Sentencia Contencioso-Administrativo 225/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 4150/2024 de 26 de febrero del 2026

PRIMERO.- El objeto del recurso.

Por resolución de la Delegación del Gobierno en Asturias de 4 de marzo de 2021 se desestimó la solicitud de D. ª Bernarda de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, 1ª renovación. Se argumentaba en la resolución que, durante la vigencia de la autorización que pretendía renovar, había tenido un periodo de actividad laboral inferior a tres meses por año, (unos 240 días el primer año y cero días el segundo año) sin que hubiera acreditado que la actividad laboral que dio lugar a la autorización anterior se interrumpió por causas ajenas a su voluntad, ni la búsqueda activa de empleo mediante su inscripción en el Servicio Público de Empleo competente como demandante de empleo. Añadía que con su solicitud no aportaba contrato de trabajo, y, después de ser requerida para que aportara nuevo contrato de trabajo firmado por ambas partes que garantizara al trabajador una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización, volvió a aportar un contrato de trabajo de 2019, finalizado en fecha 31 de octubre de 2019.

Concluía de todo lo anterior que la solicitante no acreditaba encontrarse en ninguno de los supuestos que están previstos para la renovación de una autorización de residencia temporal y trabajo en el artículo 71 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley de Extranjería.

La interesada interpuso recurso contencioso-administrativo, seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Oviedo con el núm. 289/2021 de procedimiento abreviado, en el que se dictó sentencia núm. 134/2022, de 26 de mayo de 2022, estimatoria del recurso, anulando la resolución recurrida por no ser conforme a derecho, «al proceder la renovación del permiso solicitado».

En la sentencia se hacen los razonamientos siguientes:

«TERCERO. - Analizada la cuestión planteada, hay que partir de la premisa no rebatida de contrario, relativa a la situación "sobrevenida" en la relación laboral que desarrollaba la actora (I.T. al amparo de la L.G.S.S.). Situación que se basa en una causa de "fuerza mayor" como es la enfermedad común. La acreditación de dicha causa se deduce de la objetividad e imparcialidad que revisten los informes emitidos por el E.V.I. de la D.P. del I.N.S.S. Pues para poder agotar el periodo de I.T. (12 meses) y la prórroga (6 meses), como es el caso, la resolución de la Dirección Provincial del referido Instituto, tuvo que tener en cuenta los referidos informes del Equipo de Valoración de Incapacidades. Tal reconocimiento supone ineludiblemente una "voluntad" inequívoca del trabajador de realización de trabajo, en este caso por cuenta ajena, y la imposibilidad física de poder realizarlo.

La cuestión se centraría en determinar sí se podrían incluir las prestaciones de la S.S. (bien a cargo del I.N.S.S. o de una M.A.T.E.P.S.S.) por incapacidad temporal, como susceptibles del reconocimiento del derecho solicitado, en el contexto normativo alegado por la representación demandada. Obviamente acudiendo a una interpretación literal (gramatical) de los textos legales de aplicación, invocados por la Admón. no sería posible. Ahora bien, en materia de interpretación de un texto legal, ha de tenerse en cuenta lo preceptuado en el art. 3 T.P. del Código Civil "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación al contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social...". Señala la doctrina científica más generalizada, que no es suficiente la interpretación gramatical de toda regla jurídica, pues aún la de la apariencia más clara gramaticalmente, requiere una interpretación jurídica conforme al fin de la norma. La finalidad de la normativa debatida, según el sentido común, persigue amparar unos supuestos que, acreditados conforme a las exigencias de la buena fe, reflejen una situación de "actividad laboral" en determinados lapsos temporales. En el caso analizado la actora no cumple el periodo mínimo exigido, por "causa" de enfermedad común, amparada y protegida por el sistema de Seguridad Social.

La existencia de prestación de S.S. por I.T. ya ha sido tenida en cuenta en los "antecedentes legislativos" (ex art. 3 CC ) de nuestro ordenamiento jurídico, v.g, el RTº que desarrolló la L.O. 7/1985 de 1 de julio. Si bien es cierto que el legislador actual silenció tal posibilidad, no menos cierto es, que además de existir un elemento de interpretación de la norma en el referido "antecedente legislativo", también se produce una "identidad de razón" entre la referida causa (I.T. por E.C.) y las contempladas normativamente (v.g. "prestación económica asistencial", "prestación de desempleo"), dentro de similar ratio legis. Circunstancia que haría entrar en juego el art. 4.1 del referido texto legal . No existiría tal "identidad", con supuestos de suspensión de la relación laboral v.g. "por ser víctima de violencia de género", que al contrario, sí necesitaría tal explicitación positiva. Cosa que ha hecho el Legislador.

Pues bien, teniendo en cuenta el referido método exegético y la analogía prevista en la ley, en relación al supuesto contemplado, en el que incide causa de fuerza mayor, cabría acoger la pretensión mantenida por la actora».

El Abogado del Estado interpuso recurso de apelación, (núm. 240/2022) dictando la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sección Primera) la sentencia núm. 33/2023 de 23 de enero de 2023, estimatoria del recurso.

La sentencia trascribe el artículo 38.6 de la Ley de Extranjería y el artículo 71. 2 b) 3º del Reglamento aprobado por Real Decreto 557/2011, y revoca la sentencia del Juzgado, razonando lo siguiente:

«SÉPTIMO. - En la sentencia apelada se aprecia, que "la actora no cumple el período mínimo exigido, por causa de enfermedad común, amparada y protegida por el sistema de Seguridad Social".

En efecto, ha quedado acreditada la incapacidad laboral padecida por la extranjera durante el período que tendría que tomarse como referencia para determinar la procedencia de la renovación.

Ahora bien, en el artículo 38 de la Ley de Extranjería se prevén dos circunstancias que determinan la renovación de la autorización de residencia y trabajo: "Cuando por la autoridad competente, conforme a la normativa de la Seguridad Social, se hubiera otorgado una prestación contributiva por desempleo" y "Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral".

El Reglamento de Extranjería se remite, tanto en la versión vigente hasta el 16 de agosto de 2022 como en la aplicable desde esa fecha como consecuencia de las modificaciones introducidas por el Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, a circunstancias en que "la relación laboral que dio lugar a la autorización cuya renovación se pretende se interrumpió por causas ajenas a su voluntad".

Sin embargo, la incapacidad temporal por enfermedad común, de la que estuvo aquejada la extranjera, no se prevé expresamente en la Ley ni en el Reglamento.

La cuestión del caso es si las circunstancias de la ciudadana extranjera permiten considerar que cabe, como apunta la sentencia apelada, una interpretación que permita equiparar la prestación por incapacidad temporal por enfermedad común y la prestación económica asistencial o incluso la prestación de desempleo, en la medida en que, desde luego, concurre una causa, convenientemente acreditada como es la de la enfermedad, que impide exigir a la recurrente que aporte requisitos imposibles de cumplir "por causas ajenas a su voluntad".

En este supuesto, sin embargo, debe estarse a las previsiones tanto legales como reglamentarias en las que no cabe hacer una interpretación analógica en los términos que resultan de la sentencia de instancia.».

Se refiere, por último, a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Galicia de 21 de septiembre de 2011, que entiende que establece unos criterios interpretativos que la Sala de Asturias comparte, y concluye que la sentencia de instancia «no se funda en norma legal o reglamentaria alguna y, en definitiva, la ahora apelante no ha acreditado cumplir los requisitos establecidos legal y reglamentariamente para que proceda la renovación del permiso de residencia y de trabajo».

SEGUNDO.- El escrito de interposición.

En el escrito de interposición la parte recurrente manifiesta estar de acuerdo con los razonamientos de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 5 de Oviedo, teniendo en cuenta que el propio texto legislativo, artículo 38.6. b) y c), de la Ley Orgánica 4/2000, reconoce determinadas situaciones como susceptibles de ser valoradas a efectos de renovación de las autorizaciones de trabajo, y todo ello, derivado de situaciones sobrevenidas, lógicamente, no deseadas por el trabajador. Es el caso de sufrir una enfermedad, que no puede ir en detrimento del empeoramiento de las condiciones laborales de ningún trabajador, y, siguiendo ese mismo razonamiento, en perjuicio de un trabajador extranjero.

La jurisprudencia española, en materia de discriminación por razón de enfermedad o estado de salud, venía siguiendo los criterios de la STC 62/2004 y de la STJUE Daouidi C-395/155. En esta última se dice que el hecho de que el interesado se halle en situación de IT, con arreglo al Derecho nacional, y que ésta sea de duración incierta, no significa que la limitación de su capacidad pueda ser calificada de duradera con arreglo a la definición de discapacidad mencionada por la Directiva 2000/78, interpretada a la luz de la Convención de Naciones Unidas sobre personas con discapacidad. Añadía que, entre los indicios que permiten considerar que tal limitación es duradera, figuran, en particular, el que, en la fecha del hecho presuntamente discriminatorio, la discapacidad del interesado no presente una perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo o el que dicha incapacidad pueda prolongarse significativamente antes del restablecimiento de dicha persona.

La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación indica en su artículo 1 que su objeto es garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, respetar la igual dignidad de las personas en desarrollo de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución. E introduce, como motivos autónomos de discriminación la enfermedad, la condición de salud o el estado serológico.

Esta Ley estaba ya vigente durante la tramitación del recurso de apelación.

Añade la recurrente que, no siendo posible en el recurso de casación discutir cuestiones de hecho, ha de partirse de la descripción fáctica contenida en el fundamento jurídico quinto de la sentencia de apelación, que complementa el fundamento jurídico segundo de la sentencia dictada por el Juzgado, de los que se deduce la situación de la recurrente.

En el caso concreto la normativa citada como infringida, artículo 38 la Ley de Extranjería, ha sido interpretada sin considerar la discriminación que de ella se deriva, por razón de salud, consistente en no equiparar la prestación de incapacidad temporal como equivalente a aquellas otras allí previstas (pensión asistencial, desempleo) que dispensan del requisito de contar con empleo durante el periodo de referencia para renovación de la autorización, ni tampoco como causa de fuerza mayor que impide el desempeño del trabajo, por cuanto en ninguna de las tres situaciones se cuenta con un empleo (aunque se dispone de ingresos), pero sólo en esta última se impide la obtención de la renovación.

Otro motivo de interpretación discriminatoria indirecta por motivo de salud es que la no valoración de la incapacidad temporal desprotege notoriamente a aquellos trabajadores extranjeros que tienen la mala suerte de sufrir enfermedades o lesiones de larga o difícil curación (y que, por tanto, pasan periodos largos de incapacidad temporal, legalmente protegida), frente al resto de los trabajadores que se encuentren en buen estado de salud, pese a que en ambos casos exista el deseo e interés de trabajar y, evidentemente, ello les ocasiona una desventaja particular a la hora de renovar el permiso de residencia y trabajo.

Igualmente, tampoco se utilizó la perspectiva de género, y por ello se hizo interpretación discriminatoria indirecta por razón de sexo, por cuanto, siendo la recurrente empleada de hogar (profesión mayoritariamente femenina), no se tuvo en cuenta que en la relación laboral especial de Empleadas de Hogar el cabeza de familia puede legalmente desistir del contrato en cualquier momento, mediante el pago de una módica indemnización (y dejando así la trabajadora de estar de alta en la Seguridad Social), que fue lo sucedido en el presente caso cuando la recurrente se encontraba en situación de incapacidad temporal; tampoco las empleadas de hogar tenían derecho a prestación por desempleo (antes del Real Decreto Ley 16/2022, de 6 de septiembre, no teniendo por tanto acceso a la segunda de las situaciones (desempleo) del artículo 38 de la Ley de Extranjería en ausencia de un trabajo. Este dato (que el régimen de empleadas de hogar es mayoritariamente femenino y que no existe el derecho a desempleo), aparte de ser notorio, fue declarado discriminatorio en la STJUE C-389/206.

La conjunción de dos o más tipos de discriminación (por ser mujer y por enfermedad) constituye además discriminación múltiple. Aunque la cuestión también tiene cabida en la discriminación interseccional descrita en el artículo 7 de la Ley 15/2022.

A la recurrente se le ha denegado la prórroga del permiso de residencia y trabajo como efecto directo y legal de su situación de enfermedad: la incapacidad temporal protegida por la Seguridad Social. Ni la Administración ni la sentencia han podido explicar en qué se fundamenta la diferencia de trato entre las tres situaciones (desempleo, pensión asistencial, e incapacidad temporal), ni se aprecia realmente una mínima justificación en tratar diferentemente las dos primeras y la tercera.

Tampoco se aprecia suficiente justificación en exigir un posible desempleo a personas, como la demandante, incluidas en el Régimen Especial del Hogar, que no generaban derecho a tal prestación, ni porqué está justificado permanecer largo tiempo en desempleo, pero no lo está permanecer en situación de incapacidad temporal.

Concluye la recurrente que, aunque la materia tiene una base y regulación estrictamente legales, también en este campo opera la prohibición de discriminación.

TERCERO.- El escrito de oposición.

El Abogado del Estado se opone al recurso de casación. Alega, en relación con la Ley 15/2022, que, al margen de que ratione temporisno sería aplicable al supuesto que nos ocupa pues la resolución administrativa impugnada es de 2021, la propia Ley 15/2022 excluye de su ámbito de aplicación a la legislación en materia de extranjería, en su Disposición adicional cuarta.

Añade que la recurrente acepta el relato fáctico, e incluso entiende que la interpretación literal de la norma es la que resulta de la sentencia impugnada. Excluida la aplicación de la Ley 15/2022, debe concluirse que la prestación por incapacidad temporal por enfermedad común no es una circunstancia que permita otorgar una renovación de la autorización de residencia y trabajo.

CUARTO.- El auto de admisión.

En el auto de admisión se razona que esta Sala «no ha abordado la incidencia que pudiera tener la suspensión de la relación laboral por razones de incapacidad temporal transitoria y la consiguiente percepción de prestaciones por razón de la misma, reputándose conveniente un pronunciamiento de esta Sala que aborde la cuestión suscitada».

Y considera que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es, por tanto, «Determinar la incidencia de la percepción de prestaciones por incapacidad laboral transitoria al solicitar la renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena».

E identifica como normas que, en principio, han de ser objeto de interpretación el artículo 38.6 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y el artículo 71 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprobó el reglamento dictado en desarrollo de aquella, en la redacción anterior a la establecida por el Real Decreto 629/2022, de 26 de julio.

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

QUINTO.- La renovación de la autorización de residencia y trabajo.

El artículo 38 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, regula la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena. Su apartado 6 se refiere a la renovación, y dispone:

«La autorización de residencia y trabajo se renovará a su expiración:

a) Cuando persista o se renueve el contrato de trabajo que motivó su concesión inicial, o cuando se cuente con un nuevo contrato.

b) Cuando por la autoridad competente, conforme a la normativa de la Seguridad Social, se hubiera otorgado una prestación contributiva por desempleo.

c) Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral.

d) Cuando concurran otras circunstancias previstas reglamentariamente, en particular, los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género».

En lo que se refiere al Reglamento de la Ley de Extranjería aprobado por Real Decreto 557/2011, -en la actualidad derogado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre-, el artículo 71.2, en la redacción anterior a la establecida por el Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, que lo modificó, disponía:

«La autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se renovará a su expiración en los siguientes supuestos:

a) Cuando se acredite la continuidad en la relación laboral que dio lugar a la concesión de la autorización cuya renovación se pretende.

b) Cuando se acredite la realización habitual de la actividad laboral para la que se concedió la autorización durante un mínimo de seis meses por año y el trabajador se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

1.º Haya suscrito un contrato de trabajo con un nuevo empleador acorde con las características de su autorización para trabajar, y figure en situación de alta o asimilada al alta en el momento de solicitar la renovación.

2.º Disponga de un nuevo contrato que reúna los requisitos establecidos en el artículo 64 y con inicio de vigencia condicionado a la concesión de la renovación.

c) Cuando el trabajador haya tenido un periodo de actividad laboral de al menos tres meses por año, siempre y cuando acredite, acumulativamente:

1.º Que la relación laboral que dio lugar a la autorización cuya renovación se pretende se interrumpió por causas ajenas a su voluntad.

2.º Que ha buscado activamente empleo, mediante su inscripción en el Servicio Público de Empleo competente como demandante de empleo.

3.º Que en el momento de solicitud de la renovación tiene un contrato de trabajo en vigor.

d) Cuando el trabajador se encuentre en alguna de las situaciones previstas en el artículo 38.6 b ) y c) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero .

e) De acuerdo con el artículo 38.6.d) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , en los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de que la trabajadora sea víctima de violencia de género.

f) Igualmente, en desarrollo del artículo 38.6.d) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , cuando:

1.º El trabajador acredite que se ha encontrado trabajando y en alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social durante un mínimo de nueve meses en un periodo de doce, o de dieciocho meses en un periodo de veinticuatro, siempre que su última relación laboral se hubiese interrumpido por causas ajenas a su voluntad, y haya buscado activamente empleo.

2.º El cónyuge cumpliera con los requisitos económicos para reagrupar al trabajador. Se procederá igualmente a la renovación, cuando el requisito sea cumplido por la persona con la que el extranjero mantenga una relación de análoga afectividad a la conyugal en los términos previstos en materia de reagrupación familiar».

Entre los supuestos contemplados para la renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se encuentra la realización de la actividad laboral que dio lugar a la concesión de la autorización cuya renovación se pretende, durante determinados períodos de tiempo. Lo decisivo es, pues, interpretar que se entiende por actividad laboral, que, consideramos debe reconducirse al concepto más amplio de relación laboral. Y la relación laboral no se extingue por enfermedad o accidente del trabajador, es decir, porque se encuentre en la situación de incapacidad laboral temporal, sino que el contrato de trabajo queda en suspenso, de acuerdo con el artículo 45.1 c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. La consecuencia de tal suspensión es la exoneración de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo, pero el contrato se mantiene vigente.

La prestación por incapacidad temporal no es una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr la inserción social o laboral de quien la percibe, sino que es una prestación contributiva del sistema de Seguridad Social, regulada en el artículo 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Su objeto es la protección del trabajador durante el período en que por enfermedad o accidente, profesional o común, no puede realizar una actividad laboral y que, al igual que el resto de las prestaciones contributivas del sistema protector de la Seguridad Social, exige la previa cotización. No tiene por finalidad, por tanto, la inserción laboral o social del perceptor. Esta prestación exige la previa cotización por esta contingencia, de tal modo que durante la percepción -y, naturalmente, antes de la misma- el perceptor sigue en el sistema de la Seguridad Social, y por ello la relación laboral debe entenderse subsistente.

En consecuencia, debe entenderse equivalente -a los efectos de renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena- la realización de actividad laboral y la percepción de prestación por incapacidad temporal, por encontrarse el trabajador extranjero enfermo o haber sufrido un accidente, es decir, por una contingencia común o laboral que produce la suspensión del contrato de trabajo. No se entendería de otra forma que, quien percibe una prestación no contributiva consistente en una ayuda social pueda renovar la autorización de residencia y trabajo, mientras que quien ha contribuido con la correspondiente cotización y es perceptor de una prestación no pueda renovarla por no poder realizar de forma efectiva el trabajo por encontrarse de baja laboral por enfermedad o accidente. Por ello, interpretando las normas a qué se refiere el auto de admisión de forma integradora y coherente con las que en nuestro ordenamiento jurídico regulan las causas, efectos y consecuencias de la percepción de ese tipo de prestación contributiva -normativa laboral y de Seguridad Social antes citada- la conclusión que se impone es la señalada.

SEXTO.- Respuesta a la cuestión de interés casacional .

De acuerdo con lo razonado en los anteriores fundamentos de derecho, la respuesta que hemos de dar a la cuestión de interés casacional es la siguiente:

«La percepción de prestaciones por incapacidad laboral temporal ha de ser tenida en cuenta para la renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, considerándose a tales efectos equivalente a la realización de actividad laboral.».

SÉPTIMO.- Decisión del asunto litigioso.

Como hemos señalado en el primero de nuestros fundamentos, por resolución de la Delegación del Gobierno en Asturias de 4 de marzo de 2021 se desestimó la solicitud de D. ª Bernarda de renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, 1ª renovación. Se argumentaba en la resolución que, durante la vigencia de la autorización que pretendía renovar, había tenido un periodo de actividad laboral inferior a tres meses por año, (unos 240 días el primer año y cero días el segundo año) sin que hubiera acreditado que la actividad laboral que dio lugar a la autorización anterior se interrumpió por causas ajenas a su voluntad, ni la búsqueda activa de empleo mediante su inscripción en el Servicio Público de Empleo competente como demandante de empleo.

Concluía de todo lo anterior que la solicitante no acreditaba encontrarse en ninguno de los supuestos que estaban previstos para la renovación de una autorización de residencia temporal y trabajo en el artículo 71 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley de Extranjería.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo, el Juzgado estimó la demanda por las razones que en la sentencia se recogen, fundamentalmente, por ser perceptora la recurrente de una prestación por incapacidad temporal (que podría considerarse, por analogía, como los supuestos previstos en los apartados b) y c) del artículo 38.6 de la Ley de Extranjería) , y por la imposibilidad de trabajar por causas ajenas a su voluntad, es decir, por fuerza mayor, al padecer una enfermedad.

Constaba en las actuaciones que en la fecha de la solicitud la interesada contaba con un permiso de residencia válido hasta el 25 de febrero de 2021. Aportó un certificado de 18 de agosto de 2020 de la Directora Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de prestación por incapacidad temporal, decretada a la vista del informe del Equipo de Valoración de Incapacidades en la profesión de trabajador empleada del hogar por enfermedad común desde el 9 de julio de 2019. También se le reconoció por Resolución del INSS, en agosto de 2020, la prórroga durante un plazo máximo de 180 días de la prestación de incapacidad temporal, respecto del año en que estuvo percibiéndola. El 12 de enero de 2021, al agotar el plazo máximo de prórroga, se inició expediente de invalidez que se denegó por el Instituto Nacional de la Seguridad Social el 11 de febrero de 2021.

El Abogado del Estado interpuso recurso de apelación, dictando la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sección Primera) la sentencia núm. 33/2023 de 23 de enero de 2023, estimatoria del recurso, revocando la sentencia apelada.

La sentencia trascribe el artículo 38.6 de la Ley de Extranjería y el artículo 71. 2 b) 3º del Reglamento aprobado por Real Decreto 557/2011, y argumenta, en síntesis, que la interpretación del Juzgado no se funda en norma legal o reglamentaria alguna.

De acuerdo con la respuesta que antes hemos dado a la cuestión de interés casacional, y habida cuenta de que lo único discutido en los autos seguidos en el Juzgado, en la Sala y en este recurso de casación, es el requisito de realización de actividad laboral por la recurrente durante el período de vigencia de la autorización cuya renovación pretendía, procede revocar la sentencia de la sala de Asturias.

Y, situándonos en la posición del tribunal de instancia, resolvemos desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

OCTAVO.- Pronunciamiento sobre costas.

No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso al no apreciarse temeridad o mala fe en las partes, de manera que, como determina el art. 93.4 LJCA, cada parte abonara las causadas a su instancia y las comunes por mitad.