Sentencia Contencioso-Administrativo 137/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 462/2022 de 13 de abril del 2023

PRIMERO.- Quedó expuesto en los antecedentes fácticos que el objeto del presente proceso es la pretensión anulatoria deducida por el Procurador de los Tribunales don Vicente Gutiérrez Álamo, en nombre y representación de la entidad "ARADASA GESTIÓN, S.L.", frente a la resolución de fecha 31 de agosto de 2022, dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias, mediante la que se desestimó la reclamación económico-administrativa interpuesta por la prenombrada parte actora contra la liquidación resultante de las actuaciones de comprobación e investigación seguidas en relación a dicha persona jurídica, concerniente al Impuesto sobre Sociedades (IS), período impositivo 2017. El referido acuerdo de liquidación incluye una cuota de -7.742,01 euros y unos intereses de demora de 0,00 euros.

SEGUNDO.- En términos generales, el deber de exhaustividad exigible a las sentencias tiene su fundamento legal en el art. 218.1 LEC, al disponer que en ellas se harán las declaraciones que las pretensiones de las partes requieran, decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Ya en el plano constitucional, la obligación referida es una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE), puesto que es contenido esencial de este derecho el pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones formuladas, salvo que proceda decretar la inadmisibilidad de todas o de alguna de ellas.

Más específicamente, el principio de congruencia impide tomar en consideración hechos constitutivos no alegados por el actor, así como resolver sobre la pretensión procesal con base en hechos impeditivos o extintivos no alegados por ninguna de las partes (por cualquiera de ellas, no necesariamente por la demandada), salvo que, excepcionalmente, el tribunal deba tomarlos en cuenta de oficio.

Dicho con otras palabras, la congruencia, en su acepción de deber de exhaustividad, impone que se examinen y resuelvan todas las alegaciones y peticiones que influyan en el sentido de la sentencia. Un pronunciamiento de estimación o de desestimación de la pretensión es exhaustivo, porque revela, aunque sea implícitamente, el acogimiento de las alegaciones y peticiones conducentes a dictarlo y el rechazo de las contrarias a ello. Otra cosa es que la sentencia que no examine expresamente tales alegaciones y peticiones esté, necesariamente, mal motivada, porque la motivación ha de incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados no sólo individualmente, sino también en conjunto.

TERCERO.- La razón de ser de las líneas anteriores obedece a que la Sala, tras leer con sumo detenimiento las alegaciones formuladas por ambas partes y examinar, tanto el expediente como los documentos obrante en los autos, se ha forjado la convicción, firme y sólida, de que para explicar cuál debe ser, a juicio de este Tribunal, la solución apropiada al caso, ninguna técnica o método podría superar la brillantísima exposición que, respecto de los diversos aspectos del litigio, ha efectuado el Sr. Abogado del Estado en el escrito de contestación a la demanda, de modo que sería ilógico prescindir de tan espléndida estructura argumentativa -que suscribimos desde la primera hasta la última letra- para justificar con el rigor y exhaustividad debidos la suerte que correrá la presente impugnación jurisdiccional.

A tal faena consagramos el siguiente ordinal.

CUARTO.- "Señala la sociedad recurrente al inicio de su demanda -comienza así su escrito de contestación el Sr. Abogado del Estado- que fueron cuatro las alegaciones que formuló en la reclamación económica administrativa:

1. Inexistencia de simulación, pues la principal finalidad de la sociedad era la de actuar a modo de sociedad holding, de tal manera que facilitase la gestión y administración de las distintas participaciones en las sociedades.

2. Inexistencia de ocultación, oponía que la Administración era conocedora de las operaciones societarias realizadas por ARADASA GESTIÓN, S.L. en el ejercicio 2013 para su transformación en sociedad holding

3. Incorrecta aplicación del régimen de simulación. La regularización practicada por la Administración, por la cual únicamente modificó el importe de los ingresos de la sociedad para imputarselos a la persona física, es incorrecta, pues no cabe considerar que una sociedad es simulada parcialmente, ya que, o bien la sociedad es simulada y, por tanto, todos los efectos de esta deben imputarse a la persona física correspondiente, o, por el contrario, no existe tal simulación.

4. Acreditación de la actividad desarrollada por los otros consejeros distintos al señor Carlos Antonio que sí tenían intervención directa en la gestión de la sociedad.

A continuación añade la recurrente que para dar respuesta a las dos primeras alegaciones el TEAR se remite al contenido de la liquidación, y que respecto del resto de alegaciones el TEAR las rechaza por no haberlas suscitado ante la Inspección negando también este Tribunal que pudiera tenerse en cuenta la documental aportada.

Centra la recurrente en estas dos cuestiones que no recibieron la respuesta querida el contenido de la demanda, negando la sociedad actora, desde luego la simulación.

Se pasa a continuación a ofrecer los motivos por los cuales, ajuicio de esta parte, el recurso no puede prosperar.

En primer lugar, como quiera que la apreciación de simulación a efectos fiscales ( artículos 16 y 115.2 LGT) es la base sobre la que gira el resto de alegaciones conviene tener presente que la liquidación acuerda la existencia de simulación de los servicios de administración de otras entidades (todas ellas vinculadas) que fueron contabilizados y declarados por ARADASA GESTIÓN S.L., y ello a la vista de las pruebas y conclusiones que se extraían de las mismas recogidas en el Fundamento de Derecho Cuarto de la liquidación de tal forma que queda probado que el verdadero prestador de tales servicios era únicamente D. Carlos Antonio .

Una vez que por la Inspección se constatada la simulación negocial, se procedió a restituir los efectos fiscales respecto de la tributación de los ingresos y gastos conforme al verdadero prestador de tales servicios eliminándose tales partidas en sede de ARADASA GESTIÓN S.L. con la elimina¬ción de los ingresos contabilizados por la actividad simulada de -358.500,90 € y la eliminación de los gastos contabilizados por salarios de +280.665,54 €.

El resto de partidas se mantuvieron en la contabilidad y el Impuesto sobre Sociedades de ARADASA GESTIÓN S.L. ya que no se veían afectadas por la simulación referida a la prestación de los servicios de administración de las entidades vinculadas, así:

- El resto de ingresos contabilizados y declarados en 2017 son ingresos financieros por la participación en empresas del grupo y asociadas (232.829,60 €).

- El resto de gastos contabilizados y declarados en 2017 (salvo el propio Impuesto sobre Sociedades) son servicios de profesionales independientes (1.123,71 €), seguro de la vivienda DIRECCION000 (334,13 €), comunidad propietarios vivienda DIRECCION000 (1.507,95 €), comisiones bancadas (6 €) y publicidad (9.474,85 € por una factura emitida por la vinculada CENCOSU por la asistencia a un congreso).

Dicho esto, sostiene el recurrente que "...no cabe considerar que una sociedad es simulada parcialmente, ya que, o bien la sociedad es simulada y, por tanto, todos los efectos de esta deben imputarse a la persona física correspondiente [y, eliminando, por tanto, todos los efectos tributarios en la sociedad supuestamente simulada], o, por el contrario, no existe tal simulación.".

A lo anterior cabe oponer que la simulación declarada (prestación de servicios de administra¬ción a otras entidades) no significaba negar personalidad jurídica a ARADASA GESTIÓN S.L., que en ejercicio de la libertad de empresa puede ser válidamente constituida por sus socios con la financiaciones de su familia en todo 2017, que son: (1) el nombramiento de su hija Dª. Marisol en sustitución de D. Carlos Antonio en calidad de representante de ARADASA GESTIÓN S.L. en el puesto de consejero de una entidad administrada [CENVESU], y (2) la asistencia de su hijo D. Adolfo como apoderado de D. Carlos Antonio (consta que tuvo que aportar el poder correspondiente) en la aprobación de las Cuentas Anuales de una entidad participada. En opinión de este Órgano, estas dos intervenciones no enervan en modo alguno lo arriba señalado, por cuanto el nombramiento de Dª. Marisol no viene acompañada de ninguna actuación posterior que sea propia de la administración societaria, de lo que cabría colegir que ejerce el cargo formalmente, y en el caso de D. Adolfo, porque se limita a sustituir puntualmente a su padre en esa reunión. Por su parte, no consta intervención alguna del otro hijo o de su cónyuge. Y, a mayor abundamiento, como prueba de que sólo D. Carlos Antonio ha ejercido siempre de forma personal como administrador realmente, el Director gerente de CENCOSU entre 2007 y 2015 ha manifestado que la sustitución formal como administrador de D. Carlos Antonio por ARADASA GESTIÓN no modificó nada de su trabajo y que seguía reportando a esa misma persona física. Estas manifestaciones suponen un indicio probatorio de acuerdo con el artículo 173.5.a) del RGAT, quedan revestidas de la presunción de certeza ex artículo 108.4 LGT y no han sido refutadas por el obligado tributario. Y, como colofón, parece difícil que los restantes miembros de esa familia puedan ejercer de administradores realmente cuando el único autorizado en la cuenta de ARADASA GESTIÓN S.L. es D. Carlos Antonio, y de igual forma, no se comprende las labores de administración de ARADASA GESTIÓN S.L. cuando no consta autorizada en ni una sola cuenta de las entidades vinculadas, sin que sorprenda que D. Carlos Antonio si sea la persona autorizada.".

[...]

En su defensa cita la recurrente la Sentencia de la Audiencia Nacional de 07-07-2021 (rec. 112/2018), la cual no resulta aplicable al caso que ahora nos ocupa por tratarse del enjuiciamiento de una operación vinculada conforme a la normativa correspondiente. En el presente caso nos encontramos con un supuesto de simulación negocial.

Así, mientras que el caso al que se refiere la Sentencia la sociedad, aun cuando los servicios prestados fueran los personalísimos de su socio y administrador, sí contaba con medios materiales y humanos y su valor debía incluirse en el correspondiente análisis de comparabilidad a efectos de determinar el valor de mercado de la operación vinculada. En el caso que ahora nos ocupa, ARADASA GESTIÓN S.L. no cuenta con medios materiales y humanos para prestar los servicios de administración de las entidades vinculadas que no sean los conocimientos sobradamente probados de D. Carlos Antonio.

Sobre los medios materiales, como ya se ha dicho, sólo constan en el activo de la sociedad las inversiones financieras y la inversión inmobiliaria (Antecedente de Hecho Cuarto 70)

Respecto de los medios humanos, en el curso del procedimiento inspector no se probó que la cónyuge y los hijos de D. Carlos Antonio realicen servicios de administración más allá de tres intervenciones puntuales sin sustrato material de relevancia:

- Un nombramiento como consejera de CENVESU de su hija Dª. Marisol en sustitución de D. Carlos Antonio el 29-05-2017,

- Un apoderamiento puntual de su hijo D. Adolfo.

- Una intervención para la aprobación de las Cuentas Anuales y la creación de una web en una participada (de su hija Dª. Marisol), y sin intervención alguna probada de la cónyuge y del tercer hijo.

Esas tres actuaciones son ajenas a la toma de decisiones que engloban una labor de administración, tales como la planificación, organización, dirección, control y toma de decisiones de las tareas de las entidades administradas, ni pueden económicamente motivar las más que elevadas retribuciones satisfechas que, a la vista de lo expuesto y con las pruebas recopiladas, apuntan en su totalidad al verdadero prestador D. Carlos Antonio.

En la liquidación (Antecedente de Hecho Cuarto 5°) se expone una tabla de las retribuciones satisfechas por las entidades administradas que es muy reveladora de lo defendido por la AEAT:

[...]

Las retribuciones por estos servicios se mantienen constantes, primero en sede de D. Carlos Antonio y después en sede de ARADASA GESTIÓN S.L. y, no constando labor sustancial de administración por el resto de su familia y tampoco contando con activos materiales, se desprende que el mismo trabajo siempre corresponde a D. Carlos Antonio.

Por ello, y al amparo de la también alegada Sentencia del Tribunal Supremo de 13-03-2017 (rec. 436/2017), respecto de la que la recurrente saca la siguiente afirmación "puede entenderse que existen medios personales adecuados, a estos efectos, cuando algún miembro del Consejo de Administración se ocupe asimismo de la gestión ordinaria de la entidad, medios que se considerarán suficientes si con su actividad se lleva a cabo la dirección y gestión de las participaciones", lo cierto es que aquellas tres intervenciones de sus dos hijos no demuestran gestión ordinaria alguna que suponga una auténtica y sustancial labor de administración distinta de la que D. Carlos Antonio sí realizaba con anterioridad y en el propio ejercicio 2017.

En relación a este aspecto del trabajo de su familia, en las alegaciones presentadas en la reclamación económico-administrativa aporta ex novo abundante documentación con la que intenta defender que su familia participaba activamente en la toma de decisiones en las sociedades participadas.

Sobre esta cuestión, más allá de su aportación tardía en instancias revisoras, a pesar de la facilidad probatoria que le asiste y sin explicación consistente, como bien ha apuntado el TEAR lo relevante es que su análisis no altera la posición administrativa por los motivos siguientes.

En primer lugar, porque toda la documentación órbita en tomo a su hija Dª. Marisol, por tanto, se constata -aún más si cabe- que la cónyuge y los dos hijos restantes de D. Carlos Antonio no realizan labores de administración de ningún tipo y, así, juegan un papel meramente formal.

En segundo lugar, centrándonos ahora en la documentación aportada del trabajo de Dª. Marisol, las dos certificaciones de CENVESU y de SPAR INVESTMENT PATNERTS que aparecen al final del documento (que resaltan el trabajo de esta persona precisamente en la toma de decisiones nucleares en su administración) figuran expedidas a posteriori el 17 y el 18 de noviembre de 2021. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que se trata de documentos privados y que tienen un contenido particularmente conveniente para los intereses de la parte contraria, y que son expedidos por sociedades vinculadas.

A la vista de lo expuesto la Sala tendrá que compartir con esta parte que la fuerza probatoria de estos documentos es muy limitada, ya que se trata, en esencia, de manifestaciones abstractas que, si no vienen acompañadas de otros elementos probatorios, no quedan sustentadas en modo alguno.

Analizando el resto de la documentación, el acta de 15-06-2017 de SPAR INVESTMENT PARTNERS en que la hija representa por poderes a D. Carlos Antonio ya fue aportada a la Inspección.

Por su parte, los correos electrónicos que ahora se aportan no afectan a ninguna toma de decisiones propias de un administrador societario y más bien se aproximan a una labor análoga a la de secretaría (traslado de la información sobre un aumento del sueldo, trámites para realizar una fiesta por aniversario de una tienda, trasladar el resumen de la valoración de unos cursos básicos de charcutería, solicitar un número de cuenta para el pago de un dividendo, transmitir a su familia un correo sobre los temas a tratar en el consejo de administración de una participada, organizar una cata de vinos, trasladar la información de las bajas del personal o firmar unos documentos para ser presentados en el Registro Mercantil). A juicio de esta parte, estos correos prueban que Dª. Marisol ejerce de transmisora de decisiones, pero no que participe en su adopción.

Finalmente, se aportan tres actas del Consejo de administración de CENVESU de 5 de octubre, de 27 de octubre y de 24 de noviembre de 2017 que pueden suponer una intervención más sustancial en la administración de esa sociedad, no obstante, son tres casos puntuales en todo 2017 y únicamente en el último trimestre y, además, ello no se compadece con la igualdad de retribuciones que ARADASA GESTIÓN S.L. abona a cada miembro de la familia de D. Carlos Antonio, siendo el mismo importe para Dª. Marisol y para la cónyuge y los otros dos hijos que resultan ajenos a tales servicios (16.839,90 €), de tal forma que no resulta razonable que se retribuya por igual a quien realmente ejerciera activamente un trabajo frente a conductas pasivas.

TERCERO: En el Fundamento de Derecho Tercero de la demanda se alega que la AEAT no valoró el impacto fiscal de la operación de ampliación de capital realizada para aportar las participaciones sociales hasta ese momento de titularidad de D. Carlos Antonio y manifiesta que tal decisión de constituir y operar a través de la sociedad holding no respondía a motivos fiscales, sino a motivos organizativos y de sucesión familiar y empresarial y, de igual modo, considera que la Administración ha efectuado una incorrecta valoración del funcionamiento de las sociedades holding.

En contestación a lo expuesto, el acuerdo de liquidación se refiere expresamente a estas cuestiones a la que nos remitimos. De hecho, la página 11 de la demanda reconoce que este alegato ha sido defendido a lo largo de todo el procedimiento inspector y, por esa razón, el Inspector Jefe abordó expresamente tales cuestiones a la vista de que se alegaban frente al acta de disconformidad, que fueron desestimadas porque no se pone en cuestión que D. Carlos Antonio y su familia cuentan con la libertad de constituir su empresa familiar y dotarla de las inversiones y del funcionamiento que consideren oportuno, lo que no es óbice para simular la verdadera prestación de los servicios de administración y, si la Inspección puede probar suficientemente queja realidad es distinta a la declarada -como así ha ocurrido a la vista del completo acervo probatorio validado en su totalidad por el TEAR-, se declara tal simulación fiscal y se regulariza conforme a los hechos ocurridos en la realidad. Así lo recoge el Fundamento de Derecho Cuarto de la liquidación .

O dicho de otra forma: resulta completamente lícita la utilización de una sociedad holding, en cambio, no lo es aparentar que desempeña una actividad económica que realmente reside completamente en un sujeto distinto, y es esa conducta simulada el instrumento que habilita una menor tributación y que, ajuicio de esta parte, debe ser combatida.

No se trata, pues, de tomar sólo en consideración las operaciones que convienen a la AEAT, como se dice en la demanda, sino más bien desterrar conductas contrarias a la normativa fiscal.

Tampoco supone que la AEAT no haya entendido qué es una sociedad holding, más bien ha demostrado que la actividad económica se desarrolla exactamente en los mismos términos antes y con posterioridad de la ampliación de capital, siendo D. Carlos Antonio el único que administra las entidades del grupo, con la única diferencia de que las rentas pasan a tributar desde el IRPF al IS con el consiguiente ahorro tributario obtenido con la diferencia de tipos por las rentas no reconocidas en las ulteriores nóminas de D. Carlos Antonio, ello sirviéndose del papel meramente formal o aparente de su familia en la holding al no participar de dicha actividad.

Y es ésta la cuestión nuclear que hace entrar en juego la simulación negocial. La sociedad recurrente es consciente de ello, y buena prueba es que las alegaciones demuestran un especial interés en intentar acreditar que su familia participa activamente en los servicios de administración.

En lo que hace a la ocultación, la alegación pivota sobre un error conceptual al centrarse en que la ampliación de capital fue declarada con su consiguiente tributación en IRPF. En cambio, la ocultación demostrada por D. Carlos Antonio y ARADASA GESTIÓN S.L. está ínsita en la conducta de simular, ya que esta figura por definición aparenta una realidad distinta a la encubierta; así lo apunta la jurisprudencia del Tribunal Supremo en Sentencias de 21-09- 2020 (rec. 3130/2017), 03-06-2021 (rec. 5391/2019), 17-06-2021 (rec. 5689/2020), 05-07-2021 (rec. 1326/2020), 07-07-2021 (rec. 1926/2020), 16-09-2021 (rec. 5052/2019), 07-10-2021 (rec. 6126/2019), 25-11-2021 (rec. 2884/2020), 09-12-2021 (rec. 5441/2019), 15-12-2021 (rec. 6643/2019) y 26-01-2022 (rec. 8353/2019).

Avanzando en la última parte de este extremo de las alegaciones, se manifiesta que con posterioridad al ejercicio 2013 ARADASA GESTIÓN S.L. habría también asumido la gestión y administración de sociedades que no venían siendo administradas por D. Carlos Antonio con anterioridad a dicho ejercicio, conseguido nuevos clientes distintos a los que administraba la persona física, y de ahí el argumento planteado deduce que la finalidad de la sociedad era y es la gestión del patrimonio familiar y que, en contra de lo manifestado por la Administración, desarrolla una auténtica actividad económica por sí misma.

En contestación a estos argumentos, los hechos probados determinan que las sociedades administradas por ARADASA GESTIÓN S.L. son todas vinculadas y controladas por D. Carlos Antonio.

Por tanto, los "nuevos clientes" a los que se refieren las alegaciones son dos entidades vinculadas constituidas ex post por ARADASA GESTIÓN S.L. y dos que ya formaban parte del grupo empresarial, mientras que el resto de las entidades son exactamente las mismas que ya estaban siendo administradas por D. Carlos Antonio en el momento de la aportación de su titularidad a ARADASA GESTIÓN S.L. en la ampliación de capital de 2011.

Por tanto, no existe ningún cliente distinto de personas jurídicas controladas por D. Carlos Antonio que, en esencia, es una situación idéntica a la constatada antes de la ampliación de capital, esto es, la persona física que domina viene administrando a las entidades vivas en 2011 y a las nuevas constituidas con posterioridad siempre bajo su control.

Recordemos que D. Carlos Antonio es socio al 87,74% y su cónyuge Da. Julia por el resto, sin que consten intervenciones de la cónyuge en ninguna decisión empresarial propia de un servicio de administración. A lo que se añade lo analizado más arriba sobre la no constancia de ninguna labor sustancial de administración que pueda haber sido desempeñada por el resto de su familia, y no contando con activos materiales, cabe inferior con meridiana claridad que el mismo trabajo siempre corresponde a D. Carlos Antonio.

CUARTO: En el Fundamento de Derecho Cuarto, bajo el título "CALIFICACIÓN DE LOS FONDOS REMANSADOS Y TRANSFERIDOS", la recurrente alega una supuesta indebida y forzada regularización practicada por la AEAT, la cual, con el fin último de obtener una cuota a liquidar, habría aplicado conceptos y cálculos contradictorios al albur de practicar un nuevo ajuste para calificar fiscalmente los fondos remansados en la entidad, así como las transferidos a la familia de dicho socio mayoritario.

Entiende la actora que esta forma de proceder es del todo incorrecta por cuanto, que si la Administración consideraba que se había producido simulación, lo que debería haber hecho es trasladar la base imponible de la sociedad a la persona física correspondiente, y no practicar este doble ajuste por simulación y por los fondos remansados, lo que a su juicio supondría una suerte de combinación de ambos ajustes (simulación y operaciones vinculadas) en un evidente incumplimiento de la normativa aplicable, y que sería contradictorio con la regularización practicada en IRPF a la persona física que, en su opinión, se basa en las operaciones vinculadas.

En contestación a lo expuesto, una vez declarada la simulación a efectos fiscales de la prestación de los servicios de intermediación y practicada la regularización fiscal procedente a la entidad en el Impuesto sobre Sociedades con la eliminación de los ingresos y de los gastos asociados a este negocio simulado, no puede desconocerse que D. Carlos Antonio ha decidido voluntariamente no mantener todas las rentas obtenidas de su trabajo en su patrimonio personal, ya que hace residir parte de la misma en otra persona, en este caso ARADASA GESTIÓN, sin que exista motivo económico tras aquella declaración de simulación.

Así, no habiendo negocio real entre las partes, lo que existe es la decisión de una persona de transferir a otra una parte de su renta y este trasvase de riqueza tiene implicaciones fiscales. A tal efecto, la liquidación analiza pronunciamientos administrativos que se ocupan de esta cuestión (Dirección General de Tributos e Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) y que, en esencia, concluyen que la condición de socio del aportante es un nexo que puede explicar el trasvase de los fondos en proporción a su porcentaje de participación, advirtiéndose una aportación definitiva al patrimonio neto societario cuando el socio transfiere fondos a su participada al margen de cualquier otra relación económica, y el resto que no se explica por el nexo causal de participación se califica como una liberalidad en beneficio de los otros socios que reciben parte de esa riqueza sin un motivo económico concreto.

Esta calificación y sus implicaciones fiscales no han supuesto acudir al ajuste secundario de la regularización por la normativa de operaciones vinculadas, sino que trae causa directa de un movimiento de fondos desde quien es propietario de la riqueza y quien es beneficiario de la misma por decisión de aquél, la cual se aplicará a cualquier situación en que se verifique un traspaso de fondos entre dos personas distintas, como aquí ha ocurrido, ello sin perjuicio de que el ajuste secundario regulariza esta misma situación en el marco concreto de las operaciones vinculadas, esto es, el ajuste secundario no es más que un caso concreto de la regla general que se explícita para las operaciones vinculadas, pero que no resulta exclusivo de las mismas.

Por lo que hace a la segunda parte del alegato cabe resaltar que la regularización practicada en paralelo a D. Carlos Antonio en IRPF 2017 se ha sustentado en idéntica fundamentación jurídica apoyada en la simulación negocial y en ningún caso en la normativa de las operaciones vinculadas. Esto es, dicho en términos coloquiales, la otra cara de la misma moneda y, a tal efecto, basta la lectura del fundamento de derecho cuarto del acuerdo de liquidación dictado por IRPF 2017 para apreciar que se aplica correlativamente la simulación en lo que hace al verdadero prestador de los servicios y seguidamente se analizan las mismas consecuencias fiscales de los fondos que D. Carlos Antonio decide remansar en ARADASA GESTIÓN S.L.

Y, en relación a los cálculos expuestos en las alegaciones que pretenden sustentar una doble tributación y un enriquecimiento injusto de la Administración al practicar los ajustes por simulación y de calificación de la riqueza transferida, debemos desentrañar ambos ajustes ya que responden a motivaciones distintas y claramente diferenciables.

Primero, por lo que trae causa de la simulación, la regularización elimina en ARADASA GESTIÓN los ingresos (-358.500,90 €) y los gastos simulados (+280.665,54 €) por lo que la tributación societaria es nula, que es lo que se pretende al no intervenir realmente en la prestación de los servicios. Los ingresos se trasladan en su totalidad a D. Carlos Antonio como verdadero y único prestador de los mismos (+358.500,90 € menos lo ya declarado 213.305,94 € = aumento de 145.194,46 € en la liquidación dictada a esa persona física).

A la vista de estos importes, no se aprecia doble tributación ni enriquecimiento injusto de la Administración. Por su familia, declararon unos rendimientos del trabajo procedentes de la sociedad por un total de 67.359,60 € que, fruto de la simulación declarada en ARADASA GESTIÓN y D. Carlos Antonio, no corresponden a ninguna labor real, en consecuencia, quedó expedita su facultad de solicitar la rectificación de las autoliquidaciones correspondientes.

En lo que hace al ajuste por calificación de los fondos, se ha motivado anteriormente que se aplicará siempre que dos contribuyentes transfieran rentas y se cumpla el hecho imponible de una figura tributaria. No se pretende gravar dos veces los efectos de la simulación sino el hecho de que las rentas percibidas por una persona sean transferidas al patrimonio de otra. En este caso, si las nóminas de D. Carlos Antonio hubieran importado un total de 358.500,90 € en 2017 no habría diferencia entre las rentas obtenidas y percibidas y no procedería este ajuste, pero no es el caso, toda vez que D. Carlos Antonio ha decidido transferir de su patrimonio 145.194,96 € remansándolo en la esfera patrimonial de ARADASA GESTIÓN S.L., causando los efectos ya analizados en las páginas precedentes. Y, por su familia, que recibieron 67.359,60 € sin motivo económico concreto, el acuerdo de liquidación se refiere expresamente a esta cuestión en el fundamento de derecho cuarto in fine.

De nuevo se siguió la doctrina administrativa citada y, desde el punto de vista de ARADASA GESTIÓN S.L., el dinero transferido a la socia minoritaria se califica reparto de beneficios que no tiene naturaleza de gasto contable, y el dinero transferido a los hijos, que no son socios, se califica de liberalidad realizada. En caso de considerar que lo declarado por la cónyuge y los hijos no era lo correcto -finaliza así su sobresaliente exposición el Sr. Abogado del Estado y que, como anticipamos, esta Sala hace explícitamente suya-, quedó expedita su facultad de solicitar la rectificación de las autoliquidaciones correspondientes a la vista del criterio administrativo contenido de forma expresa en el acuerdo de liquidación impugnado.".

QUINTO.- Las costas serán abonadas por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el art. 139.1 LJCA.

En su virtud, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,