Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 183/2022 de 22 de septiembre del 2023

PRIMERO.- El objeto del presente recurso de apelación lo constituye la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6 de los de la Audiencia Nacional de fecha 11 de octubre de 2022 recaída en el procedimiento ordinario nº 32/2021, en cuya virtud se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Lorenzo, en un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

SEGUNDO: El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que "los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

La Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en sus artículos 32 a 35 el régimen sustantivo de la responsabilidad patrimonial del Estado, debiendo destacarse, además de las menciones que se hacen a continuación que la reclamación podrá fundarse en el daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, causado por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 67 regula las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial y se pronuncia en los siguientes términos:

1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.

El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante."

TERCERO: El presente recurso de apelación debe ser desestimado con un razonamiento esencialmente coincidente con lo expuesto en la sentencia de instancia y la defensa del Estado. A mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que mediante sentencia de 21 de abril de 2023, este mismo Tribunal dictó sentencia desestimatoria en el recurso de apelación nº 65/2021, seguido a instancia del mismo recurrente que en las presentes actuaciones y en relación exactamente al mismo problema, con la única diferencia de que la reclamación se contraía a lo que el mismo denomina "primera campaña", esto es una reclamación introducida en relación con una campaña agrícola anterior.

En virtud del principio de unidad de doctrina reproducimos en el siguiente fundamento jurídico la argumentación contenida en la sentencia mencionada, con la consecuencia de que el presente recurso debe ser desestimado.

CUARTO: "T ERCERO: El Tribunal Supremo, entre otras, en sentencias de 5 de junio de 1998, 14 de febrero de 2011 y 17 de junio de 2014, afirma que no es acorde con el principio de responsabilidad objetiva la generalización de dicha responsabilidad más allá del principio de causalidad, aun en forma mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista aquella, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, ya que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento por el mero hecho de que se produzca dentro de instalaciones públicas cuando ni estas constituyen un riesgo en sí mismas ni sus características arquitectónicas implican la creación de tal situación de riesgo.

La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2011 (recuso de casación nº 3964/2006, destaca la necesidad de la relación causal entre el funcionamiento de los servicios y la lesión sufrida por los ciudadanos, y que fuera de dicha relación de causa-efecto, no puede decretarse la responsabilidad de las Administración o, en palabras de la mencionada sentencia, "sin que se pueda generalizar dicha responsabilidad más allá de este principio de causalidad"; porque en otro caso, desvinculada la responsabilidad de la exigencia causal, se convertiría a la Administración en un a modo de aseguradora general de riesgos imprevisibles que ni el legislador ha querido ni parece comportar una exigencia de las Administraciones en su actividad prestacional de servicios públicos, porque si así fuera se encarecerían de manera desorbitada con quebranto de su financiación.

La sentencia del Alto Tribunal de 17 de junio de 2014 señala: "Sin embargo, cuando la imputación de la lesión al funcionamiento del servicio público se vincula a una omisión de la Administración en dicha prestación, y de eso se trata en el presente supuesto, la determinación del nexo causal se complica, porque, como se declara en la sentencia mencionada, que sigue lo ya declarado en la de 21 de febrero de 2012 (recurso de casación 3036/2010 ), no es ya suficiente con que la lesión sea esa consecuencia lógica de la actividad prestacional pública, porque siempre se dará dicha conexión, es decir, siempre existirá una vinculación entre la prestación del servicio, en su modalidad omisiva, y la lesión. Lo razonado se demuestra en supuestos como el que ahora nos ocupa, porque si se vincula un accidente de circulación ocasionado en una carretera y el reproche que a la Administración se hace, como en el caso presente, es a una omisión, deberá concluirse que siempre existirá vinculación entre el resultado y el servicio. Por ello, o se exige algún otro presupuesto del nexo causal o la responsabilidad adquiere una extensión que no es la que se corresponde con esta institución indemnizatoria; porque siempre será la prestación del servicio de carretera el generador de la lesión. Sin embargo, en tales supuestos de omisión, para evitar esa extensión desmesurada de la institución que el Legislador no ha querido, la relación de causalidad se integra de un elemento añadido al de esa conexión lógica; es decir, la necesidad de un deber -no solo una obligación- de la Administración de actuar en un determinado sentido; en palabras de las sentencias mencionadas "es necesario que haya algún otro dato en virtud del cual quepa objetivamente imputar la lesión a dicho comportamiento omisivo de la Administración; y ese dato que permite hacer la imputación objetiva sólo puede ser la existencia de un deber jurídico de actuar."

QUINTO: La sentencia impugnada no discute la realidad del daño sufrido en los cultivos de la parte recurrente, ni tampoco se discute que la causa del daño son los conejos que tienen madrigueras en la zona de seguridad de la línea de alta seguridad. La razón de la desestimación se encuentra en la falta de acreditación del nexo causal entre la explotación del servicio ferroviario y los daños producidos. La sentencia impugnada, recoge adecuadamente la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia 79/2015, que para una redacción de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, idéntica al art. 69.c) de la Ley de Caza de Aragón, establece que la responsabilidad patrimonial por los daños agrícolas, forestales o ganaderos producidos por especies cinegéticas provenientes de zonas de seguridad motivadas por la existencia de autopistas, autovías, líneas férreas o infraestructuras hidráulicas, "surgirá siempre y cuando concurran los elementos previstos en el art. 32 LRJSP" , no siendo posible apreciar la responsabilidad por la mera titularidad de la infraestructura.

Resulta pues necesario, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, citada en el fundamento anterior, la apreciación de un nexo de causalidad entre la prestación del servicio ferroviario y los daños sufridos. ADIF AV carece de competencias en materia de caza y de control de plagas correspondiente a la Comunidad de Aragón la declaración de la existencia de plagas y la adopción de las medidas correctoras adecuadas.

Como pone de manifiesto la resolución impugnada, no consta que el recurrente pusiera de manifiesto a ADIF la proliferación de conejos en las cercanías de las parcelas cultivadas cercanas a la infraestructura ferroviaria. Reconociéndose en el recurso la imposibilidad de probar una comunicación verbal, que se dice efectuada en el año 2017. En el informe obrante en el expediente administrativo, efectuado por ADIF, se pone de manifiesto que ante la proliferación de conejos en la zona de seguridad, no ha adoptado una posición pasiva y de total inactividad, sino que ha realizado actuaciones tendentes a evitar o minimizar los problemas que la proliferación de conejos en los taludes de la infraestructura ferroviaria pueda ocasionar a los propietarios de las fincas colindantes.

Consta en el Plan de acción de noviembre de 2019 presentado al Gobierno de Aragón, de acuerdo con el Decreto Ley 9/2019 del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para el control de la población silvestre de conejo común, que desde el año 2014 ADIF estableció un procedimiento para la concesión de autorizaciones para el descaste de conejos con hurón en la red de alta velocidad. Recogiéndose una tabla de todos los trabajos de descastes efectuados desde el año 2016. No consta que el recurrente solicitara autorización alguna para efectuar descastes.

Igualmente se recoge haberse instalado una doble malla de refuerzo en el cerramiento perimetral en determinados tramos. En concreto, se instaló cerramiento de refuerzo entre los pks 289+255 al 289+807, vía 1, en el año 2017, zona colindante con la parcela 63, utilizando malla tipo gallinero.

También se recoge haberse llevado a cabo todos los ejercicios dos campañas de control de vegetación, en primavera y otoño, para eliminar la vegetación de márgenes de vía, para reducir su fuente de alimento y dificultar el asentamiento.

Estas medidas recogidas, ponen de manifiesto que ADIF ha adoptado medidas para tratar de evitar la proliferación de conejos, que aun relacionado con la explotación de las instalaciones no es consecuencia directa de la prestación del servicio, no ha existido por tanto una actitud omisiva, sino que ha actuado destinando recursos y permitiendo a los interesados el acceso a las zonas de protección para efectuar descastes con hurones, sin que se haya acreditado un incumplimiento de un deber jurídico de actuar que permita apreciar la existencia de nexo causal.

En definitiva, de lo expuesto hemos de concluir que no puede apreciarse la existencia de nexo causal entre la prestación del servicio público de conservación y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias y los daños reclamados.

SEXTO: En virtud de las previsiones del artículo 139.2 LRJCA, procede imponer las costas de la apelación a la parte recurrente por importe total por todos los conceptos de 3000 euros, al haber sido desestimada íntegramente su pretensión sin que se aprecien dudas de hecho a derecho sobre la procedencia de la desestimación del recurso.

La justificación de la imposición de costas a la recurrente se justifica porque ha mantenido el presente recurso, a pesar de que como parte recurrente en el recurso de apelación nº 65/2021 que dio lugar a nuestra sentencia de 21 de abril de 2023 parcialmente transcrita en esta sentencia, conocía el criterio de este Tribunal en un asunto que es idéntico al presente.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,