Sentencia Contencioso-Administrativo 4425/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 2882/2022 de 05 de diciembre del 2025

PRIMERO.- Objeto del recurso contencioso-administrativo.

Es la resolución de fecha 14 de noviembre de 2018 dictada por el director del Servei Catalá de la Salut por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente por la que solicita una indemnización de 140.135 euros por los daños y perjuicios derivados de la intervención quirúrgica de esofagocardiotomía realizada el 30 de septiembre de 2014 en el Hospital Comarcal Mora de Ebro.

La demanda relata que el paciente fue intervenido en el Hospital Comarcal de Móra d'Ebre por acalasia esofágica, procediéndose a realizar una esofagocardiotomia de Heller con implantación de válvula antirreflujo tipo Dor. La intervención se inició por vía laparoscópica pero debió reconvertirse a cirugía abierta al producirse una pequeña apertura de la mucosa esofágica que fue suturada. El postoperatorio inmediato transcurrió sin incidencias, pero el 5 de octubre de 2014, cinco días después de la intervención, el paciente presentó fuerte dolor epigástrico, disnea y derrame pleural bilateral. Se detectó contenido purulento en el drenaje de Penrose y tras realizar un TAC que revelaba signos de hemoperitoneo y ante la sospecha de fístula esofágica, fue trasladado de urgencia al Hospital de Tortosa y posteriormente al Hospital de Bellvitge.

En el Hospital de Bellvitge, tras dos TACs con contraste que confirmaron la perforación esofágica y ante un sangrado profuso con hematemesis y salida de aproximadamente un litro de sangre por drenaje en dos horas, el paciente fue reintervenido de urgencia el 9 de octubre de 2014. La intervención consistió en esplenectomía por sangrado periesplénicos, exteriorizació del esófago cervical mediante cervicotomía izquierda, stripping esofágico completo, cierre del cardias con endogia y confección de yeyunostomía tipo Witzel para alimentación enteral. La evolución posterior fue tórpida, con múltiples ingresos hospitalarios alternando entre el Hospital de Móra d'Ebre, el área sociosanitaria de larga estancia y el Hospital de Bellvitge, acumulando casi un año de hospitalización. Durante este periodo el paciente presentó absceso de cervicostomía, infecciones respiratorias por MRSA y pseudomonas, desnutrición severa y caquexia. Finalmente, el 30 de julio de 2015, se le practicó gastroplastia para reconstruir el tránsito digestivo, siendo dado de alta definitiva el 17 de septiembre de 2015.

SEGUNDO.- Resolución apelada. Alegaciones de las partes.

La parte recurrente interpuso demanda alegando que hubo un consentimiento informado viciado e inexistente. Alega que siendo pakistaní y hablando únicamente su lengua materna (urdu o punjabi), apenas balbuceaba castellano y no entendía ni hablaba catalán. Que la historia clínica del hospital contiene múltiples anotaciones que documentan de manera reiterada esta importante barrera idiomática. El demandante reprocha que el Hospital de Móra d'Ebre no utilizó en ningún momento el servicio de traducción instantánea a 100 idiomas del 061 CatSalut Respon, disponible para profesionales sanitarios precisamente para estos casos.

La demanda cuestiona que el documento de consentimiento informado es un formulario genérico no personalizado (modelo C112M/23112010), sin ninguna referencia personal al paciente concreto. Por todo ello, sostiene que el consentimiento prestado carece de validez al no cumplir los requisitos legales de la Ley 21/2000 del Parlament de Catalunya sobre derechos de información concernientes a la salud y la autonomía del paciente, ni los del Colegio de Médicos de Barcelona ni las recomendaciones del Comité de Bioética de Cataluña.

El segundo motivo de impugnación se refiere al deficiente funcionamiento del Hospital de Móra d'Ebre. El demandante considera que existe relación causal directa e inmediata entre el daño sufrido y el funcionamiento anormal del servicio público sanitario, concretándose en la falta de diligencia en la atención a un paciente inmigrante con graves dificultades idiomáticas.

El demandante cuantifica los daños sufridos en 140.135 euros, de los cuales 95.135 euros corresponden a daños físicos y secuelas (incluyendo reconocimiento de discapacidad del 65% desde diciembre de 2014), y 45.000 euros por daños morales y lucro cesante, al haber quedado sin poder trabajar y sin recibir prestación alguna tras denegársele la incapacidad permanente por no reunir el periodo mínimo de cotización.

Por la parte demandada, el Servei Català de la Salut, en su escrito de contestación a la demanda se opuso alegando la no concurrencia de los requisitos que se exigían en la responsabilidad patrimonial, la inexistencia de nexo causal entre el daño reclamado y el funcionamiento de la Administración sanitaria, la no imputación de responsabilidad al SCS como consecuencia de la actividad de los profesionales sanitarios a su servicio o por el defectuoso funcionamiento de sus medios e instalaciones, y por pluspetición.

Alega que la asistencia sanitaria prestada fue adecuada y conforme a la lex artis ad hoc en todo momento. Que la perforación esofágica ocurrida durante la miotomía es una complicación reconocida en la literatura científica como riesgo inherente a este tipo de intervenciones, y que una vez detectada fue tratada de forma diligente mediante la reconversión a cirugía abierta con sutura en dos capas. Las complicaciones posteriores que motivaron la reintervención urgente en Bellvitge son también complicaciones descritas como posibles en casos de fístula esofágica, sin que pueda atribuirse responsabilidad al hospital.

Respecto al consentimiento informado, la Administración demandada sostiene que el documento firmado el 23 de julio de 2014 es totalmente válido y suficiente. Que consta que el paciente comprendió su contenido y valoró su decisión antes de firmar. El anexo al consentimiento contiene descripción detallada del procedimiento, beneficios, alternativas terapéuticas, riesgos generales y específicos de la intervención, y menciona expresamente dentro de los riesgos poco frecuentes pero graves la perforación de víscera o lesiones de órganos vecinos, advirtiendo que estas complicaciones pueden requerir reintervención de urgencia e incluso excepcionalmente la muerte. El documento cumple los requisitos del artículo 6.2 de la Ley 21/2000 y del artículo 8 de la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente. En cuanto a la alegación sobre barrera idiomática, el CatSalut responde que el paciente se venía tratando en el mismo hospital desde 2013 por hepatitis C tratada con interferón y ribavirina, y nunca consta en la historia clínica que requiriera atención en otro idioma distinto del castellano o catalán.

El Hospital Comarcal de Mora d'Ebre también contestó a la demanda oponiéndose a las pretensiones del actor. Aportó dictamen pericial del Dr. Luis Pablo, médico especialista en Cirugía General y Digestiva y Jefe de Departamento del Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, que tras analizar la historia clínica y los informes médicos concluye de manera categórica que no existió mala praxis. El perito explica que el paciente presentaba acalasia, afección congénita que consiste en falta de relajación de la musculatura entre el esófago y la parte alta del estómago, siendo lógico aconsejar tratamiento quirúrgico mediante miotomía y válvula antirreflujo. Añade que pocos meses antes el paciente había sido tratado de hepatitis C con buen resultado, lo que evidencia que había tenido contacto previo con el sistema sanitario. La intervención se inició correctamente por vía laparoscópica, pero al encontrarse una mucosa con signos inflamatorios, al realizar la miotomía se produjo una perforación de aproximadamente un centímetro. En cuanto al consentimiento informado, el hospital sostiene que el documento firmado el 23 de julio de 2014 es totalmente suficiente y válido. El anexo modelo C112M/23112010 contiene descripción del procedimiento quirúrgico, sus beneficios, alternativas terapéuticas, riesgos generales y específicos, mencionando expresamente los riesgos poco frecuentes pero graves como perforación de víscera, lesiones de órganos vecinos, y advirtiendo que pueden requerir reintervención de urgencia y excepcionalmente la muerte.

La sentencia apelada estimó procedente desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la parte actora. La magistrada considera que el consentimiento informado firmado por el paciente el 23 de julio de 2014 fue válido y suficiente. Razona que el documento contiene la descripción del procedimiento quirúrgico, las alternativas (mantenimiento del tratamiento médico indefinido o cirugía abierta), y los riesgos generales y específicos de la intervención. Expresamente se advierte como riesgo poco frecuente y grave la perforación de vísceras -que efectivamente ocurrió-, y que estas complicaciones pueden requerir reintervención de urgencia e incluso causar la muerte.

Se apoya en el testimonio judicial de la Dra. Herminia, cirujana que realizó las visitas preoperatorias y firmó el consentimiento informado. Declaró que el 22 de julio de 2014 explicó personalmente al paciente en qué consistía la intervención y sus riesgos, que el paciente lo entendió y manifestó su consentimiento, y que posteriormente firmó voluntariamente el documento. La doctora reconoció que en la historia clínica consta dificultad idiomática, pero aclaró que esto no supone incomprensión del idioma sino mayor esfuerzo de comunicación, y que en este caso el paciente entendió perfectamente las explicaciones. Añadió que de no haberlas comprendido se habría utilizado el servicio de traducción.

El tribunal considera acreditado que el paciente estaba informado del riesgo que efectivamente se produjo y de las alternativas a la intervención quirúrgica, constando todo ello en el anexo CI12M/23112010 del consentimiento informado. Señala que el recurrente no aportó prueba alguna que acreditara lo contrario, por lo que no concurren los requisitos para apreciar responsabilidad patrimonial de la Administración.

SEGUNDO.- Recurso de apelación.

La parte demandante-apelante interpone ahora recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia basándose, en síntesis, en diversos motivos que podemos sintetizar de la siguiente forma:

1) Error de hecho en la valoración de la prueba,sosteniendo que, aunque la magistrada cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que el consentimiento informado no puede convertirse en trámite rutinario ni burocrático y debe ir más allá de formularios estereotipados, la sentencia hace precisamente lo contrario al validar un modelo genérico no personalizado. El apelante destaca que la propia Comissió Jurídica Assessora reconoció expresamente que en el documento de consentimiento informado no se indicaban los riesgos de la operación, pero inexplicablemente la sentencia concluye que sí hubo información sobre los riesgos.

El recurso insiste en que no se informó al paciente de alternativas terapéuticas existentes, específicamente la dilatación endoscópica con globo-sonda, contradiciendo lo que establece el modelo de consentimiento que solo menciona mantener el tratamiento médico indefinido. Que el propio informe de valoración del CatSalut reconoce esta alternativa terapéutica, y que tanto el perito de parte como el de la Administración lo corroboraron. Además, la testifical de la Dra. Herminia, quien firma el consentimiento, confirma que no explicó al Sr. Porfirio que existían otras alternativas a la quirúrgica. El apelante reprocha que la sentencia no valora estas pruebas claras y contundentes, haciendo una valoración carente de lógica que conduce a conclusión errónea.

2) Falta de motivación e incongruencia omisiva de la sentencia.Señala que la magistrada identifica en el fundamento jurídico primero todas las pretensiones planteadas, incluyendo el consentimiento viciado por barreras idiomáticas del recurrente pakistaní que solo entiende su lengua materna sin que se utilizara servicio de traducción, pero luego despacha todas estas pretensiones en apenas una página con un escueto "sin que por el recurrente se haya aportado prueba alguna que acredite lo contrario".

El apelante considera que esto vulnera el artículo 33.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el derecho a tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, al no responder a lo planteado en la demanda. Critica especialmente que la sentencia no analiza las pruebas documentales que constan en la historia clínica sobre el desconocimiento total del idioma por parte del Sr. Porfirio.

La parte demandada-apelada, Servei Català de la Salut solicita la desestimación íntegra del recurso de apelación, argumentando, en esencia, que no concurre ninguno de los vicios denunciados, siendo la sentencia ajustada a Derecho. Solicita la desestimación completa del recurso de apelación y confirmación de la sentencia de primera instancia, con imposición de costas procesales a la apelante.

La codemandada Hospital Comarcal de Móra d'Ebre presentó oposición alegando que procedería la desestimación del recurso simplemente porque el apelante reproduce íntegramente los mismos argumentos y razonamientos jurídicos que se contienen en la demanda inicial que ya fueron objeto de desestimación expresa y obtuvieron respuesta clara, exhaustiva y fundamentada en la sentencia de instancia. Reitera que quedó acreditada la existencia de consentimiento informado válido que contiene los riesgos generales y específicos incluyendo la perforación de vísceras que efectivamente ocurrió, y que el Dr. Luis Pablo corroboró que tanto el tratamiento quirúrgico como su indicación fueron correctos y adecuados. Destaca el testimonio de la Dra. Herminia que explicó previamente al paciente en qué consistía la intervención y sus riesgos, que el paciente lo entendió, y que la dificultad idiomática no supone incomprensión del idioma sino mayor esfuerzo de comunicación. Concluye que no hay indicios de mala praxis y que la ausencia de mala praxis excluye eventual falta o deficiencia en el consentimiento informado.

TERCERO.- Del pretendido error en la valoración de la prueba.

Se alega en primer lugar error en la valoración de la prueba sobre el consentimiento informado porque la sentencia concluye que sí hubo información sobre los riesgos, en contra de la tesis sostenida por el apelante.

El recurso de apelación permite discutir la valoración que de la prueba practicada hizo el juzgador de instancia. Sin embargo, la facultad revisora por el Tribunal "ad quem" de la prueba realizada por el juzgado de instancia debe ejercitarse con ponderación, en tanto que fue aquel órgano quien las realizó con inmediación y por tanto dispone de una percepción directa de aquellas, percepción inmediata de la que carece la Sala de Apelación, salvo de la prueba documental. En este caso el tribunal "ad quem" puede entrar a valorar la práctica de las diligencias de prueba practicadas defectuosamente, entendiendo por infracción aquella que afecta a la regulación específica de las mismas, fácilmente constatable, así como de aquellas diligencias de prueba cuya valoración sea notoriamente errónea; esto es cuya valoración se revele como equivocada sin esfuerzo.

La valoración probatoria de la Juez "a quo" se transcribe a continuación:

"En este caso, existe la hoja de consentimiento informado firmada por el recurrente, la cual no ha sido cuestionada, en la que se indica reconoce haber sido informado "mitjançant la documentació CI12M/23112010 que se m'ha lliurat adjunta a aquest document; l'he comprès i he tingut el temps suficient per valorar la meva decisió". El anexo CI12M/23112010, aportado por el Hospital Mora de Ebro, a instancia de la actora, contiene la descripción del procedimiento a realizar, contiene las alternativas, indicando en este apartado "L'alternativa a la intervenció quirúrgica consisteix en mantenir el tractament mèdic actual de forma indefinida, però en el seu cas el tractament proposat és el més eficaç. El procediment pot realitzar-se amb cirurgia oberta". Constan además en el anexo los riesgos generales y específicos de la intervención, entre los que se indica como riesgo poco frecuente y grave la prerforación de visceras que es lo que en este caso aconteció, tal y como se indica en el informe del Dr. Luis Pablo y este explicó en el acto de la vista, indicandose asimismo que estas complicaciones pueden requerir de reintervenció, generalmente de urgencia, y excepcionalmente causar la muerte. Se ha practicado además como prueba la testifical de la Dra. Herminia, cirujana del Hospital Mora de Ebro que realizó las visitas preoperatorias y que consta como firmante del consentimiento informado, que manifestó en sede judicial que previamente a librar la hoja de consentimiento informado, en concreto el 22 de julio de 2014, explico al paciente en qué consistía la intervención así como los riesgos de la misma, que el paciente lo entendió y manifestó su consentimiento a la intervención, librando con posterioridad la hoja de consentimiento informado que el paciente se llevó y devolvió firmado unos días después. La doctora Herminia manifestó que si bien es cierto que en la historia clínica del paciente consta que tiene dificultad idiomática, ello no supone una incomprensión del idioma, sino un mayor esfuerzo de comunicación, y que en este caso el paciente entendió lo que le explicó y manifestó su consentimiento, manifestando que en caso de no haber entendido las explicaciones se hubiera hecho uso del servicio de traducción."

El núcleo de la controversia se centra en determinar si el consentimiento informado prestado por el Sr. Porfirio el 23 de julio de 2014 cumplió los requisitos legales y jurisprudenciales exigibles, o si por el contrario adolece de vicios invalidantes por razón de las barreras idiomáticas del paciente y deficiencias en su contenido. La sentencia concluye que el consentimiento fue correcto, a diferencia del apelante.

La normativa aplicable viene constituida por el artículo 6 de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, del Parlament de Catalunya, sobre los derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica, y el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

El art. 6 indicado dispone:

1. Cualquier intervención en el ámbito de la salud requiere que la persona afectada haya dado su consentimiento específico y libre y haya sido previamente informada del mismo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2.

2. Dicho consentimiento debe realizarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasivos y, en general, cuando se llevan a cabo procedimientos que suponen riesgos e inconvenientes notorios y previsibles susceptibles de repercutir en la salud del paciente.

3. El documento de consentimiento debe ser específico para cada supuesto, sin perjuicio de que se puedan adjuntar hojas y otros medios informativos de carácter general. Dicho documento debe contener información suficiente sobre el procedimiento de que se trate y sobre sus riesgos.

4. En cualquier momento la persona afectada puede revocar libremente su consentimiento."

El artículo 4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente prevé:

1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.

3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle.

Añade el art. 8 de esta última norma:

1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso.

2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general, y tendrá información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos.

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud.

5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.

Descendiendo al caso concreto, la prueba practicada en primera instancia permite constatar los siguientes extremos:

A) Prueba documental.Consta en el expediente administrativo el documento de consentimiento informado firmado por el paciente en fecha 23 de julio de 2014, en el que reconoce haber sido informado "mitjançant la documentació CI12M/23112010 que se m'ha lliurat adjunta a aquest document; l'he comprès i he tingut el temps suficient per valorar la meva decisió".La autenticidad de este documento, incluida la firma que figura en el mismo, no ha sido impugnada ni cuestionada por la parte recurrente (página 8 del CD nº1 del expediente administrativo).

El anexo CI12M/23112010, aportado por el Hospital Comarcal de Móra d'Ebre a instancia de la propia actora, contiene una descripción del procedimiento quirúrgico a realizar (esofagocardiotomia de Heller con válvula antirreflujo); un apartado específico de "ALTERNATIVES AL PROCEDIMENT" donde se indica: "L'alternativa a la intervenció quirúrgica consisteix en mantenir el tractament mèdic actual de forma indefinida, però en el seu cas el tractament proposat és el més eficaç. El procediment pot realitzar-se amb cirurgia oberta";y recoge los riesgos generales y específicos de la intervención, mencionándose expresamente como riesgo poco frecuente y grave la "perforació de víscera"o "lesions d'òrgans veïns",así como que estas complicaciones "poden requerir una reintervenció, generalment d'urgència, i excepcionalment la mort".

Por tanto, el riesgo que efectivamente se materializó -perforación esofágica durante la miotomía- constaba expresamente mencionado en el documento de consentimiento informado.

En cuanto a este contenido del consentimiento informado, la STS 4/2/2021 (RC 3935/2019) nos dice que:

"...la información facilitada al paciente debe ser la adecuada para que el mismo pueda decidir sobre la actuación sanitaria de que se trate, de manera libre y voluntaria y con los elementos de juicio necesarios, para que la decisión resulte fundada, plasmándola en el correspondiente consentimiento. El alcance de la información se indica en los citados preceptos y su adecuación al caso supone la comunicación de las opciones en relación con la intervención de que se trate, sus resultados, riesgos y complicaciones previsibles. Como se señala en la sentencia de 29 de junio de 2010 (rec. 4637/2008 ) "el contenido del consentimiento informado comprende transmitir al paciente, es decir a la persona que requiere asistencia sanitaria todos los riesgos a los que se expone en una intervención quirúrgica precisando de forma detallada las posibilidades, conocidas, de resultados con complicaciones".

Ahora bien la STS de 26/06/2018 (RC 191/2017) puntualiza que:

"la información previa al consentimiento ha de ser específica de la intervención a practicar y que si bien debe comprender una indicación de los riesgos que se pueden producir y de las alternativas posibles, no necesariamente tiene que abarcar todos y cada uno de los riesgos ni todas y cada una de las alternativas posibles. En definitiva, que ha de estarse al caso concreto y no incurrir en excesos informativos innecesarios y, en ocasiones, contraproducentes."

B) Prueba testifical de la Dra. Herminia, médico adjunto del Servicio de Cirugía General del Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, que realizó las visitas preoperatorias y consta como firmante del documento de consentimiento informado. La Dra. Herminia declaró en sede judicial que en la visita del 22 de julio de 2014 explicó personalmente al paciente en qué consistía la intervención quirúrgica, así como los riesgos de la misma, que el paciente entendió las explicaciones y manifestó su consentimiento a la intervención, y que posteriormente se libró el documento de consentimiento informado que, como es práctica habitual, el paciente se llevó consigo y devolvió firmado unos días después.

Si bien es cierto que en la historia clínica consta que el paciente tiene "dificultad idiomática",ello no supuso una incomprensión del idioma sino un mayor esfuerzo de comunicación. En este caso concreto el paciente comprendió las explicaciones facilitadas, y pudo llevarse el consentimiento informado a su casa para leerlo, o si no lo comprendía correctamente, pedir ayuda para su comprensión. De no haber comprendido las explicaciones, se habría hecho uso del servicio de traducción disponible.

Esta declaración testifical fue valorada directamente por la Magistrada de instancia con inmediación, sin que apreciemos error alguno en su conclusión.

C) Otros elementos probatorios.Consta acreditado que el Sr. Porfirio llevaba siete años residiendo en Flix (Tarragona) en el momento de la intervención quirúrgica, según se hace constar expresamente en el informe de alta del Hospital de Bellvitge de 23 de octubre de 2014 (aportado con el complemento del expediente), donde se indica que "parla acceptablement castellà".

Asimismo, consta que el paciente venía siendo atendido en el Hospital Comarcal de Móra d'Ebre desde el año 2013 por hepatitis C, habiendo recibido tratamiento con interferón y ribavirina que finalizó en marzo de 2014 con resultado favorable (carga viral indetectable). Durante todo ese periodo de seguimiento médico, que implicó múltiples visitas y controles analíticos, no consta en la historia clínica que el paciente hubiera solicitado o necesitado ser atendido mediante intérprete o traductor, ni que hubiera manifestado incomprensión de las explicaciones médicas facilitadas.

Sobre la alegada barrera idiomática como vicio del consentimiento, el apelante insiste en que las barreras idiomáticas del paciente, ciudadano pakistaní que únicamente habla y entiende su lengua materna (urdu o punjabi), vician radicalmente el consentimiento informado prestado, al no haber comprendido realmente el contenido del documento que firmó ni las explicaciones verbales que se le facilitaron. En apoyo de esta tesis invoca las múltiples anotaciones contenidas en la historia clínica donde se hace referencia a dificultades lingüísticas.

No obstante, del análisis conjunto y ponderado de toda la prueba practicada, esta Sala considera que no puede acogerse esta alegación, y es que las anotaciones sobre dificultad idiomática contenidas en la historia clínica deben contextualizarse adecuadamente. Constan mayoritariamente en momentos de estrés, dolor o situaciones clínicas complejas (postoperatorio complicado, ingresos prolongados, situaciones de ansiedad), donde la comunicación resulta naturalmente más difícil incluso con pacientes cuya lengua materna coincide con la del personal sanitario. No todas las referencias son de igual intensidad: algunas hablan de "dificultat idiomàtica"sin más, otras de "certa dificultat idiomàtica",y otras de "dificultat idiomàtica important".Por lo tanto, apreciamos más bien dificultades puntuales de comunicación según el contexto y el interlocutor, no una incapacidad absoluta y permanente de comprensión. Examinada la larga historia clínica tanto en Bellvitge como en el Hospital de Tortosa, no consta que habitualmente se produzcan dificultades de entendimiento.

Resulta especialmente significativo que durante el año 2013 y primer trimestre de 2014, cuando el paciente recibió tratamiento por hepatitis C en el mismo hospital -tratamiento que requiere comprensión de indicaciones terapéuticas complejas, efectos secundarios, controles analíticos periódicos, etc.- no conste en la historia clínica ninguna referencia a incomprensión idiomática ni necesidad de traducción, lo que, consideramos que evidencia que el paciente disponía de capacidad suficiente de comunicación en castellano para las relaciones médico-paciente ordinarias.

La testifical de la Dra. Herminia, añade que el paciente comprendió las explicaciones y manifestó su consentimiento a la intervención, y de que la dificultad idiomática no supuso incomprensión sino mayor esfuerzo de comunicación.

Por lo tanto, si el paciente albergaba dudas sobre el contenido de lo que estaba firmando, le incumbía a él, en ejercicio de su deber de diligencia ordinaria, solicitar aclaraciones, pedir que le acompañara algún familiar o amigo que dominara mejor el idioma, o incluso declinar la firma hasta obtener la información que considerase necesaria. Nada de esto consta que hiciera.

Pues bien, en el presente caso la parte recurrente no ha aportado prueba alguna que desvirtúe la presunción de validez del documento firmado. No propuso ninguna prueba que acreditara el grado real de comprensión del castellano o catalán por parte del Sr. Porfirio en el momento de la firma, no aportó testigos que hubieran presenciado las consultas médicas preoperatorias, no solicitó informe de los servicios sociales del hospital sobre las necesidades de traducción del paciente, ni practicó ningún otro medio probatorio específicamente dirigido a demostrar la incomprensión del documento firmado. Se limitó a invocar las anotaciones genéricas sobre dificultad idiomática contenidas en la historia clínica, que como hemos razonado resultan insuficientes para desvirtuar un documento indubitado.

El apelante reprocha que no se informó al paciente de la existencia de alternativas terapéuticas a la intervención quirúrgica practicada, concretamente la dilatación endoscópica con globo-sonda. Como cuestión previa de índole procesal, debe señalarse que esta concreta alegación no se planteó en el escrito de demanda, formulándose por primera vez en el trámite de conclusiones. Ello vulnera lo dispuesto en el artículo 65.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece que "En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones no podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación".Al tratarse de alegación nueva introducida extemporáneamente, debe tenerse por no formulada.

También alega el recurrente que el modelo de consentimiento era genérico y no adaptado al paciente. Si bien es cierto que el documento de consentimiento informado utiliza un modelo preimpreso común para todos los pacientes sometidos a este tipo de intervención (modelo CI12M/23112010), ello no determina por sí solo su invalidez. La utilización de modelos normalizados de consentimiento informado constituye una práctica generalizada y razonable en todos los sistemas sanitarios, que permite garantizar que todos los pacientes reciben información homogénea y completa sobre los riesgos y alternativas de cada tipo de intervención. Lo que la jurisprudencia rechaza es que el consentimiento informado se convierta en un trámite rutinario, burocrático, es decir, que se recabe la firma del paciente sin una explicación verbal personalizada previa que tenga en cuenta las circunstancias concretas de cada caso.

En el presente supuesto no fue así, consta acreditado por la testifical de la Dra. Herminia que, previamente a la entrega del documento escrito, en la visita del 22 de julio de 2014 explicó personalmente y de manera verbal al paciente en qué consistía la intervención, los riesgos de la misma, y se cercioró de que había comprendido las explicaciones. Solo posteriormente se libró el documento escrito, que el paciente se llevó consigo para leerlo con más detenimiento y devolvió firmado unos días después.

Por tanto, la información se prestó en dos fases: primero, información verbal personalizada por la facultativa que iba a practicar la intervención; segundo, información escrita mediante documento que el paciente tuvo oportunidad de leer y valorar durante varios días antes de firmarlo. La personalización del consentimiento informado no requiere necesariamente que cada documento sea redactado ad hoc para cada paciente, lo cual resultaría irrealizable en la práctica asistencial ordinaria, sino que la información, tanto verbal como escrita, se adapte a las circunstancias del caso concreto y se verifique la comprensión efectiva por parte del paciente. Estos requisitos se han cumplido en el presente caso.

CUARTO.- De la falta de motivación y posible incongruencia omisiva.

Finalmente, alega el apelante que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación e incurre en incongruencia omisiva al despachar todas las pretensiones de la demanda en apenas una página, sin pronunciarse adecuadamente sobre la cuestión de las barreras idiomáticas. Tampoco este motivo puede prosperar.

La incongruencia omisiva se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución. No es necesaria para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva una contestación pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global y genérica, siempre que permita conocer las razones de la decisión adoptada.

En el presente caso, la sentencia recurrida, en los Fundamentos Jurídicos Segundo y Tercero, la sentencia expone la normativa aplicable y la jurisprudencia relevante sobre el consentimiento informado, y seguidamente valora la prueba practicada (documental y testifical). Es cierto que la motivación es corta y sintética, pero resulta suficiente y permite conocer perfectamente las razones por las que se desestima el recurso, que es la existencia de documento de consentimiento informado firmado que contiene los riesgos y alternativas; testifical de la facultativa que acredita la información verbal facilitada y la comprensión por parte del paciente; y ausencia de prueba en contrario por parte del recurrente.

No es cierto que la sentencia no se pronuncie sobre la cuestión de las barreras idiomáticas, ya que lo hace expresamente al valorar la testifical de la Dra. Herminia. Podía haberse exigido mayor exhaustividad, pero no llega a producirse ninguna omisión de pronunciamiento. A mayor abundamiento, el recurrente dispone del instrumento del art. 215.1 LEC, que le permite pedir complemento de sentencia cuando se ha omitido una pretensión.

Que el apelante discrepe de esta valoración probatoria no significa que la sentencia no esté motivada o sea incongruente, sino simplemente que la conclusión alcanzada no es la que hubiera deseado. Hemos de recordar que el derecho a la tutela judicial efectiva no incluye un pretendido derecho a obtener una resolución favorable, sino únicamente el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, sea o no coincidente con las pretensiones formuladas.

QUINTO.- De las costas

El artículo 139 de la LJCA establece que: "2. En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.".

Las cuestiones planteadas sobre la prueba documental y su valoración hacen que apreciemos dudas de hecho que requirieron de la práctica de prueba en primera instancia, existiendo motivos suficientes para no imponer las costas en esta alzada.

Vistos los preceptos legales alegados, y demás de pertinente aplicación,

PRIMERO.- Objeto del recurso contencioso-administrativo.

Es la resolución de fecha 14 de noviembre de 2018 dictada por el director del Servei Catalá de la Salut por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente por la que solicita una indemnización de 140.135 euros por los daños y perjuicios derivados de la intervención quirúrgica de esofagocardiotomía realizada el 30 de septiembre de 2014 en el Hospital Comarcal Mora de Ebro.

La demanda relata que el paciente fue intervenido en el Hospital Comarcal de Móra d'Ebre por acalasia esofágica, procediéndose a realizar una esofagocardiotomia de Heller con implantación de válvula antirreflujo tipo Dor. La intervención se inició por vía laparoscópica pero debió reconvertirse a cirugía abierta al producirse una pequeña apertura de la mucosa esofágica que fue suturada. El postoperatorio inmediato transcurrió sin incidencias, pero el 5 de octubre de 2014, cinco días después de la intervención, el paciente presentó fuerte dolor epigástrico, disnea y derrame pleural bilateral. Se detectó contenido purulento en el drenaje de Penrose y tras realizar un TAC que revelaba signos de hemoperitoneo y ante la sospecha de fístula esofágica, fue trasladado de urgencia al Hospital de Tortosa y posteriormente al Hospital de Bellvitge.

En el Hospital de Bellvitge, tras dos TACs con contraste que confirmaron la perforación esofágica y ante un sangrado profuso con hematemesis y salida de aproximadamente un litro de sangre por drenaje en dos horas, el paciente fue reintervenido de urgencia el 9 de octubre de 2014. La intervención consistió en esplenectomía por sangrado periesplénicos, exteriorizació del esófago cervical mediante cervicotomía izquierda, stripping esofágico completo, cierre del cardias con endogia y confección de yeyunostomía tipo Witzel para alimentación enteral. La evolución posterior fue tórpida, con múltiples ingresos hospitalarios alternando entre el Hospital de Móra d'Ebre, el área sociosanitaria de larga estancia y el Hospital de Bellvitge, acumulando casi un año de hospitalización. Durante este periodo el paciente presentó absceso de cervicostomía, infecciones respiratorias por MRSA y pseudomonas, desnutrición severa y caquexia. Finalmente, el 30 de julio de 2015, se le practicó gastroplastia para reconstruir el tránsito digestivo, siendo dado de alta definitiva el 17 de septiembre de 2015.

SEGUNDO.- Resolución apelada. Alegaciones de las partes.

La parte recurrente interpuso demanda alegando que hubo un consentimiento informado viciado e inexistente. Alega que siendo pakistaní y hablando únicamente su lengua materna (urdu o punjabi), apenas balbuceaba castellano y no entendía ni hablaba catalán. Que la historia clínica del hospital contiene múltiples anotaciones que documentan de manera reiterada esta importante barrera idiomática. El demandante reprocha que el Hospital de Móra d'Ebre no utilizó en ningún momento el servicio de traducción instantánea a 100 idiomas del 061 CatSalut Respon, disponible para profesionales sanitarios precisamente para estos casos.

La demanda cuestiona que el documento de consentimiento informado es un formulario genérico no personalizado (modelo C112M/23112010), sin ninguna referencia personal al paciente concreto. Por todo ello, sostiene que el consentimiento prestado carece de validez al no cumplir los requisitos legales de la Ley 21/2000 del Parlament de Catalunya sobre derechos de información concernientes a la salud y la autonomía del paciente, ni los del Colegio de Médicos de Barcelona ni las recomendaciones del Comité de Bioética de Cataluña.

El segundo motivo de impugnación se refiere al deficiente funcionamiento del Hospital de Móra d'Ebre. El demandante considera que existe relación causal directa e inmediata entre el daño sufrido y el funcionamiento anormal del servicio público sanitario, concretándose en la falta de diligencia en la atención a un paciente inmigrante con graves dificultades idiomáticas.

El demandante cuantifica los daños sufridos en 140.135 euros, de los cuales 95.135 euros corresponden a daños físicos y secuelas (incluyendo reconocimiento de discapacidad del 65% desde diciembre de 2014), y 45.000 euros por daños morales y lucro cesante, al haber quedado sin poder trabajar y sin recibir prestación alguna tras denegársele la incapacidad permanente por no reunir el periodo mínimo de cotización.

Por la parte demandada, el Servei Català de la Salut, en su escrito de contestación a la demanda se opuso alegando la no concurrencia de los requisitos que se exigían en la responsabilidad patrimonial, la inexistencia de nexo causal entre el daño reclamado y el funcionamiento de la Administración sanitaria, la no imputación de responsabilidad al SCS como consecuencia de la actividad de los profesionales sanitarios a su servicio o por el defectuoso funcionamiento de sus medios e instalaciones, y por pluspetición.

Alega que la asistencia sanitaria prestada fue adecuada y conforme a la lex artis ad hoc en todo momento. Que la perforación esofágica ocurrida durante la miotomía es una complicación reconocida en la literatura científica como riesgo inherente a este tipo de intervenciones, y que una vez detectada fue tratada de forma diligente mediante la reconversión a cirugía abierta con sutura en dos capas. Las complicaciones posteriores que motivaron la reintervención urgente en Bellvitge son también complicaciones descritas como posibles en casos de fístula esofágica, sin que pueda atribuirse responsabilidad al hospital.

Respecto al consentimiento informado, la Administración demandada sostiene que el documento firmado el 23 de julio de 2014 es totalmente válido y suficiente. Que consta que el paciente comprendió su contenido y valoró su decisión antes de firmar. El anexo al consentimiento contiene descripción detallada del procedimiento, beneficios, alternativas terapéuticas, riesgos generales y específicos de la intervención, y menciona expresamente dentro de los riesgos poco frecuentes pero graves la perforación de víscera o lesiones de órganos vecinos, advirtiendo que estas complicaciones pueden requerir reintervención de urgencia e incluso excepcionalmente la muerte. El documento cumple los requisitos del artículo 6.2 de la Ley 21/2000 y del artículo 8 de la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente. En cuanto a la alegación sobre barrera idiomática, el CatSalut responde que el paciente se venía tratando en el mismo hospital desde 2013 por hepatitis C tratada con interferón y ribavirina, y nunca consta en la historia clínica que requiriera atención en otro idioma distinto del castellano o catalán.

El Hospital Comarcal de Mora d'Ebre también contestó a la demanda oponiéndose a las pretensiones del actor. Aportó dictamen pericial del Dr. Luis Pablo, médico especialista en Cirugía General y Digestiva y Jefe de Departamento del Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, que tras analizar la historia clínica y los informes médicos concluye de manera categórica que no existió mala praxis. El perito explica que el paciente presentaba acalasia, afección congénita que consiste en falta de relajación de la musculatura entre el esófago y la parte alta del estómago, siendo lógico aconsejar tratamiento quirúrgico mediante miotomía y válvula antirreflujo. Añade que pocos meses antes el paciente había sido tratado de hepatitis C con buen resultado, lo que evidencia que había tenido contacto previo con el sistema sanitario. La intervención se inició correctamente por vía laparoscópica, pero al encontrarse una mucosa con signos inflamatorios, al realizar la miotomía se produjo una perforación de aproximadamente un centímetro. En cuanto al consentimiento informado, el hospital sostiene que el documento firmado el 23 de julio de 2014 es totalmente suficiente y válido. El anexo modelo C112M/23112010 contiene descripción del procedimiento quirúrgico, sus beneficios, alternativas terapéuticas, riesgos generales y específicos, mencionando expresamente los riesgos poco frecuentes pero graves como perforación de víscera, lesiones de órganos vecinos, y advirtiendo que pueden requerir reintervención de urgencia y excepcionalmente la muerte.

La sentencia apelada estimó procedente desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la parte actora. La magistrada considera que el consentimiento informado firmado por el paciente el 23 de julio de 2014 fue válido y suficiente. Razona que el documento contiene la descripción del procedimiento quirúrgico, las alternativas (mantenimiento del tratamiento médico indefinido o cirugía abierta), y los riesgos generales y específicos de la intervención. Expresamente se advierte como riesgo poco frecuente y grave la perforación de vísceras -que efectivamente ocurrió-, y que estas complicaciones pueden requerir reintervención de urgencia e incluso causar la muerte.

Se apoya en el testimonio judicial de la Dra. Herminia, cirujana que realizó las visitas preoperatorias y firmó el consentimiento informado. Declaró que el 22 de julio de 2014 explicó personalmente al paciente en qué consistía la intervención y sus riesgos, que el paciente lo entendió y manifestó su consentimiento, y que posteriormente firmó voluntariamente el documento. La doctora reconoció que en la historia clínica consta dificultad idiomática, pero aclaró que esto no supone incomprensión del idioma sino mayor esfuerzo de comunicación, y que en este caso el paciente entendió perfectamente las explicaciones. Añadió que de no haberlas comprendido se habría utilizado el servicio de traducción.

El tribunal considera acreditado que el paciente estaba informado del riesgo que efectivamente se produjo y de las alternativas a la intervención quirúrgica, constando todo ello en el anexo CI12M/23112010 del consentimiento informado. Señala que el recurrente no aportó prueba alguna que acreditara lo contrario, por lo que no concurren los requisitos para apreciar responsabilidad patrimonial de la Administración.

SEGUNDO.- Recurso de apelación.

La parte demandante-apelante interpone ahora recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia basándose, en síntesis, en diversos motivos que podemos sintetizar de la siguiente forma:

1) Error de hecho en la valoración de la prueba,sosteniendo que, aunque la magistrada cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que el consentimiento informado no puede convertirse en trámite rutinario ni burocrático y debe ir más allá de formularios estereotipados, la sentencia hace precisamente lo contrario al validar un modelo genérico no personalizado. El apelante destaca que la propia Comissió Jurídica Assessora reconoció expresamente que en el documento de consentimiento informado no se indicaban los riesgos de la operación, pero inexplicablemente la sentencia concluye que sí hubo información sobre los riesgos.

El recurso insiste en que no se informó al paciente de alternativas terapéuticas existentes, específicamente la dilatación endoscópica con globo-sonda, contradiciendo lo que establece el modelo de consentimiento que solo menciona mantener el tratamiento médico indefinido. Que el propio informe de valoración del CatSalut reconoce esta alternativa terapéutica, y que tanto el perito de parte como el de la Administración lo corroboraron. Además, la testifical de la Dra. Herminia, quien firma el consentimiento, confirma que no explicó al Sr. Porfirio que existían otras alternativas a la quirúrgica. El apelante reprocha que la sentencia no valora estas pruebas claras y contundentes, haciendo una valoración carente de lógica que conduce a conclusión errónea.

2) Falta de motivación e incongruencia omisiva de la sentencia.Señala que la magistrada identifica en el fundamento jurídico primero todas las pretensiones planteadas, incluyendo el consentimiento viciado por barreras idiomáticas del recurrente pakistaní que solo entiende su lengua materna sin que se utilizara servicio de traducción, pero luego despacha todas estas pretensiones en apenas una página con un escueto "sin que por el recurrente se haya aportado prueba alguna que acredite lo contrario".

El apelante considera que esto vulnera el artículo 33.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el derecho a tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, al no responder a lo planteado en la demanda. Critica especialmente que la sentencia no analiza las pruebas documentales que constan en la historia clínica sobre el desconocimiento total del idioma por parte del Sr. Porfirio.

La parte demandada-apelada, Servei Català de la Salut solicita la desestimación íntegra del recurso de apelación, argumentando, en esencia, que no concurre ninguno de los vicios denunciados, siendo la sentencia ajustada a Derecho. Solicita la desestimación completa del recurso de apelación y confirmación de la sentencia de primera instancia, con imposición de costas procesales a la apelante.

La codemandada Hospital Comarcal de Móra d'Ebre presentó oposición alegando que procedería la desestimación del recurso simplemente porque el apelante reproduce íntegramente los mismos argumentos y razonamientos jurídicos que se contienen en la demanda inicial que ya fueron objeto de desestimación expresa y obtuvieron respuesta clara, exhaustiva y fundamentada en la sentencia de instancia. Reitera que quedó acreditada la existencia de consentimiento informado válido que contiene los riesgos generales y específicos incluyendo la perforación de vísceras que efectivamente ocurrió, y que el Dr. Luis Pablo corroboró que tanto el tratamiento quirúrgico como su indicación fueron correctos y adecuados. Destaca el testimonio de la Dra. Herminia que explicó previamente al paciente en qué consistía la intervención y sus riesgos, que el paciente lo entendió, y que la dificultad idiomática no supone incomprensión del idioma sino mayor esfuerzo de comunicación. Concluye que no hay indicios de mala praxis y que la ausencia de mala praxis excluye eventual falta o deficiencia en el consentimiento informado.

TERCERO.- Del pretendido error en la valoración de la prueba.

Se alega en primer lugar error en la valoración de la prueba sobre el consentimiento informado porque la sentencia concluye que sí hubo información sobre los riesgos, en contra de la tesis sostenida por el apelante.

El recurso de apelación permite discutir la valoración que de la prueba practicada hizo el juzgador de instancia. Sin embargo, la facultad revisora por el Tribunal "ad quem" de la prueba realizada por el juzgado de instancia debe ejercitarse con ponderación, en tanto que fue aquel órgano quien las realizó con inmediación y por tanto dispone de una percepción directa de aquellas, percepción inmediata de la que carece la Sala de Apelación, salvo de la prueba documental. En este caso el tribunal "ad quem" puede entrar a valorar la práctica de las diligencias de prueba practicadas defectuosamente, entendiendo por infracción aquella que afecta a la regulación específica de las mismas, fácilmente constatable, así como de aquellas diligencias de prueba cuya valoración sea notoriamente errónea; esto es cuya valoración se revele como equivocada sin esfuerzo.

La valoración probatoria de la Juez "a quo" se transcribe a continuación:

"En este caso, existe la hoja de consentimiento informado firmada por el recurrente, la cual no ha sido cuestionada, en la que se indica reconoce haber sido informado "mitjançant la documentació CI12M/23112010 que se m'ha lliurat adjunta a aquest document; l'he comprès i he tingut el temps suficient per valorar la meva decisió". El anexo CI12M/23112010, aportado por el Hospital Mora de Ebro, a instancia de la actora, contiene la descripción del procedimiento a realizar, contiene las alternativas, indicando en este apartado "L'alternativa a la intervenció quirúrgica consisteix en mantenir el tractament mèdic actual de forma indefinida, però en el seu cas el tractament proposat és el més eficaç. El procediment pot realitzar-se amb cirurgia oberta". Constan además en el anexo los riesgos generales y específicos de la intervención, entre los que se indica como riesgo poco frecuente y grave la prerforación de visceras que es lo que en este caso aconteció, tal y como se indica en el informe del Dr. Luis Pablo y este explicó en el acto de la vista, indicandose asimismo que estas complicaciones pueden requerir de reintervenció, generalmente de urgencia, y excepcionalmente causar la muerte. Se ha practicado además como prueba la testifical de la Dra. Herminia, cirujana del Hospital Mora de Ebro que realizó las visitas preoperatorias y que consta como firmante del consentimiento informado, que manifestó en sede judicial que previamente a librar la hoja de consentimiento informado, en concreto el 22 de julio de 2014, explico al paciente en qué consistía la intervención así como los riesgos de la misma, que el paciente lo entendió y manifestó su consentimiento a la intervención, librando con posterioridad la hoja de consentimiento informado que el paciente se llevó y devolvió firmado unos días después. La doctora Herminia manifestó que si bien es cierto que en la historia clínica del paciente consta que tiene dificultad idiomática, ello no supone una incomprensión del idioma, sino un mayor esfuerzo de comunicación, y que en este caso el paciente entendió lo que le explicó y manifestó su consentimiento, manifestando que en caso de no haber entendido las explicaciones se hubiera hecho uso del servicio de traducción."

El núcleo de la controversia se centra en determinar si el consentimiento informado prestado por el Sr. Porfirio el 23 de julio de 2014 cumplió los requisitos legales y jurisprudenciales exigibles, o si por el contrario adolece de vicios invalidantes por razón de las barreras idiomáticas del paciente y deficiencias en su contenido. La sentencia concluye que el consentimiento fue correcto, a diferencia del apelante.

La normativa aplicable viene constituida por el artículo 6 de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, del Parlament de Catalunya, sobre los derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica, y el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

El art. 6 indicado dispone:

1. Cualquier intervención en el ámbito de la salud requiere que la persona afectada haya dado su consentimiento específico y libre y haya sido previamente informada del mismo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2.

2. Dicho consentimiento debe realizarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasivos y, en general, cuando se llevan a cabo procedimientos que suponen riesgos e inconvenientes notorios y previsibles susceptibles de repercutir en la salud del paciente.

3. El documento de consentimiento debe ser específico para cada supuesto, sin perjuicio de que se puedan adjuntar hojas y otros medios informativos de carácter general. Dicho documento debe contener información suficiente sobre el procedimiento de que se trate y sobre sus riesgos.

4. En cualquier momento la persona afectada puede revocar libremente su consentimiento."

El artículo 4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente prevé:

1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.

3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle.

Añade el art. 8 de esta última norma:

1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso.

2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general, y tendrá información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos.

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud.

5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.

Descendiendo al caso concreto, la prueba practicada en primera instancia permite constatar los siguientes extremos:

A) Prueba documental.Consta en el expediente administrativo el documento de consentimiento informado firmado por el paciente en fecha 23 de julio de 2014, en el que reconoce haber sido informado "mitjançant la documentació CI12M/23112010 que se m'ha lliurat adjunta a aquest document; l'he comprès i he tingut el temps suficient per valorar la meva decisió".La autenticidad de este documento, incluida la firma que figura en el mismo, no ha sido impugnada ni cuestionada por la parte recurrente (página 8 del CD nº1 del expediente administrativo).

El anexo CI12M/23112010, aportado por el Hospital Comarcal de Móra d'Ebre a instancia de la propia actora, contiene una descripción del procedimiento quirúrgico a realizar (esofagocardiotomia de Heller con válvula antirreflujo); un apartado específico de "ALTERNATIVES AL PROCEDIMENT" donde se indica: "L'alternativa a la intervenció quirúrgica consisteix en mantenir el tractament mèdic actual de forma indefinida, però en el seu cas el tractament proposat és el més eficaç. El procediment pot realitzar-se amb cirurgia oberta";y recoge los riesgos generales y específicos de la intervención, mencionándose expresamente como riesgo poco frecuente y grave la "perforació de víscera"o "lesions d'òrgans veïns",así como que estas complicaciones "poden requerir una reintervenció, generalment d'urgència, i excepcionalment la mort".

Por tanto, el riesgo que efectivamente se materializó -perforación esofágica durante la miotomía- constaba expresamente mencionado en el documento de consentimiento informado.

En cuanto a este contenido del consentimiento informado, la STS 4/2/2021 (RC 3935/2019) nos dice que:

"...la información facilitada al paciente debe ser la adecuada para que el mismo pueda decidir sobre la actuación sanitaria de que se trate, de manera libre y voluntaria y con los elementos de juicio necesarios, para que la decisión resulte fundada, plasmándola en el correspondiente consentimiento. El alcance de la información se indica en los citados preceptos y su adecuación al caso supone la comunicación de las opciones en relación con la intervención de que se trate, sus resultados, riesgos y complicaciones previsibles. Como se señala en la sentencia de 29 de junio de 2010 (rec. 4637/2008 ) "el contenido del consentimiento informado comprende transmitir al paciente, es decir a la persona que requiere asistencia sanitaria todos los riesgos a los que se expone en una intervención quirúrgica precisando de forma detallada las posibilidades, conocidas, de resultados con complicaciones".

Ahora bien la STS de 26/06/2018 (RC 191/2017) puntualiza que:

"la información previa al consentimiento ha de ser específica de la intervención a practicar y que si bien debe comprender una indicación de los riesgos que se pueden producir y de las alternativas posibles, no necesariamente tiene que abarcar todos y cada uno de los riesgos ni todas y cada una de las alternativas posibles. En definitiva, que ha de estarse al caso concreto y no incurrir en excesos informativos innecesarios y, en ocasiones, contraproducentes."

B) Prueba testifical de la Dra. Herminia, médico adjunto del Servicio de Cirugía General del Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, que realizó las visitas preoperatorias y consta como firmante del documento de consentimiento informado. La Dra. Herminia declaró en sede judicial que en la visita del 22 de julio de 2014 explicó personalmente al paciente en qué consistía la intervención quirúrgica, así como los riesgos de la misma, que el paciente entendió las explicaciones y manifestó su consentimiento a la intervención, y que posteriormente se libró el documento de consentimiento informado que, como es práctica habitual, el paciente se llevó consigo y devolvió firmado unos días después.

Si bien es cierto que en la historia clínica consta que el paciente tiene "dificultad idiomática",ello no supuso una incomprensión del idioma sino un mayor esfuerzo de comunicación. En este caso concreto el paciente comprendió las explicaciones facilitadas, y pudo llevarse el consentimiento informado a su casa para leerlo, o si no lo comprendía correctamente, pedir ayuda para su comprensión. De no haber comprendido las explicaciones, se habría hecho uso del servicio de traducción disponible.

Esta declaración testifical fue valorada directamente por la Magistrada de instancia con inmediación, sin que apreciemos error alguno en su conclusión.

C) Otros elementos probatorios.Consta acreditado que el Sr. Porfirio llevaba siete años residiendo en Flix (Tarragona) en el momento de la intervención quirúrgica, según se hace constar expresamente en el informe de alta del Hospital de Bellvitge de 23 de octubre de 2014 (aportado con el complemento del expediente), donde se indica que "parla acceptablement castellà".

Asimismo, consta que el paciente venía siendo atendido en el Hospital Comarcal de Móra d'Ebre desde el año 2013 por hepatitis C, habiendo recibido tratamiento con interferón y ribavirina que finalizó en marzo de 2014 con resultado favorable (carga viral indetectable). Durante todo ese periodo de seguimiento médico, que implicó múltiples visitas y controles analíticos, no consta en la historia clínica que el paciente hubiera solicitado o necesitado ser atendido mediante intérprete o traductor, ni que hubiera manifestado incomprensión de las explicaciones médicas facilitadas.

Sobre la alegada barrera idiomática como vicio del consentimiento, el apelante insiste en que las barreras idiomáticas del paciente, ciudadano pakistaní que únicamente habla y entiende su lengua materna (urdu o punjabi), vician radicalmente el consentimiento informado prestado, al no haber comprendido realmente el contenido del documento que firmó ni las explicaciones verbales que se le facilitaron. En apoyo de esta tesis invoca las múltiples anotaciones contenidas en la historia clínica donde se hace referencia a dificultades lingüísticas.

No obstante, del análisis conjunto y ponderado de toda la prueba practicada, esta Sala considera que no puede acogerse esta alegación, y es que las anotaciones sobre dificultad idiomática contenidas en la historia clínica deben contextualizarse adecuadamente. Constan mayoritariamente en momentos de estrés, dolor o situaciones clínicas complejas (postoperatorio complicado, ingresos prolongados, situaciones de ansiedad), donde la comunicación resulta naturalmente más difícil incluso con pacientes cuya lengua materna coincide con la del personal sanitario. No todas las referencias son de igual intensidad: algunas hablan de "dificultat idiomàtica"sin más, otras de "certa dificultat idiomàtica",y otras de "dificultat idiomàtica important".Por lo tanto, apreciamos más bien dificultades puntuales de comunicación según el contexto y el interlocutor, no una incapacidad absoluta y permanente de comprensión. Examinada la larga historia clínica tanto en Bellvitge como en el Hospital de Tortosa, no consta que habitualmente se produzcan dificultades de entendimiento.

Resulta especialmente significativo que durante el año 2013 y primer trimestre de 2014, cuando el paciente recibió tratamiento por hepatitis C en el mismo hospital -tratamiento que requiere comprensión de indicaciones terapéuticas complejas, efectos secundarios, controles analíticos periódicos, etc.- no conste en la historia clínica ninguna referencia a incomprensión idiomática ni necesidad de traducción, lo que, consideramos que evidencia que el paciente disponía de capacidad suficiente de comunicación en castellano para las relaciones médico-paciente ordinarias.

La testifical de la Dra. Herminia, añade que el paciente comprendió las explicaciones y manifestó su consentimiento a la intervención, y de que la dificultad idiomática no supuso incomprensión sino mayor esfuerzo de comunicación.

Por lo tanto, si el paciente albergaba dudas sobre el contenido de lo que estaba firmando, le incumbía a él, en ejercicio de su deber de diligencia ordinaria, solicitar aclaraciones, pedir que le acompañara algún familiar o amigo que dominara mejor el idioma, o incluso declinar la firma hasta obtener la información que considerase necesaria. Nada de esto consta que hiciera.

Pues bien, en el presente caso la parte recurrente no ha aportado prueba alguna que desvirtúe la presunción de validez del documento firmado. No propuso ninguna prueba que acreditara el grado real de comprensión del castellano o catalán por parte del Sr. Porfirio en el momento de la firma, no aportó testigos que hubieran presenciado las consultas médicas preoperatorias, no solicitó informe de los servicios sociales del hospital sobre las necesidades de traducción del paciente, ni practicó ningún otro medio probatorio específicamente dirigido a demostrar la incomprensión del documento firmado. Se limitó a invocar las anotaciones genéricas sobre dificultad idiomática contenidas en la historia clínica, que como hemos razonado resultan insuficientes para desvirtuar un documento indubitado.

El apelante reprocha que no se informó al paciente de la existencia de alternativas terapéuticas a la intervención quirúrgica practicada, concretamente la dilatación endoscópica con globo-sonda. Como cuestión previa de índole procesal, debe señalarse que esta concreta alegación no se planteó en el escrito de demanda, formulándose por primera vez en el trámite de conclusiones. Ello vulnera lo dispuesto en el artículo 65.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece que "En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones no podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación".Al tratarse de alegación nueva introducida extemporáneamente, debe tenerse por no formulada.

También alega el recurrente que el modelo de consentimiento era genérico y no adaptado al paciente. Si bien es cierto que el documento de consentimiento informado utiliza un modelo preimpreso común para todos los pacientes sometidos a este tipo de intervención (modelo CI12M/23112010), ello no determina por sí solo su invalidez. La utilización de modelos normalizados de consentimiento informado constituye una práctica generalizada y razonable en todos los sistemas sanitarios, que permite garantizar que todos los pacientes reciben información homogénea y completa sobre los riesgos y alternativas de cada tipo de intervención. Lo que la jurisprudencia rechaza es que el consentimiento informado se convierta en un trámite rutinario, burocrático, es decir, que se recabe la firma del paciente sin una explicación verbal personalizada previa que tenga en cuenta las circunstancias concretas de cada caso.

En el presente supuesto no fue así, consta acreditado por la testifical de la Dra. Herminia que, previamente a la entrega del documento escrito, en la visita del 22 de julio de 2014 explicó personalmente y de manera verbal al paciente en qué consistía la intervención, los riesgos de la misma, y se cercioró de que había comprendido las explicaciones. Solo posteriormente se libró el documento escrito, que el paciente se llevó consigo para leerlo con más detenimiento y devolvió firmado unos días después.

Por tanto, la información se prestó en dos fases: primero, información verbal personalizada por la facultativa que iba a practicar la intervención; segundo, información escrita mediante documento que el paciente tuvo oportunidad de leer y valorar durante varios días antes de firmarlo. La personalización del consentimiento informado no requiere necesariamente que cada documento sea redactado ad hoc para cada paciente, lo cual resultaría irrealizable en la práctica asistencial ordinaria, sino que la información, tanto verbal como escrita, se adapte a las circunstancias del caso concreto y se verifique la comprensión efectiva por parte del paciente. Estos requisitos se han cumplido en el presente caso.

CUARTO.- De la falta de motivación y posible incongruencia omisiva.

Finalmente, alega el apelante que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación e incurre en incongruencia omisiva al despachar todas las pretensiones de la demanda en apenas una página, sin pronunciarse adecuadamente sobre la cuestión de las barreras idiomáticas. Tampoco este motivo puede prosperar.

La incongruencia omisiva se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución. No es necesaria para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva una contestación pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global y genérica, siempre que permita conocer las razones de la decisión adoptada.

En el presente caso, la sentencia recurrida, en los Fundamentos Jurídicos Segundo y Tercero, la sentencia expone la normativa aplicable y la jurisprudencia relevante sobre el consentimiento informado, y seguidamente valora la prueba practicada (documental y testifical). Es cierto que la motivación es corta y sintética, pero resulta suficiente y permite conocer perfectamente las razones por las que se desestima el recurso, que es la existencia de documento de consentimiento informado firmado que contiene los riesgos y alternativas; testifical de la facultativa que acredita la información verbal facilitada y la comprensión por parte del paciente; y ausencia de prueba en contrario por parte del recurrente.

No es cierto que la sentencia no se pronuncie sobre la cuestión de las barreras idiomáticas, ya que lo hace expresamente al valorar la testifical de la Dra. Herminia. Podía haberse exigido mayor exhaustividad, pero no llega a producirse ninguna omisión de pronunciamiento. A mayor abundamiento, el recurrente dispone del instrumento del art. 215.1 LEC, que le permite pedir complemento de sentencia cuando se ha omitido una pretensión.

Que el apelante discrepe de esta valoración probatoria no significa que la sentencia no esté motivada o sea incongruente, sino simplemente que la conclusión alcanzada no es la que hubiera deseado. Hemos de recordar que el derecho a la tutela judicial efectiva no incluye un pretendido derecho a obtener una resolución favorable, sino únicamente el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, sea o no coincidente con las pretensiones formuladas.

QUINTO.- De las costas

El artículo 139 de la LJCA establece que: "2. En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.".

Las cuestiones planteadas sobre la prueba documental y su valoración hacen que apreciemos dudas de hecho que requirieron de la práctica de prueba en primera instancia, existiendo motivos suficientes para no imponer las costas en esta alzada.

Vistos los preceptos legales alegados, y demás de pertinente aplicación,

PRIMERO.- Objeto del recurso contencioso-administrativo.

Es la resolución de fecha 14 de noviembre de 2018 dictada por el director del Servei Catalá de la Salut por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente por la que solicita una indemnización de 140.135 euros por los daños y perjuicios derivados de la intervención quirúrgica de esofagocardiotomía realizada el 30 de septiembre de 2014 en el Hospital Comarcal Mora de Ebro.

La demanda relata que el paciente fue intervenido en el Hospital Comarcal de Móra d'Ebre por acalasia esofágica, procediéndose a realizar una esofagocardiotomia de Heller con implantación de válvula antirreflujo tipo Dor. La intervención se inició por vía laparoscópica pero debió reconvertirse a cirugía abierta al producirse una pequeña apertura de la mucosa esofágica que fue suturada. El postoperatorio inmediato transcurrió sin incidencias, pero el 5 de octubre de 2014, cinco días después de la intervención, el paciente presentó fuerte dolor epigástrico, disnea y derrame pleural bilateral. Se detectó contenido purulento en el drenaje de Penrose y tras realizar un TAC que revelaba signos de hemoperitoneo y ante la sospecha de fístula esofágica, fue trasladado de urgencia al Hospital de Tortosa y posteriormente al Hospital de Bellvitge.

En el Hospital de Bellvitge, tras dos TACs con contraste que confirmaron la perforación esofágica y ante un sangrado profuso con hematemesis y salida de aproximadamente un litro de sangre por drenaje en dos horas, el paciente fue reintervenido de urgencia el 9 de octubre de 2014. La intervención consistió en esplenectomía por sangrado periesplénicos, exteriorizació del esófago cervical mediante cervicotomía izquierda, stripping esofágico completo, cierre del cardias con endogia y confección de yeyunostomía tipo Witzel para alimentación enteral. La evolución posterior fue tórpida, con múltiples ingresos hospitalarios alternando entre el Hospital de Móra d'Ebre, el área sociosanitaria de larga estancia y el Hospital de Bellvitge, acumulando casi un año de hospitalización. Durante este periodo el paciente presentó absceso de cervicostomía, infecciones respiratorias por MRSA y pseudomonas, desnutrición severa y caquexia. Finalmente, el 30 de julio de 2015, se le practicó gastroplastia para reconstruir el tránsito digestivo, siendo dado de alta definitiva el 17 de septiembre de 2015.

SEGUNDO.- Resolución apelada. Alegaciones de las partes.

La parte recurrente interpuso demanda alegando que hubo un consentimiento informado viciado e inexistente. Alega que siendo pakistaní y hablando únicamente su lengua materna (urdu o punjabi), apenas balbuceaba castellano y no entendía ni hablaba catalán. Que la historia clínica del hospital contiene múltiples anotaciones que documentan de manera reiterada esta importante barrera idiomática. El demandante reprocha que el Hospital de Móra d'Ebre no utilizó en ningún momento el servicio de traducción instantánea a 100 idiomas del 061 CatSalut Respon, disponible para profesionales sanitarios precisamente para estos casos.

La demanda cuestiona que el documento de consentimiento informado es un formulario genérico no personalizado (modelo C112M/23112010), sin ninguna referencia personal al paciente concreto. Por todo ello, sostiene que el consentimiento prestado carece de validez al no cumplir los requisitos legales de la Ley 21/2000 del Parlament de Catalunya sobre derechos de información concernientes a la salud y la autonomía del paciente, ni los del Colegio de Médicos de Barcelona ni las recomendaciones del Comité de Bioética de Cataluña.

El segundo motivo de impugnación se refiere al deficiente funcionamiento del Hospital de Móra d'Ebre. El demandante considera que existe relación causal directa e inmediata entre el daño sufrido y el funcionamiento anormal del servicio público sanitario, concretándose en la falta de diligencia en la atención a un paciente inmigrante con graves dificultades idiomáticas.

El demandante cuantifica los daños sufridos en 140.135 euros, de los cuales 95.135 euros corresponden a daños físicos y secuelas (incluyendo reconocimiento de discapacidad del 65% desde diciembre de 2014), y 45.000 euros por daños morales y lucro cesante, al haber quedado sin poder trabajar y sin recibir prestación alguna tras denegársele la incapacidad permanente por no reunir el periodo mínimo de cotización.

Por la parte demandada, el Servei Català de la Salut, en su escrito de contestación a la demanda se opuso alegando la no concurrencia de los requisitos que se exigían en la responsabilidad patrimonial, la inexistencia de nexo causal entre el daño reclamado y el funcionamiento de la Administración sanitaria, la no imputación de responsabilidad al SCS como consecuencia de la actividad de los profesionales sanitarios a su servicio o por el defectuoso funcionamiento de sus medios e instalaciones, y por pluspetición.

Alega que la asistencia sanitaria prestada fue adecuada y conforme a la lex artis ad hoc en todo momento. Que la perforación esofágica ocurrida durante la miotomía es una complicación reconocida en la literatura científica como riesgo inherente a este tipo de intervenciones, y que una vez detectada fue tratada de forma diligente mediante la reconversión a cirugía abierta con sutura en dos capas. Las complicaciones posteriores que motivaron la reintervención urgente en Bellvitge son también complicaciones descritas como posibles en casos de fístula esofágica, sin que pueda atribuirse responsabilidad al hospital.

Respecto al consentimiento informado, la Administración demandada sostiene que el documento firmado el 23 de julio de 2014 es totalmente válido y suficiente. Que consta que el paciente comprendió su contenido y valoró su decisión antes de firmar. El anexo al consentimiento contiene descripción detallada del procedimiento, beneficios, alternativas terapéuticas, riesgos generales y específicos de la intervención, y menciona expresamente dentro de los riesgos poco frecuentes pero graves la perforación de víscera o lesiones de órganos vecinos, advirtiendo que estas complicaciones pueden requerir reintervención de urgencia e incluso excepcionalmente la muerte. El documento cumple los requisitos del artículo 6.2 de la Ley 21/2000 y del artículo 8 de la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente. En cuanto a la alegación sobre barrera idiomática, el CatSalut responde que el paciente se venía tratando en el mismo hospital desde 2013 por hepatitis C tratada con interferón y ribavirina, y nunca consta en la historia clínica que requiriera atención en otro idioma distinto del castellano o catalán.

El Hospital Comarcal de Mora d'Ebre también contestó a la demanda oponiéndose a las pretensiones del actor. Aportó dictamen pericial del Dr. Luis Pablo, médico especialista en Cirugía General y Digestiva y Jefe de Departamento del Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, que tras analizar la historia clínica y los informes médicos concluye de manera categórica que no existió mala praxis. El perito explica que el paciente presentaba acalasia, afección congénita que consiste en falta de relajación de la musculatura entre el esófago y la parte alta del estómago, siendo lógico aconsejar tratamiento quirúrgico mediante miotomía y válvula antirreflujo. Añade que pocos meses antes el paciente había sido tratado de hepatitis C con buen resultado, lo que evidencia que había tenido contacto previo con el sistema sanitario. La intervención se inició correctamente por vía laparoscópica, pero al encontrarse una mucosa con signos inflamatorios, al realizar la miotomía se produjo una perforación de aproximadamente un centímetro. En cuanto al consentimiento informado, el hospital sostiene que el documento firmado el 23 de julio de 2014 es totalmente suficiente y válido. El anexo modelo C112M/23112010 contiene descripción del procedimiento quirúrgico, sus beneficios, alternativas terapéuticas, riesgos generales y específicos, mencionando expresamente los riesgos poco frecuentes pero graves como perforación de víscera, lesiones de órganos vecinos, y advirtiendo que pueden requerir reintervención de urgencia y excepcionalmente la muerte.

La sentencia apelada estimó procedente desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la parte actora. La magistrada considera que el consentimiento informado firmado por el paciente el 23 de julio de 2014 fue válido y suficiente. Razona que el documento contiene la descripción del procedimiento quirúrgico, las alternativas (mantenimiento del tratamiento médico indefinido o cirugía abierta), y los riesgos generales y específicos de la intervención. Expresamente se advierte como riesgo poco frecuente y grave la perforación de vísceras -que efectivamente ocurrió-, y que estas complicaciones pueden requerir reintervención de urgencia e incluso causar la muerte.

Se apoya en el testimonio judicial de la Dra. Herminia, cirujana que realizó las visitas preoperatorias y firmó el consentimiento informado. Declaró que el 22 de julio de 2014 explicó personalmente al paciente en qué consistía la intervención y sus riesgos, que el paciente lo entendió y manifestó su consentimiento, y que posteriormente firmó voluntariamente el documento. La doctora reconoció que en la historia clínica consta dificultad idiomática, pero aclaró que esto no supone incomprensión del idioma sino mayor esfuerzo de comunicación, y que en este caso el paciente entendió perfectamente las explicaciones. Añadió que de no haberlas comprendido se habría utilizado el servicio de traducción.

El tribunal considera acreditado que el paciente estaba informado del riesgo que efectivamente se produjo y de las alternativas a la intervención quirúrgica, constando todo ello en el anexo CI12M/23112010 del consentimiento informado. Señala que el recurrente no aportó prueba alguna que acreditara lo contrario, por lo que no concurren los requisitos para apreciar responsabilidad patrimonial de la Administración.

SEGUNDO.- Recurso de apelación.

La parte demandante-apelante interpone ahora recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia basándose, en síntesis, en diversos motivos que podemos sintetizar de la siguiente forma:

1) Error de hecho en la valoración de la prueba,sosteniendo que, aunque la magistrada cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que el consentimiento informado no puede convertirse en trámite rutinario ni burocrático y debe ir más allá de formularios estereotipados, la sentencia hace precisamente lo contrario al validar un modelo genérico no personalizado. El apelante destaca que la propia Comissió Jurídica Assessora reconoció expresamente que en el documento de consentimiento informado no se indicaban los riesgos de la operación, pero inexplicablemente la sentencia concluye que sí hubo información sobre los riesgos.

El recurso insiste en que no se informó al paciente de alternativas terapéuticas existentes, específicamente la dilatación endoscópica con globo-sonda, contradiciendo lo que establece el modelo de consentimiento que solo menciona mantener el tratamiento médico indefinido. Que el propio informe de valoración del CatSalut reconoce esta alternativa terapéutica, y que tanto el perito de parte como el de la Administración lo corroboraron. Además, la testifical de la Dra. Herminia, quien firma el consentimiento, confirma que no explicó al Sr. Porfirio que existían otras alternativas a la quirúrgica. El apelante reprocha que la sentencia no valora estas pruebas claras y contundentes, haciendo una valoración carente de lógica que conduce a conclusión errónea.

2) Falta de motivación e incongruencia omisiva de la sentencia.Señala que la magistrada identifica en el fundamento jurídico primero todas las pretensiones planteadas, incluyendo el consentimiento viciado por barreras idiomáticas del recurrente pakistaní que solo entiende su lengua materna sin que se utilizara servicio de traducción, pero luego despacha todas estas pretensiones en apenas una página con un escueto "sin que por el recurrente se haya aportado prueba alguna que acredite lo contrario".

El apelante considera que esto vulnera el artículo 33.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el derecho a tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, al no responder a lo planteado en la demanda. Critica especialmente que la sentencia no analiza las pruebas documentales que constan en la historia clínica sobre el desconocimiento total del idioma por parte del Sr. Porfirio.

La parte demandada-apelada, Servei Català de la Salut solicita la desestimación íntegra del recurso de apelación, argumentando, en esencia, que no concurre ninguno de los vicios denunciados, siendo la sentencia ajustada a Derecho. Solicita la desestimación completa del recurso de apelación y confirmación de la sentencia de primera instancia, con imposición de costas procesales a la apelante.

La codemandada Hospital Comarcal de Móra d'Ebre presentó oposición alegando que procedería la desestimación del recurso simplemente porque el apelante reproduce íntegramente los mismos argumentos y razonamientos jurídicos que se contienen en la demanda inicial que ya fueron objeto de desestimación expresa y obtuvieron respuesta clara, exhaustiva y fundamentada en la sentencia de instancia. Reitera que quedó acreditada la existencia de consentimiento informado válido que contiene los riesgos generales y específicos incluyendo la perforación de vísceras que efectivamente ocurrió, y que el Dr. Luis Pablo corroboró que tanto el tratamiento quirúrgico como su indicación fueron correctos y adecuados. Destaca el testimonio de la Dra. Herminia que explicó previamente al paciente en qué consistía la intervención y sus riesgos, que el paciente lo entendió, y que la dificultad idiomática no supone incomprensión del idioma sino mayor esfuerzo de comunicación. Concluye que no hay indicios de mala praxis y que la ausencia de mala praxis excluye eventual falta o deficiencia en el consentimiento informado.

TERCERO.- Del pretendido error en la valoración de la prueba.

Se alega en primer lugar error en la valoración de la prueba sobre el consentimiento informado porque la sentencia concluye que sí hubo información sobre los riesgos, en contra de la tesis sostenida por el apelante.

El recurso de apelación permite discutir la valoración que de la prueba practicada hizo el juzgador de instancia. Sin embargo, la facultad revisora por el Tribunal "ad quem" de la prueba realizada por el juzgado de instancia debe ejercitarse con ponderación, en tanto que fue aquel órgano quien las realizó con inmediación y por tanto dispone de una percepción directa de aquellas, percepción inmediata de la que carece la Sala de Apelación, salvo de la prueba documental. En este caso el tribunal "ad quem" puede entrar a valorar la práctica de las diligencias de prueba practicadas defectuosamente, entendiendo por infracción aquella que afecta a la regulación específica de las mismas, fácilmente constatable, así como de aquellas diligencias de prueba cuya valoración sea notoriamente errónea; esto es cuya valoración se revele como equivocada sin esfuerzo.

La valoración probatoria de la Juez "a quo" se transcribe a continuación:

"En este caso, existe la hoja de consentimiento informado firmada por el recurrente, la cual no ha sido cuestionada, en la que se indica reconoce haber sido informado "mitjançant la documentació CI12M/23112010 que se m'ha lliurat adjunta a aquest document; l'he comprès i he tingut el temps suficient per valorar la meva decisió". El anexo CI12M/23112010, aportado por el Hospital Mora de Ebro, a instancia de la actora, contiene la descripción del procedimiento a realizar, contiene las alternativas, indicando en este apartado "L'alternativa a la intervenció quirúrgica consisteix en mantenir el tractament mèdic actual de forma indefinida, però en el seu cas el tractament proposat és el més eficaç. El procediment pot realitzar-se amb cirurgia oberta". Constan además en el anexo los riesgos generales y específicos de la intervención, entre los que se indica como riesgo poco frecuente y grave la prerforación de visceras que es lo que en este caso aconteció, tal y como se indica en el informe del Dr. Luis Pablo y este explicó en el acto de la vista, indicandose asimismo que estas complicaciones pueden requerir de reintervenció, generalmente de urgencia, y excepcionalmente causar la muerte. Se ha practicado además como prueba la testifical de la Dra. Herminia, cirujana del Hospital Mora de Ebro que realizó las visitas preoperatorias y que consta como firmante del consentimiento informado, que manifestó en sede judicial que previamente a librar la hoja de consentimiento informado, en concreto el 22 de julio de 2014, explico al paciente en qué consistía la intervención así como los riesgos de la misma, que el paciente lo entendió y manifestó su consentimiento a la intervención, librando con posterioridad la hoja de consentimiento informado que el paciente se llevó y devolvió firmado unos días después. La doctora Herminia manifestó que si bien es cierto que en la historia clínica del paciente consta que tiene dificultad idiomática, ello no supone una incomprensión del idioma, sino un mayor esfuerzo de comunicación, y que en este caso el paciente entendió lo que le explicó y manifestó su consentimiento, manifestando que en caso de no haber entendido las explicaciones se hubiera hecho uso del servicio de traducción."

El núcleo de la controversia se centra en determinar si el consentimiento informado prestado por el Sr. Porfirio el 23 de julio de 2014 cumplió los requisitos legales y jurisprudenciales exigibles, o si por el contrario adolece de vicios invalidantes por razón de las barreras idiomáticas del paciente y deficiencias en su contenido. La sentencia concluye que el consentimiento fue correcto, a diferencia del apelante.

La normativa aplicable viene constituida por el artículo 6 de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, del Parlament de Catalunya, sobre los derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica, y el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

El art. 6 indicado dispone:

1. Cualquier intervención en el ámbito de la salud requiere que la persona afectada haya dado su consentimiento específico y libre y haya sido previamente informada del mismo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2.

2. Dicho consentimiento debe realizarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasivos y, en general, cuando se llevan a cabo procedimientos que suponen riesgos e inconvenientes notorios y previsibles susceptibles de repercutir en la salud del paciente.

3. El documento de consentimiento debe ser específico para cada supuesto, sin perjuicio de que se puedan adjuntar hojas y otros medios informativos de carácter general. Dicho documento debe contener información suficiente sobre el procedimiento de que se trate y sobre sus riesgos.

4. En cualquier momento la persona afectada puede revocar libremente su consentimiento."

El artículo 4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente prevé:

1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.

3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle.

Añade el art. 8 de esta última norma:

1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso.

2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general, y tendrá información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos.

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud.

5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.

Descendiendo al caso concreto, la prueba practicada en primera instancia permite constatar los siguientes extremos:

A) Prueba documental.Consta en el expediente administrativo el documento de consentimiento informado firmado por el paciente en fecha 23 de julio de 2014, en el que reconoce haber sido informado "mitjançant la documentació CI12M/23112010 que se m'ha lliurat adjunta a aquest document; l'he comprès i he tingut el temps suficient per valorar la meva decisió".La autenticidad de este documento, incluida la firma que figura en el mismo, no ha sido impugnada ni cuestionada por la parte recurrente (página 8 del CD nº1 del expediente administrativo).

El anexo CI12M/23112010, aportado por el Hospital Comarcal de Móra d'Ebre a instancia de la propia actora, contiene una descripción del procedimiento quirúrgico a realizar (esofagocardiotomia de Heller con válvula antirreflujo); un apartado específico de "ALTERNATIVES AL PROCEDIMENT" donde se indica: "L'alternativa a la intervenció quirúrgica consisteix en mantenir el tractament mèdic actual de forma indefinida, però en el seu cas el tractament proposat és el més eficaç. El procediment pot realitzar-se amb cirurgia oberta";y recoge los riesgos generales y específicos de la intervención, mencionándose expresamente como riesgo poco frecuente y grave la "perforació de víscera"o "lesions d'òrgans veïns",así como que estas complicaciones "poden requerir una reintervenció, generalment d'urgència, i excepcionalment la mort".

Por tanto, el riesgo que efectivamente se materializó -perforación esofágica durante la miotomía- constaba expresamente mencionado en el documento de consentimiento informado.

En cuanto a este contenido del consentimiento informado, la STS 4/2/2021 (RC 3935/2019) nos dice que:

"...la información facilitada al paciente debe ser la adecuada para que el mismo pueda decidir sobre la actuación sanitaria de que se trate, de manera libre y voluntaria y con los elementos de juicio necesarios, para que la decisión resulte fundada, plasmándola en el correspondiente consentimiento. El alcance de la información se indica en los citados preceptos y su adecuación al caso supone la comunicación de las opciones en relación con la intervención de que se trate, sus resultados, riesgos y complicaciones previsibles. Como se señala en la sentencia de 29 de junio de 2010 (rec. 4637/2008 ) "el contenido del consentimiento informado comprende transmitir al paciente, es decir a la persona que requiere asistencia sanitaria todos los riesgos a los que se expone en una intervención quirúrgica precisando de forma detallada las posibilidades, conocidas, de resultados con complicaciones".

Ahora bien la STS de 26/06/2018 (RC 191/2017) puntualiza que:

"la información previa al consentimiento ha de ser específica de la intervención a practicar y que si bien debe comprender una indicación de los riesgos que se pueden producir y de las alternativas posibles, no necesariamente tiene que abarcar todos y cada uno de los riesgos ni todas y cada una de las alternativas posibles. En definitiva, que ha de estarse al caso concreto y no incurrir en excesos informativos innecesarios y, en ocasiones, contraproducentes."

B) Prueba testifical de la Dra. Herminia, médico adjunto del Servicio de Cirugía General del Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, que realizó las visitas preoperatorias y consta como firmante del documento de consentimiento informado. La Dra. Herminia declaró en sede judicial que en la visita del 22 de julio de 2014 explicó personalmente al paciente en qué consistía la intervención quirúrgica, así como los riesgos de la misma, que el paciente entendió las explicaciones y manifestó su consentimiento a la intervención, y que posteriormente se libró el documento de consentimiento informado que, como es práctica habitual, el paciente se llevó consigo y devolvió firmado unos días después.

Si bien es cierto que en la historia clínica consta que el paciente tiene "dificultad idiomática",ello no supuso una incomprensión del idioma sino un mayor esfuerzo de comunicación. En este caso concreto el paciente comprendió las explicaciones facilitadas, y pudo llevarse el consentimiento informado a su casa para leerlo, o si no lo comprendía correctamente, pedir ayuda para su comprensión. De no haber comprendido las explicaciones, se habría hecho uso del servicio de traducción disponible.

Esta declaración testifical fue valorada directamente por la Magistrada de instancia con inmediación, sin que apreciemos error alguno en su conclusión.

C) Otros elementos probatorios.Consta acreditado que el Sr. Porfirio llevaba siete años residiendo en Flix (Tarragona) en el momento de la intervención quirúrgica, según se hace constar expresamente en el informe de alta del Hospital de Bellvitge de 23 de octubre de 2014 (aportado con el complemento del expediente), donde se indica que "parla acceptablement castellà".

Asimismo, consta que el paciente venía siendo atendido en el Hospital Comarcal de Móra d'Ebre desde el año 2013 por hepatitis C, habiendo recibido tratamiento con interferón y ribavirina que finalizó en marzo de 2014 con resultado favorable (carga viral indetectable). Durante todo ese periodo de seguimiento médico, que implicó múltiples visitas y controles analíticos, no consta en la historia clínica que el paciente hubiera solicitado o necesitado ser atendido mediante intérprete o traductor, ni que hubiera manifestado incomprensión de las explicaciones médicas facilitadas.

Sobre la alegada barrera idiomática como vicio del consentimiento, el apelante insiste en que las barreras idiomáticas del paciente, ciudadano pakistaní que únicamente habla y entiende su lengua materna (urdu o punjabi), vician radicalmente el consentimiento informado prestado, al no haber comprendido realmente el contenido del documento que firmó ni las explicaciones verbales que se le facilitaron. En apoyo de esta tesis invoca las múltiples anotaciones contenidas en la historia clínica donde se hace referencia a dificultades lingüísticas.

No obstante, del análisis conjunto y ponderado de toda la prueba practicada, esta Sala considera que no puede acogerse esta alegación, y es que las anotaciones sobre dificultad idiomática contenidas en la historia clínica deben contextualizarse adecuadamente. Constan mayoritariamente en momentos de estrés, dolor o situaciones clínicas complejas (postoperatorio complicado, ingresos prolongados, situaciones de ansiedad), donde la comunicación resulta naturalmente más difícil incluso con pacientes cuya lengua materna coincide con la del personal sanitario. No todas las referencias son de igual intensidad: algunas hablan de "dificultat idiomàtica"sin más, otras de "certa dificultat idiomàtica",y otras de "dificultat idiomàtica important".Por lo tanto, apreciamos más bien dificultades puntuales de comunicación según el contexto y el interlocutor, no una incapacidad absoluta y permanente de comprensión. Examinada la larga historia clínica tanto en Bellvitge como en el Hospital de Tortosa, no consta que habitualmente se produzcan dificultades de entendimiento.

Resulta especialmente significativo que durante el año 2013 y primer trimestre de 2014, cuando el paciente recibió tratamiento por hepatitis C en el mismo hospital -tratamiento que requiere comprensión de indicaciones terapéuticas complejas, efectos secundarios, controles analíticos periódicos, etc.- no conste en la historia clínica ninguna referencia a incomprensión idiomática ni necesidad de traducción, lo que, consideramos que evidencia que el paciente disponía de capacidad suficiente de comunicación en castellano para las relaciones médico-paciente ordinarias.

La testifical de la Dra. Herminia, añade que el paciente comprendió las explicaciones y manifestó su consentimiento a la intervención, y de que la dificultad idiomática no supuso incomprensión sino mayor esfuerzo de comunicación.

Por lo tanto, si el paciente albergaba dudas sobre el contenido de lo que estaba firmando, le incumbía a él, en ejercicio de su deber de diligencia ordinaria, solicitar aclaraciones, pedir que le acompañara algún familiar o amigo que dominara mejor el idioma, o incluso declinar la firma hasta obtener la información que considerase necesaria. Nada de esto consta que hiciera.

Pues bien, en el presente caso la parte recurrente no ha aportado prueba alguna que desvirtúe la presunción de validez del documento firmado. No propuso ninguna prueba que acreditara el grado real de comprensión del castellano o catalán por parte del Sr. Porfirio en el momento de la firma, no aportó testigos que hubieran presenciado las consultas médicas preoperatorias, no solicitó informe de los servicios sociales del hospital sobre las necesidades de traducción del paciente, ni practicó ningún otro medio probatorio específicamente dirigido a demostrar la incomprensión del documento firmado. Se limitó a invocar las anotaciones genéricas sobre dificultad idiomática contenidas en la historia clínica, que como hemos razonado resultan insuficientes para desvirtuar un documento indubitado.

El apelante reprocha que no se informó al paciente de la existencia de alternativas terapéuticas a la intervención quirúrgica practicada, concretamente la dilatación endoscópica con globo-sonda. Como cuestión previa de índole procesal, debe señalarse que esta concreta alegación no se planteó en el escrito de demanda, formulándose por primera vez en el trámite de conclusiones. Ello vulnera lo dispuesto en el artículo 65.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece que "En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones no podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación".Al tratarse de alegación nueva introducida extemporáneamente, debe tenerse por no formulada.

También alega el recurrente que el modelo de consentimiento era genérico y no adaptado al paciente. Si bien es cierto que el documento de consentimiento informado utiliza un modelo preimpreso común para todos los pacientes sometidos a este tipo de intervención (modelo CI12M/23112010), ello no determina por sí solo su invalidez. La utilización de modelos normalizados de consentimiento informado constituye una práctica generalizada y razonable en todos los sistemas sanitarios, que permite garantizar que todos los pacientes reciben información homogénea y completa sobre los riesgos y alternativas de cada tipo de intervención. Lo que la jurisprudencia rechaza es que el consentimiento informado se convierta en un trámite rutinario, burocrático, es decir, que se recabe la firma del paciente sin una explicación verbal personalizada previa que tenga en cuenta las circunstancias concretas de cada caso.

En el presente supuesto no fue así, consta acreditado por la testifical de la Dra. Herminia que, previamente a la entrega del documento escrito, en la visita del 22 de julio de 2014 explicó personalmente y de manera verbal al paciente en qué consistía la intervención, los riesgos de la misma, y se cercioró de que había comprendido las explicaciones. Solo posteriormente se libró el documento escrito, que el paciente se llevó consigo para leerlo con más detenimiento y devolvió firmado unos días después.

Por tanto, la información se prestó en dos fases: primero, información verbal personalizada por la facultativa que iba a practicar la intervención; segundo, información escrita mediante documento que el paciente tuvo oportunidad de leer y valorar durante varios días antes de firmarlo. La personalización del consentimiento informado no requiere necesariamente que cada documento sea redactado ad hoc para cada paciente, lo cual resultaría irrealizable en la práctica asistencial ordinaria, sino que la información, tanto verbal como escrita, se adapte a las circunstancias del caso concreto y se verifique la comprensión efectiva por parte del paciente. Estos requisitos se han cumplido en el presente caso.

CUARTO.- De la falta de motivación y posible incongruencia omisiva.

Finalmente, alega el apelante que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación e incurre en incongruencia omisiva al despachar todas las pretensiones de la demanda en apenas una página, sin pronunciarse adecuadamente sobre la cuestión de las barreras idiomáticas. Tampoco este motivo puede prosperar.

La incongruencia omisiva se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución. No es necesaria para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva una contestación pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global y genérica, siempre que permita conocer las razones de la decisión adoptada.

En el presente caso, la sentencia recurrida, en los Fundamentos Jurídicos Segundo y Tercero, la sentencia expone la normativa aplicable y la jurisprudencia relevante sobre el consentimiento informado, y seguidamente valora la prueba practicada (documental y testifical). Es cierto que la motivación es corta y sintética, pero resulta suficiente y permite conocer perfectamente las razones por las que se desestima el recurso, que es la existencia de documento de consentimiento informado firmado que contiene los riesgos y alternativas; testifical de la facultativa que acredita la información verbal facilitada y la comprensión por parte del paciente; y ausencia de prueba en contrario por parte del recurrente.

No es cierto que la sentencia no se pronuncie sobre la cuestión de las barreras idiomáticas, ya que lo hace expresamente al valorar la testifical de la Dra. Herminia. Podía haberse exigido mayor exhaustividad, pero no llega a producirse ninguna omisión de pronunciamiento. A mayor abundamiento, el recurrente dispone del instrumento del art. 215.1 LEC, que le permite pedir complemento de sentencia cuando se ha omitido una pretensión.

Que el apelante discrepe de esta valoración probatoria no significa que la sentencia no esté motivada o sea incongruente, sino simplemente que la conclusión alcanzada no es la que hubiera deseado. Hemos de recordar que el derecho a la tutela judicial efectiva no incluye un pretendido derecho a obtener una resolución favorable, sino únicamente el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, sea o no coincidente con las pretensiones formuladas.

QUINTO.- De las costas

El artículo 139 de la LJCA establece que: "2. En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.".

Las cuestiones planteadas sobre la prueba documental y su valoración hacen que apreciemos dudas de hecho que requirieron de la práctica de prueba en primera instancia, existiendo motivos suficientes para no imponer las costas en esta alzada.

Vistos los preceptos legales alegados, y demás de pertinente aplicación,