Sentencia Penal 392/2024 Audiencia Provincial Civil-penal de Cádiz nº 8, Rec. 46/2023 de 10 de diciembre del 2024

PRIMERO-.Los hechos no constituyen un delito de estafa del artículo 248 del código penal. La STS 3/3/2021 (183/2021) se remite a la STS 262/2019 de 24/5/2019, Rec. 1924/2017 donde apuntaban que: "Sobre los elementos o requisitos necesarios para entender concurrente la infracción penal tipificada como delito de estafa en el art. 248 del Código Penal , se pueden citar los siguientes:

1. Un engaño como requisito esencial por constituir su núcleo o esencia, que ha de ser considerado con entidad suficiente para producir el traspaso patrimonial de carácter precedente o concurrente a la defraudación, maliciosamente provocado.

2. Error esencial en el sujeto pasivo, al dar por ciertos los hechos mendaces simulados por el agente, conocimiento inexacto de la realidad del desplazamiento originador del perjuicio o lesión de sus intereses económicos.

3. Acto de disposición patrimonial consecuencia del engaño sufrido, que en numerosas ocasiones adquiere cuerpo a través de pactos, acuerdos o negocios.

4. Ánimo de lucro, ya sea en beneficio propio o de un tercero, deducible del complejo de los actos realizados

5. Nexo causal entre el engaño provocado y el perjuicio experimentado, apareciendo éste como inexorable resultado."

En el mismo sentido la STS 325/2020 de fecha 17/6/2020 recuerda como la doctrina reiterada de esta Sala señala que comete delito de estafa el que con ánimo de lucro utiliza engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio de sí mismo o de tercero, de donde se infiere que, aparte de la defraudación o perjuicio patrimonial como fin, el elemento característico de este tipo de infracciones punibles es el engaño, que consiste en instigar, persuadir, convencer o mover la voluntad de otro, determinándola a tener por cierto lo que no lo es, constituyendo el núcleo fundamental de la estafa, porque se concreta en la actividad, en los hechos que el sujeto activo ejecuta conforme al plan preconcebido, falta de verdad suficiente, aparente y bastante para producir ese error, como conocimiento viciado de la realidad (por todas, STS 602/2018, de 28 de noviembre).

De otra manera, como dice la STS. 628/2005 de 13/5/2005: "Para que concurra la figura delictiva de que se trata, resulta precisa la concurrencia de esa relación interactiva montada sobre la simulación de circunstancias que no existen o la disimulación de las realmente existentes, como medio para mover la voluntad de quien es titular de bienes o derechos o puede disponer de los mismos en términos que no se habrían dado de resultar conocida la real naturaleza de la operación".

En la misma línea, la STS de fecha 27/7/2016, incide en como ya habían declarado con reiteración (ad exemplum, STS 229/2007, de 22 de marzo y STS 21/2013, de 25 de enero), que el engaño típico en el delito de estafa es aquel que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo para provocar el error determinante del desplazamiento patrimonial que se persigue por el autor del delito.

Y la STS 338/2019 de fecha 24/7/2019 remitiéndose a la sentencia de dicha Sala núm. 386/2014, de 14 de octubre, con cita expresa de la sentencia núm. 802/2007, de 16 de octubre tras recordar que "la línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra el patrimonio, se sitúa la tipicidad, de modo que únicamente si la conducta del agente se incardina en el precepto penal tipificado del delito de estafa es punible la acción, no suponiendo ello criminalizar todo incumplimiento contractual, porque el ordenamiento jurídico establece remedios para restablecer el imperio del Derecho cuando es conculcado por vicios puramente civiles";incide en que en el ilícito penal de la estafa, el sujeto activo sabe desde el momento de la concreción contractual que no querrá o no podrá cumplir la contraprestación que le incumbe -S. 1045/94 de 13.5 -. Así la criminalización de los negocios civiles y mercantiles se produce cuando el propósito defraudatorio se produce antes o al momento de la celebración del contrato y es capaz de mover la voluntad de la otra parte, a diferencia del dolo "subsequens" del mero incumplimiento contractual ( sentencias por todas de 16.8.91, 24.3.92, 5.3.93 y 16.7.96)".

La nota del engaño bastante que aparece como elemento normativo del tipo de estafa, tratando de reconducir la idoneidad o suficiencia del engaño a su adecuación en cada caso concreto, por lo que en ese juicio de idoneidad tiene indudablemente importancia la operatividad que resulte del principio de autorresponsabilidad. Por ello, la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal niega el juicio de tipicidad que define este delito en aquellos casos en los que la propia indolencia, y un sentido de la credulidad no merecedor de tutela penal, hayan estado en el origen del acto dispositivo; si bien, de adverso, se ha dicho también que la suficiencia del engaño no impone que no exista posibilidad de desvelarlo, antes al contrario, será éste bastante si es capaz de inducir a confusión a quien preste una atención o diligencia que pueda ser considerada normal o razonable en el concreto ámbito en que la activad se desarrolle; esto es, si resulta tan convincente que pueda romper la barrera de desconfianza que el sujeto pasivo pueda tener frente a un extraño y realizar por ello un acto de disposición patrimonial ( STS 659/05, de 8 de abril). En el caso actual, es indudable que el perjudicado supo en todo momento sobre la marcha de la empresa, pues así lo ha reconocido al manifestar que tuvo diversas reuniones con el contable Abilio, quien así también lo testifica. Cornelio llegó a reconocer que fue un poco negligente, pero lo que no puede negar es que tuvo información sobre la marcha de la empresa, por lo que siempre que aportó dinero lo hizo sabiendo como iba la empresa, esperanzado en que esta mejorara, pero sin que nadie le ocultara dato alguno sobre la misma. Cornelio es una persona con conocimientos y experiencias empresariales, y quizás el origen de todo esté en que, como él mismo dijo, "creía en el proyecto". Su deseo es evidente que venció su conocimiento, y ello le llevó a ser incauto, pero en modo algúno podemos entender por ello que el acusado le engañara sobre la marcha y resultados de la empresa, sin que se evidencie de prueba alguna que el acusado estuviera movido por una voluntad de que la empresa no funcionara.

Ello lo debemos enlazar con el delito del artículo 293 del Código Penal, delito societario, pues no consta que el Sr. Cornelio no tuviera acceso a la información de la marcha d ella sociedad, como efectivamente lo tuvo a través de sus reuniones con el acusado a veces y con el Sr. Abilio la mayoría de las ocasiones. Por otro lado, el Sr. Cornelio, tal y como ha reconocido en juicio, nunca quiso participar en la gestión o en el control de la actividad social y , como ya hemos dicho, sobre la marcha de la empresa fue informado por el contable de la misma.

SEGUNDO-.En lo que hace referencia al un delito de apropiación indebida agravado del art. 253 del CP. Entiende la sala que no ha quedado acreditado. El artículo 253 del código penal castiga la conducta de quien, en perjuicio de tercero, se apropia para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que hubiera recibido en depósito, comisión, o custodia, o que le hubiera sido confiado en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido. En los hechos declarados probados hemos indicado cantidades que el señor Rafael cobró en concepto de nóminas o que destinó a! pago de sus propias cuotas de autónomos. Pero no podemos estar seguros de que con ello realizase la conducta descrita, pues no es posible descartar la existencia de acuerdos sociales en que se pactase una retribución por la realización de las funciones de gerente. También hemos incluido en los hechos probados pagos realizados en favor de una hija del señor Rafael y pagos correspondientes a "Netflix", y a ortopedia Jerezana. Respecto a estos conceptos no se ha alegado que hubiese ningún acuerdo de la sociedad para que la misma se hiciese cargo de los mismos. Pero también es cierto en en el extracto bancario aportado consta la existencia de ingresos procedentes de caja por cantidades superiores, por lo que tampoco es posible descartar que esos pagos, de pequeño importe, fueran reintegrados a la sociedad. Es verdad que hay numerosos pagos que parecen corresponder a gastos de hostelería, pero respecto a los mismos tampoco hay prueba suficiente para asegurar que no correspondieran a actividades relacionadas con la actividad del señor Rafael como representante de la sociedad. La conclusión de todo lo expuesto es que no es posible tener la certeza de que el señor Rafael se apoderase de esas cantidades sin estar autorizado para ello o sin que posteriormente la reintegrase a la sociedad. La acusación se limita establecer la suma de dinero que aportó el Sr. Cornelio, pero sin hacer un estudio de cada uno de los gastos, y sin saber a ciencia cierta a que se debían los diversos ingresos que constan en la cuenta, faltando al respecto una pericial que no sea un apunte contable como el que consta en autos.

TERCERO-.Y en cuanto al delito de administración desleal, viene recogido en el art. 252 del Código Penal , modificado por la LO 1/2015, de 30 de marzo , bajo la siguiente mención legal:

Artículo 252 : "1. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250 , los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.

2. Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses".

A primera vista, se parece mucho a la descripción de una infracción civil por exceso en las facultades del administrador que daba lugar a la responsabilidad civil del mismo, conforme a una jurisprudencia muy consolidada de la Sala Primera del Tribunal Supremo. De ahí que su interpretación ha de llevarse a cabo con rigor para separar ambas categorías conceptuales.

Se comprenden en el art. 252 toda clase de administradores, y no solamente los sociales, como era necesario en el derogado art. 295 , que infrinjan el deber de lealtad con su principal, excediéndose de sus facultades, esto es, actuando antijurídicamente, y de esa manera causen a dicho administrado un perjuicio de naturaleza patrimonial. La Ley de Sociedades de Capital ofrece pautas para determinar el vínculo de lealtad que se quebranta, pero no tipifica el delito.

En efecto, la STS 476/2015, de 13 de julio , ha declarado que la diferencia entre el delito de apropiación indebida y el derogado delito societario (antecedente del hoy delito de administración desleal) se cifraba en lo siguiente: cuando el acusado dispone con carácter definitivo del dinero que se le entregó en administración, actuando con vocación de permanencia y sin visos de retorno, ha de aplicarse el delito de apropiación indebida en la modalidad de distracción ( art. 252 del C. Penal ). Por el contrario, se aplica el delito de administración desleal cuando el administrador incurre en un abuso fraudulento en el ejercicio de sus facultades por darle un destino al dinero distinto al que correspondía, pero sin el ánimo de disponer de forma definitiva del mismo en perjuicio de la sociedad (o patrimonio administrado), de modo que cuenta con un retorno que después no se produce.

Responde este delito de administración desleal a dos modalidades: a) El denominado tipo de abuso, que castiga a quien abusa de las facultades de administración de un patrimonio ajeno, conferidas por ley, encargo de autoridad o negocio jurídico, ocasionando con ello un perjuicio patrimonial a los intereses patrimoniales por los que debía velar; y b) El denominado tipo de infidelidad, que sanciona a quien lesione el deber que le incumbe de salvaguardar los intereses patrimoniales ajenos, cuando tal deber procede de las mismas fuentes ya indicadas anteriormente, ocasionando perjuicio.

Estos tipos, que proceden del Código Penal alemán, parecen haberse refundido en el nuevo art. 252 de nuestro Código Penal , si bien en fase de tramitación parlamentaria se concibe la idea de que el tipo de infidelidad que tiene ha de desaparecer por su amplitud y nula taxatividad.

Por lo demás, en cuanto al perjuicio patrimonial no tiene ya por qué ser "económicamente evaluable" (conforme rezaba el derogado art. 295 ), sino que se orientará hacia un concepto más finalista, de modo que no se puede aplicar, sin más, la teoría del saldo negativo, pues se puede perjudicar económicamente un patrimonio aun sin originar un riguroso saldo negativo en la gestión del mismo, por lo que, aun con beneficios, pero, claro, muy inferiores a los debidos, puede integrarse el delito. Este aspecto será objeto, seguramente, de polémica doctrinal . Ahora bien, la exigencia de un perjuicio, en los términos expuestos, no implica que pueda considerarse típico el mero peligro de ocasionar tal perjuicio en la gestión del administrador.

Finalmente, hemos de señalar que no aparece como elemento subjetivo el ánimo de lucro, ni la intención de defraudar o la causación de defraudación, sino de perjuicio, que ha de ser interpretado en los términos dispuestos en la STS 719/2015 . Se parece, pues, más a un tipo de daño patrimonial ajeno que a un tipo de enriquecimiento, y en esta clave ha de ser interpretado.

En efecto, la citada STS 719/2015, de 10 de noviembre , ha señalado lo siguiente: "... en el delito de administración desleal el perjuicio no se origina a un tercero, sino a la sociedad administrada, o bien el perjuicio se genera a algunos de sus socios; en palabras del nuevo art. 252 del Código Penal ( LO 1/2015, de 30 de marzo ) "al patrimonio administrado", y tal perjuicio se traslada a los socios como es natural. En realidad, el concepto de patrimonio administrado es similar al del art. 295 que, en cierto modo, sustituye, en tanto que en éste el perjuicio había de originarse a "sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren", que es una descripción más detallada pero que responde al propio concepto, pues todos esos elementos se corresponden, sin duda, con el concepto de patrimonio administrado. No puede entenderse que el patrimonio administrado se lesione y a los socios tal perjuicio no les afecte. Económicamente la correspondencia es un hecho innegable".

El nuevo delito de administración desleal es un delito especial propio ; por lo tanto, solo pueden cometerlo los que reúnan los elementos característicos del administrador. En otras palabras, la deslealtad solo puede haber sido cometida por quien tenga facultades para administrar un patrimonio ajeno. En la ley penal no existe una definición del administrador, pero del art. 209 de la LSC se infiere que administrador es, en general, quien tiene facultades de gestionar y de representar un patrimonio ajeno . Brevemente, utilizando las palabras del modelo legislativo del código austriaco que inspiró al legislador: las facultades de administración presuponen que alguien tenga la posibilidad de disponer de los bienes patrimoniales ajenos administrados y de obligar a ese patrimonio frente a terceros. Precisamente en esto consiste gestionar y administrar. Quien gestiona puede disponer y quien representa puede obligar.

Aunque de manera poco clara, esta caracterización del administrador ya se encontraba en el derogado art. 295 CP , pues en él se establecían dos acciones típicas: disponer (fraudulentamente = excesivas) y contraer obligaciones (perjudiciales para la sociedad administrada = excesivas, por encima de lo autorizado). El administrador, de hecho o de derecho (véase nuevo art. 236.3 de la LSC ), debe tener capacidad para disponer de los bienes administrados o para contraer obligaciones en nombre de ese patrimonio. No es necesario que el administrador sea una única persona. También son administradores, como es obvio, los que pertenecen a un órgano social que tenga colegiadamente las facultades de disponer del patrimonio social y de obligarlo frente a terceros. Consecuentemente, los que perjudican un patrimonio ajeno, sin ser administradores, es decir, sin tener la facultad de disponer y de obligar, no serán autores del antiguo ni del nuevo delito del art. 252 CP , aunque podrán ser eventualmente responsables, con base en el art. 1902 del Código Civil , por el perjuicio causado.

Por ello, en cuanto a los deberes, el núcleo del tipo penal de la administración desleal, como es obvio, está conformado por la infracción del deber de lealtad que incumbe al administrador; ello determina el ya señalado carácter de delito especial propio, por los elementos de la autoría y, más precisamente, de delito de infracción de deber, en lo referente a las reglas que rigen la distinción entre autores y partícipes (22).

En definitiva, los tres elementos del tipo de administración desleal, están constituidos por la condición del:

a) El sujeto activo debe ser administrador de hecho o de derecho -o los socios-, es decir con facultades de gestión con capacidad de obligar a la sociedad por el cargo que ocupa en la sociedad. Es evidente que el acusado era el administrador único de la empresa, y nadie ha presentado dudas al respecto.

b) Que exista un quebrantamiento del deber de lealtad, el tipo penal habla de abuso de sus funciones, es decir el acto basta con que sea abusivo, no es preciso que el acto sea ilegal porque lo abusivo y lo ilegal son dos cosas distintas - STS 91/2010 -. El uso que hacía el acusado de los fondos de la sociedad es evidente que era abusivo, en tanto y en cuanto utilizaba parte de los mismos para fines propios o de un tercero, y no para la buena marcha de la sociedad. En el presente caos, consta ingresos en las cuentas d ella sociedad, si bien hay que tener en cuenta que no se puede saber, dado que no hay un informe pericial al respecto, sobre si el acusado devolvió todos lo usado para fines propios o solo una parte, si bien dicha duda obra en su favor, y por ello no puede ser condenado por un delito de apropiación indebida, pero sí de administración desleal, ya que su forma caprichosa y abusiva de llevar los fondos de la sociedad conllevó la quiebra de la misma y su inoperancia total.

y c) Que como delito de resultado exista un perjuicio evaluable a la sociedad concernida. En el presente caso, el perjuicio a la sociedad es evidente y supone todo lo que invirtieron sus socios, que finalmente se vió abocado al fracaso por la fraudulenta llevanza del acusado

Las conductas descritas en el apartado de hechos probados, reflejan actos dispositivos de carácter abusivo de los bienes sociales, pero que no se ha acreditado que implicasen apropiación, es decir, ejecutados sin incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o devolver, de ahí que, tanto si se ejecutan en beneficio propio como si se hacen a favor de un tercero, no son actos apropiativos sino actos de administración desleal y, por tanto, menos graves. El acto dispositivo supone una actuación puramente fáctica, de hecho, que desborda los límites jurídicos del título posesorio que se concede, en el delito societario del art. 252 quien obliga a la sociedad o dispone de sus bienes, lo hace en el ejercicio de una verdadera facultad jurídica, una capacidad de decisión que le está jurídicamente reconocida. El desvalor de su conducta radica en que lo hace de forma abusiva, con abuso de las funciones propias del cargo. Su exceso funcional no es de naturaleza cuantitativa, por extralimitación, sino de orden teleológico, por desviación del objeto perseguido y del resultado provocado.

En el presente caso, el acusado como administrador incurre en un abuso fraudulento de sus obligaciones por darle un destino al dinero distinto al que correspondía pero sin el ánimo de disponer de forma definitiva en perjuicio de la sociedad, de modo que cuenta con un retorno que después no se produce, estaríamos ante el tipo penal más liviano, es decir, el de la administración desleal.

De dicho delito responde el acusado Rafael, en concepto de autor, por la participación directa, material y voluntaria que tuvo en la ejecución con arreglo al artículo 28 del Código penal.

Nuestro proceso penal se rige, entre otros, por los principios de presunción de inocencia y de in dubio pro reo. El derecho a la presunción de inocencia viene consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución. Implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley ( artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ). Esto supone que es preciso que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que desvirtúe racionalmente esa presunción inicial, en cuanto que permita declarar probados unos hechos y la participación del acusado en ellos. El principio "in dubio pro reo" es un principio auxiliar del enjuiciamiento en virtud del cual cuando el Tribunal dude respecto de los hechos no debe resolver la duda en contra del reo, esto es, decantándose por la posibilidad más gravosa para él. Pero no es un derecho consagrado constitucionalmente, siendo distinguible de la presunción de inocencia, que implica que toda persona acusada de un delito debe considerarse inocente mientras no se demuestre su culpabilidad con arreglo a la ley más allá de toda duda razonable.

En este sentido, señala el Tribunal Constitucional en la STC 16/2000 lo siguiente: "Hemos mantenido que, a pesar de las relaciones entre el principio de presunción de inocencia y el principio "in dubio pro reo", puestas de relieve de forma reiterada por este Tribunal desde las Sentencias 31/1981, de 28 de julio , y 13/1982, de 1 de abril , y aunque uno y otro sean manifestación de un genérico "favor rei", existe una diferencia sustancial entre ambos: el principio "in dubio pro reo" sólo entra en juego cuando existe una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos del tipo penal, aunque se haya practicado una prueba válida con cumplimiento de las correspondientes garantías procesales. Desde la perspectiva constitucional, mientras que el principio de presunción de inocencia está protegido en la vía de amparo, el principio ""in dubio pro reo"", como perteneciente al convencimiento -que hemos denominado subjetivo- del órgano judicial, además de no estar dotado de la misma protección, no puede en ningún momento ser objeto de valoración por nuestra parte cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas ( STC 25/1988, de 23 de febrero , F. 2; 44/1989, de 20 de febrero , F. 2, y 63/1993, de 1 de marzo , F. 4)".

El problema, como decimos, es determinar si, bajo los dos principios enunciados, la prueba practicada aporta sin ningún género de duda datos suficientes que permitan concluir la existencia del delito anterior y su autoría, y es evidente que la participación del acusado en el delito de Administración desleal, viene determinado por los apuntas contables, en los que constan el uso abusivo y fraudulento que el acusado hace de los fondos de la sociedad, sin control alguno, y si bien hay dudas sobre lo realmente reintegrado por dicho acusado a la sociedad, es claro que su actuación ha provocado la ruina de la empresa y su falta de viabilidad, generando en el Sr. Cornelio un perjuicio equivalente a la suma total de lo invertido por él en una empresa cuya falta de viabilidad no se ha debido a razones de mercado o de mala suerte, sino exclusivamente al abuso cometido dolosamente por el acusado de su función de administrador. Y decimos dolosamente, puesto que tal y como han declarado los testigos y empleados de la empresa, el acusado nunca tuvo un verdadero interés en que la empresa funcionara

CUARTO-.Con respecto a la pena a imponer, la prevista es prisión seis meses y tres años, y teniendo en cuenta que el perjuicio provocado al sr. Cornelio supera los cincuenta mil euros, conforme al artículo 250.5º, la pena debe estar entre uno y seis años y multa de seis a doce meses. teniendo en cuenta que procede aplicar la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 con carácter ordinario, dado el tiempo transcurrido desde la ejecución de los hechos hasta la celebración del juicio, procede imponer la pena mínima de un año de prisión y multa de seis meses con cuota diaria de seis euros, lo que hace un total de mil ochenta euros de multa, con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 en caso de impago. La pena de prisión conlleva la accesoria, conforme al artículo 56, de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

QUINTO-.La responsabilidad civil derivada del delito comprende: 1.º La restitución. 2.º La reparación del daño.3.º La indemnización de perjuicios materiales y morales. ( Art. 110 del CP) .

La indemnización de los perjuicios materiales y morales derivados del delito comprende todos los que se hubieren causado al perjudicado ( arts. 111 y 113 del Código Penal) . El perjuicio causado comprende el menoscabo patrimonial sufrido por el perjudicado, en general todos aquellos que conocidamente se deriven del hecho generador, en este caso del delito de administración desleal. La reparación o indemnización de los daños o perjuicios ha de ser plena, rigiéndose por el principio de reparación integral ("restitutio in integrum"). Como se dice en las SSTS de 18 de noviembre de 2021 y 29 de abril de 2010 (Sala Segunda), partiendo de que por disposición legal ( art. 1.106 C.C) la indemnización por daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida sufrida, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor; y que en caso de dolo el deudor responde de todos los daños y perjuicios conocidos (art. 1.107). Por ello, la indemnización debe comprender la suma en su totalidad invertida por el Sr. Cornelio en la sociedad o empresa que administró fraudulentamente el acusado, y que supone una suma de 187.843 euros.

SEXTO-.Las costas procesales, conforme al artículo 123 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deben ser impuestas a los condenados por partes iguales. La doctrina jurisprudencial sobre las costas de la acusación particular establece que la condena en costas incluye como regla general las costas devengadas por la acusación particular o acción civil, y que la exclusión de las costas de la acusación particular únicamente procederá cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua o bien haya formulado peticiones absolutamente heterogéneas respecto de las conclusiones aceptadas en la Sentencia. En el caso de autos procede incluir en las costas las generadas por la Acusación Particular pues tal acusación es homogénea cuantitativa y cualitativamente con la del Ministerio Fiscal. Como quiera que de los dos delitos pro los que venía siendo acusado (uno alternativamente a la estafa y apropiación indebida y otro autónomamente referido al delito societario), procede condenarle a la mitad de las costas procesales.

VISTOSlos artículos citados y demás de pertinente aplicación, en nombre de S. M. El Rey y con la autoridad conferida por el pueblo español, y por cuanto antecede