Sentencia Civil 483/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 2583/2021 de 26 de marzo del 2026

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.-El 5 de abril de 2018, el registrador de la propiedad núm. 3 de Benidorm, D. Eleuterio, emitió una nota de suspensión de la calificación registral por la que suspendía la inscripción de la escritura pública autorizada el 2 de marzo de 2018 por el notario de Bilbao D. Genaro, por: «el cierre registral del artículo 254.5 de la Ley Hipotecaria», al no comunicar al Ayuntamiento titular del crédito tributario la realización del hecho imponible que da lugar al devengo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

2.-El notario interpuso una demanda contra el registrador, en la que impugnaba la nota de calificación, y alegaba, resumidamente, que la comunicación al Ayuntamiento de la realización del hecho imponible se realizó de forma efectiva y que el notario da fe de ella al insertar en la escritura pública presentada al Registro el justificante electrónico con el membrete del Ayuntamiento justificando la recepción.

3.-La nota de suspensión del registrador se fundamentó en que el justificante expedido por el Sistema Integrado de Gestión del Notariado no es bastante, al no constar la presentación ante el Ayuntamiento.

4.-Previa oposición del registrador, el juzgado de primera instancia dictó sentencia íntegramente desestimatoria de la demanda. En síntesis, consideró ajustada a derecho la nota registral, por cuanto no constaba la presentación de autoliquidación o declaración del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

5.-El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante fue desestimado por la Audiencia Provincial, por las siguientes y resumidas razones: (i) en primer lugar, la nota de suspensión no era directamente impugnable ante los tribunales, en los términos del art. 328 LH, por cuanto no es propiamente una calificación, sino que simplemente suspende el plazo de calificación, sin abrir aún el trámite contencioso; (ii) no obstante, aun cuando fuera procedente la impugnación, debe desestimarse el recurso de apelación, por aplicación del art. 254.5 LH, puesto que, conforme a reiterada doctrina registral, la comunicación realizada por el notario al amparo de un acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Consejo General del Notariado no es suficiente para levantar el cierre registral, puesto que la justificación de la recepción debe ser emitida por la administración competente, que no es otra que el ayuntamiento.

6.-El notario ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación.

SEGUNDO.- Formulación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación. Fundamentación común. Posibilidad de impugnación judicial de la nota de suspensión de la calificación registral

1.- Planteamiento: El único motivo de infracción procesal, formulado al amparo del art. 469.1.4º LEC, denuncia la infracción del art. 24 CE, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que los arts. 66 y 324 LH reconocen expresamente la facultad de recurrir judicialmente la nota de calificación que suspende la inscripción de un documento notarial. Por un lado, el art. 324 LH no distingue entre los distintos tipos de calificación negativa, y por otro, el art. 66 LH menciona expresamente los acuerdos de suspensión como susceptibles de recurso judicial.

En el recurso de casación, la parte recurrente, tras alegar la existencia de interés casacional mediante la cita de distintas sentencias de diversas Audiencias Provinciales contradictorias sobre la posibilidad de recurrir en vía judicial la nota de calificación del registrador que suspende la calificación sobre inscripción de un documento notarial, formula un único motivo, que denuncia la infracción de los arts. 66 y 324 LH. En su desarrollo, la parte recurrente alega, sintéticamente, que la sentencia recurrida no tiene en cuenta que el art. 66 LH permite a los interesados la impugnación judicial de cualquier calificación del registrador, y que el art. 324 LH lo complementa.

2.-La parte recurrida, al oponerse al recurso de casación, alegó su inadmisibilidad, por falta de interés casacional. Sin embargo, esta alegación no puede ser atendida, porque la parte recurrente identifica las normas sustantivas que considera infringidas y cita las sentencias de Audiencias Provinciales que, según su criterio, incurren en contradicción. Y como quiera que los dos recursos tienen una misma fundamentación, relativa a la posibilidad de impugnación judicial de la nota de suspensión de la calificación registral, se resolverán conjuntamente, para evitar inútiles reiteraciones.

En todo caso, lo que debe advertirse es que, si bien tanto el único motivo del recurso extraordinario por infracción procesal como el único motivo de casación deberían estimarse, ello no implica la estimación de los respectivos recursos extraordinarios, por falta de efecto útil, como se expondrá a continuación.

TERCERO.- Decisión de la Sala. Desestimación de ambos recursos por falta de efecto útil

1.-La cuestión jurídico-procesal planteada tanto en el recurso extraordinario por infracción procesal como en el recurso de casación ha sido resuelta por la sentencia de esta sala 552/2021, de 20 de julio. En ella, partimos de que el art. 66 LH establece un mismo régimen de impugnación de las calificaciones del registrador que deniegan o suspenden el asiento solicitado, al establecer:

«Los interesados podrán reclamar contra el acuerdo de calificación del registrador, por el cual suspende o deniega el asiento solicitado. La reclamación podrá iniciarse ante la Dirección General de los Registros y del Notariado o bien directamente ante el Juzgado de Primera Instancia competente. Sin perjuicio de ello, podrán también acudir, si quieren, a los Tribunales de Justicia para ventilar y contender entre sí acerca de la validez o nulidad de los mismos títulos[...]».

Y sobre esa base, consideramos que en ese régimen se enmarca el recurso de las calificaciones negativas, a las que se refiere expresamente el art. 324 LH, puesto que, aunque la resolución litigiosa no sea propiamente una calificación negativa, ya que acuerda suspender la calificación, en cuanto que conlleva además la suspensión de la inscripción, debe estar sujeta al mismo régimen de recursos de las calificaciones negativas. Sin que advirtiéramos ninguna razón objetiva para que estas resoluciones del registrador de suspensión de la calificación y de la inscripción en virtud del art. 255 LH, sobre las que no se prevé un régimen especial de impugnación o recurso, queden al margen del control judicial directo previsto para las calificaciones negativas. Razón por la cual, resulta procedente aplicar la regulación prevista en los arts. 324 y ss. LH, tal y como ha sido interpretada por la jurisprudencia de esta sala.

Asimismo, argumentamos que tras la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, que reformó el art. 324 LH, para la impugnación de una calificación negativa del registrador (y por extensión, también las resoluciones del registrador que suspenden la calificación y la inscripción en virtud de los previsto en el art. 255 LH) , el recurso ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, (DGSJFP) es potestativo, de modo que es posible la impugnación judicial directa. Y no cabe duda de que, conforme a los arts. 325 b) y 328.3 LH, el notario autorizante de la escritura afectada por la suspensión de calificación tiene la consideración legal de interesado.

2.-No obstante, resulta que la Audiencia Provincial, aunque consideró que la nota del registrador no era recurrible judicialmente, también entró a resolver sobre el fondo del asunto y desestimó la pretensión del notario. En particular, aunque la sentencia recurrida comienza su argumentación al respecto diciendo que se trata de un obiter dicta,al final resuelve paladinamente la cuestión litigiosa, incluso de manera terminante, al decir:

«Al entender de la Sala la doctrina contenida en dicha resolución resulta ajustada a derecho y de plena aplicación al caso que nos ocupa, como también concluyó el juzgador de instancia. Puesto que como declaró el testigo que actuó en acto de juicio, la notificación que hacen al Notario es una comunicación de ANCERT que indica que el Ayuntamiento lo ha recibido, de forma que actúan como una pasarela. Por lo que, de lo único que puede dar fe el Notario es de haber recibido la comunicación de ANCERT; pero no nos encontramos ante una justificación de recepción llevada a cabo por la Administración Tributaria competente, sin que el código aportado permita comprobar que materialmente ha tenido entrada en la administración tributaria competente, el documento que se dice remitido en su integridad».

Y ese pronunciamiento que, en último término, constituye la verdadera razón decisorio de la sentencia recurrida, no ha sido combatido, al no haber sido objeto del recurso de casación.

3.-Nos encontramos, pues, ante lo que esta sala denomina carencia de efecto útil o principio de equivalencia de los resultados, por el que no procede estimar un recurso que no conduzca a una alteración del fallo (entre otras, sentencias 441/2016, de 20 de junio, 1442/2023, de 20 de octubre, 1526/2024, de 13 de noviembre, y 1224/2025, de 15 de septiembre).

CUARTO.- Costas y depósitos

1.-Pese a la desestimación tanto del recurso extraordinario por infracción procesal como del recurso de casación, como quiera que se formularon antes de que esta sala se pronunciara sobre la cuestión jurídica litigiosa, consideramos que en su momento existían dudas de derecho que aconsejan no hacer expresa imposición de las costas por ellos causadas, según permite el art. 398.1 LEC.

2.-Pese a ello, esa desestimación comporta la pérdida de los depósitos constituidos para la formulación de tales recursos, como prevé la disposición adicional 15ª, apartado 9, LOPJ.