Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 476/2017, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 57/2016 de 21 de Junio de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Rollo de apelación nº 57/2016
Partes : CESIONARIA VALLES OCCIDENTAL, S.A. C/ AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
S E N T E N C I A Nº 476
Ilmos. Sres.
MAGISTRADOS:
Dª NURIA BASSOLS MUNTADA
D.ª NÚRIA CLÈRIES NERÍN
D. RAMON GOMIS MASQUÉ
D.ª EMILIA GIMENEZ YUSTE
D. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ RUIZ
D. RAMON FONCILLAS SOPENA
D. JOSÉ LUIS GÓMEZ RUIZ
En la ciudad de Barcelona, a veintiuno de junio de dos mil diecisiete
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA ), constituida para la resolución de este recurso, ha
pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el rollo de apelación nº 57/2016, interpuesto por
CESIONARIA VALLES OCCIDENTAL, S.A., representado el Procurador D. RAMON FEIXÓ FERNÁNDEZ-
VEGA , contra la sentencia de 18/02/2016 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 14 de
los de Barcelona, en el recurso jurisdiccional nº 531/2014 .
Habiendo comparecido como parte apelada AREA METROPOLITANA DE BARCELONA por la Letrada
MARTA BORRAS RIBO.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ RUIZ, quien expresa el
parecer de la SALA.

Antecedentes

PRIMERO.- La sentencia apelada contiene la parte dispositiva del siguiente tenor: "
PRIMERO.- Que debo estimar en parte y estimo en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil CESIONARIA VALLÈS OCCIDENTAL, S.A.U., anulando , por no ser ajustada a Derecho, la resolución del Área Metropolitana de Barcelona, con número de salida 6938, objeto de este procedimiento.

SEGUNDO.- Que no procede imponer las costas a ninguna de las partes. (...)" -letra negrita del original-

SEGUNDO.- Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la parte actora, siendo admitido por el juzgado a quo , con la remisión de las actuaciones a este Tribunal ad quem previo emplazamiento de las partes, personándose en tiempo y forma las partes apelante y apelada.



TERCERO.- Desarrollada la apelación, y tras los oportunos trámites procesales que prescribe la Ley Jurisdiccional en sus respectivos artículos, en concordancia con los de la LEC, se señaló a efectos de votación y fallo la fecha correspondiente.



CUARTO.- Con suspensión del señalamiento, mediante providencia de 9 de marzo de 2017 se acordó dar audiencia a las partes por término común de diez días sobre la posible admisión indebida del recurso de apelación por razón de la cuantía, lo que así se verificó con oposición por la parte recurrente mediante escrito entrado en este órgano judicial el 29 de marzo de 2017, no así la parte apelada pese al transcurso en exceso del plazo al efecto otorgado a la misma, tras lo cual volvió a señalarse fecha para votación y fallo.



QUINTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO: El presente recurso de apelación se interpone por la parte demandante contra la Sentencia núm. 43/2016, de 18 de febrero, dictada en su procedimiento ordinario núm. 531/2014 por el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 14 de Barcelona y su provincia, resolutoria de la impugnación por la mercantil actora de la Resolución sin fecha, con registro administrativo de salida de 26 de septiembre de 2014, del gerente del Àrea Metropolitana de Barcelona, dictada por delegación de su presidente y notificada a la sociedad recurrente el día 30 de septiembre siguiente (documento 3 demanda; folios 187 y ss. expdte.

adtvo.), por la que se desestimara petición de devolución y exención en el pago del tributo metropolitano denominado Tribut de Mobilitat , ejercicio 2014, del objeto tributario CL Manuel Mariné 0010, con referencia catastral 2999612DF2729H0002UX de municipio de Cornellà de Llobregat (Barcelona), instada por la entidad recurrente mediante correo administrativo de 23 de julio de 2015 (documento 2 demanda; folios 82 y ss.

expdte. adtvo.), a modo de interposición de recurso de reposición contra la liquidación tributaria del ejercicio 2014, con la petición de devolución de ingresos indebidos por dicho concepto tributario correspondientes a ejercicios 2009 a 2014, más intereses legales de demora, y reconocimiento a su favor de la exención tributaria establecida por el artículo 62.1.a) del TRLHL 2/2004.

A los efectos que para esta alzada interesan importará destacar que el denominado Tribut de Mobilitat (hoy Tribut Metropolità, regulado por la Ordenanza fiscal aprobada por acuerdo del órgano plenario metropolitano de 20 de diciembre de 2016) era a la fecha aquí relevante un recurso tributario propio de la entidad local territorial y supramunicipal apelada -Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)-, establecido como recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (recargo IBI), al amparo normativo de lo previsto al efecto por el artículo 153.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLHL 2/2004) y por los artículos 40.b ) y 41 de la Ley autonómica 31/2010, de 3 de agosto, del Àrea Metropolitana de Barcelona, que a la fecha aquí relevante regulaba la Ordenanza fiscal metropolitana aprobada mediante acuerdo del órgano plenario metropolitano de 17 de diciembre de 2014, publicada en BOP de Barcelona de 27 de diciembre de 2013.

Recurso tributario local este respecto al cual, aun referido allí a su inmediato precedente -el denominado recargo metropolitano de transporte -, ya dijimos en nuestra Sentencia núm. 862/2006, de 14 de septiembre, dictada en el rollo de apelación núm. 42/2006 , que '(...) se trata de una categoría tributaria autónoma que tiene la misma naturaleza que el impuesto sobre el que se proyecta, con el que coincide en cuanto a los sujetos pasivos y algunos elementos de su cuantificación, además de formar parte de la deuda tributaria, conforme dispone el art. 58.1.a) de la Ley General Tributaria de 1963 ; (...) '.



SEGUNDO.- En su recurso de apelación la parte recurrente interesa el dictado de sentencia estimatoria de su recurso y revocatoria de la sentencia aquí recurrida, con estimación total del recurso contencioso administrativo interpuesto y, en consecuencia, con reconocimiento de la exención tributaria y derecho a la devolución de ingresos indebidos por el concepto tributario controvertido del ejercicio 2014, más intereses de demora, peticionando asimismo su no condena en costas procesales, con fundamento para ello en la pretendida infracción del artículo 62.1.a) del TRLHL 2/2004, interpretado conforme a las reglas hermenéuticas facilitadas al intérprete por el artículo 3.1 del Código Civil , en relación con el artículo 12 de la LGT 58/2003, al tiempo que aduce que, en todo caso, la base imponible del tributo local controvertido viene integrada por el valor catastral del inmueble, no siendo la apelante titular de ningún derecho de superficie sobre el inmueble desde el punto de vista tributario, y, por ende, que dicho inmueble está exento del pago del IBI y, consecuentemente, también del Tribut de Mobilitat cuestionado al ser la titular del derecho de propiedad sobre el inmueble la administración autonómica y estar el mismo afecto a la seguridad ciudadana.

En su turno posterior la parte apelada se opuso al recurso de apelación interpuesto y solicitó sentencia íntegramente desestimatoria del mismo, con petición de condena en las costas procesales de la adversa, por los propios fundamentos de la sentencia parcialmente estimatoria recurrida, que estimó plenamente ajustada a derecho.



TERCERO.- Siendo la misma una cuestión de orden público procesal, y como quiera que se suscitara ex officium por este Tribunal, con sometimiento a obligada contradicción procesal de las partes comparecidas por providencia de fecha 9 de marzo de 2017, de acuerdo con lo previsto al respecto por el artículo 65.2, en relación con el artículo 85.8, ambos de Ley Reguladora de esta Jurisdicción , para debida satisfacción así del principio de contradicción procesal exigible en aras a asegurar la mayor efectividad del derecho fundamental subjetivo a todos reconocido por el artículo 24.1 de la Constitución española y por el que siempre debe velar el órgano judicial (entre otras, STC núm. 278/2006, de 25 de septiembre , y STC núm. 40/2006, de 13 de febrero ), la eventual concurrencia en este recurso de causa de inadmisibilidad del mismo por razón de la cuantía ex artículo 81.1.a) de la Ley Jurisdiccional , procederá examinar por obvias razones procesales tal óbice de admisibilidad con carácter prioritario al análisis de los alegatos impugnatorios de esta alzada, atendidas su naturaleza de cuestión de previo pronunciamiento y la consecuencia jurídico procesal inmediata que, en su caso, derivaría de su estimación por esta resolución, por cuanto que al comportar ello la obligada declaración de inadmisibilidad del recurso interpuesto, que en esta fase procesal ya de sentencia devendría causa de desestimación del mismo, con el consiguiente archivo de las actuaciones y la firmeza de la resolución judicial apelada sin pronunciamiento alguno respecto al fondo del debate procesal sostenido entre las partes en el proceso, se haría ya ocioso por irrelevante o, mejor, por intrascendente para la resolución definitiva del presente recurso abordar seguidamente en esta resolución el examen de los alegatos impugnatorios y correlativos de oposición a los mismos cruzados por las partes litigantes en esta alzada.

En dicho sentido, importará ahora anotar que, ciertamente, el artículo 81.1.a) de la Ley Jurisdiccional dispone que no serán susceptibles de recurso de apelación las sentencias dictadas por los Juzgados Contencioso Administrativos en asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000,00 euros, al tiempo que, por su parte, el artículo 41 del mismo texto rituario de este especializado orden jurisdiccional preceptúa que: '1. La cuantía del recurso contencioso-administrativo vendrá determinada por el valor económico de la pretensión objeto del mismo. 2. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos. 3. En los supuestos de acumulación o de ampliación, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquéllas, pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación.' Siendo así que, como es sabido, en asuntos como el ahora examinado el valor económico de la pretensión, que es el criterio a tener en cuenta ex artículo 41.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción , viene determinado por la cuota tributaria controvertida, pues ésta es la que representa el verdadero valor económico de la pretensión actora. De tal manera que, cualquiera que sea la forma de la actuación administrativa recurrida -esto es, liquidación tributaria, resolución de recurso o solicitud de devolución de ingresos indebidos- , la cuantía del recurso para acceder a la apelación ha de venir referida siempre a los importes tanto de las liquidaciones correspondientes a cada uno de los ejercicios, sin que la eventual acumulación comunique a las pretensiones de cuantía inferior la posibilidad de apelación - artículo 41.3 LJCA -, ya se produzca la acumulación al girarse la liquidación, al impugnarse ésta en reposición o en la vía económico administrativa, al solicitarse la devolución de ingresos indebidos o, por ende, al interponerse el correspondiente proceso jurisdiccional.

Así, el indicado artículo 41.3 de la Ley Jurisdiccional establece para los supuestos procesales de acumulación que la cuantía vendrá determinada por la suma del valor económico de las pretensiones acumuladas, ' pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación ', y cuando el artículo 81.1.a) de la misma Ley Jurisdiccional igualmente citado se refiere al exceso de 'cuantía' no está mencionando esa cuantía como suma de las pretensiones, sino la cuantía de cada una de ellas respecto de su posibilidad de apelación.



CUARTO.- Y siendo asimismo así que existe ya consolidada jurisprudencia contenciosa administrativa y constitucional reiteradamente sentada en el sentido de que la resolución de los recursos contencioso administrativos en única instancia no es per se contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocida por el artículo 24.1 de la Constitución española (por todas, ATS, Sala 3ª, de 23 de febrero de 2012 -rec. 3910/2011 - y STC 252/2004 ), ya que por relación al acceso al sistema de recursos, que no al acceso a la jurisdicción, y sin merma por ello de la efectividad del principio pro actione insito en dicho derecho fundamental subjetivo: " (...) mientras que el derecho a una respuesta judicial sobre las pretensiones esgrimidas goza de naturaleza constitucional, en tanto que deriva directamente del art. 24.1 CE , el derecho a la revisión de una determinada respuesta judicial tiene carácter legal. El sistema de recursos, en efecto, se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le otorga cada una de las leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales, sin que, como hemos precisado en el fundamento jurídico 5 de la STC 37/1995 , 'ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal ( STC 140/1985 , 37/1988 y 106/1988 )'. En fin, 'no puede encontrarse en la Constitución -hemos dicho en el mismo lugar- ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador ( SSTC 3/1983 )' ( STC 37/1995 , FJ 5). Como consecuencia de lo anterior, 'el principio hermenéutico pro actione no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a la pretensión', que 'es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos' ( SSTC 37/1995 , 58/1995 , 138/1995 y 149/1995 '" ( STC 252/2004 ) La inadmisibilidad del recurso de apelación por razón procesal obligada y justificada -como ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones este Tribunal (entre otras, en sentencia de 24 de noviembre de 2014 dictada en rollo de apelación 116/2014 )-, de procesos de los que los juzgados conozcan en primera instancia, no requiere de un mayor esfuerzo exegético, al tratarse de una opción del legislador procesal de limitar el acceso a la apelación en función de la cuantía del recurso.

El artículo 8 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción , al atribuir las competencias objetivas o materiales a los Juzgados Contencioso Administrativos se refiere a los asuntos de los que éstos conocen en única instancia y también a los que conocen en primera instancia, precisiones que alcanzan su complemento en el artículo 81.1 de dicho texto procesal, conforme al cual las sentencias de dichos juzgados serán susceptibles de apelación, salvo que se hubieren dictado en asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000,00 euros en los que no conocen en Primera Instancia sino en Única Instancia, con la salvedad expresa de que se trate de sentencias que declaren la inadmisibilidad del recurso, de las dictadas en el procedimiento de protección de los derechos fundamentales, de las que resuelvan los litigios entre administraciones públicas o de las que decidan impugnaciones indirectas de disposiciones generales, supuestos estos en los que siempre cabe la apelación o segunda instancia.



QUINTO.- Pues bien, proyectado lo anterior al supuesto ahora considerado, y visto lo actuado en el presente caso, en el que se constata que la cuantía del recurso no alcanza la indicada cifra de 30.000,00 euros por no alcanzar dicho importe ninguna de las cuotas tributarias anuales subyacentes en las actuaciones y correspondientes al Tribut de Mobilitat cuya devolución como supuestos ingresos indebidos persigue la superficiaria aquí recurrente -4.129,82 euros el año 2014, 4.628,81 euros el año 2012, 4.497,50 euros el año 2011 y 1.779,92 euros el año 2009 (folios147, 184 y 185 expdte. adtvo.)-, deviene incuestionable, de conformidad con el artículo 81.1.a) de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción , la indebida admisión en su día de este recurso de apelación.

Y ello aun cuando el juzgado de instancia concediera a las partes procesales la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la sentencia dictada y, en consecuencia, admitiera a trámite el recurso de apelación interpuesto o, incluso, aun cuando se hubiera tramitado el recurso por el procedimiento ordinario como recurso de cuantía indeterminada, toda vez que, en contra de lo que sostiene la apelante, no cabe estimar que la cuantía del recurso sea indeterminada porque se interesara la exención en el tributo local de referencia, pues el objeto del recurso viene constituido por los actos de liquidación tributaria impugnados y de denegación de la devolución de ingresos indebidos peticionada respecto a los que el reconocimiento de exención tributaria está en íntima conexión con la liquidación, como ya pusiera de manifiesto el Tribunal Supremo, entre otras, en la Sentencia de su Sala 3ª de 26 de enero de 2004 -rec. 4675/1998 -, al declarar la indebida admisión del recurso interpuesto " pues ese reconocimiento se plasma en unos actos tributarios específicos de liquidación anual, que son los favorecidos por la exención reclamada, y cuyo monto es indudable ".

Al tiempo que, por otro lado, la jurisprudencia contenciosa administrativa tiene ya declarado con reiteración que, respetando el principio de contradicción, la fijación de la cuantía del recurso puede ser efectuada en cualquier momento, incluso de oficio, por el órgano judicial, resolviendo definitivamente sobre lo fijado en su momento por medio de decreto del letrado judicial - artículo 40.3 de la Ley Jurisdiccional -, ,a que se trata de una materia de orden público procesal, máxime cuando es determinante de la procedencia o improcedencia de la admisibilidad del recurso de que se trate; de forma que resulta irrelevante, a efectos de la inadmisibilidad del recurso por razón de la cuantía, que haya sido admitido anteriormente y se advierta la insuficiencia de la cuantía al momento de dictarse el fallo en el que ha de apreciarse, e incluso que es materia siempre revisable por el tribunal ad quem que conozca tanto del recurso de apelación como del recurso de casación, el cual no quedará vinculado por la cuantía fijada en primera instancia ( STS, Sala Contenciosa Administrativa, de 17 de julio de 1992 , de 14 de octubre de 1993 , de 11 de julio de 2001 , de 25 de septiembre de 2006 , de 3 de diciembre de 2007 y de 30 de mayo de 2008 ).

En dicho sentido, y por más reciente, la STS, Sala 3ª, de fecha 29 de abril de 2015 -RCUD 4086/2013 - efectivamente reiteró que: « En el caso de autos ya se ha expuesto en el Antecedente de Hecho Primero cuál era la resolución objeto del recurso jurisdiccional seguido en la instancia y, en concreto, que la sanción ascendía a 1.200 euros. Pues bien, esta Sala tiene dicho que, respetando el principio de contradicción, el órgano jurisdiccional puede fijar la cuantía en cualquier momento, incluso de oficio, por ser una cuestión de orden público procesal, máxime cuando es determinante de la procedencia o improcedencia del recurso de casación. » Por todo ello, en definitiva, resultando manifiesta en este caso, como ya se adelantó, la inadmisibilidad del recurso de apelación traído aquí a resolución por razón de la cuantía del mismo ex artículo 81.1.a) de la Ley Jurisdiccional , al no superar ninguna de las liquidaciones tributarias de cada ejercicio subyacentes en las actuaciones la suma de 30.000,00 euros, y sin que concurra circunstancia alguna que justifique su consideración como indeterminada -causa de inadmisibilidad del recurso que en esta fase procesal ya de sentencia deviene causa de desestimación del mismo, tras haber oído ya a las partes sobre el particular, pronunciamiento que albergará la parte dispositiva de esta resolución-, se impondrá la desestimación del presente recurso de apelación, ganando firmeza la sentencia dictada por el juzgador a quo en estas actuaciones siguiendo para su estimación parcial del recurso el criterio ya sentado respecto al asunto controvertido por Sentencias de esta misma Sala y Tribunal núm. 715/2013, de 26 de junio -rollo de apelación nº 162/2012 - y núm. 1040/2013, de 23 de octubre -rollo de apelación nº 56/2013 - y reiterado por más recientes por las Sentencias núm. 586/2016, de 2 de junio -rollo de apelación nº 87/2015 - y núm. 607/2016, de 9 de junio -rollo de apelación nº 120/2015 -.

ÚLTIMO.- Conforme al artículo 139.2 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción , las costas procesales se impondrán en la segunda instancia a la parte recurrente si se desestimara totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen la no imposición, por lo que dicho principio de vencimiento mitigado deberá conducir aquí a la no imposición de costas habida cuenta de que la singularidad de la cuestión debatida veda estimar que se hallare ausente en este caso iusta causa Iitigandi (' serias dudas de hecho o derecho '), teniendo en cuenta para ello la jurisprudencia ya recaída en casos similares para apreciar que el caso era jurídicamente dudoso, como señala el artículo 394.1 de la Ley 1/2000 , de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos antes citados y demás de general y pertinente aplicación, y en nombre de SM el Rey y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emanada del pueblo español nos confieren la Constitución y las leyes.

Fallo

DESESTIMAR el recurso de apelación núm. 57/2016 interpuesto por la entidad mercantil CESIONARIA VALLÈS OCCIDENTAL, SAU contra la Sentencia núm. 43/2016, de 18 de febrero, dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 14 de los de Barcelona y su provincia en su procedimiento ordinario nº 531/2014 a que se refieren los antecedentes de la presente resolución, por resultar el mismo inadmisible por los fundamentos que se desprenden de esta resolución; sin la imposición de costas procesales en esta segunda instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes comparecidas en el rollo de apelación, con indicación de que contra la misma cabe la interposición de recurso de casación ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo, conforme al artículo 86.1 de la Ley Jurisdiccional ; y una vez gane firmeza, líbrese y remítase certificación de la misma, junto a los autos originales, al Juzgado provincial de procedencia, acusando el oportuno recibo.

Así por esta sentencia, de la que se llevará testimonio literal al rollo principal de la apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.E/ PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Magistrado ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.