Sentencia CIVIL Nº 538/2017, Juzgados de lo Mercantil - Palma de Mallorca, Sección 2, Rec 817/2015 de 16 de Noviembre de 2017

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 2

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00538/2017

SENTENCIA

En Palma, a dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete

Vistos por mí, D. Tomás Méndez López, Juez de Refuerzo del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Palma, los presentes autos de juicio verbal registrados con el nº 817/2015, seguidos a instancia de la entidad mercantil TRANSMALLORCA DISTRIBUIDORA S.L, representada por el Procurador D. Miguel Socias Rosselló y asistida de la Letrada Dña. Sandra Femenias Muñoz, contra D. Luis Francisco , sin representación ni defensa y en situación procesal de rebeldía, sobre acción de reclamación de cantidad y responsabilidad solidaria de los administradores por deudas sociales; ha recaído la presente resolución en base a los siguientes

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Procurador D. Miguel Socias Rosselló, en la representación indicada, se dedujo demanda de reclamación de cantidad y de responsabilidad de los administradores por deudas sociales, en la que, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho aplicables, interesaba la condena del demandado, en su condición de administrador único de la sociedad mercantil ART & PA I CAFÉ S.L, al pago de la cantidad de 1.062,06 euros, intereses y costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado a la parte demandada para su contestación, lo que no verificó en tiempo y forma, siendo por ende declarada en situación procesal de Rebeldía.

Por la parte actora no se ha interesado la celebración de vista, por lo que procede el dictado de sentencia sin más trámites, de conformidad con el artículo 438.4 de la LEC .

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-Objeto y pretensiones. Se ejercita en la demanda acción de reclamación de cantidad y de responsabilidad solidaria de los administradores por deudas sociales. A tal efecto, peticiona la demandante el dictado de sentencia con los siguientes pronunciamientos:

1-Se declare que D. Luis Francisco , en su condición, precisamente, de administrador único de 'ART PA I CAFÉ S.L' adeuda solidariamente con dicha compañía a 'TRANSMALLORCA DISTRIBUIDORA S.L', la suma de 1.062,06 euros de principal, más los intereses legales del principal devengados desde la fecha de interposición de la demanda de juicio verbal, más los que se sigan devengando, y lo que por costas del presente procedimiento y del verbal y ETJ, corresponda.

2- Se condene a D. Luis Francisco a estar y pasar por la anterior declaración, y en consecuencia a abonar solidariamente a 'TRANSMALLORCA DISTRIBUIDORA S.L', la suma de 1.062,06 euros de principal, más los intereses legales del principal devengados desde la fecha de interposición de la demanda de juicio verbal, más los que se sigan devengando, y lo que por costas del presente procedimiento y del verbal y ETJ, corresponda.

La parte demandada no ha contestado la demanda, encontrándose pues en situación procesal de rebeldía.

SEGUNDO.-Normativa aplicable.La acción de responsabilidad de los admini stradores se contempla la Ley de Sociedades de Capital.

Así, dispone el art.236:

Presupuestos de la responsabilidad

'1. Los administradores de derecho o de hecho como tales, responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.

2. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.'

El art.237 alude al carácter solidario de tal respon sabilidad, del siguiente modo:

'Todos los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo responderán solidariamente, salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél.'

Por su parte, en relación a las causas de disolución, el art.363.1 LSC regula lo siguiente:

'1. La sociedad de capital deberá disolverse:

a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.

b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.

c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.

d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una Ley.

g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.

h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.'

El artículo 365.1 LSC determina que:

'1. Los administradores deberán convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o, si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el concurso.

Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, concurriera alguna causa de disolución o la sociedad fuera insolvente'.

En última instancia, en lo referente a la respon sabilidad por deudas, de carácter solidario, el art.367.1 y 2 LSC nos dice:

'1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.'

TERCERO.-Fondo.Si bien es cierto que la situación de rebeldía no implica allanamiento a la demanda, artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ni libera al actor de probar los hechos constitutivos del derecho que reclama, y que tampoco puede afirmarse que la rebeldía del demandado suponga siquiera un principio de prueba, no lo es menos, que como señala autorizada doctrina (entre otras, las sentencias de las Audiencias Provinciales de Madrid de 11 de marzo de 1995 y 20 de febrero de 1995 ; de Las Palmas de 17 de octubre de 1998 ; de Barcelona de 17 de noviembre de 1998 ; de Córdoba, de 27 de julio de 1999 y 25 de enero de 2000 ), dado que es el demandado quien voluntariamente se sitúa en esa cómoda posición procesal, no resulta equitativo la exigencia de un rigor excesivo en las probanzas del actor, doctrina de la que se ha hecho eco el propio Tribunal Supremo ( SSTS 8 de marzo de 1991 , 6 de Junio de 1994 , 16 , de octubre de 1995 , 14 de septiembre de 1998 , 30 de julio de 1999 ), dando paso a lo que se ha denominado 'teoría de la proximidad al objeto de la prueba', en cuya virtud a cada parte, sea demandante o demandada, le es exigible en la demostración de los hechos en que apoya su postura, la diligencia razonable a la cercanía de los mismos o la facilidad que pueda tener en su acreditación, máximo teniendo en cuenta, que la propia inactividad de la demandada, puede dificultar la actividad probatoria del actor, y que obliga a considerar que en caso de rebeldía de la demandada, no procede realizar una interpretación y aplicación tan rigurosa del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que sitúe a la demandada en mejor posición que los no rebeldes o que conduzca a la grave indefensión del actor.

En el supuesto de autos, del documento acompañado al escrito de demanda bajo el número 1, resulta acreditado que D. Luis Francisco , desde el 10/09/2012, ostenta la condición de administrador único de la sociedad ART & PA I CAFÉ S.L. De la información registral se desprende asimismo que desde el año 2011 la mercantil ART & PA I CAFÉ S.L no ha depositado las cuentas anuales.

Como señala la SAP Pontevedra 27 junio 2014 'la falta de presentación de cuentas anuales opera una inversión de la carga probatoria, que se desplaza sobre el demandado, de suerte que será éste el que soporte la necesidad de convencer sobre la ausencia de concurrencia de la situación de desbalance (vid. por todas, sentencia de la AP de Pontevedra de 19 de abril de 2007 ), afirmación que se sostiene sobre el argumento de que con tal comportamiento omisivo los administradores, además de incumplir con un deber legal, imposibilitan a terceros el conocimiento de la situación económica y financiera de la sociedad, lo que genera la apariencia de una voluntad de ocultación de la situación de insolvencia. Ciertamente, lo que la ley no establece es que el incumplimiento por los administradores de la obligación de depósito de cuentas determine sin más la obligación de responder frente a las deudas sociales, ni tampoco que de dicha conducta omisiva haya de presumirse la paralización de la sociedad o la imposibilidad de cumplimiento del fin social. Lo que sucede es que la prueba de la existencia del déficit patrimonial o de inactividad social puede verse favorecida en situaciones de dificultad por hechos periféricos, entre los que la jurisprudencia viene considerando la omisión del depósito de cuentas. Tal situación, unida a la doctrina general derivada de la aplicación del principio de facilidad probatoria (cfr. art. 217.7 LEC ), lleva a estimar la concurrencia del desbalance patrimonial cuando, acreditados por el actor los hechos base de su pretensión, -en la medida en que le fuera posible y habiendo agotado un grado de diligencia suficiente en la aportación del material probatorio-, la conducta de los demandados haya impedido conocer el estado patrimonial de la sociedad. En tales casos, se insiste, operando con criterios de facilitad probatoria, se ha acudido, como hecho base de la presunción de la existencia de desbalance, junto con otros indicios, a la circunstancia de haber ocultado al conocimiento público las cuentas de la sociedad (cfr. sentencia AP Pontevedra de 19 de abril de 2007 )'.

En el caso que nos ocupa, la parte demandada no comparece en las actuaciones para desarrollar actividad probatoria alguna que elimine el indicio que resulta de la falta de depósito de las cuentas anuales a la fecha de las obligaciones contraídas con la ahora actora.

En esta tesitura, de la documental aportada junto con la demanda (no impugnada de contrario), se infiere lo siguiente: la existencia de crédito a favor de la demandante (documentos nº 2 de la demanda); la concurrencia de causas de disolución en la sociedad deudora (por pérdidas que dejan reducido el patrimonio neto a una cifra inferior a la mitad del capital social), como se infiere del hecho de no haber realizado depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil desde el ejercicio 2011; y, que el administrador demandado omitió su obligación de convocar junta general para la adopción del acuerdo de disolución en el plazo legal.

En suma, y por lo reseñado, el administrador demandado, en aplicación del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital , debe ser declarado responsable solidario de la deuda contraída con la parte demandante.

CUARTO.-Intereses.Procede la condena de la parte demandada al pago de los intereses devengados desde la fecha de interposición de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.100 , 1.101 y 1.108 del Cc .

QUINTO.-Costas. Atendiendo al principio de vencimiento objetivo establecido en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se imponen a la parte demandada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimo íntegramentela demanda interpuesta por el Procurador D. Miguel Socias Rosselló, en nombre y representación de la entidad mercantil TRANSMALLORCA DISTRIBUIDORA S.L, contra D. Luis Francisco ; y en consecuencia:

1-Declaro que D. Luis Francisco , en su condición de administrador único de la mercantil 'ART & PA I CAFÉ S.L.' adeuda solidariamente con dicha compañía a 'TRANSMALLORCA DISTRIBUIDORA S.L', la suma de 1.062,06 euros de principal, más los intereses legales del principal devengados desde la fecha de interposición de la demanda de juicio verbal, más los que se sigan devengando, y lo que por costas del presente procedimiento y del verbal y ETJ, corresponda.

2-Condeno a D. Luis Francisco a estar y pasar por la anterior declaración, y en consecuencia a abonar solidariamente a 'TRANSMALLORCA DISTRIBUIDORA S.L', la suma de 1.062,06 euros de principal, más los intereses legales del principal devengados desde la fecha de interposición de la demanda de juicio verbal, más los que se sigan devengando, y lo que por costas del presente procedimiento y del verbal y ETJ, corresponda.

Con expresa imposición de costas a la parte demandada.

MODO DE IMPUGNACIÓN:

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Magistrado-Juez de Refuerzo que la dictó. Doy fe.