Sentencia Civil 1033/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 8695/2021 de 25 de junio del 2026

PRIMERO.Resumen de antecedentes

1.D.ª Noelia y D. Jose Enrique interpusieron con fecha 27 de abril de 2018 una demanda declarativa de nulidad de condiciones generales de la contratación y de reclamación de cantidad contra Banco de Santander, S.A., (por absorción del Banco Popular, S.A., que, a su vez, absorbió al Banco Pastor, S.A.), respecto de una escritura de préstamo hipotecario otorgada por los actores, como prestatarios hipotecantes, y el Banco Pastor, SA, como prestamista, el 16 de junio de 2005.

2.El Banco de Santander, S.A., presentó escrito de contestación en el que se opuso a la demanda invocando la excepción de falta de legitimación pasiva. Alegó que no era el sujeto obligado por la relación jurídica litigiosa, ya que la escritura de préstamo hipotecario no la había suscrito él, sino el Banco Pastor, S.A., que había sido absorbido por el Banco Popular Español, S.A., el cual, a la fecha de interposición de la demanda, continuaba con su actividad y objeto social, pues no se había fusionado con el Banco de Santander, S.A. y eran dos bancos independientes, habida cuenta de que no fue sino hasta el 20 de septiembre de 2018 cuando se llevó a cabo la protocolización de la escritura pública de fusión por absorción.

3.La sentencia de primera instancia se dictó el 25 de septiembre de 2019 y estimó la demanda. El Juzgado de Primera Instancia afirma que «[...] Siendo que hasta el día 20 de septiembre de 2.018 no se lleva a cabo la protocolización de la escritura pública de Fusión por Absorción de Sociedades entre BANCO SANTANDER, S. A., como sociedad absorbente y BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., como sociedad absorbida, y en consecuencia, desde dicho momento, tal y como consta en el protocolo notarial 6071 del Notario D. Gonzalo Sauca Polanco, queda extinguida la sociedad BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., y su patrimonio transmitido en bloque a la sociedad absorbente BANCO SANTANDER, S.A., y por tanto todos sus derechos y obligaciones, relaciones jurídicas y posiciones contractuales y judiciales.

»De manera que, desde la fecha indicada de 20 de septiembre de 2.018, la entidad demandada BANCO SANTANDER, S. A., asume por sucesión procesal, ex art 17 Lec, la posición del Banco Popular Español, S. A., de modo y manera que, aunque el contrato litigioso fuera suscrito con la entidad absorbida, lo más cierto es que la posición procesal pasa ahora a ostentarla la entidad absorbente BANCO SANTANDER, S. A.».

4.La sentencia de segunda instancia desestima el recurso de apelación interpuesto por el Banco de Santander, SA y confirma la dictada en primera instancia. La Audiencia Provincial consideró que «[l]a cuestión debatida no estriba en si Banco Santander ocupa la posición de demandado por sucesión procesal, sino si podía ser llamada directamente a la litis como demandado principal, que es lo que aquí ha ocurrido». Y, con cita de los arts. 22 y 23.3 de la (hoy derogada ) Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, concluyó que la entidad demandada sí ostentaba legitimación pasiva, pues «[d]e estas normas se deduce que, en caso de fusión por absorción, como la ocurrida entre Banco Santander y Banco Popular, la entidad absorbente adquiere por sucesión universal el patrimonio de la sociedad absorbida. Aunque la fusión no se formalizó hasta el otorgamiento de escritura pública de 20 de septiembre de 2018, lo cierto es que, de cara al público en general y a los clientes de ambas entidades en particular, existía una apariencia de absorción desde la resolución del FROB de 7 de junio de 2017 por la que todas las acciones del Banco Popular Español fueron transmitidas al Banco Santander, que acto seguido compró el Banco Popular por 1 euro. Estamos además en presencia de unos hechos notorios que no precisan prueba especial.».

5.El Banco de Santander, S.A. ha interpuesto sendos recursos extraordinarios, por infracción procesal y de casación, que han sido admitidos.

SEGUNDO. Contenido de los recursos. Examen conjunto. Desestimación

1.El recurso por infracción procesal se funda en dos motivos en los que se denuncia la infracción del art. 24 CE, por error patente en la valoración de la prueba, y del art. 10 en relación con el art. 6.1.3º LEC, ya que «la Sentencia recurrida en ningún momento aprecia un abuso de la personalidad de la sociedad que es lo que la doctrina de la Excma. Sala exige para que pueda apreciarse la legitimación pasiva de una sociedad distinta a la que intervino en el contrato.».

Y el recurso de casación se funda en un motivo único en el que se denuncia la infracción «del artículo 38 del Código Civil y del artículo 116 del Código de Comercio.

La infracción ha sido cometida al apreciar la sentencia la legitimación pasiva de Banco Santander, S.A. mientras reconoce que Banco Popular Español, S.A. aún gozaba de personalidad jurídica propia en el momento de interponerse la demanda. La sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial emanada de las sentencias de la Excma. Sala nº 448/2020, de 20 de julio de 2020 y 80/2014, de 28 de febrero de 2014, entre otras».

2.En el presente caso, el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación plantean, en realidad, una única cuestión jurídica, desde la perspectiva procesal en el caso del primero, y desde el plano sustantivo en el del segundo.

Ambos parten del mismo presupuesto fáctico -que al tiempo de interponerse la demanda no se había producido la fusión por absorción del Banco Popular, S.A. en el Banco de Santander, S.A.- y sostienen idéntica consecuencia: la falta de legitimación pasiva del Banco de Santander, S.A.

Procede por tanto su examen conjunto para evitar reiteraciones innecesarias y garantizar una respuesta sistemática y coherente.

3.Los motivos tanto del recurso por infracción procesal como del recurso de casación deben desestimarse, y con ellos ambos recursos, por lo que se expone a continuación.

Es cierto que, conforme al art. 46 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles -aplicable por razón del tiempo- la eficacia de la fusión se produce con su inscripción en el Registro Mercantil, momento a partir del cual tiene lugar la sucesión universal y la extinción de la sociedad absorbida. Y también lo es que, cuando se interpuso la demanda, dicha inscripción aún no se había practicado, por lo que, desde una perspectiva estrictamente temporal, el Banco de Santander, S.A. no era todavía titular de la relación jurídica litigiosa, produciéndose la litispendencia con los efectos propios del artículo 410 LEC.

Hemos declarado en reiteradas ocasiones (por todas, sentencia 1298/2025, de 24 de septiembre) que:

«En nuestro sistema, la litispendencia provoca la perpetuatio facti(perpetuación del hecho o estado de las cosas), la perpetuatio iurisdictionis(perpetuación de la jurisdicción), la perpetuatio legitimationis(perpetuación de la legitimación), la perpetuatio obiectus(perpetuación del objeto), la perpetuatio valoris(perpetuación del valor) y la perpetuatio iuris(perpetuación del derecho), de tal forma que, como regla, la decisión del tribunal debe referirse a la situación de hecho y de derecho existente en el momento de interposición de la demanda, en el supuesto de que la misma fuese admitida [...]»

De lo anterior se desprende que la litispendencia opera como regla general, en el sentido de que, ordinariamente, la decisión del tribunal debe atender a la situación fáctica y jurídica existente al tiempo de interposición de la demanda. Precisamente por su carácter general -y no absoluto ni inderogable- dicha regla es susceptible de modulación cuando su aplicación estricta, en atención a las concretas circunstancias del caso, conduciría a un resultado puramente formalista, desconectado de la finalidad propia de la institución y contrario a las exigencias de la buena fe procesal.

Sostiene el recurrente que en el momento de interponerse la demanda y de desplegarse los efectos de la litispendencia, Banco Popular Español, S.A. conservaba íntegramente su personalidad jurídica y, en consecuencia, su capacidad - ad causamy ad procesum- de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.3º y 7 LEC, ya que dicha entidad, ni había desaparecido ni había sido absorbida por Banco de Santander, S.A. a la fecha de interposición de la demanda, de manera que ambas sociedades seguían actuando en el tráfico mercantil de forma perfectamente diferenciada, con sus propias marcas comerciales.

Sin embargo, en el presente caso, como ya indicamos en la sentencia 332/2026, de 2 de marzo, que resolvía una cuestión como la que se suscita ahora, concurren circunstancias singulares que impiden acoger la tesis del Banco de Santander, S.A.

En primer lugar, antes incluso de la interposición de la demanda, el Banco de Santander, S.A., era ya titular del cien por cien de las acciones del Banco Popular, S.A., como consecuencia del proceso de resolución bancaria culminado en junio de 2017, mediante el cual adquirió la totalidad del capital social por el precio simbólico de un euro, tras la amortización y conversión de los instrumentos de capital acordados por las autoridades europeas y nacionales de resolución. La ulterior fusión por absorción no fue sino la culminación societaria de una realidad económica y jurídica preexistente.

En segundo lugar, la propia demanda se dirigió expresamente contra el Banco de Santander, S.A., por su condición de absorbente del Banco Popular, S.A. -que había absorbido, a su vez, al Banco Pastor-, poniendo de manifiesto desde el inicio la conexión sucesoria entre ambas entidades.

En tercer lugar, el Banco de Santander, S.A., al contestar la demanda, no se ciñó a oponerse a esta por falta de legitimación pasiva, sino que también lo hizo por considerar que las cláusulas cuya nulidad se interesaba eran transparentes y conocidas por los prestatarios, cuando lo lógico es que se hubiera limitado a defender su falta de legitimación pasiva.

En este contexto, como afirmamos en la sentencia de la sala antes citada, «la invocación de la falta de legitimación pasiva aparece desprovista de sustancia material y revela un planteamiento estrictamente formal, pues aún en la hipótesis de que la demanda se hubiera dirigido inicialmente contra el Banco Popular, SA, el proceso habría continuado necesariamente frente al Banco de Santander, SA tras la extinción de aquel, en virtud de la sucesión universal producida que se habría traducido a su vez en la consecuente sucesión procesal.

»La aplicación mecánica de la regla de la perpetuatio legitimationisen estas circunstancias conduciría a un resultado artificioso y dilatorio, contrario a las exigencias de la buena fe procesal. Conforme a los arts. 11.2 LOPJ y 247.2 LEC, los tribunales deben rechazar las pretensiones que entrañen abuso de derecho o fraude procesal. Y resulta contradictorio negar la propia condición de parte contractual respecto de un préstamo hipotecario cuyas cuotas se están percibiendo efectivamente».

No puede apreciarse, además, indefensión alguna. El Banco Santander, S.A. compareció, contestó a la demanda, propuso prueba y pudo articular su defensa tanto procesal como sustantiva, sin que la integración de su posición como sucesor universal alterara los términos del debate ni el objeto del proceso.

En consecuencia, la sucesión universal producida e integrada en el curso del procedimiento permite afirmar que el Banco de Santander, S.A., ostentaba, al tiempo de dictarse sentencia, la posición jurídica pasiva correspondiente a la relación contractual controvertida, sin que la falta de inscripción de la fusión en la fecha exacta de interposición de la demanda pueda erigirse en obstáculo formal determinante de la nulidad de lo actuado ni de la revocación de la condena.

Procede, por tanto, desestimar tanto los dos motivos del recurso extraordinario por infracción procesal como el motivo del recurso de casación y, con ellos, ambos recursos.

TERCERO. Costas y depósitos

Al desestimarse tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el recurso de casación, procede imponer las costas generadas por ambos recursos al recurrente, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir ( arts. 398.1 y 394.1 LEC y disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª, LOPJ, respectivamente).