Sentencia Penal 85/2025 Audiencia Provincial de Zamora Civil-penal Única, Rec. 52/2025 de 22 de septiembre del 2025

PRIMERO.- En Sentencia de 11 de junio de 2025, del Juzgado de lo Penal nº 1 de los de Zamora, es condenado D. Fabio por un delito contra la fauna , previsto y penado en el artículo 335.2 del Código Penal, con la concurrencia de la circunstancia agravante del artículo 22.2 del Código Penal, a la pena de ocho meses de multa , con cuota diaria de diez euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago; e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar y pescar por tiempo de tres años. Queda absuelto del delito de robo con fuerza en las cosas del fue acusado. Se imponen al condenado la mitad de las costas del procedimiento, incluidas en esa mitad las del acusador particular. Se condena al acusado a indemnizar en concepto de responsabilidad civil cinegética y agropecuaria a La Lomba SL en la cantidad de 11.500 euros.

Tal resolución es recurrida por el acusado, aduciendo error en la valoración de la prueba e infracción del art. 22.2 del CP en cuanto a la aplicación de las agravantes. Al recurso se oponen el Ministerio Fiscal y la acusación particular CINEGETICA Y AGROPECUARIA LA LOMBA SL.

Por esta acusación particular, se recurre a su vez en apelación, recurso que es impugnado por el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- Se acepta y da por reproducido el exhaustivo y acertado razonamiento de la resolución recurrida y por reproducidos los hechos declarados como probados por la misma, pese a las elaboradas alegaciones de ambos recurrentes.

TERCERO.- A los efectos de una mayor compresión y resolución de esta Sentencia, es preciso sentar la premisa de que los tipos cuya aplicación ha gravitado en este proceso sobre los hechos son los tipificados en los artículos 335.1 del Código Penal (delito contra la fauna) y 237, 238.1 y 242 del Código Penal (relativa a los robos), en relación con la Ley 17/2021, de 15 de diciembre , de modificación del Código Civil , la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil , sobre el régimen jurídico de los animales.

Ha sido el marco jurídico penal para examinar los hechos enjuiciados, consistentes en el abatimiento de un ciervo dentro de un terreno privado de un tercero y sometido a un régimen cinegético especial; sin autorización del mismo; y de su decapitación y apropiación de la cabeza como trofeo. Tal y como consta de forma detallada en los hechos probados de la resolución recurrida, que se aceptan en su integridad.

El Juzgador ha rechazado la existencia del un delito de robo, incardinando los hechos solamente en el cinegético, lo que motiva al recurso del perjudicado.

CUARTO.- Recurso planteado por D. Fabio.

Estructura su recurso el Sr. Fabio en cinco motivos, todos ellos basados en error en la valoración de la prueba, que literalmente titula así:

Primero. - Error en la valoración de la prueba pericial de ADN que conlleva la infracción del art. 24.2 CE por vulneración del derecho a la presunción de inocencia: inexistencia de nexo de identidad entre el cuerpo del animal y el trofeo de caza.

Segundo. - Error en la valoración de las pruebas periciales morfológicas de la cuerna de ciervo que conlleva a la infracción del art. 24.2 CE por vulneración del derecho a la presunción de inocencia: falta de virtualidad probatoria y no hay nexo de identidad entre el cuerpo del animal, el trofeo de caza y las fotografías.

Tercero. - Error en la valoración de la prueba: no hay evidencia de que el ciervo perteneciese a la finca, ni que se abatiese en su interior, ni de la presencia del recurrente en el interior del recinto.

Cuarto. - Error en la valoración de las pruebas testificales del dueño de la finca, el guarda y la Guardia Civil.

Quinto. - Error en la valoración de la prueba: presencia de disparo en el cráneo del trofeo de caza.

Quinto. (debe entenderse que en realidad es sexto). - Error en la valoración de la prueba: Infracción del art. 22.2 CP en cuanto a la agravante de nocturnidad y circunstancias.

QUINTO.- Alegándose en esencia discrepancias sobre los hechos probados, conviene recordar algunas premisas jurisprudenciales en torno a las facultades revisoras del Tribunal de apelación cuando de valoración probatoria se trata.

Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 741 de la LECrim, el juzgador de instancia debe apreciar las pruebas practicadas a su presencia de acuerdo con el dictado de su conciencia y conocimientos, y motivar adecuadamente los pronunciamientos contenidos en su resolución en atención al resultado de la referida actividad probatoria.

Partiendo de esta realidad, y teniendo en cuenta que la ventajosa posición que el mismo ostenta en el proceso - derivada de esa apreciación personal y directa de la prueba ante él practicada - lo coloca en mejores condiciones para obtener una valoración objetiva y crítica del hecho enjuiciado, su criterio deberá en principio tenerse por correcto, al basarse en una objetividad institucional alejada del interés subjetivo de la parte.

Si bien una valoración racional puede ser realizada tanto por el órgano enjuiciador como por el conocedor del recurso, quedan reservadas a éste funciones de control de la racionalidad de la motivación expresada en la sentencia impugnada; pero teniendo en cuenta que la apreciación del primero se ha formado con elementos de convicción a los que el segundo no puede acceder, así por ejemplo la inmediación; regla que implica tanto la presencia del juez en la actuación como una función de control entre la realidad extraprocesal y el proceso, previniendo que se aporten a él elementos que puedan distorsionar la objetividad del fallo judicial.

En base a ello, respecto de si la estimación de la prueba es errónea o no, se exige de quien lo pretende que señale el punto en el que el razonamiento del Juez a quo se equivoca o resulta arbitrario, y la razón de ello. No obstante, el tribunal de apelación podrá revisar la referida valoración probatoria cuando así se le demande en vía de recurso, pudiendo llegar a modificar las conclusiones fácticas de la sentencia apelada cuando aprecie ausencia de actividad probatoria practicada con todas las garantías, lo que supondría una vulneración del principio constitucional de presunción de inocencia, cuando observe manifiesto error en esa valoración, o cuando las mismas resulten incongruentes entre sí, o contradictorias en relación con la prueba practicada.

Y abundando en el principio de presunción de inocencia, que también se invoca, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de febrero de 2003 establece que solo pueda alegarse con éxito en vía de recurso cuando de la resolución impugnada resulte, expresa o tácitamente, que, habiendo tenido el Juzgador dudas sobre aspectos fácticos integrantes del tipo penal o relativos a la eventual participación en los hechos del imputado, dichas dudas hubieran sido despejadas de forma distinta a como lo impone el mencionado principio; lo que no ha ocurrido en el presente caso en el que se ha fallado conforme a las pruebas practicadas en el juicio oral de forma suficiente.

Con este prisma, no puede estimarse error en la valoración de la prueba ni inexistencia de ésta de modo suficiente para la condena. Examinada detenidamente la practicada en este proceso, se hace patente que concurre prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado y considerarle autor del delito por el que viene acusado. Conclusión a la que llega el Juzgador "a quo" tras un análisis racional, coherente y objetivo de la totalidad de la prueba realizada. Destacando las periciales, informes del perito, Sr. Carlos Jesús, Sr. Humberto y de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente - que concluye el juzgador que "no han sido desvirtuados mediante informe pericial de contrario" - y las testificales escrupulosamente analizadas.

SEXTO.- Se arguye por el apelante la inexistencia de nexo de identidad entre el ciervo abatido y el trofeo. Trata de rebatir para ello la valoración que, de las pruebas periciales de ADN por un lado y de la cuerna del animal por otro, realiza el juzgador de instancia. Informes periciales que se ratificaron el acto del juicio y fueron sometidos a contradicción.

Mantiene esta parte apelante que la única prueba susceptible de arrojar certezas sobre si el trofeo de caza y el cuerpo del animal hallado son del mismo sujeto, es la prueba de ADN, consistente en la realización del perfil genético del animal. Afirmación que acompaña con referencias doctrinales. Mantiene que sólo de esta manera, a través de dicha prueba, se podría saber si el cuerpo y cabeza pertenecen al mismo animal.

En cuanto a la prueba de ADN, es cierto que resultó fallida; pero debe indicarse lo fue por imposibilidad técnica pues resultó imposible por estar las muestras de pelo muy contaminadas; y las obtenidas de los restos óseos degradadas. No obstante, existía la posibilidad de identificar al animal mediante un análisis de la morfología de la cabeza o cuerna.

Hilamos de esta manera el razonamiento de esa sentencia con el segundo de los motivos del recurso, relativos a la valoración de las pruebas periciales de la cuerna del ciervo. Al respecto se emitió informe pericial por el Perito D. Humberto, al que se sumaron los de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil. La sentencia analiza de forma coherente y ajustada a derecho dichos informes y llega a la convicción de que resultan concluyentes al señalar la coincidencia de identidades de cornamenta, insistiendo en que las características y morfología de cada cornamenta es única, exclusiva e irrepetible para cada animal, estableciendo el paralelismo con las huellas digitales en humanos. Además, explica la resolución recurrida, se da la circunstancia de que el ciervo presentaba en este caso otra característica muy peculiar como era la bifurcación en una de las puntas que es inimitable en otro ejemplar.

Esta identidad entre la cuerna del ciervo abatido confiscada a D. Fabio y las fotografías del animal vivo, pericialmente acreditada, no resulta desvirtuada por las alegaciones del recurrente que vuelve a incidir en el ADN, añadiendo dos párrafos extractados del informe de la Guardia Civil y la calificación como groseras de las mediciones.

Debe tenerse en cuenta que la convicción a la que llega el juzgador de identidad del ciervo abatido y la cabeza en poder del recurrente se alcanza a través de citada periciales, ratificadas en el acto del juicio con publicidad, oralidad y contradicción. En aclaración, los autores del informe elaborado por la Guardia Civil explicaron que no midieron las distancias entre las puntas al no ser necesario por encontrase muy bien definidas éstas y sus bifurcaciones, que manejaron fotografías con distintos ángulos y perspectivas del animal, que no eran necesario contar con una imagen de 360 grados de la cabeza del animal, que no es necesario ni el diámetro ni el peso. Ningún otro informe o pericia se ha practicado en el acto del juicio que autorice a refutar los existentes y las conclusiones que de su análisis ha alcanzado el juzgador "a quo".

SÉPTIMO.- Se impugna a continuación la conclusión a la que llega el juzgador, manifestada en los hechos probados, relativa a que el ciervo perteneciese a la finca, que se abatiese en el interior, y a la presencia de D. Fabio en la finca.

Es cierto que en este extremo no existe, ab inicio, una prueba plena; pero ello no impide acudir a la prueba indiciaria. No existe en la LECrim un artículo análogo al 386.1 LEC específico para el proceso penal. Sin embargo, resulta válida la aplicación de la prueba indiciaria a través del art. 741 LECrim, teniéndose como una forma de apreciación de las pruebas practicadas, según ha señalado reiteradamente la jurisprudencia. Al respecto, el Tribunal Supremo, en sus sentencias n.º 241/2015, de 17 abril, interpreta que la prueba indiciaria supone un proceso intelectual complejo que reconstruye un hecho concreto a partir de una recolección de indicios.

Y así, respecto a la intervención de D. Fabio, aparece suficientemente descrita esa cadena lógica de los hechos al describir la conducta típica, la acción de cazar. Nada más puede añadirse a la sucesión encadenada de circunstancias que llevan al juzgador a la conclusión de que D. Fabio mató al animal en el interior de la dehesa, todo ello concuerdo con las declaraciones de los agentes que intervinieron en la investigación tanto en la propia dehesa, donde se encontró el cuerpo, así como en el registro en el anexo merendero donde se encontraba el trofeo exhibiendo la cabeza del ciervo. Y, como añade el juzgador, sin que todavía se haya podido conocer una razón que justifique por qué tenía en su bodega ese trofeo, limitándose a impugnar su identificación.

Por tanto, no puede estimarse este motivo al quedar plenamente acreditado por un razonamiento lógico que el acusado resultó ser el autor; derivándose de los numerosos indicios reseñados por el Juzgador en el apartado de la calificación jurídica de los hechos: proximidad de su merendero a la finca, conocimiento de armas, tenencia de rifle de caza del calibre adecuado para abatir al ciervo, heridas en el animal evitando dañar la cabeza-trofeo, imágenes en redes sociales del acusado junto con la cabeza y otros muchos que damos por reproducidos.

OCTAVO.- En el cuarto de los motivos del recurso, se pone en duda la valoración del testimonio del dueño de la finca, el guarda y la Guardia Civil. Motivo que va igualmente a desestimarse.

En el juicio oral, el testimonio se practica directamente ante el tribunal, con inmediación y sujeción a los principios de oralidad, contradicción y publicidad, conforme a lo establecido en el artículo 120 de la Constitución Española. La libertad judicial para valorar la prueba encuentra límites en la lógica, la experiencia y la obligación de motivar suficientemente las resoluciones ( artículo 741 de la ley de Enjuiciamiento Criminal) . El Tribunal Supremo en sentencia 97/2016, de 11 de febrero, Sala de lo Penal, recuerda que la valoración probatoria no puede fundarse en una simple apreciación subjetiva del juzgador, sino que debe estar guiada por criterios de racionalidad, lógica y experiencia común, además de ser debidamente motivada. Dicho Tribunal en sentencia 620/2021, de 29 de junio insiste en que la libertad de valoración encuentra su límite en el deber de motivación reforzada, especialmente cuando la prueba testifical es la principal fuente de convicción.

A la luz de esta doctrina, la valoración que de las declaraciones efectúa el juzgador en la sentencia recurrida es correcta, pues responde a un exámen conjunto de la totalidad de la prueba practicada, sin que por el apelante se ponga de manifiesto la existencia de arbitrariedad en la resolución, sino una simple discrepancia en el punto de vista empleado por ambos. Las alegaciones respecto a las contradicciones respecto a si el guarda vio o no a D. Fabio por los alrededores de la finca, o si oyó o no los disparos y sobre si la Guardia Civil inspeccionó o no el perímetro en nada afectarían a la resolución final. Porque el resto de la prueba acredita que D. Fabio sí cometió los hechos, sin que sea preciso que fuera visto o se escucharan sus concretos disparos.

La testifical del guarda y de la propiedad de la finca explican suficientemente que la alarma detecta disparos desde fuera del perímetro, no los hechos en el interior. Y el cierto fue abatido en el centro de la finca, donde el cazador pudo entrar saltando la valla por un lugar que se ha encontrado doblado.

En cuanto a las declaraciones de la Guardia Civil, no se concreta el motivo.

NOVENO.- Continúa el apelante manifestando la presencia de un disparo en el cráneo del ciervo abatido. Al respecto debemos atenernos dada la credibilidad otorgada a las declaraciones de la agente de la Guardia Civil TIP NUM002 y a la Dª Macarena, quienes elaboraron el informe pericial al respecto que concluye que tal orificio no parece corresponderse con un disparo sino con una deformidad o lesión. Valoración que se omite por el recurrente y que, por lo tanto, no existiendo razones objetivas que refuten tal afirmación debe mantenerse. En consecuencia, este motivo también va a desestimarse.

DÉCIMO.- Por último, se combate la aplicación de la agravante por nocturnidad y alevosía ( artículo 22.2 del Código Penal) . Los argumentos que en este punto se esgrimen por el recurrente tampoco van a acogerse. La sentencia aplica esta agravante de acuerdo con un razonamiento perfecta y suficientemente argumentado que se acoge y da por reproducido. Las circunstancias para la estimación de la agravante de nocturnidad tanto objetivas (existencia de luna llena que permitía la visión del cazador; descenso en el nivel de alerta en el ciervo al ser época de berrea); como la subjetiva o propósito de buscar en tales circunstancias una mayor facilidad para la comisión del delito y así eludir responsabilidades (el acusado era cazador avezado para buscar y encontrar el mejor momento para la caza); están suficientemente acreditadas, siendo las alegaciones efectuadas en este punto por el apelante apreciaciones subjetivas que en nada desvirtúan el razonamiento seguido por el juzgador en su sentencia.

En consecuencia, se desestima el recurso.

DECIMO PRIMERO.- Recurso planteado por CINEGETICA Y AGROPECUARIA LA LOMBA SL. Esgrime esta parte apelante como único motivo de apelación infracción jurídica de los artículos 237, 238.1 y 242 del código Penal vigente en la fecha de comisión de los hechos (noche-madrugada 19 de septiembre de 2021). Argumenta que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de robo con fuerza en concurso medial con el delito contra la fauna ( artículo 335.2 del Código Penal) en los términos solicitados en el escrito de acusación. E interesa que la conducta pluriofensiva descrita sea constitutiva de un concurso medial ( artículo 77 del Código Penal ) de los delitos de robo y de protección de la Fauna; delito este último objeto de condena como pidió el Ministerio Fiscal.

El recurrente basa sus alegaciones en torno a si el animal, en este caso el ciervo, puede ser objeto de robo habida cuenta de que se les dotó de una tercera naturaleza jurídica, la de "seres vivos dotados de sensibilidad", a raíz de la ley 17/21 de 15 de diciembre de modificación del Código Civil, Ley Hipotecaria y Ley de Enjuiciamiento Civil, con la que los animales dejaron de ser cosas o bienes semovientes. Petición que rechaza el juzgador de lo penal que entiende que, a raíz del cambio del Código Civil, se debería aplicar el principio de la aplicación de la ley más favorable al reo; y la conducta que pudo ser delictiva en el momento de la comisión de los hechos (septiembre de 2021) ya no sería delito desde que los "animales" dejaron de ser cosas en el Código Civil.

Partiendo de ello, debemos decir que este nuevo estatus jurídico adquirido por los animales tiene implicaciones también en el Código Penal, en lo que se refiere a los delitos patrimoniales ya que, al dejar de estar considerados bienes o cosas, podría llegarse a la errónea conclusión de que no son susceptibles de ser robados o hurtados o apropiados indebidamente.

El apelante mantiene una elaborada argumentación En contra de la decisión judicial, que es cierto que no puede calificarse de exclusiva, pues no se halla huérfana de apoyo en lo que a la doctrina de las Audiencias se refiere, Así se ha pronunciado la Audiencia de Córdoba en Sentencia nº 68 de 13 de febrero de 2024; y en el mismo sentido la de la Audiencia Provincial de Málaga, nº 77/25 de 10/02; la de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 417, de 27/05/2025; o la de la Audiencia Provincial de Madrid nº 159/22 de 17/03/2022. Resoluciones todas ellas que mantienen la penalización de las conductas consistentes en delitos contra el patrimonio cuando el objeto de éste es un animal.

No obstante, conforme se irá razonando, no procede decidir sobre estos concretos argumentos en el caso actual, pues las sentencias invocadas y su doctrina no pueden transponerse al supuesto de autos, que tiene un hecho diferencial muy importante, cual es que tipifica el hecho de la "caza", refiriéndose las anteriores resoluciones a delitos patrimoniales.

El que nos ocupa se encuentra regulado en el Capítulo IV, comprensivo de los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos y cuyo bien jurídico protegido es la biodiversidad, no el patrimonio. Se trata del artículo 335. 2 del Código Penal, que castiga a quién que "cace" sobre especies distintas de las indicadas en el artículo anterior (es decir especies no protegidas) en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular.

La irrenunciable necesidad en el momento de ponderar el juicio de tipicidad en el supuesto que nos ocupa, obliga a asumir conceptos vinculados a la descripción de la acción concreta con encaje en la literalidad del artículo 335.2, y objeto de enjuiciamiento, esto es la "caza". Para ello es preciso acudir a la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, concretamente a su artículo 2, que define la acción de cazar como "la ejercida por el hombre mediante el uso de artes, armas o medios apropiados para buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales definidos en esta Ley como piezas de caza, con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o de facilitar su captura por tercero". Es decir, la acción del acusado de apropiarse de toda o parte del animal, está incluída ya en el tipo específico del injusto por el que ha sido sancionado.

Es por ello que no puede aplicarse el concurso medial de delitos que pretende el apelante, toda vez que no existe infracción penal como medio necesario para cometer la otra. Hay un solo hecho o una sola acción, y no dos perfectamente diferenciados, entre los que exista una conexión y relación teleológica de principio a fin; tal y como se encuentra regulado en los apartados 1 y 3 del artículo 77 del Código Penal.

En consecuencia, se desestima este recurso

DECIMO SEGUNDO.- Costas. - No se aprecian razones para imponer, dada la inexistencia de temeridad o mala fe, a ninguna de las partes en litigio las costas de esta alzada, las cuales se declaran de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de los poderes conferidos por la Constitución