Sentencia Contencioso-Administrativo 1325/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 237/2025 de 19 de diciembre del 2025

PRIMERO.-A través del presente recurso jurisdiccional por doña Cecilia se impugna la resolución de fecha 20 de diciembre de 2024 dictada por la Embajada de España en La Paz por la que se denegaba su solicitud de visado de trabajo por cuenta ajena, como empleada de hogar, para doña Lorenza.

La citada resolución denegó el visado señalando lo siguiente:

"En relación con la solicitud de visado de TRABAJO POR CUENTA AJENA. le informo que ha sido denegada por no cumplir con las condiciones establecidas en el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

En concreto, el artículo 70,4, apartado c), del Real Decreto 557/2011 establece que la oficina consular podrá denegar el visado "cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe".

En la fecha en la que la solicitante acude a la oficina consular para presentar su documentación, se realiza una entrevista relativa al tipo de visado solicitado. Las respuestas de dicha entrevista constituyen un elemento definitorio para la resolución de la solicitud del visado. A la luz de las respuestas ofrecidas por la solicitante, existen dudas acerca de la veracidad del contrato de trabajo, así como del motivo real de la solicitud".

SEGUNDO.-La parte recurrente impugna la citada denegación, tras referir la normativa de aplicación, señalando que se ha emitido una valoración totalmente subjetiva, alejada de la realidad pues la entrevista realizada más que entrar a valorar la veracidad de la documentación aportada y la autenticidad de la solicitud, se asemeja más a un interrogatorio capcioso por el cual el entrevistador quiere llevar al entrevistado al punto que pretende, que no es otro que buscar algún motivo o alguna excusa para denegar de manera premeditada un visado cuando, la propia Oficina de Extranjería ya ha valorado la documentación aportada, la intención de la contratación, y la viabilidad de la misma.

Indica que el contrato es como empleada del hogar lo que implica que no es necesaria una experiencia previa para desempeñar el puesto de trabajo ofertado y al que es frecuente acceder por la recomendación de algún familiar, o de algún amigo, siendo la capacitación profesional un requisito que ya es analizado por la Delegación del Gobierno con ocasión del estudio del procedimiento previo de autorización sin que se pueda deducir que haya incurrido en falsedades o motivos dispares a los de trabajar, sino que contesta de modo racional y congruente con las preguntas que se le efectúan sin que el hecho de que su madre viva en España y le haya encontrado trabajo pueda ser causa de denegación. Añade, a todo ello, la falta de motivación con infracción del artículo 35 de la Ley 39/2015 ya que carece del más mínimo fundamento ni razonamiento lógico que haya llevado a la denegación del mismo requiere su declaración de nulidad por este mismo motivo.

Se opone la Administración demandada en base a la normativa aplicable y el contenido del informe consular obrante en el expediente, señalando que se habían solicitado anteriormente dos visados de tipo diferente, que habían sido denegados por no cumplirse los requisitos para su concesión, que en la propia entrevista se alega tan sólo una experiencia de 1 mes y que la solicitante reconoce que no ha hablado personalmente con la empleadora para concertar el contrato.

TERCERO.-Procede analizar, en primer lugar, el alegado vicio de falta de motivación de la resolución recurrida en los términos que se expresan en sus Fundamentos de Derecho, pues su apreciación impediría a la Sala entrar en el examen del fondo de la cuestión controvertida.

Como señalamos en nuestra Sentencia de 14 de julio de 2022 (rec. 151/2022) "El deber de la Administración de motivar sus actos, como señala entre otras la STS de 19 de noviembre de 2001, Recurso 6690/2000, tiene su engarce constitucional en el principio de legalidad que establece el artículo 103 CE, así como en la efectividad del control jurisdiccional de la actuación de la Administración reconocido en el artículo 106 CE, siendo en el plano legal, el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el precepto que concreta con amplitud los actos que han de ser motivados, con suscita referencia a los hechos y fundamentos de derecho.

Asimismo, la Disposición adicional décima del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, relativa al procedimiento en materia de visados, dispone en su apartado 6º que "La resolución denegatoria de un visado se notificará al solicitante de forma que le garantice la información sobre su contenido las normas que en Derecho la fundamenten, el recurso que contra ella proceda, el órgano ante el que hubiera de presentarse y el plazo para interponerlo".

La exigencia de la motivación de los actos administrativos responde, según reiterada doctrina jurisprudencial, de la que es exponente la STS 16 de julio de 2001, Recurso 92/1994, a la finalidad de que el interesado pueda conocer el cuándo, cómo y por qué de lo establecido por la Administración, con la amplitud necesaria para la defensa de sus derechos e intereses, permitiendo también, a su vez, a los órganos jurisdiccionales el conocimiento de los datos fácticos y normativos que les permitan resolver la impugnación judicial del acto, en el juicio de su facultad de revisión y control de la actividad administrativa; de tal modo que la falta de esa motivación o su insuficiencia notoria, en la medida que impiden impugnar ese acto con seria posibilidad de criticar las bases y criterios en que se funda, integran un vicio de anulabilidad, en cuanto dejan al interesado en situación de indefensión. Esta exigencia es consecuencia de la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos y supone no sólo una elemental cortesía, sino un riguroso requisito del acto de sacrificio de derechos.

En consecuencia, cuando el acto administrativo carece de motivación se impide el control jurisdiccional de la legalidad de la actuación administrativa que viene constitucionalmente impuesto - artículo 106.1 CE-, pues se impide comprobar que la resolución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad

En definitiva, la motivación consiste en la exteriorización de las razones que sirvieron de justificación o de fundamento a la decisión jurídica contenida en el acto, necesaria para conocer la voluntad de la Administración.

Motivación de los actos administrativos que, como señala la STS de 29 de marzo de 2012, Recurso 2940/2010, no exige ningún razonamiento exhaustivo y pormenorizado, bastando con que se expresen las razones que permitan conocer los criterios esenciales fundamentadores de la decisión "facilitando a los interesados el conocimiento necesario para valorar la corrección o incorrección jurídica del acto a los efectos de ejercitar las acciones de impugnación que el ordenamiento jurídico establece y articular adecuadamente sus medios de defensa".

La motivación del acto administrativo es, en definitiva, una consecuencia derivada de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad garantizados en el artículo 9.3 de la Constitución, pudiendo considerarse, desde otra perspectiva, como una exigencia constitucional impuesta no sólo por el artículo 24.2 CE sino por el principio de legalidad en la actuación administrativa que también surge del artículo 106.1 CE.

Por último, deberá recordarse, como lo hemos hecho en otras muchas ocasiones (por todas, sentencia de 5 de junio de 2017, recurso contencioso-administrativo 567/2016) que el "Derecho a una buena Administración", incluye dentro del mismo, en particular, "la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones". Así lo había venido declarando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, entre otras, en SSTJCE, de 29 de febrero de 1996, (Bélgica/Comisión, C-56/93), 7 de marzo de 2002 (Italia/Comisión, C-310/99) y 12 de diciembre de 2002. Ya el citado Tribunal, en STJUE de 2 de abril de 1998 (Comisión/Sytraval y Brink's France, C-367/95) declaró que la motivación "debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Institución del que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes"; el requisito que aquí nos concierne debe, finalmente, "apreciarse no sólo en relación con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate".

En relación con lo anterior, será también útil traer colación la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (entre otras muchas, en SSTC núm. 145/1986; 102/1987; 155/1988 y 35/1989) en relación con la proscripción del efecto de indefensión, que sostiene que, para que sea posible su apreciación, es preciso en primer lugar una adecuada valoración de las circunstancias concurrentes en cada caso; en segundo, la idea base de que la indefensión constitucionalmente prohibida no nace de la mera infracción formal de las normas procedimentales de modo que la ruptura con la legalidad no siempre habrá provocado la supresión de los derechos que corresponden a la parte que alega haberla padecido sino sólo en aquellos casos en que dicha privación sea real y efectiva, y no sólo formal. Por lo que no puede sostenerse válidamente que el artículo 24.1 CE tutele situaciones de mera indefensión formal sino tan sólo supuestos de indefensión calificable como tal desde un punto de vista material, siendo claro el perjuicio que se haya derivado para quien la haya sufrido efectivamente (en este mismo sentido, nuestra sentencia de 5 de junio de 2017, recurso contencioso-administrativo 567/2016)".

Pues bien, en el supuesto de autos, las propias manifestaciones expresadas en el escrito de demanda determinan la inexistencia de esa indefensión material que exige la doctrina antes referida en cuanto que, siendo cierto que la resolución no llega a explicar detenidamente el alcance de su decisión sino que lo hace a través de un informe de la misma fecha y que obra en el expediente y del que tiene conocimiento a través de este procedimiento, la recurrente conoce las razones de la denegación y se ha expresado y ha traído al procedimiento hechos y documentos que ha entendido relevantes para acreditar la concurrencia del requisito negado por la Administración por lo que no podemos atender a la pretensión deducida en tal sentido.

CUARTO.-En cuanto al fondo del asunto, para la correcta resolución de la problemática aquí suscitada convendrá tener presente que el vigente sistema español de extranjería establecido por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por LO 8/00 y por LO 14/03, -aplicable en razón a la fecha de la solicitud- establece la necesidad de visado como requisito normal de acceso al territorio nacional. El visado será expedido por las misiones diplomáticas y oficinas consulares de España y su denegación deberá ser motivada cuando se trate de visados de residencia para reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena e indicar los recursos que procedan ( artículo 27). Las disposiciones reglamentarias aplicables son las contenidas en el RD 557/2011, cuyo artículo 62 dispone que se halla en situación de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena el extranjero mayor de 16 años autorizado a permanecer en España por un periodo superior a noventa días e inferior a cinco años, y a ejercer una actividad laboral por cuenta ajena.

Por otro lado, conforme expresa el apartado tercero del art. 27 de la L.O. 14/2003, de reforma de la L.O. 4/2000, el ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación de visados se sujetará a los compromisos internacionales vigentes en la materia y se orientará al cumplimiento de los fines de la política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas o de la Unión Europea, como las de inmigración, económica y de seguridad, y de acuerdo con la normativa citada (art. 25 bis b), no configurándose como un derecho fundamental del extranjero la entrada en nuestro país ya sea para una estancia corta o para prestar servicios por cuenta ajena. Debe tenerse en cuenta que el supuesto normativo que aquí examinamos no contempla propiamente la restricción de un derecho, pues la obtención del visado no es un derecho reglado del extranjero, como afirma el Abogado del Estado, dado que el derecho a entrar en España no es un derecho fundamental del que sean titulares los extranjeros con apoyo en el art. 19 CE.

Además, a la vista de las alegaciones vertidas por el actor en su demanda, habrá de recordarse que esta misma Sala y Sección tiene declarado que las legaciones diplomáticas, al estar ubicadas en o muy cercanas al país de origen del solicitante del visado, conocen mejor su realidad social, jurídica y administrativa y tienen por ello más elementos de convicción que las autoridades nacionales que otorgan la previa autorización de residencia temporal para poder aplicar la normativa sobre extranjería, pudiendo además proceder al cotejo de los documentos presentados para la concesión del visado, a fin de determinar no sólo su autenticidad sino también la veracidad de su contenido. Un criterio que ha sido confirmado por el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones, entre otras, en STS de 23 de julio de 2014 (Rec. Cas. 2995/2013).

QUINTO.-Dicho lo anterior, en el caso de autos, presentada la solicitud de visado la misma fue denegada conforme a los términos reseñados más arriba que estarían fundamentadas "por haber serias dudas de que realmente se va a incorporar al puesto de trabajo para el que se le va a contratar en España".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.4 del Reglamento, la misión diplomática u oficina consular denegará el visado en los siguientes supuestos:

Cuando el extranjero se encontrara en situación irregular en España en la fecha en que se presentó a su favor la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en este artículo.

Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.

Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.

Cuando la copia del contrato presentada no coincida con la información proporcionada por la Oficina de Extranjería o por el órgano autonómico competente sobre el contrato original".

Consta en las actuaciones que el recurrente, nacido el NUM000 de 1997, es natural de Bolivia y en su solicitud declaró estar soltera y no trabajar. Suscribió un contrato de trabajo indefinido con doña Lorenza. La categoría sería la de empleada de hogar, un salario mensual de 1.134 € brutos y una jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes. El centro de trabajo está ubicado en Sant Quirze del Vallés.

La solicitante cuenta con autorización de trabajo y residencia temporal por cuenta ajena otorgada por la Delegación del Gobierno en Cataluña, ello con validez de un año desde el alta en la Seguridad Social y quedando en suspenso en tanto el interesado obtuviese visado de trabajo y residencia en la representación consular española correspondiente. Sin embargo, lo que la Embajada en su resolución sostiene es que el contrato de trabajo era simulado. Conviene recordar que la capacitación profesional es un requisito que ya es analizado por la citada Delegación ocasión del estudio del procedimiento previo de autorización (artículo 64.3 RLOEX) pero ello no impide para que la Embajada pueda analizar dicha capacidad en base a hechos nuevos y distintos que no pudieron ser examinados por la autoridad gubernativa, siendo la realización de una entrevista un elemento fundamental a los efectos de poder determinar la existencia de algún indicio racional de simulación contractual.

Como tiene declarado esta Sala y Sección en, entre otras, Sentencia nº 110/2019, de 18 de febrero (rec. 909/2018), la figura jurídica del fraude de ley, que en nuestro Derecho positivo plasma, entre otros, el artículo 6.4 del Código civil, supone un acto humano por el que, utilizando medios suficientes, se trata de conseguir un concreto fin amparándose en la tutela de una norma jurídica que está dada para una finalidad distinta y contrapuesta a la perseguida.

Es reiterada la doctrina de que el fraude, aunque es una conducta intencional de utilización desviada de una norma del ordenamiento jurídico para la cobertura de un resultado antijurídico que no debe ser confundida con la mera infracción o incumplimiento de una norma, de todas formas es suficiente con que los datos objetivos revelen el ánimo de ampararse en el texto de una norma para conseguir un resultado prohibido o contrario a la y que la existencia del fraude de ley -al igual que la del abuso de derecho- no puede presumirse, y sólo podrá declararse si existen indicios suficientes de ello, que necesariamente habrán de extraerse de hechos que aparezcan como probados, inducirlo vía presunciones y su elemento fundamental consiste en la intención maliciosa de violar la norma. El fraude nunca puede presumirse, sino que es precisa plena acreditación del mismo y ha de basarse su apreciación en cumplida prueba de los hechos que lo configuran, y ello, normalmente, por vía de la presunción regulada en el artículo 386 LEC.

Así pues, corresponde analizar si en el presente caso se produce tal fraude lo que nos lleva a realizar un juicio inferencial tanto de la resolución como de los datos, en este caso, consignados en el expediente en el que aparece un acta de una entrevista cuyo contenido es del siguiente tenor literal:

1-¿Cómo se denomina la empresa en la que va a trabajar?

Respuesta: Es para empleada doméstica, es para una señora.

2-¿Conoce los detalles de su contrato?

Respuesta: Si. [¿Cuántas horas va a trabajar a la semana?] 10 horas. (¿Qué días de la semana va a trabajar?] De lunes a viernes. [¿Qué horarios va a tener?] De 8 a 4 de la tarde. (¿Le han dicho si tendrá un periodo de prueba?] No, no me dijeron eso, me dijeron que, bueno, yo ya tengo experiencia acá y ya le comenté a la señora. (¿Qué duración tiene el contrato?] Es de un año. [¿Cuántos días de vacaciones tendrá al año?] Me dijo como unos 30 días.

3- ¿Tiene experiencia previa o formación para trabajar n este puesto de trabajo?

Respuesta: Si, acá, tengo experiencia, ya trabajé con otras señoras. [¿Trabaja actualmente o ha trabajado recientemente en ese cargo?] Si, recientemente trabajé, hace un mes. (¿En qué empresa?] Igual, fue con una señora. [¿Tiene algún contrato de trabajo o certificado que demuestre su experiencia?] No, no traje. [¿En qué fecha ha terminó sus estudios?] Fue en marzo de este año, a principios, fue un diplomado para turismo con personas con discapacidad.

4- ¿Cuánto va a cobrar?

Respuesta: Es 1.134€. al mes (¿Cuántas pagas va a recibir al año?] 16.

5-¿Cuáles serán sus funciones y dónde trabajará?

Respuesta: Va a ser lo que es la limpieza, cocina, llevar a la señora Lorenza a pasear, al médico, a sus citas. (¿Podría decirme la dirección de la casa?] Sant Quirze del Valles, DIRECCION000 (¿Dónde va usted a residir? Mi mamá vive allá y vaya residir con ella.

6-¿Cómo se llama su empleador y cómo lo ha contacta.

Respuesta: Lorenza. Mi mamá trabajaba con ella antes y yo ya la conocía a la señora, yo ya hablaba con la señora, yo la saludaba. (¿En qué trabaja su madre?] Mi mamá no trabaja. [¿Tiene otros familiares en España?] Una tía. [¿Dónde residen?] Eso no estoy muy segura, la verdad. [¿Cómo se ha contactado con su empleador?] Por llamada, mi mamá trabajaba con su familia [¿Habló personalmente con su empleador?] No, personalmente no.

7-¿Es la primera vez que presenta solicitud de visado para ir a España?

Respuesta: No, esta sería la tercera vez. [¿En qué fecha presentó la solicitud?] Ya fueron hace años, la primera fue hace como tres años y la otra 2 años. [¿Qué respuesta tuvo a esa solicitud?] la primera fue denegada porque me faltaban remesas y la segunda, era igual por falta de, no contaba con cuentas en el banco, nada que me respalde como que me quede acá, eso me dijeron.

8-¿Cuál es su propósito a la hora de obtener el visado?

Respuesta: Trabajar todo ese año para ahorrar dinero. [¿Alguien le indicó que podría ser más fácil conseguir un visado de trabajo que uno de reagrupación familiar?] No.

En el análisis de una posible simulación contractual en supuestos como el de autos en el que la solicitante ya ha intentado entrar en nuestro país en anteriores ocasiones y no reuniendo los requisitos para ser familiar reagrupable, se debe mantener, en primer lugar, al conocimiento que el solicitante del visado pueda tener de la prestación a la que se ha comprometido y, tras ello, a su capacidad para desarrollarla. Respecto de la primera, es en el informe emitido en el que se indica que yerra en relación con la duración del contrato de trabajo y el número de pagas a recibir. Es común en los contratos indefinidos suscritos por extranjeros el confundir el año de vigencia de la autorización fijada en el artículo 63.5 del Real Decreto 557/2011 de ahí que su respuesta se acomode al derecho real que se obtiene a través de la obtención de la autorización. Por otro lado, no es posible atender a la existencia de una simulación contractual por el hecho de manifestar que se cobrarán dos pagas más de las fijadas en el contrato cuando se conocen el resto de elementos, incluido las funciones que va a desarrollar, dónde y para quién. Por lo tanto, a la vista del resto de respuestas conoce básicamente los elementos esenciales de la prestación de servicios para la que ha sido contratado.

En relación con su capacidad, nos encontramos con un trabajo de empleada de hogar que no exige una especial capacitación y que está basado en la confianza por lo que existe una presunción de existencia de dicha confianza con la firma del contrato por parte de la empleadora que gestiona ante la autoridad laboral la solicitud y que atiende a las referencias de un tercero que ha trabajado para ella, siendo habitual en la contratación de trabajadores extranjeros que un familiar o una amistad gestione el contrato.

En el preámbulo del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, se mantiene la naturaleza de relación jurídica como "especial", dadas "las condiciones particulares en que se realiza la actividad de las personas que trabajan en el servicio doméstico". Esta especialidad se concreta en los aspectos siguientes:

1) El ámbito donde se presta la actividad, esto es, el hogar familiar, tan vinculado a la intimidad personal y familiar y por completo ajeno y extraño al común denominador de las relaciones laborales, que se desenvuelven en entornos de actividad productiva presididos por los principios de la economía de mercado.

2) El vínculo personal basado en una especial relación de confianza que preside, desde su nacimiento, la relación laboral entre el titular del hogar familiar y los trabajadores del hogar, que no tiene que estar forzosamente presente en los restantes tipos de relaciones de trabajo.

Por lo tanto, se ha de presumir, salvo prueba en contra, que quien contrata cuenta con una especial confianza en la persona que va a entrar en su hogar.

El informe hace hincapié en que la solicitante habría faltado a la verdad al afirmar que tenía experiencia cuando no podía acreditar la existencia de contratos ni de aportes al sistema de cotizaciones. En demanda no se niega dicha realidad formal pero no resulta trascendente para una actividad como la examinada en la que la prestación en ocasiones se presta sin contrato alguno y teniendo en cuenta que la recurrente no llegó a señalar que tuviera contrato en su país.

A la vista de todos los datos, la respuesta debe ser positiva a las pretensiones de la recurrente dado que del expediente no se deduce elemento alguno del que poder del que se pueda extraer que existan serias dudas de que realmente se vaya a incorporar al puesto de trabajo para el que se le va a contratar en España pues no se ha desvirtuado en este caso, con datos objetivos y relevantes, dicha voluntad contractual lo que nos lleva a la estimación del recurso al resultar las resoluciones recurridas contrarias a derecho ya que no existen en este caso datos nuevos que han sido valorados y razonados por el Consulado que determinen la no veracidad del motivo alegado en la solicitud del visado, por lo que el acto administrativo recurrido se ha de anular por no ser conforme a derecho ( artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) .

SEXTO.-Establece el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción que, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el caso de autos procede la condena en costas de la parte demandada que ha visto rechazada sus pretensiones sin que concurra motivo para su no imposición.

A tenor del apartado cuarto de dicho artículo 139 de la Ley jurisdiccional, la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar la cantidad que, de los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de quinientos euros (500 €) por los honorarios de Letrado y Procurador, más el IVA correspondiente a dicha cantidad, y ello atendiendo a la índole del litigio y a la actividad procesal desplegada por las partes.

VISTOS.-los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.