidencia una disconformidad con el montante de la caución considerando que es excesiva. De hecho las sentencias citadas en el recurso no se oponen al establecimiento de la caución, la consideran necesaria y la establecen en función e las circunstancias del caso incluso ante un supuesto de justicia gratuita.

En efecto, el ejercicio de la acción tendente a la efectividad de los derechos reales inscritos ha de diferenciarse de aquellas que tienen por objeto la tutela de la posesión; derivando la primera de la presunción de exactitud de la titularidad del derecho inscrito en la forma determinada por el asiento respectivo del artículo 38 de la Ley Hipotecaria ; lo cual justifica la exigencia de caución para oponerse a la demanda en los términos expresados en los arts.439.2.2 , 440.2 y 444.2 LEC con la prevención, en caso de no constituirse, de que la sentencia incluya las actuaciones que, para la efectividad del derecho inscrito, hubiere solicitado el actor. Del mismo modo y con base en esta especifica naturaleza el art. 444.2 de la LEC limita la oposición del demandado a las causas siguientes: 1.º Falsedad de la certificación del Registro u omisión en ella de derechos o condiciones inscritas, que desvirtúen la acción ejercitada.

2.º Poseer el demandado la finca o disfrutar el derecho discutido por contrato u otra cualquier relación jurídica directa con el último titular o con titulares anteriores o en virtud de prescripción, siempre que ésta deba perjudicar al titular inscrito.

3.º Que la finca o el derecho se encuentren inscritos a favor del demandado y así lo justifique presentando certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de la vigencia de la inscripción.

4.º No ser la finca inscrita la que efectivamente posea el demandado.

Esta presunción de exactitud es la que determina la caución como paso previo a la oposición.

Precisamente, el Tribunal Constitucional, Sala 2ª, en su sentencia nº 45/2002, de 25/02/2002 , sostiene la procedencia de su exigibilidad, siempre que, atendida la capacidad económica del demandado, su importe no suponga una efectiva privación del ejercicio del derecho a la tutela judicial, declarando que la caución es una garantía que debe prestar el demandado para que le sea admitida la oposición a la demanda y tiene como fin el de responder de los daños y perjuicios causados y de las costas procesales, diferenciándose así de las medidas cautelares.

Por otra parte, el artículo 6 de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita al establecer el contenido material del derecho no incluye la caución.

Ahora bien además la caución para oponerse a la demanda formulada por el titular registral, a que se refieren los arts.439.2.2 , 440.2 y 444.2 LEC , constituye un requisito necesario para que el demandado pueda oponerse, de modo que, en caso de que no constituya la misma, el Juez debe dictar sentencia 'acordando las actuaciones que, para la efectividad del derecho inscrito, hubiere solicitado el actor' ( art.440.2 LEC ); lo que determina el carácter imperativo de la caución, que no puede verse afectado por el hecho de que la demandada litigue con derecho de justicia gratuita dado que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero , de asistencia jurídica gratuita, dicho beneficio sólo abarca la exención del pago de depósitos para recurrir, mas no para interponer demandas, y así viene siendo declarado por el Tribunal Constitucional (sentencias 202/87 y 45/02 ). La caución está orientada a responder 'de los frutos que haya percibido indebidamente, de los daños y perjuicios que hubiere irrogado y de las costas del juicio' ( art.439.2.2º LEC ), y es claro que la ocupación de la finca impide al actor percibir el importe correspondiente al alquiler de la misma.



TERCERO.- Respecto a la nulidad solicitada es preciso destacar que según el artículo 238 de la Ley O .

del Poder Judicial, los actos procesales serán nulos de pleno derecho, entre otros casos, cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión, añadiendo el artículo 240 de la misma ley que la nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate o por los demás medios que establezcan las leyes procesales. En igual sentido se pronuncian los arts. 225 y 227 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . De lo expuesto resulta que, para que sea procedente la declaración de nulidad de las actuaciones judiciales, es preciso que concurran varios requisitos.

En primer lugar, la existencia de una infracción procesal sustancial, esto es, de una omisión total y absoluta de las normas esenciales del procedimiento, por lo que no cualquier infracción de las normas procedimentales determina la nulidad de las actuaciones judiciales. En segundo lugar, que como consecuencia directa de tal infracción se haya producido indefensión, habiendo sostenido el Tribunal Constitucional que la indefensión relevante a efectos de la nulidad de actuaciones no tiene lugar siempre que se vulneren cualesquiera normas procesales, sino solo cuando con esa vulneración se aparejan consecuencias prácticas consistentes en la privación del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por ella ( STC de 23 de abril de 1986 ), requiriéndose además que tal indefensión no ha de hallar su motivo en la propia postura procesal de quien alega haberla sufrido, es decir, no puede mantener una alegación constitucional de indefensión quien, con su propio comportamiento omisivo o falta de la necesaria diligencia, es el causante de la limitación de los medios de defensa que se haya podido producir ( STC de 27 de mayo de 1986 ). Y, en tercer lugar, que la nulidad de actuaciones se haga valer en todo caso a través de los recursos establecidos en la ley contra la resolución de que se trate o por los demás medios que se establezcan en las leyes procesales.

Pues bien, la única causa de nulidad es la referida al importe de la caución que fue establecida por el Tribunal del Instancia tras oír a la demandada analizando los argumentos ofreciendo y confirmando la decisión, tal y como se expone en el propio recurso, tras la interposición del recurso de reposición. La fianza establecida, dado además el tiempo de permanencia previa y la larga duración del proceso judicial no se considera desproporcionada ni alejada del criterio cautelar de la caución establecida en procesos de este tipo en los que los demandados habitualmente son beneficiarios de la justicia gratuita. Es preciso por tanto realizar una ponderación de derechos y amparar también a la propiedad antes de considerar las causas de oposición que son restringidas y taxativamente previstas en la norma que no incluye por lo demás el tiempo de posesión previo a la demanda como determinante del amparo de la posición fáctica del ilegítimo ocupante. No existen por lo tanto actos nulos, ni siquiera irregulares, la caución es necesaria en este proceso y es proporcionada a las circunstancias y no pueden los apelantes en consecuencia invocar indefensión.

Se desestima por ello el recurso con plena confirmación de los argumentos de la sentencia de instancia y sin perjuicio de instar en ejecución de sentencia las medidas de protección que consideren oportunas y que tengan amparo legal.



CUARTO.- Ante la desestimación del recurso se imponen las costas a la parte recurrente ( artículo 398,1 LEC ) VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

LA SALA ACUERDA : Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por Dª Agustina contra la Sentencia dictada en fecha 14 de Noviembre de 2018 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Badalona en los autos de los que el presente rollo dimana, SE CONFIRMA LA MISMA con imposición de costas a la recurrente.

Contra esta Sentencia cabe interponer Recurso de Casación en el caso de cumplirse los requisitos procesales para ello.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC ) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC ) siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :