Sentencia Contencioso-Administrativo 459/2025 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 27/2024 de 24 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Antecedentes del caso y resolución impugnada.

Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la modificación de la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Alhóndiga, reguladora de la "tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos" publicada en el Boletín Oficial de Guadalajara núm. 237 en fecha 15 de diciembre de 2023.

En la publicación se hace constar que el Pleno del Ayuntamiento de Alhóndiga, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2023 ha adoptado los siguientes acuerdos:

"PRIMERO. IMPOSICIÓN.Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa modificada por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica en el término municipal de ALHÓNDIGA, conforme a las determinaciones que constan en el expediente tramitado con referencia 118/2023.

SEGUNDO. ORDENACIÓN.Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la misma, en los términos en que figura redactada en el expediente, como Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o el Aprovechamiento Especial de Dominio Público de las Instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hidrocarburos en el término municipal de Alhóndiga, y que aparece como texto completo y refundido de la norma, una vez incorporadas las modificaciones establecidas en el articulado de la misma.

[...]".

La citada ordenanza fija en su artículo 1el "ámbito de aplicación":

«Vienen obligados al pago de la tasa que regula la presente ordenanza todas las personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo la utilización privativa o se beneficien de cualquier modo del aprovechamiento especial del dominio público local con las especificaciones y concreciones del mismo que se dirán, o que vengan disfrutando de dichos beneficios.

La aplicación de la presente ordenanza se refiere al régimen general, que se corresponde con la tasa a satisfacer en el artículo 24.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el aprovechamiento especial del dominio público local, en las que no concurran las circunstancias de ser empresas suministradoras de servicios de interés general que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).»

El artículo 2de la citada ordenanza regula el "Hecho Imponible":

«ARTICULO 2º.- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, conforme al artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004, el aprovechamiento especial del dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo, con:

a) Instalaciones de transporte de energía con todos sus elementos indispensables que, a los meros efectos enunciativos, se definen como cajas de amarre, torres metálicas, transformadores, instalaciones o líneas propias de transporte o distribución de energía eléctrica, gas, agua u otros suministros energéticos, instalaciones de bombeo y demás elementos análogos que tengan que ver con la energía y que constituyan aprovechamientos del dominio público local no recogidos en este apartado.

b) Instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares.

El aprovechamiento especial del dominio público local se producirá siempre que se deban utilizar instalaciones de las referidas que materialmente ocupan el dominio público en general que no impidan el uso común de los bienes. Estará referido principalmente a las líneas de transporte de energía.

La utilización privativa del dominio público local se producirá siempre que se deban utilizar instalaciones que materialmente ocupan el dominio público en general que impiden el uso común de los bienes a los que afecta. La utilización privativa, será aquella referida a los elementos auxiliares necesarios como torres metálicas, cajas de amarres, transformadores u otros tipos de elementos, siendo las mismas de carácter no esencial o escasamente relevantes, por cuanto el transporte de energía como tal debe ser considerado como aprovechamiento especial.

A los efectos de la presente ordenanza se entiende por dominio público local todos los bienes de uso, dominio público o servicio público que se hallen en el término municipal, así como los bienes comunales o pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes patrimoniales.

Se excluyen de la presente Ordenanza los supuestos en que concurran las circunstancias referidas en el artículo 24.1.c) TRLHL. »

En su artículo 5fija el modo de calcular la base imponible por el aprovechamiento especial del dominio público local por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos:

«ARTICULO 5º.- Cuantía de la tasa (Bases, tipos y cuota tributaria).

La cuantía de la tasa resultará de calcular en primer lugar la Base Imponible al que se le aplicará el tipo de gravamen, distinguiendo si estamos ante un aprovechamiento especial o una utilización privativa. De dicha aplicación se obtendrá la cuota tributaria que multiplicado por el número de metros de las instalaciones de transporte de energía que constituye el hecho imponible.

Cuota tributaria= Base imponible x Tipo de Gravamen

Cuantía de la Tasa = Cuota Tributaria x metros instalación de transporte de energía

1.- Base Imponible:

Conforme a lo previsto en el artículo 24.1.a) TRLH el importe de la tasa previsto por dicha utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, se ?jará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes afectados no fuesen de dominio público, adoptados a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo, tal como previene el artículo 25 del TRLHL en vigor.

A tal ?n y en consonancia con el apartado 1. a) del artículo 24 del TRLHL, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial, resultará la base imponible correspondiente para las instalaciones de transporte de energía que se asientan y atraviesan bienes de uso, dominio o servicio público y bienes comunales y que en consecuencia, no teniendo los sujetos pasivos la propiedad sobre los terrenos afectados, merman sin embargo su aprovechamiento común o público y obtienen sobre los mismos una utilización privativa o un aprovechamiento especial para su propia actividad empresarial.

El Informe Técnico Económico incorporado al expediente determinará la intensidad del uso del aprovechamiento especial de las instalaciones de transporte de energía y la metodología de cálculo para su obtención; y en un su caso podrá determinar la intensidad de uso de la utilización privativa de los elementos auxiliares necesarios como son torres metálicas, cajas de amarres, transformadores u otros tipos de elementos.

Constituye la base imponible por aprovechamiento especial el cuadro de €/ por metro lineal dependiendo del tipo de red de transporte de energía reflejado en el Informe Técnico Económico. En su caso el cálculo que se haga para determinar el valor de la utilización privativa por metro de uso de los elementos auxiliares necesarios.

2.- Tipo de gravamen:

Sobre la base imponible diferenciada por su intensidad de uso si se trata de aprovechamiento especial o utilización privativa, se aplicará un tipo de gravamen diferenciado, de acuerdo al artículo 64.3 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las Tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público:

*Tipo de gravamen por aprovechamiento especial: 100%

*Tipo de gravamen por utilización privativa: 5%

La cuota tributaria resultará de aplicar sobre la base imponible el tipo de gravamen diferenciando si estamos ante un uso de aprovechamiento especial o utilización privativa de la red de transporte de energía y sus elementos auxiliares necesarios.

La cuota tributaria está contenida en el Anexo I de la presente ordenanza y en Informe Técnico Económico obrante en el expediente.

3.- Cuantía de la Tasa

En consecuencia, la cuantía de la tasa estará constituida por la cuota tributaria multiplicada por el número de metros lineales de aprovechamiento especial y en su caso, de determinarse por los metros de ocupación de los elementos auxiliares necesarios (torres metálicas, transformadores y otros elementos).»

SEGUNDO.- Sobre las pretensiones de las partes y los motivos que las fundamentan.

1. La pretensión y los motivos del recurso que se contienen en la demanda.

La parte actora solicita el dictado de una sentencia por la que «estimando el presente recurso, anule la modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa a que me refiero o, subsidiariamente, anule el régimen reglamentario de cuantificación de la tasa previsto en el artículo 5 de la Ordenanza fiscal y en Anexo de tarifas. Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.»

Alega, en síntesis.

1. Nulidad por vicio formal en la aprobación (unidad de acto).

Se alega la vulneración de los artículos 15.1 y 16.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) y de la doctrina del Tribunal Supremo, al aprobarse en un único acto administrativo tanto el acuerdo de imposición de la tasa como el acuerdo de modificación de la Ordenanza fiscal.

La jurisprudencia exige que ambos sean actos administrativos distintos e independientes, aunque se adopten de forma simultánea. Al haberse aprobado en "unidad de acto", la modificación de la Ordenanza Fiscal es nula de pleno derecho.

2. Incumplimiento del contenido mínimo de las ordenanzas fiscales.

La parte actora denuncia la contravención de los artículos 16.1 y 17.4 del TRLHL, pues la Ordenanza Fiscal no determina ni en su articulado ni en su anexo la base imponible y la cuota tributaria para los supuestos de utilización privativa del dominio público. Estos son elementos esenciales del tributo que deben estar claramente definidos en la propia ordenanza. La remisión al Informe Técnico-Económico (ITE), que no es objeto de publicación, es ilegal, tal y como ha declarado el Tribunal Supremo en un recurso anterior contra el mismo Ayuntamiento (Sentencia de 19 de julio de 2023, rec. 715/2021).

3. Nulidad por abdicación en la cuantificación.

Con respecto a este motivo de impugnación, que se alega de forma subsidiaria, argumenta la parte actora la vulneración del artículo 25 del TRLHL, entendiendo que la entidad local ha renunciado a su obligación de cuantificar todos los hechos imponibles que la propia Ordenanza regula.

A continuación, expone los hechos no cuantificados:

- La utilización privativa de los elementos auxiliares de las instalaciones de Red Eléctrica (torres, apoyos, etc.).

- La utilización privativa o aprovechamiento especial de las instalaciones de distribución de gas, agua, hidrocarburos y similares.

Subraya que el ITE confirma explícitamente que no se aborda el cálculo para la utilización privativa, lo que deja sin regular una parte del hecho imponible definido en la propia Ordenanza.

4. Nulidad del régimen de cuantificación de la tasa.

Este es el argumento más extenso y se divide en cuatro motivos de impugnación:

a) Réplica de defectos ya anulados por el Tribunal Supremo. La nueva Ordenanza incurre en los mismos vicios que la anterior, anulada por el Tribunal Supremo, al no tener en cuenta la diferente intensidad de uso entre el aprovechamiento especial y la utilización privativa. Se considera un "artificio" el uso de un "coeficiente de amortización" (Contencioso-Administrativo) del 5% y un tipo de gravamen del 100% para el aprovechamiento especial, ya que en la práctica no diferencia la carga tributaria según la intensidad del uso.

b) Cuantía desproporcionada para el aprovechamiento especial, pues la fórmula de cálculo (cables aéreos) sigue indebidamente el esquema previsto en el artículo 64 de la Ley 25/1998, para los supuestos de utilización privativa. Se parte del valor total del suelo como si estuviera completamente ocupado, ignorando que el vuelo de los cables tiene una incidencia mínima sobre el terreno y no impide otros usos. Esto genera una cuantía desproporcionada.

c) Determinación incorrecta del valor del suelo.

El ITE aplica un coeficiente incorrecto (0,100, de tipología industrial) sobre el Módulo Básico de Repercusión (MBR7) para calcular el valor del suelo rústico. Según la jurisprudencia del propio Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el coeficiente correcto para tendidos eléctricos es el de 0,015 correspondiente a la "tipología excesiva". Este error infla artificialmente el valor del suelo y, por tanto, la base imponible de la tasa.

d) Falta de motivación del coeficiente CMCR.

El Coeficiente Multiplicador de la Categoría de la Red de Transporte (CMCR) aplica unos valores (2.00, 1.50, 1.00, 0.50) que carecen de justificación en el ITE, que se limita a citar el Real Decreto que clasifica las líneas por tensión, pero no explica de dónde surgen dichos multiplicadores ni su relación con el valor de mercado de la utilidad, lo que los convierte en arbitrarios y vulnera los principios de publicidad y transparencia exigidos por la jurisprudencia.

2. Los argumentos sostenidos por el Ayuntamiento de Alhóndiga en su contestación.

La parte demandada contesta a la demanda con solicitud de una sentencia por la que se desestime el recurso contencioso-administrativo con expresa imposición de costas a la parte actora.

Alega, en síntesis:

1. Sobre la supuestos nulidad por vicios formales, el Ayuntamiento desmiente este hecho, alegando que del examen del expediente administrativo se puede comprobar la existencia de dos acuerdos diferenciados, adoptados en la misma sesión plenaria: uno sobre la imposición de la tasa (punto primero) y otro sobre la modificación de la ordenanza fiscal (punto segundo), ambos recogidos en el mismo documento. Además, los anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincial también distinguen claramente entre ambos actos.

En cuanto a la jurisprudencia citada por la demandante, el Ayuntamiento aclara que los casos invocados corresponden a situaciones en las que el acto de imposición no existía, algo que no ocurre en este supuesto, ya que ambos acuerdos constan de forma expresa y formal. La simultaneidad en la sesión plenaria no contraviene el procedimiento legal cuando existen dictámenes diferenciados.

2. Respecto a la infracción del contenido mínimo de la Ordenanza, el argumento de que no se definen la base imponible ni la cuota tributaria para la utilización privativa se desmonta, a juicio del Ayuntamiento, con la simple lectura de la propia ordenanza. El Ayuntamiento cita literalmente el artículo 5 (Cuantía de la tasa) y el Anexo I (Cuota tributaria), donde se establece un tipo de gravamen diferenciado: el 100% para el aprovechamiento especial y el 5% para la utilización privativa, basada en los criterios del informe técnico-económico. Esta regulación cumple, según el Ayuntamiento, con las exigencias legales.

3. En cuanto a la obligación de cuantificar los hechos imponibles, se señala que en el municipio no existen instalaciones de gas, agua ni hidrocarburos, por lo que carece de sentido liquidar una tasa sobre hechos inexistentes. Además, aunque la ordenanza concreta la posibilidad de gravar la utilización privativa (por ejemplo, por torres o apoyos), el Ayuntamiento justifica su no liquidación actual en la conclusión técnica: el elemento realmente relevante es el aprovechamiento especial de las líneas eléctricas, mientras que la ocupación física es residual, lo que no obsta a que en un futuro se puedan reevaluar estos criterios si cambiase la situación.

4. En cuanto al método de cálculo de la base imponible, el Ayuntamiento recuerda que esta objeción fue desestimada en un recurso previo, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, que avala la utilidad reportada al sujeto pasivo como base adecuada para calcular la tasa. El valor catastral de suelo rústico con construcciones (incluyendo líneas eléctricas) es válido según los criterios jurisprudenciales, siempre que el método aplicado sea objetivo, proporcionado y no discriminatorio. Además, el Ayuntamiento explica que se han corregido los efectos inidentificados en la anulación de la Ordenanza anterior, estableciendo ahora una diferenciación clara entre utilización privativa y aprovechamiento especial, conforme a la doctrina más reciente del Tribunal Supremo.

TERCERO.- Precedente de la Sala y estimación parcial del recurso.

Procede señalar que esta Sala y Sección ha tenido ocasión de pronunciarse sobre un supuesto de hecho y de derecho análogo al que ahora nos ocupa, al resolver el recurso contencioso-administrativo núm. 30/2024, mediante Sentencia núm. 295/2025, de 1 de septiembre de 2025. Dicho recurso se interpuso contra la modificación de la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Fuentenovilla, cuya estructura, metodología y articulado son sustancialmente idénticos a los de la ordenanza aquí recurrida.

Por consiguiente, en aras de preservar los principios de seguridad jurídica y unidad de doctrina, resulta de aplicación el criterio ya sentado por este Tribunal, por lo que se transcriben a continuación los fundamentos jurídicos de la citada sentencia que resultan de interés para la resolución del presente caso:

«SEGUNDO.- Sobre la declaración de nulidad de la OF por vulneración de los artículos 15.1, 16.1 y 17.4 del TRLHL. Desestimación.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante , TRLRHL), prevé:

Artículo 15.1. "Salvo en los supuestos previstos en el artículo 59.1 de esta ley, las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos".

Artículo 16.1 in fine "Los acuerdos de aprobación de estas ordenanzas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los de imposición de los respectivos tributos. Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación".

Artículo 17.4. "En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación."

Artículo 59.1. "Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta ley y las disposiciones que la desarrollan, los siguientes impuestos:

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

b) Impuesto sobre Actividades Económicas.

c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica".

La STS de 1 de julio de 2001 (rec. 4415/1996), en relación con el Texto refundido de la Ley de Régimen local de 24 de junio de 1955, dice: "...El artículo 717 de este Texto refundido disponía: " Las Corporaciones Locales acordarán la imposición de las exacciones y aprobarán simultáneamente las correspondientes Ordenanzas para su aplicación, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros". Es claro que este artículo 717 regula dos actos administrativos distintos, uno es el acto de imposición,por el cual el Ayuntamiento acuerda establecer el tributo de que se trata, haciendo uso además de las facultades que les confiere la Ley, como por ejemplo de la fijación de los tipos de gravamen o Tarifas, y otro es el acto de aprobación de las Ordenanzas, verdadero reglamento del tributo. Estas normas sirven para demostrar que el acto de imposición y la aprobaciónde la respectiva Ordenanza, eran actos administrativos distintos, de inexcusable cumplimiento para aplicar las exacciones locales,.." (el subrayado es nuestro) .

Y la STS de 15 de noviembre de 2001 (rec. 5985/1996), también en relación con el mismo Texto legal, dice: "... Pero es más, aunque la Ordenanza fiscal se hubiera aprobado correctamente, sería nula por no existir el acto de imposición,que como hemos afirmado es requisito jurídico "sine qua non" para la aprobación de la Ordenanza, pues en la Hacienda Local no puede existir una Ordenanza Fiscal sin el previo establecimiento del tributo (por supuesto, potestativo, que era el caso del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos en el municipio de Munguía)" (el subrayado es nuestro) .

Por tanto, el Tribunal Supremo viene estableciendo la necesidad del acuerdo expreso adoptado por la Administración Local de imposición de la tasa de forma diferenciada al Acuerdo de aprobación de la Ordenanza Fiscal y no admite la posibilidad de un acuerdo implícito, derivado de la aprobación de la Ordenanza Fiscal; considerando esencial, a criterio de la Sala, que las normas y jurisprudencia transcrita precisan dicho Acuerdo para la aprobación de la respectiva Ordenanza, no así para su modificación, por lo que en el caso de autos, no resulta exigible tal Acuerdo. Como asimismo se ha pronunciado nuestro Alto Tribunal en la reciente Sentencia núm. 505/2025 de 5 de mayo (rec. 7096/2023), fijando la siguiente doctrina:

"6.1.En respuesta a la cuestión primera del auto de admisión, se puede concluir de la remisión realizada que:

(i) En los supuestos de modificación de ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, de existir acuerdo inicial de imposición de la tasa, no es exigible un nuevo acuerdo de imposición, cualquiera que sea el alcance de la modificación de la ordenanza reguladora, si no se ha adoptado el preceptivo acuerdo posterior suprimiendo aquella."

De modo que procede desestimar la causa de nulidad invocada por el actor.

TERCERO.- Sobre la falta de constancia en el Expediente Administrativo de que los anuncios de exposición se llegaran a publicar en el BOP. Desestimación.

Refiere bajo este motivo de impugnación la demanda que "figuran en el expediente administrativos BOPs en blanco, siendo del todo imposible para mi representada alcanzar a conocer el contenido que debiera constar en estas publicaciones".

Motivo que ha de decaer, toda vez que se aprecia claramente de los documentos 12.11 y 14.3, que los referidos Acuerdos se publicaron en el BOP, no se aprecian documentos en blanco en el Expediente Administrativo y además, se constata por la Sala que dichas publicaciones tuvieron lugar en el BOP de Guadalajara de 27.10.2023 (código de anuncio 3542) y de 18.12.2023 (código de anuncio 4255).

CUARTO.- Sobre la anulabilidad del régimen de cuantificación previsto en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal. Estimación.

Posición de las partes.

La actora esgrime que no se ha tomado en consideración la intensidad de uso del suelo público aprovechado objeto de la Tasa que nos ocupa; toda vez que el informe técnico-económico (ITE) que sustenta la Ordenanza Fiscal impugnada no distingue adecuadamente entre el uso privativo y el aprovechamiento especial del dominio público, conteniendo una distinción meramente artificiosa, pero no real.

Expone que para la cuantificación de la Tasa se utiliza una base imponible (valor del suelo más valor de las instalaciones) y un tipo tributario (del 5%, independientemente de la justificación que le trate de otorgar el informe técnico-económico- (en el que se hace referencia a la Ley del Impuesto de Sociedades) que se refieren a supuestos de utilización privativa de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley 25/1998.

A dichos argumentos se opone la Administración demandada, defendiendo que la modificación de la Ordenanza se ajusta a los criterios plasmados por el Tribunal Supremo, toda vez que contiene un tipo de gravamen diferenciado para el supuesto de aprovechamiento especial (100%) con respecto al se utilización privativa (5%), que aparece claramente publicado en la propia Ordenanza.

Así como que el ITE distingue entre los supuestos de uso, si bien mide la intensidad de uso del aprovechamiento especial por ser éste el uso fundamental de las líneas eléctricas, dejando el cálculo de la intensidad por la utilización privativa para una posterior modificación, por cuanto no son tenidos en cuenta para el cobro de la tasa.

E igualmente sostiene que la falta de transparencia del Coeficiente de Precio de Alquiler (CPA) fue la que determinó a que el Tribunal Supremo lo considerase un tipo de gravamen; pero en el caso de autos se distingue de forma motivada y transparente la base imponible. Apareciendo correctamente reflejado en el ITE de dónde se obtiene el Coeficiente para determinar la amortización.

Principales pronunciamientos del Tribunal Supremo aplicables al caso de autos

Las Sentencias del Tribunal Supremo núm. 1005/2023, de 14 de julio, y núm. 1047/2023, de 19 de julio, fijan como doctrina jurisprudencial lo siguiente:

"Como síntesis de todo lo expuesto, debemos fijar la siguiente doctrina jurisprudencial sobre la primera cuestión de interés casacional: un elemento esencial de la tasa, como es el tipo de gravamen, que se aplica sobre otras magnitudes para el cálculo de la cuota tributaria, debe aparecer claramente determinado en la propia ordenanza o en los anexos publicados junto con la misma, conforme al art. 16.1.a) y art. 17.4 del TRLHL .

Y respecto a la segunda cuestión, y partiendo del dato cierto de que la Ordenanza no diferencia entre utilización privativa y aprovechamiento especial y que, por consiguiente, tanto una como otra forma de utilización del dominio público están sometidas a los mismos parámetros, se vulnera la obligada diferenciación entre la determinación de la carga impositiva a tenor de la diferente intensidad que implican utilización privativa y aprovechamiento especial."

Tras establecer en su FD Cuarto, al respecto de la primera cuestión, lo siguiente:

"En este caso, y contradictoriamente con lo previsto en el artículo. 4 de la ordenanza recurrida, que menciona explícitamente la aplicación de un tipo de gravamen para la determinación de la cuota tributaria, la defensa del Ayuntamiento recurrido niega que exista tal tipo de gravamen, y sostiene que la cuota se determina en el propio informe técnico, que, afirma, forma parte de la ordenanza porque así lo dispone su artículo. 4, cuando dice que "la cuota tributaria de la tasa está contenida en el Anexo de Tarifas correspondiente al Estudio Técnico-Económico que forma parte de esta Ordenanza".

No es así. Aunque el Ayuntamiento demandado afirme que no existe tipo de gravamen y que el coeficiente CPA o coeficiente de determinación del alquiler, no puede ser calificado como tal, basta la lectura del art. 4 de la ordenanza recurrida para constatar que se reconoce explícitamente la existencia de tipo de gravamen, que se denomina tipo impositivo:

"[...] La cuota tributaria resultará de calcular en primer lugar la Base Imponible que viene dada por el valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de instalación, destino y clase que refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a las prescripciones de las normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la Base Imponible, sino del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo [...]".

Con independencia de cómo lo denomine el informe técnico-económico, el análisis de la fórmula que en el mismo se utiliza para determinar las cuotas tributarias incorporadas al denominado en el art. 4 de la Ordenanza como "Anexo de Tarifas " nos permite concluir que lo que se denomina CPA o coeficiente de determinación del alquiler es, en realidad, un tipo impositivo que cuantifica, mediante su aplicación sobre el valor catastral corregido por el resto de factores, la cuota correspondiente. Ese tipo impositivo, que el informe técnico económico denomina CPA (coeficiente de determinación del alquiler) se ha establecido, como reconoce el propio ITE, por referencia a lo previsto en el régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales. Más precisamente, ese coeficiente, fijado con carácter general en el 5 %, (0,05) se basa en lo dispuesto en el art. 64.3 de la Ley 25/1998 ,de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales la Ley que establece, bajo la expresión inequívoca de tipo de gravamen, que "[...] 3. El tipo de gravamen anual será del 5 por 100 y del 100 por 100, respectivamente, sobre el valor de la base resultante en los casos previstos en las letras a) y b) del primer apartado de este artículo [...]".

Aunque el escrito de oposición intenta sustentar la elección de este coeficiente en otras normas, como la legislación del impuesto de sociedades y sus reglas sobre depreciación del inmovilizado [ art. 12.1.a) de la Ley 27/2014 del IS ,y art. 4.d del Reglamento del Impuesto de sociedades] el propio estudio económico contenido en el ITE es inequívoco al señalar que "[...] para determinar este coeficiente se ha tenido en consideración lo dispuesto en el régimen legal de las Tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público [...]", y, por más que más adelante se mencione un "Reglamento de Bienes de las Entidades Localesde la comunidad autónoma de Castilla La Mancha" que no se identifica, la base normativa del coeficiente aplicado es el art. 64.3 de la Ley 25/1998 antes citado. La funcionalidad de ese denominado CPA en la fórmula de fijación de la cuota tributaria es indudablemente la de un tipo de gravamen que se aplica sobre la base imponible, aunque se introduzcan en la determinación de la misma otros coeficientes. Lo relevante es que, dadas las propiedades asociativa y conmutativa de la multiplicación, que es la operación de la fórmula de cálculo de la cuota, es indiferente que ese coeficiente se sitúe en un lugar u otro de la operación que aplica dicho coeficiente, a modo de tipo de gravamen, sobre el valor catastral (VCS+VCC) modulado por el conjunto de coeficientes que determinan el valor de la utilidad del aprovechamiento. Así pues, el denominado CPA constituye, en rigor, un tipo de gravamen, precisamente el que exige de forma explícita el art. 4 de la Ordenanza recurrida, dentro de las distintas opciones que permite el art. 24.3 TRLHL , que dispone que la cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, bien en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos. El art. 4 de la Ordenanza opta por un método de fijación en el que es imprescindible la aplicación de un tipo de gravamen sobre la base imponible y así lo hace el ITE, aunque sin tal denominación, mediante el denominado CPA que opera en la forma antes descrita.

Resuelta la naturaleza de tipo de gravamen de ese coeficiente CPA, resulta obvio que el mismo tan solo consta incorporado al informe técnico económico, pero no a la ordenanza. Y el informe técnico económico no ha sido objeto de publicación ni consta incorporado al texto publicado de la ordenanza, ni tan siquiera como anexo. De ello se sigue que no se satisfacen las exigencias del principio de legalidad, expresado en el art. 16.1.a) en relación con el principio de publicidad en la forma requerida por el art. 17.4 TRLHL.

Dicho de otra manera, la mera remisión al informe en los términos que hace el art. 4 de la Ordenanza no es equivalente a la publicación del informe, que en este caso no se ha producido conforme exige el art. 16.1.a), que impone que los elementos esenciales del tributo, como es el tipo de gravamen, formen parte de la Ordenanza, y que deberá ser objeto de publicación conforme al art. 17.4 TRLHL."

La STS nº 718/2024, de 26 de abril ,según la cual, la tasa por aprovechamiento especial debe regirse, en cuanto a la determinación de la base imponible y del tipo de gravamen, conforme el artículo 64 de la Ley 25/1998, por lo que no es compatible con dicha regulación que se emplee, para gravar el aprovechamiento especial, la base imponible prevista para el uso privativo y se apliquen dos tipos de gravamen, uno del 5%, para supuestos de mayor intensidad de uso, y otro del 2.5% para los casos de menor intensidad de usos ya que ambos operan sobre la base de cálculo determinada con los criterios que corresponde a la utilización privativa, y no con los del aprovechamiento especial. En concreto, dicha Sentencia previene:

"En el caso a que se refiere la sentencia recurrida se modifica una Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, modificación que se efectúa con la intención declarada de ajustarse a esta doctrina jurisprudencial. En el esquema de la Ordenanza, tal y como resulta del acuerdo de modificación, que se remite al Informe Técnico Económico y Jurídico que incorpora el expediente, no se contempla, ya se ha dicho, supuesto alguno de utilización privativa del dominio público local en el caso de estas instalaciones, y se califica la utilización del dominio público local para instalación de redes de transporte de energía eléctrica como un uso que, en su conjunto, tiene la naturaleza de aprovechamiento especial del dominio público. Así, dispone el artículo 4 de la Ordenanza que "[...] La cuota Tributaria resultará de calcular, en primer lugar, la base Imponible que viene dada por el valor total de la ocupación, suelo e instalaciones, dependiendo del tipo de instalación, destino y clase que refleja el estudio, a la que se aplicará el tipo impositivo que recoge el propio estudio en atención a las prescripciones de las normas sobre cesión de bienes de uso y dominio público, de modo que la cuota no resulta de un valor directo de instalaciones y ocupaciones, que es lo que constituye la base Imponible, sino del resultado de aplicar a ésta el tipo impositivo [...]" y a continuación añade que "[...] conforme a la exigencia del Tribunal Supremo en las sentencias, por todas, la de 3 diciembre de 2020 que motivan esta ordenanza, se establecen en atención a la justificación del Estudio, dos tipos impositivos diferentes en atención a la intensidad del uso del dominio público local:

a) El 5% en los aprovechamientos especiales de las instalaciones tales como cajas de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, apoyos, transformadores, depósitos u otros elementos similares.

b) El 2,5% en el aprovechamiento de los restantes elementos tales como líneas aéreas o cables de transporte de energía [...]".

Es decir, se excluye que concurran en este tipo de instalaciones situaciones de aprovechamiento especial junto con otras de utilización privativa, calificando todo el uso aprovechamiento especial, aunque, al mismo tiempo, se diferencia dentro del aprovechamiento especial diferentes grados de intensidad de uso, que se traduce en una carga tributaria mayor respecto a instalaciones tales como cajas de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, apoyos, transformadores, depósitos u otros elementos similares, que se califican como aprovechamientos especiales de especial intensidad, para los que se establece un tipo del 5 %, que se denomina de gravamen en el Informe. Además, la Ordenanza fija un tipo de gravamen del 2,5% para supuestos de aprovechamiento especial de menor intensidad (tendido eléctrico, líneas aéreas o cables de transporte de energía) justificado en los coeficientes de ponderación de las normas técnicas de valoración catastral y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en relación con las medianerías, balcones, terrazas y porches.

Este esquema de gravamen, bajo la figura unitaria de aprovechamiento especial con distintas intensidades en los casos de utilización del dominio público local, en este tipo de instalaciones, se repite en distintos Ayuntamientos de localidades de España habiendo dado lugar ya a la interposición de distintos recursos de casación ante el Tribunal Supremo, -entre otros, los RCA 6455/2022, 530/2022, 6655/2022 y 8971/2022- en los que cabe constatar que los Tribunales Superiores de Justicia ( en esos casos el TSJ de Extremadura por una parte, y el TSJ de Castilla y León, por otra) mantienen criterios dispares sobre las mismas cuestiones jurídicas.

Este modelo de ordenanza parte de la premisa de que en este tipo de instalaciones no existe en ningún caso utilización privativa - que no se contempla - y considera que la utilización del dominio público local para instalación de redes de transporte de energía eléctrica constituye, en su conjunto, un aprovechamiento especial del dominio público, es decir que no concurren en este tipo de instalaciones aprovechamiento especial y una utilización privativa, sino que en todo caso existe un aprovechamiento especial, diferenciado en distintas intensidades de uso, según los elementos.

Pues bien, hay que recordar que para la determinación de cuota tributaria en que consiste esta tasa, el artículo 24.1 TRLHLestablece que se tomará como "referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público", y remite a las ordenanzas fiscales el establecimiento en cada caso, y atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, de los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada, que, conforme al artículo 25.1 TRLHLfigurarán en los "informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado", a cuya vista deberá adoptarse el acuerdo de establecimiento de la tasa. Por último el artículo 23.4 TRLHLestablece que:

"3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en:

a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa,

b) Una cantidad fija señalada al efecto, o

c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos".

Para el Ayuntamiento recurrido, el método de determinación del valor parte de un primer elemento, que la ordenanza denomina "base imponible", que se dice fijado en concordancia con los criterios establecidos en la jurisprudencia de esta Sala, citando las STS de 10 de mayo de 2017 (rec. cas. 966/2016, ES:TS:2017:1082 ) y de 7 de diciembre de 2016 (rec. cas. 3257/2015 ES:TS:20016:5398), y que la representación del Ayuntamiento recurrido considera incuestionable ya que, dice, la fijación del valor de la utilidad, o base imponible es una cuestión que "ya fue resuelta y quedó firme sin que, conculcando el Principio de Seguridad Jurídica, pueda volverse sobre ello, pues estaríamos pudiendo discutir todos los parámetros aceptados por el TS con cualquier modificación" (pág. 10 escrito oposición).

Tal planteamiento no es correcto porque lo que establece la doctrina jurisprudencial expresada en esas sentencias, es que puede ser admisible conforme al marco que establece el art. 24 TRLHLtomar en consideración y utilizar como parámetro los valores catastrales de suelo rústico con construcciones y de las instalaciones, como elementos de referencia para la determinación del "valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público "que es lo que establece el artículo 24.1.a) TRLHL .Pero ello no significa que se pueda descomponer este procedimiento de fijación de la cuota tributaria en dos fases independientes, y como pretende la representación del Ayuntamiento, desconectadas, una de fijación de una base imponible, o si se quiere, determinación de valor de la utilidad, y otra de elección del tipo de gravamen. No cabe esta separación, y es el resultado del conjunto de sistema de determinación de la cuota tributaria, el que tiene que expresar que el valor de la utilidad se corresponde con el que el artículo 24.1.a) del TRLHLestablece como elemento de referencia, esto es, el valor que tendría en el mercado la utilización o el aprovechamiento de los terrenos si los bienes afectados no fuesen públicos. Debe ser examinada en su totalidad la coherencia de los elementos que integran el procedimiento de fijación de la cuota o tarifa que se establezca, y su ajuste a ese parámetro de referencia.

En este caso, la determinación de ese valor se efectúa en el Informe técnico jurídico y económico con referencias, en primer lugar, al artículo 92 del Reglamento de bienes de las Entidades Locales ,que establece que el arrendatario o cesionario satisfará un canon no inferior al 6% del valor en venta de los bienes, para el caso de arrendamiento de bienes patrimoniales. A continuación el ITE de la Ordenanza se acoge a lo dispuesto en el julio, de modificación del régimen legal de las tasas estatales y locales, que regula las bases y tipos de gravamen en las tasas por utilización privativa y aprovechamiento especial, distinguiendo entre utilización privativa (el valor del terreno y en su caso instalaciones ocupadas) y aprovechamiento especial (en que se tomará como referencia la utilidad que reporte el aprovechamiento), y establece que los tipos de gravamen serán del 5% en la utilización privativa y del 100% en el aprovechamiento especial. Este último, es, en definitiva, el procedimiento de cálculo que sigue el informe técnico económico de la Ordenanza, que, según dispone el artículo 64 de la citada Ley 29/1998 consiste en:

"1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente de este artículo, se establecen las siguientes bases en relación con los distintos supuestos de utilización del dominio público:

a) En los casos de utilización privativa de bienes del dominio público, la base de la tasa será el valor del terreno y, en su caso, de las instalaciones ocupadas tomando como referencia el valor de mercado de los terrenos contiguos o la utilidad derivada de los bienes ocupados.

b) En los casos de aprovechamientos especiales de bienes del dominio público, la base de la tasa tomará como referencia la utilidad que reporte el aprovechamiento.

[...]

2.

[...]

3. El tipo de gravamen anual será del 5 por 100 y del 100 por 100, respectivamente, sobre el valor de la base resultante en los casos previstos en las letras a) y b) del primer apartado de este artículo".

Del conjunto de ambos preceptos se sigue que el tipo de gravamen anual correspondiente a los supuestos de uso calificados de "utilización privativa" es el 5 por 100 sobre el valor de la base resultante del apartado a) del artículo 64.1 de la Ley 29/1998 ,es decir, el valor del terreno y, en su caso, de las instalaciones ocupadas, tomando como referencia el valor de los terrenos contiguos o el de la utilidad derivada de los bienes ocupados. Y el tipo de gravamen anual correspondiente a los supuestos de uso calificados como de "aprovechamiento especial" es el 100 por 100 del valor de la base resultante del apartado b), es decir, la utilidad que reporte el aprovechamiento. Sin embargo, en el caso de la Ordenanza, el informe técnico económico a que se remite fija la misma base de cálculo en ambos casos -a la que denomina base imponible-, que se corresponde con la que el artículo 64.1.a) de la Ley 25/199establece para los casos de utilización privativa de bienes, cuando, como se ha dicho, la Ordenanza cataloga indefectiblemente de aprovechamiento especial el uso de dominio público que se efectúa en las instalaciones de transportes de energía eléctrica objeto de gravamen.

Por tanto, el artículo 4 de la Ordenanza, por remisión al ITE, establece la misma base imponible o base de cálculo de la utilización privativa, que, en el modelo o esquema del artículo 64 de la Ley 29/1998 asumido por el ITE de la Ordenanza, es incompatible con el régimen legal aplicable a los supuestos de aprovechamiento especial, para casos que son, según los califica la Ordenanza, de aprovechamiento especial. Y tal incompatibilidad no queda salvada por el hecho de que, a diferencia de las Ordenanzas anuladas en las STS de 3 de diciembre de 2020 (rec. cas. 3099/2019 )entre otras, la Ordenanza establezca ahora dos tipos de gravamen, uno del 5%, para supuestos de mayor intensidad de uso, y otro del 2.5% para los casos de menor intensidad de usos, ya que ambos operan sobre la base de cálculo determinada con los criterios que corresponde a la utilización privativa, y no con los del aprovechamiento especial. Reiteramos que a estos últimos les corresponde, en el esquema del artículo 64 de la Ley 25/1998de Tasas , una base de cálculo consistente en la utilidad que reporte el aprovechamiento. Es claro que, si para el caso de utilización privativa, el tipo que se aplica es el del 5%, y en el de aprovechamiento especial es del 100% de la "utilidad que reporte del aprovechamiento" (art. 24.1.b en relación al art. 24.3 TRLHL) son bases de cálculo necesariamente distintas.

Ciertamente, el informe técnico económico que incorpora la Ordenanza podría haber utilizado criterios diferentes a los que establece el artículo 64 de la Ley 25/1998 ,para determinar el valor de utilidad derivada del aprovechamiento especial objeto de gravamen, en los amplios términos que establece el artículo 24.1.a) TRLHL ,estableciendo criterios y parámetros que permitan, atendida la naturaleza específica del que en cada caso se efectúa, precisar el marco de referencia que establece la ley, que no es otro que "el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes no fueran públicos". Pero si una ordenanza, como es el caso de la recurrida, ha asumido el sistema y procedimiento establecido en el artículo 64 de la Ley 25/1998 para fijar las tarifas o cuotas que graven el aprovechamiento especial de bienes de dominio público local, debe atenerse a todos sus elementos y método, pues tan solo así se puede afirmar que se ha establecido el correcto valor de la utilidad que reporte el aprovechamiento especial. Sin embargo, la Ordenanza, y el ITE al que se remite la misma, no lo hace y desnaturaliza su resultado cuando, pese a excluir que exista "utilización privativa", utiliza el sistema de cálculo de la base que es consustancial a la utilización privativa, para aquellos usos que la propia ordenanza califica, indefectiblemente, como de aprovechamiento especial. Como esta misma base de cálculo es la que se utiliza en el ITE de la Ordenanza para los demás supuestos de aprovechamiento especial de intensidad menor, incurre en la misma incongruencia sistemática y procedimental que determina su invalidez, sin que el defecto quede salvado por el hecho de que, para estos supuestos, la Ordenanza y el ITE module el resultado de aplicar el tipo del 5 % mediante el recurso a un coeficiente de intensidad de uso (0,5) que reduce a la mitad (2.5%) el tipo de gravamen, pues el vicio radica en que se utiliza una base de cálculo o base imponible que no se corresponde, en el esquema seguido, con el aprovechamiento especial. Dado que, como hemos señalado anteriormente, este es un procedimiento de fijación del valor de la utilidad derivada del aprovechamiento y su gravamen, que forma un todo indisoluble, no cabe analizar ni efectuar pronunciarnos aislados respecto a la viabilidad del establecimiento de ese tipo de gravamen del 2.5% que plantea el punto 2.3 de la cuestión de interés casacional, ni sobre la idoneidad de los criterios que la Ordenanza menciona, como son las normas de valoración catastral sobre determinadas tipologías constructivas como medianerías, balcones, terrazas y porches."

También debemos reseñar, por su carácter reciente, la STS nº 505/2025, de 5 de mayo (Rec. 7096/2023 ),en cuyo FJ Quinto se reitera la doctrina precendente:

5.1.-Nos preguntábamos sobre la conveniencia de «[2.2.] Aclarar si, un Ayuntamiento que, en uso de su autonomía local, establece o modifica una ordenanza fiscal reguladora de la tasa a que se hace referencia, excluyendo de tributación la utilización privativa del dominio público local, puede a la vez catalogar instalaciones tales como cajas de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, apoyos, transformadores, depósitos u otros elementos similares como aprovechamientos especiales de especial intensidad, y determinar la base imponible de la tasa de acuerdo con lo previsto en el artículo 64.1.a) Ley 25/1998 ,tomando como parámetro "el valor del terreno y, en su caso, el valor de las instalaciones ocupadas", en lugar de tomar como referencia "la utilidad que reporte el aprovechamiento" a que se refiere el apartado b) del mismo precepto, y, fijar un tipo de gravamen del 5% para los supuestos de aprovechamiento especial de gran intensidad.

2.3. Precisar si, las ordenanzas municipales reguladoras de esta clase de tasas pueden fijar un tipo de gravamen del 2,5% para supuestos de aprovechamiento especial de menor intensidad (tendido eléctrico, líneas aéreas o cables de transporte de energía) justificado en las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana en relación con las medianerías, balcones, terrazas y porches. [...]».

5.2.-Idénticas cuestiones y en los mismos términos fueron planteadas con ocasión de las sentencias del 26 de abril de 2024, FJ 7º, RC 6542/2022 ,a la que ya nos hemos referido , seguidas por las del 30 de abril de 2024, RC 6655/2022 y 8971/2022 .Interpretábamos el alcance de los artículos 24.1.a) del TRLHLy 64 de la Ley 25/1998 ,como ya hicieran las anteriores del 3, 10, 11, 16 y 17 de diciembre de 2020, RC 3690/2019 ;3100/2019; 3909/2019; 3103/2019 y 3099/2019.

Abordamos la relevancia de la intensidad del uso o del aprovechamiento del demanio para cuantificar la tasa y puntualizamos que «[e]l valor de mercado del aprovechamiento debe ser necesariamente diferente si no permite un ulterior uso del dominio público o si, por el contrario, sí admite usos diferenciados sobre el mismo terreno[...]».Dijimos que, en determinadas ocasiones como en las allí enjuiciadas, la utilización del demanio público en el aprovechamiento especial puede ser de tan intensidad que coincida con un uso privativo de ciertos bienes, «[c] uando resulte necesario para el transporte de la energía -por ejemplo- la colocación de instalaciones fijas en el suelo o en el subsuelo (cajas de amarre, torres metálicas, transformadores u otros tipos de elementos)»;sin embargo, «[e]l transporte de energía como tal no impide, de ordinario, el uso común del demanio afectado por dicho transporte. [...]».

No descartábamos la relevancia que para la cuantificación pudieran tener las valoraciones catastrales, y reconocimos la escasa precisión[...]» del artículo 24 TRLHL ,de cara a facilitar los instrumentos para esta tarea. En ese contexto dimos por bueno, siguiendo la fundamentación de las propias ordenanzas que analizábamos, su integración a través de lo previsto en el artículo 64 de la ley 25/1998 .

En esa ocasión, consideramos que las ordenanzas fiscales enjuiciadas no eran ajustada a Derecho porque fijaban un gravamen que legalmente se correspondía «[c]on un supuesto de utilización privativa del demanio cuando nos hallamos ante un caso evidente de aprovechamiento especial (aunque puede exigir -conjunta, pero desde luego no de manera esencial- la utilización privativa de algún bien del demanio municipal) (...) la Ordenanza debería haber deslindado los dos supuestos (el de utilización privativa y el del aprovechamiento especial) [...]».

5.3.-Como en las SsTS de 26 y 30 de abril de 2024 RC 6542/2022 y 6655/2022, la propia ordenanza fiscal puntualizaba que no estábamos ante un aprovechamiento privativo. Solo se sometía a tributación aprovechamientos especiales, pero habida cuenta de la diversa intensidad del uso, se intentó modular la cuantificación a través de diferentes tarifas.

Hemos dicho que las instalaciones de redes de transporte de energía eléctrica constituyen «[e]n su conjunto, un aprovechamiento especial del dominio público, es decir que no concurren en este tipo de instalaciones aprovechamiento especial y una utilización privativa, sino que en todo caso existe un aprovechamiento especial, diferenciado en distintas intensidades de uso, según los elementos. [...]».

Tampoco en esa ocasión descartamos que «[p]ara calcular la tasa se pueda tomar como referencia los valores catastrales en suelo rústico de la instalaciones[...]»,lo que es plenamente admisible bajo el paraguas del artículo 24.1.a) del TRLHL ;sin embargo descartamos «[q]ue se pueda descomponer este procedimiento de fijación de la cuota tributaria en dos fases independientes, y como pretende la representación del Ayuntamiento, desconectadas, una de fijación de una base imponible, o si se quiere, determinación de valor de la utilidad, y otra de elección del tipo de gravamen. [...]».

También rechazamos que, para la valoración de la tasa por el aprovechamiento especial, se atienda solo a la valoración de elementos catastrales, como si fuera aprovechamiento privativo (que excluya otro posible uso compartido), y acto seguido se module con la tarifa. Lo procedente en estos casos es atender al 100% utilidad que reporte el aprovechamiento especial. No dijimos ni especificamos como debía llevarse a cabo este cálculo sobre la totalidad que suponía el aprovechamiento, pero sí censuramos que los informes técnico-económicos fijaran «[l]a misma base de cálculo en ambos casos -a la que denomina base imponible- que se corresponde con la que el artículo 64.1.a) de la Ley 25/1998 [...]».Es decir, lo que no procede es aplicar, para el cálculo del aprovechamiento especial, idénticos parámetros que para el privativo, sustentado exclusivamente en la valoración de los elementos catastrales afectos.

Criterio de la Sala.

Es de reseñar que la presente Ordenanza aunque en su artículo 2, prevé que constituye su hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local en su suelo, subsuelo y vuelo con instalaciones de transportes de energía con todos sus elementos indispensables o las instalaciones de transporte de gas, agua, hidrocarburos y similares; en la práctica se centra en gravar únicamente el aprovechamiento especial; de hecho, de manera expresa el Informe Económico Técnico dispone:

"Dado que nos encontramos ante un caso evidente de aprovechamiento especial, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, siendo la utilización privativa no esencial o escasamente relevante, por cuanto las líneas de transporte de energía ni ocupan físicamente, ni utilizan privadamente el suelo que sobrevuelan, se ha tenido en consideración en el presente Informe Técnico Económico la red de transporte de energía descartando para la toma en consideración de la Tasa sus elementos auxiliares necesarios (torres metálicas u otros tipos de elementos).

De tenerse en cuenta en su día, por cuanto actualmente no es tenido en cuenta, para la cuantificación de la Tasa las torres metálicas, transformadores u otros tipos de elementos auxiliares necesarios que puedan constituir utilización privativa se ampliará este estudio técnico económico, justificando la intensidad y relevancia de la utilización."

De modo que, realmente no se expone un método de cuantificación para el supuesto de utilización privativa y por tanto no podemos, en principio, sostener que los parámetros para la cuantificación de uno y otro hecho imponible coincidan. Aunque en la referencia contenida en el artículo 5 de la base imponible, comienza disponiendo: "Conforme a lo previsto en el artículo 24.1.a) TRLH el importe de la tasa previsto por dicha utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes afectados no fuesen de dominio público, adoptados a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo, tal como previene el artículo 25 del TRLHLen vigor".

Además, en apariencia, la Ordenanza si contempla un tipo de gravamen diferente para la utilización privativa y el aprovechamiento especial, pues en ella se prevé, articulo 5.2:

"Tipo de gravamen:

Sobre la base imponible diferenciada por su intensidad de uso si se trata de aprovechamiento especial o utilización privativa, se aplicará un tipo de gravamen diferenciado, de acuerdo al artículo 64.3 de la Ley 25/1998, de 13 de julio ,de modificación del régimen legal de las Tasas estatales y locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público:

Tipo de gravamen por aprovechamiento especial: 100%

Tipo de gravamen por utilización privativa: 5%.

La cuota tributaria resultará de aplicar sobre la base imponible el tipo de gravamen diferenciando si estamos ante un uso de aprovechamiento especial o utilización privativa de la red de transporte de energía y sus elementos auxiliares necesarios."

Respecto del método de cuantificación reflejado en el ITE, se prevé:

"Partiendo de la base de que en realidad se pretende valorar un suelo público sobre el que no existe mercado porque no existe ni oferta ni demanda y que no tiene relación alguna con el suelo privado, el parámetro que nos parece más adecuado para valorar dicha utilidad lo constituye el valor catastral del suelo y edificación de naturaleza urbana del municipio, revisado por distintos coeficientes ponderadores de intensidad del uso.

(...)

La fórmula final de la cuota básica anual, por cada metro lineal de ocupación, teniendo en cuenta todos los parámetros relacionados, es la siguiente:

CBA = (VCS + VCC) * CAVC* EML* CA* CMCR

Siendo:

(VC)Valor Catastral.

(VCS)Valor Catastral del Suelo ocupado, determinado de la siguiente manera:

(VCC)Valor Catastral de la Construcción.

(SUP)Superficie.

(VU)Valor unitario. Siendo igual a MBC por coeficiente correspondiente de la Orden EHA/3188/2006 .De los polígonos del municipio que recoge la ponencia de valores, se utiliza el atribuido a los "Diseminados", pues el valor con el que se valoran todas las construcciones urbanas en suelo rústico.

(CCS)Coeficiente corrector suelo.

(CCC)Coeficiente corrector construcción.

(CCJ)Coeficiente corrector conjunto.

(RM)Coeficiente de Relación al Mercado, que actúa en la valoración individualizada de los bienes resultantes de las Ponencias de valores con el fin de garantizar su uniforme referencia a los valores de mercado. Sera igual a 0,50, ya aplicado en las ponencias de valores.

VCS = SUP * VU * CCS * CCJ * RM

VCC = SUP * VU * CCC * CCJ * RM

VC = VCS + VCC

Sobre el valor catastral antes reseñado, se aplican los siguientes coeficientes:

(CAVC)Coeficiente de actualización del valor catastral, establecido por las leyes de presupuestos generales del Estado, para el municipio de FUENTENOVILLA.

Se utiliza por consiguiente el coeficiente 1,060458787, que responde al incremento experimentado en los bienes inmuebles de carácter urbano, en el municipio entre el ejercicio de 2006 (siguiente a la entrada en vigor de la ponencia de valores) y el ejercicio de 2023.

(EML)Para determinar dicho coeficiente, se utiliza la siguiente limitación impuesta por el R.D.1955/2000: "En todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección". Se utiliza el coeficiente 1,00, por un criterio de prudencia en la valoración a la que responde este informe, a pesar de que evidentemente el área ocupada por la línea de transporte de energía eléctrica, o por la línea de transporte de hidrocarburos a alta presión es muy superior.

(CA)Coeficiente para determinar la amortización. Sera igual a 0,05. Para determinar dicho coeficiente, se han tenido en consideración los Artículos 12.1.a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto Sobre Sociedades y el artículo 4 del Reglamento del Impuesto de Sociedades que considerara la depreciación del inmovilizado material y permite la amortización de las inversiones de las mercantiles transportadoras de energía durante 40 años. Se puede consultar el coeficiente para instalaciones-redes de transporte de energía, en tanto en la legislación de referencia como en el siguiente enlace de la Agencia Tributaria: Agencia Tributaria: 1. Por coeficientes de amortización lineal

Este coeficiente de manera inequívoca es obtenido de la legislación sobre el impuesto de sociedades, anteriormente citada, siendo un coeficiente integrado en la propia fórmula de cálculo para la obtención de la base imponible de la Tasa.

De tal manera como después se desarrollará este porcentaje no constituye un tipo de gravamen, por cuanto a la aplicación de los diferentes coeficientes que constituyen la fórmula de cálculo, entre los que se encuentra el presente CA se obtiene la base imponible sobre la que se le aplicará un tipo de gravamen diferente, distinguiendo entre aprovechamiento especial (tipo de gravamen del 100%) o utilización privativa (tipo de gravamen del 5%)

(...)

Una vez determinado el valor de mercado o aprovechamiento, se procede a la aplicación del Coeficiente multiplicador de la categoría de la red de transporte (CMCR), que será igual a los siguientes valores:

Según el artículo 3 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero (para líneas eléctricas)

Categoría especial: Las de tensión nominal igual o superior a 220 kV y las de tensión inferior que formen parte de la red de transporte conforme a lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre ,por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Será igual a 2,00.

Primera categoría: Las de tensión nominal inferior a 220 kV y superior a 66 kV. Será igual a 1,50.

Segunda categoría: Las de tensión nominal igual o inferior a 66 kV y superior a 30 kV. Será igual a 1,00.

Tercera categoría: Las de tensión nominal igual o inferior a 30 kV y superior a 1 kV. Será igual a 0,50."

En consideración a todo lo expuesto se constata que la Ordenanza Fiscal emplea, para la determinación de la base imponible, un coeficiente (CA) del 0,05 que coincide con el utilizado en la anterior normativa bajo la denominación de "Coeficiente para el Alquiler". Esta Sala, en línea con lo establecido por el Tribunal Supremo, ha reconocido que dicho coeficiente, por su función en el cálculo económico de la tasa, constituye en realidad un auténtico tipo de gravamen.

En consecuencia, la omisión de su publicación en el texto de la Ordenanza o en sus anexos vulnera los principios de legalidad y transparencia tributaria, lo cual ha sido motivo previo de declaración de nulidad de otras ordenanzas fiscales por esta misma Sala.

Por su parte, la Administración sostiene que el tipo de gravamen aplicable es del 100% para los aprovechamientos especiales del dominio público, negando el carácter de tipo impositivo al citado coeficiente del 0,05. No obstante, dicha afirmación resulta inconsistente, toda vez que la aplicación previa de ese coeficiente reductor anula en la práctica cualquier efecto del tipo del 100%, haciendo que la carga tributaria efectiva se corresponda con un 5%, coincidente, además, con el tipo previsto para las utilizaciones privativas.

En definitiva, a criterio de esta Sala, la cuantificación económica real de la tasa está condicionada por un coeficiente no publicado, lo que implica una infracción del principio de legalidad tributaria. A ello se suma que la motivación ofrecida en el informe técnico-económico no resulta suficiente, al basarse en criterios propios del Impuesto sobre Sociedades (como la amortización del inmovilizado material a 40 años) sin acreditar la conexión directa y necesaria entre tales elementos y el hecho imponible de la tasa regulada.

Por último, la situación se ve agravada por el hecho de que la Ordenanza difiere a un momento posterior la fijación de las tasas por utilización privativa del dominio público mediante elementos auxiliares de transporte de energía, sin aportar criterios concretos sobre la determinación de la base imponible, ni si se recurrirá nuevamente a dicho coeficiente. Todo ello conculca gravemente el principio de seguridad jurídica y refuerza el déficit de transparencia normativa denunciado por la parte recurrente, lo que determina que deba estimarse parcialmente su recurso, en lo que atañe a su pretensión subsidiaria de que se anule el régimen reglamentario de cuantificación de la tasa previsto en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal y en el Anexo de Tarifas.»

A la luz de los razonamientos jurídicos expuestos, y subsumiendo los hechos enjuiciados en la doctrina citada, la Sala acuerda estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo.

CUARTO.- Costas.

En materia de costas, dada la estimación parcial del recurso conforme al artículo 139.1 de la L.J.C.A., cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,