Sentencia Contencioso-Administrativo 833/2026 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 908/2024 de 29 de abril del 2026

PRIMERO.-Objeto del recurso presente es determinar si se ajustan a derecho la pretensión de la recurrente, denegada presuntamente por la Dirección General de la Policía, pedida el 13 de julio de 2023 en la que se solicitaba el abono de diferencias retributivas por el desempeño del puesto de trabajo de Personal Inspector en la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer, UFAM, en la comisaría provincial de Málaga, desde el 18 de mayo de 2020 hasta el 15 de marzo de 2023.

SEGUNDO.-La parte recurrente alega:

- Mi mandante presentó instancia ante la Dirección General de la Policía en reclamación de diferencias retributivas por el desempeño del puesto de trabajo de Personal Inspector UFAM desde el 18 de mayo de 2020 y hasta el 15 de marzo de 2023, en lugar de las retribuciones percibidas como Inspector Investigador.

Que la Dirección General de la Policía no ha dictado resolución administrativa.

- El complemento específico, conforme establecía el artículo 4 del Real Decreto 311/88, de 30 de marzo, está destinado a remunerar el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto y en la ley 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dicha normativa ha sido derogada por el Real Decreto 950/2005, de 29 de Julio, de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, modificado por los también Reales Decretos 359/2006, de 24 de marzo y 5/2007, de 12 de enero y ha establecido un nuevo marco retributivo homologado al sistema general que rige para la Función Pública en virtud de la ley 30/1984, de 2 de Agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, señalando tanto las retribuciones básicas, como las complementarias. Estas últimas compuestas por los conceptos de complemento de destino, complemento específico y complemento de productividad. El complemento específico está integrado por dos componentes: el general, en la cuantía que se señala en el Anexo de dicho Real Decreto, siendo distinto para cada categoría profesional y el singular, destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en los casos y cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Interministerial de Retribuciones. Dicha comisión, aprobó el actual catálogo de puestos de trabajo.

El componente singular que integra el complemento específico pretende retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo, en los casos y cuantías que, a propuesta del Ministerio de Interior se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas. Tal complemento específico se integra en el nuevo marco retributivo homologado al sistema general que rige para la función pública en virtud de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto y sustituye al anterior complemento de peligrosidad y penosidad especial, regulado en la orden ministerial de 23 de Octubre de 1984, dictada en desarrollo del Real Decreto 1781/1984, de 26 de Septiembre. Y si aquél complemento de peligrosidad exigía para su percepción ejercer el cometido de la especialidad previa orden de destino, y quedando excluido para su percibo el personal que no realizare misiones operativas, con independencia de las circunstancias de adscripción al puesto de trabajo, el complemento específico singular no impone para su devengo la adscripción definitiva del funcionario al puesto de trabajo reclasificado, según las normas que para su aplicación se contienen en el Real Decreto 950/2005, bastando el desempeño de las funciones correspondientes a ese puesto de trabajo, aunque se realicen en comisión de servicios o mediante nombramiento provisional, pues no altera el padecimiento de aquellas condiciones particulares de puesto de trabajo que retribuye el complemento específico el carácter que tenga el nombramiento del funcionario adscrito.

- Profundizando en la naturaleza jurídica del componente singular del complemento específico se comprueba que el mismo se configura como un concepto retributivo de carácter objetivo y singular íntimamente unido al puesto de trabajo, de manera tal, que para percibir las retribuciones inherentes a un puesto de trabajo determinado resulta imprescindible el desempeño de dicho puesto. Pues bien, el dicente, a pesar de haber desempeñado el puesto de trabajo indicado de Personal Inspector UFAM en las fechas indicadas en su solicitud inicial, no le han abonado las retribuciones correspondientes a dicho puesto de trabajo.

El artículo 9 del Real Decreto 1484/87, de 4 de Diciembre, prevé la posibilidad de que un funcionario pueda ser adscrito transitoriamente al desempeño de funciones propias de la Escala inmediata superior a la que pertenezca, cuando las necesidades del servicio así lo exijan , con el percibo de las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que se desempeñe, precepto que se limita a autorizar, por razones de servicio, el desempeño de las funciones correspondientes a la escala inmediata superior.

Acreditado el extremo de haber desempeñado el puesto de trabajo, tal y como se acredita con la documental que se adjunta, le corresponde percibir las retribuciones complementarias inherentes al referido puesto de trabajo.

- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 7ª ha tenido ocasión de pronunciarse en un asunto idéntico en la "Sentencia de 28 de septiembre de 2002. Recurso nº 2.015/99. Derecho al percibo del componente singular del complemento específico del puesto de trabajo desempeñado accidentalmente o en comisión de servicio, aunque no exista nombramiento definitivo."

En el fundamento de derecho tercero de esta sentencia el Tribunal afirma:

"TERCERO.- Por consiguiente, el complemento especifico se configura en nuestro derecho como un concepto retributivo de naturaleza objetiva, ajeno a todo matiz subjetivo derivado de la persona titular del puesto o que lo desempeña, y basado, por contra, en el propio desempeño de un concreto puesto de trabajo que lo tenga reconocido por presentar alguna de las características previstas por la norma por lo que parecería en principio acogible la postura de la parte demandada.

Así las cosas, si el puesto de personal operativo por el que la recurrente reclama el complemento presenta tales características, teniendo asignado su desempeño un complemento específico singular, y la hoy actora lo desempeñó, tal y corno sostiene, la obligación de su pago por parte de la Administración demandada sería evidente, incluso en el caso de que el desempeño del puesto en cuestión lo fuera de manera accidental, es decir sin propuesta de nombramiento, y ello porque para la percepción del complemento específico singular, el elemento decisivo para generar el derecho reclamado lo constituye la efectiva prestación de funciones correspondientes pero nunca, en nuestra opinión, la mera voluntad unilateral de la Administración en llevar a cabo un nombramiento definitivo pues, y en caso contrario, se podría dar lugar a un enriquecimiento injusto por parte de esta que se vería beneficiada por el desempeño, por parte de un funcionario concreto de un puesto de trabajo sin que, en contrapartida, ésta tuviera que abonar las retribuciones asignadas al mismo sino unas inferiores.

En base a la configuración descrita complemento retributivo que nos ocupa, y al principio de igualdad, esta Sección ha declarado en numerosas ocasiones que lo que determina el derecho a la percepción del complemento especifico asignado a un determinado puesto de trabajo es, no el nombramiento oficial para ocupar el mismo, sino el efectivo desempeño de un puesto de trabajo, incluso aunque no tuviera asignado el complemento, si se realizaban funciones o prestaban servicios idénticos a los desarrollados por funcionarios de otros puestos que sí le tuviera asignado. Por tanto, ha de concluirse forzosamente la extensión de ese derecho a los funcionarios que desempeñando un determinado puesto de trabajo, no definido con el complemento singular o que no lo tenga asignado, han desarrollado idénticas funciones que otros funcionarios destinados en la misma Brigada y Unidad que ocupaban puestos de trabajo que sí lo tenían expresamente asignado. Y frente a esta conclusión no cabe oponer la falta de nombramiento oficial en un puesto que no lo tiene asignado, ni que las dotaciones presupuestaras sólo permiten asignar el complemento específico singular a un número limitado de puestos de trabajo de entre todos los que existían en este caso, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, ni tampoco que el órgano competente para hacer la correspondiente asignación sólo hubiera intervenido para dotar algunos puestos de trabajo de entre todos los existentes y ello a pesar del tenor literal del párrafo tercero del nº 2 del artículo 4 II del Real Decreto 311/88 , porque el elemento decisivo para generar el derecho reclamado lo constituye la efectiva prestación de las funciones correspondientes a un puesto de trabajo cuando en él concurren determinadas condiciones particulares."

La propia Sala a la que me dirijo ha tenido ya oportunidad de pronunciarse en multitud de asuntos idénticos al aquí planteado, resolviendo de forma favorable a las pretensiones de los funcionarios.

TERCERO.-La parte recurrida opone:

- Negamos los aducidos por el actor en su escrito de demanda, en la medida en que no se correspondan con los consignados en el Expediente Administrativo ("EA") obrante en autos, ello a fin de evitar tu táctica admisión ex silentio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 405 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (" LEC"), aplicable supletoriamente por mor de la Disposición Final (" DF") 1ª LJCA. Igualmente se impugnan expresamente los documentos aportados con la demanda que no tengan carácter oficial por cuanto no consta su certeza ni corrección y no han podido ser examinados por la Administración actuante para pronunciarse sobre tales circunstancias.

- Ha de partirse del régimen jurídico que regula el marco retributivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así ha de acudirse al artículo l del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que señala tanto las retribuciones básicas, como las complementarias, éstas últimas compuestas por los conceptos de complemento de destino, complemento específico y complemento de productividad.

En cuanto al complemento de destino, el Artículo 4 relativo a las "Retribuciones complementarias", regula en el Apartado A el complemento de destino, ligando dicho complemento al nivel del puesto de trabajo que desempeñen, siendo que el recurrente percibía el complemento de destino que le correspondía por el puesto de trabajo y acorde con su categoría profesional de "oficial", tal y como consta en el Catálogo de Puestos de Trabajo del Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En contraposición con las funciones inherentes al puesto que afirma haber desempeñado, el de "Jefe de Equipo".

Por su parte, respecto al complemento específico señala el apartado B) lo siguiente:

"B) Complemento específico:

a)El complemento específico remunerará el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

b)El complemento específico estará integrado por los siguientes componentes:

1.º El componente general, que se percibe en función del correspondiente empleo o categoría que se tenga, y que se aplicará al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en los importes que, para cada empleo y categoría, se fijan en el anexo III.

2.º El componente singular, que está destinado a retribuir las condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones.

La percepción de dicho componente durante un período de tiempo no originará derecho a ella en destinos posteriores al que le da origen, sin perjuicio de lo que, en relación con los Oficiales Generales y Coroneles en situación de reserva, se prevé en el párrafo segundo del artículo 6.3 y en el párrafo tercero de la disposición adicional sexta".

Pues bien, lo anterior debe ponerse en relación con el Catálogo de Puestos de Trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se configura como el instrumento básico para la fijación de las retribuciones complementarias de cada puesto de trabajo, concretando el nivel y cuantía de los complementos de destino y específicos en función de las características particulares del puesto de trabajo son las relaciones de puestos de trabajo. En efecto, de acuerdo con lo especificado en el artículo 15 de la Ley 30/1984, las relaciones de puestos de trabajo incluirán para cada uno de ellos, entre otras circunstancias las retribuciones complementarias que tengan asignadas. Por su parte, el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que: "Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos".

Así las cosas, es doctrina jurisprudencial que los distintos puestos de trabajo puedan generar complementos diferentes, aunque sean desempeñados por funcionarios del mismo Cuerpo o Escala, así como que puestos de trabajo aparentemente similares o de parecidas características, puedan originar retribuciones distintas por las condiciones ínsitas en cada uno de ellos, por el volumen o complejidad del trabajo que se desempeña o por la responsabilidad en la gestión.

Corresponde a la Administración la concreta determinación de la cuantía del complemento específico en cada caso, derivada de la valoración de las circunstancias que han de ponderarse por imperativo legal (especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, penosidad, incompatibilidad o peligrosidad). Y sólo puede entenderse que la Administración ha vulnerado los preceptos que regulan la asignación del complemento específico cuando se acredita la existencia de una situación de total identidad entre personas afectadas por la norma que convierte en arbitrario e irrazonable un tratamiento retributivo diferenciado.

De lo anterior, hemos de concluir lo siguiente:

a)La parte actora trata de sustituir unilateralmente la potestad organizativa de la Administración, intentado mermar la potestad discrecional frente a la que no pueden esgrimirse con éxito más que los derechos que por consolidación hayan desembocado en la condición de adquiridos, ya que la persona que ingresa al servicio de la Administración Pública, se coloca en una situación jurídica objetiva y definida legal y reglamentariamente, y, por ello, modificable a través de los instrumentos normativos oportunos o de las relaciones de puestos de trabajo, según se ha dicho.

b)La estimación de la demanda vulneraría el principio de legalidad presupuestaria en materia de gasto público y de retribuciones en virtud del cual no pueden asignarse retribuciones que no se hallen previamente determinadas.

En este sentido hay que subrayar el carácter e importancia de las relaciones de puestos de trabajo y la sujeción, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias limitativas para el devengo de las retribuciones.

c)Aunque no desconocemos el cambio de criterio de la jurisprudencia en este punto, y en relación con el abono de diferencias retributivas, nos parece más ajustado a los principios de ordenación de la función pública que para que tenga lugar el abono de las retribuciones correspondientes a un puesto de nivel superior es preciso que el puesto esté vacante y haya habido un nombramiento específico, circunstancias que no concurren en el supuesto de autos. En efecto el recurrente pretenden cobrar por la vía de los hechos retribuciones correspondientes a una categoría a la que no han accedido por el procedimiento correspondiente, conculcando con ello los principios de mérito y capacidad.

d)Finalmente ha de indicarse que el actor tendría que acreditar para que, de rechazarse las anteriores alegaciones, pudiera estimarse la demanda, es que las funciones que realiza no corresponden a la descripción en el catálogo de la categoría profesional que ocupa y para la que ha sido nombrado, lo que entendemos no concurre en el caso de autos.

- Así pues, el criterio aplicable en orden al control jurisdiccional respecto de la potestad administrativa de asignación de retribuciones complementarias desde el punto de vista de la igualdad en la aplicación de la Ley "es el de la plena identidad de las circunstancias

concurrentes en los puestos de trabajo comparados" ( STS de 15 de Noviembre de 1.994). Más recientemente, la Sentencia de fecha 4 de octubre de 2018 dictada por el TSJ de Madrid, Sección Séptima, en el recurso 898/2016, afirma que en relación con el citado complemento "Esta atribución, esencialmente discrecional y derivada de las potestades de autoorganización que la Administración ostenta, no significa un apoderamiento totalmente libre e independiente, sino que está ligada a los conceptos legales que justifican las distinciones que pueda introducir, con independencia del Cuerpo de pertenencia del funcionario, ya que los dos complementos mencionados "están vinculados exclusivamente a la calidad y circunstancias del puesto de trabajo al que se les asigna".

En el ámbito funcionarial, específicamente, el Tribunal Constitucional indica que no puede confundirse la identidad aparente con la igualdad constitucional, al expresar en su sentencia 236/1994 que "la equiparación entre dos cuerpos o categorías de funcionarios a efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución española no puede fundarse exclusivamente en la identidad de titulación requerida para el ingreso en los mismos, en la similitud de su denominación o de las funciones que corresponda desempeñar a sus integrantes o en circunstancias de hecho semejantes". Y es que, en palabras de la sentencia del T.C. 106/1994 , "como es doctrina reiterada de este tribunal, el principio de igualdad en la ley o en la aplicación de la ley es vulnerado cuando se produce un trato desigual, carente de justificación objetiva y razonable por parte del poder público al que aquélla se impute. La sola enunciación del contenido de este principio pone de manifiesto la necesidad de que quien alegue la infracción del artículo 14 C.E ., en cuanto consagra el derecho a la igualdad, aporte para fundar su alegación un término de comparación válido, del que se desprenda con claridad la desigualdad denunciada, porque la infracción de un derecho a la igualdad no puede valorarse aisladamente. Como derecho relacional, su infracción requiere inexcusablemente como presupuesto la existencia de una diferencia de trato entre situaciones substancialmente iguales, cuya razonabilidad (sic.) o no deberá valorarse con posterioridad. Y esta diferencia de trato es, por lo tanto, un extremo que debe ser adecuadamente puesto de manifiesto por el interesado".

Siguiendo la misma línea argumental, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Diciembre de 1994, tras proclamar que los datos a tener en cuenta para la fijación de un complemento retributivo integran conceptos jurídicos indeterminados que, aun teniendo naturaleza reglada, permiten un amplio margen de apreciación a la Administración, distingue dos momentos en relación a tal concepto retributivo: a) actuaciones que preceden y tienden a la determinación del complemento en cuestión, en las que la Administración ha de atender exclusivamente al contenido del puesto según los parámetros objetivos que han servido para definirlo, para aplicarle los criterios de valoración que haya adoptado a efectos retributivos; y b) actuaciones de comprobación, fijado ya el complemento, que puede realizar la propia Administración, o de control, a desarrollar por los Tribunales de Justicia, para determinar si la asignación del complemento ha sido o no legalmente procedente, tarea en la que resulta plenamente admisible comparar el contenido de varios puestos para comprobar si el complemento asignado a los mismos es o no coherente con aquel contenido previamente fijado. Así pues, el criterio aplicable en orden al control Jurisdiccional respecto de la potestad administrativa de asignación de retribuciones complementarias desde el punto de vista de la igualdad en la aplicación de la Ley "es el de la plena identidad de las circunstancias concurrentes en los puestos de trabajo comparados" ( STS de 15 de Noviembre de 1994 )".

En idéntico sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, de fecha 14 de octubre de 2019 (recurso ordinario 629/2017).

También queremos traer a colación la STS de 18 de enero de 2018, en el sentido de exigir que en estos casos en que se reclaman diferencias retributivas por el supuesto desempeño de un puesto de trabajo de superior categoría al que efectivamente se tiene asignado la estimación de tal pretensión exige "el ejercicio continuado de las funciones esenciales de ese ulterior puesto".

Entendemos que en el caso de autos no concurre la exigida identidad de funciones y en cualquier caso no se ha probado el ejercicio continuado y habitual de un puesto de superior categoría. A nuestro juicio, los documentos que aporta el recurrente no acreditan en modo alguno dicho extremo, más allá de probar la realización ocasional de otras tareas.

Por lo que se refiere al complemento de productividad, hemos de recordar que no es un componente retributivo vinculado al puesto de trabajo que se desempeñe, habitual o accidentalmente, sino que está orientado a retribuir el especial rendimiento, la actividad y la dedicación extraordinarias y el interés e iniciativa mostrado por el funcionario en el desempeño del puesto de trabajo, por lo que el derecho a percibirlo no depende del ejercicio de algunas de las funciones correspondientes a un puesto de trabajo distinto del que se tiene asignado.

- En consideración a la afirmación del desempeño de las funciones desde mayo de 2020 hasta la actualidad, hemos de considerar prescritas las cantidades que solicita con más de cuatro años de antigüedad por aplicación del art. 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria ("LGP"), oponiendo la correspondiente excepción material a tales efectos.

En lo demás, se dan por reproducidos los fundamentos de la resolución recurrida.

CUARTO.-Esta Sala ha dictado numerosas sentencias sobre el complemento en cuestión reclamados por funcionarios de policía desempeñando puesto de superior categoría a la suya, así últimamente, respecto a otro funcionario destinado en la UFAM, sentencia 231/2026, de 9 de febrero, rec. 886/2023.

Por ello, partiendo que el remitido oficio por la Dirección General de la Policía a NUM000, aportando certificaciones procedentes de la Comisaría Provincial de Málaga, ratifica lo expuesto en la demanda sobre que la recurrente ha desempeñado el puesto de trabajo de Personal Inspector UFAM desde el 18 de mayo de 2020 y hasta el 15 de marzo de 2023, sin haber percibido las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo realmente desempeñado, en aplicación de los principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la Ley, no podemos sino aplicar a este supuesto idéntica solución estimatoria a la alcanzada en aquellos procedimientos, para lo cual reproducimos, a continuación, los razonamientos que nos condujeron a estimar tales recursos contencioso-administrativos.

El sistema retributivo de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se encuentra hoy regulado en el Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, sobre retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que derogó al anterior Real Decreto 311/1988, de 30 de marzo. Las retribuciones complementarias se componen de los complementos de destino, específico, de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios.

La cuantía del complemento de destino se establece de acuerdo con los niveles que se asignan en el anexo II a cada una de las categorías del Cuerpo Nacional de Policía (art. 4.A) de la citada norma reglamentaria). Particularmente el complemento específico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según el artículo 4.B) apartado a) del mencionado Real Decreto 950/2005, remunera el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y está integrado, según el apartado b) del citado artículo 4.B), por los siguientes componentes:

"1.º El componente general, que se percibe en función del correspondiente empleo o categoría que se tenga, y que se aplicará al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en los importes que, para cada empleo y categoría, se fijan en el anexo III.

2.º El componente singular, que está destinado a retribuir las condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones. (...)".

Pues bien, la Sala de Málaga tiene reiteradamente dicho, y así se refleja en distintas sentencias, que desde el momento en que un funcionario de policía desempeña funciones propias de una Categoría o Escala "superior" al de su pertenencia, le debe ser de aplicación el artículo 9 del Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre Normas Generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía, conforme al cual:

"Cuando, por no existir funcionarios integrantes de la Escala correspondiente, las necesidades del servicio debidamente justificadas así lo exijan, el personal del Cuerpo Nacional de Policía podrá ser adscrito transitoriamente al desempeño de funciones propias de la Escala inmediatamente superior a la que pertenezcan. En dicho supuesto se percibirán las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que se desempeñe. Los puestos correspondientes serán ofertados para su provisión normal y definitiva, en la primera convocatoria posterior que se realice, cesando la adscripción transitoria al proveerse los indicados puestos".

En consecuencia, hemos declarado el derecho de diversos funcionarios policiales recurrentes a percibir las retribuciones complementarias cuando han desempeñado de forma efectiva un puesto de trabajo asignado a una Categoría o Escala superior, lo que está en línea con lo resuelto por otros Tribunales Superiores de Justicia, siendo exponente de ello las sentencias de las Salas de Valencia de 21 de mayo de 2013 (rec. 171/2011), de la Sala de Sevilla de este mismo tribunal de 16 de noviembre de 2012 (rec. 622/2010), o la más reciente de la Sala de Madrid de 29 de noviembre de 2019 (rec. 137/2018), en cuyo fundamento jurídico tercero se hacen las siguientes afirmaciones que compartimos y reproducimos:

"(...), el devengo de las retribuciones complementarias reclamadas viene ligado al desempeño de determinadas funciones concretas y específicas, exista o no el concreto puesto de trabajo y se haya producido o no un nombramiento formal expreso y específico para cubrirlo de existir, ya que su realización "de facto", no sólo con expresa anuencia de la Administración sino como cometido propio encomendado por la misma, comporta el reconocimiento del derecho a su devengo pues así lo obliga el artículo 9 del Real Decreto 1484/1987 de constante cita (...)".

De otro lado, y con carácter más amplio que el ámbito estrictamente de los funcionarios policiales, jurisprudencia reiterada ha venido destacando que cuando se acredita que en determinado puesto se desarrollan idénticos cometidos, funciones y tareas, con el igual grado de responsabilidad que en otro, con independencia de que haya o no adscripción formal, los principios de igualdad, mérito y capacidad exigen reconocer el derecho a percibir las mismas retribuciones complementarias. Citamos en tal sentido las SSTS de 3 de octubre de 2001 (casación 633/1998), 22 de septiembre de 2003 (casación 140/1998), 8 de marzo de 2005 (casación 1066/2001), así como la más reciente sentencia nº 52/2018, de 18 de enero (casación 874/2017), en cuyo F.J. 4.º el Alto Tribunal declara:

"Nadie ha discutido en todo el litigio que, efectivamente, existe una jurisprudencia consolidada según la cual al funcionario que acredita la realización de las funciones de un puesto de trabajo distinto del suyo y con retribuciones complementarias superiores se le deben satisfacer los complementos de destino y específico del que efectivamente ha desempeñado. Esa jurisprudencia no ha considerado que el significado del nombramiento en el que se detiene el escrito de oposición impidiera dar igual trato retributivo a quien realice iguales cometidos. El mismo hecho de que se haya formado y mantenido pone de manifiesto una realidad de la Administración Pública: la existencia de supuestos en que funcionarios realizan cometidos de puestos que no son los suyos o que puestos de trabajo con el mismo contenido funcional tienen asignados complementos diferentes. Se trata, desde luego, cuando menos de una disfunción, pero es un fenómeno que se ha dado en la medida suficiente para que el Tribunal Supremo haya llegado a establecer esa doctrina.

Asimismo, debe destacarse que es una práctica imputable a la propia Administración, que es la que debe asegurar la correcta provisión de los puestos de trabajo necesarios para el cumplimiento de sus funciones y crear las condiciones en las que no exista la posibilidad o la necesidad de que funcionarios destinados en un determinado puesto realicen las tareas de otro.

No es irrelevante a los efectos del debate planteado la circunstancia de que el artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público no constituya un obstáculo (...). Sucede (...) que este precepto no establece un número tasado de supuestos en los que cabe retribuir complementariamente más allá de lo que corresponde a su puesto de trabajo a un funcionario. Al contrario, utiliza una cláusula abierta.

Dice así:

"Artículo 24. Retribuciones complementarias.

La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo".

Es significativo que diga "entre otros, a los siguientes factores" cuando el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública , no lo hacía y que bajo sus prescripciones se desarrollase la jurisprudencia que se ha seguido manteniendo y que, para la Sala de Madrid, ya no permitirían los preceptos de las leyes presupuestarias. Así, pues, el verdadero obstáculo lo ofrecerían únicamente estos últimos que repiten año tras año en el periodo relevante que las tareas concretas que realicen los funcionarios no pueden amparar su retribución diferente a la que corresponde al puesto para el que se les haya nombrado.

Contrastada esa prescripción con el principio de igualdad, concretado ahora en la afirmación de que a igual trabajo debe corresponder igual retribución,no parece representar el impedimento advertido por la Sala de Madrid. La realización de tareas concretas, se supone que de otro puesto mejor retribuido, no es el presupuesto a partir del que se ha formado la jurisprudencia de la que se viene hablando. El dato que ha considerado es, en realidad, el ejercicio material de otro puesto en su totalidad o en sus contenidos esenciales o sustantivos--es la identidad sustancial la relevante-- pero a eso no se refiere la norma presupuestaria porque tal desempeño es algo diferente a llevar a cabo tareas concretas. Así, pues, mientras que ningún reproche parece suscitar que un ejercicio puntual de funciones de otro puesto no comporte el derecho a percibir las retribuciones complementarias de este último, tal como dicen esos artículos, solución diferente ha de darse cuando del ejercicio continuado de las funciones esenciales de ese ulterior puesto se trata.Mientras que el primero no suscita dudas de que cae bajo las previsiones de los preceptos presupuestarios, el segundo caso, contemplado desde el prisma de la igualdad, conduce al reconocimiento del derecho del funcionario en cuestión a las retribuciones complementarias del puesto que ejerce verdaderamente con el consentimiento de la Administración" (la negrita es nuestra).

Por esa razón, en la sentencia n.º 605/2019, de 7 de mayo (casación n.º 1.780/2018) -y esto no sirve para dar respuesta a la objeción del abogado del Estado atinente al principio de legalidad presupuestaria-, dice el Tribunal Supremo lo siguiente:

"(...) ha de interpretarse el artículo 26. Uno D), párrafo segundo, de la Ley 17/2012 --y los artículos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado posteriores que lo han reproducido y relaciona el auto de admisión-- en el sentido de que no impide que los funcionarios que desempeñen la totalidad o las tareas esenciales de un puesto de trabajo distinto de aquél para el que fueron nombrados perciban las diferencias retributivas entre los complementos de destino y específico del puesto efectivamente desempeñado y los del suyo".

Esta doctrina jurisprudencial ha sido seguida por las posteriores sentencias del Alto Tribunal de 16 de julio de 2019 ( rec. 798/2017), de 4 de marzo de 2020 ( rec. 3.611/2017), de 15 de septiembre de 2020 ( rec. 1.290/2018), de 21 de octubre de 2020 ( rec. 7.114/2018) y la más reciente de 7 de junio de 2022 que reconoció el derecho al cobro de las diferencias retributivas dejadas de percibir entre las cantidades del componente general del complemento específico que había percibido el recurrente como Guardia Civil y las que debía haber percibido un teniente en función del puesto de trabajo realmente desempeñado (rec. 926/2021), entre otras.

Por otra parte las funciones propias de la Escala Básica en cuanto ahora interesan, están definidas en el art. 7 del R.D. 1484/1987, de 4 de diciembre, que corresponderán a cada Escala del Cuerpo Nacional de Policía, con carácter general, las responsabilidades siguientes:

"(...) Cuatro.-A la Escala Básica, la realización de las funciones de prevención, vigilancia, mantenimiento de la seguridad ciudadana en general y las actividades que se le encomienden en materia de investigación e información cuando preste servicios en Unidades de este carácter.

Cinco.-Al personal facultativo y técnico se le asignarán funciones de apoyo o de dirección o ejecución de actividades instrumentales especializadas.

Seis.-Asimismo, los funcionarios de las distintas Escalas del Cuerpo Nacional de Policía podrán ser adscritos temporalmente a funciones facultativas o técnicas, siempre que estuviesen en posesión del título requerido para desempeñarlas".

Como quedó antes anticipado remitido a esta Sala oficio por la Dirección General de la Policía a NUM000, aportando certificaciones procedentes de la Comisaría Provincial de Málaga, ratifica lo expuesto en la demanda sobre que la recurrente, inspectora investigadora, ha desempeñado el puesto de trabajo de Personal Inspector UFAM desde el 18 de mayo de 2020 y hasta el 15 de marzo de 2023, sin haber percibido las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo realmente desempeñado, por lo que el recurso debe ser estimado.

QUINTO.-En cuanto a la petición de cobro de intereses, en los ámbitos en los que nos movemos,- y como ha puesto de relieve nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia 16/1997, de 11 de Febrero, en la que se citan expresamente las Sentencias del propio órgano nº s. 206/1993 y 69/1996 -, es preciso diferenciar, con claridad, los intereses a que aluden, por un lado el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y, por otro, el artículo 1.100 del Código Civil. Los unos aluden al llamado interés procesal, los primeros, en tanto que los últimos tienen una naturaleza jurídica diferente en cuanto que su propia esencia les configura o dota con un carácter indemnizatorio, destinados a compensar la mora o retraso en efectuar un determinado pago, como complemento de una prestación de dar una cantidad de dinero.

Los intereses hoy reclamados son, precisamente, estos últimos, por lo que partiendo de la función indemnizatoria que los mismos tienden a cumplir, así lo ha destacado el Tribunal Constitucional en las Sentencias antes aludidas, debe recordarse que "la efectividad de la tutela judicial, garantizada constitucionalmente, exige ... que el ganador consiga el restablecimiento pleno de su derecho hasta la restitutio in integrum ...".

Es por ello, en definitiva, por lo que es de estimar la pretensión ejercitada por la parte actora en cuanto al particular analizado respecta toda vez que, como habremos de convenir, una denegación de la misma, o una limitación en cuanto al período de cómputo de los intereses de referencia, en modo alguno lograría la satisfacción plena del derecho del recurrente máxime si tenemos en cuenta que el mismo ha tenido que acudir al proceso, necesariamente dilatado, para lograr su efectivo reconocimiento, por lo que contrariaría la finalidad reseñada respecto a los intereses pretendidos el otorgamiento de cualquier período de carencia, que eventualmente pudiera justificarse en supuestas necesidades o intereses presupuestarios, pues esta conclusión produciría, como inversa consecuencia, el reconocer como justificado la existencia de unos perjuicios al recurrente, concretados en un período de tiempo en el que no se devengarían intereses, que no sólo quedarían sin resarcir sino que, lo más importante, no tiene el mismo por qué soportar.

No obstante, ceñida la petición al abono de intereses desde la fecha de la reclamación en vía administrativa, a este hito debe ceñirse el fallo.

Por tanto la Administración deberá abonar al recurrente, además del principal, los intereses legales desde la presentación de la reclamación administrativa el día 28 de abril de 2022 hasta su completo pago.

SEXTO.-La estimación del recurso implica la condena en costas a la parte recurrida conforme al art. 139.1 LRJCA , si bien, al amparo de lo establecido en el apartado 4 de dicho precepto, se limitan a la cantidad máxima de 1.500 euros, por todos los conceptos, más IVA si se devengara. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sección en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta.

PRIMERO.-Objeto del recurso presente es determinar si se ajustan a derecho la pretensión de la recurrente, denegada presuntamente por la Dirección General de la Policía, pedida el 13 de julio de 2023 en la que se solicitaba el abono de diferencias retributivas por el desempeño del puesto de trabajo de Personal Inspector en la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer, UFAM, en la comisaría provincial de Málaga, desde el 18 de mayo de 2020 hasta el 15 de marzo de 2023.

SEGUNDO.-La parte recurrente alega:

- Mi mandante presentó instancia ante la Dirección General de la Policía en reclamación de diferencias retributivas por el desempeño del puesto de trabajo de Personal Inspector UFAM desde el 18 de mayo de 2020 y hasta el 15 de marzo de 2023, en lugar de las retribuciones percibidas como Inspector Investigador.

Que la Dirección General de la Policía no ha dictado resolución administrativa.

- El complemento específico, conforme establecía el artículo 4 del Real Decreto 311/88, de 30 de marzo, está destinado a remunerar el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto y en la ley 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dicha normativa ha sido derogada por el Real Decreto 950/2005, de 29 de Julio, de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, modificado por los también Reales Decretos 359/2006, de 24 de marzo y 5/2007, de 12 de enero y ha establecido un nuevo marco retributivo homologado al sistema general que rige para la Función Pública en virtud de la ley 30/1984, de 2 de Agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, señalando tanto las retribuciones básicas, como las complementarias. Estas últimas compuestas por los conceptos de complemento de destino, complemento específico y complemento de productividad. El complemento específico está integrado por dos componentes: el general, en la cuantía que se señala en el Anexo de dicho Real Decreto, siendo distinto para cada categoría profesional y el singular, destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en los casos y cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Interministerial de Retribuciones. Dicha comisión, aprobó el actual catálogo de puestos de trabajo.

El componente singular que integra el complemento específico pretende retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo, en los casos y cuantías que, a propuesta del Ministerio de Interior se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas. Tal complemento específico se integra en el nuevo marco retributivo homologado al sistema general que rige para la función pública en virtud de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto y sustituye al anterior complemento de peligrosidad y penosidad especial, regulado en la orden ministerial de 23 de Octubre de 1984, dictada en desarrollo del Real Decreto 1781/1984, de 26 de Septiembre. Y si aquél complemento de peligrosidad exigía para su percepción ejercer el cometido de la especialidad previa orden de destino, y quedando excluido para su percibo el personal que no realizare misiones operativas, con independencia de las circunstancias de adscripción al puesto de trabajo, el complemento específico singular no impone para su devengo la adscripción definitiva del funcionario al puesto de trabajo reclasificado, según las normas que para su aplicación se contienen en el Real Decreto 950/2005, bastando el desempeño de las funciones correspondientes a ese puesto de trabajo, aunque se realicen en comisión de servicios o mediante nombramiento provisional, pues no altera el padecimiento de aquellas condiciones particulares de puesto de trabajo que retribuye el complemento específico el carácter que tenga el nombramiento del funcionario adscrito.

- Profundizando en la naturaleza jurídica del componente singular del complemento específico se comprueba que el mismo se configura como un concepto retributivo de carácter objetivo y singular íntimamente unido al puesto de trabajo, de manera tal, que para percibir las retribuciones inherentes a un puesto de trabajo determinado resulta imprescindible el desempeño de dicho puesto. Pues bien, el dicente, a pesar de haber desempeñado el puesto de trabajo indicado de Personal Inspector UFAM en las fechas indicadas en su solicitud inicial, no le han abonado las retribuciones correspondientes a dicho puesto de trabajo.

El artículo 9 del Real Decreto 1484/87, de 4 de Diciembre, prevé la posibilidad de que un funcionario pueda ser adscrito transitoriamente al desempeño de funciones propias de la Escala inmediata superior a la que pertenezca, cuando las necesidades del servicio así lo exijan , con el percibo de las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que se desempeñe, precepto que se limita a autorizar, por razones de servicio, el desempeño de las funciones correspondientes a la escala inmediata superior.

Acreditado el extremo de haber desempeñado el puesto de trabajo, tal y como se acredita con la documental que se adjunta, le corresponde percibir las retribuciones complementarias inherentes al referido puesto de trabajo.

- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 7ª ha tenido ocasión de pronunciarse en un asunto idéntico en la "Sentencia de 28 de septiembre de 2002. Recurso nº 2.015/99. Derecho al percibo del componente singular del complemento específico del puesto de trabajo desempeñado accidentalmente o en comisión de servicio, aunque no exista nombramiento definitivo."

En el fundamento de derecho tercero de esta sentencia el Tribunal afirma:

"TERCERO.- Por consiguiente, el complemento especifico se configura en nuestro derecho como un concepto retributivo de naturaleza objetiva, ajeno a todo matiz subjetivo derivado de la persona titular del puesto o que lo desempeña, y basado, por contra, en el propio desempeño de un concreto puesto de trabajo que lo tenga reconocido por presentar alguna de las características previstas por la norma por lo que parecería en principio acogible la postura de la parte demandada.

Así las cosas, si el puesto de personal operativo por el que la recurrente reclama el complemento presenta tales características, teniendo asignado su desempeño un complemento específico singular, y la hoy actora lo desempeñó, tal y corno sostiene, la obligación de su pago por parte de la Administración demandada sería evidente, incluso en el caso de que el desempeño del puesto en cuestión lo fuera de manera accidental, es decir sin propuesta de nombramiento, y ello porque para la percepción del complemento específico singular, el elemento decisivo para generar el derecho reclamado lo constituye la efectiva prestación de funciones correspondientes pero nunca, en nuestra opinión, la mera voluntad unilateral de la Administración en llevar a cabo un nombramiento definitivo pues, y en caso contrario, se podría dar lugar a un enriquecimiento injusto por parte de esta que se vería beneficiada por el desempeño, por parte de un funcionario concreto de un puesto de trabajo sin que, en contrapartida, ésta tuviera que abonar las retribuciones asignadas al mismo sino unas inferiores.

En base a la configuración descrita complemento retributivo que nos ocupa, y al principio de igualdad, esta Sección ha declarado en numerosas ocasiones que lo que determina el derecho a la percepción del complemento especifico asignado a un determinado puesto de trabajo es, no el nombramiento oficial para ocupar el mismo, sino el efectivo desempeño de un puesto de trabajo, incluso aunque no tuviera asignado el complemento, si se realizaban funciones o prestaban servicios idénticos a los desarrollados por funcionarios de otros puestos que sí le tuviera asignado. Por tanto, ha de concluirse forzosamente la extensión de ese derecho a los funcionarios que desempeñando un determinado puesto de trabajo, no definido con el complemento singular o que no lo tenga asignado, han desarrollado idénticas funciones que otros funcionarios destinados en la misma Brigada y Unidad que ocupaban puestos de trabajo que sí lo tenían expresamente asignado. Y frente a esta conclusión no cabe oponer la falta de nombramiento oficial en un puesto que no lo tiene asignado, ni que las dotaciones presupuestaras sólo permiten asignar el complemento específico singular a un número limitado de puestos de trabajo de entre todos los que existían en este caso, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, ni tampoco que el órgano competente para hacer la correspondiente asignación sólo hubiera intervenido para dotar algunos puestos de trabajo de entre todos los existentes y ello a pesar del tenor literal del párrafo tercero del nº 2 del artículo 4 II del Real Decreto 311/88 , porque el elemento decisivo para generar el derecho reclamado lo constituye la efectiva prestación de las funciones correspondientes a un puesto de trabajo cuando en él concurren determinadas condiciones particulares."

La propia Sala a la que me dirijo ha tenido ya oportunidad de pronunciarse en multitud de asuntos idénticos al aquí planteado, resolviendo de forma favorable a las pretensiones de los funcionarios.

TERCERO.-La parte recurrida opone:

- Negamos los aducidos por el actor en su escrito de demanda, en la medida en que no se correspondan con los consignados en el Expediente Administrativo ("EA") obrante en autos, ello a fin de evitar tu táctica admisión ex silentio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 405 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (" LEC"), aplicable supletoriamente por mor de la Disposición Final (" DF") 1ª LJCA. Igualmente se impugnan expresamente los documentos aportados con la demanda que no tengan carácter oficial por cuanto no consta su certeza ni corrección y no han podido ser examinados por la Administración actuante para pronunciarse sobre tales circunstancias.

- Ha de partirse del régimen jurídico que regula el marco retributivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así ha de acudirse al artículo l del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que señala tanto las retribuciones básicas, como las complementarias, éstas últimas compuestas por los conceptos de complemento de destino, complemento específico y complemento de productividad.

En cuanto al complemento de destino, el Artículo 4 relativo a las "Retribuciones complementarias", regula en el Apartado A el complemento de destino, ligando dicho complemento al nivel del puesto de trabajo que desempeñen, siendo que el recurrente percibía el complemento de destino que le correspondía por el puesto de trabajo y acorde con su categoría profesional de "oficial", tal y como consta en el Catálogo de Puestos de Trabajo del Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En contraposición con las funciones inherentes al puesto que afirma haber desempeñado, el de "Jefe de Equipo".

Por su parte, respecto al complemento específico señala el apartado B) lo siguiente:

"B) Complemento específico:

a)El complemento específico remunerará el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

b)El complemento específico estará integrado por los siguientes componentes:

1.º El componente general, que se percibe en función del correspondiente empleo o categoría que se tenga, y que se aplicará al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en los importes que, para cada empleo y categoría, se fijan en el anexo III.

2.º El componente singular, que está destinado a retribuir las condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones.

La percepción de dicho componente durante un período de tiempo no originará derecho a ella en destinos posteriores al que le da origen, sin perjuicio de lo que, en relación con los Oficiales Generales y Coroneles en situación de reserva, se prevé en el párrafo segundo del artículo 6.3 y en el párrafo tercero de la disposición adicional sexta".

Pues bien, lo anterior debe ponerse en relación con el Catálogo de Puestos de Trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se configura como el instrumento básico para la fijación de las retribuciones complementarias de cada puesto de trabajo, concretando el nivel y cuantía de los complementos de destino y específicos en función de las características particulares del puesto de trabajo son las relaciones de puestos de trabajo. En efecto, de acuerdo con lo especificado en el artículo 15 de la Ley 30/1984, las relaciones de puestos de trabajo incluirán para cada uno de ellos, entre otras circunstancias las retribuciones complementarias que tengan asignadas. Por su parte, el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que: "Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos".

Así las cosas, es doctrina jurisprudencial que los distintos puestos de trabajo puedan generar complementos diferentes, aunque sean desempeñados por funcionarios del mismo Cuerpo o Escala, así como que puestos de trabajo aparentemente similares o de parecidas características, puedan originar retribuciones distintas por las condiciones ínsitas en cada uno de ellos, por el volumen o complejidad del trabajo que se desempeña o por la responsabilidad en la gestión.

Corresponde a la Administración la concreta determinación de la cuantía del complemento específico en cada caso, derivada de la valoración de las circunstancias que han de ponderarse por imperativo legal (especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, penosidad, incompatibilidad o peligrosidad). Y sólo puede entenderse que la Administración ha vulnerado los preceptos que regulan la asignación del complemento específico cuando se acredita la existencia de una situación de total identidad entre personas afectadas por la norma que convierte en arbitrario e irrazonable un tratamiento retributivo diferenciado.

De lo anterior, hemos de concluir lo siguiente:

a)La parte actora trata de sustituir unilateralmente la potestad organizativa de la Administración, intentado mermar la potestad discrecional frente a la que no pueden esgrimirse con éxito más que los derechos que por consolidación hayan desembocado en la condición de adquiridos, ya que la persona que ingresa al servicio de la Administración Pública, se coloca en una situación jurídica objetiva y definida legal y reglamentariamente, y, por ello, modificable a través de los instrumentos normativos oportunos o de las relaciones de puestos de trabajo, según se ha dicho.

b)La estimación de la demanda vulneraría el principio de legalidad presupuestaria en materia de gasto público y de retribuciones en virtud del cual no pueden asignarse retribuciones que no se hallen previamente determinadas.

En este sentido hay que subrayar el carácter e importancia de las relaciones de puestos de trabajo y la sujeción, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias limitativas para el devengo de las retribuciones.

c)Aunque no desconocemos el cambio de criterio de la jurisprudencia en este punto, y en relación con el abono de diferencias retributivas, nos parece más ajustado a los principios de ordenación de la función pública que para que tenga lugar el abono de las retribuciones correspondientes a un puesto de nivel superior es preciso que el puesto esté vacante y haya habido un nombramiento específico, circunstancias que no concurren en el supuesto de autos. En efecto el recurrente pretenden cobrar por la vía de los hechos retribuciones correspondientes a una categoría a la que no han accedido por el procedimiento correspondiente, conculcando con ello los principios de mérito y capacidad.

d)Finalmente ha de indicarse que el actor tendría que acreditar para que, de rechazarse las anteriores alegaciones, pudiera estimarse la demanda, es que las funciones que realiza no corresponden a la descripción en el catálogo de la categoría profesional que ocupa y para la que ha sido nombrado, lo que entendemos no concurre en el caso de autos.

- Así pues, el criterio aplicable en orden al control jurisdiccional respecto de la potestad administrativa de asignación de retribuciones complementarias desde el punto de vista de la igualdad en la aplicación de la Ley "es el de la plena identidad de las circunstancias

concurrentes en los puestos de trabajo comparados" ( STS de 15 de Noviembre de 1.994). Más recientemente, la Sentencia de fecha 4 de octubre de 2018 dictada por el TSJ de Madrid, Sección Séptima, en el recurso 898/2016, afirma que en relación con el citado complemento "Esta atribución, esencialmente discrecional y derivada de las potestades de autoorganización que la Administración ostenta, no significa un apoderamiento totalmente libre e independiente, sino que está ligada a los conceptos legales que justifican las distinciones que pueda introducir, con independencia del Cuerpo de pertenencia del funcionario, ya que los dos complementos mencionados "están vinculados exclusivamente a la calidad y circunstancias del puesto de trabajo al que se les asigna".

En el ámbito funcionarial, específicamente, el Tribunal Constitucional indica que no puede confundirse la identidad aparente con la igualdad constitucional, al expresar en su sentencia 236/1994 que "la equiparación entre dos cuerpos o categorías de funcionarios a efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución española no puede fundarse exclusivamente en la identidad de titulación requerida para el ingreso en los mismos, en la similitud de su denominación o de las funciones que corresponda desempeñar a sus integrantes o en circunstancias de hecho semejantes". Y es que, en palabras de la sentencia del T.C. 106/1994 , "como es doctrina reiterada de este tribunal, el principio de igualdad en la ley o en la aplicación de la ley es vulnerado cuando se produce un trato desigual, carente de justificación objetiva y razonable por parte del poder público al que aquélla se impute. La sola enunciación del contenido de este principio pone de manifiesto la necesidad de que quien alegue la infracción del artículo 14 C.E ., en cuanto consagra el derecho a la igualdad, aporte para fundar su alegación un término de comparación válido, del que se desprenda con claridad la desigualdad denunciada, porque la infracción de un derecho a la igualdad no puede valorarse aisladamente. Como derecho relacional, su infracción requiere inexcusablemente como presupuesto la existencia de una diferencia de trato entre situaciones substancialmente iguales, cuya razonabilidad (sic.) o no deberá valorarse con posterioridad. Y esta diferencia de trato es, por lo tanto, un extremo que debe ser adecuadamente puesto de manifiesto por el interesado".

Siguiendo la misma línea argumental, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Diciembre de 1994, tras proclamar que los datos a tener en cuenta para la fijación de un complemento retributivo integran conceptos jurídicos indeterminados que, aun teniendo naturaleza reglada, permiten un amplio margen de apreciación a la Administración, distingue dos momentos en relación a tal concepto retributivo: a) actuaciones que preceden y tienden a la determinación del complemento en cuestión, en las que la Administración ha de atender exclusivamente al contenido del puesto según los parámetros objetivos que han servido para definirlo, para aplicarle los criterios de valoración que haya adoptado a efectos retributivos; y b) actuaciones de comprobación, fijado ya el complemento, que puede realizar la propia Administración, o de control, a desarrollar por los Tribunales de Justicia, para determinar si la asignación del complemento ha sido o no legalmente procedente, tarea en la que resulta plenamente admisible comparar el contenido de varios puestos para comprobar si el complemento asignado a los mismos es o no coherente con aquel contenido previamente fijado. Así pues, el criterio aplicable en orden al control Jurisdiccional respecto de la potestad administrativa de asignación de retribuciones complementarias desde el punto de vista de la igualdad en la aplicación de la Ley "es el de la plena identidad de las circunstancias concurrentes en los puestos de trabajo comparados" ( STS de 15 de Noviembre de 1994 )".

En idéntico sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, de fecha 14 de octubre de 2019 (recurso ordinario 629/2017).

También queremos traer a colación la STS de 18 de enero de 2018, en el sentido de exigir que en estos casos en que se reclaman diferencias retributivas por el supuesto desempeño de un puesto de trabajo de superior categoría al que efectivamente se tiene asignado la estimación de tal pretensión exige "el ejercicio continuado de las funciones esenciales de ese ulterior puesto".

Entendemos que en el caso de autos no concurre la exigida identidad de funciones y en cualquier caso no se ha probado el ejercicio continuado y habitual de un puesto de superior categoría. A nuestro juicio, los documentos que aporta el recurrente no acreditan en modo alguno dicho extremo, más allá de probar la realización ocasional de otras tareas.

Por lo que se refiere al complemento de productividad, hemos de recordar que no es un componente retributivo vinculado al puesto de trabajo que se desempeñe, habitual o accidentalmente, sino que está orientado a retribuir el especial rendimiento, la actividad y la dedicación extraordinarias y el interés e iniciativa mostrado por el funcionario en el desempeño del puesto de trabajo, por lo que el derecho a percibirlo no depende del ejercicio de algunas de las funciones correspondientes a un puesto de trabajo distinto del que se tiene asignado.

- En consideración a la afirmación del desempeño de las funciones desde mayo de 2020 hasta la actualidad, hemos de considerar prescritas las cantidades que solicita con más de cuatro años de antigüedad por aplicación del art. 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria ("LGP"), oponiendo la correspondiente excepción material a tales efectos.

En lo demás, se dan por reproducidos los fundamentos de la resolución recurrida.

CUARTO.-Esta Sala ha dictado numerosas sentencias sobre el complemento en cuestión reclamados por funcionarios de policía desempeñando puesto de superior categoría a la suya, así últimamente, respecto a otro funcionario destinado en la UFAM, sentencia 231/2026, de 9 de febrero, rec. 886/2023.

Por ello, partiendo que el remitido oficio por la Dirección General de la Policía a NUM000, aportando certificaciones procedentes de la Comisaría Provincial de Málaga, ratifica lo expuesto en la demanda sobre que la recurrente ha desempeñado el puesto de trabajo de Personal Inspector UFAM desde el 18 de mayo de 2020 y hasta el 15 de marzo de 2023, sin haber percibido las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo realmente desempeñado, en aplicación de los principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la Ley, no podemos sino aplicar a este supuesto idéntica solución estimatoria a la alcanzada en aquellos procedimientos, para lo cual reproducimos, a continuación, los razonamientos que nos condujeron a estimar tales recursos contencioso-administrativos.

El sistema retributivo de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se encuentra hoy regulado en el Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, sobre retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que derogó al anterior Real Decreto 311/1988, de 30 de marzo. Las retribuciones complementarias se componen de los complementos de destino, específico, de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios.

La cuantía del complemento de destino se establece de acuerdo con los niveles que se asignan en el anexo II a cada una de las categorías del Cuerpo Nacional de Policía (art. 4.A) de la citada norma reglamentaria). Particularmente el complemento específico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según el artículo 4.B) apartado a) del mencionado Real Decreto 950/2005, remunera el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y está integrado, según el apartado b) del citado artículo 4.B), por los siguientes componentes:

"1.º El componente general, que se percibe en función del correspondiente empleo o categoría que se tenga, y que se aplicará al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en los importes que, para cada empleo y categoría, se fijan en el anexo III.

2.º El componente singular, que está destinado a retribuir las condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones. (...)".

Pues bien, la Sala de Málaga tiene reiteradamente dicho, y así se refleja en distintas sentencias, que desde el momento en que un funcionario de policía desempeña funciones propias de una Categoría o Escala "superior" al de su pertenencia, le debe ser de aplicación el artículo 9 del Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre Normas Generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía, conforme al cual:

"Cuando, por no existir funcionarios integrantes de la Escala correspondiente, las necesidades del servicio debidamente justificadas así lo exijan, el personal del Cuerpo Nacional de Policía podrá ser adscrito transitoriamente al desempeño de funciones propias de la Escala inmediatamente superior a la que pertenezcan. En dicho supuesto se percibirán las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que se desempeñe. Los puestos correspondientes serán ofertados para su provisión normal y definitiva, en la primera convocatoria posterior que se realice, cesando la adscripción transitoria al proveerse los indicados puestos".

En consecuencia, hemos declarado el derecho de diversos funcionarios policiales recurrentes a percibir las retribuciones complementarias cuando han desempeñado de forma efectiva un puesto de trabajo asignado a una Categoría o Escala superior, lo que está en línea con lo resuelto por otros Tribunales Superiores de Justicia, siendo exponente de ello las sentencias de las Salas de Valencia de 21 de mayo de 2013 (rec. 171/2011), de la Sala de Sevilla de este mismo tribunal de 16 de noviembre de 2012 (rec. 622/2010), o la más reciente de la Sala de Madrid de 29 de noviembre de 2019 (rec. 137/2018), en cuyo fundamento jurídico tercero se hacen las siguientes afirmaciones que compartimos y reproducimos:

"(...), el devengo de las retribuciones complementarias reclamadas viene ligado al desempeño de determinadas funciones concretas y específicas, exista o no el concreto puesto de trabajo y se haya producido o no un nombramiento formal expreso y específico para cubrirlo de existir, ya que su realización "de facto", no sólo con expresa anuencia de la Administración sino como cometido propio encomendado por la misma, comporta el reconocimiento del derecho a su devengo pues así lo obliga el artículo 9 del Real Decreto 1484/1987 de constante cita (...)".

De otro lado, y con carácter más amplio que el ámbito estrictamente de los funcionarios policiales, jurisprudencia reiterada ha venido destacando que cuando se acredita que en determinado puesto se desarrollan idénticos cometidos, funciones y tareas, con el igual grado de responsabilidad que en otro, con independencia de que haya o no adscripción formal, los principios de igualdad, mérito y capacidad exigen reconocer el derecho a percibir las mismas retribuciones complementarias. Citamos en tal sentido las SSTS de 3 de octubre de 2001 (casación 633/1998), 22 de septiembre de 2003 (casación 140/1998), 8 de marzo de 2005 (casación 1066/2001), así como la más reciente sentencia nº 52/2018, de 18 de enero (casación 874/2017), en cuyo F.J. 4.º el Alto Tribunal declara:

"Nadie ha discutido en todo el litigio que, efectivamente, existe una jurisprudencia consolidada según la cual al funcionario que acredita la realización de las funciones de un puesto de trabajo distinto del suyo y con retribuciones complementarias superiores se le deben satisfacer los complementos de destino y específico del que efectivamente ha desempeñado. Esa jurisprudencia no ha considerado que el significado del nombramiento en el que se detiene el escrito de oposición impidiera dar igual trato retributivo a quien realice iguales cometidos. El mismo hecho de que se haya formado y mantenido pone de manifiesto una realidad de la Administración Pública: la existencia de supuestos en que funcionarios realizan cometidos de puestos que no son los suyos o que puestos de trabajo con el mismo contenido funcional tienen asignados complementos diferentes. Se trata, desde luego, cuando menos de una disfunción, pero es un fenómeno que se ha dado en la medida suficiente para que el Tribunal Supremo haya llegado a establecer esa doctrina.

Asimismo, debe destacarse que es una práctica imputable a la propia Administración, que es la que debe asegurar la correcta provisión de los puestos de trabajo necesarios para el cumplimiento de sus funciones y crear las condiciones en las que no exista la posibilidad o la necesidad de que funcionarios destinados en un determinado puesto realicen las tareas de otro.

No es irrelevante a los efectos del debate planteado la circunstancia de que el artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público no constituya un obstáculo (...). Sucede (...) que este precepto no establece un número tasado de supuestos en los que cabe retribuir complementariamente más allá de lo que corresponde a su puesto de trabajo a un funcionario. Al contrario, utiliza una cláusula abierta.

Dice así:

"Artículo 24. Retribuciones complementarias.

La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo".

Es significativo que diga "entre otros, a los siguientes factores" cuando el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública , no lo hacía y que bajo sus prescripciones se desarrollase la jurisprudencia que se ha seguido manteniendo y que, para la Sala de Madrid, ya no permitirían los preceptos de las leyes presupuestarias. Así, pues, el verdadero obstáculo lo ofrecerían únicamente estos últimos que repiten año tras año en el periodo relevante que las tareas concretas que realicen los funcionarios no pueden amparar su retribución diferente a la que corresponde al puesto para el que se les haya nombrado.

Contrastada esa prescripción con el principio de igualdad, concretado ahora en la afirmación de que a igual trabajo debe corresponder igual retribución,no parece representar el impedimento advertido por la Sala de Madrid. La realización de tareas concretas, se supone que de otro puesto mejor retribuido, no es el presupuesto a partir del que se ha formado la jurisprudencia de la que se viene hablando. El dato que ha considerado es, en realidad, el ejercicio material de otro puesto en su totalidad o en sus contenidos esenciales o sustantivos--es la identidad sustancial la relevante-- pero a eso no se refiere la norma presupuestaria porque tal desempeño es algo diferente a llevar a cabo tareas concretas. Así, pues, mientras que ningún reproche parece suscitar que un ejercicio puntual de funciones de otro puesto no comporte el derecho a percibir las retribuciones complementarias de este último, tal como dicen esos artículos, solución diferente ha de darse cuando del ejercicio continuado de las funciones esenciales de ese ulterior puesto se trata.Mientras que el primero no suscita dudas de que cae bajo las previsiones de los preceptos presupuestarios, el segundo caso, contemplado desde el prisma de la igualdad, conduce al reconocimiento del derecho del funcionario en cuestión a las retribuciones complementarias del puesto que ejerce verdaderamente con el consentimiento de la Administración" (la negrita es nuestra).

Por esa razón, en la sentencia n.º 605/2019, de 7 de mayo (casación n.º 1.780/2018) -y esto no sirve para dar respuesta a la objeción del abogado del Estado atinente al principio de legalidad presupuestaria-, dice el Tribunal Supremo lo siguiente:

"(...) ha de interpretarse el artículo 26. Uno D), párrafo segundo, de la Ley 17/2012 --y los artículos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado posteriores que lo han reproducido y relaciona el auto de admisión-- en el sentido de que no impide que los funcionarios que desempeñen la totalidad o las tareas esenciales de un puesto de trabajo distinto de aquél para el que fueron nombrados perciban las diferencias retributivas entre los complementos de destino y específico del puesto efectivamente desempeñado y los del suyo".

Esta doctrina jurisprudencial ha sido seguida por las posteriores sentencias del Alto Tribunal de 16 de julio de 2019 ( rec. 798/2017), de 4 de marzo de 2020 ( rec. 3.611/2017), de 15 de septiembre de 2020 ( rec. 1.290/2018), de 21 de octubre de 2020 ( rec. 7.114/2018) y la más reciente de 7 de junio de 2022 que reconoció el derecho al cobro de las diferencias retributivas dejadas de percibir entre las cantidades del componente general del complemento específico que había percibido el recurrente como Guardia Civil y las que debía haber percibido un teniente en función del puesto de trabajo realmente desempeñado (rec. 926/2021), entre otras.

Por otra parte las funciones propias de la Escala Básica en cuanto ahora interesan, están definidas en el art. 7 del R.D. 1484/1987, de 4 de diciembre, que corresponderán a cada Escala del Cuerpo Nacional de Policía, con carácter general, las responsabilidades siguientes:

"(...) Cuatro.-A la Escala Básica, la realización de las funciones de prevención, vigilancia, mantenimiento de la seguridad ciudadana en general y las actividades que se le encomienden en materia de investigación e información cuando preste servicios en Unidades de este carácter.

Cinco.-Al personal facultativo y técnico se le asignarán funciones de apoyo o de dirección o ejecución de actividades instrumentales especializadas.

Seis.-Asimismo, los funcionarios de las distintas Escalas del Cuerpo Nacional de Policía podrán ser adscritos temporalmente a funciones facultativas o técnicas, siempre que estuviesen en posesión del título requerido para desempeñarlas".

Como quedó antes anticipado remitido a esta Sala oficio por la Dirección General de la Policía a NUM000, aportando certificaciones procedentes de la Comisaría Provincial de Málaga, ratifica lo expuesto en la demanda sobre que la recurrente, inspectora investigadora, ha desempeñado el puesto de trabajo de Personal Inspector UFAM desde el 18 de mayo de 2020 y hasta el 15 de marzo de 2023, sin haber percibido las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo realmente desempeñado, por lo que el recurso debe ser estimado.

QUINTO.-En cuanto a la petición de cobro de intereses, en los ámbitos en los que nos movemos,- y como ha puesto de relieve nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia 16/1997, de 11 de Febrero, en la que se citan expresamente las Sentencias del propio órgano nº s. 206/1993 y 69/1996 -, es preciso diferenciar, con claridad, los intereses a que aluden, por un lado el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y, por otro, el artículo 1.100 del Código Civil. Los unos aluden al llamado interés procesal, los primeros, en tanto que los últimos tienen una naturaleza jurídica diferente en cuanto que su propia esencia les configura o dota con un carácter indemnizatorio, destinados a compensar la mora o retraso en efectuar un determinado pago, como complemento de una prestación de dar una cantidad de dinero.

Los intereses hoy reclamados son, precisamente, estos últimos, por lo que partiendo de la función indemnizatoria que los mismos tienden a cumplir, así lo ha destacado el Tribunal Constitucional en las Sentencias antes aludidas, debe recordarse que "la efectividad de la tutela judicial, garantizada constitucionalmente, exige ... que el ganador consiga el restablecimiento pleno de su derecho hasta la restitutio in integrum ...".

Es por ello, en definitiva, por lo que es de estimar la pretensión ejercitada por la parte actora en cuanto al particular analizado respecta toda vez que, como habremos de convenir, una denegación de la misma, o una limitación en cuanto al período de cómputo de los intereses de referencia, en modo alguno lograría la satisfacción plena del derecho del recurrente máxime si tenemos en cuenta que el mismo ha tenido que acudir al proceso, necesariamente dilatado, para lograr su efectivo reconocimiento, por lo que contrariaría la finalidad reseñada respecto a los intereses pretendidos el otorgamiento de cualquier período de carencia, que eventualmente pudiera justificarse en supuestas necesidades o intereses presupuestarios, pues esta conclusión produciría, como inversa consecuencia, el reconocer como justificado la existencia de unos perjuicios al recurrente, concretados en un período de tiempo en el que no se devengarían intereses, que no sólo quedarían sin resarcir sino que, lo más importante, no tiene el mismo por qué soportar.

No obstante, ceñida la petición al abono de intereses desde la fecha de la reclamación en vía administrativa, a este hito debe ceñirse el fallo.

Por tanto la Administración deberá abonar al recurrente, además del principal, los intereses legales desde la presentación de la reclamación administrativa el día 28 de abril de 2022 hasta su completo pago.

SEXTO.-La estimación del recurso implica la condena en costas a la parte recurrida conforme al art. 139.1 LRJCA , si bien, al amparo de lo establecido en el apartado 4 de dicho precepto, se limitan a la cantidad máxima de 1.500 euros, por todos los conceptos, más IVA si se devengara. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sección en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta.

PRIMERO.-Objeto del recurso presente es determinar si se ajustan a derecho la pretensión de la recurrente, denegada presuntamente por la Dirección General de la Policía, pedida el 13 de julio de 2023 en la que se solicitaba el abono de diferencias retributivas por el desempeño del puesto de trabajo de Personal Inspector en la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer, UFAM, en la comisaría provincial de Málaga, desde el 18 de mayo de 2020 hasta el 15 de marzo de 2023.

SEGUNDO.-La parte recurrente alega:

- Mi mandante presentó instancia ante la Dirección General de la Policía en reclamación de diferencias retributivas por el desempeño del puesto de trabajo de Personal Inspector UFAM desde el 18 de mayo de 2020 y hasta el 15 de marzo de 2023, en lugar de las retribuciones percibidas como Inspector Investigador.

Que la Dirección General de la Policía no ha dictado resolución administrativa.

- El complemento específico, conforme establecía el artículo 4 del Real Decreto 311/88, de 30 de marzo, está destinado a remunerar el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto y en la ley 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dicha normativa ha sido derogada por el Real Decreto 950/2005, de 29 de Julio, de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, modificado por los también Reales Decretos 359/2006, de 24 de marzo y 5/2007, de 12 de enero y ha establecido un nuevo marco retributivo homologado al sistema general que rige para la Función Pública en virtud de la ley 30/1984, de 2 de Agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública, señalando tanto las retribuciones básicas, como las complementarias. Estas últimas compuestas por los conceptos de complemento de destino, complemento específico y complemento de productividad. El complemento específico está integrado por dos componentes: el general, en la cuantía que se señala en el Anexo de dicho Real Decreto, siendo distinto para cada categoría profesional y el singular, destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en los casos y cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Interministerial de Retribuciones. Dicha comisión, aprobó el actual catálogo de puestos de trabajo.

El componente singular que integra el complemento específico pretende retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo, en los casos y cuantías que, a propuesta del Ministerio de Interior se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y para las Administraciones Públicas. Tal complemento específico se integra en el nuevo marco retributivo homologado al sistema general que rige para la función pública en virtud de la Ley 30/1984, de 2 de Agosto y sustituye al anterior complemento de peligrosidad y penosidad especial, regulado en la orden ministerial de 23 de Octubre de 1984, dictada en desarrollo del Real Decreto 1781/1984, de 26 de Septiembre. Y si aquél complemento de peligrosidad exigía para su percepción ejercer el cometido de la especialidad previa orden de destino, y quedando excluido para su percibo el personal que no realizare misiones operativas, con independencia de las circunstancias de adscripción al puesto de trabajo, el complemento específico singular no impone para su devengo la adscripción definitiva del funcionario al puesto de trabajo reclasificado, según las normas que para su aplicación se contienen en el Real Decreto 950/2005, bastando el desempeño de las funciones correspondientes a ese puesto de trabajo, aunque se realicen en comisión de servicios o mediante nombramiento provisional, pues no altera el padecimiento de aquellas condiciones particulares de puesto de trabajo que retribuye el complemento específico el carácter que tenga el nombramiento del funcionario adscrito.

- Profundizando en la naturaleza jurídica del componente singular del complemento específico se comprueba que el mismo se configura como un concepto retributivo de carácter objetivo y singular íntimamente unido al puesto de trabajo, de manera tal, que para percibir las retribuciones inherentes a un puesto de trabajo determinado resulta imprescindible el desempeño de dicho puesto. Pues bien, el dicente, a pesar de haber desempeñado el puesto de trabajo indicado de Personal Inspector UFAM en las fechas indicadas en su solicitud inicial, no le han abonado las retribuciones correspondientes a dicho puesto de trabajo.

El artículo 9 del Real Decreto 1484/87, de 4 de Diciembre, prevé la posibilidad de que un funcionario pueda ser adscrito transitoriamente al desempeño de funciones propias de la Escala inmediata superior a la que pertenezca, cuando las necesidades del servicio así lo exijan , con el percibo de las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que se desempeñe, precepto que se limita a autorizar, por razones de servicio, el desempeño de las funciones correspondientes a la escala inmediata superior.

Acreditado el extremo de haber desempeñado el puesto de trabajo, tal y como se acredita con la documental que se adjunta, le corresponde percibir las retribuciones complementarias inherentes al referido puesto de trabajo.

- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 7ª ha tenido ocasión de pronunciarse en un asunto idéntico en la "Sentencia de 28 de septiembre de 2002. Recurso nº 2.015/99. Derecho al percibo del componente singular del complemento específico del puesto de trabajo desempeñado accidentalmente o en comisión de servicio, aunque no exista nombramiento definitivo."

En el fundamento de derecho tercero de esta sentencia el Tribunal afirma:

"TERCERO.- Por consiguiente, el complemento especifico se configura en nuestro derecho como un concepto retributivo de naturaleza objetiva, ajeno a todo matiz subjetivo derivado de la persona titular del puesto o que lo desempeña, y basado, por contra, en el propio desempeño de un concreto puesto de trabajo que lo tenga reconocido por presentar alguna de las características previstas por la norma por lo que parecería en principio acogible la postura de la parte demandada.

Así las cosas, si el puesto de personal operativo por el que la recurrente reclama el complemento presenta tales características, teniendo asignado su desempeño un complemento específico singular, y la hoy actora lo desempeñó, tal y corno sostiene, la obligación de su pago por parte de la Administración demandada sería evidente, incluso en el caso de que el desempeño del puesto en cuestión lo fuera de manera accidental, es decir sin propuesta de nombramiento, y ello porque para la percepción del complemento específico singular, el elemento decisivo para generar el derecho reclamado lo constituye la efectiva prestación de funciones correspondientes pero nunca, en nuestra opinión, la mera voluntad unilateral de la Administración en llevar a cabo un nombramiento definitivo pues, y en caso contrario, se podría dar lugar a un enriquecimiento injusto por parte de esta que se vería beneficiada por el desempeño, por parte de un funcionario concreto de un puesto de trabajo sin que, en contrapartida, ésta tuviera que abonar las retribuciones asignadas al mismo sino unas inferiores.

En base a la configuración descrita complemento retributivo que nos ocupa, y al principio de igualdad, esta Sección ha declarado en numerosas ocasiones que lo que determina el derecho a la percepción del complemento especifico asignado a un determinado puesto de trabajo es, no el nombramiento oficial para ocupar el mismo, sino el efectivo desempeño de un puesto de trabajo, incluso aunque no tuviera asignado el complemento, si se realizaban funciones o prestaban servicios idénticos a los desarrollados por funcionarios de otros puestos que sí le tuviera asignado. Por tanto, ha de concluirse forzosamente la extensión de ese derecho a los funcionarios que desempeñando un determinado puesto de trabajo, no definido con el complemento singular o que no lo tenga asignado, han desarrollado idénticas funciones que otros funcionarios destinados en la misma Brigada y Unidad que ocupaban puestos de trabajo que sí lo tenían expresamente asignado. Y frente a esta conclusión no cabe oponer la falta de nombramiento oficial en un puesto que no lo tiene asignado, ni que las dotaciones presupuestaras sólo permiten asignar el complemento específico singular a un número limitado de puestos de trabajo de entre todos los que existían en este caso, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, ni tampoco que el órgano competente para hacer la correspondiente asignación sólo hubiera intervenido para dotar algunos puestos de trabajo de entre todos los existentes y ello a pesar del tenor literal del párrafo tercero del nº 2 del artículo 4 II del Real Decreto 311/88 , porque el elemento decisivo para generar el derecho reclamado lo constituye la efectiva prestación de las funciones correspondientes a un puesto de trabajo cuando en él concurren determinadas condiciones particulares."

La propia Sala a la que me dirijo ha tenido ya oportunidad de pronunciarse en multitud de asuntos idénticos al aquí planteado, resolviendo de forma favorable a las pretensiones de los funcionarios.

TERCERO.-La parte recurrida opone:

- Negamos los aducidos por el actor en su escrito de demanda, en la medida en que no se correspondan con los consignados en el Expediente Administrativo ("EA") obrante en autos, ello a fin de evitar tu táctica admisión ex silentio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 405 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (" LEC"), aplicable supletoriamente por mor de la Disposición Final (" DF") 1ª LJCA. Igualmente se impugnan expresamente los documentos aportados con la demanda que no tengan carácter oficial por cuanto no consta su certeza ni corrección y no han podido ser examinados por la Administración actuante para pronunciarse sobre tales circunstancias.

- Ha de partirse del régimen jurídico que regula el marco retributivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así ha de acudirse al artículo l del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de Retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que señala tanto las retribuciones básicas, como las complementarias, éstas últimas compuestas por los conceptos de complemento de destino, complemento específico y complemento de productividad.

En cuanto al complemento de destino, el Artículo 4 relativo a las "Retribuciones complementarias", regula en el Apartado A el complemento de destino, ligando dicho complemento al nivel del puesto de trabajo que desempeñen, siendo que el recurrente percibía el complemento de destino que le correspondía por el puesto de trabajo y acorde con su categoría profesional de "oficial", tal y como consta en el Catálogo de Puestos de Trabajo del Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En contraposición con las funciones inherentes al puesto que afirma haber desempeñado, el de "Jefe de Equipo".

Por su parte, respecto al complemento específico señala el apartado B) lo siguiente:

"B) Complemento específico:

a)El complemento específico remunerará el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

b)El complemento específico estará integrado por los siguientes componentes:

1.º El componente general, que se percibe en función del correspondiente empleo o categoría que se tenga, y que se aplicará al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en los importes que, para cada empleo y categoría, se fijan en el anexo III.

2.º El componente singular, que está destinado a retribuir las condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones.

La percepción de dicho componente durante un período de tiempo no originará derecho a ella en destinos posteriores al que le da origen, sin perjuicio de lo que, en relación con los Oficiales Generales y Coroneles en situación de reserva, se prevé en el párrafo segundo del artículo 6.3 y en el párrafo tercero de la disposición adicional sexta".

Pues bien, lo anterior debe ponerse en relación con el Catálogo de Puestos de Trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se configura como el instrumento básico para la fijación de las retribuciones complementarias de cada puesto de trabajo, concretando el nivel y cuantía de los complementos de destino y específicos en función de las características particulares del puesto de trabajo son las relaciones de puestos de trabajo. En efecto, de acuerdo con lo especificado en el artículo 15 de la Ley 30/1984, las relaciones de puestos de trabajo incluirán para cada uno de ellos, entre otras circunstancias las retribuciones complementarias que tengan asignadas. Por su parte, el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que: "Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos".

Así las cosas, es doctrina jurisprudencial que los distintos puestos de trabajo puedan generar complementos diferentes, aunque sean desempeñados por funcionarios del mismo Cuerpo o Escala, así como que puestos de trabajo aparentemente similares o de parecidas características, puedan originar retribuciones distintas por las condiciones ínsitas en cada uno de ellos, por el volumen o complejidad del trabajo que se desempeña o por la responsabilidad en la gestión.

Corresponde a la Administración la concreta determinación de la cuantía del complemento específico en cada caso, derivada de la valoración de las circunstancias que han de ponderarse por imperativo legal (especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, penosidad, incompatibilidad o peligrosidad). Y sólo puede entenderse que la Administración ha vulnerado los preceptos que regulan la asignación del complemento específico cuando se acredita la existencia de una situación de total identidad entre personas afectadas por la norma que convierte en arbitrario e irrazonable un tratamiento retributivo diferenciado.

De lo anterior, hemos de concluir lo siguiente:

a)La parte actora trata de sustituir unilateralmente la potestad organizativa de la Administración, intentado mermar la potestad discrecional frente a la que no pueden esgrimirse con éxito más que los derechos que por consolidación hayan desembocado en la condición de adquiridos, ya que la persona que ingresa al servicio de la Administración Pública, se coloca en una situación jurídica objetiva y definida legal y reglamentariamente, y, por ello, modificable a través de los instrumentos normativos oportunos o de las relaciones de puestos de trabajo, según se ha dicho.

b)La estimación de la demanda vulneraría el principio de legalidad presupuestaria en materia de gasto público y de retribuciones en virtud del cual no pueden asignarse retribuciones que no se hallen previamente determinadas.

En este sentido hay que subrayar el carácter e importancia de las relaciones de puestos de trabajo y la sujeción, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias limitativas para el devengo de las retribuciones.

c)Aunque no desconocemos el cambio de criterio de la jurisprudencia en este punto, y en relación con el abono de diferencias retributivas, nos parece más ajustado a los principios de ordenación de la función pública que para que tenga lugar el abono de las retribuciones correspondientes a un puesto de nivel superior es preciso que el puesto esté vacante y haya habido un nombramiento específico, circunstancias que no concurren en el supuesto de autos. En efecto el recurrente pretenden cobrar por la vía de los hechos retribuciones correspondientes a una categoría a la que no han accedido por el procedimiento correspondiente, conculcando con ello los principios de mérito y capacidad.

d)Finalmente ha de indicarse que el actor tendría que acreditar para que, de rechazarse las anteriores alegaciones, pudiera estimarse la demanda, es que las funciones que realiza no corresponden a la descripción en el catálogo de la categoría profesional que ocupa y para la que ha sido nombrado, lo que entendemos no concurre en el caso de autos.

- Así pues, el criterio aplicable en orden al control jurisdiccional respecto de la potestad administrativa de asignación de retribuciones complementarias desde el punto de vista de la igualdad en la aplicación de la Ley "es el de la plena identidad de las circunstancias

concurrentes en los puestos de trabajo comparados" ( STS de 15 de Noviembre de 1.994). Más recientemente, la Sentencia de fecha 4 de octubre de 2018 dictada por el TSJ de Madrid, Sección Séptima, en el recurso 898/2016, afirma que en relación con el citado complemento "Esta atribución, esencialmente discrecional y derivada de las potestades de autoorganización que la Administración ostenta, no significa un apoderamiento totalmente libre e independiente, sino que está ligada a los conceptos legales que justifican las distinciones que pueda introducir, con independencia del Cuerpo de pertenencia del funcionario, ya que los dos complementos mencionados "están vinculados exclusivamente a la calidad y circunstancias del puesto de trabajo al que se les asigna".

En el ámbito funcionarial, específicamente, el Tribunal Constitucional indica que no puede confundirse la identidad aparente con la igualdad constitucional, al expresar en su sentencia 236/1994 que "la equiparación entre dos cuerpos o categorías de funcionarios a efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución española no puede fundarse exclusivamente en la identidad de titulación requerida para el ingreso en los mismos, en la similitud de su denominación o de las funciones que corresponda desempeñar a sus integrantes o en circunstancias de hecho semejantes". Y es que, en palabras de la sentencia del T.C. 106/1994 , "como es doctrina reiterada de este tribunal, el principio de igualdad en la ley o en la aplicación de la ley es vulnerado cuando se produce un trato desigual, carente de justificación objetiva y razonable por parte del poder público al que aquélla se impute. La sola enunciación del contenido de este principio pone de manifiesto la necesidad de que quien alegue la infracción del artículo 14 C.E ., en cuanto consagra el derecho a la igualdad, aporte para fundar su alegación un término de comparación válido, del que se desprenda con claridad la desigualdad denunciada, porque la infracción de un derecho a la igualdad no puede valorarse aisladamente. Como derecho relacional, su infracción requiere inexcusablemente como presupuesto la existencia de una diferencia de trato entre situaciones substancialmente iguales, cuya razonabilidad (sic.) o no deberá valorarse con posterioridad. Y esta diferencia de trato es, por lo tanto, un extremo que debe ser adecuadamente puesto de manifiesto por el interesado".

Siguiendo la misma línea argumental, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Diciembre de 1994, tras proclamar que los datos a tener en cuenta para la fijación de un complemento retributivo integran conceptos jurídicos indeterminados que, aun teniendo naturaleza reglada, permiten un amplio margen de apreciación a la Administración, distingue dos momentos en relación a tal concepto retributivo: a) actuaciones que preceden y tienden a la determinación del complemento en cuestión, en las que la Administración ha de atender exclusivamente al contenido del puesto según los parámetros objetivos que han servido para definirlo, para aplicarle los criterios de valoración que haya adoptado a efectos retributivos; y b) actuaciones de comprobación, fijado ya el complemento, que puede realizar la propia Administración, o de control, a desarrollar por los Tribunales de Justicia, para determinar si la asignación del complemento ha sido o no legalmente procedente, tarea en la que resulta plenamente admisible comparar el contenido de varios puestos para comprobar si el complemento asignado a los mismos es o no coherente con aquel contenido previamente fijado. Así pues, el criterio aplicable en orden al control Jurisdiccional respecto de la potestad administrativa de asignación de retribuciones complementarias desde el punto de vista de la igualdad en la aplicación de la Ley "es el de la plena identidad de las circunstancias concurrentes en los puestos de trabajo comparados" ( STS de 15 de Noviembre de 1994 )".

En idéntico sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, de fecha 14 de octubre de 2019 (recurso ordinario 629/2017).

También queremos traer a colación la STS de 18 de enero de 2018, en el sentido de exigir que en estos casos en que se reclaman diferencias retributivas por el supuesto desempeño de un puesto de trabajo de superior categoría al que efectivamente se tiene asignado la estimación de tal pretensión exige "el ejercicio continuado de las funciones esenciales de ese ulterior puesto".

Entendemos que en el caso de autos no concurre la exigida identidad de funciones y en cualquier caso no se ha probado el ejercicio continuado y habitual de un puesto de superior categoría. A nuestro juicio, los documentos que aporta el recurrente no acreditan en modo alguno dicho extremo, más allá de probar la realización ocasional de otras tareas.

Por lo que se refiere al complemento de productividad, hemos de recordar que no es un componente retributivo vinculado al puesto de trabajo que se desempeñe, habitual o accidentalmente, sino que está orientado a retribuir el especial rendimiento, la actividad y la dedicación extraordinarias y el interés e iniciativa mostrado por el funcionario en el desempeño del puesto de trabajo, por lo que el derecho a percibirlo no depende del ejercicio de algunas de las funciones correspondientes a un puesto de trabajo distinto del que se tiene asignado.

- En consideración a la afirmación del desempeño de las funciones desde mayo de 2020 hasta la actualidad, hemos de considerar prescritas las cantidades que solicita con más de cuatro años de antigüedad por aplicación del art. 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria ("LGP"), oponiendo la correspondiente excepción material a tales efectos.

En lo demás, se dan por reproducidos los fundamentos de la resolución recurrida.

CUARTO.-Esta Sala ha dictado numerosas sentencias sobre el complemento en cuestión reclamados por funcionarios de policía desempeñando puesto de superior categoría a la suya, así últimamente, respecto a otro funcionario destinado en la UFAM, sentencia 231/2026, de 9 de febrero, rec. 886/2023.

Por ello, partiendo que el remitido oficio por la Dirección General de la Policía a NUM000, aportando certificaciones procedentes de la Comisaría Provincial de Málaga, ratifica lo expuesto en la demanda sobre que la recurrente ha desempeñado el puesto de trabajo de Personal Inspector UFAM desde el 18 de mayo de 2020 y hasta el 15 de marzo de 2023, sin haber percibido las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo realmente desempeñado, en aplicación de los principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la Ley, no podemos sino aplicar a este supuesto idéntica solución estimatoria a la alcanzada en aquellos procedimientos, para lo cual reproducimos, a continuación, los razonamientos que nos condujeron a estimar tales recursos contencioso-administrativos.

El sistema retributivo de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía se encuentra hoy regulado en el Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, sobre retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que derogó al anterior Real Decreto 311/1988, de 30 de marzo. Las retribuciones complementarias se componen de los complementos de destino, específico, de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios.

La cuantía del complemento de destino se establece de acuerdo con los niveles que se asignan en el anexo II a cada una de las categorías del Cuerpo Nacional de Policía (art. 4.A) de la citada norma reglamentaria). Particularmente el complemento específico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según el artículo 4.B) apartado a) del mencionado Real Decreto 950/2005, remunera el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial, de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y está integrado, según el apartado b) del citado artículo 4.B), por los siguientes componentes:

"1.º El componente general, que se percibe en función del correspondiente empleo o categoría que se tenga, y que se aplicará al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en los importes que, para cada empleo y categoría, se fijan en el anexo III.

2.º El componente singular, que está destinado a retribuir las condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones. (...)".

Pues bien, la Sala de Málaga tiene reiteradamente dicho, y así se refleja en distintas sentencias, que desde el momento en que un funcionario de policía desempeña funciones propias de una Categoría o Escala "superior" al de su pertenencia, le debe ser de aplicación el artículo 9 del Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre, sobre Normas Generales relativas a escalas, categorías, personal facultativo y técnico, uniformes, distintivos y armamento del Cuerpo Nacional de Policía, conforme al cual:

"Cuando, por no existir funcionarios integrantes de la Escala correspondiente, las necesidades del servicio debidamente justificadas así lo exijan, el personal del Cuerpo Nacional de Policía podrá ser adscrito transitoriamente al desempeño de funciones propias de la Escala inmediatamente superior a la que pertenezcan. En dicho supuesto se percibirán las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que se desempeñe. Los puestos correspondientes serán ofertados para su provisión normal y definitiva, en la primera convocatoria posterior que se realice, cesando la adscripción transitoria al proveerse los indicados puestos".

En consecuencia, hemos declarado el derecho de diversos funcionarios policiales recurrentes a percibir las retribuciones complementarias cuando han desempeñado de forma efectiva un puesto de trabajo asignado a una Categoría o Escala superior, lo que está en línea con lo resuelto por otros Tribunales Superiores de Justicia, siendo exponente de ello las sentencias de las Salas de Valencia de 21 de mayo de 2013 (rec. 171/2011), de la Sala de Sevilla de este mismo tribunal de 16 de noviembre de 2012 (rec. 622/2010), o la más reciente de la Sala de Madrid de 29 de noviembre de 2019 (rec. 137/2018), en cuyo fundamento jurídico tercero se hacen las siguientes afirmaciones que compartimos y reproducimos:

"(...), el devengo de las retribuciones complementarias reclamadas viene ligado al desempeño de determinadas funciones concretas y específicas, exista o no el concreto puesto de trabajo y se haya producido o no un nombramiento formal expreso y específico para cubrirlo de existir, ya que su realización "de facto", no sólo con expresa anuencia de la Administración sino como cometido propio encomendado por la misma, comporta el reconocimiento del derecho a su devengo pues así lo obliga el artículo 9 del Real Decreto 1484/1987 de constante cita (...)".

De otro lado, y con carácter más amplio que el ámbito estrictamente de los funcionarios policiales, jurisprudencia reiterada ha venido destacando que cuando se acredita que en determinado puesto se desarrollan idénticos cometidos, funciones y tareas, con el igual grado de responsabilidad que en otro, con independencia de que haya o no adscripción formal, los principios de igualdad, mérito y capacidad exigen reconocer el derecho a percibir las mismas retribuciones complementarias. Citamos en tal sentido las SSTS de 3 de octubre de 2001 (casación 633/1998), 22 de septiembre de 2003 (casación 140/1998), 8 de marzo de 2005 (casación 1066/2001), así como la más reciente sentencia nº 52/2018, de 18 de enero (casación 874/2017), en cuyo F.J. 4.º el Alto Tribunal declara:

"Nadie ha discutido en todo el litigio que, efectivamente, existe una jurisprudencia consolidada según la cual al funcionario que acredita la realización de las funciones de un puesto de trabajo distinto del suyo y con retribuciones complementarias superiores se le deben satisfacer los complementos de destino y específico del que efectivamente ha desempeñado. Esa jurisprudencia no ha considerado que el significado del nombramiento en el que se detiene el escrito de oposición impidiera dar igual trato retributivo a quien realice iguales cometidos. El mismo hecho de que se haya formado y mantenido pone de manifiesto una realidad de la Administración Pública: la existencia de supuestos en que funcionarios realizan cometidos de puestos que no son los suyos o que puestos de trabajo con el mismo contenido funcional tienen asignados complementos diferentes. Se trata, desde luego, cuando menos de una disfunción, pero es un fenómeno que se ha dado en la medida suficiente para que el Tribunal Supremo haya llegado a establecer esa doctrina.

Asimismo, debe destacarse que es una práctica imputable a la propia Administración, que es la que debe asegurar la correcta provisión de los puestos de trabajo necesarios para el cumplimiento de sus funciones y crear las condiciones en las que no exista la posibilidad o la necesidad de que funcionarios destinados en un determinado puesto realicen las tareas de otro.

No es irrelevante a los efectos del debate planteado la circunstancia de que el artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público no constituya un obstáculo (...). Sucede (...) que este precepto no establece un número tasado de supuestos en los que cabe retribuir complementariamente más allá de lo que corresponde a su puesto de trabajo a un funcionario. Al contrario, utiliza una cláusula abierta.

Dice así:

"Artículo 24. Retribuciones complementarias.

La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa.

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo".

Es significativo que diga "entre otros, a los siguientes factores" cuando el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública , no lo hacía y que bajo sus prescripciones se desarrollase la jurisprudencia que se ha seguido manteniendo y que, para la Sala de Madrid, ya no permitirían los preceptos de las leyes presupuestarias. Así, pues, el verdadero obstáculo lo ofrecerían únicamente estos últimos que repiten año tras año en el periodo relevante que las tareas concretas que realicen los funcionarios no pueden amparar su retribución diferente a la que corresponde al puesto para el que se les haya nombrado.

Contrastada esa prescripción con el principio de igualdad, concretado ahora en la afirmación de que a igual trabajo debe corresponder igual retribución,no parece representar el impedimento advertido por la Sala de Madrid. La realización de tareas concretas, se supone que de otro puesto mejor retribuido, no es el presupuesto a partir del que se ha formado la jurisprudencia de la que se viene hablando. El dato que ha considerado es, en realidad, el ejercicio material de otro puesto en su totalidad o en sus contenidos esenciales o sustantivos--es la identidad sustancial la relevante-- pero a eso no se refiere la norma presupuestaria porque tal desempeño es algo diferente a llevar a cabo tareas concretas. Así, pues, mientras que ningún reproche parece suscitar que un ejercicio puntual de funciones de otro puesto no comporte el derecho a percibir las retribuciones complementarias de este último, tal como dicen esos artículos, solución diferente ha de darse cuando del ejercicio continuado de las funciones esenciales de ese ulterior puesto se trata.Mientras que el primero no suscita dudas de que cae bajo las previsiones de los preceptos presupuestarios, el segundo caso, contemplado desde el prisma de la igualdad, conduce al reconocimiento del derecho del funcionario en cuestión a las retribuciones complementarias del puesto que ejerce verdaderamente con el consentimiento de la Administración" (la negrita es nuestra).

Por esa razón, en la sentencia n.º 605/2019, de 7 de mayo (casación n.º 1.780/2018) -y esto no sirve para dar respuesta a la objeción del abogado del Estado atinente al principio de legalidad presupuestaria-, dice el Tribunal Supremo lo siguiente:

"(...) ha de interpretarse el artículo 26. Uno D), párrafo segundo, de la Ley 17/2012 --y los artículos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado posteriores que lo han reproducido y relaciona el auto de admisión-- en el sentido de que no impide que los funcionarios que desempeñen la totalidad o las tareas esenciales de un puesto de trabajo distinto de aquél para el que fueron nombrados perciban las diferencias retributivas entre los complementos de destino y específico del puesto efectivamente desempeñado y los del suyo".

Esta doctrina jurisprudencial ha sido seguida por las posteriores sentencias del Alto Tribunal de 16 de julio de 2019 ( rec. 798/2017), de 4 de marzo de 2020 ( rec. 3.611/2017), de 15 de septiembre de 2020 ( rec. 1.290/2018), de 21 de octubre de 2020 ( rec. 7.114/2018) y la más reciente de 7 de junio de 2022 que reconoció el derecho al cobro de las diferencias retributivas dejadas de percibir entre las cantidades del componente general del complemento específico que había percibido el recurrente como Guardia Civil y las que debía haber percibido un teniente en función del puesto de trabajo realmente desempeñado (rec. 926/2021), entre otras.

Por otra parte las funciones propias de la Escala Básica en cuanto ahora interesan, están definidas en el art. 7 del R.D. 1484/1987, de 4 de diciembre, que corresponderán a cada Escala del Cuerpo Nacional de Policía, con carácter general, las responsabilidades siguientes:

"(...) Cuatro.-A la Escala Básica, la realización de las funciones de prevención, vigilancia, mantenimiento de la seguridad ciudadana en general y las actividades que se le encomienden en materia de investigación e información cuando preste servicios en Unidades de este carácter.

Cinco.-Al personal facultativo y técnico se le asignarán funciones de apoyo o de dirección o ejecución de actividades instrumentales especializadas.

Seis.-Asimismo, los funcionarios de las distintas Escalas del Cuerpo Nacional de Policía podrán ser adscritos temporalmente a funciones facultativas o técnicas, siempre que estuviesen en posesión del título requerido para desempeñarlas".

Como quedó antes anticipado remitido a esta Sala oficio por la Dirección General de la Policía a NUM000, aportando certificaciones procedentes de la Comisaría Provincial de Málaga, ratifica lo expuesto en la demanda sobre que la recurrente, inspectora investigadora, ha desempeñado el puesto de trabajo de Personal Inspector UFAM desde el 18 de mayo de 2020 y hasta el 15 de marzo de 2023, sin haber percibido las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo realmente desempeñado, por lo que el recurso debe ser estimado.

QUINTO.-En cuanto a la petición de cobro de intereses, en los ámbitos en los que nos movemos,- y como ha puesto de relieve nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia 16/1997, de 11 de Febrero, en la que se citan expresamente las Sentencias del propio órgano nº s. 206/1993 y 69/1996 -, es preciso diferenciar, con claridad, los intereses a que aluden, por un lado el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y, por otro, el artículo 1.100 del Código Civil. Los unos aluden al llamado interés procesal, los primeros, en tanto que los últimos tienen una naturaleza jurídica diferente en cuanto que su propia esencia les configura o dota con un carácter indemnizatorio, destinados a compensar la mora o retraso en efectuar un determinado pago, como complemento de una prestación de dar una cantidad de dinero.

Los intereses hoy reclamados son, precisamente, estos últimos, por lo que partiendo de la función indemnizatoria que los mismos tienden a cumplir, así lo ha destacado el Tribunal Constitucional en las Sentencias antes aludidas, debe recordarse que "la efectividad de la tutela judicial, garantizada constitucionalmente, exige ... que el ganador consiga el restablecimiento pleno de su derecho hasta la restitutio in integrum ...".

Es por ello, en definitiva, por lo que es de estimar la pretensión ejercitada por la parte actora en cuanto al particular analizado respecta toda vez que, como habremos de convenir, una denegación de la misma, o una limitación en cuanto al período de cómputo de los intereses de referencia, en modo alguno lograría la satisfacción plena del derecho del recurrente máxime si tenemos en cuenta que el mismo ha tenido que acudir al proceso, necesariamente dilatado, para lograr su efectivo reconocimiento, por lo que contrariaría la finalidad reseñada respecto a los intereses pretendidos el otorgamiento de cualquier período de carencia, que eventualmente pudiera justificarse en supuestas necesidades o intereses presupuestarios, pues esta conclusión produciría, como inversa consecuencia, el reconocer como justificado la existencia de unos perjuicios al recurrente, concretados en un período de tiempo en el que no se devengarían intereses, que no sólo quedarían sin resarcir sino que, lo más importante, no tiene el mismo por qué soportar.

No obstante, ceñida la petición al abono de intereses desde la fecha de la reclamación en vía administrativa, a este hito debe ceñirse el fallo.

Por tanto la Administración deberá abonar al recurrente, además del principal, los intereses legales desde la presentación de la reclamación administrativa el día 28 de abril de 2022 hasta su completo pago.

SEXTO.-La estimación del recurso implica la condena en costas a la parte recurrida conforme al art. 139.1 LRJCA , si bien, al amparo de lo establecido en el apartado 4 de dicho precepto, se limitan a la cantidad máxima de 1.500 euros, por todos los conceptos, más IVA si se devengara. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sección en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta.