Sentencia Civil 1204/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2320/2021 de 02 de septiembre del 2025

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-Guadal 92 S.A. (en lo sucesivo, Guadal 92) y Prado Grande S.A. (en lo sucesivo, Prado Grande) interpusieron una demanda contra Automnibus Interurbanos S.A. (en lo sucesivo, Aisa). Solicitaban en primer lugar una declaración, que tenía el carácter de prejudicial respecto del resto de pronunciamientos solicitados en la demanda, consistente en que las demandantes tenían la condición de socios o accionistas de la sociedad demandada.

Con base en esta declaración previa, realizaban otras peticiones: que Guadal 92 y Prado Grande tenían derecho a asistir a las juntas de socios de Aisa; que ese derecho había sido conculcado al no haberse publicado la convocatoria de la junta celebrada el día 24 de julio de 2017, calificada incorrectamente por Aisa como junta universal pese a no haber asistido Guadal 92 y Prado Grande, dada la legitimación que estas ostentan como socios de Aisa; y que se declarara la nulidad de la citada junta y de los acuerdos adoptados en la misma, así como la de los asientos registrales que hubieran podido practicarse en ejecución de esos acuerdos.

2.-El Juzgado de lo Mercantil estimó la demanda. Esta sentencia declaró:

«Al menos desde el punto de vista formal parece que las mercantiles GUADAL 92 SA y PRADO GRANDE SA tienen unos títulos de propiedad sobre las acciones, cuya demanda judicial de nulidad está sub iudice, que han venido utilizando a lo largo del tiempo y que la propia sociedad les ha reconocido.

»El mencionado procedimiento ante el juzgado de primera instancia nº 49 de Madrid es el que determinará de una forma definitiva si los títulos de las demandantes son válidos o no, y por tanto si son propietarias de las 2.342 acciones, en el caso de GUADAL 92 SA y, las otras 594 acciones, en el caso de PRADO GRANDE SA.

»Mientras tanto lo único que puede determinar este pleito es quien, desde el punto de vista formal y la legislación societaria, ostenta el mejor derecho para poder ejercer los derechos de socio de esas acciones, hasta que se dicte sentencia firme».

Y dado que el libro registro de las acciones nominativas había sido creado ex novoy sin garantías, otorgó legitimación a las demandantes con base en los títulos de adquisición de las acciones que habían aportado y estimó la demanda.

3.-Aisa apeló la sentencia y la Audiencia Provincial estimó el recurso. La sentencia de segunda instancia consideró que lo determinante para la legitimación para ejercitar los derechos de socio y, por tanto, asistir y votar en la junta de socios, era la inscripción en el libro registro de acciones nominativas y las demandantes no constaban inscritas como socios en dicho libro. La sentencia declaró:

«La rectificación del Libro registro requiere seguir los cauces legales establecidos al efecto, que deben dar lugar, en su caso, a un pronunciamiento constitutivo. [...]

»Como observábamos más adelante, lo que pretenden en realidad los recurrentes es que se rectifique de facto el contenido del libro registro, o que este se ignore, y ello, sin atenerse, a los cauces establecidos al efecto o, en otros términos, sustituir las normas que regulan la legitimación del socio y que establecen los cauces para la rectificación del libro registro a fin de que se reconozca la titularidad derivada de las transmisiones invocadas por la parte, que directamente se oponen a la sociedad. [...]

»El hecho de que en 1998, y en un régimen de representación de los títulos distinto, se admitiese la condición de socio de las demandantes no resulta incompatible con el hecho de que en 2015 no ostenten dicha condición».

La Audiencia Provincial revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda.

4.-El litigio que, según la sentencia de primera instancia, «determinará de una forma definitiva si los títulos de las demandantes son válidos o no, y por tanto si son propietarias de las 2.342 acciones, en el caso de GUADAL 92 SA y, las otras 594 acciones, en el caso de PRADO GRANDE SA», finalizó con la sentencia 774/2023, de 19 de mayo, dictada por esta sala. Esta sentencia declaró que Guadal 92 y Prado Grande no adquirieron la propiedad de las acciones de Aisa, porque los contratos de compraventa en las que participaron como compradores fueron simulados, con simulación absoluta, y tampoco las adquirieron por usucapión pues dichas sociedades no habían tenido una posesión a título de dueño, pública, pacífica y no interrumpida, de dichas acciones.

5.-El 23 de mayo de 2023, la sala dictó la sentencia 803/2023 en la que resolvió el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por las demandantes en un litigio instado por Guadal 92 y Prado Grande contra Aisa cuyos pedimentos eran muy similares, en lo que aquí es relevante, a los formulados en el presente litigio. Solicitaban en primer lugar una declaración, que tenía el carácter de prejudicial respecto del resto de pronunciamientos solicitados en la demanda, consistente en que Guadal 92 y Prado Grande tenían la condición de socios o accionistas de Aisa; y, con base en esta declaración previa, se declarara que las demandantes tenían derecho a exigir de la demandada la entrega de los documentos que se relacionaban con el orden del día de la convocatoria y se sometían a la aprobación en la junta general de accionistas convocada para el 4 de septiembre de 2013 en primera convocatoria, y el 5 de septiembre de 2013, en segunda; se declarara que Aisa había infringido su derecho de información y se declarara la nulidad de dicha junta de socios y de los acuerdos adoptados en la misma.

La sentencia dictada por esta sala se basó en lo resuelto en la anterior sentencia 774/2023, de 19 de mayo, y declaró:

«Como conclusión de lo expuesto, Prado Grande y Guadal 92 carecen de legitimación activa para promover la demanda y, consecuentemente, para interponer los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación pues carecen de la condición de socias de AISA y carecen asimismo de cualquier título que les legitime para impugnar los acuerdos sociales adoptados por esa sociedad [...]».

6.-Con carácter previo, y sin perjuicio de que el tribunal conoce sus propias sentencias, procede admitir el documento consistente en la copia de la sentencia 803/2023, de 23 de mayo, dictada por esta sala, por cuanto que es decisiva para resolver el recurso.

SEGUNDO.- Las recurrentes carecen de legitimación para interponer la demanda y los recursos contra la sentencia que la desestimó porque no son socias de Aisa

1.-Una vez que se ha dictado una sentencia firme que niega a Guadal 92 y Prado Grande la titularidad de las acciones en las que basan su afirmación de ser socias de Aisa y estar legitimadas para impugnar los acuerdos adoptados por la junta de socios de esta sociedad, falta el presupuesto legitimador que permita estimar las acciones ejercitadas en la demanda y, consecuentemente, los recursos extraordinarios interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Provincial que desestimó su demanda. La sentencia 803/2023, de 23 de mayo, ya desestimó una impugnación de acuerdos sociales de Aisa formulada por Guadal 92 y Prado Grande, porque conforme a la sentencia 774/2023, de 19 de mayo, estas sociedades no eran socias de Aisa ya que los contratos de compraventa en los que basaban su adquisición de las acciones de Aisa eran nulos por simulación absoluta. Decíamos en esa sentencia:

«2.- Desde el momento en que la sentencia 774/2023, de 19 de mayo ha declarado la nulidad de pleno derecho, por simulación absoluta, de los contratos de compraventa invocados por las hoy recurrentes Prado Grande y Guadal 92 como título de adquisición de las acciones y base de su legitimación activa como socias de AISA, los argumentos en que Prado Grande y Guadal 92 han basado su demanda y posteriormente su recurso de casación, carecen de fundamento. [...]

»5.- Como conclusión de lo expuesto, Prado Grande y Guadal 92 carecen de legitimación activa para promover la demanda y, consecuentemente, para interponer los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación pues carecen de la condición de socias de AISA y carecen asimismo de cualquier título que les legitime para impugnar los acuerdos sociales adoptados por esa sociedad con base en que se ha vulnerado su derecho de información como socias de AISA».

Por tanto, respecto de las pretensiones formuladas en este litigio, no puede declararse, con carácter prejudicial, que Guadal 92 y Prado Grande son socias de Aisa, porque hay una sentencia firme que les niega tal condición.

No puede declararse su derecho a asistir a las juntas de socios de Aisa y que ese derecho fue infringido al no ser convocadas a la junta de 24 de julio de 2017, porque no son socias de Aisa.

Y, consecuentemente, no puede estimarse su pretensión de que se declare la nulidad de esa junta, de los acuerdos adoptados en la misma y de los asientos registrales practicados en ejecución de los acuerdos impugnados.

Por tal razón, los recursos extraordinarios deben ser desestimados.

TERCERO.- Costas y depósitos

1.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a las recurrentes.

2.-Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-Guadal 92 S.A. (en lo sucesivo, Guadal 92) y Prado Grande S.A. (en lo sucesivo, Prado Grande) interpusieron una demanda contra Automnibus Interurbanos S.A. (en lo sucesivo, Aisa). Solicitaban en primer lugar una declaración, que tenía el carácter de prejudicial respecto del resto de pronunciamientos solicitados en la demanda, consistente en que las demandantes tenían la condición de socios o accionistas de la sociedad demandada.

Con base en esta declaración previa, realizaban otras peticiones: que Guadal 92 y Prado Grande tenían derecho a asistir a las juntas de socios de Aisa; que ese derecho había sido conculcado al no haberse publicado la convocatoria de la junta celebrada el día 24 de julio de 2017, calificada incorrectamente por Aisa como junta universal pese a no haber asistido Guadal 92 y Prado Grande, dada la legitimación que estas ostentan como socios de Aisa; y que se declarara la nulidad de la citada junta y de los acuerdos adoptados en la misma, así como la de los asientos registrales que hubieran podido practicarse en ejecución de esos acuerdos.

2.-El Juzgado de lo Mercantil estimó la demanda. Esta sentencia declaró:

«Al menos desde el punto de vista formal parece que las mercantiles GUADAL 92 SA y PRADO GRANDE SA tienen unos títulos de propiedad sobre las acciones, cuya demanda judicial de nulidad está sub iudice, que han venido utilizando a lo largo del tiempo y que la propia sociedad les ha reconocido.

»El mencionado procedimiento ante el juzgado de primera instancia nº 49 de Madrid es el que determinará de una forma definitiva si los títulos de las demandantes son válidos o no, y por tanto si son propietarias de las 2.342 acciones, en el caso de GUADAL 92 SA y, las otras 594 acciones, en el caso de PRADO GRANDE SA.

»Mientras tanto lo único que puede determinar este pleito es quien, desde el punto de vista formal y la legislación societaria, ostenta el mejor derecho para poder ejercer los derechos de socio de esas acciones, hasta que se dicte sentencia firme».

Y dado que el libro registro de las acciones nominativas había sido creado ex novoy sin garantías, otorgó legitimación a las demandantes con base en los títulos de adquisición de las acciones que habían aportado y estimó la demanda.

3.-Aisa apeló la sentencia y la Audiencia Provincial estimó el recurso. La sentencia de segunda instancia consideró que lo determinante para la legitimación para ejercitar los derechos de socio y, por tanto, asistir y votar en la junta de socios, era la inscripción en el libro registro de acciones nominativas y las demandantes no constaban inscritas como socios en dicho libro. La sentencia declaró:

«La rectificación del Libro registro requiere seguir los cauces legales establecidos al efecto, que deben dar lugar, en su caso, a un pronunciamiento constitutivo. [...]

»Como observábamos más adelante, lo que pretenden en realidad los recurrentes es que se rectifique de facto el contenido del libro registro, o que este se ignore, y ello, sin atenerse, a los cauces establecidos al efecto o, en otros términos, sustituir las normas que regulan la legitimación del socio y que establecen los cauces para la rectificación del libro registro a fin de que se reconozca la titularidad derivada de las transmisiones invocadas por la parte, que directamente se oponen a la sociedad. [...]

»El hecho de que en 1998, y en un régimen de representación de los títulos distinto, se admitiese la condición de socio de las demandantes no resulta incompatible con el hecho de que en 2015 no ostenten dicha condición».

La Audiencia Provincial revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda.

4.-El litigio que, según la sentencia de primera instancia, «determinará de una forma definitiva si los títulos de las demandantes son válidos o no, y por tanto si son propietarias de las 2.342 acciones, en el caso de GUADAL 92 SA y, las otras 594 acciones, en el caso de PRADO GRANDE SA», finalizó con la sentencia 774/2023, de 19 de mayo, dictada por esta sala. Esta sentencia declaró que Guadal 92 y Prado Grande no adquirieron la propiedad de las acciones de Aisa, porque los contratos de compraventa en las que participaron como compradores fueron simulados, con simulación absoluta, y tampoco las adquirieron por usucapión pues dichas sociedades no habían tenido una posesión a título de dueño, pública, pacífica y no interrumpida, de dichas acciones.

5.-El 23 de mayo de 2023, la sala dictó la sentencia 803/2023 en la que resolvió el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por las demandantes en un litigio instado por Guadal 92 y Prado Grande contra Aisa cuyos pedimentos eran muy similares, en lo que aquí es relevante, a los formulados en el presente litigio. Solicitaban en primer lugar una declaración, que tenía el carácter de prejudicial respecto del resto de pronunciamientos solicitados en la demanda, consistente en que Guadal 92 y Prado Grande tenían la condición de socios o accionistas de Aisa; y, con base en esta declaración previa, se declarara que las demandantes tenían derecho a exigir de la demandada la entrega de los documentos que se relacionaban con el orden del día de la convocatoria y se sometían a la aprobación en la junta general de accionistas convocada para el 4 de septiembre de 2013 en primera convocatoria, y el 5 de septiembre de 2013, en segunda; se declarara que Aisa había infringido su derecho de información y se declarara la nulidad de dicha junta de socios y de los acuerdos adoptados en la misma.

La sentencia dictada por esta sala se basó en lo resuelto en la anterior sentencia 774/2023, de 19 de mayo, y declaró:

«Como conclusión de lo expuesto, Prado Grande y Guadal 92 carecen de legitimación activa para promover la demanda y, consecuentemente, para interponer los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación pues carecen de la condición de socias de AISA y carecen asimismo de cualquier título que les legitime para impugnar los acuerdos sociales adoptados por esa sociedad [...]».

6.-Con carácter previo, y sin perjuicio de que el tribunal conoce sus propias sentencias, procede admitir el documento consistente en la copia de la sentencia 803/2023, de 23 de mayo, dictada por esta sala, por cuanto que es decisiva para resolver el recurso.

SEGUNDO.- Las recurrentes carecen de legitimación para interponer la demanda y los recursos contra la sentencia que la desestimó porque no son socias de Aisa

1.-Una vez que se ha dictado una sentencia firme que niega a Guadal 92 y Prado Grande la titularidad de las acciones en las que basan su afirmación de ser socias de Aisa y estar legitimadas para impugnar los acuerdos adoptados por la junta de socios de esta sociedad, falta el presupuesto legitimador que permita estimar las acciones ejercitadas en la demanda y, consecuentemente, los recursos extraordinarios interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Provincial que desestimó su demanda. La sentencia 803/2023, de 23 de mayo, ya desestimó una impugnación de acuerdos sociales de Aisa formulada por Guadal 92 y Prado Grande, porque conforme a la sentencia 774/2023, de 19 de mayo, estas sociedades no eran socias de Aisa ya que los contratos de compraventa en los que basaban su adquisición de las acciones de Aisa eran nulos por simulación absoluta. Decíamos en esa sentencia:

«2.- Desde el momento en que la sentencia 774/2023, de 19 de mayo ha declarado la nulidad de pleno derecho, por simulación absoluta, de los contratos de compraventa invocados por las hoy recurrentes Prado Grande y Guadal 92 como título de adquisición de las acciones y base de su legitimación activa como socias de AISA, los argumentos en que Prado Grande y Guadal 92 han basado su demanda y posteriormente su recurso de casación, carecen de fundamento. [...]

»5.- Como conclusión de lo expuesto, Prado Grande y Guadal 92 carecen de legitimación activa para promover la demanda y, consecuentemente, para interponer los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación pues carecen de la condición de socias de AISA y carecen asimismo de cualquier título que les legitime para impugnar los acuerdos sociales adoptados por esa sociedad con base en que se ha vulnerado su derecho de información como socias de AISA».

Por tanto, respecto de las pretensiones formuladas en este litigio, no puede declararse, con carácter prejudicial, que Guadal 92 y Prado Grande son socias de Aisa, porque hay una sentencia firme que les niega tal condición.

No puede declararse su derecho a asistir a las juntas de socios de Aisa y que ese derecho fue infringido al no ser convocadas a la junta de 24 de julio de 2017, porque no son socias de Aisa.

Y, consecuentemente, no puede estimarse su pretensión de que se declare la nulidad de esa junta, de los acuerdos adoptados en la misma y de los asientos registrales practicados en ejecución de los acuerdos impugnados.

Por tal razón, los recursos extraordinarios deben ser desestimados.

TERCERO.- Costas y depósitos

1.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a las recurrentes.

2.-Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-Guadal 92 S.A. (en lo sucesivo, Guadal 92) y Prado Grande S.A. (en lo sucesivo, Prado Grande) interpusieron una demanda contra Automnibus Interurbanos S.A. (en lo sucesivo, Aisa). Solicitaban en primer lugar una declaración, que tenía el carácter de prejudicial respecto del resto de pronunciamientos solicitados en la demanda, consistente en que las demandantes tenían la condición de socios o accionistas de la sociedad demandada.

Con base en esta declaración previa, realizaban otras peticiones: que Guadal 92 y Prado Grande tenían derecho a asistir a las juntas de socios de Aisa; que ese derecho había sido conculcado al no haberse publicado la convocatoria de la junta celebrada el día 24 de julio de 2017, calificada incorrectamente por Aisa como junta universal pese a no haber asistido Guadal 92 y Prado Grande, dada la legitimación que estas ostentan como socios de Aisa; y que se declarara la nulidad de la citada junta y de los acuerdos adoptados en la misma, así como la de los asientos registrales que hubieran podido practicarse en ejecución de esos acuerdos.

2.-El Juzgado de lo Mercantil estimó la demanda. Esta sentencia declaró:

«Al menos desde el punto de vista formal parece que las mercantiles GUADAL 92 SA y PRADO GRANDE SA tienen unos títulos de propiedad sobre las acciones, cuya demanda judicial de nulidad está sub iudice, que han venido utilizando a lo largo del tiempo y que la propia sociedad les ha reconocido.

»El mencionado procedimiento ante el juzgado de primera instancia nº 49 de Madrid es el que determinará de una forma definitiva si los títulos de las demandantes son válidos o no, y por tanto si son propietarias de las 2.342 acciones, en el caso de GUADAL 92 SA y, las otras 594 acciones, en el caso de PRADO GRANDE SA.

»Mientras tanto lo único que puede determinar este pleito es quien, desde el punto de vista formal y la legislación societaria, ostenta el mejor derecho para poder ejercer los derechos de socio de esas acciones, hasta que se dicte sentencia firme».

Y dado que el libro registro de las acciones nominativas había sido creado ex novoy sin garantías, otorgó legitimación a las demandantes con base en los títulos de adquisición de las acciones que habían aportado y estimó la demanda.

3.-Aisa apeló la sentencia y la Audiencia Provincial estimó el recurso. La sentencia de segunda instancia consideró que lo determinante para la legitimación para ejercitar los derechos de socio y, por tanto, asistir y votar en la junta de socios, era la inscripción en el libro registro de acciones nominativas y las demandantes no constaban inscritas como socios en dicho libro. La sentencia declaró:

«La rectificación del Libro registro requiere seguir los cauces legales establecidos al efecto, que deben dar lugar, en su caso, a un pronunciamiento constitutivo. [...]

»Como observábamos más adelante, lo que pretenden en realidad los recurrentes es que se rectifique de facto el contenido del libro registro, o que este se ignore, y ello, sin atenerse, a los cauces establecidos al efecto o, en otros términos, sustituir las normas que regulan la legitimación del socio y que establecen los cauces para la rectificación del libro registro a fin de que se reconozca la titularidad derivada de las transmisiones invocadas por la parte, que directamente se oponen a la sociedad. [...]

»El hecho de que en 1998, y en un régimen de representación de los títulos distinto, se admitiese la condición de socio de las demandantes no resulta incompatible con el hecho de que en 2015 no ostenten dicha condición».

La Audiencia Provincial revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda.

4.-El litigio que, según la sentencia de primera instancia, «determinará de una forma definitiva si los títulos de las demandantes son válidos o no, y por tanto si son propietarias de las 2.342 acciones, en el caso de GUADAL 92 SA y, las otras 594 acciones, en el caso de PRADO GRANDE SA», finalizó con la sentencia 774/2023, de 19 de mayo, dictada por esta sala. Esta sentencia declaró que Guadal 92 y Prado Grande no adquirieron la propiedad de las acciones de Aisa, porque los contratos de compraventa en las que participaron como compradores fueron simulados, con simulación absoluta, y tampoco las adquirieron por usucapión pues dichas sociedades no habían tenido una posesión a título de dueño, pública, pacífica y no interrumpida, de dichas acciones.

5.-El 23 de mayo de 2023, la sala dictó la sentencia 803/2023 en la que resolvió el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por las demandantes en un litigio instado por Guadal 92 y Prado Grande contra Aisa cuyos pedimentos eran muy similares, en lo que aquí es relevante, a los formulados en el presente litigio. Solicitaban en primer lugar una declaración, que tenía el carácter de prejudicial respecto del resto de pronunciamientos solicitados en la demanda, consistente en que Guadal 92 y Prado Grande tenían la condición de socios o accionistas de Aisa; y, con base en esta declaración previa, se declarara que las demandantes tenían derecho a exigir de la demandada la entrega de los documentos que se relacionaban con el orden del día de la convocatoria y se sometían a la aprobación en la junta general de accionistas convocada para el 4 de septiembre de 2013 en primera convocatoria, y el 5 de septiembre de 2013, en segunda; se declarara que Aisa había infringido su derecho de información y se declarara la nulidad de dicha junta de socios y de los acuerdos adoptados en la misma.

La sentencia dictada por esta sala se basó en lo resuelto en la anterior sentencia 774/2023, de 19 de mayo, y declaró:

«Como conclusión de lo expuesto, Prado Grande y Guadal 92 carecen de legitimación activa para promover la demanda y, consecuentemente, para interponer los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación pues carecen de la condición de socias de AISA y carecen asimismo de cualquier título que les legitime para impugnar los acuerdos sociales adoptados por esa sociedad [...]».

6.-Con carácter previo, y sin perjuicio de que el tribunal conoce sus propias sentencias, procede admitir el documento consistente en la copia de la sentencia 803/2023, de 23 de mayo, dictada por esta sala, por cuanto que es decisiva para resolver el recurso.

SEGUNDO.- Las recurrentes carecen de legitimación para interponer la demanda y los recursos contra la sentencia que la desestimó porque no son socias de Aisa

1.-Una vez que se ha dictado una sentencia firme que niega a Guadal 92 y Prado Grande la titularidad de las acciones en las que basan su afirmación de ser socias de Aisa y estar legitimadas para impugnar los acuerdos adoptados por la junta de socios de esta sociedad, falta el presupuesto legitimador que permita estimar las acciones ejercitadas en la demanda y, consecuentemente, los recursos extraordinarios interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Provincial que desestimó su demanda. La sentencia 803/2023, de 23 de mayo, ya desestimó una impugnación de acuerdos sociales de Aisa formulada por Guadal 92 y Prado Grande, porque conforme a la sentencia 774/2023, de 19 de mayo, estas sociedades no eran socias de Aisa ya que los contratos de compraventa en los que basaban su adquisición de las acciones de Aisa eran nulos por simulación absoluta. Decíamos en esa sentencia:

«2.- Desde el momento en que la sentencia 774/2023, de 19 de mayo ha declarado la nulidad de pleno derecho, por simulación absoluta, de los contratos de compraventa invocados por las hoy recurrentes Prado Grande y Guadal 92 como título de adquisición de las acciones y base de su legitimación activa como socias de AISA, los argumentos en que Prado Grande y Guadal 92 han basado su demanda y posteriormente su recurso de casación, carecen de fundamento. [...]

»5.- Como conclusión de lo expuesto, Prado Grande y Guadal 92 carecen de legitimación activa para promover la demanda y, consecuentemente, para interponer los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación pues carecen de la condición de socias de AISA y carecen asimismo de cualquier título que les legitime para impugnar los acuerdos sociales adoptados por esa sociedad con base en que se ha vulnerado su derecho de información como socias de AISA».

Por tanto, respecto de las pretensiones formuladas en este litigio, no puede declararse, con carácter prejudicial, que Guadal 92 y Prado Grande son socias de Aisa, porque hay una sentencia firme que les niega tal condición.

No puede declararse su derecho a asistir a las juntas de socios de Aisa y que ese derecho fue infringido al no ser convocadas a la junta de 24 de julio de 2017, porque no son socias de Aisa.

Y, consecuentemente, no puede estimarse su pretensión de que se declare la nulidad de esa junta, de los acuerdos adoptados en la misma y de los asientos registrales practicados en ejecución de los acuerdos impugnados.

Por tal razón, los recursos extraordinarios deben ser desestimados.

TERCERO.- Costas y depósitos

1.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a las recurrentes.

2.-Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.