Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 33/2022 de 07 de septiembre del 2023

PRIMERO.- El objeto del presente recurso de apelación lo constituye la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de la Audiencia Nacional de fecha 8 de febrero de 2022 recaída en el procedimiento ordinario nº 1/2021 en cuya virtud se desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Eliance Aviation Global Services, S.L.U, contra sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de la Audiencia Nacional, de fecha 8 de febrero de 2022, recaída en el procedimiento ordinario nº 12/2021.

Dicha sentencia desestimó con imposición de costas el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la referida mercantil contra la resolución de 22 de noviembre de 2020 del Director General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) por la que se acordó la resolución anticipada del contrato de servicios suscrito por ambas partes. También se recurrió la decisión del Director de la Gerencia de Atención Sanitaria del Ingesa en Melilla, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la resolución precedente.

SEGUNDO: No cabe duda de que el juez de apelación está facultado para revisar en su integridad la prueba practicada en la instancia y expresar su propia valoración de la misma, pero también es cierto que el principio de inmediación se cumple en su plenitud en la fase de primera instancia en la que permite al juzgador apreciar directamente las pruebas y de esa manera fijar los hechos probados.

En ese contexto, la función del juez de apelación, sin duda revisora, se centra en la verificación de que no se haya cometido ningún error evidente por el juez de instancia en la valoración de la prueba, sin que una mera discrepancia de criterio aconseje ejercer un control más intenso.

En el presente caso no solo no se aprecia la comisión de error evidente alguno por parte del juez de instancia, sino que los datos fácticos que se incorporan en esta sede derivados de la valoración de la prueba vienen a confirmar plenamente el análisis fáctico realizado en la primera instancia.

TERCERO: El primer motivo de recurso debe desestimarse por las razones siguientes, esencialmente coincidentes con el razonamiento de la sentencia u las alegaciones de los servicios jurídicos de la demandada:

1. La recurrente parte de una premisa sin duda cierta como es la de que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 223.f del TRLCSP, no cualquier incumplimiento puede dar lugar a la resolución del contrato, pues en determinados casos, cuando el incumplimiento parcial no afecte al objeto mismo del contrato, el ordenamiento jurídico cuenta con medidas de restablecimiento de las condiciones pactadas menos traumáticas y más ajustadas al principio de proporcionalidad. La imposición de penalidades al amparo del artículo 212.7 del TRLCSP es una opción configurada por el propio legislador y recogida en este caso en el PPT, cláusula 3.7.

2. En la interpretación del artículo 223.f del TRLCSP, la recurrente adopta una posición eminentemente formalista y ajustada estrictamente a su letra. De hecho, así lo admite expresamente apoyándose para ello en el dictamen del Consejo de Estado núm. 3428/1999 de 18 de mayo de 2000. Sin embargo, la recurrente no ha tenido en cuenta que dicho planteamiento ha sido ampliamente superado por la jurisprudencia y ha ignorado deliberadamente la evolución doctrinal seguida también por dicho órgano consultivo posteriormente y buena prueba de ello es el dictamen de emitido por el mismo el 29 de octubre de 2020 con ocasión del examen del presente asunto.

3. Tal y como indica el Consejo de Estado en su dictamen de 29 de octubre de 2020 y se recoge en la sentencia impugnada, cuando se incumple el objeto mismo del contrato puede acordarse la resolución del contrato con independencia de que la conducta imputada al contratista no haya sido calificada en el contrato o en el PPT como el incumplimiento de una obligación esencial y ello por el carácter prioritario de defensa de los intereses generales. En este sentido es explícito el razonamiento contenido en ese dictamen y que asumimos plenamente, según el cual la transgresión de los elementos esenciales del contrato por la contratista, en todo caso, permiten a la administración su resolución. Sin perjuicio de lo anterior, los pliegos podrán calificar además como obligación esencial las que, no teniendo a priori ese carácter, considere que deben tenerlo en el caso concreto, siendo esa la correcta interpretación de la noma invocada.

4. En consecuencia, debe examinarse la entidad del incumplimiento denunciado y ponerlo en relación con la esencia misma del contrato para, a la luz de ese contraste, decidir si la resolución del contrato fue o no ajustada a derecho tal y como se infiere del artículo 107.2 TRLCSP.

5. La sentencia impugnada declara probado, sin que en sede de apelación se haya cuestionado este hecho, que el contrato fue adjudicado a la recurrente en atención a la oferta realizada sobre el tipo y características del avión que iba a realizar el servicio, tomando especialmente en cuenta su antigüedad y horas de vuelo que garantizan unas determinadas condiciones de seguridad y calidad sanitaria en la prestación del servicio.

6. En concreto se trataba del modelo BEECH B 2000, número de serie BB-2014 matrícula NUM000 (actualmente, NUM001), con una antigüedad de 26 de julio de 2010 y 4183 horas de vuelo. En atención a estos datos concedieron a la recurrente 13 puntos frente a los 9,21 que obtuvo la competidora Babcock, diferencia decisiva a la hora de la adjudicación del contrato. Por su parte, la competidora Babcock había propuesto el avión modelo B200, número de serie NUM002, matrícula NUM003, con una antigüedad de 19 de mayo de 2004, por lo que obtuvo 4,32 puntos y 4.281,15 horas de vuelo que le supusieron 4,89 puntos.

7. Resulta un dato incontrovertido que, si bien el cumplimiento del contrato de servicios tiene como fecha de inicio el 10 de enero de 2018, no es hasta el mes de septiembre de 2018 cuando la contratista empieza a cumplir sus obligaciones con el avión consignado en el contrato. Además, lo hace de forma esporádica pues en el período de 10 de octubre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, la aeronave ofertada fue utilizada en 214 evacuaciones (23,21%), siendo ejecutado el servicio con otras aeronaves más antiguas y con más horas de vuelo en 708 ocasiones (76,79%) apareciendo acreditado que durante dicho período el avión en cuestión operaba en las Islas Baleares.

8. En estas circunstancias, el argumento invocado por la recurrente de que en realidad no dejó de cumplir con ninguna de las evacuaciones para las que fue requerida y con ello dio cumplimiento al contrato, resulta irrelevante pues las condiciones en que éstas se realizaron no fueron las pactadas y las mismas fueron determinantes para la adjudicación del contrato, en la medida en que garantizan unos altos niveles de seguridad y calidad sanitaria, con una específica referencia al equipamiento sanitario de la aeronave comprometida.

9. Tampoco podemos aceptar el argumento de la recurrente en el sentido de que la cláusula 4.1 del PPT permitía la sustitución de la aeronave, pues esa posibilidad solo puede aceptarse cuando el nuevo avión tiene las mismas características y prestaciones que el sustituido, ya que, en otro caso, esa sería la vía directa para defraudar lo pactado.

10. Finalmente solo cabe decir que el incumplimiento de la recurrente resulta particularmente grave si tenemos en cuenta que ya desde el inicio del contrato, como la misma reconoció en escrito de 17 de junio de 2019, se produjo una demora en la tramitación del certificado de operador aéreo (AOC) que impedía el uso de la aeronave, a lo que debe añadirse que había sido necesario realizar trabajos de mantenimiento de la aeronave.

CUARTO: La recurrente invoca como motivos de recurso de forma separada, tanto la incongruencia omisiva de la sentencia, como su falta de motivación. Dada la íntima conexión que existe entre sambas figuras las trataremos conjuntamente.

En cuanto a la incongruencia omisiva, un consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la que es un ejemplo reciente la STC 83/2023 FJ 6, b), señala que: "En cuanto a la alegada incongruencia omisiva de la sentencia casacional, hemos recordado en nuestra reciente STC 39/2023, de 8 de mayo, FJ 3, que la incongruencia omisiva o ex silentio, se produce "cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales ( STC 40/2006, de 13 de febrero, por todas). A tales efectos, se plantea la necesidad 'de distinguir entre las que son meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones y estas últimas en sí mismas consideradas, pues si con respecto a las primeras puede no ser necesaria una respuesta explícita y pormenorizada de todas ellas y, además, la eventual lesión del derecho fundamental deberá enfocarse desde el prisma del derecho a la motivación de toda resolución judicial, respecto de las segundas la exigencia de respuesta congruente se muestra con todo rigor siempre y cuando la pretensión omitida haya sido llevada al juicio en el momento procesal oportuno".

La respuesta contenida en la sentencia impugnada cumple sobradamente con las exigencias señaladas, pues da una respuesta precisa y concreta a la pretensión formulada por la recurrente ciertamente en sentido desfavorable a sus intereses, dato totalmente irrelevante a los efectos analizados pues el derecho a la tutela judicial efectiva solo ampara el derecho del litigante a la obtención de una respuesta motivada, no a la satisfacción de su pretensión.

La pretensión ejercitada fue la de anulación de la disposición administrativa por la que se acordó la resolución del contrato suscrito por la recurrente con Ingesa. La sentencia dio respuesta a dicha pretensión poniendo de manifiesto el incumplimiento de la recurrente a la vista de los pliegos del contrato y del criterio determinante de su adjudicación, subrayando el carácter puramente formalista del alegato principal de la recurrente.

En cuanto a las exigencias constitucionales sobre el deber de motivación, la STC 39/2023 FJ 3, señala que "tal y como recordamos en la STC 87/2022, de 28 de junio, FJ 4 B), "la obligación de motivar las resoluciones judiciales no es solo una exigencia impuesta a los órganos judiciales por el art. 120.3 CE, sino también, y principalmente, un derecho de los intervinientes en el proceso que forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el art. 24.1 CE, que únicamente se satisface si la resolución judicial, de modo explícito o implícito, contiene los elementos de juicio suficientes para que el destinatario y, eventualmente, los órganos encargados de revisar sus decisiones puedan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, constituyéndose en una garantía esencial para el justiciable mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad".

De lo expuesto hasta el momento se desprende que la sentencia impugnada también respeta estas exigencias, pues de forma coherente desestima el recurso y el hecho de que en la misma se asuma el razonamiento de la administración demandada y que no se acepten los argumentos de la recurrente, carece, como acredita la jurisprudencia constitucional citada de toda relevancia.

Buena prueba de lo señalado es que, contra la sentencia de instancia, la recurrente ha formulado un recurso de apelación completo, denunciando lo que en su opinión son errores jurídicos del juzgador de instancia hecho que no sería posible en caso de que la sentencia impugnada hubiera carecido de motivación.

QUINTO: En virtud de las previsiones del artículo 139.2 LRJCA, procede imponer las costas de la apelación a la parte recurrente al haber sido desestimada su pretensión. No obstante, haciendo uso de la facultad que otorga al Tribunal el artículo 139.4 LJCA, se cifra en un máximo de 2.000 euros el importe de las mismas.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,