Sentencia Civil Nº 617/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 17, Rec 61/2011 de 19 de Diciembre de 2011

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOSÉPTIMA

ROLLO núm. 61/2011

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 31 BARCELONA

JUICIO VERBAL Nº 958/2010

S E N T E N C I A núm. 617/2011

Ilmo. Sr.:

Don José Antonio Ballester Llopis

En la ciudad de Barcelona, a diecinueve de diciembre de dos mil once.

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimoséptima de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio verbal, número 958/2010 seguidos por el Juzgado Primera Instancia 31 Barcelona, a instancia de D/Dña. SEGURCAIXA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS quien se encontraba debidamente representado por Procurador y asistido de Letrado, actuaciones que se instaron contra D/Dña. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U., quien igualmente compareció en legal forma mediante Procurador que le representaba y la asistencia de Letrado; actuaciones que penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación de D/Dña. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. contra la Sentencia dictada en los mismos de fecha 19 de octubre de 2010, por el Sr/a. Juez del expresado Juzgado .

Antecedentes

PRIMERO.- El fallo de la Sentencia recaída ante el Juzgado de instancia y que ha sido objeto de apelación, es del tenor literal siguiente:

"FALLO: Estimo la demanda formulada por SEGURCAIXA, contra Endesa Distribución Eléctrica S.L., condenando a la demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 1447,67 euros, con más el interés legal desde la presentación de la demanda, sin hacer especial imposición de costas."

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de D/Dña. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. y admitido se dio traslado del mismo al resto de las partes con el resultado que es de ver en las actuaciones, y tras ello se elevaron los autos a esta Audiencia Provincial.

TERCERO .- De conformidad con lo previsto en la Ley, se señaló fecha para la celebración de la votación y fallo que tuvo lugar el pasado veintiuno de octubre de dos mil once.

CUARTO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Antonio Ballester Llopis.

Fundamentos

PRIMERO.- Los de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Por la resolución de primer grado se condena a la demandada "ENDESA DISTRIBICION ELECTRICA S.L.U. a que pague la suma de 1.447,67 euros a la actora SEGURCAIXA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y RREASEGUROS. que ésta ha pagado a su asegurada Dña. Erica . a consecuencia de los daños causados a un ordenador de ésta por una perturbación en el suministro eléctrico. Frente a semejante pronunciamiento se alza la demandada que interesa la desestimación de la demanda.

TERCERO.- La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en sus arts. 25 y 28 se ocupan de la responsabilidad que la generalidad de la doctrina entiendo que regulan dos regímenes de responsabilidad; uno general, de carácter subjetivo sin perjuicio de la posible inversión de la prueba a favor del perjudicado ( arts. 26 y 27 ); y otro particular, de carácter objetivo (art. 28 ). a) En el art. 25 comienza estableciendo que el consumidor y el usuario tienen derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios demostrados que el consumo de bienes o la utilización de productos o recursos les irroguen, salvo que aquellos daños y perjuicios estén causados por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deba responder y en lo que se ha considerado ámbito subjetivo de la ley, el art. 26 establece que las acciones u omisiones de, quienes producen, importan, suministran o facilitan productos o servicios a los consumidores o usuarios determinantes de años o perjuicios a los mismos dará lugar a la responsabilidad de aquellos a menos que conste o se acredita que se han cumplido debidamente las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto, que sirvió o actividad.

El art. 27 regula las especiales garantías que se otorgan a favor del consumidor, estableciendo que con carácter general y sin perjuicio de lo que resulte más favorable al consumidor o usuario seguirán los siguientes criterios en materia de responsabilidad: a) El fabricante, importador, vendedor o suministrador de productos o servicios a los consumidores o usuarios, responde del origen, identidad e idoneidad de los servicios de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan.b) En caso de productos a granel responde el tenedor de los mismos, sin perjuicio de que se pueda identificar y primar la responsabilidad del anterior tenedor o proveedor.c) En el supuesto de productos envasados, etiquetados y cerrados con cierre íntegro, responde la firma o razón social que figure en su etiqueta, presentación o publicidad. Podrá eximirse de responsabilidad probando su falsificación o incorrecta manipulación por terceros, que serán los responsables. Es decir que esta apartado c) del art. 27 sólo tiene por finalidad despejar cualquier duda que pudiera existir sobre quien sea el productor, delimitando el productor "aparente", siendo una confirmación de una interpretación amplia del concepto de productor o fabricante establecido para un caso concreto )productos envasados, etiquetados y cerrados con cierre íntegro) pero no excluye la posible responsabilidad del resto de los productores reales del producto causante del daño, ni por supuesto de las demás personas enumeradas en el inciso a) de mismo precepto. Dado que los sujetos responsables pueden eximirse de la responsabilidad si piensan que actuaron con toda diligencia exigible, el planteamiento coincidirá con el art. 1902 Código Civil .

El art 28 , por su parte, particulariza con acentuado rigor, sometiéndolos a un régimen de responsabilidad objetiva, los daños originados en el correcto uso de los servicios cuando por su propia naturaleza o esté así reglamentariamente establecido, incluyen necesariamente la garantía de niveles determinados de pureza, eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación y supongan controles teóricos, profesionales o sistemáticos de calidad, basta llegar en debidas condiciones al usuario. Estos niveles que se presuponen de forma específica y numerativa en su párrafo 2º productos alimenticios los de higiene y limpieza, cosméticos, especialidades y productos farmacéuticos, servicios sanitarios, de gas electricidad, electrodomésticos, y ascensores, medios de transporte, vehículos a motor, juguetes y productos dirigidos a los niños.Ahora bien esta normativa ha sido en parte, modificada por la ley 22/94 de Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos que traspone a nuestro ordenamiento interno la Directiva 85/374 CEE de 25 julio 1985.

La disposición final primera precisa que los arts. 25 a 28 de la ley 26/1984 no serán de aplicación a la responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos incluidos en el art. 2 de la presente ley , teniendo tal consideración el gas y la electricidad - art. 2.2 . Pues bien esta ley entiende por producto defectuoso aquél que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente la presentación del producto, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de la puesta en circulación (art. 3.1 . El rasgo fundamental de este concepto es que no recoge la distinción entre defecto de fabricación, defectos de diseño y defectos de información a fin de establecer distintos conceptos de defecto según su clase. El concepto de defecto es único: un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho siendo irrelevante si ello es debido a causa de la fabricación, del diseño o de la información. No obstante el art. 5 prevé que el dañado que pretenda obtener la indemnización de los daños y perjuicios causados tiene que probar el defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos. En consecuencia aún admitiendo esa responsabilidad, esta será exigible, al igual que el art. 1902 Código Civil regulador de la acción de responsabilidad extracontractual o aquiliana, relación de causalidad entre la acción u omisión -causa- y el daño o perjuicio resultante -efecto-. Por ello el nexo causal se ha considerado en numerosos casos como base de la culpa del agente, pues no se debe considerar aisladamente la mera sucesión causal del acontecimiento y que éste sea indiferente a la responsabilidad si no lleva consigo imputabilidad para alguna persona. Es decir que la objetivación de la culpa es, obviamente, partiendo de una verdadera relación de causalidad entre la acción o la omisión que se alega -o incluso se presume culposa- y el daño o resulta producido. No cabe duda que estamos en presencia de una responsabilidad quasi objetiva dado que la actividad empresarial de la demandada conlleva la creación de un riesgo derivado de su peligrosidad, lo que se traduce en una presunción de culpa con desplazamiento a la empresa que efectúa el suministro, que es quien se benefició de su actividad, de la carga de probar que de forma cumplida la culpa exclusiva de la víctima o bien la falta total de relación entre la obtención del servicio y el daño producido -fuerza mayor o caso fortuito.

CUARTO.- No existe infracción alguna en materia de carga probatoria y, en concreto, del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , pues aun reconociendo que la parte demandante ha de acreditar los elementos en que funda su reclamación, sobre la culpa, existe presunción de concurrencia que ha de ser rebatida precisamente por la parte contraria.El elemento subjetivo, culpa, por aplicación de la normativa de protección a consumidores y usuarios (artículo 26 LGDCU y artículo 4 de Responsabilidad civil por los Daños causados por Productos Defectuosos) se presume, debiéndose ser la parte contraria la que acredite, en su caso, que actuó con la diligencia debida, debiéndose de recordar ya desde este momento que el hecho de que la tensión no subiera de esos límites reglamentarios a que se refiere la parte demandada, no le exonera de su responsabilidad, pues sabido es que el cumplimiento de las previsiones reglamentarias no tendrá esa virtualidad cuando de facto se producen daños a terceros. Así la STS de 9.11.2005 establece la doctrina de que "la imputación subjetiva del acto lesivo, con un fundamento de reproche culpabilístico, se basa en que la producción del daño indica que no se han tomado las precauciones o no se ha actuado con el cuidado necesario para impedirlo, revelando que las garantías adoptadas conforme a las disposiciones vigentes para evitar los daños posibles no han ofrecido resultado positivo, poniéndose de manifiesto la insuficiencia de las mismas y que no se hallaba completa la diligencia". En este mismo sentido el artículo 26 termina su redacción afirmando que se dará esa responsabilidad "a menos que conste o se acredite que se han cumplido debidamente las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que exige la naturaleza del producto, servicio o actividad", lo que entre otras cosas supone la obligación de evitar a terceros, en este caso, las personas a las que suministra energía eléctrica, sufran algún daño a consecuencia de cualquier irregularidad en el suministro, en consonancia con el hecho incuestionable de que se trata de

una entidad mercantil que obtiene un lucro, indiscutiblemente legítimo, de esa actividad, pero que tiene contrapartida la obligación de mantener indemne el patrimonio de sus clientes frente a cualquier tipo de disfunción en su actividad suministradora.Nadie discute aquí que sea la parte demandante la que tenga que acreditar determinados extremos, y así lo ha hecho con la documental y pericial practicada a su instancia, en cuanto a los extremos que le es exigible, bien a los efectos del artículo 5 de la Ley 22/94 ; otra cosa, y aquí es donde está la esencia de este motivo de impugnación, es que la parte recurrente no esté de acuerdo con la valoración que se ha realizado por el Juzgador de instancia. A tal efecto conviene resaltar que la parte ha podido por si y por técnico a su instancia su instancia inspeccionar y comprobar las características de los daños sufridos y, presentar un informe técnico al efecto, y que es la demandante la que ha facilitado pruebas.

No se va a entrar aquí en disquisiciones sobre la aplicación de la LGDCU o la Ley 22/94, ya que el artículo 15 de esta última establece la compatibilidad de las acciones derivadas de esta con cualquier otra que pudiera corresponder al perjudicado - aquí el contrato de suministro suscrito-, lo que viene al caso en tanto que pudiera dudarse de que la demandante tenga la consideración de consumidor ( artículo 1.2 y . 3 LGDCU ), aunque haya de ser considerado consumidor a otros efectos ( artículo 10 RD 1955/2000 de 1.12 .), o que jugara el principio de especialidad al que se viene a referir la Disposición Final Primera de la citada ley de 1994 .

En el presente caso la demandada no ha probado ninguno de los supuestos exoneratorios de su responsabilidad. Ninguna prueba a practicado en las actuaciones tendentes a aseverar que el origen de los daños se debieron a una defectuosa instalación eléctrica interna del cliente.La realidad del siniestro resulta incontestable. El testigo D. Benigno , que confeccionara el presupuesto obrante en las actuaciones manifiesta a) que el cliente les dejó un portátil para reparar, b)que se ratifica en el presupuesto, c) que al no poderse efectual la reparación se cuantifica un aparato de sustitución, d) que la causa de la avería no deriva de un mal uso.El perito D. Edemiro da explicaciones puntuales y concluyentes en el acto de la vista en concreto aclara a)que se trata de fluctuaciones eléctricas repetidas que afentan a varios edificios de la misma calle y que como consecuencia ocasiona la avería litigiosa, b) que en todo el edificio sufrieron averías una serie de electrodomésticos, c) que el siniestro está cubierto por la garantía de la póliza. el documeno nº 3 de la demanda acredita que la actora ha pagado a su asegurada la cantidad de 2.068,10 euros. Sin embargo el juzgador de instancia ha reducido en un 30% dicha cantiudad a consecuencia del demérito sufrido por el aparato, lo que ha repercutido en que la estimación de la demanjda fuese parcial, sin que no obstante apelara la actora que al haberse aquietado hace operativo el principio de la non reformatio in peius que gobierna la segunda instancia yh que consiste en que el Tribunal ad quem no puede dictar una sentencia eque beneficie al apelante o perjudique al apelado más de lo que lo hiciera la resolución recuyrrida por lo que procede desestimar el presente recurso y confirmar por ende la sentencia aapelada.

QUINTO.- Las costas del recurso se imponen al recurrente por imperativo legal ( artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Fallo

DEBO DESESTIMAR y DESESTIMO el recurso de apelación interpuesto por la representación de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. contra la Sentencia dictada en los autos de Juicio Verbal, número 958/2010, por el Juzgado Primera Instancia número 31 de Barcelona, de fecha 19 de octubre de 2010 , la cual se CONFIRMA con imposición de costas a dicha recurrente.

La presente resolución es susceptible de recurso de casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal siempre que se cumplan los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos, a interponer ante este mismo tribunal en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a su notificación. Y firme que sea devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la resolución para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente, celebrando audiencia pública. DOY FE.