Sentencia Civil 475/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 8768/2022 de 24 de marzo del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-La compañía mercantil Confitería Madarro S.L. (en adelante, Madarro) reparte su capital social entre dos socios al 50%: Hijos de Torres Vázquez 2014 S.L. (en lo sucesivo Hijos de Torres) y Marcelino Marita S.L.

2.-Cuando sucedieron los acontecimientos que dan lugar al litigio, los administradores solidarios de Madarro eran Dña. Beatriz y D. Domingo.

3.-El 22 de junio de 2020, la administradora Sra. Beatriz convocó una junta general extraordinaria para el 22 de julio siguiente. En lo que ahora interesa, la socia Hijos de Torres fue convocada mediante un burofax, que no fue recogido en Correos, tras estar ausente y dejarle aviso. No obstante, sí recibió el burofax el presidente del consejo de administración de Hijos de Torres.

4.-El día de la junta solo compareció el socio Arturo, y la Sra. Beatriz fue nombrada presidenta de la junta general. Se acordó con el voto del único socio asistente ejercitar la acción social de responsabilidad contra el administrador Sr. Domingo y destituirlo en ese acto.

5.-Hijos de Torres interpuso una demanda contra Madarro, en la que solicitó la nulidad de los acuerdos adoptados en la mencionada junta general, por defectuosa convocatoria.

6.-Tras la oposición de la sociedad, la sentencia de primera instancia estimó la demanda, por considerar, resumidamente, que no constaba que el socio ausente tuviera noticia de la convocatoria de la junta general. Por lo que declaró la nulidad de los acuerdos sociales impugnados, con las consecuencias a ello inherentes.

7.-La demandada recurrió en apelación, cuyo recurso fue desestimado por la Audiencia Provincial. La sentencia de segunda instancia confirmó las conclusiones de la sentencia de primera instancia y consideró que la comunicación de la convocatoria a través del presidente del consejo de administración de Hijos de Torres no era suficiente.

8.-Madarro ha interpuesto un recurso de casación, basado en un sólo motivo.

SEGUNDO.- Único motivo del recurso de casación. Convocatoria de junta general de sociedad de capital. Comunicación a un socio que también es, a su vez, una sociedad de capital a través del presidente de su consejo de administración

1.- Planteamiento: El único motivo de casación alega la infracción del art. 235 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ( TRLC).

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente mantiene, resumidamente, que debe entenderse que la convocatoria de la junta general llegó a conocimiento del socio ausente en tanto que fue conocida por el presidente del consejo de administración de ese socio.

Los óbices de admisibilidad opuestos por la parte recurrida no pueden ser atendidos, puesto que el recurso no cuestiona la base fáctica, sino su interpretación jurídica, identifica la norma sustantiva infringida y la jurisprudencia de la que se deriva el interés casacional.

2.- Decisión de la Sala: El motivo debe ser estimado por cuanto exponemos a continuación.

Como hemos declarado en las sentencias 510/2017, de 20 de septiembre, 24/2019, de 16 de enero, y 282/2025, de 20 de febrero, cuando la junta general no se constituye válidamente como junta universal, su convocatoria habrá de realizarse en la forma prevista por la Ley o los estatutos para que su celebración sea válida.

En este caso, aceptada la salvedad de que la convocatoria no se hiciera por correo certificado con acuse de recibo, como se preveía en los estatutos, sino mediante burofax, habida cuenta de la similar funcionalidad de ambos medios, la cuestión fundamental estriba en determinar si la recepción de la convocatoria por el presidente del consejo de administración de Hijos de Torres tuvo o no virtualidad a efectos de entender que dicha sociedad estaba debidamente convocada. En ambas instancias se ha considerado que no, porque el Sr. Ricardo (presidente del consejo de administración de Hijos de Torres), declaró que no gestionaba efectivamente esa sociedad y que no le había comunicado a la compañía la convocatoria de la junta general.

No obstante, tales sentencias analizan solo los requisitos de la convocatoria de la junta general, en particular lo previsto en el art. 173.2 LSC, pero no toman en consideración lo dispuesto en el art. 235 LSC sobre las notificaciones a las sociedades de capital, pese a que la parte demandada había invocado expresamente este precepto tanto en su contestación a la demanda como en el recurso de apelación.

3.-El art. 235 LSC, bajo la rúbrica «Notificaciones a la sociedad», establece:

«Cuando la administración no se hubiera organizado en forma colegiada, las comunicaciones o notificaciones a la sociedad podrán dirigirse a cualquiera de los administradores. En caso de consejo de administración, se dirigirán a su Presidente».

En las sociedades de capital, el poder de representación corresponde a los administradores según la estructura del órgano administrativo elegida. Entre las funciones de representación, aunque sea de forma indirecta, ya que se trata más bien de funciones de gestión, se encuentra la de recibir las comunicaciones de terceros o de los socios. Y en el caso de sociedades que se administran con un consejo de administración, como hemos visto, tales funciones corresponden a su presidente, lo que tiene una evidente finalidad de simplificación de la gestión de las comunicaciones y notificaciones dirigidas a la sociedad.

El precepto transcrito establece una especialidad en cuanto a quién está legitimado para recibir tanto notificaciones como comunicaciones. La Ley de Sociedades de Capital diferencia, por un lado, el poder de representación de los administradores en virtud del cual tienen encomendadas la gestión de la actividad ordinaria de la sociedad y las relaciones de ésta con los terceros y que se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos y, por otro, la capacidad para recibir notificaciones y requerimientos dirigidos a la sociedad. Así, el art. 233 LSC establece que la representación de la sociedad, en juicio o fuera de él, corresponde a los administradores en la forma determinada por los estatutos, sin perjuicio de las reglas contempladas en el propio artículo; y, por otro lado, el art. 235 LSC dispone que las comunicaciones o notificaciones a la sociedad podrán dirigirse a los administradores en la específica forma en él prevista.

En suma, conforme al art. 235 LSC, los actos de comunicación a una sociedad de capital podrán dirigirse a su administrador (en sentido amplio, en función del sistema de administración) o a la persona a quien se hubiera conferido legalmente esa facultad (cfr. Resoluciones de la Dirección General de Fe Pública y Seguridad Jurídica de 9 de mayo de 2013, 5 de marzo de 2014, 13 de octubre de 2016 y 20 de agosto de 2025). Se trata de una regla mínima, que no excluye otros posibles medios de comunicación por parte de la compañía, que implica un complemento de la representación orgánica mediante procedimientos de representación voluntaria.

4.-En este caso, una vez que la convocatoria fue remitida al domicilio social del socio impugnante y no se le encontró, pero sí se logró hacer llegar la misma comunicación al presidente del consejo de administración de ese socio, la convocatoria debe entenderse bien realizada, pues no puede quedar al albur de dicho presidente nada menos que alegar que él no se dedica a la gestión, como si fuera excusa para hacer dejación de sus funciones y responsabilidades, en un sistema como el nuestro en que la labor de administración de las sociedades no es meramente formal. Por el contrario, el desempeño del cargo de administrador conlleva la asunción de un amplio abanico de deberes legales y de un riguroso sistema de responsabilidades jurídicas en caso de su incumplimiento ( sentencia 583/2017, de 27 de octubre). El administrador tiene que desempeñar las obligaciones propias del cargo mientras permanezca formalmente en él y resulta legalmente responsable de la gestión social ( art. 209 LSC) .

Ello supone, en lo que ahora nos ocupa, que el presidente de un consejo de administración no puede hacer caso omiso de las funciones que le competen, tanto de recepción de comunicaciones dirigidas a la sociedad ( art. 235 LSC) , como de actuación en consecuencia. En tanto que la norma impone a los administradores un deber de vigilancia diligente sobre las comunicaciones recibidas por la sociedad.

5.-Como consecuencia de todo ello, la estimación del recurso de casación debe conllevar, por los mismos fundamentos jurídicos, la estimación del recurso de apelación y la desestimación de la demanda.

TERCERO.- Costas y depósitos

1.-La estimación del recurso de casación conlleva que no proceda hacer expresa imposición de las costas causadas por el mismo, conforme determina el artículo 398.2 LEC.

2.-Como la estimación del recurso de casación supone también la estimación del recurso de apelación, tampoco cabe hacer imposición de las costas de la segunda instancia, conforme al mismo art. 398.2 LEC.

3.-La desestimación de la demanda comporta que deban imponerse a la demandante las costas de la primera instancia, según ordena el art. 394.1 LEC.

4.-Procede acordar también la devolución de los depósitos constituidos para los recursos de apelación y de casación, de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartados 8 y 9, LOPJ.