Sentencia Civil 484/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 8407/2022 de 26 de marzo del 2026

PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.-La asamblea general extraordinaria de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) celebrada el 30 de enero de 2020 adoptó, con el núm. 5 del orden del día, un acuerdo consistente en la incorporación a los ingresos de la entidad de la diferencia existente en los derechos pendientes de reparto, con el 71,42% de los votos emitidos. Dicha partida corresponde a las cantidades recaudadas y no reclamadas por su titular en el plazo previsto en los apartados 4 y 5 del art. 177 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ( en adelante , TRLPI), en la redacción dada por la Ley 2/2019, de 1 de marzo.

2.-El hoy recurrente, D. Esteban, interpuso una demanda contra Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en la que pidió que se declarase la nulidad de ese acuerdo, se condenara a la demandada a abstenerse de ejecutar el acuerdo o promover sus efectos en el futuro, y a reponer la totalidad de la cantidad que, en ejecución de dicho acuerdo, hubiera sido incorporada en los ingresos de la entidad a la cuenta contable correspondiente del pasivo de la misma.

3.-La sentencia de primera instancia estimó la demanda, declaró la nulidad del acuerdo y condenó a la SGAE a abstenerse de ejecutar el acuerdo o promover sus efectos en el futuro y a reponer la totalidad de la cantidad que hubiera sido incorporada en los ingresos de la entidad en ejecución de dicho acuerdo a la cuenta contable correspondiente del pasivo de la misma.

4.-La SGAE apeló esta sentencia y la sentencia de segunda instancia estimó su recurso, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó la demanda.

5.-El demandante ha interpuesto un recurso extraordinario de infracción procesal, que ha sido inadmitido, y un recurso de casación basado en tres motivos, de los que solo han sido admitidos el segundo y el tercero.

SEGUNDO.- Motivo segundo del recurso de casación

1.- Planteamiento. En el encabezamiento de este motivo, el recurrente denuncia la «[i]nfracción de los arts. 6.4, 7.1 y 7.2 CC en relación con el art. 177.1 TRLPI [...]. Ocultamiento consciente por la Junta Directiva de la SGAE al Sr. Esteban y demás socios de la SGAE de elementos esenciales y determinantes relativos a dicho punto y al correspondiente acuerdo. Aportación a los socios por la Junta Directiva de la SGAE de información falsa».

En el desarrollo del motivo se resumen así las infracciones denunciadas:

«(i) Infringe art. 6.4 CC, en fraude de lo establecido imperativamente en el párrafo 2 del art. 177.1 TRLPI, en lo que corresponde a la "consolidación" previa ("neteo") de saldos deudores y acreedores de las diferentes modalidades de derechos recaudados y repartidos por la SGAE hasta alcanzar la cantidad de 9.831.050 €, al asignarse cantidades para reparto por derechos a obras diferentes a las que proceden los derechos a repartir, ocultándose estos particulares a los socios tanto en la convocatoria de la Asamblea como en la propia AGE de 30-1-2020, aplicando como norma de cobertura del fraude de ley las competencias atribuidas por el art. 177.6 TRLPI a la Asamblea General de los miembros de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

»(ii) Infringe el art. 7.2 CC, puesto que el objetivo de la Presidenta de la SGAE y la Junta Directiva de la SGAE es apropiarse de la cantidad de 9.831.050 € para paliar la situación generada por su deficiente gestión en la SGAE, ocultando a los socios la verdadera trascendencia del acuerdo propuesto y adoptado, beneficiándose tanto la Presidenta Sra. Adelina (vía elevado salario ascendente a 185.000,00 €/año más coche, chofer y tarjeta de crédito) como los miembros de su Junta Directiva (vía dietas por el desmesurado número de reuniones de Junta y Consejo convocadas por la Sra. Adelina precisamente a fin de que se devenguen dichas dietas).

»(iii) Infringe el art. 7.2 CC al constituir una patente manifestación de abuso de derecho por parte de la Presidenta de la SGAE y la Junta Directiva de la SGAE para con los socios de la SGAE, quienes se ven privados de recibir las cantidades generadas por el uso de sus obras por causa imputable exclusivamente a la SGAE, alegándose como causa de la integración como ingreso de la SGAE de la cantidad de 9.831.050 € proveniente de los derechos pendientes de pago por la SGAE la propia incapacidad de la SGAE para identificar a los titulares de dichos derechos con anterioridad a 2011, faltando conscientemente a la verdad al no explicar a los socios la verdadera magnitud del problema generado por la propia estructura interna de la SGAE, a pesar de ser el mismo perfectamente conocido tanto por el equipo directivo de la SGAE como por la Presidenta de la SGAE y su Junta Directiva».

2.- Decisión de la sala. Este motivo ha de ser desestimado por las razones que a continuación se expresan.

Una primera razón consiste en que el recurrente basa su impugnación en hechos que no han resultado declarados probados en la sentencia recurrida (irregularidades y fraudes en la gestión de la SGAE, existencia de un plan de la junta directiva para quedarse con cantidades que corresponden a los socios de SGAE, existencia de un neteode saldos positivos y negativos en la contabilidad de la SGAE, etc).

La función del recurso de casación (como precisaron, entre otras muchas, las sentencias 532/2008, de 18 de julio, 142/2010, de 22 de marzo, 153/2010, de 16 de marzo, 71/2012, de 20 febrero, 459/2012, de 19 de julio, 40/2017, de 20 de enero, 1577/2023, de 15 de noviembre, y 1038/2024, de 22 de julio) es contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho. Pero no a la construida por el recurrente, sino a la que se hubiera declarado probada, en la sentencia recurrida, como resultado de la valoración, por el tribunal que la dictó, de los medios de prueba practicados.

La aplicación de las instituciones reguladas en los preceptos legales que se denuncian infringidos (fraude de ley, buena fe, abuso del derecho) está fuertemente condicionada por las circunstancias fácticas concurrentes, por lo que no pueden estimarse infringidos tales preceptos legales cuando la infracción denunciada se sustenta en circunstancias fácticas que se apartan de lo declarado probado por la sentencia recurrida en casación.

Otra razón para desestimar el motivo es que, por regla general, no es procedente basar el recurso de casación en la infracción de preceptos genéricos cuando existen otros más específicos que regulan la materia. Así ocurre con el derecho de información de los asociados, que tiene una regulación específica en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que han sido objeto de interpretación por la jurisprudencia de esta sala.

Además, también en este punto el motivo se aparta de lo declarado en la sentencia recurrida sobre que en la asamblea en la que se adoptó el acuerdo se suministró información adecuada relacionada con ese punto del orden del día y que la razón por la que el demandante no tuvo la información que ahora considera necesaria fue su propia desidia, al no hacer uso de las posibilidades de información que se ofrecían en la convocatoria de la asamblea y no haber acudido siquiera a dicha asamblea.

TERCERO.- Motivo tercero del recurso de casación

1.- Planteamiento. En el encabezamiento de este motivo se denuncia la «[i]nfracción de los apartados 2 y 4 del art. 175 TRLPI y de los apartados 1 y 6 del art. 177 TRLPI en relación con el art. 11.4 de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 [...]. Vulneración de la prohibición de asignar en reparto cantidades a obras diferentes a las que provenga la recaudación, incumplimiento del deber de trazabilidad del proceso de recaudación y reparto de derechos y utilización de los derechos recaudados para fines distintos del reparto a los titulares de derechos».

En el desarrollo de este motivo, el recurrente alega que el acuerdo impugnado vulnera flagrantemente la prohibición de asignar en reparto cantidades a obras diferentes a aquellas de las que provenga la recaudación; incumple incuestionablemente con el deber de trazabilidad del proceso de recaudación y reparto de derechos gestionados por la SGAE; y conlleva eludir la prohibición legal de utilizar los derechos recaudados por la SGAE para fines distintos del reparto a sus titulares. Según el recurrente, precisamente en razón de dicho art. 177.6 TRLPI, la SGAE no puede incorporar como ingreso las cantidades prescritas de socios identificados ni las cantidades prescritas correspondientes a titulares de derechos pendientes de identificación. Los concretos acreedores de dicho pasivo (necesariamente socios de la SGAE o titulares de derechos administrados por esta) no se encuentran identificados, siendo precisamente esta la excusa (imposibilidad de identificación de los titulares) dada por la propia SGAE para «apropiarse» de los 9.831.050 euros en vez de pagar dicha cantidad a sus socios; es decir, que se trata, en puridad, de derechos pendientes de identificación que, de acuerdo con lo previsto en el art. 177.6 TRLPI, nunca pueden pasar a formar parte de los ingresos de la entidad, debiendo destinarse, imperativamente, a las finalidades establecidas en dicho precepto, entre las cuales no está el incorporarlos como ingreso de la propia SGAE.

2.-Decisión de la sala. Este motivo también debe ser desestimado. En primer lugar, el recurrente vuelve a basarse en hechos (la realización de un neteode saldos acreedores y deudores de diferentes modalidades de derechos recaudados) que no han sido declarados probados por la sentencia recurrida.

Además de lo anterior, los apartados 2 y 4 del art. 175 TRLPI y el apartado 1 del art. 177 TRLPI en relación con el art. 11.4 de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, no han podido ser infringidos por el acuerdo adoptado por cuanto que este ha sido adoptado con base en el apartado 6 del art. 177 TRLPI, al tener por objeto el destino de las cantidades que no han podido ser objeto de reparto porque los titulares con derecho a recibirlas no han podido ser identificados.

Este último precepto legal regula las finalidades a las que las entidades de gestión pueden destinar las cantidades recaudadas y no reclamadas por su titular en el plazo de prescripción previsto en los dos apartados 4 y 5 de dicho art. 177 TRLPI. Entre estas cantidades recaudadas y no reclamadas se encuentran aquellas que estén pendientes de asignación cuando, tras el procedimiento de reparto, no hayan sido identificados el titular o la obra o prestación protegida.

El considerando 29 de la Directiva 2014/26/UE ya preveía esta contingencia cuando, en su último párrafo, afirma:

«Es asimismo conveniente que, en la medida que lo permita el Derecho nacional, los miembros de una entidad de gestión colectiva decidan sobre la utilización de todo importe que no pueda ser repartido cuando los titulares de derechos que tienen derecho a dichos importes no puedan ser identificados o localizados».

Y el art. 13.5 de esta directiva establece:

«La asamblea general de los miembros de la entidad de gestión colectiva decidirá sobre el uso de los importes que no puedan ser objeto de reparto de conformidad con el artículo 8, apartado 5, letra b), sin perjuicio del derecho del titular de los derechos a reclamar tales importes a la entidad de gestión colectiva de acuerdo con la legislación de los Estados miembros en materia de limitación de las reclamaciones».

Por tanto, la propia directiva, pese a introducir los criterios de trazabilidad del proceso de recaudación y reparto de los derechos ( art. 13.3), traspuestos al Derecho interno en el art. 175.2 TRLPI, está dando por supuesta la posibilidad de que algunos de los titulares de derechos no sean identificados y que, por tanto, queden cantidades recaudadas que no puedan ser repartidas a los titulares de los derechos, a las que ha de darse un destino.

El art. 177.6 TRLPI, en la redacción dada por la Ley 2/2019, desarrolla esta previsión de la directiva al establecer un catálogo de finalidades a las que pueden dedicarse esas cantidades que no pueden ser objeto de reparto, en los apartados a) a e), así como los porcentajes mínimos que pueden ser destinados a algunas de esas finalidades. Pero a continuación establece un destino contingente pero que, caso de concurrir el supuesto de hecho, es prioritario respecto de los enumerados en los apartados a) a e):

«En el caso de que las entidades de gestión presenten excedentes negativos en sus cuentas anuales o no acrediten estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, o ambos, deberán destinar las cantidades señaladas en el primer párrafo del presente apartado, y hasta el importe que resulte necesario, a compensar los excedentes negativos que presenten sus cuentas anuales o a cumplir con las obligaciones anteriormente citadas, o ambos».

Esto es justamente lo que ha acordado la asamblea de la SGAE: como existe una cantidad que no puede ser objeto de reparto porque los titulares de los derechos no han podido ser identificados o localizados, y la SGAE tenía en ese momento «excedentes negativos» (lo que en una entidad con ánimo de lucro llamaríamos «pérdidas»), el acuerdo adoptado no solo no infringía la regulación legal sino que era el único que podía ser adoptado.

En consecuencia, y sin perjuicio de las acciones de exigencia de responsabilidad que pudieran ejercitarse en caso de que la falta de identificación de los titulares de derechos a que correspondían esa importante cantidad se deba a una actuación deliberada o negligente de los gestores de la SGAE, la demanda no puede prosperar.

TERCERO.- Costas y depósito

1.-De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas al recurrente.

2.-Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.