Sentencia Constitucional Nº 96/2001, Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Cuestión de inconstitucionalidad 3792/1995, 3 de 05 de Abril de 2001

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  • Orden: Constitucional
  • Fecha: 05 de Abril de 2001
  • Tribunal: Tribunal Constitucional
  • Núm. Sentencia: 96/2001
  • Núm. Recurso: Cuestión de inconstitucionalidad 3792/1995, 3

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pedro Cruz Villalón, Presidente, don Carles Viver Pi-Sunyer, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás S. Vives Antón, don Pablo García Manzano, don Pablo Cachón Villar, don Fernando Garrido Falla, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez y doña María Emilia Casas Baamonde, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 3792/95, 3793/95 y 3794/95, promovidas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, por supuesta inconstitucionalidad del art. 10.4 de la Ley del Parlamento de Andalucía 3/1991, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1992, por posible infracción de los arts. 9, 14 y 103.3 de la Constitución. Han comparecido y formulado alegaciones el Fiscal General del Estado, el Letrado de la Junta de Andalucía y la Letrada del Parlamento de Andalucía en la representación que legalmente ostentan. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1.El día 13 de noviembre de 1995 tuvo entrada en el Registro del Tribunal un escrito, según reza su encabezamiento, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, al que se acompañaba, junto con el testimonio del correspondiente procedimiento, un Auto de dicha Sala del día 23 de febrero del mismo año en el que se acordaba plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 10.4 de la Ley del Parlamento de Andalucía 3/1991, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1992.

2.Del conjunto de las actuaciones remitidas por el órgano judicial proponente resulta que los hechos que dan lugar al planteamiento de la cuestión son, sucintamente expuestos, los que siguen:

a) Doña María Paz Sarasola Gutiérrez interpuso en su día recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla contra la Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, de fecha 22 de febrero de 1993, denegatoria del derecho a percibir la diferencia del complemento de destino entre su grado personal y el correspondiente al alto cargo desempeñado por la actora como Delegada Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Huelva. El recurso fue turnado a la Sección Primera de la Sala con el núm. 5842/92.

b) Seguido el recurso por sus trámites, la Sección, por providencia de 8 de julio de 1993, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35 LOTC, requerir a las partes para que alegaran lo que estimasen pertinente en relación con la posible inconstitucionalidad del art. 10.4 de la Ley del Parlamento de Andalucía 3/1991, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1992, por infracción de los arts. 9 y 14 de la Constitución.

c) En el escrito de alegaciones presentado por el Ministerio Fiscal se sostiene que la Ley de Presupuestos es instrumento adecuado para la inclusión de una norma como la que pretende cuestionarse y que ésta, por su parte, no implica discriminación alguna, pues la situación jurídica de los funcionarios a que se refiere el precepto es distinta a la de los demás funcionarios, y el beneficio de aquéllos viene en todo caso motivado por una mejor ordenación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

d) La Junta de Andalucía presentó escrito de alegaciones en el que sostiene que el art. 10.4 de la Ley andaluza 3/1991 coincide en su contenido con el art. 33.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y con preceptos equivalentes de otras Leyes presupuestarias autonómicas.

Indica, a continuación, que la providencia dictada ex art. 35 LOTC no especificaba el apartado del art. 9 de la Constitución que se estimaba infringido, aunque puntualiza a continuación que acaso podría entenderse que la Sección considera que el precepto en cuestión resulta discriminatorio frente a los funcionarios que no tienen la condición altos cargos, los cuales no percibirían la 'compensación' devengada por aquéllos. Sin embargo entiende la Junta de Andalucía que la finalidad de la norma no es compensatoria; se trata de una norma retributiva, concretamente de consolidación de un complemento de destino, que, como tal, sólo podría alcanzar a los funcionarios.

Observa seguidamente que la consolidación del grado personal no tiene más efectos que el de garantía de la percepción, por el funcionario, del complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que haya desempeñado.

A este respecto, continúa el escrito de alegaciones, no debe olvidarse que el art. 21.2 c) de la Ley 30/1984 se introdujo por la Ley 23/1988, tras haberse declarado inconstitucional el anterior art. 21.2 d), por el que se facultaba al Gobierno y a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas para establecer los criterios para el cómputo, a efectos de consolidación del grado personal, del tiempo durante el cual los funcionarios permanecieran en la situación de servicios especiales, recordando la Junta de Andalucía que en la STC 99/1987 se dijo que 'ningún límite sustantivo señala el legislador a esta facultad ..., en contraste con la regulación legal del sistema de promoción profesional de los funcionarios en situación de servicio activo. Las condiciones y efectos de la permanencia en situación de servicios especiales forman también parte, sin embargo, del estatuto de la función pública, por lo que la absoluta omisión legal de toda garantía de promoción profesional para los funcionarios que se hallen en dicha situación desconoce la reserva de ley prevista en el art. 103.3 de la Constitución'.

Para la Junta de Andalucía el artículo cuestionado opera como garantía de promoción profesional, determinando la consolidación del complemento de destino que fije anualmente la respectiva Ley de Presupuestos. Se trata, por tanto, de la garantía de percepción de un determinado complemento por el funcionario que se reincorpore al servicio activo tras haber permanecido en la situación de servicios especiales por haber desempeñado un alto cargo. Es, consiguientemente, una norma específica para los casos de desempeño de altos cargos, ya que la norma general sobre promoción profesional de los funcionarios en situación de servicios especiales es la contenida en el art. 21.2 c) de la Ley 30/1984.

Tampoco la norma en cuestión sería discriminatoria en relación con los funcionarios que no han desempeñado altos cargos, pues no les resulta de aplicación por razones de orden objetivo.

En consecuencia la Junta de Andalucía sostiene que no es preciso plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 10.4 de la Ley 3/1991 del Parlamento de Andalucía.

e) La señora Sarasola Gutiérrez sostuvo en su escrito de alegaciones que el art. 10.4 de la Ley andaluza 3/1991 es contrario a los arts. 9.2 y 14 de la Constitución, pues rompe el principio de igualdad en la medida en que otorga un beneficio únicamente a los funcionarios que hayan desempeñado su función en la Junta de Andalucía a partir del 28 de abril de 1978. Discrimina también a los funcionarios que hayan desempeñado un alto cargo durante un tiempo menor al establecido en la norma. Y, por último, discrimina a todos los funcionarios con categoría inferior a Director General.

f) Evacuadas las alegaciones de las partes, la Sección, por Auto de 23 de febrero de 1995, acordó el planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad.

En opinión del órgano judicial proponente el recurso contencioso-administrativo sometido a su decisión debería ser resuelto en sentido estimatorio, atendido el tenor del art. 10.4 de la Ley del Parlamento de Andalucía 3/1991, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, pues dicho precepto dispone: 'los funcionarios de carrera que durante más de dos años continuados o tres con interrupción desempeñen o hayan desempeñado, a partir del 28 de abril de 1978, puestos en la Administración de la Junta de Andalucía o en sus Organismos Autónomos, comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/1984, de 23 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos, modificada por la Ley 4/1990, de 23 de abril, exceptuados los puestos de Gabinete con categoría inferior a Director General, percibirán desde su reincorporación al servicio activo y mientras se mantengan en esta situación el complemento correspondiente a su grado, incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma fije anualmente parta el cargo que se hubiere desempeñado, sin que pueda exceder del fijado para los Directores Generales de la Junta de Andalucía. Lo dispuesto anteriormente tendrá efectos desde el 1 de enero de 1992'. Consiguientemente la funcionaria recurrente cumplía los requisitos exigidos para la percepción del incremento.

Siendo la contemplada una norma con rango de ley, aplicable al caso y de cuya validez depende el fallo, entiende el órgano judicial que, dada su posible inconstitucionalidad, viene obligado a plantear la presente cuestión.

Las razones que abonan para la Sala la posible inconstitucionalidad del art. 10.4 de la Ley andaluza 3/1991 se cifran, básicamente, en dos argumentos. Por un lado, en que la Ley de Presupuestos no es el instrumento normativo adecuado para proceder a la implantación de un incremento de complemento, ni siquiera atendiendo a la doctrina sentada en la STC 116/1994. Por otro, en que el precepto cuestionado habría venido a implantar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía un régimen que se separa del general, instituyendo un tratamiento diferente a favor de los funcionarios que han ocupado altos cargos sin que aparezca justificación alguna objetiva o razonable para ello. La norma cuestionada consagra un tratamiento dispar entre funcionarios que desempeñan tareas idénticas y perciben retribuciones dispares en razón de circunstancias ya pasadas y por las que fueron compensados en su momento con una mayor retribución; el régimen establecido atentaría, consecuentemente, contra el principio constitucional de igualdad, excepcionando indebidamente (y con infracción del art. 103.3 CE) el régimen general que para la situación funcionarial de servicios especiales ha establecido la Ley 30/1984 tras su reforma por la Ley 23/1988.

3.Por providencia de 21 de noviembre de 1995 la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.2 LOTC, dar traslado de las actuaciones recibidas al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a la Junta y al Parlamento de Andalucía, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado para que, en el plazo de quince días, pudieran personarse y formular alegaciones. Asimismo se acordó tener por recibido un escrito del Letrado de la Junta de Andalucía en el cual se interesaba que se le tuviera por personado. Finalmente se acordó publicar la incoación de la cuestión en el 'Boletín Oficial del Estado' y en el de la Junta de Andalucía.

4.Por escrito registrado en este Tribunal el 29 de noviembre de 1995 el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó que no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones.

5.Mediante escrito registrado el 30 de noviembre de 1995 el Presidente del Senado dio cuenta del Acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara para su personación en el procedimiento y dar por ofrecida su colaboración los efectos del art. 88.1 LOTC.

6.El Abogado del Estado solicitó que se tuviera por personado al Gobierno, absteniéndose de formular alegaciones, mediante escrito registrado el 14 de diciembre de 1995.

7.La Junta de Andalucía presentó el 15 de diciembre de 1995 las alegaciones que seguidamente se resumen:

a) Sostiene, en primer lugar, la inadmisibilidad de la cuestión por no proceder el Auto del órgano judicial que debe emitir el fallo.

La cuestión ha sido elevada por los Magistrados integrantes de las Secciones Primera y Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, indicándose que tal decisión se adopta de acuerdo con lo establecido en el art. 264 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo este precepto sólo permite tal práctica para la 'unificación de criterios y la coordinación de prácticas procesales', quedando a salvo 'en todo caso ... la independencia de las Secciones para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan'.

En suma, la cuestión no se ha promovido por el órgano judicial competente para el enjuiciamiento.

b) A

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