Sentencia Civil 1025/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 5624/2021 de 17 de julio del 2024

PRIMERO.- Los presentes recursos, de casación y por infracción procesal, se interponen en un asunto sobre ejercicio del derecho de rectificación, centrándose la controversia ante esa sala en si los demandantes, ahora recurrentes, remitieron el escrito de rectificación al director del medio dentro del plazo legal del art. 2, párrafo primero, de la LO 2/1984.

Para su resolución son antecedentes relevantes los siguientes:

1. Hechos probados o no discutidos.

1.1. El 29 de mayo de 2019, Dos Mil Palabras S.L. (en adelante DMP), editora y propietaria del periódico digital "Okdiario", que se publica en el sitio web okdiario.com, cambió su domicilio social, sito hasta entonces en la calle Anabel Segura n.º 11 de Alcobendas, a la calle Caleruga n.º 102-104 de Madrid, CP 28033.

El periódico notificó dicho cambio de domicilio a su web a las 10:03 h del día 3 de junio de 2019 (doc. 2 de la contestación), quedando desde ese momento reflejado en la web okdiario.com dentro del apartado "Aviso legal" (doc. 3 de la contestación), en un recuadro azul que, junto con otros, relativos a "Contacto", "Política de privacidad", "Política de cookies" y "Noticias", aparecía al finalizar todo el contenido diario del periódico.

1.2. A las 17:17 h del 22 de octubre de 2019 "Okdiario" publicó en su página web el siguiente artículo titulado:

"Una Vicerrectora de la Universidad de Burgos contrata a su marido y le da 13.500 euros en contratos":

"La vicerrectora de Políticas Académicas de la Universidad de Burgos (UBU), Sabina, ha contratado a su marido como profesor de un máster en auditorías que se imparte en esta universidad pública. La Universidad de Burgos también ha adjudicado dos contratos por valor de 13.502,60 euros a la sociedad de la que el marido de la vicerrectora es propietario.

"Tal y como consta en el Portal de Transparencia de la Universidad de Burgos, el marido de la vicerrectora Sabina, Julio, forma parte del profesorado del Máster de Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas (CAYAC) desde el pasado curso 2018/2019. En concreto, Julio imparte clases sobre "la actuación del auditor en el procedimiento concursal".

"El marido de la vicerrectora Sabina formó parte del equipo docente de la Universidad de Burgos como profesor asociado de Auditoría de Cuentas en el período 1993-2000. El profesor asociado, en el argot universitario, es contratado de manera temporal y no requiere ser funcionario. Tras un paréntesis de 18 años sin dar clases, ahora con su mujer formando parte del equipo de gobierno de la universidad, ha regresado a la docencia.

"La vicerrectora Sabina es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid y Catedrática de Escuela Universitaria en el área de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Burgos desde 1994. Desde mediados de 2016 es la máxima responsable del área de Políticas Académicas.

" Dos contratos a su marido

"El marido de la vicerrectora Sabina es administrador solidario de la sociedad " DIRECCION000", una mercantil con tres trabajadores radicada en Valladolid. La Universidad de Burgos ha pagado 871,20 euros a esta empresa en concepto de "Auditoría de Subvención. Proyecto Campus de Excelencia internacional Triangular-E. Los Horizontes del Hombre".

"Este pago se tramitó en el segundo semestre de 2019 mediante la figura del contrato menor. Es decir, a dedo y sin haber sido licitado mediante un concurso público. La Ley de Contratos del Sector Público permite este hecho para evitar ralentizar la contratación del ente.

"La Universidad de Burgos también pagó 12.632,20 euros a la sociedad 'Conocimiento y Estrategia M2M SL', otra empresa del marido de la vicerrectora Sabina. Este pago figura en la lista de "acreedores del ejercicio corriente" ubicado en la memoria de la universidad del ejercicio del año 2017. Es decir, justo después del nombramiento de su mujer como vicerrectora de Políticas Académicas.

"Esta sociedad, al igual que la anterior, también se encuentra domiciliada en Valladolid. Fue constituida por el marido de la vicerrectora Sabina junto a Bibiana y Jesús. En la actualidad, el marido de la vicerrectora Sabina cuenta con el 25% de las acciones de la compañía.

"OKDIARIO se ha puesto en contacto con la vicerrectora Sabina, que ha reconocido que su marido es profesor de un máster de auditorías de la Universidad de Burgos. También ha confirmado la adjudicación de contratos desde la institución académica a dos empresas de su marido".

El titular del artículo se ilustraba con la imagen de la Sra. Sabina mostrando una calculadora en sus manos, sobre el fondo de un edificio identificado en la propia imagen como Universidad de Burgos mediante el nombre y el escudo, que también aparecían sobreimpresionados.

La imagen se publicó con un pie de foto que decía " Sabina, vicerrectora de Políticas Académicas de la Universidad de Burgos".

El artículo se ilustraba con tres pantallazos de documentación relacionada con los hechos de los que trataba.

El texto del artículo todavía se encuentra accesible en el enlace "Universidad de Burgos: Una vicerrectora contrata a su marido y le da 13.500 € en contratos (okdiario.com) " (doc. 7 de la demanda).

1.3. El 28 de octubre de 2019, D. Julio y D.ª Sabina remitieron al director de "Okdiario" por burofax (doc. 2 de la demanda) un escrito, redactado por quien decía ser abogado de los remitentes (Sr. Fernández de Aránguiz), en el que estos solicitaban la rectificación, mediante la publicación del texto que acompañaban, de lo que consideraban una información inexacta y perjudicial. El escrito decía así:

"FdA

"Fernández de Aránguiz

"Abogados

"28.10.2019

"OK DIARIO (DOS MIL PALABRAS S.L.)

"At. Sr. Director

"c/ Anabel Segura 11

"28108- ALCOBENDAS (Madrid)

"Muy Sr. Mío:

"Me pongo en contacto con Vd. en nombre de mis clientes DOÑA Sabina y DON Julio (quienes firman el presente a los efectos de evitar negaciones de representación) y lo hago en relación con el artículo publicado en ese periódico a las 17:17 h del día 22 de octubre de 2019 titulado: "Una Vicerrectora de la Universidad de Burgos contrata a su marido y le da 13.500 euros en contratos".

"En relación con el contenido de dicho título y a los fines de evitar la interposición por parte de mis clientes de una demanda judicial en ejercicio del derecho de rectificación, al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1984, que regula dicho derecho de rectificación, le requiero a fin de que, en el plazo de tres días siguientes a la recepción del presente, proceda a publicar la siguiente rectificación con relevancia semejante a la que se publicó en el artículo antes referido:

"Escrito de rectificación al artículo firmado el 22 de octubre de 2019 a las 17:17 h por Benedicto en el medio digital "OKDIARIO":

"1.- En relación con la afirmación: La vicerrectora de Políticas Académicas de la Universidad de Burgos (UBU) Sabina, ha contratado a su marido como profesor de un máster en auditorías que se imparte en esa Universidad pública.

"La vicerrectora de Políticas Académicas no ha contratado a su marido, quien no es profesor de la Universidad de Burgos desde el 30 de septiembre del año 2000, año en el que renunció a su plaza cuando la actual vicerrectora fue nombrada Directora de Departamento de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Burgos.

"Fue profesor asociado desde noviembre de 1993 hasta la finalización del curso 1999/2000. No ha vuelto a la docencia. En su condición de profesional, no profesor, imparte una sola conferencia al año en el Máster de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a propuesta del responsable de la actividad, que no es la Vicerrectora sino el Coordinador del Máster, quien propone la actividad y certifica su realización. El marido de la vicerrectora no tiene vínculo laboral alguno con la Universidad de Burgos. Es falso por tanto que "Tras un paréntesis de 18 años sin dar clases, ahora con su mujer formando parte del equipo de gobierno de la universidad, ha regresado a la docencia". Es falso el titular y el contenido del artículo. En todo caso, resulta necesario aclarar que en ninguna circunstancia las contrataciones de profesores se realizan a propuesta de vicerrector alguno, sino por las comisiones de selección reglamentariamente establecidas.

"2.- En relación con la segunda afirmación del titular del artículo: "Una vicerrectora de la Universidad de Burgos contrata a su marido y le da 13.500 euros en contratos".

"La vicerrectora no ha adjudicado ningún contacto a sociedades en las que el marido de la vicerrectora es propietario.

"Respecto a: El marido de la vicerrectora Sabina es administrador solidario de la sociedad ' DIRECCION000', una mercantil con tres trabajadores radicada en Valladolid. La Universidad de Burgos ha pagado 871,20 euros a esta empresa en concepto de "Auditoría de Subvención. Proyecto Campus de Excelencia internacional Triangular-E. Los Horizontes del Hombre".

"Señalar que la Universidad de Valladolid, junto con la Universidad de León y la Universidad de Burgos, forman parte del Campus de Excelencia Internacional Triangular-E (CEI). Julio, marido de la vicerrectora, es socio de " DIRECCION000", junto con Justino, residente en Valladolid. Este último recibió el encargo de realización de "Auditoría de Subvención. Proyecto Campus de Excelencia Internacional Triangular-E. Los Horizontes del Hombre" por parte del Gerente de la Universidad de Valladolid. Es por tanto el Gerente de la Universidad de Valladolid quien adjudicó el contrato de Auditoria, siendo cuestión diferente que las tres gerencias de las universidades del CEI acordaron el pago de los trabajos realizados por partes iguales,

"Respecto al segundo contrato al que hace referencia la información, firmado con la empresa Conocimiento y Estrategia M2M (CyE M2M), fue un encargo realizado por la gerencia de la Universidad de Burgos, no por la vicerrectora. Se trata de un trabajo en el que " DIRECCION000", (sociedad participe en CyE M2M con un 25%) no recibió el encargo, ni lo realizó, ni intervino, ni percibió cantidad económica alguna, ya que no forma parte del ámbito profesional de asesoría contable y fiscal en el que únicamente DIRECCION000 intervendría, tal y como se puede poner en manifiesto en los objetivos y actividades de CyE M2M.

"3.- Con respecto al último párrafo del artículo: OKDIARIO se ha puesto en contacto con la vicerrectora Sabina, que ha reconocido que su marido es profesor de un máster de auditorías de la Universidad de Burgos. También ha confirmado la adjudicación de contratos desde la institución académica a dos empresas de su marido .

"OK Diario pública la noticia a las 17:17 h del día 22 de octubre de 2019. La vicerrectora llamó por indicación de la Jefa del Gabinete de Prensa de la Universidad de Burgos al número por ella proporcionado a las 17:25 h, no habiendo recibido contestación. Minutos después, a las 17:58 h, Benedicto, firmante de la información, llamó a la vicerrectora. Minutos después, a las 17:58 h, llamó Benedicto.

"En esa conversación la vicerrectora no efectuó ningún reconocimiento de algo que es absolutamente falso. Pese a ello, horas después se añadió el último párrafo, como agravante de una conducta manipuladora, sin que se haya modificado la data.

"En el supuesto que no se lleve a cabo la publicación de la presente rectificación en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/1984 que regula el derecho de rectificación, mis clientes iniciarán las acciones legales procedentes en defensa de sus legítimos intereses.

"Sin otro particular, atte".

El escrito iba firmado por el Sr. Julio, por la Sra. Sabina y por el abogado de ambos.

El burofax se remitió a la calle Anabel Segura n.º 11 de Alcobendas, domicilio de la sociedad editora de "Okdiario" según el Registro Mercantil, pero no pudo ser entregado "por desconocido" (doc. 4 de la demanda).

El 30 de octubre de 2019, el mismo abogado remitió al director de "Okdiario" dos nuevos burofaxes, adjuntando el mismo escrito de rectificación y copia de la documentación referida al burofax enviado el anterior día 28. El enviado a la misma dirección de Alcobendas tampoco pudo ser entregado "por desconocido" (doc. 5 de la demanda), mientras que el otro, remitido a la calle Caleruega n.º 102-104, de Madrid, fue entregado a su destinatario el día siguiente (doc. 6 de la demanda).

1.4. "Okdiario" no publicó la rectificación solicitada.

1.5. No se discute que el cambio de domicilio social de DMP no se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORM) hasta el 4 de marzo de 2020.

2. A comienzos de noviembre de 2019, el Sr. Julio y la Sra. Sabina interpusieron la demanda del presente litigio contra DMP en ejercicio de su derecho de rectificación, solicitando se dictara sentencia por la que se declarase "la inexactitud de la información publicada" en "Okdiario" y se condenase a la demandada a publicar en dicho medio el escrito de rectificación "en los términos que fueron notificados por burofax al demandado, sin comentarios ni apostillas, todo ello en la forma y plazos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Rectificación".

Alegaban, en síntesis: (i) que la información publicada era inexacta y perjudicial porque a) no era cierto que la Sra. Sabina hubiera contratado a su marido, ya que este renunció a su plaza de profesor en septiembre de 2000, cuando aquella fue nombrada Directora del Departamento de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Burgos, limitándose desde entonces a impartir -como profesional, no como profesor- una conferencia al año en el Máster de Contabilidad y Auditoria de Cuentas a propuesta del responsable de la actividad, b) no era cierto que la Sra. Sabina hubiera adjudicado ningún contrato a su marido ni "a sociedades en las que su marido sea propietario" y c) no era cierto que el periodista que firmaba el artículo se hubiera puesto en contacto con la Sra. Sabina antes de publicarlo (ya que el artículo se publicó a las 17:17 horas del día 22 de octubre de 2019 y la Sra. Sabina habló con el periodista a las 17:58 h del mismo día), ni que esta hubiera reconocido o confirmado que su marido impartía docencia como profesor del máster y había sido adjudicatario de contratos de dicha universidad; y (ii) que la información no había sido rectificada a pesar de haberse enviado escrito de rectificación al director del periódico dentro del plazo legal, primero el día 28 de octubre de 2019 a la dirección de Alcobendas que aparecía "en el portal de internet" del citado medio (a cuyos efectos aportaba el doc. 3 de la demanda), y dos días después -al no poderse entregar el primer burofax-, por duplicado tanto a esa misma dirección como a la de Madrid de la calle Caleruega, "que se pudo localizar a través de otro portal de internet" (pág. 4 de la demanda).

3. DMP solicitó la desestimación de la demanda por caducidad y, en todo caso, por razones de fondo.

En síntesis, alegó: (i) que la petición de rectificación fue extemporánea por exceder el plazo de siete días del art. 2 de la LO 2/1984, toda vez que la información se publicó el 22 de octubre de 2019 y la petición de rectificación se remitió el 30 del mismo mes y año, lo que suponía que el derecho de rectificación estaba caducado; (ii) que, en este sentido, las Audiencias Provinciales venían entendiendo que dicho plazo era de caducidad, apreciable de oficio y no susceptible de interrupción o suspensión "de ningún tipo", y que la consecuencia de no respetarlo era la imposibilidad de ejercitar el derecho y la "pérdida fatal del mismo"; (iii) que la extemporaneidad fue debida únicamente a la "grave" y "pasmosa falta de diligencia" de los peticionarios, sin responsabilidad alguna del periódico, habida cuenta de que remitieron el primer burofax dentro de plazo (28 de octubre) pero al anterior domicilio social (sito en Alcobendas) a pesar de que el cambio de domicilio era un dato que los interesados estaban en disposición de conocer desde mucho antes, en concreto, desde que el 3 de junio de 2019 se hizo público en la propia página web del periódico; (iv) que los interesados en la rectificación tenían el deber de asegurarse con antelación de cuál era la dirección del periódico, lo que no hicieron hasta que "su envío les salió devuelto por "desconocido""; (v) que impugnaba la autenticidad y el valor probatorio del doc. 3 de la demanda, ya que se desconocía su origen (ni URL, ni fecha, ni procedencia) y no era más que un documento creado por la parte demandante; y (vi) que en todo caso la demanda debía ser desestimada por razones de fondo, a) porque la pretensión declarativa de la inexactitud de la información excedía del ámbito del ejercicio del derecho de rectificación, b) porque no procedía utilizar este cauce para "ampliar, adicionar y completar la noticia a su gusto" y c) porque la versión de los hechos ofrecida por los solicitantes de la rectificación coincidía esencialmente con la ofrecida en el artículo objeto de rectificación, toda vez que no rebatían que el Sr. Julio fuese profesor del máster de contabilidad, por más que no lo fuera como funcionario sino como contratado temporal, ni que empresas vinculadas al mismo hubieran recibido cantidades de la Universidad de Burgos (en concreto, 871,20 euros la empresa auditora de la que aquel era administrador solidario y 12.632,20 euros la sociedad de la que tenía el 25% de las acciones), siendo igualmente veraz que la noticia no se publicó hasta que el periodista autor del artículo "localizó y logró hablar telefónicamente con uno de los aludidos en la citada noticia, en este caso, la codemandante Sra. Sabina", la cual reconoció los hechos, pues aunque el periodista insertó la noticia en el sistema del periódico a las 17:17 horas del día 22 de octubre de 2019 la noticia no se publicó en internet hasta que el periodista finalizó su conversación telefónica con la Sra. Sabina.

4. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda sin imponer las costas a ninguna de las partes.

Sus razones fueron, resumidamente, las siguientes: (i) la acción ejercitada no estaba caducada porque el primer burofax se envió dentro de plazo y a la dirección que aparecía en la web de periódico según el doc. 3 de la demanda, sin que cupiera exigir a la parte solicitante una mayor diligencia a los efectos de comprobar si había existido un cambio de domicilio, de un lado porque la notificación del cambio hecha meses antes en la web del periódico fue una comunicación que quedó "en la esfera interna de la empresa", sobre la que no tuvieron por qué tener constancia el público en general ni, en particular, los aquí demandantes, y de otro porque la publicación en el Registro Mercantil no tuvo lugar hasta el 4 de marzo de 2020, incumbiendo al medio de comunicación extremar su diligencia para evitar la confusión, máxime siendo los plazos legales tan estrictos; y (ii) la rectificación era procedente por ajustarse a los criterios legal y jurisprudencialmente exigibles, pero solo en parte, dado que del texto de la rectificación debían excluirse los párrafos (que la propia sentencia reseñaba en negrita) que contenían juicios de valor (en concreto, del punto 1.- del escrito de rectificación debía excluirse el texto "Es falso por tanto que "Tras un paréntesis de 18 años sin dar clases, ahora con su mujer formando parte del equipo de gobierno de la universidad, ha regresado a la docencia". "Es falso el titular y el contenido del artículo"", y del punto 3. debía excluirse el texto "de algo que es absolutamente falso. Pese a ello, horas después se añadió el último párrafo, como agravante de una conducta manipuladora, sin que se haya modificado la data").

5. Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la demandada solicitando la desestimación de la demanda. Aducía, en síntesis: (i) en cuanto a la caducidad, que los solicitantes remitieron su burofax a la dirección de Madrid una vez transcurrido el plazo de siete días, que el que enviaron dentro de plazo no podía considerarse válido porque se remitió a una dirección de Alcobendas que no era donde el periódico tenía su domicilio social, al haberlo cambiado meses antes, y, en fin, que de haber actuado con una mínima diligencia los demandantes habrían podido conocer ese cambio de domicilio, dado que se hizo público por el periódico en su página web (apartado "Aviso legal") en junio de 2019, siendo desde entonces el único domicilio que constaba en Internet (en concreto, en los buscadores como Google); y (ii) que en todo caso la demanda debió ser desestimada porque la petición de rectificación no se ajustaba a los requisitos legales - arts. 1, párrafo primero, y 3, párrafo primero, de la LO 2/1984- y jurisprudenciales, fundamentalmente porque lo pretendido no era rectificar hechos considerados por la parte demandante como inexactos y perjudiciales -según la apelante, porque el escrito de rectificación "no viene a corregir nada, no rectifica nada, no reputa exacto ningún hecho", limitándose a reiterar en esencia lo publicado-, sino, al margen del ámbito propio del derecho de rectificación, "ampliar, adicionar y completar la información" y que fuera el propio medio el que declarase la inexactitud de lo publicado.

Los demandantes se opusieron alegando, en síntesis: (i) que los esfuerzos de la parte contraria para demostrar que el cambio de domicilio fue hecho público en Internet eran irrelevantes, pues lo importante era que cuando solicitaron la rectificación el cambio de domicilio del periódico todavía no había sido publicado en el Registro Mercantil; y (ii) que la rectificación acordada por la sentencia apelada "cumplía los requisitos, términos y forma" de la LO 2/1984 por las razones en su día argumentadas por la parte demandante.

6. La sentencia de segunda instancia, estimando el recurso de apelación de la demandada, desestimó íntegramente la demanda por caducidad en el ejercicio del derecho de rectificación, sin imponer a ninguna de las partes las costas de la segunda instancia y con imposición de las costas de la primera instancia a los demandantes.

Argumenta lo siguiente: (i) los hechos probados demuestran que el cambio de domicilio tuvo lugar el 29 de mayo de 2019, que dicho cambio fue notificado por el periódico en su página web (apartado "Aviso legal") a las 10:03 h del día 3 de junio de 2019, que sin embargo no se publicó en el Registro Mercantil hasta marzo de 2020, que el primer burofax, remitido dentro del plazo legal de siete días siguientes a la publicación del artículo objeto de rectificación (en concreto el día 28 de octubre), se envió al anterior domicilio de Alcobendas y que el burofax que se envió al domicilio correcto de Madrid fue remitido el día 30 de octubre, es decir, cuando dicho plazo legal ya había expirado; (ii) estos hechos conllevan que proceda apreciar la caducidad, pues contrariamente a lo que razona la sentencia apelada la circunstancia de que el cambio de domicilio no se publicara en el Registro Mercantil hasta meses después es intrascendente, al ser lo verdaderamente relevante que en octubre de 2019 los solicitantes de la rectificación ya sabían o debieron conocer que el domicilio del periódico no estaba en Alcobendas sino en Madrid, "como pone de manifiesto el envío del segundo burofax a la dirección correcta en la calle Caleruega..." y que "solo transcurren dos días desde que se envía el primer burofax hasta que se envía el segundo y, en ese corto espacio de tiempo, la actora no ha explicado a través de qué medio o cómo se enteró que el domicilio correcto era el de la calle Caleruega"; (iii) "no estamos de acuerdo con la sentencia [apelada] cuando indica que la modificación del domicilio social y su notificación a la Web de OK Diario, son hechos que quedan en la esfera interna de la empresa y sobre los que no tienen, por qué tener constancia el público en general", pues el cambio de domicilio social o del resto de información relacionada con el titular y funcionamiento de una página web van más allá del puro ámbito mercantil interno de las empresas; (iv) no puede darse valor alguno al doc. 3 de la demanda (el que la parte demandante aportó para acreditar que, cuando envió el primer burofax, el domicilio social de DMP que figuraba en Internet seguía siendo el de Alcobendas) porque fue impugnado expresamente por DMP por no constar cuál era el origen de la información que publicaba tal documento ni de qué portal de Internet estaba sacado; y (v) en fin, no basta con la remisión del burofax a una dirección incorrecta para dar por cumplidos los requisitos legalmente exigidos.

7. Contra la sentencia de segunda instancia los demandantes-apelados han interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal, en el que alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por error patente en la valoración probatoria al haberse dado más valor jurídico a los datos de la web del periódico que a los que publicaba el Registro Mercantil cuando se pidió la rectificación, y recurso de casación por interés casacional en su modalidad de oposición a la doctrina jurisprudencial de esta sala, en el que se plantea que el medio incumplió su obligación de facilitar los datos de contacto de la empresa y su domicilio, incluyendo los datos del Registro Mercantil, y que, tratándose de un caso de discordancia entre la realidad registral y la extrarregistral (datos publicados en la web), los datos registrales eran los únicos válidos y oponibles a terceros de buena fe.

8. La demandada-recurrida se ha opuesto a los recursos pidiendo su desestimación con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

SEGUNDO.- Como recuerdan p.ej. las sentencias 148/2024, de 6 de febrero, y 111/2024, de 30 de enero, "esta Sala ha admitido la posibilidad de alterar el orden legal en el que, en principio, deberían resolverse los recursos ( disposición final 16.ª 1. regla 6.ª LEC) "[...] toda vez que las denuncias sobre infracción de normas procesales, en cuanto instrumentales de la controversia sustantiva objeto del recurso de casación, habrían perdido relevancia" ( sentencias 910/2011, de 21 de diciembre; 641/2012, de 6 de noviembre; 223/2014, de 28 de abril; 71/2016, de 17 de febrero; 634/2017, de 23 de noviembre; 170/2019, de 20 de marzo; 531/2021, de 14 de julio y 130/2022, de 21 de febrero".

Esta jurisprudencia es aplicable al caso y determina la procedencia de examinar en primer lugar el recurso de casación, toda vez que la cuestión que se plantea en el único motivo de infracción procesal, bajo la apariencia de una supuesta valoración ilógica de la prueba y con cita como infringidos de los arts. 319, 326 y 217 LEC, no es en puridad una cuestión procesal sobre prueba, sino que se trata de la misma cuestión jurídica de naturaleza sustantiva a que se refiere el recurso de casación, consistente, según la tesis que se defiende por los recurrentes, en que, a los efectos de considerar que su petición de rectificación fue ejercitada en plazo, habría que atender únicamente a los datos registrales. Esta conclusión se funda, conforme a las propias palabras de la parte recurrente, en que su discrepancia vendría referida no a las conclusiones fácticas que sustentan la razón decisoria del tribunal sentenciador, sino "al mayor valor jurídico (en este caso además, frente a terceros)" que la sentencia recurrida ha atribuido a los datos de la página web del periódico frente a los del Registro Mercantil.

Recurso de casación

TERCERO.- El motivo primero del recurso se funda en infracción del art. 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (BOE de 12 de julio, en vigor el 12 de octubre de 2002, en adelante LSSI) , y lo que se alega, en síntesis, es que la sentencia recurrida, al considerar suficiente para que los recurrentes pudiera saber que el periódico había trasladado su domicilio a Madrid el hecho de que el cambio de domicilio se hubiera notificado en la web del periódico, no tiene en cuenta que dicho precepto obligaba al medio de comunicación a hacer accesibles al consumidor o usuario "los datos de contacto de la empresa y su domicilio, pero también los datos del registro mercantil", de forma que, en caso de discordancia informativa entre la publicidad de la web y la publicidad registral, en aplicación de los principios de fe pública y publicidad registral debía considerarse que la realidad registral era la única oponible a terceros de buena fe.

El motivo segundo, cuya estrecha vinculación con el primero determina la procedencia de examinarlos conjuntamente, se funda en infracción de los arts. 7, 9 y 18 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM) y de la jurisprudencia de esta sala sobre la eficacia frente a terceros de las inscripciones vigentes en el Registro Mercantil, y lo que se alega, en síntesis, es que la sentencia recurrida reprochó indebidamente a los demandantes que no consultaran las información que publicaba la web del diario, sin valorar debidamente que el cambio de domicilio todavía no se había publicado en el Registro y, que, por tanto, que no les sería oponible. Cita y extracta un auto de esta sala de 11 de marzo de 2009.

DMP se ha opuesto al recurso alegando, en síntesis: (i) en cuanto al motivo primero, que del tenor literal del art. 10.2 LSSI resulta con claridad que la obligación del periódico de facilitar la información a que se refiere el apdo. 1 debe considerarse cumplida con la inclusión de dichos datos "en su página web o sitio de Internet en las condiciones señaladas en el apartado 1", razón por la que debe considerarse suficiente que "Okdiario" notificara el cambio de domicilio a su web y que dicho cambio se reflejara en el apartado "Aviso legal", por ser la forma más inmediata de publicitar el cambio de domicilio, no siendo relevante a estos efectos que el cambio de domicilio no se publicara en el Registro Mercantil hasta tiempo después, toda vez que la obligación del medio al respecto "es a los efectos de poner en evidencia la adquisición de personalidad jurídica a los solos efectos de publicidad"; y (ii) en cuanto al motivo segundo, que se cita como vulnerada una doctrina que solo constaría en un auto, y que no es lógico que a todos los efectos, también a los de ejercitar el derecho de rectificación, la única información de una empresa que pueda tenerse en cuenta sea la publicada en el Registro Mercantil, pues en este caso existe un norma específica que considera bastante que la información se publique en la página web. Además, las reglas de la lógica llevan a concluir que el hecho de que el cambio de domicilio no se publicara sino hasta tiempo después no fue determinante en este caso para apreciar la falta de diligencia de los solicitantes de rectificación, porque "en ningún momento los recurrentes acudieron al contenido del Registro Mercantil para saber cuál era la dirección a la que tenían que remitir la carta de rectificación, pues como ya ha sido puesto de manifiesto, se limitaron presuntamente a hacer una consulta en internet".

CUARTO.- Centrada la cuestión jurídica del recurso en si el derecho de rectificación se ejercitó o no por los demandantes-recurrentes dentro del plazo de siete días establecido en el párrafo primero del art. 2 de la LO 2/1984, de 26 de marzo, reguladora de dicho derecho, la respuesta ha de ser afirmativa y por tanto estimatoria del recurso, ya que la discrepancia entre la página web del periódico y el Registro Mercantil no puede perjudicar a quienes, como los demandantes, dirigieron su escrito de rectificación al domicilio de la empresa propietaria y editora del diario que figuraba en el Registro.

Si se parte de la base de que, según el art. 10 de la Ley de Sociedades de Capital, titulado "Discordancia entre domicilio registral y domicilio real", los terceros podrán considerar como domicilio cualquiera de ellos", y según el art. 10. 1 b) LSSI el prestador de servicios de la sociedad de la información está obligado a facilitar los datos de su inscripción en el Registro Mercantil, difícilmente puede sostenerse que dirigirse al domicilio que figuraba en el Registro Mercantil, en vez de al que requería pulsar en la pestaña "Aviso legal" situada al final de la página web, comporte la pérdida del derecho de rectificación, porque entre dos interpretaciones posibles ha de optarse por la más favorable al ejercicio de un derecho que, aun no comprendido entre los derechos fundamentales, sí está estrechamente relacionado, según la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de esta sala, con el derecho fundamental al honor y el derecho fundamental a la libertad de información, además de estar regulado por una ley orgánica.

QUINTO.- Descartada, pues, la caducidad, no siendo ya necesario resolver el recurso extraordinario por infracción procesal y entrando por tanto a conocer, en funciones de instancia, del resto de cuestiones planteadas por la parte demandada en su recurso de apelación, este debe ser desestimado porque la sentencia de primera instancia, al acordar la publicación del escrito de rectificación con excepción de los juicios de valor comprendidos en el mismo, se ajusta tanto a la doctrina del Tribunal Constitucional ( STC 139/2021, de 12 de julio) como a la jurisprudencia de esta sala (sentencias 376/2017, de 14 de junio, 492/2917, de 13 de septiembre, 570/2017, de 20 de octubre, y 80/2018, de 14 de febrero), pues la información publicada en "Okdiario" era evidentemente perjudicial para los demandantes, ya desde el titular mismo ("Una vicerrectora de la Universidad de Burgos contrata a su marido y le da 13.500 euros en contratos"), y el escrito de rectificación, salvados los juicios de valor eliminados por la sentencia de primera instancia, rebatía punto por punto los hechos de la información con datos de hecho que los demandantes consideraban necesario aportar para rebatirlos y, así, contrastar la versión ofrecida por el periódico con la que según los demandantes era la más exacta.

Como razona la sentencia de esta sala 702/2024, de 20 de mayo, "en un proceso en que se ejercita el derecho de rectificación no procede decidir si es más acertada la versión de los hechos expuesta en la información que se pretende rectificar o, por el contrario, la contenida en la nota de rectificación. Tampoco puede pretender el juez que el escrito de rectificación esté redactado en los concretos términos que considera más acertados y no en los que el rectificante considere oportunos, siempre que este respete las exigencias propias del derecho de rectificación.

En lo que en este recurso es relevante, lo que procede decidir en un proceso de esta naturaleza es si la rectificación versa sobre hechos, no sobre opiniones; si tales hechos aluden a quien insta la rectificación; si es razonable que quien insta la rectificación considere que tales hechos son inexactos, sin que sea imprescindible considerar que los mismos son inveraces; y que la divulgación de tales hechos pueda causarle perjuicio".

En este sentido, no es cierto lo alegado en el recurso de apelación acerca de que el escrito de rectificación venga a reconocer los mismos hechos del artículo publicado. Lejos de ello, comienza por rebatir que la demandante hubiera contratado a su marido codemandante y a continuación aporta los datos necesarios para sustentar ese desmentido, esto es, aquellos que permiten contrastar la información publicada por el diario con la versión de los demandantes.

En definitiva, frente a una información de que la vicerrectora contrató a su marido y le "daba " 13.500 euros en contratos, el escrito de rectificación ofrece una relación de hechos, no de opiniones, que desmentirían la esencia y el sentido de esa información.

SEXTO.- Estimado el recurso de casación, no procede imponer las costas causadas por el mismo a ninguna de las partes ( art. 392.8 LEC) , como tampoco las del recurso extraordinario por infracción procesal.

En cuanto a las costas de las instancias, procede imponer a la parte demandada-apelante las de la segunda instancia, ya que se desestima su recurso de apelación ( art. 398.1 en relación con art. 394.1 LEC) , y mantener el pronunciamiento de la sentencia de primera instancia, no impugnado por la parte demandante y ajustado al art. 394.2 LEC.

SÉPTIMO.- Conforme a la d. adiciona 15.ª.8 LOPJ procede devolver a la parte recurrente los depósitos constituidos.