Sentencia Contencioso-Administrativo 373/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 531/2022 de 19 de octubre del 2023

PRIMERO.- El objeto de este proceso es la pretensión anulatoria -además de la de plena jurisdicción que seguidamente referiremos- deducida por don Lucas frente a la resolución del Director General de la Policía, dictada el 23 de diciembre de 2022, en virtud de la cual se desestima la solicitud del Sr. Lucas consistente -citamos textualmente- "en el abono de las diferencias entre lo percibido como Jefe de Subgrupo Operativo, categoría de Subinspector, entre el 12 de julio de 2018 hasta el 13 de junio de 2021, y lo que debería haber percibido en dicho tiempo como "Jefe de Sección Técnica", categoría de Inspector, en: a) nivel del complemento de destino b) complemento específico singular y c) complemento general del complemento específico existente entre la categoría de Inspector y de Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía.". Ello -agrega la dirección letrada del recurrente-, más "los intereses legales devengados desde la fecha de dicha petición administrativa, sobre la cantidad líquida de las citadas retribuciones, hasta su efectivo pago.".

SEGUNDO.- De entrada ha de advertirse que está acreditado a cabalidad, mediante la abundante prueba documental practicada en el seno de este proceso, que el actor, Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía, ha ejercido efectivamente, durante el periodo de tiempo ya referido, las funciones propias de "Jefe de la Brigada de Información de la Comisaría Local de Maspalomas", y no las de "Jefe de Subgrupo Operativo.".

De entre dicha profusa prueba cabe mencionar el certificado expedido con fecha 11 de abril de 2023 por el Jefe de la Comisaría Local de Maspalomas, que corrobora la veracidad del relato fáctico efectuado en su reclamación por el hoy demandante.

TERCERO.- Sin perjuicio de lo anterior, importa dejar expresa constancia de que, en realidad, el Sr. Abogado del Estado, en su escrito de contestación, no niega específicamente el crucial hecho referido.

Es más, tampoco lo niega el redactor de la resolución recurrida, como se deduce del hecho de que en dicho acto se "zanja la cuestión litigiosa" diciendo en su FD Quinto y último --único que desciende al supuesto litigioso-- que "Examinado el expediente personal del interesado durante el periodo temporal objeto de pretensión, se ha podido comprobar que el mismo tuvo asignado el puesto de "Jefe Subgrupo Operativo" en el período temporal objeto de su pretensión legal en la Comisaría Local de Maspalomas con un nivel 22 de complemento de destino, incluido entre los relacionados para la citada Comisaría en el Catálogo de Puestos de Trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aprobado por Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, el 19 de diciembre de 2007, percibiendo las retribuciones inherentes a dicho puesto, que son las que en derecho le correspondían.".

La motivación del acto recurrido acaba aquí.

Tenemos, pues, que la DGP, valiéndose de una proposición, ya no solo meramente formal, sino, además, de todo punto superflua (recuérdese que se trata de un extremo que es reconocido abiertamente por el propio recurrente), lo que hace es, simple y llanamente, eludir su obligación de acometer el examen de aquello que realmente constituía la esencia de la solicitud que en su día cursara el Sr. Lucas.

CUARTO.- Realizadas las anteriores puntualizaciones, cumple ahora apuntar que la cuestión litigiosa --bien lo sabe el Sr. Abogado del Estado-- (incluyendo el derecho del actor a percibir el componente general del complemento específico, a cuyo abono, incomprensiblemente, sigue oponiéndose de modo tenaz y resuelto la representación procesal de la Administración, en lugar de optar por seguir el camino inverso ante la evidencia de que el proceder de su patrocinada y, más específicamente, el del autor del acto, tras más de mil sentencias pronunciadas en España contrarias a la inefable tesis que dicha resolución abraza, que además -y esto es particularmente grave-, ignora abiertamente la Jurisprudencia sentada en la materia, olvida aquél, decíamos, que esta incomprensible actuación podría colmar los elementos del tipo de la prevaricación, sin que, naturalmente, sea aquí admisible pretextar, a modo de justificación, una eventual "persecución de intereses generales", pues no cabe perseguir intereses o fines públicos a cualquier precio, es decir, "arrasando" con el Ordenamiento Jurídico: La contradicción con el Derecho, el desbordamiento de la legalidad que se aprecia en el contenido de las resoluciones que en la materia viene dictando la DGP, es de una entidad tal que, incluso, puede ser apreciada sin ningún esfuerzo por cualquiera de los centenares de funcionarios afectados, resultando imposible explicar esa inaplicación de la Jurisprudencia con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable, en cuanto la arbitrariedad que esta imperdonable preterición encierra es tan manifiesta como indefendible) coincide, ya no solo en sus lineas maestras, sino también en, prácticamente, todos sus detalles y matices con la resuelta por este Tribunal en, como poco, doscientas sentencias.

Entre ellas, la pronunciada con fecha 8 de octubre de 2020, de donde, el principio de unidad de doctrina conduce a igual solución que entonces, y en todos los casos, fue adoptada.

QUINTO.- Decíamos a la sazón en la Sentencia de 8 de octubre de 2020:

"SEGUNDO.- En el propio escrito de contestación, el Sr. Abogado del Estado, a la hora de negar el derecho del actor al abono de las diferencias retributivas correspondientes al componente general del complemento específico asignado al puesto que, sin nombramiento formal, ha desempeñado el actor, pone especial énfasis en el hecho de que el recurrente no ostenta la categoría que debe tener el titular del puesto de trabajo antes referido.

Sin embargo, además de lo que mas adelante se dirá, este matiz carece de relevancia, como hemos venido repitiendo en los últimos años, incluso en gran parte de las sentencias recaídas en litigios en que no se suscitaba tal cuestión (por pertenecer el interesado a la misma escala, aunque a inferior categoría, exigida para acceder formalmente al puesto de trabajo), tal y como seguidamente habrá de comprobarse, pues las líneas que siguen son fiel reproducción del capitulo de fundamentos jurídicos de la practica totalidad de las sentencias en la materia dictadas por la Sala. O, para ser más exactos, al menos de las redactadas por este Ponente.

TERCERO.- Pues bien, sobre esta cuestión versa la Sentencia de veinte de febrero de dos mil doce, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en el recurso de casación en interés de la Ley nº 86/2010, interpuesto por la propia Administración General del Estado.

Sus fundamentos jurídicos son los siguientes -la copia es literal-:

PRIMERO.- El Abogado del Estado solicita que declaremos como doctrina legal la que hemos reproducido en los antecedentes porque entiende que es gravemente dañosa para el interés general y errónea la interpretación realizada por la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de mayo de 2010, en el recurso 3918/2008.

Interesa saber que la Sala de Madrid acogió las pretensiones de don Cosme, inspector del Cuerpo Nacional de Policía. El Sr. Cosme desempeñó entre el 9 de mayo de 2006 y el 31 de diciembre de 2007 el puesto de Jefe del Grupo Operativo de la Brigada de Información de Sevilla. Conforme al Catálogo de Puestos de Trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado, aprobado por resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones de 15 de septiembre de 2005, ese puesto estaba adscrito a la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía en sus dos categorías. Pues bien, el Sr. Cosme percibió durante ese tiempo las retribuciones complementarias correspondientes a ese puesto de trabajo con la salvedad del componente general del complemento específico que siguió siendo el que le correspondía como inspector y no el de inspector-jefe.

El Sr. Cosme reclamó que se le abonase también el componente general de inspector jefe porque si el puesto lo ocupa un inspector-jefe percibe mayor componente general del complemento específico que si lo desempeña un Inspector. La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, por resolución de 29 de julio de 2008, desestimó su reclamación pero la sentencia que ha dado lugar a este recurso de casación en interés de la Ley acogió, como hemos dicho, sus pretensiones y reconoció el derecho del recurrente a que se le satisficiera el componente general del complemento específico propio de inspector-jefe.

Las razones que llevaron a la sentencia a fallar de ese modo son las que ya estableció la misma Sala y Sección de Madrid en la nº 32, de 16 de enero de 2008 (recurso 49/2005 ), y son, en resumen, las que siguen.

Su razonamiento parte de la configuración que da al complemento específico el artículo 4 B) b) del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En particular, de los rasgos con los que define sus dos componentes. Mientras que el singular "está destinado a retribuir las condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad", el general "se percibe en función del correspondiente empleo o categoría que se tenga".

Pues bien, dice la sentencia:

"Fácilmente se comprende que las retribuciones complementarias anudadas al puesto de trabajo se identifican con el complemento de destino y el complemento específico, teniendo declarado reiteradamente esta Sala que la vinculación de tales complementos retributivos a los puestos de trabajo es innegable por su propia naturaleza y, por tanto, basta el desempeño de los puestos para que nazca el derecho a devengar aquellas retribuciones, siempre que se trate de puestos de trabajo dotados con los complementos que se reclamen o, cuando menos, del ejercicio de funciones de idéntico contenido a las propias del puesto de que deriven esos complementos, y todo ello por aplicación del principio constitucional de igualdad.

Ahora bien, tanto esta Sala de lo Contencioso-Administrativo como otras de distintos Tribunales Superiores de Justicia vienen entendiendo que la distinción entre un componente general, retribuido en función del empleo o categoría, y otro componente singular, atendiendo a las condiciones de algunos puestos de trabajo, dentro del complemento específico, distorsiona el concepto y naturaleza del mismo, por cuanto que el complemento específico es un concepto retributivo de naturaleza objetiva, destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad ( artículo 23.3.b de la Ley 30/1.984, de 2 de Agosto), de Medidas para la Reforma de la Función Pública ), ajeno a todo matiz subjetivo derivado del titular del puesto de trabajo, ya que retribuye un puesto de trabajo y no una categoría profesional, por lo que lo decisivo es el desempeño efectivo del puesto de trabajo, aunque la parte que se asigna de "componente general" se fije con carácter objetivo y en función de las categorías profesionales, circunstancia que verdaderamente desnaturaliza el complemento específico apartándose de la definición legal que acabamos de reproducir, pero que no priva al llamado componente general de su condición de mero componente del complemento específico cuyo abono, repetimos, remunera el puesto de trabajo y, congruentemente según la doctrina expuesta, debe abonarse a quien lo desempeñe, teniéndose derecho a su percepción en el caso de que el puesto de trabajo venga asignado a una Categoría o Escala superior.

En resumen, en las retribuciones complementarias debe incluirse sin distinción el complemento especifico (con sus componentes singular y general), aunque el segundo de éstos se fije en función de la categoría, grupo o escala a que pertenezca el funcionario, pues no es esta razón sino el carácter del concepto el que da derecho a su percibo, o lo que es lo mismo, se tiene derecho a cobrarlo por estar asignado al puesto de trabajo ocupado, aunque su cuantía se fije en función de la categoría del funcionario. La Sentencia dictada el 29 de Octubre de 1.999 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo , al resolver recurso de casación en interés de ley, ha considerado acertada la interpretación sostenida por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en supuesto similar al presente, y que coincide con lo que se acaba de expresar. En esta Sentencia se declaró no haber lugar al recurso de casación en interés de la ley contra una sentencia que reconocía al recurrente su derecho a la percepción de los complementos de destino y componente general del complemento específico fijados con carácter general para la Escala de Subinspección del Cuerpo Nacional de Policía, a pesar de pertenecer a la Escala Básica, por el hecho de haber desempeñado desde determinada fecha funciones de Instructor de atestados policiales en la Inspección de Guardia de una Comisaría de Policía".

SEGUNDO.- Decíamos que el Abogado del Estado tiene a esta interpretación por gravemente dañosa, además de errónea. Pues bien, el grave perjuicio para el interés público lo justifica indicando que el número de puestos de trabajo asignados en el catálogo a Escalas asciende a 14.262 y que el número de funcionarios que están ocupando puestos asignados a Escala que potencialmente podrían verse afectados por una posible extensión de la sentencia es de 4.973 y que el coste anual añadido puede estimarse en 8.978.665 €.

Y el error lo explica de este modo.

El Catálogo de Puestos de Trabajo del Cuerpo Nacional de Policía responde a dos rasgos principales: de un lado, se trata de un cuerpo jerarquizado, organizado en siete categorías profesionales y, de otro, necesita de una mínima capacidad de flexibilidad en la gestión. Por eso, dice, determinados puestos se asignan, como en este caso, a Escalas y no a categorías profesionales. De este modo, se beneficia a los funcionarios porque, prosigue el Abogado del Estado, pueden ascender a la primera categoría de la Escala sin tener que cambiar forzosamente de residencia. El sistema retributivo previsto en el Real Decreto 950/2005 tiene la peculiaridad de que la diferencia que establece entre los dos componentes del complemento específico busca acomodar los conceptos retributivos de la Administración General del Estado a las particularidades organizativas de los Cuerpos de Seguridad del Estado conjugando el rango profesional con el contenido del puesto. Esto no supone, aclara, desvirtuar el concepto y naturaleza del complemento específico sino solamente adaptarlo a esas peculiaridades. De ahí que, en la práctica se traduzca en que cuando un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía ocupa un puesto asignado a Escala, percibe el nivel de complemento de destino y el componente singular del complemento específico propios del puesto pero mantiene la cuantía del componente general del complemento específico correspondiente a su categoría profesional.

La sentencia, resalta el Abogado del Estado, desvirtúa esta especificidad retributiva, rompe el criterio de jerarquía y reduce la flexibilidad. Por lo demás, observa que la de 16 de enero de 2008 se dictó respecto de un puesto de trabajo reservado a inspector-jefe y que la sentencia de esta Sala de 29 de octubre de 1999 a la que se refiere la anterior y la ahora cuestionada se ocupaba del componente general de la Escala de Subinspectores.

TERCERO.- .- El Sr. Cosme se ha opuesto a este recurso.

Afirma que el Abogado del Estado parte de un planteamiento que no es correcto ya que la sentencia aplica el principio de a iguales funciones iguales retribuciones y de ese modo no se rompe el criterio de jerarquía ni se deja sin sentido el ascenso a la categoría de inspector-jefe. Por el contrario, la solución que defiende el recurrente desconoce que el complemento específico, incluido su componente general, está anudado al puesto de trabajo. Finalmente, el Sr. Cosme niega que haya grave perjuicio al interés general precisamente porque la sentencia es conforme al ordenamiento jurídico. En cambio, la posición de la Administración sí conducirá a su enriquecimiento injusto pues "asignando puestos de trabajo a cubrir por las dos categorías de la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía (Inspector-Jefe e Inspector) a un Inspector que aunque tenga las mismas funciones y tenga idénticas responsabilidades que un Inspector-Jefe, percibiría el complemento específico de componente general en cuantía inferior".

CUARTO.- El Ministerio Fiscal propugna la estimación de este recurso de casación en interés de la Ley.

A su entender, sí concurre el grave daño al interés general pues, a la vista de los datos ofrecidos por el Abogado del Estado, la interpretación seguida por la Sala de Madrid puede extrapolarse a otros muchos casos en el futuro. Y apoya su recurso porque "el control judicial de los diversos conceptos retributivos que los funcionarios perciben, y concretamente los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, no puede llegar a producir una modificación del régimen de asignación concreta que se aparte de la composición de las diversas clases de remuneraciones y forma de integración que previene el ordenamiento jurídico reflejado de manera muy precisa en el Real Decreto 950/2005 (...) sin que los principios de igualdad y no discriminación (...) puedan llevar a consagrar formalmente el reconocimiento de una equiparación en tan diferente singularizado concepto retributivo como es el componente general del complemento específico por razón de la categoría o empleo que ostenta quien al mismo tiene derecho". Además, sostiene el Ministerio Fiscal que la sentencia no es conforme con el artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público.

QUINTO.- El artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción define en términos muy estrictos el recurso de casación en interés de la Ley. 1) Respecto del objeto, pues solamente cabe contra sentencias firmes, dictadas en única instancia por los Jueces de lo Contencioso-Administrativo y contra las pronunciadas por las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional que no sean susceptibles de recurso de casación ordinario o para la unificación de doctrina. 2) A propósito de los sujetos legitimados para interponerlo, que son únicamente la Administración Pública territorial que tenga interés legítimo en el asunto, las Entidades o Corporaciones representativas de intereses generales o corporativos que tengan interés legítimo en el asunto, el Ministerio Fiscal o la Administración General del Estado. 3) En cuanto a los presupuestos que han de darse conjuntamente para que pueda utilizarse: grave daño para el interés general y error en la resolución dictada. 4) Respecto de las exigencias de tiempo --tres meses de plazo para interponerlo-- y forma --escrito razonado en el que se fijará la doctrina legal que se postule a presentar ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo con copia certificada de la sentencia impugnada en la que conste la fecha de su notificación--, pues, advierte la Ley de la Jurisdicción, su incumplimiento obligará a que se ordene de plano el archivo. 5) Sobre el alcance del enjuiciamiento, ya que sólo puede extenderse a la correcta interpretación y aplicación de normas emanadas del Estado que hayan sido determinantes del fallo recurrido. 6) En fin, el pronunciamiento también se ve restringido pues debe respetar en todo caso la situación jurídica particular derivada de la sentencia recurrida y, de ser estimatorio, habrá de fijar en el fallo la doctrina legal, publicándose la sentencia del Tribunal Supremo en el Boletín Oficial del Estado.

Vemos, pues, que si, ya en los recursos de casación contemplados en los artículos 86 y 96, la Ley de la Jurisdicción impone requisitos severos cuyo cumplimiento se vigila por la Sala, en este caso, lo hace especialmente. Por eso, procede exigir con rigor su observancia para cumplir fielmente las determinaciones del legislador. En realidad, ese es el criterio mantenido reiteradamente por la jurisprudencia, por ejemplo, en las sentencias de 5 de mayo (casación en interés de la Ley 3456/2001) y 23 de junio de 2003 (casación en interés de la Ley 2829/2001), y en las allí citadas, o en la de 23 de julio, también de 2003, (casación en interés de la Ley 9450/1997), entre otras. Jurisprudencia que ha añadido, más bien explicitado, requisitos adicionales que resultan de la interpretación de la Ley de la Jurisdicción. El primero es que la doctrina cuya fijación se pretende se refiera a un concreto precepto [ sentencias de 6, 8 y 20 de junio de 2005 (recursos de casación en interés de la Ley 26 y 21/2004 y 46/2003)]. El segundo estriba en que no haya sido establecida ya por esta Sala [sentencia de 28 de enero de 2003) (recurso de casación en interés de la Ley 8199/2000) con cita de una larga lista de otras anteriores coincidentes]. Otro consiste en que el recurso tenga utilidad, lo que no sucede cuando la doctrina cuya fijación se solicita ya resulta por sí misma de las propias normas [ sentencias de 8 de junio de 2005 (casación en interés de la Ley 21/2004), de 15 de febrero de 2005 (casación en interés de la Ley 66/2003) y de 23 de enero de 2004 (casación en interés de la Ley 30/2004)].

SEXTO.- Según acabamos de recordar, los requisitos a los que la Ley de la Jurisdicción y la jurisprudencia que la ha interpretado someten a este recurso extraordinario de casación en interés de la Ley han de ser aplicados estrictamente. Entre ellos se cuenta el de que la doctrina legal cuya declaración por esta Sala se pretende se refiera a un precepto concreto. Sin embargo, en este caso, en el escrito de interposición no se hace mención a ninguno. Ciertamente, se invoca el Real Decreto 950/2005, pero no se cita artículo alguno. Y, aunque pudiera considerarse que implícitamente se está refiriendo el Abogado del Estado a su artículo 4 , no lo dice expresamente. Por otro lado, la sentencia de la Sala de Madrid descansa en que el carácter objetivo que la Ley asigna al complemento específico en sus dos componentes implica, en supuestos como el que se examinó en la instancia, que "se tiene derecho a cobrarlo por estar asignado al puesto de trabajo ocupado, aunque su cuantía se fije en función de la categoría del funcionario", o sea, cuando son de varias los llamados a desempeñar un concreto puesto de trabajo, de la que sea superior.

Por lo demás, el Abogado del Estado, cuando explica los rasgos del sistema retributivo y pasa de sus líneas generales, según el Real Decreto 950/2005, a los términos de su aplicación en casos como el del Sr. Cosme, invoca o se remite a "la práctica" para justificar la corrección de la actuación administrativa. En cuanto, a la referencia que hace el Ministerio Fiscal a la infracción por la sentencia del artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público al margen de que nada dice de ello el recurrente, lo que es suficiente para prescindir del argumento, conviene señalar que ese precepto, se limita a enunciar los factores que necesariamente han de tener en cuenta las leyes de las Administraciones Públicas que fijen la estructura y cuantía de las retribuciones complementarias. Factores que se corresponden exactamente por su contenido y orden con los criterios con que el artículo 23.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, las definía salvo en sus respectivas denominaciones, ahora omitidas.

Así, pues, a falta de un precepto concreto al que referir la doctrina postulada, no contemplando el artículo 4 del Real Decreto 950/2005 el supuesto de autos, pues se limita a definir la composición de las retribuciones complementarias de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no la forma de aplicarlas cuando un funcionario de inferior categoría profesional desempeña puestos que pueden ser provistos también por los de superior categoría, no procede dar lugar a este recurso."

Queda claro que la tesis patrocinada en la materia por el Sr. Abogado del Estado no es la que nuestra doctrina jurisprudencial tiene adoptada.

CUARTO.- Por lo demás, esta Sala ha reiterado hasta la saciedad lo siguiente:

El artículo 4 del Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establece en su apartado A), letra a), que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía percibirán el complemento de destino en la cuantía correspondiente al nivel del puesto de trabajo que desempeñen.

Por su parte, el apartado B) del propio art. 4, tras señalar que el complemento específico remunera el riesgo, dedicación y demás peculiaridades que implica la función policial, precisa que dicho complemento está integrado por los siguientes componentes: 1º El componente general, que se percibe en función del correspondiente empleo o categoría que se tenga, y que se aplicará al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en los importes que, para cada empleo y categoría, se fijan en el anexo III. 2º El componente singular, que está destinado a retribuir las condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad, en las cuantías que, a propuesta del Ministerio del Interior, se autoricen conjuntamente por los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, a través de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones.

De estas normas se desprende que las retribuciones complementarias realmente anudadas al puesto de trabajo son las correspondientes al complemento de destino y al componente singular del complemento específico (que son las reclamadas por el actor, por lo que no terminamos de comprender los razonamientos que, enderezados a justificar la improcedencia de percibir el componente general, se incluyen en la contestación a la demanda), bastando, por tanto, su desempeño para que nazca el derecho a devengarlas, siempre que se trate de puestos de trabajo dotados con las retribuciones que se reclaman o, cuando menos, del ejercicio de funciones de idéntico contenido a las propias del puesto de trabajo dotado de esos complementos, por aplicación del principio constitucional de igualdad. Por todo ello, nuestro Tribunal Supremo tiene reiteradamente dicho que lo que determina el derecho a la percepción de los complementos asignados a un determinado puesto de trabajo es, no tanto el nombramiento formal para ocupar el mismo, como el efectivo desempeño de dicho puesto de trabajo.

QUINTO.- Razonada la procedencia de la principal de las pretensiones actoras, en los concretos términos expuestos, corresponde ahora enjuiciar la cuestión de los intereses, pues, según el Sr. Abogado del Estado, el art. 24 de la Ley General Presupuestaria se compadece poco con la pretensión actora de que aquéllos se devenguen desde la fecha de la solicitud en vía administrativa, ya que -afirma- ello es sólo posible, a tenor de dicho precepto, si la Administración no pagase dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial --o del reconocimiento de la obligación--, que no es el caso.

El motivo no puede ser estimado, por las razones -que este Tribunal hace explícitamente suyas- expuestas en la Sentencia de 3 de febrero de 2010, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del País Vasco, que seguidamente reproducimos:

"A criterio de la Sala procede acceder a dicha pretensión desde la fecha de la reclamación en la vía administrativa ( art. 1100 CC), y ello porque, pese al tenor del art. 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ha de entenderse que se refiere exclusivamente a los intereses de las cantidades reconocidas en sentencia, pero no a los intereses moratorios, y ello en atención a la doctrina del Tribunal Constitucional sentada en la STC 141/1997 del siguiente tenor:

A la misma conclusión habría de llegarse caso de enjuiciarse el problema en los términos en que ha sido planteado recogidos en el antecedente 3º de esta sentencia. Es decir, a través de los arts. 45 y 36,1 LGP y de la interpretación que al art. 45 ha dado la jurisprudencia de este Tribunal.

A este respecto merecen singular atención las SSTC 76/1990 y 69/1996. En la primera de ellas, declaramos la constitucionalidad de las especialidades que en la Ley General Presupuestaria se establecen para la Hacienda Pública cuando ocupa la posición de acreedora frente a los contribuyentes, a cuyas especialidades hace referencia el art. 921 LEC, en su ap. 5º, como excepción a lo establecido con carácter general en dicho precepto a todo tipo de resoluciones judiciales que condenen al pago de cantidad líquida.

Razonamos entonces la constitucionalidad de las especialidades que en la Ley General Presupuestaria se establecen en favor de la Hacienda, porque "no cabe sostener que la Administración tributaria y el contribuyente se encuentren en la misma situación como si de una relación jurídico privada se tratara", en la medida en que "esa pretendida igualdad resulta desmentida por el art. 31,1 CE, que, al configurar el deber tributario como deber constitucional, está autorizando al legislador para que, dentro de un sistema tributario justo, adopte las medidas que sean eficaces y atribuya a la Administración las potestades que sean necesarias para exigir y lograr el exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, potestades que por esencia sitúan a la Administración como "potentior persona" en una situación de superioridad sobre los contribuyentes" f. j. 9º, apartado A), de la STC 76/1990. Pero esa doctrina, aplicable a los intereses procesales a los que se refiere el art. 921 LEC no lo es en cambio cuando el pago de intereses responde a la nulidad de una retención indebida declarada judicialmente con la consiguiente condena a su devolución. En este caso, la tutela judicial efectiva requiere que ese fallo conduzca al restablecimiento pleno del derecho del actor hasta la "restitutio in integrum" cuya función cumplen los intereses de demora, según hemos declarado en las SSTC 206/1993 (f. j. 2 º) y 69/1996 (f. j. 4º) y se recuerda en la reciente STC 23/1997 (f. j. 5º).

En este sentido, la STC 69/1996, resuelve una cuestión de inconstitucionalidad en la que se examinan los arts. 45 y 36,1 LGP, no en lo concerniente a la cuantía de los intereses, resuelta por la STC 76/1990, sino precisamente del elemento temporal en su función indemnizatoria. Se sentó en ella, la siguiente doctrina que, interpretando el art. 45 LGP en su aspecto temporal del "dies a quo" para el pago de intereses a los contribuyentes, llega a la conclusión pretendida por el recurrente de que, a estos efectos, son equiparables por exigencias del art. 14 CE, la posición de los contribuyentes frente a la Hacienda Pública a la de ésta como acreedora. Dice así el f. j. 5º de la STC 69/1996:

"Conviene insistir, una vez recordado esto, que la Hacienda pública según la doctrina sustentada en la STC 206/1993 sólo está obligada a pagar el interés de demora con su función indemnizatoria, sin que en la presente cuestión de constitucionalidad queden involucrados por tanto los disuasorios o punitivos. Pues bien, siendo tales intereses una exigencia material de la justicia, principio rector de nuestro Estado de Derecho, ha de ser rechazada de plano la posibilidad de que el ciudadano, cuando trate con las Administraciones públicas y sea su acreedor, resulte peor tratado por no conseguir la íntegra compensación de un derecho de crédito reconocido judicialmente. En tal aspecto, una vez perfeccionada la relación jurídica cualesquiera que fueren su naturaleza pública o privada y su origen o fuente, la autonomía de la voluntad o la Ley e incluso aunque fuere el reflejo final del ejercicio de una potestad como la tributaria o la sancionadora, la Hacienda es ya uno de sus sujetos activo o pasivo, sin una posición preeminente ni prerrogativa exorbitante alguna, como sucede con el procedimiento para el pago, sometido a los principios de legalidad presupuestaria y de contabilidad pública. No se trata ahora de la cuantía de los intereses, incógnita ya despejada, ni del cómo, el procedimiento para hacerlos efectivos, sino del elemento temporal, el cuándo, que sirve para perfilar en la realidad su función compensatoria. Aquí, por tanto, desaparecen cualesquiera de las "especialidades" a las cuales alude para respetarlas la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 921). No hay, pues, una razón constitucionalmente relevante para justificar un distinto trato en el devengo del interés de demora, según la posición que ocupe la Hacienda pública y sólo por ella".

En la reciente STC 23/1997 a la que ya hemos hecho referencia, dictada por la Sala 1ª de este Tribunal, resolviendo un recurso de amparo similar, en lo esencial, al ahora planteado, se otorgó el amparo con base, principalmente, en la doctrina que ha quedado transcrita por entender que como ocurre en el supuesto ahora enjuiciado, "...en el caso que nos ocupa no es posible encontrar ningún bien o principio constitucional cuya protección exija el trato privilegiado otorgado". No se dan las razones, a diferencia de otros supuestos que la sentencia cita, para justificar especialidad alguna.

En este mismo sentido y por iguales razones hemos de estimar el presente recurso de amparo y declarar la nulidad de los autos impugnados, dictados en ejecución de la STSJ Madrid 22 mayo 1989, para que por la Sec. 5 ª de la Sala de lo Contencioso administrativo, se dicte el que corresponda sobre el pago de intereses al recurrente en amparo, sin vulnerar el principio de igualdad del art. 14 CE, teniendo en cuenta para ello los efectos de la nulidad del embargo que declara la sentencia que se ejecuta y la función de "restitutio in integrum", que en este caso cumple el pago de los intereses de demora al que fue condenada la Administración demandada.".

SEXTO.- La íntegra estimación del recurso conlleva imponer las costas a la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En su virtud, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,