Sentencia Civil Nº 606/2016, Juzgados de lo Mercantil - Valladolid, Sección 1, Rec 135/2016 de 15 de Septiembre de 2016

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1

VALLADOLID

SENTENCIA: 00606/2016

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 DE VALLADOLID

C/ NICOLAS SALMERON, 5-1º

Teléfono: 983218181

Fax: 983219636

Equipo/usuario: JBR

Modelo: S40000

N.I.G.: 47186 47 1 2016 0000149

JVB JUICIO VERBAL 0000135 /2016- C

Procedimiento origen: CONCURSO ABREVIADO 0000135 /2016

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D/ña. HORMIGONES GEOSMA S.L.

Procurador/a Sr/a. ISMAEL SANZ MANJARRES

Abogado/a Sr/a.

DEMANDADO D/ña. Patricio

Procurador/a Sr/a.

Abogado/a Sr/a.

SENTENCIA Nº 606/2016

En Valladolid a quince de septiembre de 2016.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Javier Escarda de la Justicia, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo MERCANTIL nº1 de esta provincia los presentes autos de juicio verbal de responsabilidad de administradores, promovida por el/la procurador/a don/doña Ismael Sanz Manjarrés, en nombre y representación de GEOSMA S.L, bajo dirección letrada del Sr. Portela Martínez, frente a don Patricio , en rebeldía procesal, ha dictado

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

la presente resolución en virtud de los siguientes:

Antecedentes

PRIMERO.- Que por el/la procurador/a don/doña Ismael Sanz Manjarrés, en nombre y representación de GEOSMA S.L, bajo dirección letrada del Sr. Portela Martínez, se formula demanda de responsabilidad de administradores frente a don Patricio , haciendo constar que como consecuencia de las relaciones comerciales habidas entre la actora y la sociedad administrada por el demandado, CGR INSTLACIONES Y REFORMAS S.L, la mercantil dejó impagada la deuda contraída por importe de 3.597,76 € de principal, que no se pudo cobrar en el ETJ 247/2012 dimanante del Procedimiento Monitorio 88/2012 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº14 de Valladolid, por inexistencia de bienes y por haber desaparecido de su domicilio.

Se arguye que el administrador demandado no han promovido la disolución de la sociedad pese a estar incursa en causa de ello, no presentando cuentas desde el ejercicio 2010 inclusive, con múltiples incidencias de impagos publicadas en boletines.

Se ejercita la acción de responsabilidad por deudas. Es objeto de reclamación en la demanda la cantidad antedicha más intereses y costas de los procedimientos antes reseñados, solicitándose la expresa imposición de costas.

SEGUNDO.- Por decreto se emplazó a la demandada para que la contestara en el plazo de diez días, lo que no realizó siendo declarada en rebeldía, razón por la cual no habiéndose tampoco solicitado por la actora la celebración de vista, de conformidad con lo establecido en el art.438.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil quedó visto para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este juicio se han observado todas las prescripciones legales, inclusive el plazo para dictar sentencia .

Fundamentos

PRIMERO.- Por el/la procurador/a don/doña Ismael Sanz Manjarrés, en nombre y representación de GEOSMA S.L, se ejercita acción de responsabilidad de administradores contra don Patricio ; acción y procedimiento para cuyo conocimiento es competente este Juzgado.

SEGUNDO.- Basa su reclamación la demandante en la existencia de la deuda que la sociedad CGR INSTALACIONES Y REFORMAS S.L de la que es administrador el demandado, dejó impagada la deuda contraída por importe de 3.503,72 € (generándose ulteriormente otros gastos hasta alcanzar la suma de 3.597,76 €) por el suministro de mercaderías que constan en las facturas aportadas, no pudiendo cobrarse la deuda en el Monitorio entablado y ulterior Ejecución, por inexistencia de bienes y haber desaparecido de facto el deudor de su domicilio.

Acreditada a través de la documental acompañada la existencia de la deuda y no probando la demandada, a quien incumbía su prueba ex art.217.3 LEC , el pago o la extinción de la misma por otro modo admitido en Derecho, procede entrar a valorar la responsabilidad del administrador.

TERCERO.- La acción de responsabilidad de los administradores se contempla la Ley de Sociedades de Capital.

Así, dispone el art.236:

Presupuestos de la responsabilidad

'1. Los administradores de derecho o de hecho como tales, responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.

2. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.'

El art.237 alude al carácter solidario de tal responsabilidad:

'Todos los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo responderán solidariamente, salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél.'

Sobre las cusas de disolución, el art.363.1 LSC prevé:

'1. La sociedad de capital deberá disolverse:

a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.

b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.

c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.

d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una Ley.

g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.

h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos. '

Establece el art. 365.1 LSC que:

'1. Los administradores deberán convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o, si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el concurso.

Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, concurriera alguna causa de disolución o la sociedad fuera insolvente.

En orden a la responsabilidad por deudas, de carácter solidario, hay que estar a lo prevenido en el art.367.1 y 2 LSC:

'1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.'

CUARTO.- En lo que se refiere a la responsabilidad por deudas, de índole inicialmente objetiva o cuasiobjetiva, a ella se refiere la jurisprudencia menor, pudiendo destacarse la sentencia de la A.P. de Barcelona de 23 de febrero de 2004 , en cuanto a la obligación de promover la disolución de la sociedad en el plazo de dos meses: 'La acción ejercitada en la demanda contra D. Blas presupone la prueba de la concurrencia de una causa de disolución (en este caso las de las letras c y del apartado 1 del artículo 104 de la misma Ley 2/1995 ), el incumplimiento por el administrador del deber de convocar la junta general o, en su caso, del deber de solicitar la disolución judicial y la existencia de una deuda social exigible.

La Jurisprudencia se ha referido reiteradamente a esta responsabilidad. En la STS de 30 de octubre de 2000 se señala que el administrador tiene el deber, una vez conocida la concurrencia de la causa de disolución, de convocar la junta general en el plazo de dos meses. Así lo exige el precepto para que quepa eludir la responsabilidad por las deudas sociales y esta sencilla interpretación es la más coherente con la génesis y ratio teleológica del mismo, con su contenido literal y sistemático... y con la profesionalidad y seriedad que, respectivamente, son exigibles de los administradores y de la sociedad anónima.

No se requiere, por lo tanto, ni nexo causal entre el crédito accionado y la inactividad de los administradores, ni otra negligencia de éstos que la que valora o toma en cuenta la propia norma legal.'

Y la de nuestra Audiencia Provincial, en cuanto a la naturaleza de esa responsabilidad, de 5 de diciembre de 2005: '... Por lo argumentado es aplicable a la administradora recurrente la sanción de responder solidariamente de la cantidad reclamada por la actora ... de acuerdo a la tesis ya mencionada de esta Sala , aplicando doctrina jurisprudencial ( Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de diciembre de 1999 ) pues dicha responsabilidad no se trata de una responsabilidad extracontractual sino legal por incumplimiento del deber legal de los administradores de disolver cuando la sociedad se encuentre incursa en alguna de las causa del art.104, para que en protección del interés general, no permanezcan en el tráfico mercantil sociedades afectadas por causas de disolución, y se configura esta responsabilidad legal como una responsabilidad sanción derivada sin más del incumplimiento por los administradores de la obligación de disolver cuando hubiese causa, y ello al margen de que el daño se haya producido en sí, pudiera provenir o no de una conducta de aquellos culposa o negligente'.

No habiendo acreditado la parte demandada que la sociedad no estaba incursa en, al menos, la causa de disolución del apartado e) del art.363.1 LSC, cuya carga de la prueba a ella incumbía según reiterada jurisprudencia (entre la que destacamos la sentencia de nuestra A.P de Valladolid de 24-11-08 , ponente Ilmo. Sr. Sendino) ante la falta de presentación de cuentas desde 2009 (último depósito contable) según se acredita documentalmente, así como la del apartado c) dada la imposibilidad de cumplir el fin social ante la insolvencia presumible por las múltiples incidencias por impagos probadas documentalmente, ha de responder solidariamente el administrador demandado al no haber promovido la disolución ni el concurso en el plazo legalmente marcado.

QUINTO.- A virtud de lo preceptuado en el art.394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al ser íntegra la estimación de la pretensión actora, las costas se imponen a la parte demandada.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos

Fallo

Que estimando íntegramente la demanda formulada por el/la procurador/a don/doña Ismael Sanz Manjarrés, en nombre y representación de GEOSMA S.L, frente a don Patricio , DEBO CONDENAR Y CONDENO al meritado demandado, a abonar a la actora la suma de 3.597,76 € más las costas e intereses legales que se tasen y liquiden en el ETJ 247/2012 dimanante del Procedimiento Monitorio 88/2012 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº14 de Valladolid; las costas se imponen a la demandada.

Esta resolución no es firme; contra ella cabe RECURSO DE APELACIÓN en el plazo de 20 días desde la notificación, previo consignación de 50 € en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado.

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E/

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la presente sentencia por el Sr. Juez que la dictó hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento.