Sentencia Civil 1821/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 693/2022 de 11 de diciembre del 2025

PRIMERO. Cuestión controvertida y resumen de antecedentes

1.El objeto de la presente controversia jurídica se refiere, esencialmente, al plazo de prescripción de la acción de responsabilidad contra los administradores por deudas sociales ( art. 367 LSC) .

2.Para la resolución del presente recurso de casación interpuesto por la parte demandante, debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia o no discutidos o admitidos por las partes.

(i)La sociedad Guerin S.A., actualmente Sonepar Ibérica Spain S.A. (en adelante, «Guerin»), es titular de un crédito contra la sociedad DIRECCION000. (en lo sucesivo, « DIRECCION000»), procedente de unos suministros de mercancías realizados en abril de 2010 y cuyo importe asciende, según consta en factura de fecha 30 de abril de 2010, a un total de 12.758,28 € (10.998,52 € de base imponible, más 1.759,76 € de IVA al 16 %).

(ii)La sociedad DIRECCION000 no ha depositado en el registro mercantil las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales 2010 a 2017.

(iii)D. Jorge (de ahora en adelante, el «Sr. Jorge») fue administrador solidario de DIRECCION000 desde el 20 de diciembre de 1999 y su administrador único desde el 11 de abril de 2011. Esta sociedad acordó el 1 de agosto de 2017 su disolución, el cese del Sr. Jorge como administrador único y la designación de D.ª Enma como liquidadora única. Sin embargo, la escritura en que se documentaron tales acuerdos no se inscribió en el Registro Mercantil. Por cuanto ahora interesa, el cese del Sr. Jorge como administrador en 2017 no consta inscrito, y tampoco consta prueba alguna que permita considerar que Guerin era conocedora del cese del Sr. Jorge a pesar de que no constase inscrito en el registro mercantil.

(iv)El 12 de febrero de 2013 Guerin reclamó su crédito frente a DIRECCION000 ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Torrent (juicio monitorio n.º 242/2013). En el correspondiente procedimiento de ejecución (n.º 605/2013), mediante auto de 4 de junio de 2013, se despachó ejecución, que resultó infructuosa. En dicho procedimiento se dictó una diligencia de ordenación el 24 de julio de 2018 en la que se acordaba la averiguación patrimonial de la parte ejecutada DIRECCION000. En otros procedimientos judiciales fueron subastados algunos bienes de la sociedad deudora: una nave industrial (ejecución hipotecaria n.º 1103/2012, ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Torrent) y dos vehículos (ejecución n.º 4909/2011 del Juzgado de lo Social n.º 3 de Valencia).

(v)El 13 de febrero de 2020 Guerin realizó una reclamación extrajudicial al Sr. Jorge, sin que conste si efectivamente se remitió y fue debidamente recibida por éste, aunque tampoco se indica que dicho documento fuera impugnado.

3.El 15 de junio de 2020 Guerin interpuso la demanda contra el Sr. Jorge que ha dado lugar al presente procedimiento, en la que ejercitaba acumuladamente contra dicho administrador la acción de responsabilidad por deudas y la acción individual de responsabilidad. En esta demanda se pedía al juzgado mercantil que acordase condenar al Sr. Jorge al pago de 13.138,87 €, como principal, más los intereses al tipo previsto en la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, sobre el capital de 10.969,22 €, desde la fecha de la demanda contra DIRECCION000 hasta su completa satisfacción. Además, reclamaba el pago de 4.382,42 €, en concepto de las costas tasadas en el referido procedimiento de ejecución n.º 605/2013, junto con el interés legal más dos puntos desde el 6 de mayo de 2019 (fecha del decreto de tasación de costas) hasta su completo pago. Asimismo, solicitaba la imposición de costas al demandado.

4.El Sr. Jorge se opuso a la demanda y solicitó su desestimación. A este respecto, alegó que ambas acciones de responsabilidad estaban prescritas, en aplicación del art. 241 bis LSC; y subsidiariamente, invocó que la sociedad DIRECCION000 se liquidó ordenadamente y cesó su actividad en el año 2017.

5.El Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Valencia dictó la sentencia n.º 44/2021, de 23 de febrero, en la que desestimó la demanda de Guerin, sin condena en costas al apreciar serias dudas de derecho.

Como fundamento de su sentencia, el juzgado mercantil consideró que la acción individual de responsabilidad del art. 241 LSC estaba prescrita, en aplicación del art. 241 bis LSC (exLey 31/2014, de 3 de diciembre), según el cual el plazo de cuatro años de prescripción de la acción se inicia el día en que pudo ejercitarse. Asimismo, el juzgado mercantil sostuvo que este plazo de prescripción del art. 241 bis LSC, con el referido dies a quopara su cómputo, se aplica también a la acción de responsabilidad por deudas del art. 367 LSC. A este respecto, acogió el criterio de la sentencia n.º 2110/2020, de 9 de octubre, de la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que consideraba aplicable el art. 241 bis LSC a todas las acciones de responsabilidad societaria contra los administradores.

6.El acreedor Guerin recurrió en apelación la sentencia de primera instancia.

7.La Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9.ª) en su sentencia n.º 1443/2021, de 14 de diciembre, desestima el recurso de Guerin, por lo que confirma la sentencia del juzgado mercantil, sin imposición de costas de esta alzada a la parte recurrente, al considerar que concurren serias dudas de derecho.

La audiencia provincial fundamenta su decisión en el criterio seguido por dicha sección con referencia a la aplicación del nuevo régimen del art. 241 bis LSC (exLey 31/2014) para las acciones de responsabilidad contra administradores ya nacidas, porque la conducta imputada del administrador se hubiera producido antes de la entrada en vigor de la Ley 31/2014 (el 24 de diciembre de 2014), pero no ejercitadas antes de dicha fecha. A falta de régimen transitorio en la Ley 31/2014, esta audiencia provincial distingue según que, en la referida fecha de entrada en vigor de esta ley: (i) el administrador siguiese en su cargo, supuesto en el que se aplica el art. 241 bis LSC, pero el dies a quopara el cómputo del plazo es la fecha de entrada en vigor de esta ley (el 24 de diciembre de 2014); o (ii) el administrador ya hubiese cesado en el cargo en dicha fecha de entrada en vigor de la ley, en cuyo caso se aplica el art. 949 CCom, por lo que el dies a quopara el cómputo del plazo de cuatro años es la fecha del cese del administrador.

En el presente supuesto de hecho, y respecto de la acción individual de responsabilidad ( art. 241 LSC) , las conductas (omisivas) imputadas al administrador demandado se ubican temporalmente a partir del año 2010 y, en todo caso, con anterioridad a la entrada en vigor del art. 241 bis LSC (el 24 de diciembre de 2014): las últimas cuentas anuales depositadas son las correspondientes al ejercicio 2009, y desde entonces se produce la desaparición de factode la sociedad, cuando menos al instar el acreedor la ejecución infructuosa contra la sociedad deudora en el año 2013. En segundo lugar, no consta que en esta fecha de entrada en vigor del art. 241 bis LSC se hubiera producido el cese del administrador. En suma, la acción había nacido antes del 24 de diciembre de 2014, y en esta fecha el administrador no había cesado en su cargo. En consecuencia, la audiencia provincial entiende que se aplica el art. 241 bis LSC, y para el cómputo del plazo de cuatro años el dies a quoes el 24 de diciembre de 2014, por lo que la acción individual estaba ya prescrita cuando se interpuso la demanda (el 15 de junio de 2020), o incluso cuando se realizó la reclamación extrajudicial (el 13 de febrero de 2020).

En cuanto a la acción de responsabilidad por deudas ( art. 367 LSC) , la audiencia provincial considera que se ha de aplicar también el art. 241 bis LSC, pues no existe razón que justifique romper la unidad de tratamiento en las acciones de responsabilidad societaria contra los administradores. En el presente caso, los presupuestos de esta acción de responsabilidad concurren también antes del 24 de diciembre de 2014: las últimas cuentas anuales depositadas son las del ejercicio 2009, la deuda social reclamada nace en abril de 2010 y no consta inscrita la disolución social, ni el cese del administrador. Así pues, el dies a quopara el cómputo del plazo cuatrienal es el 24 de diciembre de 2014, por lo que -según el criterio de la audiencia provincial- también esta acción de responsabilidad por deudas está prescrita, incluso cuando se realiza la reclamación extrajudicial (el 13 de febrero de 2020).

8.Frente a la sentencia de apelación, Guerin formula un recurso de casación, articulado en tres motivos.

SEGUNDO. Motivos primero y segundo del recurso de casación

1. Planteamiento. En los dos primeros motivos el recurrente denuncia la infracción del art. 949 CCom: primero, para ponerlo en relación con el art. 2.3 CC (a fin de negar eficacia retroactiva a la aplicación del art. 241 bis LSC) ; y, a continuación, para referir dicha infracción a la responsabilidad de administradores por deudas sociales del art. 367 LSC, y alegar la existencia de criterios contradictorios entre audiencias provinciales.

2. Resolución del tribunal. Procede estimar estos motivos, aunque por los razonamientos que exponemos a continuación.

2.1.En las recientes sentencias n.º 1450/2025 y n.º 1451/2025, ambas de 20 de octubre, esta sala ha aplicado la doctrina jurisprudencial según la cual la acción de responsabilidad de administradores por deudas sociales ( art. 367 LSC) tiene el mismo plazo de prescripción que la acción correspondiente a la deuda social y el mismo dies a quopara su cómputo. Estas sentencias establecen:

«1.- Respecto del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad del administrador social por deudas sociales, prevista en el art. 367 LSC, en las sentencias 1512/2023, de 31 de octubre, 217/2024, de 20 de febrero, 275/2024, de 27 de febrero, y 1492/2024, de 11 de noviembre, hemos considerado, sintéticamente, que: (i) la medida legal prevista en dicho precepto constituye a los administradores en garantes personales y solidarios de las obligaciones de la sociedad posteriores a la fecha de concurrencia de la causa de disolución; (ii) el plazo de prescripción no puede ser el del art. 241 bis LSC, previsto para las acciones individual y social, que se refieren a supuestos distintos; (iii) el art. 241 bis LSC se refiere exclusivamente a la acción social y a la acción individual de responsabilidad, no a la acción de responsabilidad por deudas sociales del art. 367 LSC, y está incluido en el capítulo V (La responsabilidad de los administradores),del título VI (La administración de la sociedad)de la LSC; mientras que el art. 367 LSC se inserta en el capítulo I (La disolución),sección 2ª (Disolución por constatación de causa legal o estatutaria),del título X (Disolución y liquidación);y (iv) las acciones individual y social tienen una naturaleza diferente a la de responsabilidad por deudas, puesto que las dos primeras son típicas acciones de daños, mientras que la tercera es una acción de responsabilidad legal por deuda ajena con presupuestos propios.

2.- Como consecuencia de ello, en dichas sentencias concluimos que: (i) la acción de responsabilidad por deudas tiene el mismo plazo de prescripción que la deuda garantizada (la deuda social); (ii) se trata de una solidaridad propia, por su origen legal, por lo que son aplicables al administrador los mismos efectos interruptivos de la prescripción que le serían aplicables a la sociedad, conforme a los arts. 1973 y 1974 CC; y (iii) el dies a quodel plazo de prescripción de la acción contra el administrador será el mismo que el de la acción contra la sociedad deudora.

Asimismo, en las sentencias 1512/2023, de 31 de octubre, 1517/2023, de 2 de noviembre, 275/2024, de 27 de febrero, y 1492/2024, de 11 de noviembre, hemos declarado que, con posterioridad a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, el art. 949 CCom sólo resulta aplicable a las sociedades personalistas reguladas en el CCom, y no a las sociedades de capital.»

En el caso que nos ocupa, como quiera que la deuda proviene del impago del precio del suministro de mercancías, resulta aplicable el plazo de prescripción de las obligaciones personales del art. 1964 CC. Y puesto que la deuda nació en abril de 2010, debe tenerse en cuenta que la Ley 42/2015, de 5 de octubre, mediante su disp. adic. 1.ª, reformó el citado art. 1964 CC, en el sentido de reducir de quince a cinco años el plazo de prescripción de las acciones personales. Y para las relaciones jurídicas nacidas con anterioridad, la propia Ley 42/2015 previó un sistema transitorio en los siguientes términos:

«Disposición transitoria quinta. Régimen de prescripción aplicable a las relaciones ya existentes.

El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil».

Con respecto a este sistema transitorio establecido por la Ley 42/2015, en las referidas sentencias n.º 1450/2025 y n.º 1451/2025, de 20 de octubre, se ha recordado la interpretación que realizó la propia sala en la sentencia n.º 29/2020, de 20 de enero, en los siguientes términos:

«Como la Ley 42/2015 entró en vigor el 7 de octubre de 2015, si conjugamos lo previsto en su disp. trans. 5.ª con el art. 1939 CC, al que se remite, tendríamos las siguientes posibles situaciones (sobre la base de que no hubiera actos interruptivos de la prescripción), teniendo en cuenta que la prescripción iniciada antes de la referida entrada en vigor se regirá por el plazo anteriormente fijado (quince años), si bien, si desde dicha entrada en vigor transcurriese todo el plazo requerido por la nueva norma (cinco años) surtirá efecto la prescripción incluso aunque anteriormente hubiera un plazo de quince años:

(i) Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000: estarían prescritas a la entrada en vigor de nueva Ley.

(ii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005: se les aplica el plazo de 15 años previsto en la redacción original del art. 1964 CC.

(iii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015: en aplicación de la regla de transitoriedad del art. 1939 CC, no prescriben hasta el 7 de octubre de 2020.

(iv) Relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015: se les aplica el nuevo plazo de cinco años, conforme a la vigente redacción del art. 1964 CC. »

2.2.En consecuencia, de conformidad con esta interpretación, en aplicación de la citada regla de transitoriedad del art. 1939 CC, las relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015 no prescribieron hasta el 7 de octubre de 2020. Y esto en el bien entendido de que no mediaran actos interruptivos válidos, más la ampliación por la suspensión de los plazos de prescripción a resultas del estado de alarma decretado por la pandemia covid-19.

Por ende, en el presente caso, puesto que la deuda social nació en abril de 2010, la acción ejercitada por Guerin contra el Sr. Jorge no estaba prescrita cuando se interpuso la demanda el 15 de junio de 2020. Y ello sin considerar la interrupción de la prescripción por la reclamación extrajudicial de 13 de febrero de 2020.

Además, y por la concreta cronología del presente caso, la conclusión de que la acción ejercitada por Guerin contra el Sr. Jorge no estaba prescrita se refuerza por la circunstancia de la suspensión de los plazos de prescripción de cualesquiera acciones y derechos durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas: esto es, desde el 14 de marzo de 2020 y hasta el 21 de junio de 2020. Como es sabido, esta suspensión se estableció por la disp. adic. 4.ª RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19; y la extensión temporal del estado de alarma se fue prorrogando sucesivamente: por último, con el RD 555/2020, de 5 de junio.

2.3.Una vez declarado que la acción no está prescrita, y como las dos sentencias de instancia fueron desestimatorias de la demanda, al asumir la instancia es necesario entrar a analizar si concurren los requisitos de la acción de responsabilidad del administrador por deudas sociales ( art. 367.1 LSC) , respecto de todas las deudas que se reclaman.

En relación con esta acción de responsabilidad, en la demanda se invocaron, entre otras causas de disolución carentes de eficacia constitutiva, las pérdidas cualificadas o pérdida patrimonial grave: vale decir, «pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social» [ art. 363.1.e) LSC].

Habida cuenta de que el ámbito objetivo de la responsabilidad solidaria de los administradores abarca sólo las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución ( art. 367.1 LSC) , el art. 367.2 LSC contiene una presunción legal iuris tantumcuya finalidad es facilitar la pretensión del acreedor social. Así lo ha declarado esta sala en numerosas ocasiones (por último, en la sentencia n.º 1513/2025, de 29 de octubre). En efecto, el art. 367.2 LSC (en la redacción aplicable ratione temporis)determina:

«2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior».

A este respecto, la sentencia recurrida se refiere a los presupuestos de la acción ejercitada, alegados por Guerin en su escrito de demanda. Por una parte, se indica que la deuda social, cuya responsabilidad se exige al administrador, nació en abril del año 2010. De otro lado, señala que el acreedor demandante centra los indicios de la concurrencia de las causas de disolución en la falta de depósito de cuentas anuales (pues las últimas depositadas son las del ejercicio 2009), el cierre de la hoja registral como consecuencia de aquello, el cierre de hecho de la sociedad DIRECCION000 desde entonces, la existencia de una ejecución infructuosa en el año 2013, así como la falta de constancia de la disolución social en el registro mercantil.

Con referencia a estos elementos, es un hecho incontrovertido que las cuentas anuales de la sociedad DIRECCION000 correspondientes al ejercicio 2010 y posteriores no han sido depositadas en el registro mercantil. Sobre la relevancia en este ámbito de la omisión del deber de depósito de las cuentas anuales, esta sala ha declarado en la sentencia n.º 94/2024, de 25 de enero:

«La responsabilidad solidaria de los administradores de la sociedad por todas las deudas sociales nacidas después de la aparición de la causa de disolución, se basa en el incumplimiento del deber legal de promover la disolución de la sociedad, cuando concurra alguna de las causas de disolución previstas en el art. 363 LSC.

En este caso, la causa de disolución apreciada en la sentencia recurrida ha sido la de pérdidas que reducen el patrimonio de la sociedad por debajo de la mitad del capital social [ art. 363.1.e) LSC].

El párrafo segundo del art. 367 LSC permite presumir que las obligaciones sociales son posteriores a la aparición de la causa de disolución, de forma que recae sobre el administrador la prueba de que la deuda social es anterior. Pero esta previsión legal presupone que antes se ha acreditado por el acreedor la aparición de la causa de disolución. En efecto, al tratarse de un hecho constitutivo de su pretensión, es el acreedor que ejercita esta acción de responsabilidad quien debe probar la concurrencia de la causa de disolución y desde cuándo concurre. Sin perjuicio de que cuando la sociedad no tenga depositadas las cuentas en el Registro Mercantil, y existan indicios de que se encuentra en esa situación de pérdidas, por ejemplo por el cierre de facto o por el impago generalizado de créditos, en esos casos cabe presumir la concurrencia de la causa de disolución.

En ese sentido nos hemos pronunciado en sentencias anteriores. Así, la sentencia 652/2021, de 29 de septiembre, después de advertir que el incumplimiento del deber legal del depósito de las cuentas anuales ni es causa legal de disolución de la sociedad, ni determina por sí la obligación de los administradores de responder de las deudas sociales, advierte lo siguiente:

"No obstante, (...) la prueba de la existencia del déficit patrimonial o de la inactividad social puede verse favorecida en situaciones de dificultad probatoria por hechos periféricos, entre los que puede encontrarse la omisión del depósito de cuentas. De manera que la falta de presentación de cuentas anuales opera, al menos, una inversión de la carga probatoria, de suerte que será el demandado el que soporte la necesidad de acreditar la ausencia de concurrencia de la situación de desbalance ( sentencia 937/2004, de 5 de octubre). Puesto que no puede ignorarse que, con tal comportamiento omisivo, los administradores, además de incumplir con un deber legal, imposibilitan a terceros el conocimiento de la situación económica y financiera de la sociedad, lo que genera la apariencia de una voluntad de ocultación de la situación de insolvencia".»

Se ha de subrayar, pues, el impacto que esta sentencia n.º 94/2024, de 25 de enero, atribuye a la omisión del deber de depositar las cuentas anuales en el registro mercantil. Este comportamiento omisivo opera una inversión de la carga probatoria, de suerte que será el administrador demandado quien soporte la necesidad de acreditar que no concurre la situación de pérdida patrimonial grave o pérdidas cualificadas [ art. 363.1.e) LSC].

Por otra parte, es un hecho acreditado que la deuda social reclamada procede de unos suministros de mercancías realizados en abril de 2010 y documentados en factura de fecha 30 de abril de 2010.

Además, el crédito de Guerin frente a DIRECCION000 por las costas del procedimiento de ejecución nació cuando se dictó la resolución firme que condenaba a la sociedad deudora al pago de las costas del proceso. Así lo ha declarado esta sala en sentencia n.º 933/2025, de 12 de junio, con cita de la sentencia n.º 650/2017, de 29 de noviembre. En el presente caso, Guerin reclama el importe de las costas del procedimiento de ejecución de títulos judiciales n.º 605/2013, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Torrent, en el que se despachó ejecución mediante auto de 4 de junio de 2013.

Así pues, para que el administrador quede exonerado de la responsabilidad de las obligaciones sociales que establece el art. 367.1 LSC, ha de desvirtuar la presunción iuris tantumdel art. 367.2 LSC: esto es, la presunción de que la obligación social cuyo cumplimiento reclama el acreedor legítimo es de fecha posterior al acaecimiento de la causa de disolución.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado en diversas ocasiones esta sala; por último, en la ya referida sentencia n.º 1513/2025, de 29 de octubre, que declara:

«En el presente caso, la causa de disolución de cuya concurrencia se trata es la situación de pérdida patrimonial grave en que está incursa la sociedad [ art. 363.1.e) LSC]. Así pues, en aplicación de la regla de la disponibilidad y facilidad probatoria del art. 217.7 LEC, la presunción iuris tantumdel art. 367.2 LSC (sobre la posterioridad de la obligación social reclamada respecto del acaecimiento de la causa de disolución) pivota sobre la fecha en que acaeció la pérdida patrimonial grave. Ello se explica en atención al deber legal de "llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de la empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones" ( art. 25.1 CCom) . Como indica nuestra mejor doctrina, el deber público de contabilidad en las sociedades mercantiles recae sobre la persona jurídica y sobre sus administradores. A este respecto, conviene recordar que el art. 37.1.3.º CCom impone a los administradores el deber de firmar las cuentas anuales, de cuya veracidad responden.

Por tanto, para exonerarse de esta responsabilidad del art. 367.1 LSC, los administradores sociales han de desvirtuar la presunción iuris tantumdel art. 367.2 LSC, referida a la posterioridad de la obligación social cuyo pago se reclama respecto de la fecha del acaecimiento de la situación de pérdidas cualificadas. Esto comporta que los administradores han de acreditar que, cuando nació dicha obligación social, la sociedad no estaba incursa en situación de pérdida patrimonial grave. Y ello, como ya se ha indicado, por mor de la regla de la disponibilidad y facilidad probatoria que determina el art. 217.7 LEC. »

En el supuesto al que se refiere la presente controversia, el administrador demandado Sr. Jorge no ha probado que, en las fechas de nacimiento de las obligaciones sociales reclamadas, la sociedad DIRECCION000 no estuviera incursa en situación de pérdidas cualificadas. Y, como tantas veces se ha indicado, es un hecho incontrovertido que esta sociedad no depositó en el registro mercantil las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y siguientes.

En suma, concurren los presupuestos para estimar la acción de responsabilidad del administrador por deudas sociales ( art. 367.1 LSC) . En efecto, el Sr. Jorge incumplió el deber legal de promover oportunamente la disolución social (convocar junta general en el plazo de dos meses, para que adoptase el acuerdo de disolución o la remoción de la causa disolutoria: art. 365 LSC) , por lo que ha de responder de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, según determina el art. 367.1 LSC.

2.4.La estimación de estos motivos del recurso de casación respecto de la acción de responsabilidad de administradores por deudas sociales ( art. 367 LSC) , con la estimación de la demanda en cuanto al ejercicio de esta acción, hace innecesario que nos pronunciemos sobre la acción individual de responsabilidad ( art. 241 LSC) .

2.5.En virtud de todos los anteriores razonamientos, el recurso de casación ha de ser estimado. Esto comporta que, por los mismos fundamentos jurídicos expuestos, ha de estimarse el recurso de apelación y la demanda respecto de la condena del administrador social demandado.

TERCERO.- Costas y depósitos

1.Al haberse estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas por él causadas, según determina el art. 398.2 LEC.

2.Asimismo, la estimación del recurso de apelación conlleva que tampoco proceda hacer expresa imposición de las costas de la segunda instancia, conforme al mismo art. 398.2 LEC.

3.La estimación de la demanda comporta que deban imponerse a la parte demandada las costas de la primera instancia, conforme ordena el art. 394.1 LEC.

4.Procede igualmente acordar la devolución de los depósitos constituidos para la formulación de los recursos de apelación y de casación, de conformidad con la disp. adic. 15.ª.8 LOPJ.