Sentencia Civil Nº 576/2016, Juzgados de lo Mercantil - Valladolid, Sección 1, Rec 62/2014 de 28 de Julio de 2016

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1

VALLADOLID

SENTENCIA: 00576/2016

C/ NICOLAS SALMERON, 5-1º

Teléfono: 983218181

Fax: 983219636

Equipo/usuario: JMC

Modelo: S40000

N.I.G.: 47186 47 1 2014 0000070

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000062 /2014-A

Procedimiento origen: /

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D/ña. Aquilino

Procurador/a Sr/a. JORGE RODRIGUEZ-MONSALVE GARRIGOS

Abogado/a Sr/a.

D/ña. JIMAR CASTILLA, S.L., Dionisio , Gaspar

Procurador/a Sr/a. EVA MARIA SANTOS GALLO

Abogado/a Sr/a.

SENTENCIA Nº576/2016

En Valladolid a veintiocho de julio de dos mil dieciséis.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Javier Escarda de la Justicia, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo MERCANTIL nº1 de esta ciudad los presentes autos de juicio ordinario en el ejercicio de acción de resolución contractual e indemnizatoria y responsabilidad de administradores, promovidos por el/la Procurador/a don/doña Jorge Rodríguez-Monsalve Garrigós, en nombre y representación de don Aquilino , bajo dirección letrada del Sr. Trapote Fernández, frente a JIMAR CASTILLA S.L y don Dionisio y don Gaspar , representados por el/la procurador/a don/doña Eva Santos Gallo, bajo dirección letrada del Sr. Ramos Atienza, ha dictado

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

la presente resolución en virtud de los siguientes :

Antecedentes

PRIMERO.- Por el/la Procurador/a don/doña Jorge Rodríguez-Monsalve Garrigós, en nombre y representación de don Aquilino se formula frente a JIMAR CASTILLA S.L y don Dionisio y don Gaspar , demanda basada en que los codemandados son administradores de la mercantil antedicha, la cual incumplió el contrato de compraventa de 6 de noviembre de 2007, debiendo abonar la suma de 32.960 € (doble de las cantidades entregadas a cuenta) que es la cláusula penal estipulada.

Se señala que cuando se generó dicha deuda la sociedad se encontraba incursa en causa de disolución, sin presentar cuentas desde el ejercicio 2010, con imposibilidad de cumplir el fin social y con numerosas incidencias por impago.

Se ejercita la acción de resolución contractual e indemnizatoria frente a la sociedad y de responsabilidad de administradores por deudas y por daño y se peticiona la condena de los administradores y de la empresa por la suma antedicha, más intereses y las costas devengadas en este procedimiento.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por decreto se emplazó a la parte demandada a fin de que comparecieran debidamente representadas por abogado y procurador y contestaran a la demanda, lo que efectuaron mediante escritos ajustados a las prescripciones legales en los que se oponían a la estimación de la misma.

TERCERO.- La audiencia previa se celebró el día 18 de diciembre de 2014 con la asistencia de las partes reseñadas proponiendo interrogatorio de demandante, testifical, pericial y documental.

El juicio se celebró el 8 de junio de 2016, tras la suspensión provocada por prejudicialidad penal al haberse interpuesto querella por falsedad documental finalmente archivada, renunciándose a algunos interrogatorios de testigos, practicándose el resto de la prueba, por lo que tras las conclusiones quedó visto para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este juicio se han observado todas las prescripciones legales, excepto el del plazo para dictar sentencia por existir procedimientos de más urgente resolución.

Fundamentos

PRIMERO.- Por el/la Procurador/a don/doña Jorge Rodríguez-Monsalve Garrigós, en nombre y representación de don Aquilino , se ejercita acción de resolución contractual y reclamación de cantidad por incumplimiento y de responsabilidad de administradores contra JIMAR CASTILLA S.L y don Dionisio y don Gaspar respectivamente; acciones y procedimiento para cuyo conocimiento es competente este Juzgado.

Y ello es así por cuanto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo admite la posibilidad de ejercitar acumuladamente ambas acciones desde las STS de 10/09/2012 y 23/05/2013 .

SEGUNDO.- Basa su reclamación la demandante en que la sociedad JIMAR CASTILLA S.L, de la que los codemandados, don Dionisio y don Gaspar , son administradores, incumplió el contrato de compraventa firmado por las partes el 6 de noviembre de 2007, por el que se daba un plazo de seis meses, prorrogable por otros tres, para el otorgamiento de escritura.

La acción resolutoria que se ejercita es la contemplada en el art.1124 del Código Civil , en donde se establece que 'La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligacióncon el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.'

Opone la demandada que quien incumplió fue la parte demandante, alegando pues la excepción de contrato no cumplido, debiendo distinguirse, al hilo de ello, entre la excepción de contrato totalmente incumplido ('exceptio non adimpleti contractus'), del contrato cumplido defectuosamente ( exceptio non rite adimpleti contractus).

Tal excepción no está expresamente regulada en nuestro Ordenamiento Jurídico pero su existencia está tácitamente admitida en diversos preceptos ( arts. 1466 , 1500 párrafo segundo , 1100 y 1124 del Código Civil ). En sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1992 -ponente Sr. Barcala - se dice: ' no tiene derecho a pedir el cumplimiento el contratante que incumple sus obligaciones, y es necesario que quien reclame haya cumplido con lo que le incumbía...'.En el mismo sentido las de 17-9-1982 ,30-6-88,7-10-85,29-12-65 entre otras. La segunda supone la reducción de la cantidad reclamada en virtud de la valoración que se haga del incumplimiento por el reclamante.

De la documental acompañada a la demanda, dado que sobre el incumplimiento contractual apenas hay más prueba centrándose el litigio en la responsabilidad de los administradores, se desprende el recíproco incumplimiento pues ninguna de las partes parecía tener verdadero interés en que la compraventa se consumara (perfeccionada estaba desde la firma del contrato). De un lado no consta que el vendedor hubiera cumplido en tiempo su obligación de inscribir la finca registral y catastralmente y finalizar las obras de urbanización.

De otro, tampoco prueba el comprador que designara la notaria donde formalizar la escritura ni requiriera a la compradora para su otorgamiento, limitándose a remitir mucho tiempo después (diciembre de 2008, doc.14) un burofax cuya recepción no consta, dando por resuelto el contrato y reclamando tan solo las sumas entregadas, 16.480 €, no la penalización.

Es por ello que procede dar por resuelto el contrato, por mutuo disenso, y la restitución de dicha suma sin que haya lugar a la aplicación de la cláusula penal y entrar a valorar la responsabilidad de los administradores.

TERCERO.- La acción de responsabilidad de los administradores se contempla la Ley de Sociedades de Capital.

Así, dispone el art.236:

Presupuestos de la responsabilidad

1. Los administradores de derecho o de hecho como tales, responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.

2. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.

El art.237 alude al carácter solidario de tal responsabilidad:

'Todos los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo responderán solidariamente, salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél.'

Sobre las cusas de disolución, el art.363.1 LSC prevé:

'1. La sociedad de capital deberá disolverse:

a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.

b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.

c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.

d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una Ley.

g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.

h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos. '

Establece el art. 365.1 LSC que:

'1. Los administradores deberán convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o, si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el concurso.

Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, concurriera alguna causa de disolución o la sociedad fuera insolvente.!

En orden a la responsabilidad por deudas, de carácter solidario, hay que estar a lo prevenido en el art.367.1 y 2 LSC:

'1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.'

CUARTO.- En orden a la prescripción invocada, como dice la sentencia de nuestra Audiencia Provincial de 2 de diciembre de 2008, ponente Ilmo. Sr. Sendino, '...difícilmente podría apreciarse tal excepción, cuando resulta que el demandado no ha acreditado, carga procesal que le incumbía ex art.217 LEC , ni la concreta fecha en que pudo producirse su cese como administrador, ni su obligada inscripción en el Registro Mercantil a efectos de terceros, ni en su caso, el momento en que la actora pudo tener conocimiento cierto de tal circunstancia, premisas todas ellas necesarias para que la inscripción pudiera tener viabilidad jurídica.'

Señala la STS de 19-11-2013 :

'Esta distinción nos llevó a concluir en tales sentencias que «el dies a quo [día inicial] del plazo de prescripción queda fijado en el momento del cese en el ejercicio de la administración por cualquier motivo válido para producirlo, si bien no se ha de computar frente a terceros de buena fe hasta que no conste inscrito en el Registro Mercantil». De tal forma que, «si no consta el conocimiento por parte del afectado del momento en que se produjo el cese efectivo por parte del administrador, o no se acredita de otro modo su mala fe , el cómputo del plazo de cuatro años que comporta la extinción por prescripción de la acción no puede iniciarse sino desde el momento de la inscripción,dado que sólo a partir de entonces puede oponerse al tercero de buena fe el hecho del cesey, en consecuencia, a partir de ese momento el legitimado para ejercitar la acción no puede negar su desconocimiento» ( sentencias núm. 184/2011, de 21 de marzo, recurso núm. 1456/2007, y núm. 810/2012, de 10 de enero, recurso núm. 2140/2010).'

Manteniendo ambos demandados su cargo vigente, inscrito en el Registro Mercantil, es obvio que la acción no ha prescrito.

En lo que se refiere a la responsabilidad por deudas, de índole inicialmente objetiva o cuasiobjetiva, a ella se refiere la jurisprudencia menor, pudiendo destacarse la sentencia de la A.P. de Barcelona de 23 de febrero de 2004 , en cuanto a la obligación de promover la disolución de la sociedad en el plazo de dos meses: ' La acción ejercitada en la demanda contra D. Blas presupone la prueba de la concurrencia de una causa de disolución (en este caso las de las letras c y del apartado 1 del artículo 104 de la misma Ley 2/1995 ), el incumplimiento por el administrador del deber de convocar la junta general o, en su caso, del deber de solicitar la disolución judicial y la existencia de una deuda social exigible.

La Jurisprudencia se ha referido reiteradamente a esta responsabilidad. En la STS de 30 de octubre de 2000 se señala que el administrador tiene el deber, una vez conocida la concurrencia de la causa de disolución, de convocar la junta general en el plazo de dos meses. Así lo exige el precepto para que quepa eludir la responsabilidad por las deudas sociales y esta sencilla interpretación es la más coherente con la génesis y ratio teleológica del mismo, con su contenido literal y sistemático... y con la profesionalidad y seriedad que, respectivamente, son exigibles de los administradores y de la sociedad anónima.

No se requiere, por lo tanto, ni nexo causal entre el crédito accionado y la inactividad de los administradores, ni otra negligencia de éstos que la que valora o toma en cuenta la propia norma legal.'

Y la de nuestra Audiencia Provincial, en cuanto a la naturaleza de esa responsabilidad, de 5 de diciembre de 2005 en Rollo 321/2005, ponente Ilmo. Sr. Salinero Román: ' ... Por lo argumentado es aplicable a la administradora recurrente la sanción de responder solidariamente de de la cantidad reclamada por la actora ... de acuerdo a la tesis ya mencionada de esta Sala, aplicando doctrina jurisprudencial ( Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de diciembre de 1999 ) pues dicha responsabilidad no se trata de una responsabilidad extracontractual sino legal por incumplimiento del deber legal de los administradores de disolver cuando la sociedad se encuentre incursa en alguna de las causa del art.104, para que en protección del interés general, no permanezcan en el tráfico mercantil sociedades afectadas por causas de disolución, y se configura esta responsabilidad legal como una responsabilidad sanción derivada sin más del incumplimiento por los administradores de la obligación de disolver cuando hubiese causa, y ello al margen de que el daño se haya producido en sí, pudiera provenir o no de una conducta de aquellos culposa o negligente'.

Pues bien, consta que la sociedad estaba incursa en causa de disolución con carácter previo a la generación de la deuda, a tenor de las cuentas depositadas obrantes en autos (antes de la reformulación), dado que en el ejercicio 2007 los fondos propios eran de 26.103,79 €, patrimonio neto inferior a la mitad del capital social (60.000 €) como consecuencia de pérdidas de ejercicios anteriores y en 2008 hasta eran negativos (-17.553,18 €).

Lo que no es de recibo es pretender, como intenta la demandada, que esas cantidades entregadas por los socios se reconviertan en aportaciones al capital social, y se reformulen las cuentas (en una operación de maquillaje) después de la presentación de la demanda computándolas como tales, cuando no son sino simples préstamos, dado que no hay acuerdo formalizado e inscrito de ampliación de capital social. Se contabilizaron lógicamente como pasivo exigible y tampoco hay atisbo de que fueran préstamos participativos (no están documentados, no constan los intereses con que se remunerarían) ni podían considerarse aportaciones 'a fondo perdido'. Han de responder por tanto los administradores solidariamente.

Por todo ello procede la estimación parcial de la demanda y no es preciso entrar ya a ventilar la responsabilidad por daño ( sentencia del TS de 4 de diciembre de 2013 ).

QUINTO.- A virtud de lo preceptuado en el art.394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no procede expresa imposición de costas.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda formulada por el/la Procurador/a don/doña Jorge Rodríguez-Monsalve Garrigós, en nombre y representación de don Aquilino frente a JIMAR CASTILLA S.L y don Dionisio y don Gaspar , DEBO DECLARAR Y DECLARO resuelto el contrato de compraventa firmado por las partes el 6 de noviembre de 2007 Y CONDE NOa los meritados demandados a abonar solidariamente la suma de 16.480 € más intereses desde la presente resolución; no se hace expresa imposición de costas.

Esta resolución no es firme; contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACION ante este Juzgado en el plazo de VEINTE DIAS a contar desde el siguiente a su notificación, acreditando la consignación del depósito de 50 € en la cuenta de consignaciones del Juzgado, siendo resuelto por la ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALLADOLID.

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E/

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la presente sentencia por el Sr. Juez que la dictó hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento.