Sentencia Civil 1088/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5651/2020 de 09 de julio del 2025

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia, tal y como deja constancia de ellos la sentencia recurrida

i) La sociedad Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A. (en lo sucesivo, EMSFM) fue constituida el 15 de septiembre de 1966, como empresa mixta de capital público (Ayuntamiento de Madrid) y privado con el objeto de prestar servicios funerarios en el término municipal de Madrid, con una duración de 20 años, luego ampliados a 50.

ii) En el año 1985, el Ayuntamiento de Madrid adquirió las acciones de titularidad privada, por lo que pasó a ser socio único de EMSFM.

iii) En febrero de 1993, Funespaña, S.A. adquirió, mediante un concurso público el 49% de las acciones de la entidad EMSFM. El Ayuntamiento de Madrid seguía manteniendo la titularidad del 51% restante.

iv) EMSFM presta servicios funerarios liberalizados a partir enero de 1997 (cementerios municipales del Ayuntamiento de Madrid). Tras la entrada en el capital del socio privado, la prestación se articuló a través de una concesión demanial otorgada por el Ayuntamiento de Madrid, mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 26 de febrero de 1993. La concesión se otorgó hasta el día 15 de septiembre de 2016 y se hacía coincidir la extinción de la concesión con la duración de la sociedad.

v) Conforme al artículo 24 de los estatutos sociales:

«(...) Al extinguirse la Empresa Mixta por transcurso del plazo de cincuenta años de duración fijado en estos Estatutos, revertirá todo su activo al Ayuntamiento de Madrid, quedando éste como dueño absoluto, en pleno y exclusivo dominio, de todos los bienes de la Sociedad, y careciendo los restantes accionistas del derecho a participar en la cuota de liquidación de aquella».

vi. El Pliego de Condiciones Técnicas conforme al que se adoptó el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 26 de febrero de 1993 por el que se otorgó a EMSFM la concesión de los servicios de cementerio, establecía los siguiente:

«3.1.- Los Cementerios, sus instalaciones y construcciones se entregan a la Empresa, con el carácter de bienes de dominio público, por lo que no podrá enajenarlos ni gravarlos, debiendo destinarlos exclusivamente a la prestación del servicio.

»3.2.- Al finalizar la concesión, revertirán, obligatoria y gratuitamente, al Ayuntamiento, así como las obras e instalaciones que hubiere realizado durante su vigencia. (...)

»10.2.-... el concesionario tendrá las siguientes obligaciones: (...)

»e) Realizar en las instalaciones fijas, previa autorización del Ayuntamiento o a requerimiento del mismo, los arreglos y reparaciones precisos de los desperfectos que se produzcan a partir del día 1 de enero de 1.993, a fin de que cuando reviertan al Ayuntamiento se encuentre en perfectas condiciones de uso y funcionamiento.

»f) Al término de la concesión, cualquiera que sea su causa y en el plazo máximo de un mes a contar desde el mismo, habrá de efectuar todas las correcciones, reparaciones y sustituciones que los Servicios Técnicos Municipales determinen, a fin de que el Ayuntamiento reciba las instalaciones en perfectas condiciones de uso...»

vii) Desde la entrada de la demandada en el capital de EMSFM en el año 1993 hasta 2009, la sociedad tuvo beneficios que en parte fueron repartidos entre los socios conforme a su participación en la sociedad, aplicando el resto a reservas voluntarias, salvo en el año 2006 que los beneficios se distribuyeron en su totalidad. En el año 2010, la sociedad sufrió pérdidas, sin que entre los años 2011 y 2014 la sociedad repartiera dividendos pese a obtener beneficios (respecto de las cuentas del ejercicio 2012 se acordó el reparto de dividendos que luego se dejó sin efecto), y se aplicó el resultado a incrementar las reservas voluntarias.

viii) En las cuentas correspondientes al ejercicio 2014, figuraban unas reservas de libre disposición por importe de 47.431.963,14 euros, integradas por la reserva voluntaria y la estatutaria sobre la que no existía restricción de disponibilidad alguna.

ix) El 24 de octubre de 2014, el consejo de administración de EMSFM acordó la constitución de una comisión técnica en el seno de la sociedad, integrada por dos representantes del Ayuntamiento, dos de Funespaña y un representante de la intervención municipal. Su finalidad era estudiar el posible encargo de los trabajos de inventario, estado de conservación y valoración de los inmuebles e instalaciones de la sociedad.

En su primera reunión, celebrada el 14 de enero de 2015, la comisión técnica acordó el comienzo de los trabajos para la redacción de los pliegos que determinarían el alcance de las actuaciones y regirían la contratación de los servicios de asesoramiento externo. En la segunda reunión, celebrada el día 30 de marzo de 2015, se dio el visto bueno al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas conforme a los cuales el Ayuntamiento debía efectuar la contratación de la empresa externa.

x) Como consecuencia de lo anterior, el contrato fue adjudicado por el Ayuntamiento, mediante un procedimiento abierto, a la entidad Cemosa. El contrato tenía por objeto la realización de los trabajos necesarios para la comprobación de las condiciones de uso y funcionamiento de las instalaciones y construcciones de los tanatorios y cementerios que gestiona EMSFM, así como el detalle y valoración de las inversiones a realizar, en los casos en que sean necesarias, para que esas condiciones sean las adecuadas para la correcta prestación del servicio público.

Según resulta del informe emitido por Cemosa, las inversiones necesarias para devolver los cementerios y sus instalaciones, edificaciones y construcciones singulares, a las condiciones de habitabilidad, seguridad y servicio que requieren este tipo de recintos, asciende a la suma de 23.804.561,66 euros, obedeciendo el deterioro a un bajo criterio de mantenimiento que había generado sobre los inmuebles lesiones o patologías sobre los materiales o elementos constructivos añadidas a las intrínsecas que se les supone debido a su antigüedad.

xi) Con base en el referido informe, el Ayuntamiento de Madrid, mediante resolución de fecha 18 de abril de 2016, acordó requerir a EMSFM para que realizara las actuaciones necesarias en los bienes afectos a la concesión del servicio de cementerio, con el objeto de que, en el momento de la reversión, se encontraran en perfectas condiciones de uso. La anterior resolución se encuentra impugnada en vía contencioso-administrativa por Funespaña.

xii) Próxima la fecha de la extinción de la concesión y el cumplimiento del término de la sociedad EMSFM, con fecha 29 de abril de 2016, se celebró una junta general extraordinaria, con carácter universal, en la que Funespaña propuso la aprobación del reparto de un dividendo extraordinario por un importe bruto por acción de 1.382,49 euros, esto es, un total de 47.431.963,14 euros, con cargo a reservas voluntarias.

En la junta, con el voto en contra de Funespaña (49%) y el favorable del Ayuntamiento (51%), se adoptó el siguiente acuerdo:

«No aprobar el reparto de un dividendo extraordinario solicitado por el socio privado Funespaña, S.A. por importe bruto por acción de 1.382,49 euros (esto es, un total de 47.431.963,14 euros), con cargo a reservas voluntarias, por los motivos que figuran en los párrafos precedentes».

En esencia y, resumidamente, la propuesta fue rechazada, acordándose no aprobar el reparto de dividendo, por la indeterminación de la cuantía de las reservas, en tanto que al cierre del 2015 arrojaban un saldo de 46.582.978,21 euros, inferior al que se pedía repartir, estando pendiente la formulación de las cuentas anuales en las que se había solicitado por el consejo de administración la incorporación de una provisión derivada del déficit de inversiones puesto de manifiesto en el informe Cemosa; y porque las reservas formaban parte de la financiación de los activos, por lo que para poder acordar el reparto de dividendos solicitado sería necesario enajenar la mayor parte de dicho activo, cuando debe revertir al Ayuntamiento en normales condiciones de uso, siendo la mayor parte inalienable por su carácter demanial.

xiii) En las cuentas del ejercicio 2015, aprobadas en la junta de la entidad EMSFM celebrada el día 26 de julio de 2016, se dotó una provisión por actuaciones necesarias para la reversión de activos de 21.963.671,59 euros, lo que conllevó unas pérdidas en ese ejercicio de 13.315.335,94 euros, minorando las reservas voluntarias (47.706.601,15 euros) hasta la cantidad de 34.391.265,21 euros. Las cuentas han sido impugnadas judicialmente por la actora, sin que el acuerdo esté suspendido.

xiv) El 15 de septiembre de 2016, se extinguió la concesión del servicio público de cementerios y disolvió de pleno derecho la sociedad, y sus activos revirtieron al Ayuntamiento de Madrid.

2.En la demanda que dio inicio al presente procedimiento, interpuesta antes de la disolución de la sociedad EMSFM, el socio privado Funespaña impugnó el acuerdo de la junta de socios de 29 de abril 2016, por el que se acordaba no repartir el dividendo extraordinario solicitado (por importe bruto por acción de 1.382,49 euros; en total de 47.431.963,14 euros) con cargo a reservas voluntarias; y solicitó la condena a la sociedad demandada al reparto de ese dividendo. La impugnación se fundaba en la causa prevista en el art. 204.1.II LSC, por tratarse de un acuerdo contrario al interés social, en la medida en que se impuso de manera abusiva por el socio mayoritario, el Ayuntamiento de Madrid. Mediante este acuerdo, la junta rechaza distribuir los beneficios acumulados como reserva voluntaria, justo en un momento anterior a que se disuelva la sociedad, al cumplirse el término previsto en los estatutos y todo el activo revierta a favor del socio mayoritario, el Ayuntamiento de Madrid.

3.La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda. Por una parte, el juzgado apreció que el acuerdo que no aprobó el reparto de dividendos con cargo a reservas por un importe de 47.431.963,14 euros era contrario al interés social, en los términos del art. 204.1 LSC; y por otra desestima la pretensión de condena al reparto de dividendos porque implicaría suplir la voluntad del órgano social, siendo la junta general la única competente para acordar el reparto.

4.La sentencia fue recurrida por ambas partes: la demandante porque impugna el pronunciamiento que desestima la condena al reparto de los dividendos; y la demandada porque impugna el pronunciamiento que estimó la impugnación del acuerdo social.

La Audiencia analiza primero el recurso de la demandada y lo estima, al considerar que no procede la impugnación del acuerdo, y consecuentemente desestima el recurso de la demandante.

La Audiencia parte de la consideración de que EMSFM era una sociedad mixta, constituida al amparo del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955, cuyo art. 11.1 preveía que una vez expirado el plazo de duración, que no podía exceder de 50 años, revertiría a la Corporación local todo su activo y su pasivo, y en condiciones normales de uso todas sus instalaciones, bienes y material integrante del servicio. Y en similares términos se preveía lo mismo en el art. 24 de los estatutos de la sociedad.

Luego centra la cuestión controvertida en torno a la causa de impugnación invocada, que el acuerdo se hubiera adoptado con abuso de la mayoría:

«(...) si el acuerdo de no repartir las reservas voluntarias y de libre disposición de la sociedad cuando está próxima su disolución del pleno derecho por vencimiento del término, responde o no a una necesidad razonable de la sociedad, en tanto que de no existir esa cobertura no parece dudoso que, como consecuencia de la reversión de los activos al Ayuntamiento, el acuerdo se habría adoptado por decisión del socio mayoritario su propio interés y en detrimento injustificado de la sociedad».

La Audiencia entiende que el acuerdo que rechazó el reparto de dividendos estaba justificado por responder a una necesidad de la sociedad

«(...) La decisión de no repartir dividendos por el importe total de las reservas voluntarias y de libre disposición de la sociedad demandada (47.431.963,14 euros), que es lo pidió la actora, responde a una necesidad razonable de la sociedad pues como se indicó en la propia junta para justificar el acuerdo de no acceder a lo solicitado por el minoritario, ni siquiera era cierta la cuantía de las reservas, en tanto que al cierre del 2015 arrojaban un saldo de 46.582.978,21 euros, inferior al que se pedía repartir, estando pendiente la formulación de las cuentas anuales en las que el consejo de administración había acordado la incorporación de una provisión derivada del déficit de inversiones puesto de manifiesto en el informe CEMOSA, que finalmente se incluyó por importe de 21.963.671,59 euros, lo que determinó la existencia de pérdidas en ese ejercicio de 13.315.335,94 euros, minorando las reservas voluntarias hasta la cantidad de 34.391.265,21 euros.

»La propuesta efectuada por la actora respecto del reparto de dividendos era precisa y concreta, interesando el reparto de la totalidad de las reservas voluntarias y de libre disposición de la cuantía de 1382,49 euros brutos por acción, en total 47.431.963,14 euros, y esa fue la propuesta rechazada y no otra, estando justificada esa decisión en las circunstancias que hemos descrito.

»No podemos aventurar cuál hubiera sido la decisión de la sociedad en el supuesto de que se hubiera formulado una propuesta más modesta de reparto de dividendos y cuál sería la decisión que debería adoptarse en caso de que el eventual acuerdo de la junta hubiera rechazado esa hipotética y no realizada propuesta de reparto de dividendos en menor importe del solicitado».

5.Frente a la sentencia de apelación, la demandante formula un recurso de casación, que articula en cuatro motivo. El recurso, formulado en el año 2020, se interpone por razón de la cuantía, conforme a lo prescrito en el art. 477.2.2º LEC, porque la cuantía del procedimiento excedía de 600.000 euros.

SEGUNDO. Sobre la oposición a su admisión

1. Objeciones a la admisión del recurso. La parte recurrida, en su escrito de oposición al recurso, impugna la admisión del recurso porque emplea una vía inadecuada en este caso, la de la cuantía ( ordinal 2º del art. 477.2 LEC) , cuando debía haber seguido la del interés casacional ( ordinal 3º del art. 477.2 LEC) .

2.Concurrencia la causa de inadmisión invocada. Es cierto que la sentencia objeto de recurso resuelve un recurso de apelación en un litigio en el que se ejercita una acción de impugnación de acuerdos sociales. El procedimiento en este tipo de casos viene determinado por razón de la materia, conforme a lo previsto en el art. 249.1.3º LEC.

Bajo la normativa aplicable al caso, anterior a la reforma introducida por el Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio, el art. 477.2 regulaba tres cauces para poder acceder a la casación:

«2. Serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, en los siguientes casos:

»1.º Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución.

»2.º Siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros.

»3.º Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional».

Esta sala ha interpretado reiteradamente este precepto en el sentido de que las diferentes modalidades de acceso son excluyentes (por ejemplo, en las sentencias 5/2018, de 10 de enero, y 351/2017, de 1 de junio; y en los autos de 19 de abril de 2017 (rec. 3223/2014), de 30 de noviembre de 2016 (rec. 296/2015), de 9 de marzo de 2016 (rec. 240/2015), de 10 de febrero de 2016 (rec. 1267/2015), de 14 de septiembre de 2016 (rec. 3514/2015).

Además, esta sala ha interpretado este precepto en el sentido de que cuando el proceso se haya tramitado por razón de la materia, como es el caso, es preceptivo acreditar el interés casacional, sin que pueda eludirse esta obligación porque la cuantía del procedimiento excede de 600.000 euros.

Eso ha determinado que en numerosísimos casos como el presente, en que debía haberse fundado la admisibilidad del recurso por la existencia de interés casacional ( art. 477.2.3º LEC) , y se ha acudido a la vía de la cuantía superior a 600.000 euros ( art. 477.2.2º LEC) , la sala haya acordado la inadmisión del recurso de casación, como recuerda la sentencia 685/2020, de 16 de diciembre, con cita de un auto de 21 de marzo de 2019, en un caso en que la sentencia recurrida se había dictado en un incidente concursal:

«El recurso no puede ser admitido por haber incurrido el recurrente en error en la modalidad elegida, ya que tratándose de un recurso frente a una sentencia dictada en segunda instancia en un incidente concursal en el que se resuelve una acción de reintegración ( art. 72.4 de la Ley Concursal), la única vía posible de acceso a la casación sería la del interés casacional que contempla el ordinal tercero del art. 477.2 LEC. Ya esta sala señalaba en el acuerdo antes mencionado de fecha 30 de diciembre de 2011, actualizado por el de 27 de enero de 2017, sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, que el recurso por razón de interés casacional cabe no solo cuando se interponga contra sentencias dictadas en los asuntos tramitados por razón de la cuantía -si ésta no excede de la que fija la LEC o si es indeterminada o inestimable-, sino también contra resoluciones dictadas en procesos seguidos por razón de la materia, entre las cuales -además de las dictadas en los procesos a que se refieren los artículos 249.1 y 250.1 LEC - figuran, entre otras, las sentencias que con arreglo a la Ley Concursal tengan acceso al recurso de casación, incluyendo el artículo 197.7 LC las sentencias que resuelvan acciones de las comprendidas en las secciones tercera y cuarta, como es el caso.

»Por lo tanto, cuando se pretenda interponer un recurso de casación contra una sentencia dictada en un incidente concursal, la modalidad que procede será la prevista en el número 3º del artículo 477.2 LEC relativa al interés casacional, al tratarse de una sentencia dictada en un proceso tramitado por las normas del incidente concursal por razón de la materia. El trámite del incidente concursal no atiende a la cuantía, sino a la especial materia concursal en la que se desenvuelve, siendo que dicho trámite será el que se siga en todo caso con independencia de la cuantía del concreto proceso. El escrito de interposición del recurso ha de cumplir las exigencias impuestas por el art. 477 LEC y, por lo tanto, además de indicar la infracción legal que sirve de motivo de recurso, el recurrente debe acreditar desde ese mismo momento la presencia del interés casacional manifestado en alguno de los elementos que integran dicha modalidad y que contempla el art. 477.3 LEC, ya sea por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por existir jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales o por aplicación de norma con vigencia inferior a cinco años. Sin que pueda eludirse esta exigencia porque la cuantía del procedimiento exceda de 600.000 euros».

En consecuencia procede la desestimación del recurso por inadmisión, de acuerdo con la reiterada doctrina de la sala de que las causas de inadmisión se convierten, en este momento procesal, en causas de desestimación del recurso ( sentencias 196/2017, de 22 de marzo y 5/2018, de 10 de enero).

TERCERO.Costas

Desestimado el recurso de casación, procede condenar en costas a la parte recurrente, en cumplimiento de lo prescrito en el art. 398.1 LEC, con pérdida del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.