Sentencia Penal 222/2025 Audiencia Provincial Civil-penal de A Coruña nº 6, Rec. 50/2024 de 12 de diciembre del 2025

PRIMERO. Delito contra la Seguridad Social.

Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito contra la Seguridad Social previsto y penado en el art. 307 y 307 bis 1. a) del Código Penal .

Castiga el art. 307 del CP al que "por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros".

En relación con este tipo penal, recoge la STS nº 477/2022 de 18 de mayo de 2025, que el bien jurídico protegido es "la parte del patrimonio del sistema de la Seguridad Social correspondiente a las cuotas debidas por el sujeto obligado. Con la salvaguardia de este patrimonio se cumple, a su vez, la doble función recaudatoria y protectora de la Seguridad Social. Es necesario preservar la función recaudatoria para que el sistema de la Seguridad Social desarrolle la acción protectora que proclama el artículo 41 de la Constitución Española , al atribuir a los poderes públicos la instauración de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos".

Partiendo de la naturaleza dolosa del delito, explica la Sentencia anteriormente citada que el tipo penal que nos ocupa puede cometerse por acción u omisión; que son tres las formas comisivas posibles, a saber: a.- Eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, b.- Obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o c.- Disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida; que es preciso, como elemento objetivo, que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de 50.000 euros; y que, en todo caso, la acción típica exige que se haga además defraudando.

Afirma literalmente la citada sentencia que "La acción típica no es no pagar, sino defraudar eludiendo el pago de las cuotas. Por ello, la descripción típica de la conducta no se limita a establecer como elemento del tipo objetivo la falta de pago de una cantidad debida, es decir, el incumplimiento del deber de pagar cuando tal deber exista y se supere una determinada cantidad, sino que exige que ello se haga, además, defraudando".Dicho de otro mod, "Nos encontramos con lo que la mejor doctrina denomina como un delito compuesto alternativo o acumulativo (defraudar a través de cualquiera o de más de una de las tres conductas alternativas), por lo que es imprescindible que se defraude a la Seguridad Social mediante cualquiera de las conductas comisivas por acción u omisión".

Afirma la citada STS 477/2022 que la obligación de pago de las cuotas de la Seguridad Social es "de puntual pago periódico (...) por lo que si se tratara de una imposibilidad puntual de atender sus obligaciones de pago lo que se debe hacer es trasladar y comunicarse con la Administración acreedora para fijar aplazamientos u otras fórmulas de pago, pero no articular todo un sistema enfocado a la conducta defraudadora, que es lo que determina la condena por el tipo penal del art. 307 CP " .

En consecuencia, nos encontramos ante un tipo penal que exige el ánimo tendencial del fraude a la Administración al exigir, no solo la elusión del pago, sino que ello se haga mediante defraudación, por lo que no puede entenderse que se persigue penalmente a quien no puede temporalmente pagar lo que corresponde, o a quien simplemente ha decidido no pagar, aun cuando deba luego hacer frente a las correspondientes sanciones administrativas a causa del impago. Ni tampoco a quien, no declarando correctamente, sin embargo, paga lo que procede si ello fuera posible.

Y en estos casos no se trata tanto de la aplicación del principio de intervención mínima de derecho penal, -no es ese el ámbito de un alegato defensivo en estos supuestos-, sino de que la sanción penal está prevista para quien defrauda eludiendo, es decir, para quién ocultando la realidad, no paga.

Es más, afirma la reciente STS 27/2025, de 20 de enero (EDJ 2025/501755) , que "si los verbos nucleares de la acción descrita en el tipo son "defraudar" y "eludir", la exigencia de una conducta defraudatoria constituye un elemento objetivo del tipo y no puede ser entendida como un elemento subjetivo que trascienda a la estricta realización de la conducta descrita, convirtiendo el delito del artículo 307 en uno de tendencia interna. Defraudar, por tanto, no equivale a dejar de pagar las cuotas con ánimo defraudatorio, sino a eludir su pago (y eludir es tanto, según el Diccionario, como evitar con astucia una obligación) mediante una conducta defraudatoria, activa u omisiva. De este modo, la exigencia de esa conducta defraudatoria constituye un filtro de tipicidad objetiva, que permite que el tipo respete los principios de subsidiariedad y fragmentariedad del Derecho Penal, sin necesidad de adentrarse en el ánimo interno del obligado al pago".

Considera la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la que son exponentes las dos sentencias ya citadas, que para determinar la concurrencia de ese elemento tendencial de la conducta típica será necesario que el Juez o Tribunal realicen y expongan en su resolución el proceso de inferencia derivado de la prueba practicada que evalúe "el contexto y alcance de la situación de impago"( STS 477/2022) e identifique un mecanismo artificioso normalmente asociado a la ocultación de la deuda, como por ejemplo, citan las SSTS 15 y 25/2025 "La creación de empresas ficticias, entramados empresariales con complicadas estructuras que permiten tapar a los reales responsables, la fraudulenta sucesión de empresas para romper los hilos con deudas preexistentes..."que "son algunas de las fórmulas habituales aptas para generar ese engaño que trata de confundir sobre la realidad y colmar el elemento de fraude que requieren estas tipicidades. Cuando se usan esas artimañas para ocultar deudas o fingir la desaparición de la deudora, e imposibilitar el cobro, estaremos ante modalidades de fraude ".En definitiva, se requiere de una actitud colaborativa reiterada del deudor que haga palpable su voluntad seria y persistente de no atender sus obligaciones o, en otras palabras "la ocultación mendaz o engañosa, por acción u omisión, a la Seguridad Social, de datos relevantes para la determinación de la cantidad a ingresar a ésta en concepto de cuotas, de tal forma que la Seguridad Social desconozca los hechos que fundamenten el origen y la cuantía de la deuda, bien sea total o parcialmente. Equivale a esquivar el pago de las cuotas, a través de una declaración falsa (acción) o también por no hacer la declaración debida (omisión) ( SSTS 582/2018, de 22 de noviembre ( EDJ 2018/649936) ; 564/2018, de 19 de noviembre (EDJ 2018/645295 ) ; y 1046/2009, de 27 de octubre (EDJ 2009/307290) )".( STS 477/2022).

Expresa la STS 957/2023, de 21 de diciembre (EDJ 2023/812189) que "Estamos, según convienen doctrina y jurisprudencia, ante un delito especial, es decir, de aquellos que solo pueden ser cometidos por un círculo específico de sujetos; en este caso, quien en virtud de la legislación sectorial está obligado al pago de las cuotas de seguridad social o conceptos de recaudación conjunta. Los elementos normativos jurídico-administrativos manejados por el tipo conducen a un presupuesto del delito consistente en la existencia de una relación jurídica entre la Seguridad Social y el empresario o empleador. Las conductas defraudatorias de omisión sólo pueden realizarse por el obligado; no por un tercero ajeno a esa relación".

"Es claro, de un lado, que al recurrente le es trasladable esa cualidad especial en virtud del mecanismo establecido en el art. 31 CP (EDL 1995/16398) -actuaciones en nombre de otro-. Él era administrador de derecho en la mayor parte de los casos y en alguno, al menos administrador de hecho, de las empresas deudoras.

Por otro lado, las estrechas relaciones entre todas las empresas y la común o casi común titularidad consienten esa contemplación global o conjunta: estamos ante un único empresario y un único negocio aunque formalmente esté despiezado y diversificado a través de entes societarios diferenciados. No puede convertirse esa metodología en una forma de eludir la responsabilidad penal por la vía de fraccionar artificiosamente la deuda con la seguridad social que materialmente ha de asumir un empresario. El mecanismo de interponer varias personas jurídicas detrás de las cuales se halla el mismo sujeto invita levantar al velo a estos efectos: un velo que en este caso es transparente. No logra tapar -ni lo intenta seguramente- la realidad empresarial única".

Por su parte el art. 307 bis contempla modalidades agravadas del tipo penal básico que acabamos de analizar, disponiendo:

"1. El delito contra la Seguridad Social será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando en la comisión del delito concurriera alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento veinte mil euros.

(...)

c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito".

Como expusimos precedentemente, la modalidad agravada del apartado c) fue excluida por las acusaciones, pública y privada, limitándose a la letra a).

SEGUNDO. Nicolasa.

Partiendo de estas premisas legales y jurisprudenciales, procede descartar en el desarrollo de la conducta defraudatoria que se atribuye a los acusados la participación de doña Nicolasa ya que no era quien gestionaba, administraba y/o regentaba el negocio y las distintas sociedades, ni quien creó las creo, con ánimo de defraudar a la Seguridad Social, siendo únicamente partícipe en la inicial comunidad de bienes.

Decisión que cabe adoptar con base a:

1) Su propia declaración, en la que expone cuál era su papel, inicialmente como peluquera y después, cuando nacieron los hijos de ambos, desligada de la actividad laboral. No volvió a ella desde el 2005. No llevaba los papeles, tampoco lo relativo a autónomos.

2) La declaración del acusado, su esposo, quien en su declaración expresó que era él quien se encargaba de la gestión, administración de las distintas empresas, asumiendo todas las decisiones empresariales. Cuando montaron el negocio ella se encargó de la formación de peluqueros y él del resto. Todas las decisiones las tomaba él. Cuando tuvieron sus dos hijos ella se quedó en casa para cuidarlos y únicamente acudía para temas puntuales, como peinar una novia o similar. Si bien negó su intención de defraudar con la creación de la sociedad limitada, dijo que la decisión de dar de baja la Comunidad de Bienes y crear la sociedad limitada fue suya. Su esposa no tuvo nada que ver.

3) Consta como administradora de la Comunidad de Bienes, junto con su esposo, pero no es la administradora de las sucesivas empresas, siendo él quien las creó y administraba.

4) La declaración de los testigos empleados y asesor, que inciden en el rol de la acusada y el del acusado, este último como único empresario real. Consta así:

a) Josefina: empleada, era Adrian el que llevaba todo el tema de las nóminas y contratación.

b) Elisenda: empleada, Adrian era quien contrataba, despedía y se encargaba de las nóminas.

c) Leticia: empleada, hacía al menos 20 años que no veía a la acusada. Inicialmente la acusada se dedicó a la formación. Los primeros años. Después ya no estaba.

d) Ramón: asesor fiscal. Lo conocía a él. A ella no la conocía.

e) Jesús Luis: asesor laboral. Lo conocía a él. A ella no la conocía.

f) Policía Nacional NUM002: el dueño de los negocios era Adrian.

g) Policía Nacional NUM003: el dueño efectivo y máximo responsable de los negocios era Adrian.

En atención a todo ello y atendidos, el derecho a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, es por lo que la sala considera que los hechos atribuidos a la acusada no constan debidamente acreditados, lo que motiva su absolución.

TERCERO. Adrian.

Los hechos declarados probados resultan acreditados por la prueba practicada en el acto del juicio oral y que resulta suficiente, a criterio de la Sala, para enervar el derecho a la presunción de inocencia del acusado, Adrian ( art. 24 CE ).

Consideramos acreditado el impago de las cuotas de la Seguridad Social por parte de las distintas mercantiles por la documental incorporada a la causa y consistente en las certificaciones de deuda emitidas por la citada Administración que, además, no han resultado desvirtuadas por el acusado, a lo que se suman los informes de la Inspección. Así como también el trasvase de trabajadores, la sucesión empresarial, la no presentación de un plan de pagos, la no presentación de la documentación de cotización de los trabajadores, la no solicitud de aplazamiento de la deuda, la no presentación de cuentas de MIACAR ante el Registro Mercantil, la no convocatoria de Junta General, ni la solicitud de concurso de acreedores o de una disolución de la sociedad. Decisión que adoptamos sobre la base de las siguientes pruebas y valoraciones:

1)Ambos acusados constituyeron la empresa DIRECCION000 CB, en régimen de comunidad de bienes (CIF- NUM004 - CCC NUM005):

a) El alta del primer trabajador se produce el 02/12/1993 y causa baja por carecer de trabajadores el 25/10/2017, si bien en mayo de 2017, cuando acumula una importante cantidad de deuda con la Seguridad Social se produjo el trasvase de trabajadores a una nueva empresa constituida por Adrian denominada MIACAR PELUQUERÍAS, SL.

b) La administración de la empresa era llevada por Adrian.

c) Su actividad era la correspondiente al CNAE09 9602, es decir, la peluquería y otros tratamientos de belleza.

d) Su domicilio se fijó en el polígono de Fontiñas de Santiago de Compostela en el centro comercial Área Central, local 22, local en el que posteriormente se constituiría la peluquería MIACAR PELUQUERÍAS, SL, cuyo administrador único era el acusado Adrian.

e) La empresa DIRECCION000 CB entre el 01/2009 y 10/2019 generó una deuda por importe de 555.399,14-€, incluidas dos actas de infracción y una reclamación por prestaciones indebidas. En el periodo comprendido entre 10/2016 y 10/2019 la deuda derivada del impago de cuotas de Seguridad Social por parte de DIRECCION000, CB ascendió a 235.229,35-€ (la deuda por cuotas no pagadas es hasta 05/2017 y en el importe total de la deuda están incluidas dos actas de infracción por enero y noviembre de 2018 y una reclamación por prestaciones indebidas por 10/2019).

f) La empresa dejó de cumplir las obligaciones en materia de liquidación de cuotas impuestas en el artículo 29 de la LGSS ( es decir, dejó de cumplir la obligación de transmitir las liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social) desde el mes de 10/2016 hasta dar de baja a la empresa en octubre de 2017.

g) La empresa dejó de cumplir la obligación de comunicar los conceptos retributivos abonados a los trabajadores en los términos impuestos en el artículo 147.3 de la LGSS desde el mes de 10/2016 hasta dar de baja a la empresa en octubre de 2017.

h) La empresa nunca solicitó aplazamiento de pago de las deudas.

i) La deuda de la comunidad de bienes fue derivada a los dos comuneros acusados, siendo la comunidad de bienes una sociedad irregular. Todo ello en virtud de la solicitud de derivación efectuada por la Inspección de Trabajo el 03/03/2017, quien indicó que los comuneros no asistieron a las distintas citaciones ni aportaron en ningún caso la documentación requerida, levantándose actas de infracción por obstrucción a la labor inspectora por incomparecencia y no remisión de documentación.

j) La empresa ha tenido un total de 143 trabajadores en alta, lo que es demostrativo de su volumen de actividad.

k) A pesar del impago de cuotas a la Seguridad Social, del Modelo 347 de Hacienda la sociedad no declaraba ventas, pero sí declaraba compras directas e indirectas por elevados importes (2013: compras directas 121.590,65 y ventas indirectas 52.949,89. 2014: compras directas 46.298,78 y compras indirectas 88.044,75. 2015 compras indirectas 80.020,66. 2016 compras indirectas 50.388,39. 2017, compras indirectas 15.962,88. 2018 compras indirectas 10.213,31 y 2019 compras indirectas 9.823,54). Únicamente declaró ventas en el ejercicio 2014 (ventas directas: 22.296,36 y ventas indirectas: 28.089,42), pero a empresas de las que fue administrador el propio acusado Adrian (DISEÑO HÓRREO 51 BAJO, SL, DISEÑO AS CANCELAS, SL y DISEÑO VILAGARCÍA, SL).

2)Una vez que la comunidad de bienes acumuló importantes cantidades de deuda y sin solución de continuidad, Adrian procedió a constituir la sociedad MIACAR PELUQUERÍAS, SL para continuar idéntica actividad, pero bajo distinta forma jurídica:

a) Su domicilio era el mismo que el de DIRECCION000, CB, en el polígono de Fontiñas de Santiago de Compostela en el centro comercial Área Central, local 22.

b) El administrador era Adrian.

c) Su actividad era la correspondiente a peluquería y otros tratamientos de belleza.

d) Tenía de alta a 6 trabajadores de los cuales 5, dados de alta el 01/06/2017, estuvieron trabajando hasta el día anterior en DIRECCION000, CB.

e) La empresa nunca solicitó aplazamiento de pago de las deudas.

f) Acumuló deuda con la Seguridad Social por importe de 117.478,11-€ por el periodo comprendido entre 01/2018 y 08/2020.

g) La empresa ha tenido un total de 17 trabajadores en alta, lo que es demostrativo de actividad rentable. Continúa en situación de alta en la actualidad.

h) A pesar del impago de cuotas a la Seguridad Social, del Modelo 347 de Hacienda se deriva que, durante los ejercicios 2017 a 2019, la sociedad no declaró ventas, pero declaró compras directas (2017: 14.935,75. 2018: 42.478,60. 2019: 16.068,82) e indirectas (2017: 11.907,34. 2018: 9.914,80. 2019: 3400,43) por elevados importes.

i) La empresa nunca depositó sus cuentas en el Registro Mercantil.

j) No le constan bienes a su nombre.

3) Sucesión empresarial: concluye el informe de fecha 28 de enero de 2019, adjuntado por la TGSS como documentación complementaria, elaborado por la Inspección de Trabajo, que entre DIRECCION000, CB y MIACAR PELUQUERÍAS, SL existió una sucesión empresarial opaca, con el único objeto de evitar el abono de las deudas generadas por la primera, dificultando el cobro a los acreedores, entre ellos la TGSS y evitando de ese modo las consecuencias legales de la falta de abono, por lo que se crea una nueva sociedad, MIACAR PELUQUERÍAS, SL, que asumió el salón de peluquería que hasta el momento venía explotando la empresa DIRECCION000, CB, en el mismo domicilio, con los mismos trabajadores reconociéndoles su antigüedad, tratándose de la misma actividad y con indicios de transmisión de elementos patrimoniales. A lo que se suma la utilización del mismo proveedor PRO DUO SPAIN, SL. Ambas empresas efectúan compras por elevados importes al proveedor PRO DUO SPAIN, SL, siendo todas esas compras efectuadas en efectivo.

4) Adrian había sido administrador de otras sociedades dedicadas a la misma actividad de peluquería (en la provincia de A Coruña, DISEÑO HÓRREO 51 BAJO, SL y DISEÑO AS CANCELAS, SL), entre las que existía confusión patrimonial al producirse trasvase de trabajadores y compras y ventas entre las distintas sociedades que aquel administraba. El tipo de operativa realizado entre DIRECCION000, CB y MIACAR PELUQUERÍAS, SL ya fue utilizada por el acusado cuando traspasó a un total de 7 trabajadores de DIRECCION000 CB a DISEÑO HÓRREO 51 BAJO, SL entre el 31/12/2012 y 01/01/2013.

5) Adrian acumuló una deuda en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) por importe de 35.942,34-€, en el periodo comprendido entre 2014 - 2021, además de deuda en el régimen general correspondiente a la derivación de la deuda de DIRECCION000, CB.

6) Adrian, con el ánimo de defraudar los intereses de la Seguridad Social, utilizando el entramado de empresas en las que participaba, eludió el pago de cuotas a la Seguridad Social incumpliendo de manera reiterada la obligación de comunicar los conceptos retributivos abonados a los trabajadores, así como la obligación de presentar y transmitir las liquidaciones a través del sistema RED, sin solicitar aplazamientos, sin depositar cuentas en el Registro Mercantil, sin declarar ventas a pesar del elevado volumen de compras existentes y contando con actas de infracción por obstrucción de la labor inspectora al no acudir a las comparecencias ni aportar la documentación que le era requerida. En el ejercicio de la referida actividad de peluquería, Adrian, por sí o como administrador de la sociedad, decidió no abonar las cuotas a la Seguridad Social tanto propias (deuda RETA) como de los trabajadores de sus empresas (deuda RG, régimen general).

7) Utilizando el anterior proceder, se generaron las siguientes deudas con la Seguridad Social por falta de abono de cuotas durante los ejercicios 2009 a 2021. La TGSS referencia las deudas objeto de defraudación correspondientes al periodo 2014 a 2021:

a) Deudas RG Empresa: DIRECCION000, CB (CCC NUM005):

2014: 277,77 principal+74,26 de intereses + 97,21 recargo. Total: 449,24.

2015: 2097,39 principal+509,35 de intereses + 734,10 recargo. Total: 3.340,84.

2016: 33.124,50 principal+6.601,31 de intereses + 10.488,33 recargo. Total: 52.674,37.

01-05-2017: 34.388,18 principal+6.250,33 de intereses + 12.035,86 recargo. Total: 50.214,14.

Total: 69.887,84 de principal. Sumados intereses y recargo total 106.678,59.

b) Deudas RG Empresa: DISEÑO HÓRREO 51 BAJO, SL (CCC 15 117792429) *no se computa la deuda de derivación.

Ejercicio 02-03/2016. Principal 4886,94. Intereses 992,49. Recargo 1375,39. Total 7.254,82.

c) Deudas RG Empresa: MIACAR PELUQUERÍAS, SL (CCC 15 1217967111):

2018: 32.778,25 principal+3.361,754,26 de intereses + 6555,64 recargo. Total: 42695,64.

2019: 34888,72 principal+2088,66 de intereses + 6977,76 recargo. Total: 43.955,14.

2020: 35.406,52 principal+888,45 de intereses + 7081,28 recargo. Total: 43376,25.

01-2021: 2746,35 principal+ 0 de intereses + 549,27 recargo. Total: 3.295,62.

Total:105.819,84principal. Sumados intereses y recargo total 133.322,65.

d) Adrian (NAF NUM006) *no se computa la deuda por derivación.

2014: 1416,24 principal+392,35 de intereses + 283,23 recargo. Total: 2091,82.

2015: 3792,24 principal+925,43 de intereses + 758,52 recargo. Total: 5476,19.

2016: 3289,92 principal+755,29 de intereses + 766,08 recargo. Total: 5351,29.

2017: 4136,52 principal+633,95 de intereses + 827,34 recargo. Total: 5597,81.

2018: 4302,36 principal+469,59 de intereses + 860,52 recargo. Total: 5632,47.

2019: 4370,64 principal+280,30 de intereses + 874,08 recargo. Total: 5525,02.

2020: 4381,59 principal+120,38 de intereses + 876,27 recargo. Total: 5378,24.

2021: 739,38 principal+ 2,25 de intereses + 147,87 recargo. Total: 889,50.

Total: 26968,89 de principal. Sumados intereses y recargo total 35942,34.

8) En contra de lo afirmado por la defensa del acusado, la sucesión en el tiempo de los períodos de deuda de las distintas sociedades, permiten afirmar y considerar acreditado un impago sistemático de las cuotas de la Seguridad Social. Este impago sistemático constituye, a juicio de este Tribunal, el primer indicio de la conducta defraudatoria que nos ocupa en la medida en que, efectivamente, no se trata de una imposibilidad transitoria de hacer frente a las obligaciones con la Seguridad Social, más aún si lo contemplamos en su conjunto y no de forma aislada para cada una de las empresas.

9) Las declaraciones vertidas en el acto del juicio por los Policías Nacionales NUM002 y NUM003 de la Unidad Central de delincuencia económica y fiscal. Así como por Leovigildo, director provincial de la TGSS de A Coruña y don Juan Pedro, subinspector laboral de empleo y seguridad social, posibilitan extraer estas consideraciones e integran prueba clave de ningún modo desvirtuada. Siendo la prueba documental suscrita por los mismos y sus manifestaciones vertidas en el acto del juicio expresivas de la realidad del impago sistemático de las cuotas, sucesión empresarial y trasvase de trabajadores, consecuentemente de un patente ánimo defraudatorio.

10) Las declaraciones de Juan Pedro, inspector laboral, que fue quien acudió en el año 2016 detalló, en congruencia con lo manifestado por el asesor y autorizado RED, que únicamente se le facilitó la documentación relativa a la constitución de la empresa. Lo que así declaró el asesor, porque nada más tenía.

11) La declaración de Leovigildo, director provincial de la TGSS, ratificó su informe y su exposición en el sentido de que las deudas con la Seguridad Social prácticamente existían desde el primer momento de constitución de la comunidad de bienes. Incidió en la ausencia de abono de las cotizaciones mensuales, la no colaboración del acusado, y que, existiendo la obligación de presentar los boletines de cotización de los trabajadores, en algunas ocasiones los presentaban y no pagaban y en otras no se presentaban, pero desde el año 2016 la Comunidad de bienes dejó de presentarlos. Ni siquiera ingresaban la cuota obrera.

12) La manifestación principal de la conducta defraudatoria o mendaz desplegada por el acusado es el trasvase de trabajadores que fue haciendo de forma sucesiva de sociedades que ya habían generado un importe de deuda, a otras libres de cargas, dedicadas a la misma actividad siendo que, además, la práctica totalidad de ellas carecían de bienes sobre los que desplegar la acción ejecutiva de la Administración. La realidad del trasvase de trabajadores queda acreditada por numerosa prueba documental y testifical. Siendo claro el informe de la Inspección Laboral, folios 210 y siguientes, del año 2016 y el ulterior del año 2018, adjuntado como prueba complementaria. El trasvase de trabajadores se hizo necesariamente para eludir el pago de las cuotas de la Seguridad Social y - en palabras de la jurisprudencia que ya hemos citado en esta resolución- con la clara finalidad de que dicha Administración desconociera los hechos que fundamentaban el origen y la cuantía de la deuda, siquiera parcialmente, permitiendo al acusado seguir desarrollando la misma actividad empresarial a través de sucesivas mercantiles inicialmente solventes que, de igual forma, dejaban de pagar las cuotas de cotización. En contra de la tesis del acusado, entiende este Tribunal que en la conformación del elemento del tipo consistente en la defraudación tiene relevancia que el trasvase de trabajadores se hizo de una sociedad a otra cuando, en realidad, todas ellas desarrollaban una misma actividad empresarial en el campo de la peluquería.

13) No existen dudas acerca de la gestión asumida y desarrollada por el acusado, así como del fraude cometido:

a) impago sistemático de cotizaciones,

b) incumplimiento sistemático tanto de la obligación de comunicar los conceptos retributivos abonados a los trabajadores, como de la obligación de presentar y transmitir los documentos de cotización por el sistema RED.

c) nula intención de obtener aplazamientos de pago ante la TGSS.

d) la constitución de diversas sociedades por parte de don Adrian con el mismo objeto social, de las que se valió para realizar sucesivas actividades similares en los mismos o distintos domicilios físicos, con los mismos trabajadores en algunas de ellas, por lo que obtenía beneficios mientras seguía generando deuda.

14) No constituye argumento exculpatorio la existencia de un asesor en determinada época, en concreto en la de MIACAR, porque nada se comunica a la Seguridad Social, nada se regulariza ni abona. Quien fue asesor laboral, Jesús Luis, de APOIO ASESORES, declaró en el acto del juicio que acudió a una entrevista con la Inspección, pero no tenía documentación. Sabían que existían deudas y todo se le comunicaba al acusado, al administrador, al igual que las providencias de apremio.

15) Tampoco constituye un argumento exculpatorio la invocación de una insolvencia. Pese a todo, pese a la argumentación de la defensa de inexistencia de solvencia, el acusado siguió abriendo nuevos locales y no abonaba las cuotas a la Seguridad Social. Con nueva dejación de aportación de documentación tras la segunda inspección en el año 2018.

16) La defensa del acusado, en sede de conclusiones destacó que la cantidad reclamada no era correcta y que el artículo 307.2 CP lo limitaba a 4 años naturales, pero la acusación reclamaba desde el 2014 al 2020. Debiendo de excluirse, en todo caso los intereses y recargos, que no eran computables.

Extremo este último contemplado por la acusación, pero que no afecta a la responsabilidad civil.

Como expuso el Ministerio Fiscal en sus alegaciones finales, su petición es por un delito del art. 307 y 307 bis, y las STS de 4 de octubre de 2012, 30 de mayo de 2018 y 11 de septiembre de 2019, precisamente sí que posibilitan en el ámbito de la responsabilidad civil que la extensión de efectos supere los 4 años. En el mismo sentido se ha pronunciado la Letrada de la TGSS, diferenciando con claridad los dos parámetros y cómo en el ámbito de la responsabilidad civil no existe el límite de los cuatro años ni la exclusión de los intereses y recargos. Las cantidades defraudadas, principal, como condición objetiva de punibilidad, constan en las certificaciones iniciales y escrito de acusación, son:

-período 2015 al 2018: 122.769,30 cuotas defraudadas en el RETA, CB, MIACAR y DISEÑO HÓRREO

-período 2016 al 2019: 156.166,03 euros, cuotas defraudadas en el RETA, CB, MIACAR y DISEÑO HÓRREO

Los recargos deben conformar la responsabilidad civil a abonar, tal como actualmente recoge el art. 307. 6 CP y venía indicando reiterada Jurisprudencia, y que sigue manteniendo, entre la que destacamos, la STS 1115/2024, de 4 de diciembre (EDJ 2024/763216) , en la que se destaca la diferencia entre la cuota defraudada y la responsabilidad civil , con mención a la STS del Pleno 551/2022, de 2 de junio (EDJ 2022/600025) , entre otras.

En consecuencia, la petición se considera correcta, no concurriendo los motivos invocados por la defensa, siendo patente la demostración del intento de defraudar y no pagar la deuda.

CUARTO. Art. 307 CP .

El contenido del fundamento jurídico anterior, tal y como hemos ido argumentando, determina la incardinación de la conducta del acusado en el delito previsto y penado en el art. 307 del CP.

Acreditado el impago sistemático de las cuotas de la Seguridad Social en el período que nos ocupa concurre una conducta defraudatoria (si consideramos este elemento consustancial a la acción típica, como sostiene alguna reciente Sentencia del Tribunal Supremo) o un ánimo defraudatorio (si atendemos a la tesis más tradicional que entiende que tal ánimo conforma el elemento subjetivo) pues, en síntesis y sin necesidad de reiterar argumentos largamente expuestos, la actuación del acusado, a través de las empresas que gestionaba, dedicadas a una misma actividad, fue dirigida a eludir el pago de las cuotas correspondientes a sus trabajadores, trasvasándolos de unas sociedades que ya habían generado deudas a otras libres de cargas - dificultando así que la referida Administración conociera y accionara en función del montante total de la deuda.

La conducta defraudatoria es una, aunque se haya desplegado a lo largo de un período de tiempo.

El importe de las cuotas defraudadas por Adrian, sin intereses ni recargos, según se peticionó y declaramos probado, en el período 2015 al 2018 asciende a 122.769,30 euros (RETA, CB, MIACAR y DISEÑO HÓRREO) y en el período 2016 al 2019 asciende a 156.166,03 euros (RETA, CB, MIACAR y DISEÑO HÓRREO).

Se supera el importe de la deuda los 120.000 euros, resulta de aplicación el tipo agravado contemplado en la letra a) del art. 307 bis.1 del CP.

No se entra en la valoración del tipo el previsto en la letra c), dado que fue expresamente excluido tanto por el ministerio Fiscal como por la Letrada de la TGSS.

QUINTO. Circunstancias modificativas.

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

SEXTO. Pena.

Prevé el art. 307 bis una pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía debida cuando en la comisión de los hechos concurriera alguna de las circunstancias en él previstas.

Estima la Sala, atendida la horquilla expresada y los hechos probados, que procede la imposición de una pena de 3 años y medio prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena ( art. 56.2 CP ).

Asimismo, procede la imposición de una pena de multa del triple de la cuantía de la deuda generada 836.805,99 euros (278.935,33x3), con responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de cuatro meses de prisión.

No se ha acreditado que haya sido regularizada la deuda en los términos previstos en el art. 307.3 del CP.

Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 307 bis 3 del CP procede imponer al acusado la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de cinco años. El precepto prevé una extensión entre 4 y 8.

SÉPTIMO. Responsabilidad Civil.

El artículo 116 del Código Penal determina que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente, si del hecho se derivaren daños o perjuicios. La responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales, a tenor de lo previsto en el artículo 110 del citado texto legal.

Asimismo, el art. 307.6 del CP , tal y como expusimos precedentemente, establece que la responsabilidad civil comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social. (6. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administración no haya liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio").

De acuerdo con lo peticionado en las conclusiones finales, la responsabilidad civil de la que responde el acusado se fija en 416.645,71 euros cantidad que devengará los intereses del art. 576 de la LEC, desde la fecha de la presente resolución, con la responsabilidad subsidiaria de las siguientes empresas y por los siguientes importes:

Miacar peluquería SL: 21.500.

Team Salón SL 12.202,80

Diseño Hórreo 51 bajo SL: 55454,81

Diseño As cancelas: 26695,21

Diseño Pontevedra SL: 5342,13

Diseño Vilagarcía: 588,43

OCTAVO. Costas.

El artículo 123 del Código Penal manifiesta taxativamente que las costas procesales se entienden impuestas por ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

Por ello, procede la condena del acusado al pago de las costas procesales que incluirán las de la acusación particular ejercida por la Letrada de la TGSS.

Sin que proceda especial pronunciamiento con relación a las generadas contra la acusada.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO. Delito contra la Seguridad Social.

Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito contra la Seguridad Social previsto y penado en el art. 307 y 307 bis 1. a) del Código Penal .

Castiga el art. 307 del CP al que "por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros".

En relación con este tipo penal, recoge la STS nº 477/2022 de 18 de mayo de 2025, que el bien jurídico protegido es "la parte del patrimonio del sistema de la Seguridad Social correspondiente a las cuotas debidas por el sujeto obligado. Con la salvaguardia de este patrimonio se cumple, a su vez, la doble función recaudatoria y protectora de la Seguridad Social. Es necesario preservar la función recaudatoria para que el sistema de la Seguridad Social desarrolle la acción protectora que proclama el artículo 41 de la Constitución Española , al atribuir a los poderes públicos la instauración de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos".

Partiendo de la naturaleza dolosa del delito, explica la Sentencia anteriormente citada que el tipo penal que nos ocupa puede cometerse por acción u omisión; que son tres las formas comisivas posibles, a saber: a.- Eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, b.- Obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o c.- Disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida; que es preciso, como elemento objetivo, que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de 50.000 euros; y que, en todo caso, la acción típica exige que se haga además defraudando.

Afirma literalmente la citada sentencia que "La acción típica no es no pagar, sino defraudar eludiendo el pago de las cuotas. Por ello, la descripción típica de la conducta no se limita a establecer como elemento del tipo objetivo la falta de pago de una cantidad debida, es decir, el incumplimiento del deber de pagar cuando tal deber exista y se supere una determinada cantidad, sino que exige que ello se haga, además, defraudando".Dicho de otro mod, "Nos encontramos con lo que la mejor doctrina denomina como un delito compuesto alternativo o acumulativo (defraudar a través de cualquiera o de más de una de las tres conductas alternativas), por lo que es imprescindible que se defraude a la Seguridad Social mediante cualquiera de las conductas comisivas por acción u omisión".

Afirma la citada STS 477/2022 que la obligación de pago de las cuotas de la Seguridad Social es "de puntual pago periódico (...) por lo que si se tratara de una imposibilidad puntual de atender sus obligaciones de pago lo que se debe hacer es trasladar y comunicarse con la Administración acreedora para fijar aplazamientos u otras fórmulas de pago, pero no articular todo un sistema enfocado a la conducta defraudadora, que es lo que determina la condena por el tipo penal del art. 307 CP " .

En consecuencia, nos encontramos ante un tipo penal que exige el ánimo tendencial del fraude a la Administración al exigir, no solo la elusión del pago, sino que ello se haga mediante defraudación, por lo que no puede entenderse que se persigue penalmente a quien no puede temporalmente pagar lo que corresponde, o a quien simplemente ha decidido no pagar, aun cuando deba luego hacer frente a las correspondientes sanciones administrativas a causa del impago. Ni tampoco a quien, no declarando correctamente, sin embargo, paga lo que procede si ello fuera posible.

Y en estos casos no se trata tanto de la aplicación del principio de intervención mínima de derecho penal, -no es ese el ámbito de un alegato defensivo en estos supuestos-, sino de que la sanción penal está prevista para quien defrauda eludiendo, es decir, para quién ocultando la realidad, no paga.

Es más, afirma la reciente STS 27/2025, de 20 de enero (EDJ 2025/501755) , que "si los verbos nucleares de la acción descrita en el tipo son "defraudar" y "eludir", la exigencia de una conducta defraudatoria constituye un elemento objetivo del tipo y no puede ser entendida como un elemento subjetivo que trascienda a la estricta realización de la conducta descrita, convirtiendo el delito del artículo 307 en uno de tendencia interna. Defraudar, por tanto, no equivale a dejar de pagar las cuotas con ánimo defraudatorio, sino a eludir su pago (y eludir es tanto, según el Diccionario, como evitar con astucia una obligación) mediante una conducta defraudatoria, activa u omisiva. De este modo, la exigencia de esa conducta defraudatoria constituye un filtro de tipicidad objetiva, que permite que el tipo respete los principios de subsidiariedad y fragmentariedad del Derecho Penal, sin necesidad de adentrarse en el ánimo interno del obligado al pago".

Considera la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la que son exponentes las dos sentencias ya citadas, que para determinar la concurrencia de ese elemento tendencial de la conducta típica será necesario que el Juez o Tribunal realicen y expongan en su resolución el proceso de inferencia derivado de la prueba practicada que evalúe "el contexto y alcance de la situación de impago"( STS 477/2022) e identifique un mecanismo artificioso normalmente asociado a la ocultación de la deuda, como por ejemplo, citan las SSTS 15 y 25/2025 "La creación de empresas ficticias, entramados empresariales con complicadas estructuras que permiten tapar a los reales responsables, la fraudulenta sucesión de empresas para romper los hilos con deudas preexistentes..."que "son algunas de las fórmulas habituales aptas para generar ese engaño que trata de confundir sobre la realidad y colmar el elemento de fraude que requieren estas tipicidades. Cuando se usan esas artimañas para ocultar deudas o fingir la desaparición de la deudora, e imposibilitar el cobro, estaremos ante modalidades de fraude ".En definitiva, se requiere de una actitud colaborativa reiterada del deudor que haga palpable su voluntad seria y persistente de no atender sus obligaciones o, en otras palabras "la ocultación mendaz o engañosa, por acción u omisión, a la Seguridad Social, de datos relevantes para la determinación de la cantidad a ingresar a ésta en concepto de cuotas, de tal forma que la Seguridad Social desconozca los hechos que fundamenten el origen y la cuantía de la deuda, bien sea total o parcialmente. Equivale a esquivar el pago de las cuotas, a través de una declaración falsa (acción) o también por no hacer la declaración debida (omisión) ( SSTS 582/2018, de 22 de noviembre ( EDJ 2018/649936) ; 564/2018, de 19 de noviembre (EDJ 2018/645295 ) ; y 1046/2009, de 27 de octubre (EDJ 2009/307290) )".( STS 477/2022).

Expresa la STS 957/2023, de 21 de diciembre (EDJ 2023/812189) que "Estamos, según convienen doctrina y jurisprudencia, ante un delito especial, es decir, de aquellos que solo pueden ser cometidos por un círculo específico de sujetos; en este caso, quien en virtud de la legislación sectorial está obligado al pago de las cuotas de seguridad social o conceptos de recaudación conjunta. Los elementos normativos jurídico-administrativos manejados por el tipo conducen a un presupuesto del delito consistente en la existencia de una relación jurídica entre la Seguridad Social y el empresario o empleador. Las conductas defraudatorias de omisión sólo pueden realizarse por el obligado; no por un tercero ajeno a esa relación".

"Es claro, de un lado, que al recurrente le es trasladable esa cualidad especial en virtud del mecanismo establecido en el art. 31 CP (EDL 1995/16398) -actuaciones en nombre de otro-. Él era administrador de derecho en la mayor parte de los casos y en alguno, al menos administrador de hecho, de las empresas deudoras.

Por otro lado, las estrechas relaciones entre todas las empresas y la común o casi común titularidad consienten esa contemplación global o conjunta: estamos ante un único empresario y un único negocio aunque formalmente esté despiezado y diversificado a través de entes societarios diferenciados. No puede convertirse esa metodología en una forma de eludir la responsabilidad penal por la vía de fraccionar artificiosamente la deuda con la seguridad social que materialmente ha de asumir un empresario. El mecanismo de interponer varias personas jurídicas detrás de las cuales se halla el mismo sujeto invita levantar al velo a estos efectos: un velo que en este caso es transparente. No logra tapar -ni lo intenta seguramente- la realidad empresarial única".

Por su parte el art. 307 bis contempla modalidades agravadas del tipo penal básico que acabamos de analizar, disponiendo:

"1. El delito contra la Seguridad Social será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando en la comisión del delito concurriera alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento veinte mil euros.

(...)

c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito".

Como expusimos precedentemente, la modalidad agravada del apartado c) fue excluida por las acusaciones, pública y privada, limitándose a la letra a).

SEGUNDO. Nicolasa.

Partiendo de estas premisas legales y jurisprudenciales, procede descartar en el desarrollo de la conducta defraudatoria que se atribuye a los acusados la participación de doña Nicolasa ya que no era quien gestionaba, administraba y/o regentaba el negocio y las distintas sociedades, ni quien creó las creo, con ánimo de defraudar a la Seguridad Social, siendo únicamente partícipe en la inicial comunidad de bienes.

Decisión que cabe adoptar con base a:

1) Su propia declaración, en la que expone cuál era su papel, inicialmente como peluquera y después, cuando nacieron los hijos de ambos, desligada de la actividad laboral. No volvió a ella desde el 2005. No llevaba los papeles, tampoco lo relativo a autónomos.

2) La declaración del acusado, su esposo, quien en su declaración expresó que era él quien se encargaba de la gestión, administración de las distintas empresas, asumiendo todas las decisiones empresariales. Cuando montaron el negocio ella se encargó de la formación de peluqueros y él del resto. Todas las decisiones las tomaba él. Cuando tuvieron sus dos hijos ella se quedó en casa para cuidarlos y únicamente acudía para temas puntuales, como peinar una novia o similar. Si bien negó su intención de defraudar con la creación de la sociedad limitada, dijo que la decisión de dar de baja la Comunidad de Bienes y crear la sociedad limitada fue suya. Su esposa no tuvo nada que ver.

3) Consta como administradora de la Comunidad de Bienes, junto con su esposo, pero no es la administradora de las sucesivas empresas, siendo él quien las creó y administraba.

4) La declaración de los testigos empleados y asesor, que inciden en el rol de la acusada y el del acusado, este último como único empresario real. Consta así:

a) Josefina: empleada, era Adrian el que llevaba todo el tema de las nóminas y contratación.

b) Elisenda: empleada, Adrian era quien contrataba, despedía y se encargaba de las nóminas.

c) Leticia: empleada, hacía al menos 20 años que no veía a la acusada. Inicialmente la acusada se dedicó a la formación. Los primeros años. Después ya no estaba.

d) Ramón: asesor fiscal. Lo conocía a él. A ella no la conocía.

e) Jesús Luis: asesor laboral. Lo conocía a él. A ella no la conocía.

f) Policía Nacional NUM002: el dueño de los negocios era Adrian.

g) Policía Nacional NUM003: el dueño efectivo y máximo responsable de los negocios era Adrian.

En atención a todo ello y atendidos, el derecho a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, es por lo que la sala considera que los hechos atribuidos a la acusada no constan debidamente acreditados, lo que motiva su absolución.

TERCERO. Adrian.

Los hechos declarados probados resultan acreditados por la prueba practicada en el acto del juicio oral y que resulta suficiente, a criterio de la Sala, para enervar el derecho a la presunción de inocencia del acusado, Adrian ( art. 24 CE ).

Consideramos acreditado el impago de las cuotas de la Seguridad Social por parte de las distintas mercantiles por la documental incorporada a la causa y consistente en las certificaciones de deuda emitidas por la citada Administración que, además, no han resultado desvirtuadas por el acusado, a lo que se suman los informes de la Inspección. Así como también el trasvase de trabajadores, la sucesión empresarial, la no presentación de un plan de pagos, la no presentación de la documentación de cotización de los trabajadores, la no solicitud de aplazamiento de la deuda, la no presentación de cuentas de MIACAR ante el Registro Mercantil, la no convocatoria de Junta General, ni la solicitud de concurso de acreedores o de una disolución de la sociedad. Decisión que adoptamos sobre la base de las siguientes pruebas y valoraciones:

1)Ambos acusados constituyeron la empresa DIRECCION000 CB, en régimen de comunidad de bienes (CIF- NUM004 - CCC NUM005):

a) El alta del primer trabajador se produce el 02/12/1993 y causa baja por carecer de trabajadores el 25/10/2017, si bien en mayo de 2017, cuando acumula una importante cantidad de deuda con la Seguridad Social se produjo el trasvase de trabajadores a una nueva empresa constituida por Adrian denominada MIACAR PELUQUERÍAS, SL.

b) La administración de la empresa era llevada por Adrian.

c) Su actividad era la correspondiente al CNAE09 9602, es decir, la peluquería y otros tratamientos de belleza.

d) Su domicilio se fijó en el polígono de Fontiñas de Santiago de Compostela en el centro comercial Área Central, local 22, local en el que posteriormente se constituiría la peluquería MIACAR PELUQUERÍAS, SL, cuyo administrador único era el acusado Adrian.

e) La empresa DIRECCION000 CB entre el 01/2009 y 10/2019 generó una deuda por importe de 555.399,14-€, incluidas dos actas de infracción y una reclamación por prestaciones indebidas. En el periodo comprendido entre 10/2016 y 10/2019 la deuda derivada del impago de cuotas de Seguridad Social por parte de DIRECCION000, CB ascendió a 235.229,35-€ (la deuda por cuotas no pagadas es hasta 05/2017 y en el importe total de la deuda están incluidas dos actas de infracción por enero y noviembre de 2018 y una reclamación por prestaciones indebidas por 10/2019).

f) La empresa dejó de cumplir las obligaciones en materia de liquidación de cuotas impuestas en el artículo 29 de la LGSS ( es decir, dejó de cumplir la obligación de transmitir las liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social) desde el mes de 10/2016 hasta dar de baja a la empresa en octubre de 2017.

g) La empresa dejó de cumplir la obligación de comunicar los conceptos retributivos abonados a los trabajadores en los términos impuestos en el artículo 147.3 de la LGSS desde el mes de 10/2016 hasta dar de baja a la empresa en octubre de 2017.

h) La empresa nunca solicitó aplazamiento de pago de las deudas.

i) La deuda de la comunidad de bienes fue derivada a los dos comuneros acusados, siendo la comunidad de bienes una sociedad irregular. Todo ello en virtud de la solicitud de derivación efectuada por la Inspección de Trabajo el 03/03/2017, quien indicó que los comuneros no asistieron a las distintas citaciones ni aportaron en ningún caso la documentación requerida, levantándose actas de infracción por obstrucción a la labor inspectora por incomparecencia y no remisión de documentación.

j) La empresa ha tenido un total de 143 trabajadores en alta, lo que es demostrativo de su volumen de actividad.

k) A pesar del impago de cuotas a la Seguridad Social, del Modelo 347 de Hacienda la sociedad no declaraba ventas, pero sí declaraba compras directas e indirectas por elevados importes (2013: compras directas 121.590,65 y ventas indirectas 52.949,89. 2014: compras directas 46.298,78 y compras indirectas 88.044,75. 2015 compras indirectas 80.020,66. 2016 compras indirectas 50.388,39. 2017, compras indirectas 15.962,88. 2018 compras indirectas 10.213,31 y 2019 compras indirectas 9.823,54). Únicamente declaró ventas en el ejercicio 2014 (ventas directas: 22.296,36 y ventas indirectas: 28.089,42), pero a empresas de las que fue administrador el propio acusado Adrian (DISEÑO HÓRREO 51 BAJO, SL, DISEÑO AS CANCELAS, SL y DISEÑO VILAGARCÍA, SL).

2)Una vez que la comunidad de bienes acumuló importantes cantidades de deuda y sin solución de continuidad, Adrian procedió a constituir la sociedad MIACAR PELUQUERÍAS, SL para continuar idéntica actividad, pero bajo distinta forma jurídica:

a) Su domicilio era el mismo que el de DIRECCION000, CB, en el polígono de Fontiñas de Santiago de Compostela en el centro comercial Área Central, local 22.

b) El administrador era Adrian.

c) Su actividad era la correspondiente a peluquería y otros tratamientos de belleza.

d) Tenía de alta a 6 trabajadores de los cuales 5, dados de alta el 01/06/2017, estuvieron trabajando hasta el día anterior en DIRECCION000, CB.

e) La empresa nunca solicitó aplazamiento de pago de las deudas.

f) Acumuló deuda con la Seguridad Social por importe de 117.478,11-€ por el periodo comprendido entre 01/2018 y 08/2020.

g) La empresa ha tenido un total de 17 trabajadores en alta, lo que es demostrativo de actividad rentable. Continúa en situación de alta en la actualidad.

h) A pesar del impago de cuotas a la Seguridad Social, del Modelo 347 de Hacienda se deriva que, durante los ejercicios 2017 a 2019, la sociedad no declaró ventas, pero declaró compras directas (2017: 14.935,75. 2018: 42.478,60. 2019: 16.068,82) e indirectas (2017: 11.907,34. 2018: 9.914,80. 2019: 3400,43) por elevados importes.

i) La empresa nunca depositó sus cuentas en el Registro Mercantil.

j) No le constan bienes a su nombre.

3) Sucesión empresarial: concluye el informe de fecha 28 de enero de 2019, adjuntado por la TGSS como documentación complementaria, elaborado por la Inspección de Trabajo, que entre DIRECCION000, CB y MIACAR PELUQUERÍAS, SL existió una sucesión empresarial opaca, con el único objeto de evitar el abono de las deudas generadas por la primera, dificultando el cobro a los acreedores, entre ellos la TGSS y evitando de ese modo las consecuencias legales de la falta de abono, por lo que se crea una nueva sociedad, MIACAR PELUQUERÍAS, SL, que asumió el salón de peluquería que hasta el momento venía explotando la empresa DIRECCION000, CB, en el mismo domicilio, con los mismos trabajadores reconociéndoles su antigüedad, tratándose de la misma actividad y con indicios de transmisión de elementos patrimoniales. A lo que se suma la utilización del mismo proveedor PRO DUO SPAIN, SL. Ambas empresas efectúan compras por elevados importes al proveedor PRO DUO SPAIN, SL, siendo todas esas compras efectuadas en efectivo.

4) Adrian había sido administrador de otras sociedades dedicadas a la misma actividad de peluquería (en la provincia de A Coruña, DISEÑO HÓRREO 51 BAJO, SL y DISEÑO AS CANCELAS, SL), entre las que existía confusión patrimonial al producirse trasvase de trabajadores y compras y ventas entre las distintas sociedades que aquel administraba. El tipo de operativa realizado entre DIRECCION000, CB y MIACAR PELUQUERÍAS, SL ya fue utilizada por el acusado cuando traspasó a un total de 7 trabajadores de DIRECCION000 CB a DISEÑO HÓRREO 51 BAJO, SL entre el 31/12/2012 y 01/01/2013.

5) Adrian acumuló una deuda en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) por importe de 35.942,34-€, en el periodo comprendido entre 2014 - 2021, además de deuda en el régimen general correspondiente a la derivación de la deuda de DIRECCION000, CB.

6) Adrian, con el ánimo de defraudar los intereses de la Seguridad Social, utilizando el entramado de empresas en las que participaba, eludió el pago de cuotas a la Seguridad Social incumpliendo de manera reiterada la obligación de comunicar los conceptos retributivos abonados a los trabajadores, así como la obligación de presentar y transmitir las liquidaciones a través del sistema RED, sin solicitar aplazamientos, sin depositar cuentas en el Registro Mercantil, sin declarar ventas a pesar del elevado volumen de compras existentes y contando con actas de infracción por obstrucción de la labor inspectora al no acudir a las comparecencias ni aportar la documentación que le era requerida. En el ejercicio de la referida actividad de peluquería, Adrian, por sí o como administrador de la sociedad, decidió no abonar las cuotas a la Seguridad Social tanto propias (deuda RETA) como de los trabajadores de sus empresas (deuda RG, régimen general).

7) Utilizando el anterior proceder, se generaron las siguientes deudas con la Seguridad Social por falta de abono de cuotas durante los ejercicios 2009 a 2021. La TGSS referencia las deudas objeto de defraudación correspondientes al periodo 2014 a 2021:

a) Deudas RG Empresa: DIRECCION000, CB (CCC NUM005):

2014: 277,77 principal+74,26 de intereses + 97,21 recargo. Total: 449,24.

2015: 2097,39 principal+509,35 de intereses + 734,10 recargo. Total: 3.340,84.

2016: 33.124,50 principal+6.601,31 de intereses + 10.488,33 recargo. Total: 52.674,37.

01-05-2017: 34.388,18 principal+6.250,33 de intereses + 12.035,86 recargo. Total: 50.214,14.

Total: 69.887,84 de principal. Sumados intereses y recargo total 106.678,59.

b) Deudas RG Empresa: DISEÑO HÓRREO 51 BAJO, SL (CCC 15 117792429) *no se computa la deuda de derivación.

Ejercicio 02-03/2016. Principal 4886,94. Intereses 992,49. Recargo 1375,39. Total 7.254,82.

c) Deudas RG Empresa: MIACAR PELUQUERÍAS, SL (CCC 15 1217967111):

2018: 32.778,25 principal+3.361,754,26 de intereses + 6555,64 recargo. Total: 42695,64.

2019: 34888,72 principal+2088,66 de intereses + 6977,76 recargo. Total: 43.955,14.

2020: 35.406,52 principal+888,45 de intereses + 7081,28 recargo. Total: 43376,25.

01-2021: 2746,35 principal+ 0 de intereses + 549,27 recargo. Total: 3.295,62.

Total:105.819,84principal. Sumados intereses y recargo total 133.322,65.

d) Adrian (NAF NUM006) *no se computa la deuda por derivación.

2014: 1416,24 principal+392,35 de intereses + 283,23 recargo. Total: 2091,82.

2015: 3792,24 principal+925,43 de intereses + 758,52 recargo. Total: 5476,19.

2016: 3289,92 principal+755,29 de intereses + 766,08 recargo. Total: 5351,29.

2017: 4136,52 principal+633,95 de intereses + 827,34 recargo. Total: 5597,81.

2018: 4302,36 principal+469,59 de intereses + 860,52 recargo. Total: 5632,47.

2019: 4370,64 principal+280,30 de intereses + 874,08 recargo. Total: 5525,02.

2020: 4381,59 principal+120,38 de intereses + 876,27 recargo. Total: 5378,24.

2021: 739,38 principal+ 2,25 de intereses + 147,87 recargo. Total: 889,50.

Total: 26968,89 de principal. Sumados intereses y recargo total 35942,34.

8) En contra de lo afirmado por la defensa del acusado, la sucesión en el tiempo de los períodos de deuda de las distintas sociedades, permiten afirmar y considerar acreditado un impago sistemático de las cuotas de la Seguridad Social. Este impago sistemático constituye, a juicio de este Tribunal, el primer indicio de la conducta defraudatoria que nos ocupa en la medida en que, efectivamente, no se trata de una imposibilidad transitoria de hacer frente a las obligaciones con la Seguridad Social, más aún si lo contemplamos en su conjunto y no de forma aislada para cada una de las empresas.

9) Las declaraciones vertidas en el acto del juicio por los Policías Nacionales NUM002 y NUM003 de la Unidad Central de delincuencia económica y fiscal. Así como por Leovigildo, director provincial de la TGSS de A Coruña y don Juan Pedro, subinspector laboral de empleo y seguridad social, posibilitan extraer estas consideraciones e integran prueba clave de ningún modo desvirtuada. Siendo la prueba documental suscrita por los mismos y sus manifestaciones vertidas en el acto del juicio expresivas de la realidad del impago sistemático de las cuotas, sucesión empresarial y trasvase de trabajadores, consecuentemente de un patente ánimo defraudatorio.

10) Las declaraciones de Juan Pedro, inspector laboral, que fue quien acudió en el año 2016 detalló, en congruencia con lo manifestado por el asesor y autorizado RED, que únicamente se le facilitó la documentación relativa a la constitución de la empresa. Lo que así declaró el asesor, porque nada más tenía.

11) La declaración de Leovigildo, director provincial de la TGSS, ratificó su informe y su exposición en el sentido de que las deudas con la Seguridad Social prácticamente existían desde el primer momento de constitución de la comunidad de bienes. Incidió en la ausencia de abono de las cotizaciones mensuales, la no colaboración del acusado, y que, existiendo la obligación de presentar los boletines de cotización de los trabajadores, en algunas ocasiones los presentaban y no pagaban y en otras no se presentaban, pero desde el año 2016 la Comunidad de bienes dejó de presentarlos. Ni siquiera ingresaban la cuota obrera.

12) La manifestación principal de la conducta defraudatoria o mendaz desplegada por el acusado es el trasvase de trabajadores que fue haciendo de forma sucesiva de sociedades que ya habían generado un importe de deuda, a otras libres de cargas, dedicadas a la misma actividad siendo que, además, la práctica totalidad de ellas carecían de bienes sobre los que desplegar la acción ejecutiva de la Administración. La realidad del trasvase de trabajadores queda acreditada por numerosa prueba documental y testifical. Siendo claro el informe de la Inspección Laboral, folios 210 y siguientes, del año 2016 y el ulterior del año 2018, adjuntado como prueba complementaria. El trasvase de trabajadores se hizo necesariamente para eludir el pago de las cuotas de la Seguridad Social y - en palabras de la jurisprudencia que ya hemos citado en esta resolución- con la clara finalidad de que dicha Administración desconociera los hechos que fundamentaban el origen y la cuantía de la deuda, siquiera parcialmente, permitiendo al acusado seguir desarrollando la misma actividad empresarial a través de sucesivas mercantiles inicialmente solventes que, de igual forma, dejaban de pagar las cuotas de cotización. En contra de la tesis del acusado, entiende este Tribunal que en la conformación del elemento del tipo consistente en la defraudación tiene relevancia que el trasvase de trabajadores se hizo de una sociedad a otra cuando, en realidad, todas ellas desarrollaban una misma actividad empresarial en el campo de la peluquería.

13) No existen dudas acerca de la gestión asumida y desarrollada por el acusado, así como del fraude cometido:

a) impago sistemático de cotizaciones,

b) incumplimiento sistemático tanto de la obligación de comunicar los conceptos retributivos abonados a los trabajadores, como de la obligación de presentar y transmitir los documentos de cotización por el sistema RED.

c) nula intención de obtener aplazamientos de pago ante la TGSS.

d) la constitución de diversas sociedades por parte de don Adrian con el mismo objeto social, de las que se valió para realizar sucesivas actividades similares en los mismos o distintos domicilios físicos, con los mismos trabajadores en algunas de ellas, por lo que obtenía beneficios mientras seguía generando deuda.

14) No constituye argumento exculpatorio la existencia de un asesor en determinada época, en concreto en la de MIACAR, porque nada se comunica a la Seguridad Social, nada se regulariza ni abona. Quien fue asesor laboral, Jesús Luis, de APOIO ASESORES, declaró en el acto del juicio que acudió a una entrevista con la Inspección, pero no tenía documentación. Sabían que existían deudas y todo se le comunicaba al acusado, al administrador, al igual que las providencias de apremio.

15) Tampoco constituye un argumento exculpatorio la invocación de una insolvencia. Pese a todo, pese a la argumentación de la defensa de inexistencia de solvencia, el acusado siguió abriendo nuevos locales y no abonaba las cuotas a la Seguridad Social. Con nueva dejación de aportación de documentación tras la segunda inspección en el año 2018.

16) La defensa del acusado, en sede de conclusiones destacó que la cantidad reclamada no era correcta y que el artículo 307.2 CP lo limitaba a 4 años naturales, pero la acusación reclamaba desde el 2014 al 2020. Debiendo de excluirse, en todo caso los intereses y recargos, que no eran computables.

Extremo este último contemplado por la acusación, pero que no afecta a la responsabilidad civil.

Como expuso el Ministerio Fiscal en sus alegaciones finales, su petición es por un delito del art. 307 y 307 bis, y las STS de 4 de octubre de 2012, 30 de mayo de 2018 y 11 de septiembre de 2019, precisamente sí que posibilitan en el ámbito de la responsabilidad civil que la extensión de efectos supere los 4 años. En el mismo sentido se ha pronunciado la Letrada de la TGSS, diferenciando con claridad los dos parámetros y cómo en el ámbito de la responsabilidad civil no existe el límite de los cuatro años ni la exclusión de los intereses y recargos. Las cantidades defraudadas, principal, como condición objetiva de punibilidad, constan en las certificaciones iniciales y escrito de acusación, son:

-período 2015 al 2018: 122.769,30 cuotas defraudadas en el RETA, CB, MIACAR y DISEÑO HÓRREO

-período 2016 al 2019: 156.166,03 euros, cuotas defraudadas en el RETA, CB, MIACAR y DISEÑO HÓRREO

Los recargos deben conformar la responsabilidad civil a abonar, tal como actualmente recoge el art. 307. 6 CP y venía indicando reiterada Jurisprudencia, y que sigue manteniendo, entre la que destacamos, la STS 1115/2024, de 4 de diciembre (EDJ 2024/763216) , en la que se destaca la diferencia entre la cuota defraudada y la responsabilidad civil , con mención a la STS del Pleno 551/2022, de 2 de junio (EDJ 2022/600025) , entre otras.

En consecuencia, la petición se considera correcta, no concurriendo los motivos invocados por la defensa, siendo patente la demostración del intento de defraudar y no pagar la deuda.

CUARTO. Art. 307 CP .

El contenido del fundamento jurídico anterior, tal y como hemos ido argumentando, determina la incardinación de la conducta del acusado en el delito previsto y penado en el art. 307 del CP.

Acreditado el impago sistemático de las cuotas de la Seguridad Social en el período que nos ocupa concurre una conducta defraudatoria (si consideramos este elemento consustancial a la acción típica, como sostiene alguna reciente Sentencia del Tribunal Supremo) o un ánimo defraudatorio (si atendemos a la tesis más tradicional que entiende que tal ánimo conforma el elemento subjetivo) pues, en síntesis y sin necesidad de reiterar argumentos largamente expuestos, la actuación del acusado, a través de las empresas que gestionaba, dedicadas a una misma actividad, fue dirigida a eludir el pago de las cuotas correspondientes a sus trabajadores, trasvasándolos de unas sociedades que ya habían generado deudas a otras libres de cargas - dificultando así que la referida Administración conociera y accionara en función del montante total de la deuda.

La conducta defraudatoria es una, aunque se haya desplegado a lo largo de un período de tiempo.

El importe de las cuotas defraudadas por Adrian, sin intereses ni recargos, según se peticionó y declaramos probado, en el período 2015 al 2018 asciende a 122.769,30 euros (RETA, CB, MIACAR y DISEÑO HÓRREO) y en el período 2016 al 2019 asciende a 156.166,03 euros (RETA, CB, MIACAR y DISEÑO HÓRREO).

Se supera el importe de la deuda los 120.000 euros, resulta de aplicación el tipo agravado contemplado en la letra a) del art. 307 bis.1 del CP.

No se entra en la valoración del tipo el previsto en la letra c), dado que fue expresamente excluido tanto por el ministerio Fiscal como por la Letrada de la TGSS.

QUINTO. Circunstancias modificativas.

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

SEXTO. Pena.

Prevé el art. 307 bis una pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía debida cuando en la comisión de los hechos concurriera alguna de las circunstancias en él previstas.

Estima la Sala, atendida la horquilla expresada y los hechos probados, que procede la imposición de una pena de 3 años y medio prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena ( art. 56.2 CP ).

Asimismo, procede la imposición de una pena de multa del triple de la cuantía de la deuda generada 836.805,99 euros (278.935,33x3), con responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de cuatro meses de prisión.

No se ha acreditado que haya sido regularizada la deuda en los términos previstos en el art. 307.3 del CP.

Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 307 bis 3 del CP procede imponer al acusado la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de cinco años. El precepto prevé una extensión entre 4 y 8.

SÉPTIMO. Responsabilidad Civil.

El artículo 116 del Código Penal determina que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente, si del hecho se derivaren daños o perjuicios. La responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales, a tenor de lo previsto en el artículo 110 del citado texto legal.

Asimismo, el art. 307.6 del CP , tal y como expusimos precedentemente, establece que la responsabilidad civil comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social. (6. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administración no haya liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio").

De acuerdo con lo peticionado en las conclusiones finales, la responsabilidad civil de la que responde el acusado se fija en 416.645,71 euros cantidad que devengará los intereses del art. 576 de la LEC, desde la fecha de la presente resolución, con la responsabilidad subsidiaria de las siguientes empresas y por los siguientes importes:

Miacar peluquería SL: 21.500.

Team Salón SL 12.202,80

Diseño Hórreo 51 bajo SL: 55454,81

Diseño As cancelas: 26695,21

Diseño Pontevedra SL: 5342,13

Diseño Vilagarcía: 588,43

OCTAVO. Costas.

El artículo 123 del Código Penal manifiesta taxativamente que las costas procesales se entienden impuestas por ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

Por ello, procede la condena del acusado al pago de las costas procesales que incluirán las de la acusación particular ejercida por la Letrada de la TGSS.

Sin que proceda especial pronunciamiento con relación a las generadas contra la acusada.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO. Delito contra la Seguridad Social.

Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito contra la Seguridad Social previsto y penado en el art. 307 y 307 bis 1. a) del Código Penal .

Castiga el art. 307 del CP al que "por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros".

En relación con este tipo penal, recoge la STS nº 477/2022 de 18 de mayo de 2025, que el bien jurídico protegido es "la parte del patrimonio del sistema de la Seguridad Social correspondiente a las cuotas debidas por el sujeto obligado. Con la salvaguardia de este patrimonio se cumple, a su vez, la doble función recaudatoria y protectora de la Seguridad Social. Es necesario preservar la función recaudatoria para que el sistema de la Seguridad Social desarrolle la acción protectora que proclama el artículo 41 de la Constitución Española , al atribuir a los poderes públicos la instauración de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos".

Partiendo de la naturaleza dolosa del delito, explica la Sentencia anteriormente citada que el tipo penal que nos ocupa puede cometerse por acción u omisión; que son tres las formas comisivas posibles, a saber: a.- Eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, b.- Obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o c.- Disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida; que es preciso, como elemento objetivo, que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de 50.000 euros; y que, en todo caso, la acción típica exige que se haga además defraudando.

Afirma literalmente la citada sentencia que "La acción típica no es no pagar, sino defraudar eludiendo el pago de las cuotas. Por ello, la descripción típica de la conducta no se limita a establecer como elemento del tipo objetivo la falta de pago de una cantidad debida, es decir, el incumplimiento del deber de pagar cuando tal deber exista y se supere una determinada cantidad, sino que exige que ello se haga, además, defraudando".Dicho de otro mod, "Nos encontramos con lo que la mejor doctrina denomina como un delito compuesto alternativo o acumulativo (defraudar a través de cualquiera o de más de una de las tres conductas alternativas), por lo que es imprescindible que se defraude a la Seguridad Social mediante cualquiera de las conductas comisivas por acción u omisión".

Afirma la citada STS 477/2022 que la obligación de pago de las cuotas de la Seguridad Social es "de puntual pago periódico (...) por lo que si se tratara de una imposibilidad puntual de atender sus obligaciones de pago lo que se debe hacer es trasladar y comunicarse con la Administración acreedora para fijar aplazamientos u otras fórmulas de pago, pero no articular todo un sistema enfocado a la conducta defraudadora, que es lo que determina la condena por el tipo penal del art. 307 CP " .

En consecuencia, nos encontramos ante un tipo penal que exige el ánimo tendencial del fraude a la Administración al exigir, no solo la elusión del pago, sino que ello se haga mediante defraudación, por lo que no puede entenderse que se persigue penalmente a quien no puede temporalmente pagar lo que corresponde, o a quien simplemente ha decidido no pagar, aun cuando deba luego hacer frente a las correspondientes sanciones administrativas a causa del impago. Ni tampoco a quien, no declarando correctamente, sin embargo, paga lo que procede si ello fuera posible.

Y en estos casos no se trata tanto de la aplicación del principio de intervención mínima de derecho penal, -no es ese el ámbito de un alegato defensivo en estos supuestos-, sino de que la sanción penal está prevista para quien defrauda eludiendo, es decir, para quién ocultando la realidad, no paga.

Es más, afirma la reciente STS 27/2025, de 20 de enero (EDJ 2025/501755) , que "si los verbos nucleares de la acción descrita en el tipo son "defraudar" y "eludir", la exigencia de una conducta defraudatoria constituye un elemento objetivo del tipo y no puede ser entendida como un elemento subjetivo que trascienda a la estricta realización de la conducta descrita, convirtiendo el delito del artículo 307 en uno de tendencia interna. Defraudar, por tanto, no equivale a dejar de pagar las cuotas con ánimo defraudatorio, sino a eludir su pago (y eludir es tanto, según el Diccionario, como evitar con astucia una obligación) mediante una conducta defraudatoria, activa u omisiva. De este modo, la exigencia de esa conducta defraudatoria constituye un filtro de tipicidad objetiva, que permite que el tipo respete los principios de subsidiariedad y fragmentariedad del Derecho Penal, sin necesidad de adentrarse en el ánimo interno del obligado al pago".

Considera la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la que son exponentes las dos sentencias ya citadas, que para determinar la concurrencia de ese elemento tendencial de la conducta típica será necesario que el Juez o Tribunal realicen y expongan en su resolución el proceso de inferencia derivado de la prueba practicada que evalúe "el contexto y alcance de la situación de impago"( STS 477/2022) e identifique un mecanismo artificioso normalmente asociado a la ocultación de la deuda, como por ejemplo, citan las SSTS 15 y 25/2025 "La creación de empresas ficticias, entramados empresariales con complicadas estructuras que permiten tapar a los reales responsables, la fraudulenta sucesión de empresas para romper los hilos con deudas preexistentes..."que "son algunas de las fórmulas habituales aptas para generar ese engaño que trata de confundir sobre la realidad y colmar el elemento de fraude que requieren estas tipicidades. Cuando se usan esas artimañas para ocultar deudas o fingir la desaparición de la deudora, e imposibilitar el cobro, estaremos ante modalidades de fraude ".En definitiva, se requiere de una actitud colaborativa reiterada del deudor que haga palpable su voluntad seria y persistente de no atender sus obligaciones o, en otras palabras "la ocultación mendaz o engañosa, por acción u omisión, a la Seguridad Social, de datos relevantes para la determinación de la cantidad a ingresar a ésta en concepto de cuotas, de tal forma que la Seguridad Social desconozca los hechos que fundamenten el origen y la cuantía de la deuda, bien sea total o parcialmente. Equivale a esquivar el pago de las cuotas, a través de una declaración falsa (acción) o también por no hacer la declaración debida (omisión) ( SSTS 582/2018, de 22 de noviembre ( EDJ 2018/649936) ; 564/2018, de 19 de noviembre (EDJ 2018/645295 ) ; y 1046/2009, de 27 de octubre (EDJ 2009/307290) )".( STS 477/2022).

Expresa la STS 957/2023, de 21 de diciembre (EDJ 2023/812189) que "Estamos, según convienen doctrina y jurisprudencia, ante un delito especial, es decir, de aquellos que solo pueden ser cometidos por un círculo específico de sujetos; en este caso, quien en virtud de la legislación sectorial está obligado al pago de las cuotas de seguridad social o conceptos de recaudación conjunta. Los elementos normativos jurídico-administrativos manejados por el tipo conducen a un presupuesto del delito consistente en la existencia de una relación jurídica entre la Seguridad Social y el empresario o empleador. Las conductas defraudatorias de omisión sólo pueden realizarse por el obligado; no por un tercero ajeno a esa relación".

"Es claro, de un lado, que al recurrente le es trasladable esa cualidad especial en virtud del mecanismo establecido en el art. 31 CP (EDL 1995/16398) -actuaciones en nombre de otro-. Él era administrador de derecho en la mayor parte de los casos y en alguno, al menos administrador de hecho, de las empresas deudoras.

Por otro lado, las estrechas relaciones entre todas las empresas y la común o casi común titularidad consienten esa contemplación global o conjunta: estamos ante un único empresario y un único negocio aunque formalmente esté despiezado y diversificado a través de entes societarios diferenciados. No puede convertirse esa metodología en una forma de eludir la responsabilidad penal por la vía de fraccionar artificiosamente la deuda con la seguridad social que materialmente ha de asumir un empresario. El mecanismo de interponer varias personas jurídicas detrás de las cuales se halla el mismo sujeto invita levantar al velo a estos efectos: un velo que en este caso es transparente. No logra tapar -ni lo intenta seguramente- la realidad empresarial única".

Por su parte el art. 307 bis contempla modalidades agravadas del tipo penal básico que acabamos de analizar, disponiendo:

"1. El delito contra la Seguridad Social será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando en la comisión del delito concurriera alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento veinte mil euros.

(...)

c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito".

Como expusimos precedentemente, la modalidad agravada del apartado c) fue excluida por las acusaciones, pública y privada, limitándose a la letra a).

SEGUNDO. Nicolasa.

Partiendo de estas premisas legales y jurisprudenciales, procede descartar en el desarrollo de la conducta defraudatoria que se atribuye a los acusados la participación de doña Nicolasa ya que no era quien gestionaba, administraba y/o regentaba el negocio y las distintas sociedades, ni quien creó las creo, con ánimo de defraudar a la Seguridad Social, siendo únicamente partícipe en la inicial comunidad de bienes.

Decisión que cabe adoptar con base a:

1) Su propia declaración, en la que expone cuál era su papel, inicialmente como peluquera y después, cuando nacieron los hijos de ambos, desligada de la actividad laboral. No volvió a ella desde el 2005. No llevaba los papeles, tampoco lo relativo a autónomos.

2) La declaración del acusado, su esposo, quien en su declaración expresó que era él quien se encargaba de la gestión, administración de las distintas empresas, asumiendo todas las decisiones empresariales. Cuando montaron el negocio ella se encargó de la formación de peluqueros y él del resto. Todas las decisiones las tomaba él. Cuando tuvieron sus dos hijos ella se quedó en casa para cuidarlos y únicamente acudía para temas puntuales, como peinar una novia o similar. Si bien negó su intención de defraudar con la creación de la sociedad limitada, dijo que la decisión de dar de baja la Comunidad de Bienes y crear la sociedad limitada fue suya. Su esposa no tuvo nada que ver.

3) Consta como administradora de la Comunidad de Bienes, junto con su esposo, pero no es la administradora de las sucesivas empresas, siendo él quien las creó y administraba.

4) La declaración de los testigos empleados y asesor, que inciden en el rol de la acusada y el del acusado, este último como único empresario real. Consta así:

a) Josefina: empleada, era Adrian el que llevaba todo el tema de las nóminas y contratación.

b) Elisenda: empleada, Adrian era quien contrataba, despedía y se encargaba de las nóminas.

c) Leticia: empleada, hacía al menos 20 años que no veía a la acusada. Inicialmente la acusada se dedicó a la formación. Los primeros años. Después ya no estaba.

d) Ramón: asesor fiscal. Lo conocía a él. A ella no la conocía.

e) Jesús Luis: asesor laboral. Lo conocía a él. A ella no la conocía.

f) Policía Nacional NUM002: el dueño de los negocios era Adrian.

g) Policía Nacional NUM003: el dueño efectivo y máximo responsable de los negocios era Adrian.

En atención a todo ello y atendidos, el derecho a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, es por lo que la sala considera que los hechos atribuidos a la acusada no constan debidamente acreditados, lo que motiva su absolución.

TERCERO. Adrian.

Los hechos declarados probados resultan acreditados por la prueba practicada en el acto del juicio oral y que resulta suficiente, a criterio de la Sala, para enervar el derecho a la presunción de inocencia del acusado, Adrian ( art. 24 CE ).

Consideramos acreditado el impago de las cuotas de la Seguridad Social por parte de las distintas mercantiles por la documental incorporada a la causa y consistente en las certificaciones de deuda emitidas por la citada Administración que, además, no han resultado desvirtuadas por el acusado, a lo que se suman los informes de la Inspección. Así como también el trasvase de trabajadores, la sucesión empresarial, la no presentación de un plan de pagos, la no presentación de la documentación de cotización de los trabajadores, la no solicitud de aplazamiento de la deuda, la no presentación de cuentas de MIACAR ante el Registro Mercantil, la no convocatoria de Junta General, ni la solicitud de concurso de acreedores o de una disolución de la sociedad. Decisión que adoptamos sobre la base de las siguientes pruebas y valoraciones:

1)Ambos acusados constituyeron la empresa DIRECCION000 CB, en régimen de comunidad de bienes (CIF- NUM004 - CCC NUM005):

a) El alta del primer trabajador se produce el 02/12/1993 y causa baja por carecer de trabajadores el 25/10/2017, si bien en mayo de 2017, cuando acumula una importante cantidad de deuda con la Seguridad Social se produjo el trasvase de trabajadores a una nueva empresa constituida por Adrian denominada MIACAR PELUQUERÍAS, SL.

b) La administración de la empresa era llevada por Adrian.

c) Su actividad era la correspondiente al CNAE09 9602, es decir, la peluquería y otros tratamientos de belleza.

d) Su domicilio se fijó en el polígono de Fontiñas de Santiago de Compostela en el centro comercial Área Central, local 22, local en el que posteriormente se constituiría la peluquería MIACAR PELUQUERÍAS, SL, cuyo administrador único era el acusado Adrian.

e) La empresa DIRECCION000 CB entre el 01/2009 y 10/2019 generó una deuda por importe de 555.399,14-€, incluidas dos actas de infracción y una reclamación por prestaciones indebidas. En el periodo comprendido entre 10/2016 y 10/2019 la deuda derivada del impago de cuotas de Seguridad Social por parte de DIRECCION000, CB ascendió a 235.229,35-€ (la deuda por cuotas no pagadas es hasta 05/2017 y en el importe total de la deuda están incluidas dos actas de infracción por enero y noviembre de 2018 y una reclamación por prestaciones indebidas por 10/2019).

f) La empresa dejó de cumplir las obligaciones en materia de liquidación de cuotas impuestas en el artículo 29 de la LGSS ( es decir, dejó de cumplir la obligación de transmitir las liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social) desde el mes de 10/2016 hasta dar de baja a la empresa en octubre de 2017.

g) La empresa dejó de cumplir la obligación de comunicar los conceptos retributivos abonados a los trabajadores en los términos impuestos en el artículo 147.3 de la LGSS desde el mes de 10/2016 hasta dar de baja a la empresa en octubre de 2017.

h) La empresa nunca solicitó aplazamiento de pago de las deudas.

i) La deuda de la comunidad de bienes fue derivada a los dos comuneros acusados, siendo la comunidad de bienes una sociedad irregular. Todo ello en virtud de la solicitud de derivación efectuada por la Inspección de Trabajo el 03/03/2017, quien indicó que los comuneros no asistieron a las distintas citaciones ni aportaron en ningún caso la documentación requerida, levantándose actas de infracción por obstrucción a la labor inspectora por incomparecencia y no remisión de documentación.

j) La empresa ha tenido un total de 143 trabajadores en alta, lo que es demostrativo de su volumen de actividad.

k) A pesar del impago de cuotas a la Seguridad Social, del Modelo 347 de Hacienda la sociedad no declaraba ventas, pero sí declaraba compras directas e indirectas por elevados importes (2013: compras directas 121.590,65 y ventas indirectas 52.949,89. 2014: compras directas 46.298,78 y compras indirectas 88.044,75. 2015 compras indirectas 80.020,66. 2016 compras indirectas 50.388,39. 2017, compras indirectas 15.962,88. 2018 compras indirectas 10.213,31 y 2019 compras indirectas 9.823,54). Únicamente declaró ventas en el ejercicio 2014 (ventas directas: 22.296,36 y ventas indirectas: 28.089,42), pero a empresas de las que fue administrador el propio acusado Adrian (DISEÑO HÓRREO 51 BAJO, SL, DISEÑO AS CANCELAS, SL y DISEÑO VILAGARCÍA, SL).

2)Una vez que la comunidad de bienes acumuló importantes cantidades de deuda y sin solución de continuidad, Adrian procedió a constituir la sociedad MIACAR PELUQUERÍAS, SL para continuar idéntica actividad, pero bajo distinta forma jurídica:

a) Su domicilio era el mismo que el de DIRECCION000, CB, en el polígono de Fontiñas de Santiago de Compostela en el centro comercial Área Central, local 22.

b) El administrador era Adrian.

c) Su actividad era la correspondiente a peluquería y otros tratamientos de belleza.

d) Tenía de alta a 6 trabajadores de los cuales 5, dados de alta el 01/06/2017, estuvieron trabajando hasta el día anterior en DIRECCION000, CB.

e) La empresa nunca solicitó aplazamiento de pago de las deudas.

f) Acumuló deuda con la Seguridad Social por importe de 117.478,11-€ por el periodo comprendido entre 01/2018 y 08/2020.

g) La empresa ha tenido un total de 17 trabajadores en alta, lo que es demostrativo de actividad rentable. Continúa en situación de alta en la actualidad.

h) A pesar del impago de cuotas a la Seguridad Social, del Modelo 347 de Hacienda se deriva que, durante los ejercicios 2017 a 2019, la sociedad no declaró ventas, pero declaró compras directas (2017: 14.935,75. 2018: 42.478,60. 2019: 16.068,82) e indirectas (2017: 11.907,34. 2018: 9.914,80. 2019: 3400,43) por elevados importes.

i) La empresa nunca depositó sus cuentas en el Registro Mercantil.

j) No le constan bienes a su nombre.

3) Sucesión empresarial: concluye el informe de fecha 28 de enero de 2019, adjuntado por la TGSS como documentación complementaria, elaborado por la Inspección de Trabajo, que entre DIRECCION000, CB y MIACAR PELUQUERÍAS, SL existió una sucesión empresarial opaca, con el único objeto de evitar el abono de las deudas generadas por la primera, dificultando el cobro a los acreedores, entre ellos la TGSS y evitando de ese modo las consecuencias legales de la falta de abono, por lo que se crea una nueva sociedad, MIACAR PELUQUERÍAS, SL, que asumió el salón de peluquería que hasta el momento venía explotando la empresa DIRECCION000, CB, en el mismo domicilio, con los mismos trabajadores reconociéndoles su antigüedad, tratándose de la misma actividad y con indicios de transmisión de elementos patrimoniales. A lo que se suma la utilización del mismo proveedor PRO DUO SPAIN, SL. Ambas empresas efectúan compras por elevados importes al proveedor PRO DUO SPAIN, SL, siendo todas esas compras efectuadas en efectivo.

4) Adrian había sido administrador de otras sociedades dedicadas a la misma actividad de peluquería (en la provincia de A Coruña, DISEÑO HÓRREO 51 BAJO, SL y DISEÑO AS CANCELAS, SL), entre las que existía confusión patrimonial al producirse trasvase de trabajadores y compras y ventas entre las distintas sociedades que aquel administraba. El tipo de operativa realizado entre DIRECCION000, CB y MIACAR PELUQUERÍAS, SL ya fue utilizada por el acusado cuando traspasó a un total de 7 trabajadores de DIRECCION000 CB a DISEÑO HÓRREO 51 BAJO, SL entre el 31/12/2012 y 01/01/2013.

5) Adrian acumuló una deuda en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) por importe de 35.942,34-€, en el periodo comprendido entre 2014 - 2021, además de deuda en el régimen general correspondiente a la derivación de la deuda de DIRECCION000, CB.

6) Adrian, con el ánimo de defraudar los intereses de la Seguridad Social, utilizando el entramado de empresas en las que participaba, eludió el pago de cuotas a la Seguridad Social incumpliendo de manera reiterada la obligación de comunicar los conceptos retributivos abonados a los trabajadores, así como la obligación de presentar y transmitir las liquidaciones a través del sistema RED, sin solicitar aplazamientos, sin depositar cuentas en el Registro Mercantil, sin declarar ventas a pesar del elevado volumen de compras existentes y contando con actas de infracción por obstrucción de la labor inspectora al no acudir a las comparecencias ni aportar la documentación que le era requerida. En el ejercicio de la referida actividad de peluquería, Adrian, por sí o como administrador de la sociedad, decidió no abonar las cuotas a la Seguridad Social tanto propias (deuda RETA) como de los trabajadores de sus empresas (deuda RG, régimen general).

7) Utilizando el anterior proceder, se generaron las siguientes deudas con la Seguridad Social por falta de abono de cuotas durante los ejercicios 2009 a 2021. La TGSS referencia las deudas objeto de defraudación correspondientes al periodo 2014 a 2021:

a) Deudas RG Empresa: DIRECCION000, CB (CCC NUM005):

2014: 277,77 principal+74,26 de intereses + 97,21 recargo. Total: 449,24.

2015: 2097,39 principal+509,35 de intereses + 734,10 recargo. Total: 3.340,84.

2016: 33.124,50 principal+6.601,31 de intereses + 10.488,33 recargo. Total: 52.674,37.

01-05-2017: 34.388,18 principal+6.250,33 de intereses + 12.035,86 recargo. Total: 50.214,14.

Total: 69.887,84 de principal. Sumados intereses y recargo total 106.678,59.

b) Deudas RG Empresa: DISEÑO HÓRREO 51 BAJO, SL (CCC 15 117792429) *no se computa la deuda de derivación.

Ejercicio 02-03/2016. Principal 4886,94. Intereses 992,49. Recargo 1375,39. Total 7.254,82.

c) Deudas RG Empresa: MIACAR PELUQUERÍAS, SL (CCC 15 1217967111):

2018: 32.778,25 principal+3.361,754,26 de intereses + 6555,64 recargo. Total: 42695,64.

2019: 34888,72 principal+2088,66 de intereses + 6977,76 recargo. Total: 43.955,14.

2020: 35.406,52 principal+888,45 de intereses + 7081,28 recargo. Total: 43376,25.

01-2021: 2746,35 principal+ 0 de intereses + 549,27 recargo. Total: 3.295,62.

Total:105.819,84principal. Sumados intereses y recargo total 133.322,65.

d) Adrian (NAF NUM006) *no se computa la deuda por derivación.

2014: 1416,24 principal+392,35 de intereses + 283,23 recargo. Total: 2091,82.

2015: 3792,24 principal+925,43 de intereses + 758,52 recargo. Total: 5476,19.

2016: 3289,92 principal+755,29 de intereses + 766,08 recargo. Total: 5351,29.

2017: 4136,52 principal+633,95 de intereses + 827,34 recargo. Total: 5597,81.

2018: 4302,36 principal+469,59 de intereses + 860,52 recargo. Total: 5632,47.

2019: 4370,64 principal+280,30 de intereses + 874,08 recargo. Total: 5525,02.

2020: 4381,59 principal+120,38 de intereses + 876,27 recargo. Total: 5378,24.

2021: 739,38 principal+ 2,25 de intereses + 147,87 recargo. Total: 889,50.

Total: 26968,89 de principal. Sumados intereses y recargo total 35942,34.

8) En contra de lo afirmado por la defensa del acusado, la sucesión en el tiempo de los períodos de deuda de las distintas sociedades, permiten afirmar y considerar acreditado un impago sistemático de las cuotas de la Seguridad Social. Este impago sistemático constituye, a juicio de este Tribunal, el primer indicio de la conducta defraudatoria que nos ocupa en la medida en que, efectivamente, no se trata de una imposibilidad transitoria de hacer frente a las obligaciones con la Seguridad Social, más aún si lo contemplamos en su conjunto y no de forma aislada para cada una de las empresas.

9) Las declaraciones vertidas en el acto del juicio por los Policías Nacionales NUM002 y NUM003 de la Unidad Central de delincuencia económica y fiscal. Así como por Leovigildo, director provincial de la TGSS de A Coruña y don Juan Pedro, subinspector laboral de empleo y seguridad social, posibilitan extraer estas consideraciones e integran prueba clave de ningún modo desvirtuada. Siendo la prueba documental suscrita por los mismos y sus manifestaciones vertidas en el acto del juicio expresivas de la realidad del impago sistemático de las cuotas, sucesión empresarial y trasvase de trabajadores, consecuentemente de un patente ánimo defraudatorio.

10) Las declaraciones de Juan Pedro, inspector laboral, que fue quien acudió en el año 2016 detalló, en congruencia con lo manifestado por el asesor y autorizado RED, que únicamente se le facilitó la documentación relativa a la constitución de la empresa. Lo que así declaró el asesor, porque nada más tenía.

11) La declaración de Leovigildo, director provincial de la TGSS, ratificó su informe y su exposición en el sentido de que las deudas con la Seguridad Social prácticamente existían desde el primer momento de constitución de la comunidad de bienes. Incidió en la ausencia de abono de las cotizaciones mensuales, la no colaboración del acusado, y que, existiendo la obligación de presentar los boletines de cotización de los trabajadores, en algunas ocasiones los presentaban y no pagaban y en otras no se presentaban, pero desde el año 2016 la Comunidad de bienes dejó de presentarlos. Ni siquiera ingresaban la cuota obrera.

12) La manifestación principal de la conducta defraudatoria o mendaz desplegada por el acusado es el trasvase de trabajadores que fue haciendo de forma sucesiva de sociedades que ya habían generado un importe de deuda, a otras libres de cargas, dedicadas a la misma actividad siendo que, además, la práctica totalidad de ellas carecían de bienes sobre los que desplegar la acción ejecutiva de la Administración. La realidad del trasvase de trabajadores queda acreditada por numerosa prueba documental y testifical. Siendo claro el informe de la Inspección Laboral, folios 210 y siguientes, del año 2016 y el ulterior del año 2018, adjuntado como prueba complementaria. El trasvase de trabajadores se hizo necesariamente para eludir el pago de las cuotas de la Seguridad Social y - en palabras de la jurisprudencia que ya hemos citado en esta resolución- con la clara finalidad de que dicha Administración desconociera los hechos que fundamentaban el origen y la cuantía de la deuda, siquiera parcialmente, permitiendo al acusado seguir desarrollando la misma actividad empresarial a través de sucesivas mercantiles inicialmente solventes que, de igual forma, dejaban de pagar las cuotas de cotización. En contra de la tesis del acusado, entiende este Tribunal que en la conformación del elemento del tipo consistente en la defraudación tiene relevancia que el trasvase de trabajadores se hizo de una sociedad a otra cuando, en realidad, todas ellas desarrollaban una misma actividad empresarial en el campo de la peluquería.

13) No existen dudas acerca de la gestión asumida y desarrollada por el acusado, así como del fraude cometido:

a) impago sistemático de cotizaciones,

b) incumplimiento sistemático tanto de la obligación de comunicar los conceptos retributivos abonados a los trabajadores, como de la obligación de presentar y transmitir los documentos de cotización por el sistema RED.

c) nula intención de obtener aplazamientos de pago ante la TGSS.

d) la constitución de diversas sociedades por parte de don Adrian con el mismo objeto social, de las que se valió para realizar sucesivas actividades similares en los mismos o distintos domicilios físicos, con los mismos trabajadores en algunas de ellas, por lo que obtenía beneficios mientras seguía generando deuda.

14) No constituye argumento exculpatorio la existencia de un asesor en determinada época, en concreto en la de MIACAR, porque nada se comunica a la Seguridad Social, nada se regulariza ni abona. Quien fue asesor laboral, Jesús Luis, de APOIO ASESORES, declaró en el acto del juicio que acudió a una entrevista con la Inspección, pero no tenía documentación. Sabían que existían deudas y todo se le comunicaba al acusado, al administrador, al igual que las providencias de apremio.

15) Tampoco constituye un argumento exculpatorio la invocación de una insolvencia. Pese a todo, pese a la argumentación de la defensa de inexistencia de solvencia, el acusado siguió abriendo nuevos locales y no abonaba las cuotas a la Seguridad Social. Con nueva dejación de aportación de documentación tras la segunda inspección en el año 2018.

16) La defensa del acusado, en sede de conclusiones destacó que la cantidad reclamada no era correcta y que el artículo 307.2 CP lo limitaba a 4 años naturales, pero la acusación reclamaba desde el 2014 al 2020. Debiendo de excluirse, en todo caso los intereses y recargos, que no eran computables.

Extremo este último contemplado por la acusación, pero que no afecta a la responsabilidad civil.

Como expuso el Ministerio Fiscal en sus alegaciones finales, su petición es por un delito del art. 307 y 307 bis, y las STS de 4 de octubre de 2012, 30 de mayo de 2018 y 11 de septiembre de 2019, precisamente sí que posibilitan en el ámbito de la responsabilidad civil que la extensión de efectos supere los 4 años. En el mismo sentido se ha pronunciado la Letrada de la TGSS, diferenciando con claridad los dos parámetros y cómo en el ámbito de la responsabilidad civil no existe el límite de los cuatro años ni la exclusión de los intereses y recargos. Las cantidades defraudadas, principal, como condición objetiva de punibilidad, constan en las certificaciones iniciales y escrito de acusación, son:

-período 2015 al 2018: 122.769,30 cuotas defraudadas en el RETA, CB, MIACAR y DISEÑO HÓRREO

-período 2016 al 2019: 156.166,03 euros, cuotas defraudadas en el RETA, CB, MIACAR y DISEÑO HÓRREO

Los recargos deben conformar la responsabilidad civil a abonar, tal como actualmente recoge el art. 307. 6 CP y venía indicando reiterada Jurisprudencia, y que sigue manteniendo, entre la que destacamos, la STS 1115/2024, de 4 de diciembre (EDJ 2024/763216) , en la que se destaca la diferencia entre la cuota defraudada y la responsabilidad civil , con mención a la STS del Pleno 551/2022, de 2 de junio (EDJ 2022/600025) , entre otras.

En consecuencia, la petición se considera correcta, no concurriendo los motivos invocados por la defensa, siendo patente la demostración del intento de defraudar y no pagar la deuda.

CUARTO. Art. 307 CP .

El contenido del fundamento jurídico anterior, tal y como hemos ido argumentando, determina la incardinación de la conducta del acusado en el delito previsto y penado en el art. 307 del CP.

Acreditado el impago sistemático de las cuotas de la Seguridad Social en el período que nos ocupa concurre una conducta defraudatoria (si consideramos este elemento consustancial a la acción típica, como sostiene alguna reciente Sentencia del Tribunal Supremo) o un ánimo defraudatorio (si atendemos a la tesis más tradicional que entiende que tal ánimo conforma el elemento subjetivo) pues, en síntesis y sin necesidad de reiterar argumentos largamente expuestos, la actuación del acusado, a través de las empresas que gestionaba, dedicadas a una misma actividad, fue dirigida a eludir el pago de las cuotas correspondientes a sus trabajadores, trasvasándolos de unas sociedades que ya habían generado deudas a otras libres de cargas - dificultando así que la referida Administración conociera y accionara en función del montante total de la deuda.

La conducta defraudatoria es una, aunque se haya desplegado a lo largo de un período de tiempo.

El importe de las cuotas defraudadas por Adrian, sin intereses ni recargos, según se peticionó y declaramos probado, en el período 2015 al 2018 asciende a 122.769,30 euros (RETA, CB, MIACAR y DISEÑO HÓRREO) y en el período 2016 al 2019 asciende a 156.166,03 euros (RETA, CB, MIACAR y DISEÑO HÓRREO).

Se supera el importe de la deuda los 120.000 euros, resulta de aplicación el tipo agravado contemplado en la letra a) del art. 307 bis.1 del CP.

No se entra en la valoración del tipo el previsto en la letra c), dado que fue expresamente excluido tanto por el ministerio Fiscal como por la Letrada de la TGSS.

QUINTO. Circunstancias modificativas.

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

SEXTO. Pena.

Prevé el art. 307 bis una pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía debida cuando en la comisión de los hechos concurriera alguna de las circunstancias en él previstas.

Estima la Sala, atendida la horquilla expresada y los hechos probados, que procede la imposición de una pena de 3 años y medio prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena ( art. 56.2 CP ).

Asimismo, procede la imposición de una pena de multa del triple de la cuantía de la deuda generada 836.805,99 euros (278.935,33x3), con responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de cuatro meses de prisión.

No se ha acreditado que haya sido regularizada la deuda en los términos previstos en el art. 307.3 del CP.

Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 307 bis 3 del CP procede imponer al acusado la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de cinco años. El precepto prevé una extensión entre 4 y 8.

SÉPTIMO. Responsabilidad Civil.

El artículo 116 del Código Penal determina que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente, si del hecho se derivaren daños o perjuicios. La responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales, a tenor de lo previsto en el artículo 110 del citado texto legal.

Asimismo, el art. 307.6 del CP , tal y como expusimos precedentemente, establece que la responsabilidad civil comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social. (6. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administración no haya liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio").

De acuerdo con lo peticionado en las conclusiones finales, la responsabilidad civil de la que responde el acusado se fija en 416.645,71 euros cantidad que devengará los intereses del art. 576 de la LEC, desde la fecha de la presente resolución, con la responsabilidad subsidiaria de las siguientes empresas y por los siguientes importes:

Miacar peluquería SL: 21.500.

Team Salón SL 12.202,80

Diseño Hórreo 51 bajo SL: 55454,81

Diseño As cancelas: 26695,21

Diseño Pontevedra SL: 5342,13

Diseño Vilagarcía: 588,43

OCTAVO. Costas.

El artículo 123 del Código Penal manifiesta taxativamente que las costas procesales se entienden impuestas por ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

Por ello, procede la condena del acusado al pago de las costas procesales que incluirán las de la acusación particular ejercida por la Letrada de la TGSS.

Sin que proceda especial pronunciamiento con relación a las generadas contra la acusada.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO. Delito contra la Seguridad Social.

Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito contra la Seguridad Social previsto y penado en el art. 307 y 307 bis 1. a) del Código Penal .

Castiga el art. 307 del CP al que "por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros".

En relación con este tipo penal, recoge la STS nº 477/2022 de 18 de mayo de 2025, que el bien jurídico protegido es "la parte del patrimonio del sistema de la Seguridad Social correspondiente a las cuotas debidas por el sujeto obligado. Con la salvaguardia de este patrimonio se cumple, a su vez, la doble función recaudatoria y protectora de la Seguridad Social. Es necesario preservar la función recaudatoria para que el sistema de la Seguridad Social desarrolle la acción protectora que proclama el artículo 41 de la Constitución Española , al atribuir a los poderes públicos la instauración de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos".

Partiendo de la naturaleza dolosa del delito, explica la Sentencia anteriormente citada que el tipo penal que nos ocupa puede cometerse por acción u omisión; que son tres las formas comisivas posibles, a saber: a.- Eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, b.- Obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o c.- Disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida; que es preciso, como elemento objetivo, que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de 50.000 euros; y que, en todo caso, la acción típica exige que se haga además defraudando.

Afirma literalmente la citada sentencia que "La acción típica no es no pagar, sino defraudar eludiendo el pago de las cuotas. Por ello, la descripción típica de la conducta no se limita a establecer como elemento del tipo objetivo la falta de pago de una cantidad debida, es decir, el incumplimiento del deber de pagar cuando tal deber exista y se supere una determinada cantidad, sino que exige que ello se haga, además, defraudando".Dicho de otro mod, "Nos encontramos con lo que la mejor doctrina denomina como un delito compuesto alternativo o acumulativo (defraudar a través de cualquiera o de más de una de las tres conductas alternativas), por lo que es imprescindible que se defraude a la Seguridad Social mediante cualquiera de las conductas comisivas por acción u omisión".

Afirma la citada STS 477/2022 que la obligación de pago de las cuotas de la Seguridad Social es "de puntual pago periódico (...) por lo que si se tratara de una imposibilidad puntual de atender sus obligaciones de pago lo que se debe hacer es trasladar y comunicarse con la Administración acreedora para fijar aplazamientos u otras fórmulas de pago, pero no articular todo un sistema enfocado a la conducta defraudadora, que es lo que determina la condena por el tipo penal del art. 307 CP " .

En consecuencia, nos encontramos ante un tipo penal que exige el ánimo tendencial del fraude a la Administración al exigir, no solo la elusión del pago, sino que ello se haga mediante defraudación, por lo que no puede entenderse que se persigue penalmente a quien no puede temporalmente pagar lo que corresponde, o a quien simplemente ha decidido no pagar, aun cuando deba luego hacer frente a las correspondientes sanciones administrativas a causa del impago. Ni tampoco a quien, no declarando correctamente, sin embargo, paga lo que procede si ello fuera posible.

Y en estos casos no se trata tanto de la aplicación del principio de intervención mínima de derecho penal, -no es ese el ámbito de un alegato defensivo en estos supuestos-, sino de que la sanción penal está prevista para quien defrauda eludiendo, es decir, para quién ocultando la realidad, no paga.

Es más, afirma la reciente STS 27/2025, de 20 de enero (EDJ 2025/501755) , que "si los verbos nucleares de la acción descrita en el tipo son "defraudar" y "eludir", la exigencia de una conducta defraudatoria constituye un elemento objetivo del tipo y no puede ser entendida como un elemento subjetivo que trascienda a la estricta realización de la conducta descrita, convirtiendo el delito del artículo 307 en uno de tendencia interna. Defraudar, por tanto, no equivale a dejar de pagar las cuotas con ánimo defraudatorio, sino a eludir su pago (y eludir es tanto, según el Diccionario, como evitar con astucia una obligación) mediante una conducta defraudatoria, activa u omisiva. De este modo, la exigencia de esa conducta defraudatoria constituye un filtro de tipicidad objetiva, que permite que el tipo respete los principios de subsidiariedad y fragmentariedad del Derecho Penal, sin necesidad de adentrarse en el ánimo interno del obligado al pago".

Considera la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la que son exponentes las dos sentencias ya citadas, que para determinar la concurrencia de ese elemento tendencial de la conducta típica será necesario que el Juez o Tribunal realicen y expongan en su resolución el proceso de inferencia derivado de la prueba practicada que evalúe "el contexto y alcance de la situación de impago"( STS 477/2022) e identifique un mecanismo artificioso normalmente asociado a la ocultación de la deuda, como por ejemplo, citan las SSTS 15 y 25/2025 "La creación de empresas ficticias, entramados empresariales con complicadas estructuras que permiten tapar a los reales responsables, la fraudulenta sucesión de empresas para romper los hilos con deudas preexistentes..."que "son algunas de las fórmulas habituales aptas para generar ese engaño que trata de confundir sobre la realidad y colmar el elemento de fraude que requieren estas tipicidades. Cuando se usan esas artimañas para ocultar deudas o fingir la desaparición de la deudora, e imposibilitar el cobro, estaremos ante modalidades de fraude ".En definitiva, se requiere de una actitud colaborativa reiterada del deudor que haga palpable su voluntad seria y persistente de no atender sus obligaciones o, en otras palabras "la ocultación mendaz o engañosa, por acción u omisión, a la Seguridad Social, de datos relevantes para la determinación de la cantidad a ingresar a ésta en concepto de cuotas, de tal forma que la Seguridad Social desconozca los hechos que fundamenten el origen y la cuantía de la deuda, bien sea total o parcialmente. Equivale a esquivar el pago de las cuotas, a través de una declaración falsa (acción) o también por no hacer la declaración debida (omisión) ( SSTS 582/2018, de 22 de noviembre ( EDJ 2018/649936) ; 564/2018, de 19 de noviembre (EDJ 2018/645295 ) ; y 1046/2009, de 27 de octubre (EDJ 2009/307290) )".( STS 477/2022).

Expresa la STS 957/2023, de 21 de diciembre (EDJ 2023/812189) que "Estamos, según convienen doctrina y jurisprudencia, ante un delito especial, es decir, de aquellos que solo pueden ser cometidos por un círculo específico de sujetos; en este caso, quien en virtud de la legislación sectorial está obligado al pago de las cuotas de seguridad social o conceptos de recaudación conjunta. Los elementos normativos jurídico-administrativos manejados por el tipo conducen a un presupuesto del delito consistente en la existencia de una relación jurídica entre la Seguridad Social y el empresario o empleador. Las conductas defraudatorias de omisión sólo pueden realizarse por el obligado; no por un tercero ajeno a esa relación".

"Es claro, de un lado, que al recurrente le es trasladable esa cualidad especial en virtud del mecanismo establecido en el art. 31 CP (EDL 1995/16398) -actuaciones en nombre de otro-. Él era administrador de derecho en la mayor parte de los casos y en alguno, al menos administrador de hecho, de las empresas deudoras.

Por otro lado, las estrechas relaciones entre todas las empresas y la común o casi común titularidad consienten esa contemplación global o conjunta: estamos ante un único empresario y un único negocio aunque formalmente esté despiezado y diversificado a través de entes societarios diferenciados. No puede convertirse esa metodología en una forma de eludir la responsabilidad penal por la vía de fraccionar artificiosamente la deuda con la seguridad social que materialmente ha de asumir un empresario. El mecanismo de interponer varias personas jurídicas detrás de las cuales se halla el mismo sujeto invita levantar al velo a estos efectos: un velo que en este caso es transparente. No logra tapar -ni lo intenta seguramente- la realidad empresarial única".

Por su parte el art. 307 bis contempla modalidades agravadas del tipo penal básico que acabamos de analizar, disponiendo:

"1. El delito contra la Seguridad Social será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando en la comisión del delito concurriera alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento veinte mil euros.

(...)

c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito".

Como expusimos precedentemente, la modalidad agravada del apartado c) fue excluida por las acusaciones, pública y privada, limitándose a la letra a).

SEGUNDO. Nicolasa.

Partiendo de estas premisas legales y jurisprudenciales, procede descartar en el desarrollo de la conducta defraudatoria que se atribuye a los acusados la participación de doña Nicolasa ya que no era quien gestionaba, administraba y/o regentaba el negocio y las distintas sociedades, ni quien creó las creo, con ánimo de defraudar a la Seguridad Social, siendo únicamente partícipe en la inicial comunidad de bienes.

Decisión que cabe adoptar con base a:

1) Su propia declaración, en la que expone cuál era su papel, inicialmente como peluquera y después, cuando nacieron los hijos de ambos, desligada de la actividad laboral. No volvió a ella desde el 2005. No llevaba los papeles, tampoco lo relativo a autónomos.

2) La declaración del acusado, su esposo, quien en su declaración expresó que era él quien se encargaba de la gestión, administración de las distintas empresas, asumiendo todas las decisiones empresariales. Cuando montaron el negocio ella se encargó de la formación de peluqueros y él del resto. Todas las decisiones las tomaba él. Cuando tuvieron sus dos hijos ella se quedó en casa para cuidarlos y únicamente acudía para temas puntuales, como peinar una novia o similar. Si bien negó su intención de defraudar con la creación de la sociedad limitada, dijo que la decisión de dar de baja la Comunidad de Bienes y crear la sociedad limitada fue suya. Su esposa no tuvo nada que ver.

3) Consta como administradora de la Comunidad de Bienes, junto con su esposo, pero no es la administradora de las sucesivas empresas, siendo él quien las creó y administraba.

4) La declaración de los testigos empleados y asesor, que inciden en el rol de la acusada y el del acusado, este último como único empresario real. Consta así:

a) Josefina: empleada, era Adrian el que llevaba todo el tema de las nóminas y contratación.

b) Elisenda: empleada, Adrian era quien contrataba, despedía y se encargaba de las nóminas.

c) Leticia: empleada, hacía al menos 20 años que no veía a la acusada. Inicialmente la acusada se dedicó a la formación. Los primeros años. Después ya no estaba.

d) Ramón: asesor fiscal. Lo conocía a él. A ella no la conocía.

e) Jesús Luis: asesor laboral. Lo conocía a él. A ella no la conocía.

f) Policía Nacional NUM002: el dueño de los negocios era Adrian.

g) Policía Nacional NUM003: el dueño efectivo y máximo responsable de los negocios era Adrian.

En atención a todo ello y atendidos, el derecho a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, es por lo que la sala considera que los hechos atribuidos a la acusada no constan debidamente acreditados, lo que motiva su absolución.

TERCERO. Adrian.

Los hechos declarados probados resultan acreditados por la prueba practicada en el acto del juicio oral y que resulta suficiente, a criterio de la Sala, para enervar el derecho a la presunción de inocencia del acusado, Adrian ( art. 24 CE ).

Consideramos acreditado el impago de las cuotas de la Seguridad Social por parte de las distintas mercantiles por la documental incorporada a la causa y consistente en las certificaciones de deuda emitidas por la citada Administración que, además, no han resultado desvirtuadas por el acusado, a lo que se suman los informes de la Inspección. Así como también el trasvase de trabajadores, la sucesión empresarial, la no presentación de un plan de pagos, la no presentación de la documentación de cotización de los trabajadores, la no solicitud de aplazamiento de la deuda, la no presentación de cuentas de MIACAR ante el Registro Mercantil, la no convocatoria de Junta General, ni la solicitud de concurso de acreedores o de una disolución de la sociedad. Decisión que adoptamos sobre la base de las siguientes pruebas y valoraciones:

1)Ambos acusados constituyeron la empresa DIRECCION000 CB, en régimen de comunidad de bienes (CIF- NUM004 - CCC NUM005):

a) El alta del primer trabajador se produce el 02/12/1993 y causa baja por carecer de trabajadores el 25/10/2017, si bien en mayo de 2017, cuando acumula una importante cantidad de deuda con la Seguridad Social se produjo el trasvase de trabajadores a una nueva empresa constituida por Adrian denominada MIACAR PELUQUERÍAS, SL.

b) La administración de la empresa era llevada por Adrian.

c) Su actividad era la correspondiente al CNAE09 9602, es decir, la peluquería y otros tratamientos de belleza.

d) Su domicilio se fijó en el polígono de Fontiñas de Santiago de Compostela en el centro comercial Área Central, local 22, local en el que posteriormente se constituiría la peluquería MIACAR PELUQUERÍAS, SL, cuyo administrador único era el acusado Adrian.

e) La empresa DIRECCION000 CB entre el 01/2009 y 10/2019 generó una deuda por importe de 555.399,14-€, incluidas dos actas de infracción y una reclamación por prestaciones indebidas. En el periodo comprendido entre 10/2016 y 10/2019 la deuda derivada del impago de cuotas de Seguridad Social por parte de DIRECCION000, CB ascendió a 235.229,35-€ (la deuda por cuotas no pagadas es hasta 05/2017 y en el importe total de la deuda están incluidas dos actas de infracción por enero y noviembre de 2018 y una reclamación por prestaciones indebidas por 10/2019).

f) La empresa dejó de cumplir las obligaciones en materia de liquidación de cuotas impuestas en el artículo 29 de la LGSS ( es decir, dejó de cumplir la obligación de transmitir las liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social) desde el mes de 10/2016 hasta dar de baja a la empresa en octubre de 2017.

g) La empresa dejó de cumplir la obligación de comunicar los conceptos retributivos abonados a los trabajadores en los términos impuestos en el artículo 147.3 de la LGSS desde el mes de 10/2016 hasta dar de baja a la empresa en octubre de 2017.

h) La empresa nunca solicitó aplazamiento de pago de las deudas.

i) La deuda de la comunidad de bienes fue derivada a los dos comuneros acusados, siendo la comunidad de bienes una sociedad irregular. Todo ello en virtud de la solicitud de derivación efectuada por la Inspección de Trabajo el 03/03/2017, quien indicó que los comuneros no asistieron a las distintas citaciones ni aportaron en ningún caso la documentación requerida, levantándose actas de infracción por obstrucción a la labor inspectora por incomparecencia y no remisión de documentación.

j) La empresa ha tenido un total de 143 trabajadores en alta, lo que es demostrativo de su volumen de actividad.

k) A pesar del impago de cuotas a la Seguridad Social, del Modelo 347 de Hacienda la sociedad no declaraba ventas, pero sí declaraba compras directas e indirectas por elevados importes (2013: compras directas 121.590,65 y ventas indirectas 52.949,89. 2014: compras directas 46.298,78 y compras indirectas 88.044,75. 2015 compras indirectas 80.020,66. 2016 compras indirectas 50.388,39. 2017, compras indirectas 15.962,88. 2018 compras indirectas 10.213,31 y 2019 compras indirectas 9.823,54). Únicamente declaró ventas en el ejercicio 2014 (ventas directas: 22.296,36 y ventas indirectas: 28.089,42), pero a empresas de las que fue administrador el propio acusado Adrian (DISEÑO HÓRREO 51 BAJO, SL, DISEÑO AS CANCELAS, SL y DISEÑO VILAGARCÍA, SL).

2)Una vez que la comunidad de bienes acumuló importantes cantidades de deuda y sin solución de continuidad, Adrian procedió a constituir la sociedad MIACAR PELUQUERÍAS, SL para continuar idéntica actividad, pero bajo distinta forma jurídica:

a) Su domicilio era el mismo que el de DIRECCION000, CB, en el polígono de Fontiñas de Santiago de Compostela en el centro comercial Área Central, local 22.

b) El administrador era Adrian.

c) Su actividad era la correspondiente a peluquería y otros tratamientos de belleza.

d) Tenía de alta a 6 trabajadores de los cuales 5, dados de alta el 01/06/2017, estuvieron trabajando hasta el día anterior en DIRECCION000, CB.

e) La empresa nunca solicitó aplazamiento de pago de las deudas.

f) Acumuló deuda con la Seguridad Social por importe de 117.478,11-€ por el periodo comprendido entre 01/2018 y 08/2020.

g) La empresa ha tenido un total de 17 trabajadores en alta, lo que es demostrativo de actividad rentable. Continúa en situación de alta en la actualidad.

h) A pesar del impago de cuotas a la Seguridad Social, del Modelo 347 de Hacienda se deriva que, durante los ejercicios 2017 a 2019, la sociedad no declaró ventas, pero declaró compras directas (2017: 14.935,75. 2018: 42.478,60. 2019: 16.068,82) e indirectas (2017: 11.907,34. 2018: 9.914,80. 2019: 3400,43) por elevados importes.

i) La empresa nunca depositó sus cuentas en el Registro Mercantil.

j) No le constan bienes a su nombre.

3) Sucesión empresarial: concluye el informe de fecha 28 de enero de 2019, adjuntado por la TGSS como documentación complementaria, elaborado por la Inspección de Trabajo, que entre DIRECCION000, CB y MIACAR PELUQUERÍAS, SL existió una sucesión empresarial opaca, con el único objeto de evitar el abono de las deudas generadas por la primera, dificultando el cobro a los acreedores, entre ellos la TGSS y evitando de ese modo las consecuencias legales de la falta de abono, por lo que se crea una nueva sociedad, MIACAR PELUQUERÍAS, SL, que asumió el salón de peluquería que hasta el momento venía explotando la empresa DIRECCION000, CB, en el mismo domicilio, con los mismos trabajadores reconociéndoles su antigüedad, tratándose de la misma actividad y con indicios de transmisión de elementos patrimoniales. A lo que se suma la utilización del mismo proveedor PRO DUO SPAIN, SL. Ambas empresas efectúan compras por elevados importes al proveedor PRO DUO SPAIN, SL, siendo todas esas compras efectuadas en efectivo.

4) Adrian había sido administrador de otras sociedades dedicadas a la misma actividad de peluquería (en la provincia de A Coruña, DISEÑO HÓRREO 51 BAJO, SL y DISEÑO AS CANCELAS, SL), entre las que existía confusión patrimonial al producirse trasvase de trabajadores y compras y ventas entre las distintas sociedades que aquel administraba. El tipo de operativa realizado entre DIRECCION000, CB y MIACAR PELUQUERÍAS, SL ya fue utilizada por el acusado cuando traspasó a un total de 7 trabajadores de DIRECCION000 CB a DISEÑO HÓRREO 51 BAJO, SL entre el 31/12/2012 y 01/01/2013.

5) Adrian acumuló una deuda en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) por importe de 35.942,34-€, en el periodo comprendido entre 2014 - 2021, además de deuda en el régimen general correspondiente a la derivación de la deuda de DIRECCION000, CB.

6) Adrian, con el ánimo de defraudar los intereses de la Seguridad Social, utilizando el entramado de empresas en las que participaba, eludió el pago de cuotas a la Seguridad Social incumpliendo de manera reiterada la obligación de comunicar los conceptos retributivos abonados a los trabajadores, así como la obligación de presentar y transmitir las liquidaciones a través del sistema RED, sin solicitar aplazamientos, sin depositar cuentas en el Registro Mercantil, sin declarar ventas a pesar del elevado volumen de compras existentes y contando con actas de infracción por obstrucción de la labor inspectora al no acudir a las comparecencias ni aportar la documentación que le era requerida. En el ejercicio de la referida actividad de peluquería, Adrian, por sí o como administrador de la sociedad, decidió no abonar las cuotas a la Seguridad Social tanto propias (deuda RETA) como de los trabajadores de sus empresas (deuda RG, régimen general).

7) Utilizando el anterior proceder, se generaron las siguientes deudas con la Seguridad Social por falta de abono de cuotas durante los ejercicios 2009 a 2021. La TGSS referencia las deudas objeto de defraudación correspondientes al periodo 2014 a 2021:

a) Deudas RG Empresa: DIRECCION000, CB (CCC NUM005):

2014: 277,77 principal+74,26 de intereses + 97,21 recargo. Total: 449,24.

2015: 2097,39 principal+509,35 de intereses + 734,10 recargo. Total: 3.340,84.

2016: 33.124,50 principal+6.601,31 de intereses + 10.488,33 recargo. Total: 52.674,37.

01-05-2017: 34.388,18 principal+6.250,33 de intereses + 12.035,86 recargo. Total: 50.214,14.

Total: 69.887,84 de principal. Sumados intereses y recargo total 106.678,59.

b) Deudas RG Empresa: DISEÑO HÓRREO 51 BAJO, SL (CCC 15 117792429) *no se computa la deuda de derivación.

Ejercicio 02-03/2016. Principal 4886,94. Intereses 992,49. Recargo 1375,39. Total 7.254,82.

c) Deudas RG Empresa: MIACAR PELUQUERÍAS, SL (CCC 15 1217967111):

2018: 32.778,25 principal+3.361,754,26 de intereses + 6555,64 recargo. Total: 42695,64.

2019: 34888,72 principal+2088,66 de intereses + 6977,76 recargo. Total: 43.955,14.

2020: 35.406,52 principal+888,45 de intereses + 7081,28 recargo. Total: 43376,25.

01-2021: 2746,35 principal+ 0 de intereses + 549,27 recargo. Total: 3.295,62.

Total:105.819,84principal. Sumados intereses y recargo total 133.322,65.

d) Adrian (NAF NUM006) *no se computa la deuda por derivación.

2014: 1416,24 principal+392,35 de intereses + 283,23 recargo. Total: 2091,82.

2015: 3792,24 principal+925,43 de intereses + 758,52 recargo. Total: 5476,19.

2016: 3289,92 principal+755,29 de intereses + 766,08 recargo. Total: 5351,29.

2017: 4136,52 principal+633,95 de intereses + 827,34 recargo. Total: 5597,81.

2018: 4302,36 principal+469,59 de intereses + 860,52 recargo. Total: 5632,47.

2019: 4370,64 principal+280,30 de intereses + 874,08 recargo. Total: 5525,02.

2020: 4381,59 principal+120,38 de intereses + 876,27 recargo. Total: 5378,24.

2021: 739,38 principal+ 2,25 de intereses + 147,87 recargo. Total: 889,50.

Total: 26968,89 de principal. Sumados intereses y recargo total 35942,34.

8) En contra de lo afirmado por la defensa del acusado, la sucesión en el tiempo de los períodos de deuda de las distintas sociedades, permiten afirmar y considerar acreditado un impago sistemático de las cuotas de la Seguridad Social. Este impago sistemático constituye, a juicio de este Tribunal, el primer indicio de la conducta defraudatoria que nos ocupa en la medida en que, efectivamente, no se trata de una imposibilidad transitoria de hacer frente a las obligaciones con la Seguridad Social, más aún si lo contemplamos en su conjunto y no de forma aislada para cada una de las empresas.

9) Las declaraciones vertidas en el acto del juicio por los Policías Nacionales NUM002 y NUM003 de la Unidad Central de delincuencia económica y fiscal. Así como por Leovigildo, director provincial de la TGSS de A Coruña y don Juan Pedro, subinspector laboral de empleo y seguridad social, posibilitan extraer estas consideraciones e integran prueba clave de ningún modo desvirtuada. Siendo la prueba documental suscrita por los mismos y sus manifestaciones vertidas en el acto del juicio expresivas de la realidad del impago sistemático de las cuotas, sucesión empresarial y trasvase de trabajadores, consecuentemente de un patente ánimo defraudatorio.

10) Las declaraciones de Juan Pedro, inspector laboral, que fue quien acudió en el año 2016 detalló, en congruencia con lo manifestado por el asesor y autorizado RED, que únicamente se le facilitó la documentación relativa a la constitución de la empresa. Lo que así declaró el asesor, porque nada más tenía.

11) La declaración de Leovigildo, director provincial de la TGSS, ratificó su informe y su exposición en el sentido de que las deudas con la Seguridad Social prácticamente existían desde el primer momento de constitución de la comunidad de bienes. Incidió en la ausencia de abono de las cotizaciones mensuales, la no colaboración del acusado, y que, existiendo la obligación de presentar los boletines de cotización de los trabajadores, en algunas ocasiones los presentaban y no pagaban y en otras no se presentaban, pero desde el año 2016 la Comunidad de bienes dejó de presentarlos. Ni siquiera ingresaban la cuota obrera.

12) La manifestación principal de la conducta defraudatoria o mendaz desplegada por el acusado es el trasvase de trabajadores que fue haciendo de forma sucesiva de sociedades que ya habían generado un importe de deuda, a otras libres de cargas, dedicadas a la misma actividad siendo que, además, la práctica totalidad de ellas carecían de bienes sobre los que desplegar la acción ejecutiva de la Administración. La realidad del trasvase de trabajadores queda acreditada por numerosa prueba documental y testifical. Siendo claro el informe de la Inspección Laboral, folios 210 y siguientes, del año 2016 y el ulterior del año 2018, adjuntado como prueba complementaria. El trasvase de trabajadores se hizo necesariamente para eludir el pago de las cuotas de la Seguridad Social y - en palabras de la jurisprudencia que ya hemos citado en esta resolución- con la clara finalidad de que dicha Administración desconociera los hechos que fundamentaban el origen y la cuantía de la deuda, siquiera parcialmente, permitiendo al acusado seguir desarrollando la misma actividad empresarial a través de sucesivas mercantiles inicialmente solventes que, de igual forma, dejaban de pagar las cuotas de cotización. En contra de la tesis del acusado, entiende este Tribunal que en la conformación del elemento del tipo consistente en la defraudación tiene relevancia que el trasvase de trabajadores se hizo de una sociedad a otra cuando, en realidad, todas ellas desarrollaban una misma actividad empresarial en el campo de la peluquería.

13) No existen dudas acerca de la gestión asumida y desarrollada por el acusado, así como del fraude cometido:

a) impago sistemático de cotizaciones,

b) incumplimiento sistemático tanto de la obligación de comunicar los conceptos retributivos abonados a los trabajadores, como de la obligación de presentar y transmitir los documentos de cotización por el sistema RED.

c) nula intención de obtener aplazamientos de pago ante la TGSS.

d) la constitución de diversas sociedades por parte de don Adrian con el mismo objeto social, de las que se valió para realizar sucesivas actividades similares en los mismos o distintos domicilios físicos, con los mismos trabajadores en algunas de ellas, por lo que obtenía beneficios mientras seguía generando deuda.

14) No constituye argumento exculpatorio la existencia de un asesor en determinada época, en concreto en la de MIACAR, porque nada se comunica a la Seguridad Social, nada se regulariza ni abona. Quien fue asesor laboral, Jesús Luis, de APOIO ASESORES, declaró en el acto del juicio que acudió a una entrevista con la Inspección, pero no tenía documentación. Sabían que existían deudas y todo se le comunicaba al acusado, al administrador, al igual que las providencias de apremio.

15) Tampoco constituye un argumento exculpatorio la invocación de una insolvencia. Pese a todo, pese a la argumentación de la defensa de inexistencia de solvencia, el acusado siguió abriendo nuevos locales y no abonaba las cuotas a la Seguridad Social. Con nueva dejación de aportación de documentación tras la segunda inspección en el año 2018.

16) La defensa del acusado, en sede de conclusiones destacó que la cantidad reclamada no era correcta y que el artículo 307.2 CP lo limitaba a 4 años naturales, pero la acusación reclamaba desde el 2014 al 2020. Debiendo de excluirse, en todo caso los intereses y recargos, que no eran computables.

Extremo este último contemplado por la acusación, pero que no afecta a la responsabilidad civil.

Como expuso el Ministerio Fiscal en sus alegaciones finales, su petición es por un delito del art. 307 y 307 bis, y las STS de 4 de octubre de 2012, 30 de mayo de 2018 y 11 de septiembre de 2019, precisamente sí que posibilitan en el ámbito de la responsabilidad civil que la extensión de efectos supere los 4 años. En el mismo sentido se ha pronunciado la Letrada de la TGSS, diferenciando con claridad los dos parámetros y cómo en el ámbito de la responsabilidad civil no existe el límite de los cuatro años ni la exclusión de los intereses y recargos. Las cantidades defraudadas, principal, como condición objetiva de punibilidad, constan en las certificaciones iniciales y escrito de acusación, son:

-período 2015 al 2018: 122.769,30 cuotas defraudadas en el RETA, CB, MIACAR y DISEÑO HÓRREO

-período 2016 al 2019: 156.166,03 euros, cuotas defraudadas en el RETA, CB, MIACAR y DISEÑO HÓRREO

Los recargos deben conformar la responsabilidad civil a abonar, tal como actualmente recoge el art. 307. 6 CP y venía indicando reiterada Jurisprudencia, y que sigue manteniendo, entre la que destacamos, la STS 1115/2024, de 4 de diciembre (EDJ 2024/763216) , en la que se destaca la diferencia entre la cuota defraudada y la responsabilidad civil , con mención a la STS del Pleno 551/2022, de 2 de junio (EDJ 2022/600025) , entre otras.

En consecuencia, la petición se considera correcta, no concurriendo los motivos invocados por la defensa, siendo patente la demostración del intento de defraudar y no pagar la deuda.

CUARTO. Art. 307 CP .

El contenido del fundamento jurídico anterior, tal y como hemos ido argumentando, determina la incardinación de la conducta del acusado en el delito previsto y penado en el art. 307 del CP.

Acreditado el impago sistemático de las cuotas de la Seguridad Social en el período que nos ocupa concurre una conducta defraudatoria (si consideramos este elemento consustancial a la acción típica, como sostiene alguna reciente Sentencia del Tribunal Supremo) o un ánimo defraudatorio (si atendemos a la tesis más tradicional que entiende que tal ánimo conforma el elemento subjetivo) pues, en síntesis y sin necesidad de reiterar argumentos largamente expuestos, la actuación del acusado, a través de las empresas que gestionaba, dedicadas a una misma actividad, fue dirigida a eludir el pago de las cuotas correspondientes a sus trabajadores, trasvasándolos de unas sociedades que ya habían generado deudas a otras libres de cargas - dificultando así que la referida Administración conociera y accionara en función del montante total de la deuda.

La conducta defraudatoria es una, aunque se haya desplegado a lo largo de un período de tiempo.

El importe de las cuotas defraudadas por Adrian, sin intereses ni recargos, según se peticionó y declaramos probado, en el período 2015 al 2018 asciende a 122.769,30 euros (RETA, CB, MIACAR y DISEÑO HÓRREO) y en el período 2016 al 2019 asciende a 156.166,03 euros (RETA, CB, MIACAR y DISEÑO HÓRREO).

Se supera el importe de la deuda los 120.000 euros, resulta de aplicación el tipo agravado contemplado en la letra a) del art. 307 bis.1 del CP.

No se entra en la valoración del tipo el previsto en la letra c), dado que fue expresamente excluido tanto por el ministerio Fiscal como por la Letrada de la TGSS.

QUINTO. Circunstancias modificativas.

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

SEXTO. Pena.

Prevé el art. 307 bis una pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía debida cuando en la comisión de los hechos concurriera alguna de las circunstancias en él previstas.

Estima la Sala, atendida la horquilla expresada y los hechos probados, que procede la imposición de una pena de 3 años y medio prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena ( art. 56.2 CP ).

Asimismo, procede la imposición de una pena de multa del triple de la cuantía de la deuda generada 836.805,99 euros (278.935,33x3), con responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de cuatro meses de prisión.

No se ha acreditado que haya sido regularizada la deuda en los términos previstos en el art. 307.3 del CP.

Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 307 bis 3 del CP procede imponer al acusado la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de cinco años. El precepto prevé una extensión entre 4 y 8.

SÉPTIMO. Responsabilidad Civil.

El artículo 116 del Código Penal determina que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente, si del hecho se derivaren daños o perjuicios. La responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales, a tenor de lo previsto en el artículo 110 del citado texto legal.

Asimismo, el art. 307.6 del CP , tal y como expusimos precedentemente, establece que la responsabilidad civil comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social. (6. En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administración no haya liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio").

De acuerdo con lo peticionado en las conclusiones finales, la responsabilidad civil de la que responde el acusado se fija en 416.645,71 euros cantidad que devengará los intereses del art. 576 de la LEC, desde la fecha de la presente resolución, con la responsabilidad subsidiaria de las siguientes empresas y por los siguientes importes:

Miacar peluquería SL: 21.500.

Team Salón SL 12.202,80

Diseño Hórreo 51 bajo SL: 55454,81

Diseño As cancelas: 26695,21

Diseño Pontevedra SL: 5342,13

Diseño Vilagarcía: 588,43

OCTAVO. Costas.

El artículo 123 del Código Penal manifiesta taxativamente que las costas procesales se entienden impuestas por ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

Por ello, procede la condena del acusado al pago de las costas procesales que incluirán las de la acusación particular ejercida por la Letrada de la TGSS.

Sin que proceda especial pronunciamiento con relación a las generadas contra la acusada.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación