Sentencia Contencioso-Administrativo 19/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Contencioso-Administrativo plaza nº 1 de Melilla, Rec. 43/2025 de 23 de febrero del 2026

PRIMERO.1 La parte actora recurre la Resolución de la Administración demandada y pide que la misma, y las reclamaciones de deuda de que traen causa, se anulen, sin especificar si se refiere a la nulidad de pleno derecho del art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), o a la mera anulabilidad del art. 48 LPAC. En cualquier caso, sustenta su pretensión en que se ha producido la prescripción de la acción de reclamación; en que ha existido una evidente falta de motivación en las reclamaciones de deuda; y que, en todo caso, nada puede reclamársele por habérsele concedido la prestación por error imputable a la propia Administración.

2Frente a esta pretensión, la Administración demandada nada ha argumentado, por cuanto no ha comparecido al acto de la vista para contestar a la demanda. Tal y como manda el art. 78.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), la vista continuó en ausencia del demandado. ¿Qué consecuencias tiene ello?

3En el proceso contencioso-administrativo no hay declaración de rebeldía, lo cual no significa, como nunca lo significa la rebeldía, que se produzca un allanamiento tácito a las pretensiones de la parte actora ni libera a ésta de la carga de probar los hechos que son fundamento de las mismas. El procedimiento se puede sostener (o no, habrá que ver cada caso) con la ayuda del expediente administrativo y del principio de iura novit curia.

4Eso sí, el objeto de un proceso viene determinado, no solo por el actor al interponer la demanda a través de la causa de pedir y de su petitum( art. 412 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil - LEC-, aplicable por remisión de la Disposición Final Primera de la LJCA) , sino también por la contestación de la parte demandada que, de esta manera, fija la controversia de las partes. Ello normalmente se pone en valor para dejar claro que, una vez se ha fijado el objeto del pleito, no pueden introducirse hechos nuevos ni, por supuesto, modificar las peticiones inicialmente realizadas, so pena de indefensión a la contraria (con base en el art. 65.1 LJCA) . Pero, en este caso, conviene traerlo a colación para dejar claro que, si el objeto del pleito se constituye por demanda y contestación, pero no hay contestación, el objeto del pleito lo configura únicamente la parte recurrente, lo cual, sin duda, podría perjudicar el presunto interés de la Administración demandada en mantener las resoluciones impugnadas.

5Consecuentemente, las cuestiones controvertidas son exclusivamente jurídicas y se refieren a si se ha producido la prescripción de la acción de reclamación, si hay o no falta de motivación y si la Administración puede reintegrarse de aquellos abonos realizados por error suyo.

6Por ello, se tienen por acreditado, en los términos que constan en Hechos Probados, el iterdel proceso administrativo relativo a la reclamación de deuda efectuada por la Administración demandada (incluido periodos de liquidación y fechas de reclamación), y ello de acuerdo con la documental aportada y dada la falta de controversia al respecto ( arts. 281.3 y 405.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil - LEC-, por remisión del art. 60.4 LJCA y su Disposición Final Primera); y de acuerdo con el principio básico de presunción de legitimidad de los actos administrativos y, por ello, de conformidad con el expediente administrativo obrante en autos.

SEGUNDO. 1 Comenzando por la cuestión controvertida relativa a la prescripción, el marco normativo aplicable parte del art. 24 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS), que prevé la prescripción por el transcurso de 4 años de una serie de derechos y acciones, remitiéndose a las normas que resulten aplicables respecto del plazo de prescripción de las obligaciones con la Seguridad Social cuyo objeto sean recursos distintos a cuotas. Así, es el art. 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), el que dispone, en su letra c), que prescribirán a los 4 años, entre otros, el derecho a solicitar las devoluciones de ingresos indebidos. Ello coincide con lo que prevé el art. 44.3 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (RGRSS).

2Sostiene la parte actora que las reclamaciones de deudas fueron emitidas por la Administración demandada transcurrido el indicado plazo de 4 años, atendiendo a los periodos de liquidación. Pues bien, atendiendo a las fechas de unas y otros tal y como constan en Hechos Probados, no cabe sino dar la razón a la parte recurrente.

3En consecuencia, por prescripción de la reclamación de la Administración demandada, procede estimar el recurso interpuesto. Y ello sin necesidad de entrar a analizar el resto de los argumentos empleados por la parte recurrente, esto es, la falta de motivación (que, en todo caso, de un análisis superficial, parece que efectivamente es defectuosa) y la imposibilidad de recobrar lo que por error abonó la Administración (con base en las SSTS 04 abril 2024, 29 abril 2024 y 15 octubre 2024, entre otras, en aplicación de la STEDH 26 abril 2018, caso Cakerevic vs. Croacia).

TERCERO.De conformidad con lo establecido en el art. 139.1, 2 y 4 LJCA, y vista la estimación del recurso, procede condenar a la Administración demandada al pago de las costas procesales.

PRIMERO.1 La parte actora recurre la Resolución de la Administración demandada y pide que la misma, y las reclamaciones de deuda de que traen causa, se anulen, sin especificar si se refiere a la nulidad de pleno derecho del art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), o a la mera anulabilidad del art. 48 LPAC. En cualquier caso, sustenta su pretensión en que se ha producido la prescripción de la acción de reclamación; en que ha existido una evidente falta de motivación en las reclamaciones de deuda; y que, en todo caso, nada puede reclamársele por habérsele concedido la prestación por error imputable a la propia Administración.

2Frente a esta pretensión, la Administración demandada nada ha argumentado, por cuanto no ha comparecido al acto de la vista para contestar a la demanda. Tal y como manda el art. 78.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), la vista continuó en ausencia del demandado. ¿Qué consecuencias tiene ello?

3En el proceso contencioso-administrativo no hay declaración de rebeldía, lo cual no significa, como nunca lo significa la rebeldía, que se produzca un allanamiento tácito a las pretensiones de la parte actora ni libera a ésta de la carga de probar los hechos que son fundamento de las mismas. El procedimiento se puede sostener (o no, habrá que ver cada caso) con la ayuda del expediente administrativo y del principio de iura novit curia.

4Eso sí, el objeto de un proceso viene determinado, no solo por el actor al interponer la demanda a través de la causa de pedir y de su petitum( art. 412 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil - LEC-, aplicable por remisión de la Disposición Final Primera de la LJCA) , sino también por la contestación de la parte demandada que, de esta manera, fija la controversia de las partes. Ello normalmente se pone en valor para dejar claro que, una vez se ha fijado el objeto del pleito, no pueden introducirse hechos nuevos ni, por supuesto, modificar las peticiones inicialmente realizadas, so pena de indefensión a la contraria (con base en el art. 65.1 LJCA) . Pero, en este caso, conviene traerlo a colación para dejar claro que, si el objeto del pleito se constituye por demanda y contestación, pero no hay contestación, el objeto del pleito lo configura únicamente la parte recurrente, lo cual, sin duda, podría perjudicar el presunto interés de la Administración demandada en mantener las resoluciones impugnadas.

5Consecuentemente, las cuestiones controvertidas son exclusivamente jurídicas y se refieren a si se ha producido la prescripción de la acción de reclamación, si hay o no falta de motivación y si la Administración puede reintegrarse de aquellos abonos realizados por error suyo.

6Por ello, se tienen por acreditado, en los términos que constan en Hechos Probados, el iterdel proceso administrativo relativo a la reclamación de deuda efectuada por la Administración demandada (incluido periodos de liquidación y fechas de reclamación), y ello de acuerdo con la documental aportada y dada la falta de controversia al respecto ( arts. 281.3 y 405.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil - LEC-, por remisión del art. 60.4 LJCA y su Disposición Final Primera); y de acuerdo con el principio básico de presunción de legitimidad de los actos administrativos y, por ello, de conformidad con el expediente administrativo obrante en autos.

SEGUNDO. 1 Comenzando por la cuestión controvertida relativa a la prescripción, el marco normativo aplicable parte del art. 24 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS), que prevé la prescripción por el transcurso de 4 años de una serie de derechos y acciones, remitiéndose a las normas que resulten aplicables respecto del plazo de prescripción de las obligaciones con la Seguridad Social cuyo objeto sean recursos distintos a cuotas. Así, es el art. 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), el que dispone, en su letra c), que prescribirán a los 4 años, entre otros, el derecho a solicitar las devoluciones de ingresos indebidos. Ello coincide con lo que prevé el art. 44.3 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (RGRSS).

2Sostiene la parte actora que las reclamaciones de deudas fueron emitidas por la Administración demandada transcurrido el indicado plazo de 4 años, atendiendo a los periodos de liquidación. Pues bien, atendiendo a las fechas de unas y otros tal y como constan en Hechos Probados, no cabe sino dar la razón a la parte recurrente.

3En consecuencia, por prescripción de la reclamación de la Administración demandada, procede estimar el recurso interpuesto. Y ello sin necesidad de entrar a analizar el resto de los argumentos empleados por la parte recurrente, esto es, la falta de motivación (que, en todo caso, de un análisis superficial, parece que efectivamente es defectuosa) y la imposibilidad de recobrar lo que por error abonó la Administración (con base en las SSTS 04 abril 2024, 29 abril 2024 y 15 octubre 2024, entre otras, en aplicación de la STEDH 26 abril 2018, caso Cakerevic vs. Croacia).

TERCERO.De conformidad con lo establecido en el art. 139.1, 2 y 4 LJCA, y vista la estimación del recurso, procede condenar a la Administración demandada al pago de las costas procesales.

PRIMERO.1 La parte actora recurre la Resolución de la Administración demandada y pide que la misma, y las reclamaciones de deuda de que traen causa, se anulen, sin especificar si se refiere a la nulidad de pleno derecho del art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), o a la mera anulabilidad del art. 48 LPAC. En cualquier caso, sustenta su pretensión en que se ha producido la prescripción de la acción de reclamación; en que ha existido una evidente falta de motivación en las reclamaciones de deuda; y que, en todo caso, nada puede reclamársele por habérsele concedido la prestación por error imputable a la propia Administración.

2Frente a esta pretensión, la Administración demandada nada ha argumentado, por cuanto no ha comparecido al acto de la vista para contestar a la demanda. Tal y como manda el art. 78.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), la vista continuó en ausencia del demandado. ¿Qué consecuencias tiene ello?

3En el proceso contencioso-administrativo no hay declaración de rebeldía, lo cual no significa, como nunca lo significa la rebeldía, que se produzca un allanamiento tácito a las pretensiones de la parte actora ni libera a ésta de la carga de probar los hechos que son fundamento de las mismas. El procedimiento se puede sostener (o no, habrá que ver cada caso) con la ayuda del expediente administrativo y del principio de iura novit curia.

4Eso sí, el objeto de un proceso viene determinado, no solo por el actor al interponer la demanda a través de la causa de pedir y de su petitum( art. 412 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil - LEC-, aplicable por remisión de la Disposición Final Primera de la LJCA) , sino también por la contestación de la parte demandada que, de esta manera, fija la controversia de las partes. Ello normalmente se pone en valor para dejar claro que, una vez se ha fijado el objeto del pleito, no pueden introducirse hechos nuevos ni, por supuesto, modificar las peticiones inicialmente realizadas, so pena de indefensión a la contraria (con base en el art. 65.1 LJCA) . Pero, en este caso, conviene traerlo a colación para dejar claro que, si el objeto del pleito se constituye por demanda y contestación, pero no hay contestación, el objeto del pleito lo configura únicamente la parte recurrente, lo cual, sin duda, podría perjudicar el presunto interés de la Administración demandada en mantener las resoluciones impugnadas.

5Consecuentemente, las cuestiones controvertidas son exclusivamente jurídicas y se refieren a si se ha producido la prescripción de la acción de reclamación, si hay o no falta de motivación y si la Administración puede reintegrarse de aquellos abonos realizados por error suyo.

6Por ello, se tienen por acreditado, en los términos que constan en Hechos Probados, el iterdel proceso administrativo relativo a la reclamación de deuda efectuada por la Administración demandada (incluido periodos de liquidación y fechas de reclamación), y ello de acuerdo con la documental aportada y dada la falta de controversia al respecto ( arts. 281.3 y 405.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil - LEC-, por remisión del art. 60.4 LJCA y su Disposición Final Primera); y de acuerdo con el principio básico de presunción de legitimidad de los actos administrativos y, por ello, de conformidad con el expediente administrativo obrante en autos.

SEGUNDO. 1 Comenzando por la cuestión controvertida relativa a la prescripción, el marco normativo aplicable parte del art. 24 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ( LGSS), que prevé la prescripción por el transcurso de 4 años de una serie de derechos y acciones, remitiéndose a las normas que resulten aplicables respecto del plazo de prescripción de las obligaciones con la Seguridad Social cuyo objeto sean recursos distintos a cuotas. Así, es el art. 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), el que dispone, en su letra c), que prescribirán a los 4 años, entre otros, el derecho a solicitar las devoluciones de ingresos indebidos. Ello coincide con lo que prevé el art. 44.3 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (RGRSS).

2Sostiene la parte actora que las reclamaciones de deudas fueron emitidas por la Administración demandada transcurrido el indicado plazo de 4 años, atendiendo a los periodos de liquidación. Pues bien, atendiendo a las fechas de unas y otros tal y como constan en Hechos Probados, no cabe sino dar la razón a la parte recurrente.

3En consecuencia, por prescripción de la reclamación de la Administración demandada, procede estimar el recurso interpuesto. Y ello sin necesidad de entrar a analizar el resto de los argumentos empleados por la parte recurrente, esto es, la falta de motivación (que, en todo caso, de un análisis superficial, parece que efectivamente es defectuosa) y la imposibilidad de recobrar lo que por error abonó la Administración (con base en las SSTS 04 abril 2024, 29 abril 2024 y 15 octubre 2024, entre otras, en aplicación de la STEDH 26 abril 2018, caso Cakerevic vs. Croacia).

TERCERO.De conformidad con lo establecido en el art. 139.1, 2 y 4 LJCA, y vista la estimación del recurso, procede condenar a la Administración demandada al pago de las costas procesales.