Sentencia Civil 332/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5996/2020 de 02 de marzo del 2026

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.D.ª Miriam interpuso una «demanda declarativa de nulidad de condiciones generales de la contratación y de reclamación de cantidad contra el Banco de Santander Central Hispano, S.A., Rekalde 44, 48011, Bilbao (por absorción del Grupo Banco Popular que absorvió -sic- Banco Pastor)» el 27 de julio de 2018, respecto de una escritura de préstamo hipotecario otorgada por D. Saturnino y D.ª Miriam, como prestatarios hipotecantes, y el Banco Pastor, SA, como prestamista, el 18 de enero de 2010.

2.El Banco de Santander, SA presentó escrito de contestación el 27 de septiembre de 2018, en el que se opuso a la demanda invocando la excepción de falta de legitimación pasiva. Alegó que no era el sujeto obligado por la relación jurídica litigiosa, ya que la escritura de préstamo hipotecario no la había suscrito él, sino el Banco Pastor, SA, que había sido absorbido por el Banco Popular Español, SA, el cual, a la fecha de interposición de la demanda, continuaba con su actividad y objeto social, pues no se había fusionado con el Banco de Santander, SA y eran dos bancos independientes.

3.La sentencia de primera instancia se dictó el 15 de febrero de 2019 y estimó la demanda. El Juzgado de Primera Instancia afirma que «[d]e la documental obrante en las actuaciones se deriva que el 28 de septiembre de 2018 el Banco Santander S.A. procedió a la inscripción en el Registro Mercantil de la operación de fusión por absorción del Banco Popular Español S.A.»; que «[d]icha fusión por absorción ha supuesto una sucesión de carácter universal en todos los derechos y acciones que frente al Banco Popular se ostentaran»; y que «[...] es cierto que la demanda se interpone el 27 de julio de 2018, antes de la inscripción en el Registro Mercantil de la fusión por absorción. Sin embargo, el acuerdo de fusión por absorción se produjo por los respectivos Consejos de Administración el 24 de abril de 2018 [...], pasando a adquirir la hoy demandada la totalidad de las acciones de Banco Popular S.A. con anterioridad a la interposición de la demanda». A continuación, el juzgado cita la STS 86/2202 (en realidad, 86/2002), de 28 de febrero, tras lo cual concluye: «Partiendo de lo anterior, y siendo en la actualidad la parte demandada la sucesora universal de la ya extinta sociedad Banco Popular S.A., se considera que la demandada ostenta legitimación pasiva en el presente procedimiento».

4.La sentencia de segunda instancia desestima el recurso de apelación interpuesto por el Banco de Santander, SA y confirma la dictada en primera instancia. La Audiencia Provincial reconoce que el «Banco Popular, titular del préstamo por su condición de sucesora de Banco Pastor, conservaba su personalidad jurídica propia cuando se interpuso la demanda, pero también cuando Banco de Santander presentó la contestación», afirmando que «[e]n las circunstancias fácticas descritas no son pocas las sentencias que aprecian falta de legitimación pasiva» (cita la SAP de Palma de Mallorca, Sección Quinta, 27 sept. 2019, recurso 300/19). Sin embargo, rechaza esta solución con el siguiente argumento: «Ahora bien, habiéndose producido la sucesión a titulo (sic) universal de Banco Popular por la demandada y dictado sentencia en cuanto al fondo en primera instancia, no tendría mucho sentido la apreciación de la excepción, pues en ulterior proceso debería formularse la demanda frente a quien lo ha sido en este».

5.El Banco de Santander, SA ha interpuesto sendos recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación, que han sido admitidos.

SEGUNDO. Contenido de los recursos. Examen conjunto. Desestimación

1.El recurso por infracción procesal se funda en un motivo único en el que se denuncia la infracción del art. 10 LEC y la vulneración del principio de la perpetuatio iurisdictionis,recogido en el artículo 411 LEC, ya que «en el momento de interponerse la [... demanda, el Banco de Santander, SA] no era sujeto titular de la relación jurídica con el demandante, ya que todavía no se había producido la fusión con BPopular, que por entonces contaba con personalidad jurídica propia y diferenciada de la de BSantander».

Y el recurso de casación se funda, asimismo, en un motivo único en el que se denuncia la infracción «del artículo 1.254 del Código Civil y oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo recogida en la sentencia 371/2019 del pleno de 27 de junio al mantener la sentencia recurrida la condena a BSantander pese a que en el momento de interposición de la demanda, dicha entidad no era parte en el contrato objeto de ésta».

2.En el presente caso, el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación plantean, en realidad, una única cuestión jurídica, desde la perspectiva procesal en el caso del primero, y desde el plano sustantivo en el del segundo.

Ambos parten del mismo presupuesto fáctico -que al tiempo de interponerse la demanda no se había producido la fusión por absorción del Banco Popular, SA en el Banco de Santander, SA- y sostienen idéntica consecuencia: la falta de legitimación pasiva del Banco de Santander, SA.

Procede por tanto su examen conjunto para evitar reiteraciones innecesarias y garantizar una respuesta sistemática y coherente.

3.Los motivos tanto del recurso por infracción procesal como del recurso de casación deben desestimarse, y con ellos ambos recursos, por lo que se expone a continuación.

Es cierto que, conforme al art. 46 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles -aplicable por razón del tiempo- la eficacia de la fusión se produce con su inscripción en el Registro Mercantil, momento a partir del cual tiene lugar la sucesión universal y la extinción de la sociedad absorbida. Y también lo es que, cuando se interpuso la demanda, dicha inscripción aún no se había practicado, por lo que, desde una perspectiva estrictamente temporal, el Banco de Santander, SA no era todavía titular de la relación jurídica litigiosa, produciéndose la litispendencia con los efectos propios del artículo 410 LEC.

Ahora bien, la perpetuatio legitimationis-en este caso alegar la vulneración del principio de la perpetuatio iurisdictionisy del art. 411 LEC carece de sentido, puesto que no se está cuestionando la jurisdicción ni la competencia de los órganos jurisdiccionales que han conocido del litigio en primera y segunda instancia- derivada de la litispendencia constituye una regla general de estabilidad del proceso, no un principio absoluto e inderogable. Prueba de ello es, la institución de la sucesión procesal, que permite adaptar el proceso a alteraciones subjetivas sobrevenidas sin necesidad de reiniciarlo.

Hemos declarado en reiteradas ocasiones (por todas, sentencia 1298/2025, de 24 de septiembre) que:

«En nuestro sistema, la litispendencia provoca la perpetuatio facti(perpetuación del hecho o estado de las cosas), la perpetuatio iurisdictionis(perpetuación de la jurisdicción), la perpetuatio legitimationis(perpetuación de la legitimación), la perpetuatio obiectus(perpetuación del objeto), la perpetuatio valoris(perpetuación del valor) y la perpetuatio iuris(perpetuación del derecho), de tal forma que, como regla, la decisión del tribunal debe referirse a la situación de hecho y de derecho existente en el momento de interposición de la demanda, en el supuesto de que la misma fuese admitida [...]»

De lo anterior se desprende que la litispendencia opera como regla general, en el sentido de que, ordinariamente, la decisión del tribunal debe atender a la situación fáctica y jurídica existente al tiempo de interposición de la demanda. Precisamente por su carácter general -y no absoluto ni inderogable- dicha regla es susceptible de modulación cuando su aplicación estricta, en atención a las concretas circunstancias del caso, conduciría a un resultado puramente formalista, desconectado de la finalidad propia de la institución y contrario a las exigencias de la buena fe procesal.

En el presente caso concurren circunstancias singulares que impiden acoger la tesis del Banco de Santander, SA.

En primer lugar, antes incluso de la interposición de la demanda, el Banco de Santander, SA era ya titular del cien por cien de las acciones del Banco Popular, SA como consecuencia del proceso de resolución bancaria culminado en junio de 2017, mediante el cual adquirió la totalidad del capital social por el precio simbólico de un euro, tras la amortización y conversión de los instrumentos de capital acordados por las autoridades europeas y nacionales de resolución. La ulterior fusión por absorción no fue sino la culminación societaria de una realidad económica y jurídica preexistente.

En segundo lugar, la propia demanda se dirigió expresamente contra el Banco de Santander, SA por su condición de absorbente del Banco Popular, SA -que había absorbido, a su vez, al Banco Pastor-, poniendo de manifiesto desde el inicio la conexión sucesoria entre ambas entidades.

En tercer lugar, el Banco de Santander, SA contestó a la demanda un día antes de que la fusión quedara inscrita. Meses después, ya inscrita la absorción, en la audiencia previa y al fijar los hechos controvertidos conforme al art. 428.1 LEC, la magistrada manifestó expresamente que la parte demandada se oponía a la pretensión tanto por falta de legitimación pasiva como por considerar que las cláusulas cuya nulidad se interesaba eran transparentes y conocidas por la prestataria. Pese a ello, el Banco de Santander, SA no formuló objeción alguna ni replicó (minutos 1:33 a 1:55), cuando lo coherente, de sostener que no era parte en la relación jurídica litigiosa ni estaba vinculado por el contrato, hubiera sido precisar que su oposición se limitaba estrictamente a la falta de legitimación pasiva y que no podía asumir ni articular defensa alguna sobre el fondo del contrato. Se limitó, por el contrario, a interponer recurso y, tras su desestimación, a formular protesta, pero por la admisión de la documentación aportada por la demandante para acreditar la efectividad de la fusión y el hecho de que las cuotas del préstamo se le estaban abonando.

En este contexto, la invocación de la falta de legitimación pasiva aparece desprovista de sustancia material y revela un planteamiento estrictamente formal, pues aun en la hipótesis de que la demanda se hubiera dirigido inicialmente contra el Banco Popular, SA, el proceso habría continuado necesariamente frente al Banco de Santander, SA tras la extinción de aquel, en virtud de la sucesión universal producida que se habría traducido a su vez en la consecuente sucesión procesal.

La aplicación mecánica de la regla de la perpetuatio legitimationisen estas circunstancias conduciría a un resultado artificioso y dilatorio, contrario a las exigencias de la buena fe procesal. Conforme a los arts. 11.2 LOPJ y 247.2 LEC, los tribunales deben rechazar las pretensiones que entrañen abuso de derecho o fraude procesal. Y resulta contradictorio negar la propia condición de parte contractual respecto de un préstamo hipotecario cuyas cuotas se están percibiendo efectivamente.

No puede apreciarse, además, indefensión alguna. El Banco de Santander, SA compareció, contestó a la demanda, propuso prueba y pudo articular su defensa tanto procesal como sustantiva, sin que la integración de su posición como sucesor universal alterara los términos del debate ni el objeto del proceso.

En consecuencia, la sucesión universal producida e integrada en el curso del procedimiento permite afirmar que el Banco de Santander, SA ostentaba, al tiempo de dictarse sentencia, la posición jurídica pasiva correspondiente a la relación contractual controvertida, sin que la falta de inscripción de la fusión en la fecha exacta de interposición de la demanda pueda erigirse en obstáculo formal determinante de la nulidad de lo actuado ni de la revocación de la condena.

Procede, por tanto, desestimar tanto el motivo del recurso extraordinario por infracción procesal como el motivo del recurso de casación y, con ellos, ambos recursos.

CUARTO. Costas y depósitos

Al desestimarse tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación, procede imponer las costas generadas por ambos recursos al recurrente, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir ( arts. 398.1 y 394.1 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª, LOPJ, respectivamente).

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.D.ª Miriam interpuso una «demanda declarativa de nulidad de condiciones generales de la contratación y de reclamación de cantidad contra el Banco de Santander Central Hispano, S.A., Rekalde 44, 48011, Bilbao (por absorción del Grupo Banco Popular que absorvió -sic- Banco Pastor)» el 27 de julio de 2018, respecto de una escritura de préstamo hipotecario otorgada por D. Saturnino y D.ª Miriam, como prestatarios hipotecantes, y el Banco Pastor, SA, como prestamista, el 18 de enero de 2010.

2.El Banco de Santander, SA presentó escrito de contestación el 27 de septiembre de 2018, en el que se opuso a la demanda invocando la excepción de falta de legitimación pasiva. Alegó que no era el sujeto obligado por la relación jurídica litigiosa, ya que la escritura de préstamo hipotecario no la había suscrito él, sino el Banco Pastor, SA, que había sido absorbido por el Banco Popular Español, SA, el cual, a la fecha de interposición de la demanda, continuaba con su actividad y objeto social, pues no se había fusionado con el Banco de Santander, SA y eran dos bancos independientes.

3.La sentencia de primera instancia se dictó el 15 de febrero de 2019 y estimó la demanda. El Juzgado de Primera Instancia afirma que «[d]e la documental obrante en las actuaciones se deriva que el 28 de septiembre de 2018 el Banco Santander S.A. procedió a la inscripción en el Registro Mercantil de la operación de fusión por absorción del Banco Popular Español S.A.»; que «[d]icha fusión por absorción ha supuesto una sucesión de carácter universal en todos los derechos y acciones que frente al Banco Popular se ostentaran»; y que «[...] es cierto que la demanda se interpone el 27 de julio de 2018, antes de la inscripción en el Registro Mercantil de la fusión por absorción. Sin embargo, el acuerdo de fusión por absorción se produjo por los respectivos Consejos de Administración el 24 de abril de 2018 [...], pasando a adquirir la hoy demandada la totalidad de las acciones de Banco Popular S.A. con anterioridad a la interposición de la demanda». A continuación, el juzgado cita la STS 86/2202 (en realidad, 86/2002), de 28 de febrero, tras lo cual concluye: «Partiendo de lo anterior, y siendo en la actualidad la parte demandada la sucesora universal de la ya extinta sociedad Banco Popular S.A., se considera que la demandada ostenta legitimación pasiva en el presente procedimiento».

4.La sentencia de segunda instancia desestima el recurso de apelación interpuesto por el Banco de Santander, SA y confirma la dictada en primera instancia. La Audiencia Provincial reconoce que el «Banco Popular, titular del préstamo por su condición de sucesora de Banco Pastor, conservaba su personalidad jurídica propia cuando se interpuso la demanda, pero también cuando Banco de Santander presentó la contestación», afirmando que «[e]n las circunstancias fácticas descritas no son pocas las sentencias que aprecian falta de legitimación pasiva» (cita la SAP de Palma de Mallorca, Sección Quinta, 27 sept. 2019, recurso 300/19). Sin embargo, rechaza esta solución con el siguiente argumento: «Ahora bien, habiéndose producido la sucesión a titulo (sic) universal de Banco Popular por la demandada y dictado sentencia en cuanto al fondo en primera instancia, no tendría mucho sentido la apreciación de la excepción, pues en ulterior proceso debería formularse la demanda frente a quien lo ha sido en este».

5.El Banco de Santander, SA ha interpuesto sendos recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación, que han sido admitidos.

SEGUNDO. Contenido de los recursos. Examen conjunto. Desestimación

1.El recurso por infracción procesal se funda en un motivo único en el que se denuncia la infracción del art. 10 LEC y la vulneración del principio de la perpetuatio iurisdictionis,recogido en el artículo 411 LEC, ya que «en el momento de interponerse la [... demanda, el Banco de Santander, SA] no era sujeto titular de la relación jurídica con el demandante, ya que todavía no se había producido la fusión con BPopular, que por entonces contaba con personalidad jurídica propia y diferenciada de la de BSantander».

Y el recurso de casación se funda, asimismo, en un motivo único en el que se denuncia la infracción «del artículo 1.254 del Código Civil y oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo recogida en la sentencia 371/2019 del pleno de 27 de junio al mantener la sentencia recurrida la condena a BSantander pese a que en el momento de interposición de la demanda, dicha entidad no era parte en el contrato objeto de ésta».

2.En el presente caso, el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación plantean, en realidad, una única cuestión jurídica, desde la perspectiva procesal en el caso del primero, y desde el plano sustantivo en el del segundo.

Ambos parten del mismo presupuesto fáctico -que al tiempo de interponerse la demanda no se había producido la fusión por absorción del Banco Popular, SA en el Banco de Santander, SA- y sostienen idéntica consecuencia: la falta de legitimación pasiva del Banco de Santander, SA.

Procede por tanto su examen conjunto para evitar reiteraciones innecesarias y garantizar una respuesta sistemática y coherente.

3.Los motivos tanto del recurso por infracción procesal como del recurso de casación deben desestimarse, y con ellos ambos recursos, por lo que se expone a continuación.

Es cierto que, conforme al art. 46 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles -aplicable por razón del tiempo- la eficacia de la fusión se produce con su inscripción en el Registro Mercantil, momento a partir del cual tiene lugar la sucesión universal y la extinción de la sociedad absorbida. Y también lo es que, cuando se interpuso la demanda, dicha inscripción aún no se había practicado, por lo que, desde una perspectiva estrictamente temporal, el Banco de Santander, SA no era todavía titular de la relación jurídica litigiosa, produciéndose la litispendencia con los efectos propios del artículo 410 LEC.

Ahora bien, la perpetuatio legitimationis-en este caso alegar la vulneración del principio de la perpetuatio iurisdictionisy del art. 411 LEC carece de sentido, puesto que no se está cuestionando la jurisdicción ni la competencia de los órganos jurisdiccionales que han conocido del litigio en primera y segunda instancia- derivada de la litispendencia constituye una regla general de estabilidad del proceso, no un principio absoluto e inderogable. Prueba de ello es, la institución de la sucesión procesal, que permite adaptar el proceso a alteraciones subjetivas sobrevenidas sin necesidad de reiniciarlo.

Hemos declarado en reiteradas ocasiones (por todas, sentencia 1298/2025, de 24 de septiembre) que:

«En nuestro sistema, la litispendencia provoca la perpetuatio facti(perpetuación del hecho o estado de las cosas), la perpetuatio iurisdictionis(perpetuación de la jurisdicción), la perpetuatio legitimationis(perpetuación de la legitimación), la perpetuatio obiectus(perpetuación del objeto), la perpetuatio valoris(perpetuación del valor) y la perpetuatio iuris(perpetuación del derecho), de tal forma que, como regla, la decisión del tribunal debe referirse a la situación de hecho y de derecho existente en el momento de interposición de la demanda, en el supuesto de que la misma fuese admitida [...]»

De lo anterior se desprende que la litispendencia opera como regla general, en el sentido de que, ordinariamente, la decisión del tribunal debe atender a la situación fáctica y jurídica existente al tiempo de interposición de la demanda. Precisamente por su carácter general -y no absoluto ni inderogable- dicha regla es susceptible de modulación cuando su aplicación estricta, en atención a las concretas circunstancias del caso, conduciría a un resultado puramente formalista, desconectado de la finalidad propia de la institución y contrario a las exigencias de la buena fe procesal.

En el presente caso concurren circunstancias singulares que impiden acoger la tesis del Banco de Santander, SA.

En primer lugar, antes incluso de la interposición de la demanda, el Banco de Santander, SA era ya titular del cien por cien de las acciones del Banco Popular, SA como consecuencia del proceso de resolución bancaria culminado en junio de 2017, mediante el cual adquirió la totalidad del capital social por el precio simbólico de un euro, tras la amortización y conversión de los instrumentos de capital acordados por las autoridades europeas y nacionales de resolución. La ulterior fusión por absorción no fue sino la culminación societaria de una realidad económica y jurídica preexistente.

En segundo lugar, la propia demanda se dirigió expresamente contra el Banco de Santander, SA por su condición de absorbente del Banco Popular, SA -que había absorbido, a su vez, al Banco Pastor-, poniendo de manifiesto desde el inicio la conexión sucesoria entre ambas entidades.

En tercer lugar, el Banco de Santander, SA contestó a la demanda un día antes de que la fusión quedara inscrita. Meses después, ya inscrita la absorción, en la audiencia previa y al fijar los hechos controvertidos conforme al art. 428.1 LEC, la magistrada manifestó expresamente que la parte demandada se oponía a la pretensión tanto por falta de legitimación pasiva como por considerar que las cláusulas cuya nulidad se interesaba eran transparentes y conocidas por la prestataria. Pese a ello, el Banco de Santander, SA no formuló objeción alguna ni replicó (minutos 1:33 a 1:55), cuando lo coherente, de sostener que no era parte en la relación jurídica litigiosa ni estaba vinculado por el contrato, hubiera sido precisar que su oposición se limitaba estrictamente a la falta de legitimación pasiva y que no podía asumir ni articular defensa alguna sobre el fondo del contrato. Se limitó, por el contrario, a interponer recurso y, tras su desestimación, a formular protesta, pero por la admisión de la documentación aportada por la demandante para acreditar la efectividad de la fusión y el hecho de que las cuotas del préstamo se le estaban abonando.

En este contexto, la invocación de la falta de legitimación pasiva aparece desprovista de sustancia material y revela un planteamiento estrictamente formal, pues aun en la hipótesis de que la demanda se hubiera dirigido inicialmente contra el Banco Popular, SA, el proceso habría continuado necesariamente frente al Banco de Santander, SA tras la extinción de aquel, en virtud de la sucesión universal producida que se habría traducido a su vez en la consecuente sucesión procesal.

La aplicación mecánica de la regla de la perpetuatio legitimationisen estas circunstancias conduciría a un resultado artificioso y dilatorio, contrario a las exigencias de la buena fe procesal. Conforme a los arts. 11.2 LOPJ y 247.2 LEC, los tribunales deben rechazar las pretensiones que entrañen abuso de derecho o fraude procesal. Y resulta contradictorio negar la propia condición de parte contractual respecto de un préstamo hipotecario cuyas cuotas se están percibiendo efectivamente.

No puede apreciarse, además, indefensión alguna. El Banco de Santander, SA compareció, contestó a la demanda, propuso prueba y pudo articular su defensa tanto procesal como sustantiva, sin que la integración de su posición como sucesor universal alterara los términos del debate ni el objeto del proceso.

En consecuencia, la sucesión universal producida e integrada en el curso del procedimiento permite afirmar que el Banco de Santander, SA ostentaba, al tiempo de dictarse sentencia, la posición jurídica pasiva correspondiente a la relación contractual controvertida, sin que la falta de inscripción de la fusión en la fecha exacta de interposición de la demanda pueda erigirse en obstáculo formal determinante de la nulidad de lo actuado ni de la revocación de la condena.

Procede, por tanto, desestimar tanto el motivo del recurso extraordinario por infracción procesal como el motivo del recurso de casación y, con ellos, ambos recursos.

CUARTO. Costas y depósitos

Al desestimarse tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación, procede imponer las costas generadas por ambos recursos al recurrente, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir ( arts. 398.1 y 394.1 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª, LOPJ, respectivamente).

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.D.ª Miriam interpuso una «demanda declarativa de nulidad de condiciones generales de la contratación y de reclamación de cantidad contra el Banco de Santander Central Hispano, S.A., Rekalde 44, 48011, Bilbao (por absorción del Grupo Banco Popular que absorvió -sic- Banco Pastor)» el 27 de julio de 2018, respecto de una escritura de préstamo hipotecario otorgada por D. Saturnino y D.ª Miriam, como prestatarios hipotecantes, y el Banco Pastor, SA, como prestamista, el 18 de enero de 2010.

2.El Banco de Santander, SA presentó escrito de contestación el 27 de septiembre de 2018, en el que se opuso a la demanda invocando la excepción de falta de legitimación pasiva. Alegó que no era el sujeto obligado por la relación jurídica litigiosa, ya que la escritura de préstamo hipotecario no la había suscrito él, sino el Banco Pastor, SA, que había sido absorbido por el Banco Popular Español, SA, el cual, a la fecha de interposición de la demanda, continuaba con su actividad y objeto social, pues no se había fusionado con el Banco de Santander, SA y eran dos bancos independientes.

3.La sentencia de primera instancia se dictó el 15 de febrero de 2019 y estimó la demanda. El Juzgado de Primera Instancia afirma que «[d]e la documental obrante en las actuaciones se deriva que el 28 de septiembre de 2018 el Banco Santander S.A. procedió a la inscripción en el Registro Mercantil de la operación de fusión por absorción del Banco Popular Español S.A.»; que «[d]icha fusión por absorción ha supuesto una sucesión de carácter universal en todos los derechos y acciones que frente al Banco Popular se ostentaran»; y que «[...] es cierto que la demanda se interpone el 27 de julio de 2018, antes de la inscripción en el Registro Mercantil de la fusión por absorción. Sin embargo, el acuerdo de fusión por absorción se produjo por los respectivos Consejos de Administración el 24 de abril de 2018 [...], pasando a adquirir la hoy demandada la totalidad de las acciones de Banco Popular S.A. con anterioridad a la interposición de la demanda». A continuación, el juzgado cita la STS 86/2202 (en realidad, 86/2002), de 28 de febrero, tras lo cual concluye: «Partiendo de lo anterior, y siendo en la actualidad la parte demandada la sucesora universal de la ya extinta sociedad Banco Popular S.A., se considera que la demandada ostenta legitimación pasiva en el presente procedimiento».

4.La sentencia de segunda instancia desestima el recurso de apelación interpuesto por el Banco de Santander, SA y confirma la dictada en primera instancia. La Audiencia Provincial reconoce que el «Banco Popular, titular del préstamo por su condición de sucesora de Banco Pastor, conservaba su personalidad jurídica propia cuando se interpuso la demanda, pero también cuando Banco de Santander presentó la contestación», afirmando que «[e]n las circunstancias fácticas descritas no son pocas las sentencias que aprecian falta de legitimación pasiva» (cita la SAP de Palma de Mallorca, Sección Quinta, 27 sept. 2019, recurso 300/19). Sin embargo, rechaza esta solución con el siguiente argumento: «Ahora bien, habiéndose producido la sucesión a titulo (sic) universal de Banco Popular por la demandada y dictado sentencia en cuanto al fondo en primera instancia, no tendría mucho sentido la apreciación de la excepción, pues en ulterior proceso debería formularse la demanda frente a quien lo ha sido en este».

5.El Banco de Santander, SA ha interpuesto sendos recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación, que han sido admitidos.

SEGUNDO. Contenido de los recursos. Examen conjunto. Desestimación

1.El recurso por infracción procesal se funda en un motivo único en el que se denuncia la infracción del art. 10 LEC y la vulneración del principio de la perpetuatio iurisdictionis,recogido en el artículo 411 LEC, ya que «en el momento de interponerse la [... demanda, el Banco de Santander, SA] no era sujeto titular de la relación jurídica con el demandante, ya que todavía no se había producido la fusión con BPopular, que por entonces contaba con personalidad jurídica propia y diferenciada de la de BSantander».

Y el recurso de casación se funda, asimismo, en un motivo único en el que se denuncia la infracción «del artículo 1.254 del Código Civil y oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo recogida en la sentencia 371/2019 del pleno de 27 de junio al mantener la sentencia recurrida la condena a BSantander pese a que en el momento de interposición de la demanda, dicha entidad no era parte en el contrato objeto de ésta».

2.En el presente caso, el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación plantean, en realidad, una única cuestión jurídica, desde la perspectiva procesal en el caso del primero, y desde el plano sustantivo en el del segundo.

Ambos parten del mismo presupuesto fáctico -que al tiempo de interponerse la demanda no se había producido la fusión por absorción del Banco Popular, SA en el Banco de Santander, SA- y sostienen idéntica consecuencia: la falta de legitimación pasiva del Banco de Santander, SA.

Procede por tanto su examen conjunto para evitar reiteraciones innecesarias y garantizar una respuesta sistemática y coherente.

3.Los motivos tanto del recurso por infracción procesal como del recurso de casación deben desestimarse, y con ellos ambos recursos, por lo que se expone a continuación.

Es cierto que, conforme al art. 46 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles -aplicable por razón del tiempo- la eficacia de la fusión se produce con su inscripción en el Registro Mercantil, momento a partir del cual tiene lugar la sucesión universal y la extinción de la sociedad absorbida. Y también lo es que, cuando se interpuso la demanda, dicha inscripción aún no se había practicado, por lo que, desde una perspectiva estrictamente temporal, el Banco de Santander, SA no era todavía titular de la relación jurídica litigiosa, produciéndose la litispendencia con los efectos propios del artículo 410 LEC.

Ahora bien, la perpetuatio legitimationis-en este caso alegar la vulneración del principio de la perpetuatio iurisdictionisy del art. 411 LEC carece de sentido, puesto que no se está cuestionando la jurisdicción ni la competencia de los órganos jurisdiccionales que han conocido del litigio en primera y segunda instancia- derivada de la litispendencia constituye una regla general de estabilidad del proceso, no un principio absoluto e inderogable. Prueba de ello es, la institución de la sucesión procesal, que permite adaptar el proceso a alteraciones subjetivas sobrevenidas sin necesidad de reiniciarlo.

Hemos declarado en reiteradas ocasiones (por todas, sentencia 1298/2025, de 24 de septiembre) que:

«En nuestro sistema, la litispendencia provoca la perpetuatio facti(perpetuación del hecho o estado de las cosas), la perpetuatio iurisdictionis(perpetuación de la jurisdicción), la perpetuatio legitimationis(perpetuación de la legitimación), la perpetuatio obiectus(perpetuación del objeto), la perpetuatio valoris(perpetuación del valor) y la perpetuatio iuris(perpetuación del derecho), de tal forma que, como regla, la decisión del tribunal debe referirse a la situación de hecho y de derecho existente en el momento de interposición de la demanda, en el supuesto de que la misma fuese admitida [...]»

De lo anterior se desprende que la litispendencia opera como regla general, en el sentido de que, ordinariamente, la decisión del tribunal debe atender a la situación fáctica y jurídica existente al tiempo de interposición de la demanda. Precisamente por su carácter general -y no absoluto ni inderogable- dicha regla es susceptible de modulación cuando su aplicación estricta, en atención a las concretas circunstancias del caso, conduciría a un resultado puramente formalista, desconectado de la finalidad propia de la institución y contrario a las exigencias de la buena fe procesal.

En el presente caso concurren circunstancias singulares que impiden acoger la tesis del Banco de Santander, SA.

En primer lugar, antes incluso de la interposición de la demanda, el Banco de Santander, SA era ya titular del cien por cien de las acciones del Banco Popular, SA como consecuencia del proceso de resolución bancaria culminado en junio de 2017, mediante el cual adquirió la totalidad del capital social por el precio simbólico de un euro, tras la amortización y conversión de los instrumentos de capital acordados por las autoridades europeas y nacionales de resolución. La ulterior fusión por absorción no fue sino la culminación societaria de una realidad económica y jurídica preexistente.

En segundo lugar, la propia demanda se dirigió expresamente contra el Banco de Santander, SA por su condición de absorbente del Banco Popular, SA -que había absorbido, a su vez, al Banco Pastor-, poniendo de manifiesto desde el inicio la conexión sucesoria entre ambas entidades.

En tercer lugar, el Banco de Santander, SA contestó a la demanda un día antes de que la fusión quedara inscrita. Meses después, ya inscrita la absorción, en la audiencia previa y al fijar los hechos controvertidos conforme al art. 428.1 LEC, la magistrada manifestó expresamente que la parte demandada se oponía a la pretensión tanto por falta de legitimación pasiva como por considerar que las cláusulas cuya nulidad se interesaba eran transparentes y conocidas por la prestataria. Pese a ello, el Banco de Santander, SA no formuló objeción alguna ni replicó (minutos 1:33 a 1:55), cuando lo coherente, de sostener que no era parte en la relación jurídica litigiosa ni estaba vinculado por el contrato, hubiera sido precisar que su oposición se limitaba estrictamente a la falta de legitimación pasiva y que no podía asumir ni articular defensa alguna sobre el fondo del contrato. Se limitó, por el contrario, a interponer recurso y, tras su desestimación, a formular protesta, pero por la admisión de la documentación aportada por la demandante para acreditar la efectividad de la fusión y el hecho de que las cuotas del préstamo se le estaban abonando.

En este contexto, la invocación de la falta de legitimación pasiva aparece desprovista de sustancia material y revela un planteamiento estrictamente formal, pues aun en la hipótesis de que la demanda se hubiera dirigido inicialmente contra el Banco Popular, SA, el proceso habría continuado necesariamente frente al Banco de Santander, SA tras la extinción de aquel, en virtud de la sucesión universal producida que se habría traducido a su vez en la consecuente sucesión procesal.

La aplicación mecánica de la regla de la perpetuatio legitimationisen estas circunstancias conduciría a un resultado artificioso y dilatorio, contrario a las exigencias de la buena fe procesal. Conforme a los arts. 11.2 LOPJ y 247.2 LEC, los tribunales deben rechazar las pretensiones que entrañen abuso de derecho o fraude procesal. Y resulta contradictorio negar la propia condición de parte contractual respecto de un préstamo hipotecario cuyas cuotas se están percibiendo efectivamente.

No puede apreciarse, además, indefensión alguna. El Banco de Santander, SA compareció, contestó a la demanda, propuso prueba y pudo articular su defensa tanto procesal como sustantiva, sin que la integración de su posición como sucesor universal alterara los términos del debate ni el objeto del proceso.

En consecuencia, la sucesión universal producida e integrada en el curso del procedimiento permite afirmar que el Banco de Santander, SA ostentaba, al tiempo de dictarse sentencia, la posición jurídica pasiva correspondiente a la relación contractual controvertida, sin que la falta de inscripción de la fusión en la fecha exacta de interposición de la demanda pueda erigirse en obstáculo formal determinante de la nulidad de lo actuado ni de la revocación de la condena.

Procede, por tanto, desestimar tanto el motivo del recurso extraordinario por infracción procesal como el motivo del recurso de casación y, con ellos, ambos recursos.

CUARTO. Costas y depósitos

Al desestimarse tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación, procede imponer las costas generadas por ambos recursos al recurrente, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir ( arts. 398.1 y 394.1 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª, LOPJ, respectivamente).