Sentencia Contencioso-Administrativo 252/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 873/2022 de 13 de mayo del 2026

PRIMERO.-La parte demandante Matrix Electrónica, SL, interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 27 de mayo de 2022, que estima en parte la reclamación económico-administrativa número 28-20748-2021, presentada contra la Decisión sobre el procedimiento de revisión de derechos arancelarios dictada por la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales, Delegación Especial de Madrid, Agencia Estatal de Administración Tributaria, por el concepto de Derechos Antidumping Provisionales, Referencia: QDA28002021000140001, DUA de importación referencia: 21ES00280136445042.

La parte recurrente interesa la declaración de nulidad de la decisión administrativa impugnada.

La Administración General del Estado se opone a las pretensiones de la parte actora.

SEGUNDO.-La controversia sobre el fondo del asunto en relación al DUA al que se refiere este proceso contencioso-administrativo ha sido anteriormente resuelta en la sentencia del TSJ de Madrid de fecha 11/03/2026, Roj: STSJ M 2475/2026, ECLI:ES:TSJM:2026:2475, Sección: 5, Nº de Recurso: 876/2022, Nº de Resolución: 124/2026, Ponente don José Alberto Gallego Laguna, de modo que en aplicación de los principios de igualdad, unidad de doctrina y seguridad jurídica, reproducimos y aplicamos la misma fundamentación de la sentencia mencionada.

TERCERO.-La sentencia del TSJ de Madrid de fecha 11/03/2026, Roj: STSJ M 2475/2026, ECLI:ES:TSJM:2026:2475, Sección: 5, Nº de Recurso: 876/2022, Nº de Resolución: 124/2026, Ponente don José Alberto Gallego Laguna, expone lo siguiente:

"PRIMERO: Se impugna en este recurso contencioso administrativo la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid el día 27 de mayo de 2022, en la que acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa número 28-21015-2021, interpuesta contra el acuerdo de resolución con liquidación provisional, con número de referencia QCL28002021000187001, en relación al DUA de importación 21ES00280136445042, dictado por la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid, por el concepto tributario "IVA Importación", siendo la cuantía de la reclamación de 154,57 euros.

SEGUNDO: La entidad recurrente solicita en su demanda que se declare el carácter contrario a Derecho de la resolución recurrida del TEAR y su consiguiente nulidad.

Alega, en resumen, como fundamento de su pretensión, que no niega esta parte que se trata de un perfil de aluminio que la misma Administración reconoce que en la factura (documento que se aporta DOC Nº 02) aparece como OP-PA-S19, pero este perfil forma parte de un aparato de alumbrado. Es cierto que la puntualización de la casilla 31 como PERFILES DE ALUMINIO puede dar lugar a error, pero no se trata de perfiles estándar sino de perfiles que forman parte de un aparato de alumbrado como puede verse en la fotografía que se adjunta (DOC Nº 03) existiendo diversos tipos de este perfil el OP-PA-S19, y el OP-PA-S21. Que se adjunta asimismo esquema de montaje del aparato de alumbrado en donde puede verse el lugar que ocupa el perfil en este montaje (DOC Nº 04). Así mismo se adjunta esquema del montaje del perfil en el aparato de alumbrado (DOC Nº 05). Que no se trata de un perfil de aluminio estándar sino de un perfil destinado exclusivamente a formar parte de un aparato de alumbrado con elementos de fijación del mismo en forma de guías exteriores destinadas a acoplarse con las propias guías del aparato de alumbrado, lo que le hace inútil para cualquier otro fin o destino que no sea formar parte de dicho aparato de alumbrado. Con la documentación aportada en el expediente puede verse que se trata de este tipo de perfil, aportándose también un esquema del montaje del mismo en la lámpara.

Por otra parte, MATRIX ELECTRÓNICA es una empresa dedicada en exclusiva a la fabricación distribución y venta de aparatos de alumbrado lo que refuerza la tesis del destino de los perfiles importados.

Entiende que la carga de la prueba debe ahora desplazarse a la Administración ya que esta recurrente cree haber presentado pruebas suficientes que defienden su tesis de que los citados perfiles forman parte de un aparato de alumbrado y únicamente pueden ser destinados a este fin por su tamaño, configuración y características técnicas.

Manifiesta que al tratarse de un perfil que forma parte de un aparato de alumbrado con elementos de fijación del mismo como son las guías exteriores destinadas a acoplarse a las guías del aparato de alumbrado cree que se incluyen en la primera excepción a los derechos antidumping del Reglamento de ejecución UE 2020/1428 que establece el derecho antidumping aplicado por la Administración y refrendado por el TEAR.

1) productos adheridos (por ejemplo, por soldadura o elementos de fijación (que sería el caso que aquí nos ocupa) para formar subconjuntos (en nuestro caso los aparatos de alumbrado).

2) O incluso en el apartado 3 productos en un kit envasado con las piezas necesarias para el montaje de un producto acabado sin ulterior acabado ni fabricación de las partes («kit de mercancías acabadas»),

Nada dice el TEAR de este reglamento que es la base de la imposición de los derechos antidumping ni de las excepciones que el mismo fija y que esta parte entiende que son aplicables a los productos objeto del presente recurso y cuya argumentación no ha sido combatida ni por la Administración ni por el TEAR.

TERCERO: El Abogado del Estado, en la contestación a la demanda, sostiene, en síntesis, que la cuestión debatida se centra en determinar si los perfiles de aluminio importados por la recurrente deben clasificarse en la posición arancelaria 9405 99 00 90, que se refiere a "luminarias y aparatos de alumbrado", declarado por la interesada, porque afirma que se destinaran a ser el soporte de unas tiras de luminarias leed, o en la posición arancelaria 7604 29 90 90 que se refiere a "perfiles de aluminio", defendido por la Administración.

Considera que el artículo 48 del Reglamento número 952/13, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión (CAU), faculta a las autoridades aduaneras para que, tras la concesión del levante de las mercancías, puedan proceder a la revisión de la declaración. Del contenido de tal precepto se desprende que las liquidaciones practicadas en el momento del despacho aduanero de las mercancías tienen el carácter de provisionales, estando facultadas las autoridades aduaneras para revisar los datos declarados, y regularizar la situación si se observase que la liquidación se realizó sobre la base de elementos inexactos o incompletos, con los límites materiales y formales previstos en el artículo 48 del CAU y en los artículos 133.3 y 134.6 del Real Decreto 1065/2007 . En el caso que nos ocupa, figura en el expediente Diligencia de Inspección Física de la mercancía importada en el DUA de referencia, en la que consta expresamente que las mercancías que fueron reconocidas por la Aduana consistían en "perfiles de aluminio". La regularización practicada deriva de la modificación de la posición arancelaria declarada por la interesada en el DUA en los productos importados, al haber declarado en la posición arancelaria 9405990090 "partes de aparatos de alumbrado", determinado la Administración que los productos importados deben incluirse en la posición arancelaria 7616999010, correspondiente a los perfiles o barras de aluminio. Cita el artículo 56 del CAU y el artículo 83.uno a) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA .

Manifiesta que tal y como detallan las resoluciones recurridas, aplicando el criterio para la clasificación arancelaria de las mercancías, de acuerdo con las características y propiedades objetivas del producto, tal y como están definidas en el texto de las partidas de la NC y de las notas de las secciones o capítulos, las mercancías importadas consisten en perfiles de aluminio, sin incluir ningún otro elemento que presente las características esenciales de un aparato de alumbrado, recogiendo el texto de la partida 7604 expresamente las "barras y perfiles de aluminio", ajustándose por tanto, a la mercancía importada. La posibilidad de acudir al criterio del destino se aplica de forma subsidiaria, únicamente cuando no pueda realizarse exclusivamente conforme a las características y propiedades objetivas del mismo, lo cual no sucede en este caso, en el que no existe duda de que el producto importado son perfiles de aluminio con su encuadre perfectamente definido en la partida que expresamente contempla "barras y perfiles de aluminio". Las notas explicativas del sistema armonizado, en lo referente a la partida 9405, señalan que las partes de aparatos de alumbrado solo se clasificarán en esta partida siempre que sean reconocibles como tales y no estén comprendidas más específicamente en otra parte, lo cual no ocurre en este caso, ya que los perfiles de aluminio si están recogidos más específicamente en otra partida, concretamente en la partida 7604 determinada por la Administración.

Concluye que los perfiles de aluminio importados no presentan características esenciales de un producto de alumbrado, por la sencilla razón de que no iluminan nada. Aunque pudiera ser que, posteriormente se integrasen como una parte de una luminaria, una vez se le dote de la correspondiente tira de luminarias leeds, no pueden clasificarse dentro de esta partida, porque dicha posibilidad solo está prevista en la nota explicativa del sistema armonizado de la partida 9405, cuando dichas partes sean reconocibles como tales y no estén comprendidas más específicamente en otra partida, lo cual no ocurre en este caso, ya que los perfiles de aluminio si están recogidos más específicamente en otra partida, concretamente en la partida 7604. Por ello su clasificación arancelaria debe realizarse en el Capítulo 7604 del Sistema Armonizado, por aplicación de la Norma General de Interpretación 1, por el texto del código 7604 y por la Nota1 b) del Capítulo 76. En el ámbito de la Nomenclatura Combinada, la clasificación debe efectuarse en la subpartida 7604 29 90 90 por aplicación de las Reglas Generales de Interpretación 1 y 6; por el texto de la partida 7604 y de las subpartidas 7604 29, 7604 29 90 y 7604 29 90 90; y por la Nota1 b) del Capítulo 76. Finalmente señala que la parte actora no ha aportado un informe pericial o cualquier otra prueba que acredite que la mercancía importada constituyen unas luminarias o aparatos de alumbrado, por lo que, por aplicación del art 105 LGT , su pretensión debe ser desestimada y las resoluciones recurridas deben de ser conformadas, ya que se ajustan plenamente a Derecho, porque el producto importado por la actora, debería haberse declarado en la posición arancelaria 7604 29 90 90 que se refiere a "perfiles de aluminio".

CUARTO: En el análisis de la controversia suscitada en este recurso se debe partir de que, liquidación provisional, de fecha 02 de Septiembre de 2021, en su apartado de "HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE MOTIVAN LA RESOLUCIÓN", expresa:

"Con el alcance y limitaciones que resultan de la vigente normativa legal y de la documentación obrante en el expediente, y partiendo exclusivamente de los datos declarados, de los justificantes de los mismos aportados y de la información existente en la Agencia Tributaria, se ha procedido a la regularización de la situación tributaria en relación con el DUA y concepto tributario que figuran en el encabezamiento y con el alcance definido para este procedimiento en base a los siguientes antecedentes y motivaciones:

El artículo 83.uno a) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido dispone lo siguiente:

En las importaciones de bienes, la base imponible resultará de adicionar al valor de aduana los conceptos siguientes en cuanto no estén comprendidos en el mismo:

a) Los impuestos, derechos, exacciones y demás gravámenes que se devenguen fuera del territorio de aplicación del impuesto, así como los que se devenguen con motivo de la importación, con excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Mediante el procedimiento de revisión sobre derechos arancelarios, nº de expediente QDA28002021000139 respecto del DUA de referencia, se ha modificado la clasificación de la mercancía declarada en el mismo, regularizándose una cuota por derechos arancelarios de 66,91 euros. Dicho importe de derechos arancelarios forma parte de la base imponible del IVA importación de acuerdo con el artículo 83. Uno de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido , por lo que mediante el presente acuerdo se regulariza la situación tributaria por el mencionado concepto."

Por su parte, en la resolución recurrida del TEAR, como antecedentes relevantes, se expresa lo siguiente: "SEGUNDO.- De los antecedentes que obran en el expediente se comprueba que se inició respecto a la interesada, procedimiento de revisión sobre derechos arancelarios en relación con la declaración de importación número 21ES00280136445042.

En el curso del procedimiento, la Administración comprobó la clasificación arancelaria de la mercancía importada y declarada en el DUA de referencia. La recurrente clasifica la mercancía importada en la posición arancelaria 9405.99.00.90, que se refiere a "Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores), y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte; Partes; Las demás", con un arancel del 2,70%. No obstante, a juicio de la Administración, las mercancías deberían aforarse en la posición arancelaria 7604.29.90.90, la cual se refiere a "Barras y perfiles, de aluminio; De aleaciones de aluminio; Los demás; Perfiles; Los demás", con un arancel del 7,50% y con derechos antidumping, al entender que son perfiles de aluminio, debiendo clasificarse en la posición arancelaria 7604.29.90.90 en base a lo dispuesto en las reglas generales 1 y 6 para la interpretación de la nomenclatura combinada y por el texto de los códigos NC 7604, 7604.29, 7604.29.90 y código TARIC 7604.29.90.90. La Administración señala que revisada la documentación aportada y en poder de la Administración, se pone de manifiesto que la mercancía importada se trata de partes de perfiles de aluminio, modificando como consecuencia de lo expuesto, la posición arancelaria declarada por la interesada para las mercancías importadas en el DUA de referencia, procediendo a la liquidación de los derechos de aduana, del IVA de importación, así como de los derechos antidumping."

Seguidamente, en la misma resolución del TEAR, en resumen, se argumenta:

"TERCERO.- Entrando en el fondo del asunto, la regularización efectuada por la Administración se basa en la modificación de la posición arancelaria consignada por la interesada en el DUA de referencia respecto a las mercancías importadas, al haber declarado en la posición arancelaria 9405.99.00.90, lo que a juicio de la Administración debe aforarse en la posición arancelaria 7604.29.90.90.

A estos efectos, el artículo 56 del CAU dispone que:

(...)

Por su parte, el artículo 83.uno a) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido señala que:

(...)

Pues bien, los derechos legalmente devengados en caso de que se origine una deuda aduanera de importación se basarán en el Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas, que comprende la Nomenclatura Combinada de las mercancías y cualquier otra nomenclatura que recoja total o parcialmente la Nomenclatura Combinada y que haya sido establecida por las disposiciones comunitarias específicas para la aplicación de medidas arancelarias específicas.

Por lo tanto, toda clasificación arancelaria de una mercancía deberá determinarse de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) 2658/1987, del Consejo, de 23 de julio de 1987 , relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, cuyo Anexo I se ha ido modificando a lo largo de estos años con la finalidad de adaptarse a cada momento histórico y cuya correcta aplicación conduce a la determinación de la partida, posición o código que corresponda a cada mercancía y, en consecuencia, los derechos legalmente exigidos en su importación y conforme a las Seis Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura Combinada contenidas en este Reglamento. Junto a las Reglas Generales de Interpretación, dentro de cada Capítulo de la Nomenclatura Combinada, existen unas Notas Explicativas, que sirven para aclarar el contenido de los textos de las partidas correspondientes. Las Notas Explicativas de la Nomenclatura Combinada deben ser consideradas como complementarias de las del Sistema Armonizado, NESA, a las que por razón de su origen, están subordinadas.

Las Reglas Generales para la interpretación de la nomenclatura combinada, están recogidas en su título I, sección A del Reglamento (CEE) 2658187, que establecen lo siguiente:

"La clasificación de mercancías en la nomenclatura combinada se regirá por los principios siguientes:

1. Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes:

2. a) Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que este presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado, o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes, cuando se presente desmontado o sin montar todavía.

b) Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de los artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la regla 3.

3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por aplicación de la regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue:

a) la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada una, solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deberán considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa;

b) los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la regla 3 a), se clasifican según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo;

c) cuando las reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta.

4. Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las Reglas anteriores, se clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía.

5. Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías consideradas a continuación se les aplicarán las Reglas siguientes:

a) Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes similares, especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un juego o surtido, susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que estén destinados, se clasificarán con dichos artículos cuando sean de los tipos normalmente vendidos con ellos. Sin embargo, esta Regla no se aplica en la clasificación de los continentes que confieran al conjunto su carácter esencial;

b) Salvo lo dispuesto en la Regla 5 a) anterior, los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida.

6. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de subpartida así como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario."

Por tanto, las Reglas Generales 1 y 6 para la interpretación de la nomenclatura combinada disponen lo siguiente:

La Regla General 1 para la interpretación de la nomenclatura combinada indica que los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas 2 a 6.

La Regla General 6 para la interpretación de la nomenclatura combinada indica que la clasificación de las mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel.

No obstante lo anterior, también deben tenerse en cuenta los criterios interpretativos fijados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJUE) y los Reglamentos de Ejecución, relativos a la clasificación de determinadas mercancías en la Nomenclatura Combinada, aprobados por la Comisión con el fin de garantizar una aplicación uniforme de la Nomenclatura Combinada anexa al Reglamento (CEE) nº 2658/87 .

Asimismo, es preciso recordar la existencia de reiterada jurisprudencia comunitaria que establece que para determinar la correcta clasificación arancelaria de las mercancías, en aras de la seguridad jurídica y la facilidad de los controles, el criterio decisivo debe buscarse, por lo general, en las características y propiedades objetivas de las mercancías, tal como están definidas en el texto de las partidas de la NC y de las notas de las secciones o capítulos (véanse, en particular, las sentencias de 19 de octubre de 2000, Peacock, C-339/98, Rec. p. 18947, apartado 9 ; de 15 de septiembre de 2005, Intermodal Transports, C-495/03 , Rec. p. 18151, apartado 47; de 18 de julio de 2007, Olicom, C-142/06 , Rec. p. 16675, apartado 16, y de 19 de febrero de 2009, Kamino International Logistics, C-376/07 , Rec. p. 11167, apartado 31, de 18 de mayo de 2011, Delphi Deutschland, C-423/10 , apartado 23).

Respecto a las características y propiedades objetivas de las mercancías, debe señalarse que en idénticos términos se ha pronunciado el Tribunal Económico Administrativo Central en resolución de 25 de junio de 2019 (R.G.: 05459/2016) y en resolución de 15 de julio de 2019 (R.G. 03184/2017):

"...el criterio decisivo para la clasificación arancelaria de las mercancías se basa en sus características y propiedades objetivas, y, que de manera subsidiaria, se puede acudir al criterio del destino del producto, sólo cuando no pueda realizarse exclusivamente conforme a las características y propiedades objetivas del mismo, y siempre que sea inherente a dicho producto."

Aplicando la normativa y jurisprudencia expuesta al caso concreto, los textos de los códigos TARIC 9405.99.00.90 (declarado por la interesada) y 7604.29.90.90 (determinado por la Administración), contenidos en el Anexo 1 del Reglamento (CEE) n° 2658/87 son los siguientes:

- Código TARIC 9405.99.00.90 (declarado por la interesada): "SECCIÓN XX. MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS.

CAPÍTULO 94. MUEBLES, MOBILIARIO MEDICOQUIRÚRGICO; ARTÍCULOS DE CAMA Y SIMILARES, APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS LUMINOSOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

9405. Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores, y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte:

9405. - Partes:

9405.99 - - Las demás (ni de vidrio ni de plástico):

9405.99.00.90 - - - Las demás."

- Código TARIC 7604.29.90.90 (determinado por la Administración):

"SECCIÓN XV. METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES.

CAPÍTULO 76. ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS.

7604. Barras y perfiles, de aluminio:

7604. - De aleaciones de aluminio:

7604.29 - - Los demás (no de perfiles huecos):

7604.29.90 - - - Perfiles:

7604.29.90.90 - - - - Los demás."

Además, las notas explicativas del sistema armonizado, en lo referente a la partida 9405, disponen lo siguiente en lo que respecta a las partes de los aparatos de alumbrado, relacionando aquellos elementos que se consideran partes de dichos aparatos, entre los que no se encuentran, los perfiles para la sujeción de aparatos de alumbrado, objeto de controversia:

"Se clasifican también en esta partida, siempre que sean reconocibles como tales y no estén comprendidas más específicamente en otra parte, las partes de aparatos de alumbrado, de anuncios luminosos, letreros luminosos, placas indicadoras luminosas y artículos similares entre las cuales se pueden citar:

1) Las suspensiones rígidas o de cadena para colgarlas lámparas.

2) Los dispositivos para sujetar los globos.

3) Los pies, mangos y rejillas o jaulas protectoras para lámparas portátiles.

4) Las boquillas para lámparas, los portacamisas.

5) Los cuerpos de linternas.

6) Los espejos de los reflectores.

7) Los tubos o chimeneas para lámparas (con estrechamiento, con abultamientos, etc.).

8) Los pequeños cilindros de vidrio grueso para lámparas de minero.

9) Los difusores (incluidos los difusores de alabastro).

10) Los platillos, copas, copelas, pantallas (incluidas sus armaduras), globos, tulipas y artículos similares.

11) Las piezas para lámparas tales como bolas, almendras, florones, colgantes, aplicaciones y artículos análogos que, por sus dispositivos de fijación y sus dimensiones, especialmente, sean reconocibles como destinadas al guarnecido de lámparas."

Visto lo anterior, la cuestión fundamental de la presente reclamación consiste en determinar si las mercancías importadas corresponden a perfiles de aluminio (partida arancelaria 7604), tal y como mantiene la Administración o bien, si corresponden a partes de aparatos de alumbrado (partida arancelaria 9405), tal y como declaró y sostiene la entidad interesada.

La regulación básica de carga de la prueba en el ámbito tributario se encuentra en el artículo 105 de la Ley 58/2003 (LGT ), según el cual en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo (que tiene como precedente el artículo 114 de la Ley 230/1963 ). Han sido reiterados los pronunciamientos judiciales que sientan la doctrina de que, en el ámbito tributario, la prueba de la existencia del hecho imponible y su magnitud económica son carga de la Administración, mientras que al contribuyente le corresponde acreditar los hechos que le favorecen tales como exenciones, bonificaciones, deducciones de cuota, requisitos de deducibilidad de gastos, aplicación de tipos impositivos inferiores, etc. Lo anterior obviamente ha de conjugarse con la normalidad y facilidad probatoria, de manera que se tenga en cuenta cuál es la parte más próxima a las fuentes de prueba y a la que resulta más fácil la demostración de los hechos controvertidos. Además, en la vía económico administrativa rige el principio de interés de la prueba, según el cual las consecuencias jurídicas desfavorables de la falta o insuficiencia de prueba irán a cargo de la parte a la que favorecería la existencia de tal hecho y su demostración, salvo que legalmente se disponga lo contrario mediante algún tipo de ficción o presunción.

A estos efectos el artículo 105.1 de la LGT , dispone:

"En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo."

Por su parte, el artículo 108.4 establece lo siguiente:

"Los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario."

Pues bien, analizado el expediente, atendiendo a las características y propiedades objetivas de la mercancía importada, al texto de las partidas y subpartidas, a las Reglas Generales 1 y 6 del Reglamento (CEE) número 2658/87 del Consejo y a la documentación que forma parte del expediente administrativo de la presente reclamación, podemos concluir que las mercancías importadas declaradas en el DUA de referencia, consisten en perfiles de aluminio que reúnen las características y propiedades para ser clasificados en la posición estadística 7604.29.90.90 determinada por la Administración.

Como se ha expuesto anteriormente, el criterio decisivo para la clasificación arancelaria de las mercancías se basa en sus características y propiedades objetivas, tal y como están definidas en el texto de las partidas de la NC y de las notas de las secciones o capítulos, pudiendo acudir al criterio del destino del producto de manera subsidiaria, únicamente cuando no pueda realizarse exclusivamente conforme a las características y propiedades objetivas del mismo, lo cual no sucede en este caso, habiéndose comprobado que las mercancías importadas consisten en meros perfiles de aluminio, sin incluir ningún otro elemento que presente las características esenciales de un aparato de alumbrado, recogiendo el texto de la partida 7604 expresamente las "barras y perfiles de aluminio"; ajustándose por tanto, a la mercancía que nos ocupa y sin que exista impedimento alguno para efectuar la clasificación arancelaria de las mercancías atendiendo a dichas características y propiedades objetivas, lo que impide en consecuencia, acudir al criterio subsidiario de destino del producto. Como se ha expuesto, la mercancía importada por la entidad reclamante consiste en perfiles de aluminio, que si bien podrían ser empleados para la sujeción de aparatos de alumbrado, dichos perfiles son igualmente susceptibles de un uso distinto, debiendo clasificarse como se ha dicho, con arreglo a sus características y propiedades objetivas, que lo configuran como perfiles de aluminio, independientemente de su destino, siendo expresamente recogidos los perfiles de aluminio en el texto de la partida 7604.

A lo anterior debemos añadir que las notas explicativas del sistema armonizado, en lo referente a la partida 9405, señalan que se clasificarán también en esta partida, las partes de aparatos de alumbrado, siempre que sean reconocibles como tales y no estén comprendidas más específicamente en otra parte, lo cual no ocurre en este caso, ya que los perfiles de aluminio si están recogidos más específicamente en otra partida, concretamente en la partida 7604 determinada por la Administración.

Por lo expuesto, este Tribunal, comparte el criterio de la Administración y considera está suficientemente justificada la reclasificación arancelaria efectuada, por lo que la pretensión actora debe, a nuestro juicio decaer."

QUINTO: Una vez delimitadas las cuestiones suscitadas por las partes, puede apreciarse que la discrepancia se centra en la prueba de las mercancías importadas a los efectos de determinar la correcta clasificación arancelaria.

Es decir, no existe discrepancia sobre las normas aplicables.

Sobre la carga de la prueba, puede citarse la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de la que es exponente la sentencia de 10 de diciembre de 2021, dictada en el recurso de casación nº 5204/2020 , en la que expresa: "3. La sentencia de esta misma Sala y Sección núm. 96/2020, de 29 de enero (casación núm. 4258/2008 ), deliberada conjuntamente con el asunto que ahora nos ocupa, ha dado respuesta a la primera de esas cuestiones.

Por elementales exigencias de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica, procede ahora reproducir en lo esencial los razonamientos de esa sentencia, comenzando por el fundamento referido a la doctrina de la carga de la prueba, en el que se dice literalmente lo siguiente:

"Como una constante jurisprudencia pone de manifiesto el onus probandi no posee más alcance que determinar las consecuencias de la falta de prueba.

Acreditados los hechos constitutivos del presupuesto fáctico, resulta irrelevante qué parte los probó.

Por tanto, la doctrina de la carga de la prueba vale en tanto que el hecho necesitado de esclarecimiento no resulte probado, en cuyo caso, no habiéndose acreditado el mismo o persistiendo las dudas sobre la realidad fáctica necesitada de acreditación, las consecuencias desfavorables deben recaer sobre el llamado a asumirla carga de la prueba, esto es, se concibe la carga de la prueba como "el imperativo del propio interés de las partes en lograr, a través de la prueba, el convencimiento del Tribunal acerca de la veracidad de las afirmaciones fácticas por ellas sostenidas o su fijación en la sentencia".

De no lograrse vencer las incertidumbres sobre los hechos, es el ordenamiento jurídico el que prevé explícita o implícitamente las reglas cuya aplicación determina la parte que ha de resultar perjudicada. Se trata de ius cogens, indisponible para las partes. Con carácter general el principio básico es que al actor le corresponde probar los hechos constitutivos de su pretensión y al demandado los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes, aunque dicho principio se atempera con principios tales como la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes, declarando la jurisprudencia que "El principio de la buena fe en la vertiente procesal puede matizar, intensificar o alterar la regla general sobre distribución de la carga de la prueba en aquellos casos en los que para una de las partes resulta muy fácil acreditar un dato de difícil prueba para la otra..." o que "el onus probandi se traslada a la Administración cuando es ella la que tiene en sus manos la posibilidad de certificar sobre los extremos necesitados de prueba".

Lo que trasladado al ámbito tributario se traduce, art. 105 de la LGT , en que cada parte tiene la carga de probar aquellas circunstancias que le favorecen; esto es, la Administración la realización del hecho imponible y de los elementos de cuantificación de la obligación, y el obligado tributario las circunstancias determinantes de los supuestos de no sujeción, exenciones y bonificaciones o beneficios fiscales, a lo que cabe añadir la matización que toma carta de naturaleza en la jurisprudencia de que se desplaza la carga de la prueba a la Administración cuando esta dispone de los medios necesarios que no están al alcance del sujeto pasivo"."

Anteriormente, en el mismo sentido puede citarse la sentencia del mismo Tribunal Supremo de 21 de junio de 2007 al proclamar: "... con arreglo al antiguo art. 114 de la Ley General Tributaria de 1963 (actual art. 105.1 de la Ley General Tributaria de 2003 ) cada parte tiene que probar las circunstancias que le favorecen, esto es, la Administración la realización del hecho imponible y de los elementos de la cuantificación obligatoria, y el obligado tributario las circunstancias determinantes de los supuestos de no sujeción, exenciones y bonificaciones o beneficios fiscales, ..., no debiéndose olvidar que en el presente caso se pretendió por la parte actora que se apreciase la deducibilidad del gasto controvertido, por lo que a ella le incumbía la carga de acreditar que reunía los requisitos legales."

La STS de la Sala Tercera de 22 de enero de 2000 señaló que compete en todo caso a cada parte la carga de probar sus pretensiones. En efecto, según la sentencia citada, la carga de la prueba es un concepto no demasiado bien dibujado en el proceso contencioso, que debe remitirse a lo previsto en los artículos 1.214 y siguientes del Código Civil . La importancia del expediente administrativo en nuestra jurisdicción explica la falta de relevancia de este tema. La carga de la prueba cobra relevancia sólo cuando hay falta o ausencia de prueba de hechos relevantes.

Por su parte, la STS de 28 de abril de 2001 determina que si la Administración tributaria, por medio de los procedimientos específicos que para ello la legitiman, y particularmente el procedimiento de las actuaciones de comprobación e investigación inspectoras, ha formado prueba de los hechos normalmente constitutivos del nacimiento de la obligación tributaria, la carga probatoria que se deriva del artículo 105 de la LGT se desplaza hacia quien aspira a acreditar que tales hechos son reveladores de otra relación distinta, cualesquiera sean las consecuencias tributarias que se deriven.

Pues bien, como se razona en la resolución recurrida, los productos importados cuestionados consisten en perfiles de aluminio, sin incluir ningún otro elemento que presente las características esenciales de un aparato de alumbrado, recogiendo el texto de la partida 7604 expresamente las "barras y perfiles de aluminio", por lo que se ajusta a la mercancía referida, ya que no consta y no se acredita por la demandante que los perfiles de aluminio importados contengan elementos de alumbrado y, por tanto no procede acudir al criterio subsidiario de destino del producto que se manifiesta por la demandante.

Hay que precisar que los documentos aportados por la demandante no acreditan que esos perfiles incluyan elementos para formar un aparato de alumbrado. Es decir, en el presente caso, los perfiles de aluminio no consta que incorporasen difusores de luz ni ningún otro elemento de luz. En el caso ahora examinado, la mercancía importada consiste en meros perfiles de aluminio, que si bien podrían ser empleados para la sujeción de aparatos de alumbrado, son igualmente susceptibles de un uso distinto, debiendo clasificarse con arreglo a sus características y propiedades objetivas, que lo configuran como perfiles de aluminio, independientemente de su destino.

Por otra parte, frente a las alegaciones de la demanda, se debe precisar, que en el presente caso la liquidación es por concepto de IVA a la importación, es decir, no es objeto de la liquidación los derechos antidumping por lo que no procede pronunciarse sobre los mismos.

Con respecto al IVA es aplicable el art. 83 de la Ley 37/1992 , a cuyo tenor la base imponible de dicho impuesto en las importaciones de bienes es el resultado de adicionar al valor en aduana los impuestos, derechos, exacciones y demás gravámenes que se devenguen fuera del territorio de aplicación del impuesto, así como los que se devenguen con motivo de la importación, y los gastos accesorios (como las comisiones, los gastos de embalaje, transporte y seguro) hasta el primer lugar de destino en el interior de la Unión Europea.

En consecuencia, procede desestimar el recurso contencioso administrativo, declarando conforme a Derecho la resolución recurrida del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid".

CUARTO.-Todo lo anterior, visto que estamos ante unos motivos de impugnación alegados en la demanda similares a los desestimados en la resolución antes mencionada, conlleva que demos por reproducida la fundamentación de la sentencia que ha puesto fin al proceso contencioso-administrativo Nº de Recurso: 876/2022, así como la fundamentación fáctica y jurídica de las decisiones de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales y del TEAR de Madrid, con los cambios que procede de la adaptación al concepto de Derechos Antidumping Provisionales contemplado en el procedimiento de gestión tributaria, lo que nos conduce a desestimar el recurso contencioso-administrativo, confirmando la Resolución del TEAR de Madrid.

QUINTO.-En aplicación del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece el principio del vencimiento en la imposición de las costas procesales, condenamos a la parte actora al pago de las costas procesales causadas. No se aprecia que estemos ante un supuesto que genere serias dudas de hecho o de derecho.

Es doctrina jurisprudencial que para la determinación de los honorarios profesionales han de tenerse en cuenta los diversos factores concurrentes en cada caso, tales como el trabajo profesional realizado, la mayor o menor complejidad del asunto, el tiempo utilizado, las consecuencias en el orden real y práctico, etc., destacando como circunstancias de mayor relevancia, pero no únicas, la cuantía del asunto y los resultados obtenidos en mérito de los servicios profesionales prestados.

En este asunto, teniendo en cuenta y ponderando todas esas circunstancias, la complejidad del supuesto, el resultado favorable a las pretensiones de la parte demandada, la contestación a la demanda que se centra en el verdadero problema a resolver, la redacción vigente del artículo 139.4 LJCA antes de la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y a fin de evitar incidentes en fase de tasación de costas, se limitan y fijan las costas por todos los conceptos en el importe de 100 euros, sin perjuicio de las costas que se hayan podido imponer a las partes a lo largo del procedimiento, más el IVA si dicho tributo resulta procedente, conforme al artículo 243.2 LEC, a favor de la Administración General del Estado. La cuantía de las costas ha sido fijada teniendo en cuenta todos los elementos que influyen en el presente juicio contencioso-administrativo, fijando el importe de 100 euros, en atención a todos los elementos, criterios y parámetros a valorar en la determinación de las costas, sin que las costas puedan fijarse exclusivamente por la cuantía del proceso.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación, EN NOMBRE DE SM EL REY, por la potestad que nos confiere la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA,

PRIMERO.-La parte demandante Matrix Electrónica, SL, interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 27 de mayo de 2022, que estima en parte la reclamación económico-administrativa número 28-20748-2021, presentada contra la Decisión sobre el procedimiento de revisión de derechos arancelarios dictada por la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales, Delegación Especial de Madrid, Agencia Estatal de Administración Tributaria, por el concepto de Derechos Antidumping Provisionales, Referencia: QDA28002021000140001, DUA de importación referencia: 21ES00280136445042.

La parte recurrente interesa la declaración de nulidad de la decisión administrativa impugnada.

La Administración General del Estado se opone a las pretensiones de la parte actora.

SEGUNDO.-La controversia sobre el fondo del asunto en relación al DUA al que se refiere este proceso contencioso-administrativo ha sido anteriormente resuelta en la sentencia del TSJ de Madrid de fecha 11/03/2026, Roj: STSJ M 2475/2026, ECLI:ES:TSJM:2026:2475, Sección: 5, Nº de Recurso: 876/2022, Nº de Resolución: 124/2026, Ponente don José Alberto Gallego Laguna, de modo que en aplicación de los principios de igualdad, unidad de doctrina y seguridad jurídica, reproducimos y aplicamos la misma fundamentación de la sentencia mencionada.

TERCERO.-La sentencia del TSJ de Madrid de fecha 11/03/2026, Roj: STSJ M 2475/2026, ECLI:ES:TSJM:2026:2475, Sección: 5, Nº de Recurso: 876/2022, Nº de Resolución: 124/2026, Ponente don José Alberto Gallego Laguna, expone lo siguiente:

"PRIMERO: Se impugna en este recurso contencioso administrativo la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid el día 27 de mayo de 2022, en la que acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa número 28-21015-2021, interpuesta contra el acuerdo de resolución con liquidación provisional, con número de referencia QCL28002021000187001, en relación al DUA de importación 21ES00280136445042, dictado por la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid, por el concepto tributario "IVA Importación", siendo la cuantía de la reclamación de 154,57 euros.

SEGUNDO: La entidad recurrente solicita en su demanda que se declare el carácter contrario a Derecho de la resolución recurrida del TEAR y su consiguiente nulidad.

Alega, en resumen, como fundamento de su pretensión, que no niega esta parte que se trata de un perfil de aluminio que la misma Administración reconoce que en la factura (documento que se aporta DOC Nº 02) aparece como OP-PA-S19, pero este perfil forma parte de un aparato de alumbrado. Es cierto que la puntualización de la casilla 31 como PERFILES DE ALUMINIO puede dar lugar a error, pero no se trata de perfiles estándar sino de perfiles que forman parte de un aparato de alumbrado como puede verse en la fotografía que se adjunta (DOC Nº 03) existiendo diversos tipos de este perfil el OP-PA-S19, y el OP-PA-S21. Que se adjunta asimismo esquema de montaje del aparato de alumbrado en donde puede verse el lugar que ocupa el perfil en este montaje (DOC Nº 04). Así mismo se adjunta esquema del montaje del perfil en el aparato de alumbrado (DOC Nº 05). Que no se trata de un perfil de aluminio estándar sino de un perfil destinado exclusivamente a formar parte de un aparato de alumbrado con elementos de fijación del mismo en forma de guías exteriores destinadas a acoplarse con las propias guías del aparato de alumbrado, lo que le hace inútil para cualquier otro fin o destino que no sea formar parte de dicho aparato de alumbrado. Con la documentación aportada en el expediente puede verse que se trata de este tipo de perfil, aportándose también un esquema del montaje del mismo en la lámpara.

Por otra parte, MATRIX ELECTRÓNICA es una empresa dedicada en exclusiva a la fabricación distribución y venta de aparatos de alumbrado lo que refuerza la tesis del destino de los perfiles importados.

Entiende que la carga de la prueba debe ahora desplazarse a la Administración ya que esta recurrente cree haber presentado pruebas suficientes que defienden su tesis de que los citados perfiles forman parte de un aparato de alumbrado y únicamente pueden ser destinados a este fin por su tamaño, configuración y características técnicas.

Manifiesta que al tratarse de un perfil que forma parte de un aparato de alumbrado con elementos de fijación del mismo como son las guías exteriores destinadas a acoplarse a las guías del aparato de alumbrado cree que se incluyen en la primera excepción a los derechos antidumping del Reglamento de ejecución UE 2020/1428 que establece el derecho antidumping aplicado por la Administración y refrendado por el TEAR.

1) productos adheridos (por ejemplo, por soldadura o elementos de fijación (que sería el caso que aquí nos ocupa) para formar subconjuntos (en nuestro caso los aparatos de alumbrado).

2) O incluso en el apartado 3 productos en un kit envasado con las piezas necesarias para el montaje de un producto acabado sin ulterior acabado ni fabricación de las partes («kit de mercancías acabadas»),

Nada dice el TEAR de este reglamento que es la base de la imposición de los derechos antidumping ni de las excepciones que el mismo fija y que esta parte entiende que son aplicables a los productos objeto del presente recurso y cuya argumentación no ha sido combatida ni por la Administración ni por el TEAR.

TERCERO: El Abogado del Estado, en la contestación a la demanda, sostiene, en síntesis, que la cuestión debatida se centra en determinar si los perfiles de aluminio importados por la recurrente deben clasificarse en la posición arancelaria 9405 99 00 90, que se refiere a "luminarias y aparatos de alumbrado", declarado por la interesada, porque afirma que se destinaran a ser el soporte de unas tiras de luminarias leed, o en la posición arancelaria 7604 29 90 90 que se refiere a "perfiles de aluminio", defendido por la Administración.

Considera que el artículo 48 del Reglamento número 952/13, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión (CAU), faculta a las autoridades aduaneras para que, tras la concesión del levante de las mercancías, puedan proceder a la revisión de la declaración. Del contenido de tal precepto se desprende que las liquidaciones practicadas en el momento del despacho aduanero de las mercancías tienen el carácter de provisionales, estando facultadas las autoridades aduaneras para revisar los datos declarados, y regularizar la situación si se observase que la liquidación se realizó sobre la base de elementos inexactos o incompletos, con los límites materiales y formales previstos en el artículo 48 del CAU y en los artículos 133.3 y 134.6 del Real Decreto 1065/2007 . En el caso que nos ocupa, figura en el expediente Diligencia de Inspección Física de la mercancía importada en el DUA de referencia, en la que consta expresamente que las mercancías que fueron reconocidas por la Aduana consistían en "perfiles de aluminio". La regularización practicada deriva de la modificación de la posición arancelaria declarada por la interesada en el DUA en los productos importados, al haber declarado en la posición arancelaria 9405990090 "partes de aparatos de alumbrado", determinado la Administración que los productos importados deben incluirse en la posición arancelaria 7616999010, correspondiente a los perfiles o barras de aluminio. Cita el artículo 56 del CAU y el artículo 83.uno a) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA .

Manifiesta que tal y como detallan las resoluciones recurridas, aplicando el criterio para la clasificación arancelaria de las mercancías, de acuerdo con las características y propiedades objetivas del producto, tal y como están definidas en el texto de las partidas de la NC y de las notas de las secciones o capítulos, las mercancías importadas consisten en perfiles de aluminio, sin incluir ningún otro elemento que presente las características esenciales de un aparato de alumbrado, recogiendo el texto de la partida 7604 expresamente las "barras y perfiles de aluminio", ajustándose por tanto, a la mercancía importada. La posibilidad de acudir al criterio del destino se aplica de forma subsidiaria, únicamente cuando no pueda realizarse exclusivamente conforme a las características y propiedades objetivas del mismo, lo cual no sucede en este caso, en el que no existe duda de que el producto importado son perfiles de aluminio con su encuadre perfectamente definido en la partida que expresamente contempla "barras y perfiles de aluminio". Las notas explicativas del sistema armonizado, en lo referente a la partida 9405, señalan que las partes de aparatos de alumbrado solo se clasificarán en esta partida siempre que sean reconocibles como tales y no estén comprendidas más específicamente en otra parte, lo cual no ocurre en este caso, ya que los perfiles de aluminio si están recogidos más específicamente en otra partida, concretamente en la partida 7604 determinada por la Administración.

Concluye que los perfiles de aluminio importados no presentan características esenciales de un producto de alumbrado, por la sencilla razón de que no iluminan nada. Aunque pudiera ser que, posteriormente se integrasen como una parte de una luminaria, una vez se le dote de la correspondiente tira de luminarias leeds, no pueden clasificarse dentro de esta partida, porque dicha posibilidad solo está prevista en la nota explicativa del sistema armonizado de la partida 9405, cuando dichas partes sean reconocibles como tales y no estén comprendidas más específicamente en otra partida, lo cual no ocurre en este caso, ya que los perfiles de aluminio si están recogidos más específicamente en otra partida, concretamente en la partida 7604. Por ello su clasificación arancelaria debe realizarse en el Capítulo 7604 del Sistema Armonizado, por aplicación de la Norma General de Interpretación 1, por el texto del código 7604 y por la Nota1 b) del Capítulo 76. En el ámbito de la Nomenclatura Combinada, la clasificación debe efectuarse en la subpartida 7604 29 90 90 por aplicación de las Reglas Generales de Interpretación 1 y 6; por el texto de la partida 7604 y de las subpartidas 7604 29, 7604 29 90 y 7604 29 90 90; y por la Nota1 b) del Capítulo 76. Finalmente señala que la parte actora no ha aportado un informe pericial o cualquier otra prueba que acredite que la mercancía importada constituyen unas luminarias o aparatos de alumbrado, por lo que, por aplicación del art 105 LGT , su pretensión debe ser desestimada y las resoluciones recurridas deben de ser conformadas, ya que se ajustan plenamente a Derecho, porque el producto importado por la actora, debería haberse declarado en la posición arancelaria 7604 29 90 90 que se refiere a "perfiles de aluminio".

CUARTO: En el análisis de la controversia suscitada en este recurso se debe partir de que, liquidación provisional, de fecha 02 de Septiembre de 2021, en su apartado de "HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE MOTIVAN LA RESOLUCIÓN", expresa:

"Con el alcance y limitaciones que resultan de la vigente normativa legal y de la documentación obrante en el expediente, y partiendo exclusivamente de los datos declarados, de los justificantes de los mismos aportados y de la información existente en la Agencia Tributaria, se ha procedido a la regularización de la situación tributaria en relación con el DUA y concepto tributario que figuran en el encabezamiento y con el alcance definido para este procedimiento en base a los siguientes antecedentes y motivaciones:

El artículo 83.uno a) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido dispone lo siguiente:

En las importaciones de bienes, la base imponible resultará de adicionar al valor de aduana los conceptos siguientes en cuanto no estén comprendidos en el mismo:

a) Los impuestos, derechos, exacciones y demás gravámenes que se devenguen fuera del territorio de aplicación del impuesto, así como los que se devenguen con motivo de la importación, con excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Mediante el procedimiento de revisión sobre derechos arancelarios, nº de expediente QDA28002021000139 respecto del DUA de referencia, se ha modificado la clasificación de la mercancía declarada en el mismo, regularizándose una cuota por derechos arancelarios de 66,91 euros. Dicho importe de derechos arancelarios forma parte de la base imponible del IVA importación de acuerdo con el artículo 83. Uno de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido , por lo que mediante el presente acuerdo se regulariza la situación tributaria por el mencionado concepto."

Por su parte, en la resolución recurrida del TEAR, como antecedentes relevantes, se expresa lo siguiente: "SEGUNDO.- De los antecedentes que obran en el expediente se comprueba que se inició respecto a la interesada, procedimiento de revisión sobre derechos arancelarios en relación con la declaración de importación número 21ES00280136445042.

En el curso del procedimiento, la Administración comprobó la clasificación arancelaria de la mercancía importada y declarada en el DUA de referencia. La recurrente clasifica la mercancía importada en la posición arancelaria 9405.99.00.90, que se refiere a "Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores), y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte; Partes; Las demás", con un arancel del 2,70%. No obstante, a juicio de la Administración, las mercancías deberían aforarse en la posición arancelaria 7604.29.90.90, la cual se refiere a "Barras y perfiles, de aluminio; De aleaciones de aluminio; Los demás; Perfiles; Los demás", con un arancel del 7,50% y con derechos antidumping, al entender que son perfiles de aluminio, debiendo clasificarse en la posición arancelaria 7604.29.90.90 en base a lo dispuesto en las reglas generales 1 y 6 para la interpretación de la nomenclatura combinada y por el texto de los códigos NC 7604, 7604.29, 7604.29.90 y código TARIC 7604.29.90.90. La Administración señala que revisada la documentación aportada y en poder de la Administración, se pone de manifiesto que la mercancía importada se trata de partes de perfiles de aluminio, modificando como consecuencia de lo expuesto, la posición arancelaria declarada por la interesada para las mercancías importadas en el DUA de referencia, procediendo a la liquidación de los derechos de aduana, del IVA de importación, así como de los derechos antidumping."

Seguidamente, en la misma resolución del TEAR, en resumen, se argumenta:

"TERCERO.- Entrando en el fondo del asunto, la regularización efectuada por la Administración se basa en la modificación de la posición arancelaria consignada por la interesada en el DUA de referencia respecto a las mercancías importadas, al haber declarado en la posición arancelaria 9405.99.00.90, lo que a juicio de la Administración debe aforarse en la posición arancelaria 7604.29.90.90.

A estos efectos, el artículo 56 del CAU dispone que:

(...)

Por su parte, el artículo 83.uno a) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido señala que:

(...)

Pues bien, los derechos legalmente devengados en caso de que se origine una deuda aduanera de importación se basarán en el Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas, que comprende la Nomenclatura Combinada de las mercancías y cualquier otra nomenclatura que recoja total o parcialmente la Nomenclatura Combinada y que haya sido establecida por las disposiciones comunitarias específicas para la aplicación de medidas arancelarias específicas.

Por lo tanto, toda clasificación arancelaria de una mercancía deberá determinarse de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) 2658/1987, del Consejo, de 23 de julio de 1987 , relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, cuyo Anexo I se ha ido modificando a lo largo de estos años con la finalidad de adaptarse a cada momento histórico y cuya correcta aplicación conduce a la determinación de la partida, posición o código que corresponda a cada mercancía y, en consecuencia, los derechos legalmente exigidos en su importación y conforme a las Seis Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura Combinada contenidas en este Reglamento. Junto a las Reglas Generales de Interpretación, dentro de cada Capítulo de la Nomenclatura Combinada, existen unas Notas Explicativas, que sirven para aclarar el contenido de los textos de las partidas correspondientes. Las Notas Explicativas de la Nomenclatura Combinada deben ser consideradas como complementarias de las del Sistema Armonizado, NESA, a las que por razón de su origen, están subordinadas.

Las Reglas Generales para la interpretación de la nomenclatura combinada, están recogidas en su título I, sección A del Reglamento (CEE) 2658187, que establecen lo siguiente:

"La clasificación de mercancías en la nomenclatura combinada se regirá por los principios siguientes:

1. Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes:

2. a) Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que este presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado, o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes, cuando se presente desmontado o sin montar todavía.

b) Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de los artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la regla 3.

3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por aplicación de la regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue:

a) la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada una, solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deberán considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa;

b) los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la regla 3 a), se clasifican según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo;

c) cuando las reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta.

4. Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las Reglas anteriores, se clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía.

5. Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías consideradas a continuación se les aplicarán las Reglas siguientes:

a) Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes similares, especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un juego o surtido, susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que estén destinados, se clasificarán con dichos artículos cuando sean de los tipos normalmente vendidos con ellos. Sin embargo, esta Regla no se aplica en la clasificación de los continentes que confieran al conjunto su carácter esencial;

b) Salvo lo dispuesto en la Regla 5 a) anterior, los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida.

6. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de subpartida así como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario."

Por tanto, las Reglas Generales 1 y 6 para la interpretación de la nomenclatura combinada disponen lo siguiente:

La Regla General 1 para la interpretación de la nomenclatura combinada indica que los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas 2 a 6.

La Regla General 6 para la interpretación de la nomenclatura combinada indica que la clasificación de las mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel.

No obstante lo anterior, también deben tenerse en cuenta los criterios interpretativos fijados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJUE) y los Reglamentos de Ejecución, relativos a la clasificación de determinadas mercancías en la Nomenclatura Combinada, aprobados por la Comisión con el fin de garantizar una aplicación uniforme de la Nomenclatura Combinada anexa al Reglamento (CEE) nº 2658/87 .

Asimismo, es preciso recordar la existencia de reiterada jurisprudencia comunitaria que establece que para determinar la correcta clasificación arancelaria de las mercancías, en aras de la seguridad jurídica y la facilidad de los controles, el criterio decisivo debe buscarse, por lo general, en las características y propiedades objetivas de las mercancías, tal como están definidas en el texto de las partidas de la NC y de las notas de las secciones o capítulos (véanse, en particular, las sentencias de 19 de octubre de 2000, Peacock, C-339/98, Rec. p. 18947, apartado 9 ; de 15 de septiembre de 2005, Intermodal Transports, C-495/03 , Rec. p. 18151, apartado 47; de 18 de julio de 2007, Olicom, C-142/06 , Rec. p. 16675, apartado 16, y de 19 de febrero de 2009, Kamino International Logistics, C-376/07 , Rec. p. 11167, apartado 31, de 18 de mayo de 2011, Delphi Deutschland, C-423/10 , apartado 23).

Respecto a las características y propiedades objetivas de las mercancías, debe señalarse que en idénticos términos se ha pronunciado el Tribunal Económico Administrativo Central en resolución de 25 de junio de 2019 (R.G.: 05459/2016) y en resolución de 15 de julio de 2019 (R.G. 03184/2017):

"...el criterio decisivo para la clasificación arancelaria de las mercancías se basa en sus características y propiedades objetivas, y, que de manera subsidiaria, se puede acudir al criterio del destino del producto, sólo cuando no pueda realizarse exclusivamente conforme a las características y propiedades objetivas del mismo, y siempre que sea inherente a dicho producto."

Aplicando la normativa y jurisprudencia expuesta al caso concreto, los textos de los códigos TARIC 9405.99.00.90 (declarado por la interesada) y 7604.29.90.90 (determinado por la Administración), contenidos en el Anexo 1 del Reglamento (CEE) n° 2658/87 son los siguientes:

- Código TARIC 9405.99.00.90 (declarado por la interesada): "SECCIÓN XX. MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS.

CAPÍTULO 94. MUEBLES, MOBILIARIO MEDICOQUIRÚRGICO; ARTÍCULOS DE CAMA Y SIMILARES, APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS LUMINOSOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

9405. Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores, y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte:

9405. - Partes:

9405.99 - - Las demás (ni de vidrio ni de plástico):

9405.99.00.90 - - - Las demás."

- Código TARIC 7604.29.90.90 (determinado por la Administración):

"SECCIÓN XV. METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES.

CAPÍTULO 76. ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS.

7604. Barras y perfiles, de aluminio:

7604. - De aleaciones de aluminio:

7604.29 - - Los demás (no de perfiles huecos):

7604.29.90 - - - Perfiles:

7604.29.90.90 - - - - Los demás."

Además, las notas explicativas del sistema armonizado, en lo referente a la partida 9405, disponen lo siguiente en lo que respecta a las partes de los aparatos de alumbrado, relacionando aquellos elementos que se consideran partes de dichos aparatos, entre los que no se encuentran, los perfiles para la sujeción de aparatos de alumbrado, objeto de controversia:

"Se clasifican también en esta partida, siempre que sean reconocibles como tales y no estén comprendidas más específicamente en otra parte, las partes de aparatos de alumbrado, de anuncios luminosos, letreros luminosos, placas indicadoras luminosas y artículos similares entre las cuales se pueden citar:

1) Las suspensiones rígidas o de cadena para colgarlas lámparas.

2) Los dispositivos para sujetar los globos.

3) Los pies, mangos y rejillas o jaulas protectoras para lámparas portátiles.

4) Las boquillas para lámparas, los portacamisas.

5) Los cuerpos de linternas.

6) Los espejos de los reflectores.

7) Los tubos o chimeneas para lámparas (con estrechamiento, con abultamientos, etc.).

8) Los pequeños cilindros de vidrio grueso para lámparas de minero.

9) Los difusores (incluidos los difusores de alabastro).

10) Los platillos, copas, copelas, pantallas (incluidas sus armaduras), globos, tulipas y artículos similares.

11) Las piezas para lámparas tales como bolas, almendras, florones, colgantes, aplicaciones y artículos análogos que, por sus dispositivos de fijación y sus dimensiones, especialmente, sean reconocibles como destinadas al guarnecido de lámparas."

Visto lo anterior, la cuestión fundamental de la presente reclamación consiste en determinar si las mercancías importadas corresponden a perfiles de aluminio (partida arancelaria 7604), tal y como mantiene la Administración o bien, si corresponden a partes de aparatos de alumbrado (partida arancelaria 9405), tal y como declaró y sostiene la entidad interesada.

La regulación básica de carga de la prueba en el ámbito tributario se encuentra en el artículo 105 de la Ley 58/2003 (LGT ), según el cual en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo (que tiene como precedente el artículo 114 de la Ley 230/1963 ). Han sido reiterados los pronunciamientos judiciales que sientan la doctrina de que, en el ámbito tributario, la prueba de la existencia del hecho imponible y su magnitud económica son carga de la Administración, mientras que al contribuyente le corresponde acreditar los hechos que le favorecen tales como exenciones, bonificaciones, deducciones de cuota, requisitos de deducibilidad de gastos, aplicación de tipos impositivos inferiores, etc. Lo anterior obviamente ha de conjugarse con la normalidad y facilidad probatoria, de manera que se tenga en cuenta cuál es la parte más próxima a las fuentes de prueba y a la que resulta más fácil la demostración de los hechos controvertidos. Además, en la vía económico administrativa rige el principio de interés de la prueba, según el cual las consecuencias jurídicas desfavorables de la falta o insuficiencia de prueba irán a cargo de la parte a la que favorecería la existencia de tal hecho y su demostración, salvo que legalmente se disponga lo contrario mediante algún tipo de ficción o presunción.

A estos efectos el artículo 105.1 de la LGT , dispone:

"En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo."

Por su parte, el artículo 108.4 establece lo siguiente:

"Los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario."

Pues bien, analizado el expediente, atendiendo a las características y propiedades objetivas de la mercancía importada, al texto de las partidas y subpartidas, a las Reglas Generales 1 y 6 del Reglamento (CEE) número 2658/87 del Consejo y a la documentación que forma parte del expediente administrativo de la presente reclamación, podemos concluir que las mercancías importadas declaradas en el DUA de referencia, consisten en perfiles de aluminio que reúnen las características y propiedades para ser clasificados en la posición estadística 7604.29.90.90 determinada por la Administración.

Como se ha expuesto anteriormente, el criterio decisivo para la clasificación arancelaria de las mercancías se basa en sus características y propiedades objetivas, tal y como están definidas en el texto de las partidas de la NC y de las notas de las secciones o capítulos, pudiendo acudir al criterio del destino del producto de manera subsidiaria, únicamente cuando no pueda realizarse exclusivamente conforme a las características y propiedades objetivas del mismo, lo cual no sucede en este caso, habiéndose comprobado que las mercancías importadas consisten en meros perfiles de aluminio, sin incluir ningún otro elemento que presente las características esenciales de un aparato de alumbrado, recogiendo el texto de la partida 7604 expresamente las "barras y perfiles de aluminio"; ajustándose por tanto, a la mercancía que nos ocupa y sin que exista impedimento alguno para efectuar la clasificación arancelaria de las mercancías atendiendo a dichas características y propiedades objetivas, lo que impide en consecuencia, acudir al criterio subsidiario de destino del producto. Como se ha expuesto, la mercancía importada por la entidad reclamante consiste en perfiles de aluminio, que si bien podrían ser empleados para la sujeción de aparatos de alumbrado, dichos perfiles son igualmente susceptibles de un uso distinto, debiendo clasificarse como se ha dicho, con arreglo a sus características y propiedades objetivas, que lo configuran como perfiles de aluminio, independientemente de su destino, siendo expresamente recogidos los perfiles de aluminio en el texto de la partida 7604.

A lo anterior debemos añadir que las notas explicativas del sistema armonizado, en lo referente a la partida 9405, señalan que se clasificarán también en esta partida, las partes de aparatos de alumbrado, siempre que sean reconocibles como tales y no estén comprendidas más específicamente en otra parte, lo cual no ocurre en este caso, ya que los perfiles de aluminio si están recogidos más específicamente en otra partida, concretamente en la partida 7604 determinada por la Administración.

Por lo expuesto, este Tribunal, comparte el criterio de la Administración y considera está suficientemente justificada la reclasificación arancelaria efectuada, por lo que la pretensión actora debe, a nuestro juicio decaer."

QUINTO: Una vez delimitadas las cuestiones suscitadas por las partes, puede apreciarse que la discrepancia se centra en la prueba de las mercancías importadas a los efectos de determinar la correcta clasificación arancelaria.

Es decir, no existe discrepancia sobre las normas aplicables.

Sobre la carga de la prueba, puede citarse la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de la que es exponente la sentencia de 10 de diciembre de 2021, dictada en el recurso de casación nº 5204/2020 , en la que expresa: "3. La sentencia de esta misma Sala y Sección núm. 96/2020, de 29 de enero (casación núm. 4258/2008 ), deliberada conjuntamente con el asunto que ahora nos ocupa, ha dado respuesta a la primera de esas cuestiones.

Por elementales exigencias de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica, procede ahora reproducir en lo esencial los razonamientos de esa sentencia, comenzando por el fundamento referido a la doctrina de la carga de la prueba, en el que se dice literalmente lo siguiente:

"Como una constante jurisprudencia pone de manifiesto el onus probandi no posee más alcance que determinar las consecuencias de la falta de prueba.

Acreditados los hechos constitutivos del presupuesto fáctico, resulta irrelevante qué parte los probó.

Por tanto, la doctrina de la carga de la prueba vale en tanto que el hecho necesitado de esclarecimiento no resulte probado, en cuyo caso, no habiéndose acreditado el mismo o persistiendo las dudas sobre la realidad fáctica necesitada de acreditación, las consecuencias desfavorables deben recaer sobre el llamado a asumirla carga de la prueba, esto es, se concibe la carga de la prueba como "el imperativo del propio interés de las partes en lograr, a través de la prueba, el convencimiento del Tribunal acerca de la veracidad de las afirmaciones fácticas por ellas sostenidas o su fijación en la sentencia".

De no lograrse vencer las incertidumbres sobre los hechos, es el ordenamiento jurídico el que prevé explícita o implícitamente las reglas cuya aplicación determina la parte que ha de resultar perjudicada. Se trata de ius cogens, indisponible para las partes. Con carácter general el principio básico es que al actor le corresponde probar los hechos constitutivos de su pretensión y al demandado los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes, aunque dicho principio se atempera con principios tales como la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes, declarando la jurisprudencia que "El principio de la buena fe en la vertiente procesal puede matizar, intensificar o alterar la regla general sobre distribución de la carga de la prueba en aquellos casos en los que para una de las partes resulta muy fácil acreditar un dato de difícil prueba para la otra..." o que "el onus probandi se traslada a la Administración cuando es ella la que tiene en sus manos la posibilidad de certificar sobre los extremos necesitados de prueba".

Lo que trasladado al ámbito tributario se traduce, art. 105 de la LGT , en que cada parte tiene la carga de probar aquellas circunstancias que le favorecen; esto es, la Administración la realización del hecho imponible y de los elementos de cuantificación de la obligación, y el obligado tributario las circunstancias determinantes de los supuestos de no sujeción, exenciones y bonificaciones o beneficios fiscales, a lo que cabe añadir la matización que toma carta de naturaleza en la jurisprudencia de que se desplaza la carga de la prueba a la Administración cuando esta dispone de los medios necesarios que no están al alcance del sujeto pasivo"."

Anteriormente, en el mismo sentido puede citarse la sentencia del mismo Tribunal Supremo de 21 de junio de 2007 al proclamar: "... con arreglo al antiguo art. 114 de la Ley General Tributaria de 1963 (actual art. 105.1 de la Ley General Tributaria de 2003 ) cada parte tiene que probar las circunstancias que le favorecen, esto es, la Administración la realización del hecho imponible y de los elementos de la cuantificación obligatoria, y el obligado tributario las circunstancias determinantes de los supuestos de no sujeción, exenciones y bonificaciones o beneficios fiscales, ..., no debiéndose olvidar que en el presente caso se pretendió por la parte actora que se apreciase la deducibilidad del gasto controvertido, por lo que a ella le incumbía la carga de acreditar que reunía los requisitos legales."

La STS de la Sala Tercera de 22 de enero de 2000 señaló que compete en todo caso a cada parte la carga de probar sus pretensiones. En efecto, según la sentencia citada, la carga de la prueba es un concepto no demasiado bien dibujado en el proceso contencioso, que debe remitirse a lo previsto en los artículos 1.214 y siguientes del Código Civil . La importancia del expediente administrativo en nuestra jurisdicción explica la falta de relevancia de este tema. La carga de la prueba cobra relevancia sólo cuando hay falta o ausencia de prueba de hechos relevantes.

Por su parte, la STS de 28 de abril de 2001 determina que si la Administración tributaria, por medio de los procedimientos específicos que para ello la legitiman, y particularmente el procedimiento de las actuaciones de comprobación e investigación inspectoras, ha formado prueba de los hechos normalmente constitutivos del nacimiento de la obligación tributaria, la carga probatoria que se deriva del artículo 105 de la LGT se desplaza hacia quien aspira a acreditar que tales hechos son reveladores de otra relación distinta, cualesquiera sean las consecuencias tributarias que se deriven.

Pues bien, como se razona en la resolución recurrida, los productos importados cuestionados consisten en perfiles de aluminio, sin incluir ningún otro elemento que presente las características esenciales de un aparato de alumbrado, recogiendo el texto de la partida 7604 expresamente las "barras y perfiles de aluminio", por lo que se ajusta a la mercancía referida, ya que no consta y no se acredita por la demandante que los perfiles de aluminio importados contengan elementos de alumbrado y, por tanto no procede acudir al criterio subsidiario de destino del producto que se manifiesta por la demandante.

Hay que precisar que los documentos aportados por la demandante no acreditan que esos perfiles incluyan elementos para formar un aparato de alumbrado. Es decir, en el presente caso, los perfiles de aluminio no consta que incorporasen difusores de luz ni ningún otro elemento de luz. En el caso ahora examinado, la mercancía importada consiste en meros perfiles de aluminio, que si bien podrían ser empleados para la sujeción de aparatos de alumbrado, son igualmente susceptibles de un uso distinto, debiendo clasificarse con arreglo a sus características y propiedades objetivas, que lo configuran como perfiles de aluminio, independientemente de su destino.

Por otra parte, frente a las alegaciones de la demanda, se debe precisar, que en el presente caso la liquidación es por concepto de IVA a la importación, es decir, no es objeto de la liquidación los derechos antidumping por lo que no procede pronunciarse sobre los mismos.

Con respecto al IVA es aplicable el art. 83 de la Ley 37/1992 , a cuyo tenor la base imponible de dicho impuesto en las importaciones de bienes es el resultado de adicionar al valor en aduana los impuestos, derechos, exacciones y demás gravámenes que se devenguen fuera del territorio de aplicación del impuesto, así como los que se devenguen con motivo de la importación, y los gastos accesorios (como las comisiones, los gastos de embalaje, transporte y seguro) hasta el primer lugar de destino en el interior de la Unión Europea.

En consecuencia, procede desestimar el recurso contencioso administrativo, declarando conforme a Derecho la resolución recurrida del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid".

CUARTO.-Todo lo anterior, visto que estamos ante unos motivos de impugnación alegados en la demanda similares a los desestimados en la resolución antes mencionada, conlleva que demos por reproducida la fundamentación de la sentencia que ha puesto fin al proceso contencioso-administrativo Nº de Recurso: 876/2022, así como la fundamentación fáctica y jurídica de las decisiones de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales y del TEAR de Madrid, con los cambios que procede de la adaptación al concepto de Derechos Antidumping Provisionales contemplado en el procedimiento de gestión tributaria, lo que nos conduce a desestimar el recurso contencioso-administrativo, confirmando la Resolución del TEAR de Madrid.

QUINTO.-En aplicación del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece el principio del vencimiento en la imposición de las costas procesales, condenamos a la parte actora al pago de las costas procesales causadas. No se aprecia que estemos ante un supuesto que genere serias dudas de hecho o de derecho.

Es doctrina jurisprudencial que para la determinación de los honorarios profesionales han de tenerse en cuenta los diversos factores concurrentes en cada caso, tales como el trabajo profesional realizado, la mayor o menor complejidad del asunto, el tiempo utilizado, las consecuencias en el orden real y práctico, etc., destacando como circunstancias de mayor relevancia, pero no únicas, la cuantía del asunto y los resultados obtenidos en mérito de los servicios profesionales prestados.

En este asunto, teniendo en cuenta y ponderando todas esas circunstancias, la complejidad del supuesto, el resultado favorable a las pretensiones de la parte demandada, la contestación a la demanda que se centra en el verdadero problema a resolver, la redacción vigente del artículo 139.4 LJCA antes de la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y a fin de evitar incidentes en fase de tasación de costas, se limitan y fijan las costas por todos los conceptos en el importe de 100 euros, sin perjuicio de las costas que se hayan podido imponer a las partes a lo largo del procedimiento, más el IVA si dicho tributo resulta procedente, conforme al artículo 243.2 LEC, a favor de la Administración General del Estado. La cuantía de las costas ha sido fijada teniendo en cuenta todos los elementos que influyen en el presente juicio contencioso-administrativo, fijando el importe de 100 euros, en atención a todos los elementos, criterios y parámetros a valorar en la determinación de las costas, sin que las costas puedan fijarse exclusivamente por la cuantía del proceso.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación, EN NOMBRE DE SM EL REY, por la potestad que nos confiere la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA,

PRIMERO.-La parte demandante Matrix Electrónica, SL, interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 27 de mayo de 2022, que estima en parte la reclamación económico-administrativa número 28-20748-2021, presentada contra la Decisión sobre el procedimiento de revisión de derechos arancelarios dictada por la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales, Delegación Especial de Madrid, Agencia Estatal de Administración Tributaria, por el concepto de Derechos Antidumping Provisionales, Referencia: QDA28002021000140001, DUA de importación referencia: 21ES00280136445042.

La parte recurrente interesa la declaración de nulidad de la decisión administrativa impugnada.

La Administración General del Estado se opone a las pretensiones de la parte actora.

SEGUNDO.-La controversia sobre el fondo del asunto en relación al DUA al que se refiere este proceso contencioso-administrativo ha sido anteriormente resuelta en la sentencia del TSJ de Madrid de fecha 11/03/2026, Roj: STSJ M 2475/2026, ECLI:ES:TSJM:2026:2475, Sección: 5, Nº de Recurso: 876/2022, Nº de Resolución: 124/2026, Ponente don José Alberto Gallego Laguna, de modo que en aplicación de los principios de igualdad, unidad de doctrina y seguridad jurídica, reproducimos y aplicamos la misma fundamentación de la sentencia mencionada.

TERCERO.-La sentencia del TSJ de Madrid de fecha 11/03/2026, Roj: STSJ M 2475/2026, ECLI:ES:TSJM:2026:2475, Sección: 5, Nº de Recurso: 876/2022, Nº de Resolución: 124/2026, Ponente don José Alberto Gallego Laguna, expone lo siguiente:

"PRIMERO: Se impugna en este recurso contencioso administrativo la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid el día 27 de mayo de 2022, en la que acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa número 28-21015-2021, interpuesta contra el acuerdo de resolución con liquidación provisional, con número de referencia QCL28002021000187001, en relación al DUA de importación 21ES00280136445042, dictado por la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid, por el concepto tributario "IVA Importación", siendo la cuantía de la reclamación de 154,57 euros.

SEGUNDO: La entidad recurrente solicita en su demanda que se declare el carácter contrario a Derecho de la resolución recurrida del TEAR y su consiguiente nulidad.

Alega, en resumen, como fundamento de su pretensión, que no niega esta parte que se trata de un perfil de aluminio que la misma Administración reconoce que en la factura (documento que se aporta DOC Nº 02) aparece como OP-PA-S19, pero este perfil forma parte de un aparato de alumbrado. Es cierto que la puntualización de la casilla 31 como PERFILES DE ALUMINIO puede dar lugar a error, pero no se trata de perfiles estándar sino de perfiles que forman parte de un aparato de alumbrado como puede verse en la fotografía que se adjunta (DOC Nº 03) existiendo diversos tipos de este perfil el OP-PA-S19, y el OP-PA-S21. Que se adjunta asimismo esquema de montaje del aparato de alumbrado en donde puede verse el lugar que ocupa el perfil en este montaje (DOC Nº 04). Así mismo se adjunta esquema del montaje del perfil en el aparato de alumbrado (DOC Nº 05). Que no se trata de un perfil de aluminio estándar sino de un perfil destinado exclusivamente a formar parte de un aparato de alumbrado con elementos de fijación del mismo en forma de guías exteriores destinadas a acoplarse con las propias guías del aparato de alumbrado, lo que le hace inútil para cualquier otro fin o destino que no sea formar parte de dicho aparato de alumbrado. Con la documentación aportada en el expediente puede verse que se trata de este tipo de perfil, aportándose también un esquema del montaje del mismo en la lámpara.

Por otra parte, MATRIX ELECTRÓNICA es una empresa dedicada en exclusiva a la fabricación distribución y venta de aparatos de alumbrado lo que refuerza la tesis del destino de los perfiles importados.

Entiende que la carga de la prueba debe ahora desplazarse a la Administración ya que esta recurrente cree haber presentado pruebas suficientes que defienden su tesis de que los citados perfiles forman parte de un aparato de alumbrado y únicamente pueden ser destinados a este fin por su tamaño, configuración y características técnicas.

Manifiesta que al tratarse de un perfil que forma parte de un aparato de alumbrado con elementos de fijación del mismo como son las guías exteriores destinadas a acoplarse a las guías del aparato de alumbrado cree que se incluyen en la primera excepción a los derechos antidumping del Reglamento de ejecución UE 2020/1428 que establece el derecho antidumping aplicado por la Administración y refrendado por el TEAR.

1) productos adheridos (por ejemplo, por soldadura o elementos de fijación (que sería el caso que aquí nos ocupa) para formar subconjuntos (en nuestro caso los aparatos de alumbrado).

2) O incluso en el apartado 3 productos en un kit envasado con las piezas necesarias para el montaje de un producto acabado sin ulterior acabado ni fabricación de las partes («kit de mercancías acabadas»),

Nada dice el TEAR de este reglamento que es la base de la imposición de los derechos antidumping ni de las excepciones que el mismo fija y que esta parte entiende que son aplicables a los productos objeto del presente recurso y cuya argumentación no ha sido combatida ni por la Administración ni por el TEAR.

TERCERO: El Abogado del Estado, en la contestación a la demanda, sostiene, en síntesis, que la cuestión debatida se centra en determinar si los perfiles de aluminio importados por la recurrente deben clasificarse en la posición arancelaria 9405 99 00 90, que se refiere a "luminarias y aparatos de alumbrado", declarado por la interesada, porque afirma que se destinaran a ser el soporte de unas tiras de luminarias leed, o en la posición arancelaria 7604 29 90 90 que se refiere a "perfiles de aluminio", defendido por la Administración.

Considera que el artículo 48 del Reglamento número 952/13, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión (CAU), faculta a las autoridades aduaneras para que, tras la concesión del levante de las mercancías, puedan proceder a la revisión de la declaración. Del contenido de tal precepto se desprende que las liquidaciones practicadas en el momento del despacho aduanero de las mercancías tienen el carácter de provisionales, estando facultadas las autoridades aduaneras para revisar los datos declarados, y regularizar la situación si se observase que la liquidación se realizó sobre la base de elementos inexactos o incompletos, con los límites materiales y formales previstos en el artículo 48 del CAU y en los artículos 133.3 y 134.6 del Real Decreto 1065/2007 . En el caso que nos ocupa, figura en el expediente Diligencia de Inspección Física de la mercancía importada en el DUA de referencia, en la que consta expresamente que las mercancías que fueron reconocidas por la Aduana consistían en "perfiles de aluminio". La regularización practicada deriva de la modificación de la posición arancelaria declarada por la interesada en el DUA en los productos importados, al haber declarado en la posición arancelaria 9405990090 "partes de aparatos de alumbrado", determinado la Administración que los productos importados deben incluirse en la posición arancelaria 7616999010, correspondiente a los perfiles o barras de aluminio. Cita el artículo 56 del CAU y el artículo 83.uno a) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA .

Manifiesta que tal y como detallan las resoluciones recurridas, aplicando el criterio para la clasificación arancelaria de las mercancías, de acuerdo con las características y propiedades objetivas del producto, tal y como están definidas en el texto de las partidas de la NC y de las notas de las secciones o capítulos, las mercancías importadas consisten en perfiles de aluminio, sin incluir ningún otro elemento que presente las características esenciales de un aparato de alumbrado, recogiendo el texto de la partida 7604 expresamente las "barras y perfiles de aluminio", ajustándose por tanto, a la mercancía importada. La posibilidad de acudir al criterio del destino se aplica de forma subsidiaria, únicamente cuando no pueda realizarse exclusivamente conforme a las características y propiedades objetivas del mismo, lo cual no sucede en este caso, en el que no existe duda de que el producto importado son perfiles de aluminio con su encuadre perfectamente definido en la partida que expresamente contempla "barras y perfiles de aluminio". Las notas explicativas del sistema armonizado, en lo referente a la partida 9405, señalan que las partes de aparatos de alumbrado solo se clasificarán en esta partida siempre que sean reconocibles como tales y no estén comprendidas más específicamente en otra parte, lo cual no ocurre en este caso, ya que los perfiles de aluminio si están recogidos más específicamente en otra partida, concretamente en la partida 7604 determinada por la Administración.

Concluye que los perfiles de aluminio importados no presentan características esenciales de un producto de alumbrado, por la sencilla razón de que no iluminan nada. Aunque pudiera ser que, posteriormente se integrasen como una parte de una luminaria, una vez se le dote de la correspondiente tira de luminarias leeds, no pueden clasificarse dentro de esta partida, porque dicha posibilidad solo está prevista en la nota explicativa del sistema armonizado de la partida 9405, cuando dichas partes sean reconocibles como tales y no estén comprendidas más específicamente en otra partida, lo cual no ocurre en este caso, ya que los perfiles de aluminio si están recogidos más específicamente en otra partida, concretamente en la partida 7604. Por ello su clasificación arancelaria debe realizarse en el Capítulo 7604 del Sistema Armonizado, por aplicación de la Norma General de Interpretación 1, por el texto del código 7604 y por la Nota1 b) del Capítulo 76. En el ámbito de la Nomenclatura Combinada, la clasificación debe efectuarse en la subpartida 7604 29 90 90 por aplicación de las Reglas Generales de Interpretación 1 y 6; por el texto de la partida 7604 y de las subpartidas 7604 29, 7604 29 90 y 7604 29 90 90; y por la Nota1 b) del Capítulo 76. Finalmente señala que la parte actora no ha aportado un informe pericial o cualquier otra prueba que acredite que la mercancía importada constituyen unas luminarias o aparatos de alumbrado, por lo que, por aplicación del art 105 LGT , su pretensión debe ser desestimada y las resoluciones recurridas deben de ser conformadas, ya que se ajustan plenamente a Derecho, porque el producto importado por la actora, debería haberse declarado en la posición arancelaria 7604 29 90 90 que se refiere a "perfiles de aluminio".

CUARTO: En el análisis de la controversia suscitada en este recurso se debe partir de que, liquidación provisional, de fecha 02 de Septiembre de 2021, en su apartado de "HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE MOTIVAN LA RESOLUCIÓN", expresa:

"Con el alcance y limitaciones que resultan de la vigente normativa legal y de la documentación obrante en el expediente, y partiendo exclusivamente de los datos declarados, de los justificantes de los mismos aportados y de la información existente en la Agencia Tributaria, se ha procedido a la regularización de la situación tributaria en relación con el DUA y concepto tributario que figuran en el encabezamiento y con el alcance definido para este procedimiento en base a los siguientes antecedentes y motivaciones:

El artículo 83.uno a) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido dispone lo siguiente:

En las importaciones de bienes, la base imponible resultará de adicionar al valor de aduana los conceptos siguientes en cuanto no estén comprendidos en el mismo:

a) Los impuestos, derechos, exacciones y demás gravámenes que se devenguen fuera del territorio de aplicación del impuesto, así como los que se devenguen con motivo de la importación, con excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Mediante el procedimiento de revisión sobre derechos arancelarios, nº de expediente QDA28002021000139 respecto del DUA de referencia, se ha modificado la clasificación de la mercancía declarada en el mismo, regularizándose una cuota por derechos arancelarios de 66,91 euros. Dicho importe de derechos arancelarios forma parte de la base imponible del IVA importación de acuerdo con el artículo 83. Uno de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido , por lo que mediante el presente acuerdo se regulariza la situación tributaria por el mencionado concepto."

Por su parte, en la resolución recurrida del TEAR, como antecedentes relevantes, se expresa lo siguiente: "SEGUNDO.- De los antecedentes que obran en el expediente se comprueba que se inició respecto a la interesada, procedimiento de revisión sobre derechos arancelarios en relación con la declaración de importación número 21ES00280136445042.

En el curso del procedimiento, la Administración comprobó la clasificación arancelaria de la mercancía importada y declarada en el DUA de referencia. La recurrente clasifica la mercancía importada en la posición arancelaria 9405.99.00.90, que se refiere a "Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores), y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte; Partes; Las demás", con un arancel del 2,70%. No obstante, a juicio de la Administración, las mercancías deberían aforarse en la posición arancelaria 7604.29.90.90, la cual se refiere a "Barras y perfiles, de aluminio; De aleaciones de aluminio; Los demás; Perfiles; Los demás", con un arancel del 7,50% y con derechos antidumping, al entender que son perfiles de aluminio, debiendo clasificarse en la posición arancelaria 7604.29.90.90 en base a lo dispuesto en las reglas generales 1 y 6 para la interpretación de la nomenclatura combinada y por el texto de los códigos NC 7604, 7604.29, 7604.29.90 y código TARIC 7604.29.90.90. La Administración señala que revisada la documentación aportada y en poder de la Administración, se pone de manifiesto que la mercancía importada se trata de partes de perfiles de aluminio, modificando como consecuencia de lo expuesto, la posición arancelaria declarada por la interesada para las mercancías importadas en el DUA de referencia, procediendo a la liquidación de los derechos de aduana, del IVA de importación, así como de los derechos antidumping."

Seguidamente, en la misma resolución del TEAR, en resumen, se argumenta:

"TERCERO.- Entrando en el fondo del asunto, la regularización efectuada por la Administración se basa en la modificación de la posición arancelaria consignada por la interesada en el DUA de referencia respecto a las mercancías importadas, al haber declarado en la posición arancelaria 9405.99.00.90, lo que a juicio de la Administración debe aforarse en la posición arancelaria 7604.29.90.90.

A estos efectos, el artículo 56 del CAU dispone que:

(...)

Por su parte, el artículo 83.uno a) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido señala que:

(...)

Pues bien, los derechos legalmente devengados en caso de que se origine una deuda aduanera de importación se basarán en el Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas, que comprende la Nomenclatura Combinada de las mercancías y cualquier otra nomenclatura que recoja total o parcialmente la Nomenclatura Combinada y que haya sido establecida por las disposiciones comunitarias específicas para la aplicación de medidas arancelarias específicas.

Por lo tanto, toda clasificación arancelaria de una mercancía deberá determinarse de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) 2658/1987, del Consejo, de 23 de julio de 1987 , relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, cuyo Anexo I se ha ido modificando a lo largo de estos años con la finalidad de adaptarse a cada momento histórico y cuya correcta aplicación conduce a la determinación de la partida, posición o código que corresponda a cada mercancía y, en consecuencia, los derechos legalmente exigidos en su importación y conforme a las Seis Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura Combinada contenidas en este Reglamento. Junto a las Reglas Generales de Interpretación, dentro de cada Capítulo de la Nomenclatura Combinada, existen unas Notas Explicativas, que sirven para aclarar el contenido de los textos de las partidas correspondientes. Las Notas Explicativas de la Nomenclatura Combinada deben ser consideradas como complementarias de las del Sistema Armonizado, NESA, a las que por razón de su origen, están subordinadas.

Las Reglas Generales para la interpretación de la nomenclatura combinada, están recogidas en su título I, sección A del Reglamento (CEE) 2658187, que establecen lo siguiente:

"La clasificación de mercancías en la nomenclatura combinada se regirá por los principios siguientes:

1. Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes:

2. a) Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que este presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado, o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes, cuando se presente desmontado o sin montar todavía.

b) Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de los artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la regla 3.

3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por aplicación de la regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue:

a) la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada una, solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deberán considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa;

b) los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la regla 3 a), se clasifican según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo;

c) cuando las reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta.

4. Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las Reglas anteriores, se clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía.

5. Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías consideradas a continuación se les aplicarán las Reglas siguientes:

a) Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes similares, especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un juego o surtido, susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que estén destinados, se clasificarán con dichos artículos cuando sean de los tipos normalmente vendidos con ellos. Sin embargo, esta Regla no se aplica en la clasificación de los continentes que confieran al conjunto su carácter esencial;

b) Salvo lo dispuesto en la Regla 5 a) anterior, los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida.

6. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de subpartida así como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario."

Por tanto, las Reglas Generales 1 y 6 para la interpretación de la nomenclatura combinada disponen lo siguiente:

La Regla General 1 para la interpretación de la nomenclatura combinada indica que los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas 2 a 6.

La Regla General 6 para la interpretación de la nomenclatura combinada indica que la clasificación de las mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas, bien entendido que sólo pueden compararse subpartidas del mismo nivel.

No obstante lo anterior, también deben tenerse en cuenta los criterios interpretativos fijados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJUE) y los Reglamentos de Ejecución, relativos a la clasificación de determinadas mercancías en la Nomenclatura Combinada, aprobados por la Comisión con el fin de garantizar una aplicación uniforme de la Nomenclatura Combinada anexa al Reglamento (CEE) nº 2658/87 .

Asimismo, es preciso recordar la existencia de reiterada jurisprudencia comunitaria que establece que para determinar la correcta clasificación arancelaria de las mercancías, en aras de la seguridad jurídica y la facilidad de los controles, el criterio decisivo debe buscarse, por lo general, en las características y propiedades objetivas de las mercancías, tal como están definidas en el texto de las partidas de la NC y de las notas de las secciones o capítulos (véanse, en particular, las sentencias de 19 de octubre de 2000, Peacock, C-339/98, Rec. p. 18947, apartado 9 ; de 15 de septiembre de 2005, Intermodal Transports, C-495/03 , Rec. p. 18151, apartado 47; de 18 de julio de 2007, Olicom, C-142/06 , Rec. p. 16675, apartado 16, y de 19 de febrero de 2009, Kamino International Logistics, C-376/07 , Rec. p. 11167, apartado 31, de 18 de mayo de 2011, Delphi Deutschland, C-423/10 , apartado 23).

Respecto a las características y propiedades objetivas de las mercancías, debe señalarse que en idénticos términos se ha pronunciado el Tribunal Económico Administrativo Central en resolución de 25 de junio de 2019 (R.G.: 05459/2016) y en resolución de 15 de julio de 2019 (R.G. 03184/2017):

"...el criterio decisivo para la clasificación arancelaria de las mercancías se basa en sus características y propiedades objetivas, y, que de manera subsidiaria, se puede acudir al criterio del destino del producto, sólo cuando no pueda realizarse exclusivamente conforme a las características y propiedades objetivas del mismo, y siempre que sea inherente a dicho producto."

Aplicando la normativa y jurisprudencia expuesta al caso concreto, los textos de los códigos TARIC 9405.99.00.90 (declarado por la interesada) y 7604.29.90.90 (determinado por la Administración), contenidos en el Anexo 1 del Reglamento (CEE) n° 2658/87 son los siguientes:

- Código TARIC 9405.99.00.90 (declarado por la interesada): "SECCIÓN XX. MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS.

CAPÍTULO 94. MUEBLES, MOBILIARIO MEDICOQUIRÚRGICO; ARTÍCULOS DE CAMA Y SIMILARES, APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE, ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS LUMINOSOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS.

9405. Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores, y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte:

9405. - Partes:

9405.99 - - Las demás (ni de vidrio ni de plástico):

9405.99.00.90 - - - Las demás."

- Código TARIC 7604.29.90.90 (determinado por la Administración):

"SECCIÓN XV. METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES.

CAPÍTULO 76. ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS.

7604. Barras y perfiles, de aluminio:

7604. - De aleaciones de aluminio:

7604.29 - - Los demás (no de perfiles huecos):

7604.29.90 - - - Perfiles:

7604.29.90.90 - - - - Los demás."

Además, las notas explicativas del sistema armonizado, en lo referente a la partida 9405, disponen lo siguiente en lo que respecta a las partes de los aparatos de alumbrado, relacionando aquellos elementos que se consideran partes de dichos aparatos, entre los que no se encuentran, los perfiles para la sujeción de aparatos de alumbrado, objeto de controversia:

"Se clasifican también en esta partida, siempre que sean reconocibles como tales y no estén comprendidas más específicamente en otra parte, las partes de aparatos de alumbrado, de anuncios luminosos, letreros luminosos, placas indicadoras luminosas y artículos similares entre las cuales se pueden citar:

1) Las suspensiones rígidas o de cadena para colgarlas lámparas.

2) Los dispositivos para sujetar los globos.

3) Los pies, mangos y rejillas o jaulas protectoras para lámparas portátiles.

4) Las boquillas para lámparas, los portacamisas.

5) Los cuerpos de linternas.

6) Los espejos de los reflectores.

7) Los tubos o chimeneas para lámparas (con estrechamiento, con abultamientos, etc.).

8) Los pequeños cilindros de vidrio grueso para lámparas de minero.

9) Los difusores (incluidos los difusores de alabastro).

10) Los platillos, copas, copelas, pantallas (incluidas sus armaduras), globos, tulipas y artículos similares.

11) Las piezas para lámparas tales como bolas, almendras, florones, colgantes, aplicaciones y artículos análogos que, por sus dispositivos de fijación y sus dimensiones, especialmente, sean reconocibles como destinadas al guarnecido de lámparas."

Visto lo anterior, la cuestión fundamental de la presente reclamación consiste en determinar si las mercancías importadas corresponden a perfiles de aluminio (partida arancelaria 7604), tal y como mantiene la Administración o bien, si corresponden a partes de aparatos de alumbrado (partida arancelaria 9405), tal y como declaró y sostiene la entidad interesada.

La regulación básica de carga de la prueba en el ámbito tributario se encuentra en el artículo 105 de la Ley 58/2003 (LGT ), según el cual en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo (que tiene como precedente el artículo 114 de la Ley 230/1963 ). Han sido reiterados los pronunciamientos judiciales que sientan la doctrina de que, en el ámbito tributario, la prueba de la existencia del hecho imponible y su magnitud económica son carga de la Administración, mientras que al contribuyente le corresponde acreditar los hechos que le favorecen tales como exenciones, bonificaciones, deducciones de cuota, requisitos de deducibilidad de gastos, aplicación de tipos impositivos inferiores, etc. Lo anterior obviamente ha de conjugarse con la normalidad y facilidad probatoria, de manera que se tenga en cuenta cuál es la parte más próxima a las fuentes de prueba y a la que resulta más fácil la demostración de los hechos controvertidos. Además, en la vía económico administrativa rige el principio de interés de la prueba, según el cual las consecuencias jurídicas desfavorables de la falta o insuficiencia de prueba irán a cargo de la parte a la que favorecería la existencia de tal hecho y su demostración, salvo que legalmente se disponga lo contrario mediante algún tipo de ficción o presunción.

A estos efectos el artículo 105.1 de la LGT , dispone:

"En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo."

Por su parte, el artículo 108.4 establece lo siguiente:

"Los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán rectificarse por los mismos mediante prueba en contrario."

Pues bien, analizado el expediente, atendiendo a las características y propiedades objetivas de la mercancía importada, al texto de las partidas y subpartidas, a las Reglas Generales 1 y 6 del Reglamento (CEE) número 2658/87 del Consejo y a la documentación que forma parte del expediente administrativo de la presente reclamación, podemos concluir que las mercancías importadas declaradas en el DUA de referencia, consisten en perfiles de aluminio que reúnen las características y propiedades para ser clasificados en la posición estadística 7604.29.90.90 determinada por la Administración.

Como se ha expuesto anteriormente, el criterio decisivo para la clasificación arancelaria de las mercancías se basa en sus características y propiedades objetivas, tal y como están definidas en el texto de las partidas de la NC y de las notas de las secciones o capítulos, pudiendo acudir al criterio del destino del producto de manera subsidiaria, únicamente cuando no pueda realizarse exclusivamente conforme a las características y propiedades objetivas del mismo, lo cual no sucede en este caso, habiéndose comprobado que las mercancías importadas consisten en meros perfiles de aluminio, sin incluir ningún otro elemento que presente las características esenciales de un aparato de alumbrado, recogiendo el texto de la partida 7604 expresamente las "barras y perfiles de aluminio"; ajustándose por tanto, a la mercancía que nos ocupa y sin que exista impedimento alguno para efectuar la clasificación arancelaria de las mercancías atendiendo a dichas características y propiedades objetivas, lo que impide en consecuencia, acudir al criterio subsidiario de destino del producto. Como se ha expuesto, la mercancía importada por la entidad reclamante consiste en perfiles de aluminio, que si bien podrían ser empleados para la sujeción de aparatos de alumbrado, dichos perfiles son igualmente susceptibles de un uso distinto, debiendo clasificarse como se ha dicho, con arreglo a sus características y propiedades objetivas, que lo configuran como perfiles de aluminio, independientemente de su destino, siendo expresamente recogidos los perfiles de aluminio en el texto de la partida 7604.

A lo anterior debemos añadir que las notas explicativas del sistema armonizado, en lo referente a la partida 9405, señalan que se clasificarán también en esta partida, las partes de aparatos de alumbrado, siempre que sean reconocibles como tales y no estén comprendidas más específicamente en otra parte, lo cual no ocurre en este caso, ya que los perfiles de aluminio si están recogidos más específicamente en otra partida, concretamente en la partida 7604 determinada por la Administración.

Por lo expuesto, este Tribunal, comparte el criterio de la Administración y considera está suficientemente justificada la reclasificación arancelaria efectuada, por lo que la pretensión actora debe, a nuestro juicio decaer."

QUINTO: Una vez delimitadas las cuestiones suscitadas por las partes, puede apreciarse que la discrepancia se centra en la prueba de las mercancías importadas a los efectos de determinar la correcta clasificación arancelaria.

Es decir, no existe discrepancia sobre las normas aplicables.

Sobre la carga de la prueba, puede citarse la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de la que es exponente la sentencia de 10 de diciembre de 2021, dictada en el recurso de casación nº 5204/2020 , en la que expresa: "3. La sentencia de esta misma Sala y Sección núm. 96/2020, de 29 de enero (casación núm. 4258/2008 ), deliberada conjuntamente con el asunto que ahora nos ocupa, ha dado respuesta a la primera de esas cuestiones.

Por elementales exigencias de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica, procede ahora reproducir en lo esencial los razonamientos de esa sentencia, comenzando por el fundamento referido a la doctrina de la carga de la prueba, en el que se dice literalmente lo siguiente:

"Como una constante jurisprudencia pone de manifiesto el onus probandi no posee más alcance que determinar las consecuencias de la falta de prueba.

Acreditados los hechos constitutivos del presupuesto fáctico, resulta irrelevante qué parte los probó.

Por tanto, la doctrina de la carga de la prueba vale en tanto que el hecho necesitado de esclarecimiento no resulte probado, en cuyo caso, no habiéndose acreditado el mismo o persistiendo las dudas sobre la realidad fáctica necesitada de acreditación, las consecuencias desfavorables deben recaer sobre el llamado a asumirla carga de la prueba, esto es, se concibe la carga de la prueba como "el imperativo del propio interés de las partes en lograr, a través de la prueba, el convencimiento del Tribunal acerca de la veracidad de las afirmaciones fácticas por ellas sostenidas o su fijación en la sentencia".

De no lograrse vencer las incertidumbres sobre los hechos, es el ordenamiento jurídico el que prevé explícita o implícitamente las reglas cuya aplicación determina la parte que ha de resultar perjudicada. Se trata de ius cogens, indisponible para las partes. Con carácter general el principio básico es que al actor le corresponde probar los hechos constitutivos de su pretensión y al demandado los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes, aunque dicho principio se atempera con principios tales como la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes, declarando la jurisprudencia que "El principio de la buena fe en la vertiente procesal puede matizar, intensificar o alterar la regla general sobre distribución de la carga de la prueba en aquellos casos en los que para una de las partes resulta muy fácil acreditar un dato de difícil prueba para la otra..." o que "el onus probandi se traslada a la Administración cuando es ella la que tiene en sus manos la posibilidad de certificar sobre los extremos necesitados de prueba".

Lo que trasladado al ámbito tributario se traduce, art. 105 de la LGT , en que cada parte tiene la carga de probar aquellas circunstancias que le favorecen; esto es, la Administración la realización del hecho imponible y de los elementos de cuantificación de la obligación, y el obligado tributario las circunstancias determinantes de los supuestos de no sujeción, exenciones y bonificaciones o beneficios fiscales, a lo que cabe añadir la matización que toma carta de naturaleza en la jurisprudencia de que se desplaza la carga de la prueba a la Administración cuando esta dispone de los medios necesarios que no están al alcance del sujeto pasivo"."

Anteriormente, en el mismo sentido puede citarse la sentencia del mismo Tribunal Supremo de 21 de junio de 2007 al proclamar: "... con arreglo al antiguo art. 114 de la Ley General Tributaria de 1963 (actual art. 105.1 de la Ley General Tributaria de 2003 ) cada parte tiene que probar las circunstancias que le favorecen, esto es, la Administración la realización del hecho imponible y de los elementos de la cuantificación obligatoria, y el obligado tributario las circunstancias determinantes de los supuestos de no sujeción, exenciones y bonificaciones o beneficios fiscales, ..., no debiéndose olvidar que en el presente caso se pretendió por la parte actora que se apreciase la deducibilidad del gasto controvertido, por lo que a ella le incumbía la carga de acreditar que reunía los requisitos legales."

La STS de la Sala Tercera de 22 de enero de 2000 señaló que compete en todo caso a cada parte la carga de probar sus pretensiones. En efecto, según la sentencia citada, la carga de la prueba es un concepto no demasiado bien dibujado en el proceso contencioso, que debe remitirse a lo previsto en los artículos 1.214 y siguientes del Código Civil . La importancia del expediente administrativo en nuestra jurisdicción explica la falta de relevancia de este tema. La carga de la prueba cobra relevancia sólo cuando hay falta o ausencia de prueba de hechos relevantes.

Por su parte, la STS de 28 de abril de 2001 determina que si la Administración tributaria, por medio de los procedimientos específicos que para ello la legitiman, y particularmente el procedimiento de las actuaciones de comprobación e investigación inspectoras, ha formado prueba de los hechos normalmente constitutivos del nacimiento de la obligación tributaria, la carga probatoria que se deriva del artículo 105 de la LGT se desplaza hacia quien aspira a acreditar que tales hechos son reveladores de otra relación distinta, cualesquiera sean las consecuencias tributarias que se deriven.

Pues bien, como se razona en la resolución recurrida, los productos importados cuestionados consisten en perfiles de aluminio, sin incluir ningún otro elemento que presente las características esenciales de un aparato de alumbrado, recogiendo el texto de la partida 7604 expresamente las "barras y perfiles de aluminio", por lo que se ajusta a la mercancía referida, ya que no consta y no se acredita por la demandante que los perfiles de aluminio importados contengan elementos de alumbrado y, por tanto no procede acudir al criterio subsidiario de destino del producto que se manifiesta por la demandante.

Hay que precisar que los documentos aportados por la demandante no acreditan que esos perfiles incluyan elementos para formar un aparato de alumbrado. Es decir, en el presente caso, los perfiles de aluminio no consta que incorporasen difusores de luz ni ningún otro elemento de luz. En el caso ahora examinado, la mercancía importada consiste en meros perfiles de aluminio, que si bien podrían ser empleados para la sujeción de aparatos de alumbrado, son igualmente susceptibles de un uso distinto, debiendo clasificarse con arreglo a sus características y propiedades objetivas, que lo configuran como perfiles de aluminio, independientemente de su destino.

Por otra parte, frente a las alegaciones de la demanda, se debe precisar, que en el presente caso la liquidación es por concepto de IVA a la importación, es decir, no es objeto de la liquidación los derechos antidumping por lo que no procede pronunciarse sobre los mismos.

Con respecto al IVA es aplicable el art. 83 de la Ley 37/1992 , a cuyo tenor la base imponible de dicho impuesto en las importaciones de bienes es el resultado de adicionar al valor en aduana los impuestos, derechos, exacciones y demás gravámenes que se devenguen fuera del territorio de aplicación del impuesto, así como los que se devenguen con motivo de la importación, y los gastos accesorios (como las comisiones, los gastos de embalaje, transporte y seguro) hasta el primer lugar de destino en el interior de la Unión Europea.

En consecuencia, procede desestimar el recurso contencioso administrativo, declarando conforme a Derecho la resolución recurrida del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid".

CUARTO.-Todo lo anterior, visto que estamos ante unos motivos de impugnación alegados en la demanda similares a los desestimados en la resolución antes mencionada, conlleva que demos por reproducida la fundamentación de la sentencia que ha puesto fin al proceso contencioso-administrativo Nº de Recurso: 876/2022, así como la fundamentación fáctica y jurídica de las decisiones de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales y del TEAR de Madrid, con los cambios que procede de la adaptación al concepto de Derechos Antidumping Provisionales contemplado en el procedimiento de gestión tributaria, lo que nos conduce a desestimar el recurso contencioso-administrativo, confirmando la Resolución del TEAR de Madrid.

QUINTO.-En aplicación del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece el principio del vencimiento en la imposición de las costas procesales, condenamos a la parte actora al pago de las costas procesales causadas. No se aprecia que estemos ante un supuesto que genere serias dudas de hecho o de derecho.

Es doctrina jurisprudencial que para la determinación de los honorarios profesionales han de tenerse en cuenta los diversos factores concurrentes en cada caso, tales como el trabajo profesional realizado, la mayor o menor complejidad del asunto, el tiempo utilizado, las consecuencias en el orden real y práctico, etc., destacando como circunstancias de mayor relevancia, pero no únicas, la cuantía del asunto y los resultados obtenidos en mérito de los servicios profesionales prestados.

En este asunto, teniendo en cuenta y ponderando todas esas circunstancias, la complejidad del supuesto, el resultado favorable a las pretensiones de la parte demandada, la contestación a la demanda que se centra en el verdadero problema a resolver, la redacción vigente del artículo 139.4 LJCA antes de la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y a fin de evitar incidentes en fase de tasación de costas, se limitan y fijan las costas por todos los conceptos en el importe de 100 euros, sin perjuicio de las costas que se hayan podido imponer a las partes a lo largo del procedimiento, más el IVA si dicho tributo resulta procedente, conforme al artículo 243.2 LEC, a favor de la Administración General del Estado. La cuantía de las costas ha sido fijada teniendo en cuenta todos los elementos que influyen en el presente juicio contencioso-administrativo, fijando el importe de 100 euros, en atención a todos los elementos, criterios y parámetros a valorar en la determinación de las costas, sin que las costas puedan fijarse exclusivamente por la cuantía del proceso.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación, EN NOMBRE DE SM EL REY, por la potestad que nos confiere la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA,