Sentencia Civil 1593/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 4644/2020 de 11 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Antecedentes necesarios para la resolución del recurso

Son antecedentes necesarios para resolver el recurso de casación, que resultan los hechos probados o no controvertidos por las partes y de la tramitación de la primera y de la segunda instancia, los que exponen a continuación. Precisamos que no se ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal relacionado con la valoración de las pruebas y que, por tanto, hemos de estar a los hechos que declara acreditados la sentencia recurrida:

1.-El 15 de diciembre de 2004 D. Hilario y la mercantil Promociones Almofrei S.A., representada por su administrador D. Bernardino, firmaron un documento privado del que, tras algunas versiones anteriores, resultó la redacción definitiva, que es la plasmada en ese contrato de 15 de diciembre de 2004. Su contenido está transcrito en las sentencias de primera y segunda instancia traducido del catalán, que era su idioma original. Se reproduce aquí la transcripción del contrato, que es muy breve, porque resultará de utilidad para resolver los tres motivos del recurso de casación:

«Escaldes-Engordany, 15 de diciembre del 2004

»REUNIDOS

»De una parte el Sr. Bernardino [...], actuando en la presente como Administrador de la Sociedad Española denominada "PROMOCIONES ALMOFREI, S.A." [...]

»Y de otra parte el Sr. Hilario [...]

»EXPONEN

»Que la sociedad "PROMOCIONES ALMOFREI, S.A." tiene previsto llevar a cabo 2 proyectos inmobiliarios en Poio y Almofrei, en la provincia de Pontevedra, España. Y con esta finalidad va a adquirir 2 parcelas para construir un total de 21 chalets individuales.

»Que el Sr. Hilario está interesado en participar en los 2 proyectos antes mencionados por un 25% (veinticinco por ciento) del total.

»PACTAN

»Que en concepto de aportación inicial, el Sr. Hilario abonará a la sociedad "PROMOCIONES ALMOFREI, S.A." la cantidad de 645.499.- € (seiscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y nueve euros) en concepto del 25% del total de la adquisición de las parcelas de Poio y Almofrei, incrementando con el IVA de un 16%, más la parte proporcional de licencias, honorarios, constitución de sociedad, urbanización de las parcelas y en general todos los gastos correspondientes y necesarios para iniciar la programación y ejecución de los proyectos. La forma de pago será la siguiente:

» - 390.000 € (trescientos noventa mil euros) el SR. Hilario hará efectivos el día 20 de diciembre del 2004 sirviendo el recibo como el más eficaz y veraz documento de pago.

» - 200.000 € (doscientos mil euros) una vez el Sr. Hilario haya recibido como mínimo un 40% del precio total pendiente de cobrar por la casa número NUM000 de la promoción en la Urbanización " DIRECCION000".

» - 55.499 € (cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y nueve euros) una vez que el Sr. Hilario ha recibido el 60% del precio total pendiente de cobrar por la casa número NUM000 de la promoción en la Urbanización " DIRECCION000".

»Los restantes pagos se realizarán según las certificaciones presentadas por el empresario contratado para hacer la obra.»

2.-Inicialmente la cuantificación del 25% de la inversión se cifró en 1.719.000 €, sumados todos los conceptos indicados, según se detalla en el correo electrónico remitido por la demandada al actor el 8 de marzo de 2007, al que adjuntaba un informe de la situación de su inversión que se explicará en el apartado siguiente. Sin embargo, la mejora de las previsiones iniciales justificó que la previsión de gastos pactada inicialmente no tuviera que aplicarse en su totalidad. El capital entregado por D. Hilario a Promociones Almofrei fue finalmente de 1.000.055 €.

3.-En el ya citado informe de situación de la inversión fechado el 8 de marzo de 2007, la mercantil demandada incluyó los siguientes extremos de interés: (i) la participación en la inversión correspondía a las veintiuna viviendas proyectadas, de las que en esa fecha solo se estaban construyendo dieciocho, pues las tres restantes, todas ellas del proyecto de Almofrei (Cotobade), estaban pendientes de que se solucionara un problema de calificación del terreno; (ii) si esas tres viviendas no pudieran construirse antes de finalizar las ocho viviendas restantes de la promoción de Almofrei -proyectada con once viviendas- y las diez viviendas de la promoción de Poio, el demandante no perdería el global de su participación (literalmente: «si se construyen solo 10 casas tendríamos que aumentar el porcentaje de beneficio en su favor»); (iii) se explicó el calendario de pagos para la llamada «recuperación de la inversión», que contemplaba abonos a realizar entre el 30 de junio de 2007 y el 31 de octubre de 2008 por distintas cantidades que sumaban el total de la inversión; (iv) se estableció como fecha límite del reparto de beneficios, previsto genéricamente para finales de 2008 o principios de 2009, el 1 de marzo de 2009. Según la literalidad del informe el beneficio sería equivalente «al 25% de su participación en 21 viviendas o al 50% de su participación en 10,5 viviendas». Esta última previsión respondía, entendemos, a la eventualidad de que el ritmo de construcción de las viviendas no fuera el esperado.

4.-En un informe similar de fecha posterior enviado por correo electrónico el 4 de diciembre de 2007 la demandada informó de determinados retrasos en la promoción de Almofrei, debido a problemas con el contratista, y se adjuntó un nuevo calendario para la «devolución del capital», que contemplaba pagos ya realizados -225.055 € entregados el 12 de junio de 2007- y otros abonos futuros previstos, en cantidades diversas, para el 10 de enero de 2008, el 15 de febrero de 2008, el 31 de marzo de 2008, el 31 de agosto de 2008 y el 30 de diciembre de 2008, fecha en la que finalizaría la «devolución del capital». Este informe reiteraba el mismo inciso ya reseñado en la dación de cuenta de 8 de marzo de 2007: la fecha límite del reparto de beneficios, previsto genéricamente para finales de 2008 o principios de 2009, sería el 1 de marzo de 2009 y el beneficio sería equivalente «al 25% de su participación en 21 viviendas o al 50% de su participación en 10,5 viviendas».

5.-Un tercer informe remitido por la demandada en correo electrónico de 21 de enero de 2008 indicaba como «capital pendiente de devolver por parte de Bernardino en fecha 20-01-2008» la suma de 657.000 € (sic: realmente eran 675.000 €, y así se corrigió posteriormente) con una programación de devolución que no variaba con respecto al informe anterior.

6.-En nuevos correos electrónicos de 19 de febrero de 2008, 26 de marzo de 2008 y 26 de mayo de 2008 Promociones Almofrei informaba de nuevos retrasos y problemas, provocados por la demora en la obtención de las licencias de primera ocupación y por la imposibilidad de construir 3 de las 21 viviendas de la promoción de Almofrei (literalmente: «esta situación a día de hoy se prevé inviable, por lo que en el caso de no poderse hacer antes de acabarse las viviendas actuales en Almofrei y las 10 viviendas actuales en Poio ustedes nunca perderán en el global de su participación, es decir siempre un 25% sobre 21 viviendas»). Con el correo de 26 de mayo de 2008 se remitía un nuevo informe de la situación, en el que se corrigió ya el error material sobre el capital pendiente de devolver (675.000 €) y se estableció como fecha límite del reparto de beneficios el 1 de junio de 2009, con la precisión, de nuevo, de que se aseguraba un beneficio equivalente «al 25% de su participación en 21 viviendas y por una cantidad estimativa que oscilará entre los 275.000 € y los 300.300 €».

7.-Otros correos posteriores, fechados el 8 de julio y el 29 de julio de 2008, dan cuenta de las dificultades de la demandada en el desarrollo de las dos promociones (sobrecostes derivados de determinadas exigencias municipales acerca de la dotación de suministro eléctrico y de agua a las viviendas de Almofrei, incertidumbre sobre el resultado económico final del proyecto por desconocimiento del impuesto de sociedades a abonar en la venta de cada vivienda, descenso en los precios, dificultad de encontrar vendedores...), problemas todos ellos con los que pretendía justificar que, aunque esperaba poder devolver alguna cantidad de dinero antes de finales de 2008, prefería no concretar fechas.

8.-Tras no recibir información durante más de un año, el demandante remitió un correo a Promociones Almofrei el 5 de febrero de 2010, que fue respondido el 15 de febrero siguiente. La demandada remitió entonces un nuevo informe de situación, en el que, además de reiterar el contenido de los informes anteriores sobre la garantía de la inversión y el capital ya devuelto -425.000 €, datando la última entrega de 50.000 €, como ahora se explicará, del 2 de septiembre de 2008- se indicaba: (i) que las tres viviendas de la promoción de Almofrei cuya ejecución no había sido posible podrían ser construidas a partir de 2011 debido un cambio en la legislación del suelo; (ii) que se había frustrado la venta de una de las viviendas de esa promoción; (iii) que estaba pendiente de liquidar el impuesto de sociedades, que se presentaría en mayo o junio de 2010; y (iv) que la crisis inmobiliaria le había afectado de lleno, a lo que se unían los problemas con el contratista de la promoción de Poio, pese a todo lo cual esperaba acabar la promoción de Almofrei y seis de las diez viviendas de Poio antes de agosto de 2010.

9.-En enero de 2012 Promociones Almofrei informó al Sr. Hilario de que, a la vista de la situación del mercado inmobiliario, había decidido no continuar con las cuatro viviendas que faltaban en Poio y poner en venta las parcelas con los permisos y planos pagados y aprobados para poder pagar las deudas pendientes hasta conocer el resultado de un procedimiento judicial instado contra el contratista. El 13 de junio de 2012 la demandada remitió un nuevo informe de situación en el que reiteraba todos los problemas ya relatados y solo garantizaba ya la inversión «en los terrenos de los que disponemos». El representante legal de Promociones Almofrei relataba en ese informe los problemas de liquidez que afectaban a la empresa y la necesidad de aportar dinero propio cada mes para hacer frente a los gastos.

10.-En fechas 28 de junio de 2007, 11 de enero de 2008, 7 de agosto de 2008 y 2 de septiembre de 2008 las partes habían firmado cuatro documentos titulados «certificados de pago en concepto de retorno parcial de inversión», con un contenido sustancialmente idéntico, que consistía en la identificación de la cantidad que Promociones Almofrei entregaba a D. Hilario en concepto de «retorno parcial de una parte del capital invertido», a través de transferencia bancaria, y, seguidamente, en la cuantificación de la cantidad «pendiente de devolución», que lógicamente se iba reduciendo en cada documento. A esa cantidad pendiente de devolución siempre se añadió el inciso «más los beneficios correspondientes a su participación en los proyectos mencionados». Así, por ejemplo, el documento de 28 de junio de 2007 rezaba así:

«[...] Que el día 12 de junio del presente el Sr. Hilario ha recibido por parte del Sr. Bernardino, en representación de la Sociedad Mercantil "PROMOCIONES ALMOFREI, S.A.", la cantidad de 225.055,00 € (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CINQUENTA Y CINCO EUROS) en concepto de retorno parcial de una parte del capital que el Sr. Hilario ha invertido en la Sociedad Mercantil "PROMOCIONES ALMOFREI, S.A.", siendo el importe total de lo invertido la cantidad de 1.000.055 €. [...]

»Que después de este pago por parte de "PROMOCIONES ALMOFREI, S.A." queda pendiente de devolución al Sr. Hilario la cantidad de 775.000,00 € más los beneficios correspondientes a su participación en los proyectos mencionados».

Esta secuencia se repitió en los documentos siguientes, en los que únicamente variaba el importe de los pagos (100.000 € en el de 11 de enero de 2008; 50.000 € en el de 7 de agosto de 2008 e igualmente 50.000 € en el 2 de septiembre de 2008), y, correlativamente, la cantidad que se denominaba como capital «pendiente de devolución»: 675.000 €, 625.000 € y 575.000 €.

11.-El 6 de septiembre de 2012 D. Hilario presentó la demanda que ha dado lugar a este procedimiento en ejercicio de una acción de cumplimiento del contrato y en la que reclamaba los 575.000 € no devueltos de la inversión inicial y el importe de los beneficios, que cifró, previo requerimiento del juzgado, en 263.750 €.

12.-La sentencia de primera instancia desestimó la demanda e impuso las costas a la parte actora. La sentencia calificó el contrato formalizado entre las partes como un contrato de cuentas en participación de los regulados en los arts. 239 a 243 del Código de Comercio (CCom) y por el que pueden los comerciantes interesarse los unos en las operaciones de los otros, contribuyendo para ellas con la parte del capital que convengan y haciéndose partícipes de sus resultados prósperos o adversos en la proporción que determinen, de manera que, en lo que no alcancen los pactos entre las partes, habría de estarse a la regulación legal y la doctrina jurisprudencial formada sobre este contrato. A lo que añade, como razón decisoria de la desestimación de la demanda:

«Así las cosas, la pretensión objeto del proceso consistente en la devolución del capital invertido y el abono de los beneficios no puede ser acogida, por cuanto el cuenta partícipe no tiene derecho a que se le reintegre la cantidad aportada, pues ha de participar tanto de las eventuales ganancias como de las también eventuales pérdida; y, por otro lado, porque no se ha instado, en debida forma, la rendición de cuentas por el partícipe gestor, ni tampoco puede afirmarse, ni la terminación del proyecto inmobiliario objeto del contrato litigioso, ni cual fue el resultado contable final del proyecto, como presupuesto fáctico necesario para el reparto de beneficios o pérdidas entre las partes.

»Debe reiterarse que en la demanda no se solicita la extinción del contrato, ni por transcurso del tiempo señalado, cuestión a la que no se alude en la demanda, ni por mutuo disenso, por imposibilidad sobrevenida fortuita de la gestión, o por incumplimiento de las obligaciones del gestor. Tampoco hay petición, al amparo del artículo 1128 del Código Civil, para la fijación de un tiempo para la realización de la gestión que no se señalaba en el contrato [...]».

13.-La Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el demandante. Calificó el contrato celebrado entre las partes como un contrato atípico que participa de las características del contrato mercantil de cuentas en participación, en cuanto al demandante se interesó por los proyectos de promoción inmobiliaria y contribuyó a su ejecución con el importe equivalente al 25% del coste previsto y se hizo partícipe en el mismo porcentaje de las eventuales ganancias y pérdidas que pudieran resultar, pero al mismo tiempo la contraparte le garantizó no solo el derecho a obtener la parte correspondiente en las ganancias, previa liquidación y rendición de cuentas, sino también a recuperar la inversión efectuada, por lo que el capital inicial se transmitió a título de préstamo y no para su dilución en el patrimonio de la entidad demandada. Se trataba, pues, de una aportación en concepto de préstamo cuya retribución se llevaba a cabo mediante una participación en beneficios. Para llegar a esta conclusión, la Audiencia tuvo en cuenta el contenido de todas las comunicaciones cruzadas entre las partes entre 2007 y 2012 y de los informes de situación a los que se ha hecho referencia, de los que destaca (i) que en todos ellos se diferenciaba el capital invertido, por un lado, y la participación en beneficios, por otro, siendo la primera una partida cuantificada y agendada en cuanto a su devolución, y la segunda una partida variable y dependiente del resultado de la empresa; (ii) los calendarios de restitución del capital invertido, según los distintos informes de situación, así como el abono efectivo de parte de las cantidades comprometidas, que no se hicieron depender de la finalización de las obras ni de la liquidación o rendición de cuentas; (iii) las expresiones reiteradas en todas las comunicaciones acerca de la «recuperación de la inversión», el «capital devuelto», el «capital pendiente», las «cantidades a devolver» y la reiterada garantía de la devolución de la inversión.

La Audiencia concluyó que la demandada debía reintegrar la parte no devuelta del capital invertido (575.000 €), pero no así la cantidad reclamada como porcentaje de los beneficios, porque para ello sería necesario que finalizaran las promociones y se hiciera la oportuna rendición de cuentas para saber si el proyecto había terminado con ganancias o pérdidas, y porque además todo apuntaba a que no hubo ganancias, pues para que ello sucediera, calculando el coste de las promociones en 4.220.000 €, el importe de las ventas debía superar esa cantidad, cuando lo cierto es que se obtuvieron solo 3.262.380,33 €. Por todo ello, desestimó la reclamación de 263.750 € en concepto de participación en beneficios «con las consecuencias previstas en el art. 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil» (LEC). La sentencia no hizo imposición de las costas de la primera ni de la segunda instancia.

14.-Promociones Almofrei ha interpuesto un recurso de casación, invocando como cauce el ordinal segundo del art. 477.2 LEC (cuantía litigiosa superior a 600.000 €) y fundado en tres motivos.

SEGUNDO.- Planteamiento de los motivos del recurso de casación

1.-El primer motivo del recurso invoca la infracción de los arts. 239 y 243 CCom, en relación con los arts. 1689 y 1691 del Código Civil (CC), así como de la doctrina contenida en las sentencias de esta sala de 21 de marzo de 1956, 22 de mayo de 1987 y 464/2008, de 30 de mayo.

En su desarrollo, la recurrente alega que resulta de muy difícil acomodo admitir la existencia de un contrato atípico mezcla de préstamo y cuentas de participación, pues el primero es un contrato sinalagmático y el segundo un contrato asociativo, con regímenes jurídicos diferentes, de modo que en el contrato de cuentas en participación, paradigma de la sociedad interna mercantil, existe un importante componente aleatorio en la expectativa de ganancia del cuenta partícipe, pues este no puede ser excluido de las eventuales pérdidas según los arts. 1689 y 1691 CC. A su juicio, la sentencia recurrida contraviene normas que informan los negocios asociativos -las citadas en el encabezamiento del motivo- mediante una interpretación del contrato que no resulta de su literalidad, sino de los actos posteriores de los contratantes.

2.-El segundo motivo se funda de nuevo en la infracción de los arts. 239 y 243 CCom, a los que se añaden ahora, como normas igualmente infringidas, los arts. 1258, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1689 y 1691 CC, así como la vulneración de la doctrina contenida en la sentencia de esta sala de 21 de marzo de 1956.

En su desarrollo, se reitera que la sentencia recurrida califica el contrato a partir de una interpretación del mismo que no se basa en su literalidad, sino en los actos posteriores de las partes. Añade que la normativa fiscal impone distinguir entre el retorno de la inversión y el reparto de los eventuales beneficios y que la tesis de la sentencia obliga al gestor a retener todos los retornos y no hacer pago alguno hasta la liquidación y rendición de cuentas, lo que es contrario a la naturaleza dinámica del contrato de cuentas en participación, que impone la asignación al partícipe de las cantidades retornadas como consecuencia lógica y necesaria de su naturaleza, sin que tal retorno pueda transformar el negocio jurídico para introducir un componente propio del contrato de préstamo y conformar un negocio jurídico atípico, pues en todos los negocios asociativos (cita como ejemplo el préstamo al socio del art. 277 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital) se admite la posibilidad de entregas a cuenta y sería contraria a la esencia de las cuentas en participación el pacto de exclusión del cuenta partícipe en las pérdidas.

3.-En el tercer motivo las normas que se citan como infringidas vuelven a ser los arts. 239 y 243 CCom y los arts. 1689 y 1691 CC, ahora en relación con los arts. 1258, 1281, 1283, 1287 y 1289 CC.

En su desarrollo se amplía el argumento, enunciado en el motivo anterior, de que en el régimen fiscal del contrato de cuentas en participación la aportación del inversor es neutra, mientras que la entrega de los beneficios está sujeta a tributación, en cuanto se trata de un rendimiento de capital mobiliario para el cuenta partícipe y de un gasto deducible para el gestor. Cita al efecto la resolución vinculante de la Dirección General de Tributos de 23 de septiembre de 2011.

TERCERO.- Causas de inadmisibilidad planteadas por la parte recurrida

1.-La parte recurrida alegó la inadmisibilidad del recurso, formulado por razón de la cuantía del litigio, superior a 600.000 €, pues a su juicio hace estarse a la cantidad inicial fijada en la demanda, que fue de 575.000 €.

2.-El art. 477.2.2º LEC, en la redacción aplicable al caso, preveía la recurribilidad en casación de las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, siempre que la cuantía del proceso excediera de 600.000 €.

3.-En este caso, en la demanda inicial se reclamaron dos partidas, la primera cifrada en 575.000 €, y la segunda, correspondiente a la participación en beneficios, pendiente de cuantificar, por lo que el juzgado requirió a la parte demandante para que estableciera de modo preciso el importe de lo reclamado por este segundo concepto, de modo que, como explica la sentencia de primera instancia, el demandante aclaró el suplico de la demanda mediante escrito de 22 octubre de 2012 en el sentido de solicitar la condena al pago de 263.750 € por la participación en beneficios, que, sumados a los otros 575.000 €, explican que la cuantía del procedimiento se cifrara en 838.750 €, tal y como consta en el decreto de admisión a trámite de la demanda dictado el 29 de octubre de 2012.

La desestimación íntegra de la demanda en primera instancia y el contenido del recurso de apelación interpuesto por el demandante significaron, por otra parte, que la cuantía del procedimiento no se vio reducida en la segunda instancia, y que aunque la Audiencia estimó solo en parte dicho recurso de apelación y, con él, la demanda, imponiendo una condena de 575.000 €, en el momento en el que la parte demandada interpuso el recurso de casación la sentencia también podía ser recurrida por el demandado para obtener los 838.750 € reclamados, por lo que el litigio se ha mantenido con la cuantía inicial hasta la fase del recurso de casación. En consecuencia, la vía casacional correcta era la prevista en el ordinal segundo del entonces art. 477.2 LEC. No concurre, por ello, la causa de inadmisión alegada en el escrito de oposición.

CUARTO.- Alteración del orden de resolución de los motivos de casación

1.-Los tres motivos del recurso atacan la calificación y la interpretación del contrato que lleva a cabo la Audiencia con argumentos complementarios y en ocasiones repetitivos. En síntesis, el recurso se acoge al contenido típico de un contrato de cuentas en participación para defender que la calificación que hace la Audiencia del contrato litigioso es errónea y que igualmente equivocada es la interpretación que realiza de sus cláusulas. Sostiene que el contrato debe ser interpretado en función de su contenido literal, y no de los actos posteriores y se argumenta que la naturaleza del negocio jurídico concertado y la normativa fiscal que lo disciplina exigen que el gestor rinda cuentas y devuelva las aportaciones a medida que se generan ingresos.

2.-La calificación de los contratos es una operación de carácter esencialmente jurídico, sin perjuicio de que los hechos que resulten probados en cada litigio condicionen dicha calificación. Como explica la sentencia 1313/2025, de 25 de septiembre:

«Tampoco la calificación es una cuestión fáctica. En sentido amplio, la calificación forma parte de la interpretación del contrato, ya que tras la averiguación del propósito, de la intención que animó a quienes celebraron el negocio y precisar qué es lo que realmente quisieron al obligarse, la calificación se dirige a determinar el tipo negocial. Se trata de identificar la naturaleza del contrato celebrado, de confrontar la declaración de voluntad de las partes con un esquema o tipo negocial o, por el contrario, de determinar si es atípico precisamente porque la declaración de voluntad contractual no se puede insertar en ninguno de los tipos predispuestos por el ordenamiento. La calificación del contrato es una operación jurídica, puesto que debe realizarse mediante la interpretación de las normas jurídicas».

3.-A la vista de esta doctrina y de la mezcla de argumentos que preside la redacción de los tres motivos que vertebran el recurso de casación, alteraremos el orden de resolución para comenzar con el análisis de los motivos segundo y tercero, que es donde se plantea de forma más explícita impugnación de la interpretación actual llevada a cabo por la Audiencia Provincial y que precisamente por su vinculación conceptual analizaremos de forma conjunta.

QUINTO.- Doctrina jurisprudencial sobre la revisión de la interpretación de los contratos a través del recurso de casación. Carencia manifiesta de fundamento. Desestimación de los motivos segundo y tercero.

1.-La jurisprudencia de esta sala sobre el acceso al recurso de casación de la materia propia de la interpretación de los contratos es antigua, abundante y reiterada. Lo explica en términos generales la sentencia 1218/2025, de 10 de septiembre, entre otras muchas, cuando remarca que la interpretación contractual es función de los tribunales de instancia y que solo es revisable en casación con carácter excepcional, a lo que añade:

«Según doctrina reiterada de esta Sala -entre otras, sentencias 57/2024, de 18 de enero, y 162/2025, de 3 de febrero-:

"la interpretación de los contratos constituye una función de los tribunales de instancia, que ha de prevalecer y no puede ser revisada en casación salvo cuando sea contraria a alguna de las normas legales que regula la interpretación de los contratos o se demuestre su carácter manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario". [...]

»El único objeto de discusión a través del recurso de casación sobre la interpretación contractual no se refiere a lo oportuno o conveniente, sino a la ilegalidad, arbitrariedad o contradicción del raciocinio lógico. Por ello, salvo en estos casos, prevalecerá el criterio del tribunal de instancia, aunque la interpretación contenida en la sentencia no sea la única posible o pudiera caber alguna duda razonable acerca de su acierto o sobre su absoluta exactitud».

2.-Más en conexión con el planteamiento de este concreto recurso de casación, la sentencia 1062/2025, de 2 de julio, razonó lo siguiente:

«En la sentencia 774/2024, de 3 de junio, recordábamos la doctrina de la sala sobre las reglas de interpretación de los contratos y el alcance de la revisión casacional [...] ( sentencias 294/2012, de 18 de mayo, 27/2015, de 29 de enero, 13/2016, de 1 de febrero; y 1577/2023, de 15 de noviembre).

»Respecto del sentido y la finalidad de las reglas legales de interpretación contractual, el principio rector de la labor interpretativa es la averiguación o búsqueda de la voluntad real o efectivamente querida por las partes, que se proyecta, necesariamente, sobre la totalidad del contrato celebrado, considerado como una unidad lógica y no como una mera suma de cláusulas, de ahí que la interpretación sistemática ( art. 1285 CC) constituya un presupuesto lógico-jurídico de esta labor de interpretación.

»No obstante, el sentido literal, como criterio hermenéutico, es el presupuesto inicial, en cuanto que constituye el punto de partida desde el que se atribuye sentido a las declaraciones realizadas, se indaga la concreta intención de los contratantes y se ajusta o delimita el propósito negocial proyectado en el contrato. Cuando los términos son claros y no dejan duda alguna sobre la intención de los contratantes, la interpretación literal no sólo es el punto de partida sino también el de llegada del fenómeno interpretativo, e impide que, con el pretexto de la labor interpretativa, se pueda modificar una declaración que realmente resulta clara y precisa. A ello responde la regla de interpretación contenida en el párrafo primero del art. 1281 CC ("si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas").

»Pero, en otro caso, la interpretación literal también contribuye a mostrar que el contrato por su falta de claridad, por la existencia de contradicciones o vacíos, o por la propia conducta de los contratantes, contiene disposiciones interpretables, de suerte que la labor de interpretación debe seguir su curso, con los criterios hermenéuticos a su alcance ( arts. 1282 - 1289 CC) , para poder dotar a aquellas disposiciones de un sentido acorde con la intención realmente querida por las partes y con lo dispuesto imperativamente en el orden contractual.

»2.- En cuanto al alcance de la revisión casacional, la interpretación de los contratos constituye una función de los tribunales de instancia, que ha de prevalecer y no puede ser revisada en casación salvo cuando sea contraria a alguna de las normas legales que regula la interpretación de los contratos o se demuestre su carácter manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario ( sentencias 524/2013, de 23 de julio, y 252/2014, de 14 de mayo). El único objeto de discusión a través del recurso de casación sobre la interpretación contractual, no se refiere a lo oportuno o conveniente, sino la ilegalidad, arbitrariedad o contradicción del raciocinio lógico. Por ello salvo en estos casos, prevalecerá el criterio del tribunal de instancia aunque la interpretación contenida en la sentencia no sea la única posible, o pudiera caber alguna duda razonable acerca de su acierto o sobre su absoluta exactitud ( sentencias 198/2021, de 26 de marzo, y 1577/2023, de 15 de noviembre, y las muchas que en ellas se citan).».

»En los mismos términos se pronuncia la más reciente sentencia 270/2025, de 12 de febrero [...]».

3.-Los motivos segundo y tercero del recurso deben ser desestimados por carencia manifiesta de fundamento. Además de lo ya dicho sobre la excepcionalidad de la revisión casacional de la interpretación de los contratos, debemos tener en cuenta, en primer lugar, que la recurrente acumula en un único motivo la infracción de diferentes normas que, formando parte todas ellas de la disciplina de interpretación de los contratos, tienen un contenido muy diferente. Así, el art. 1281 CC, sobre la interpretación literal, el art. 1283 CC («[c]ualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar»), el art. 1287 CC («[e]l uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en éstos la omisión de cláusulas que de ordinario suelen establecerse») y el art. 1289 CC («[c]uando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere [...] oneroso, la duda se resolverá en favor de la mayor reciprocidad de intereses. Si las dudas [...] recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o voluntad de los contratantes, el contrato será nulo».

Pues bien, la cita conjunta, acumulada, y sin ninguna diferenciación en el desarrollo argumental de estos cuatro preceptos legales llevaría por sí sola a la desestimación de estos dos motivos del recurso, ya que no se explica suficientemente cuál de los cuatro preceptos que se indican como infringidos lo es realmente; no se trata, además, de normas compatibles que puedan sustentar una respuesta única y conjunta, y, salvo el art. 1281 CC, se trata de preceptos tan distantes de la razón decisoria de la sentencia que queda patente la carencia de fundamento de los motivos, que se evidencia aún más si se tiene en cuenta la discordancia que existe entre los artículos que se citan como infringidos en el encabezamiento de estos dos motivos y el desarrollo de los mismos. En efecto, el principal reproche que hace la recurrente a la labor interpretativa de la sentencia recurrida es que no se atiene al tenor literal del contrato, sino que se centra en los actos posteriores de las partes, y esta crítica poco tiene que ver con el contenido de los arts. 1283, 1287 y 1289 CC.

La sentencia 1262/2022, de 16 de febrero, con cita de la 196/2015, de 17 de abril, llama la atención sobre el defecto casacional de acumular en un único motivo normas heterogéneas sobre la interpretación de los contratos, lo que sucede cuando al art. 1281 CC se añaden otras reglas interpretativas disonantes con la elaboración jurisprudencial existente sobre la interpretación literal de los contratos y la averiguación de la voluntad de las partes.

4.-La carencia de manifiesto de los motivos segundo y tercero se aprecia también en la constatación de que las normas citadas no atacan realmente la razón decisoria de la sentencia recurrida, que basa la interpretación contractual en los arts. 1281 y 1282 CC. Y curiosamente esta segunda norma, que se erige en el centro del reproche casacional, en cuanto dispone que «[p]ara juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato», no forma parte de las que se invocan como infringidas.

5.-La interpretación del contrato que realiza la Audiencia podrá suscitar la disconformidad de la recurrente, pero en modo alguno cabe ser tachada de ilógica, irracional o arbitraria. La parquedad del contrato es muy llamativa, lo que impide que la mera interpretación literal facilite pistas seguras sobre la intención común de los contratantes, de modo que es obligatorio acudir a los actos posteriores al contrato, ante la inexistencia de actos anteriores que pudieran ser relevantes a estos efectos. Y esos actos posteriores han seguido una línea coherente durante un periodo tan prolongado de tiempo -al menos los seis años que mediaron entre 2004 y 2010- que avala de modo muy consistente las conclusiones de la Audiencia sobre el diferente trato que durante ese todo ese tiempo se dio a la inversión del demandante, tratada siempre como una suma a devolver antes de la finalización de los proyectos e independientemente de la liquidación y abono de los eventuales beneficios, y al resultado final del negocio inmobiliario.

Nos remitimos al relato de los hechos probados expuestos en el fundamento primero de esta sentencia y, en particular (i) a la persistente fijación de calendarios de pago para lo que la propia recurrente denomina «devolución del capital», «capital pendiente de devolver» o «recuperación de la inversión»; (ii) al abono de una parte importante de la inversión que no se acompasa, como destaca la parte recurrida, al ritmo de la obtención de beneficios o de liquidez por la venta de los chalets, pues los pagos realizados se realizan en fechas 12 de junio de 2007, 11 de enero, 7 de agosto y 2 de septiembre de 2008, cuando, según los informes citados, las viviendas estaban sin terminar y sin perspectivas claras de venta.

La cuestión de la normativa fiscal, además de ser irrelevante para interpretación del contrato, es una cuestión nueva introducida en el recurso de casación, pues nada se mencionó al respecto en la contestación a la demanda ni en la oposición al recurso de apelación.

Como explica la sentencia 1260/2025, de 16 de septiembre, entre otras muchas:

«2.-La jurisprudencia de esta sala veda plantear cuestiones per saltum, que son aquellas que pudiendo plantearse, no lo fueron, en la primera instancia y/o en la apelación ( sentencias 614/2011, de 17 noviembre; 632/2012, de 29 octubre; 32/2013, de 6 de febrero; 268/2013, de 22 de abril, entre otras muchas). No pueden plantearse en casación cuestiones que no hayan sido formuladas en la apelación, "pues el recurso de casación permite denunciar las infracciones legales en que el tribunal de apelación haya podido incurrir al resolver las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, pero no permite hacer un nuevo planteamiento de la cuestión litigiosa, distinta a la que se sometió a la consideración del tribunal de apelación" ( sentencia del Pleno 772/2014, de 12 de enero de 2015). Su omisión únicamente podría haberse impugnado por la vía de la infracción procesal, alegando falta de exhaustividad ( art. 218 LEC) , previa solicitud del complemento correspondiente conforme al art. 215 LEC ( sentencia 53/2025, de 13 de enero, entre otras)».

SEXTO.- La calificación del contrato. Desestimación del motivo primero.

1.-Desestimados los dos últimos motivos del recurso, con lo que ello supone de prevalencia de la interpretación del contrato realizada por la Audiencia, decae también el primer motivo relacionado con la calificación del contrato. Los contratos de naturaleza atípica o innominada se caracterizan, con frecuencia, por estructurarse en torno a prestaciones y contraprestaciones tomadas de varios formatos contractuales y son enteramente válidos al amparo de la autonomía de la voluntad del art. 1255 CC, como sucede en este caso con el préstamo y el negocio típico de cuentas en participación, que no choca con el «difícil acomodo» que defiende la recurrente.

El recurso de casación debe respetar la base fáctica de la sentencia recurrida y, a la vista los hechos probados que se han relatado en el fundamento de derecho primero de esta sentencia y de la interpretación razonable del contrato, concluimos que la naturaleza asociativa propia del contrato de cuentas en participación -que la sentencia tiene en cuenta y desarrolla en su fundamentación jurídica- no impide que la verdadera intención de las partes fuera dotar a la financiación del demandante del régimen jurídico propio del contrato de préstamo, sin perjuicio del diferente tratamiento que luego hubiera de tener el resultado económico final de las promociones inmobiliarias proyectadas. La sentencia recurrida, en su apartado 25, concluye que:

«[...] el Sr. Hilario y la mercantil "Promociones Almofrei, S.A." celebraron un contrato atípico, que efectivamente participa de las características del contrato mercantil de cuentas en participación, regulado en los arts. 238 a 243 del Código de Comercio, en cuanto que el primero se interesó en los proyectos de promoción inmobiliaria que la segunda se proponía realizar en los municipios de Poio y Cotobade, contribuyendo a su ejecución en la cantidad de 1.000.055 €; en concepto de 25% del coste previsto y haciéndose partícipe en el mismo porcentaje de las eventuales gananciales -y pérdidas- que pudieran resultar, pero que, a diferencia de lo que sucede en dicho contrato de cuentas en participación, en que el partícipe no dispone de un crédito de restitución del capital aportado, sino que se le atribuye un derecho a las ganancias en la proporción que se haya pactado, lo cierto es que en el negocio jurídico que nos ocupa sí que se estipuló, no solo el derecho a obtener la parte correspondiente en las ganancias, previa liquidación y rendición de cuentas, sino a recuperar la inversión efectuada, lo que permite interpretar que el capital inicial se transmitió a título de préstamo y no para su dilución en el patrimonio de la entidad demandada. Esto es, nos encontramos ante un contrato que incluye una aportación en concepto de préstamo y cuya retribución se verifica mediante una participación en beneficios».

2.-Por lo demás, no ha sido objeto del proceso la eventual participación del demandante en las posibles pérdidas del negocio, pues la demandada no formuló reconvención ni ejercitó pretensión alguna al respecto, por lo que la mayor parte del argumentario del motivo no tiene ninguna relación con la razón decisoria de la sentencia ni con la fundamentación jurídica sobre la que se sustenta la condena a la recurrente al pago de 575.000 €.

3.-En consecuencia, este motivo será también desestimado.

SÉPTIMO.- Costas y depósito

1.-De acuerdo con lo previsto en el art. 398.1, en relación con el art. 394.1, ambos de la LEC, las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.-Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.