Sentencia Penal 235/2025 Audiencia Provincial Penal de Valladolid nº 4, Rec. 19/2025 de 23 de octubre del 2025

PRIMERO.-Los hechos declarados probados en la presente resolución, reflejo de la prueba practicada, valorada en conciencia según lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y conforme a los principios de inmediación, oralidad y contradicción, se entienden legalmente constitutivos de un delito de Fraude a la Seguridad Social, tipificado y penado en los artículos 307 y 307 bis.1 a) 2 y 3 del Código Penal, al concurrir en tales hechos los elementos tarificadores de dicha infracción.

Por el contrario, no cabe apreciar la concurrencia del delito de Frustración de la Ejecución, previsto y penado en el artículo 257, apartados 1 y 3, párrafo segundo, del Código Penal.

SEGUNDO.-El Ministerio Fiscal y la acusación particular de la Tesorería General de la Seguridad Social imputan al acusado Sr. Emiliano un delito de elusión del cumplimiento de sus obligaciones como autónomo y en relación a las sociedades Logín Teconológicas de la Información, S.L, en adelante LOGIN, Deselca Eventos, S.L., en adelante DESELCA, y Sosees Media, S.L., en adelante SOSEES, de cotizar a la Seguridad Social en el periodo comprendido entre el año 2017 y 2021, ambos inclusive, en importe que sumado supera la cantidad de 120.000 euros, por eludir de modo sistemático su abono, a pesar de haber podido hacer frente a las deudas generadas, con creación de sociedades y mediante a la ocultación a la Administración de los datos necesarios para conocer su situación patrimonial (por la no presentación de las bases de cotización de sus trabajadores ni la liquidación de cuotas ni de los modelos 347 de la Agencia Estatal Tributaria, ni el depósito de las cuentas sociales anuales e incumplimiento de sus obligaciones mercantiles), así como maniobrando para que los ingresos procedentes de la sociedad Servicios y Consultoría Especializada MG Tickets, S.L. (en adelante MG TICKETS), no pudieran ser embargados por la Seguridad Social.

Por su parte, el acusado admite su participación en la constitución de las tres entidades, LOGIN, DESELCA y SOSEES, de las que era administrador único durante el periodo enjuiciado, y como autónomo al servicio de sus actividades, sin llegar a discutir el importe de la adeuda reclamada en concepto de cuotas defraudas, pivotando su defensa en sostener que el mero impago de cuotas de Seguridad Social no constituye el delito imputado y justificado el impago en la dificultades económicas del grupo y en su desconocimiento para realizar las gestiones laborales, mercantiles o fiscales que le incumbían, en particular con la Tesorería General, a cuyo fin contaba con gestores externos, que cesaron en la prestación de sus servicios por no abono de sus honorarios, y ello por idéntica razón.

Sin embargo, entendemos que el acusado no se limitó solo a no pagar, sino que su conducta encaja en el tipo penal por cuanto que de la prueba practicada se desprende el ánimo defraudatorio de su conducta. Veamos.

El art. 307.1. del Código Penal que sanciona al que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas exceda de cincuenta mil euros.

El apartado segundo del mismo art. 307 añade que, a los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior, se estará al importe total defraudado durante cuatro años naturales.

Por su parte, el art. 307 bis. 1 a) del mismo Cuerpo legal castiga en sus apartados primero y tercero el mismo hecho con penas mayores cuando la cuantía de las cuotas defraudadas exceda de ciento veinte mil euros.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de mayo de 2025, señala que ya en STS 47/2023, de 2-2, con cita de las ss. 564/2018, de 19-11 y 539/2022, de 31-5, se dice que: "el delito contra la Seguridad Social se tipifica en el vigente artículo 307 del Código Penal, que en su apartado 1 sanciona a "el que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros".

Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude y en la Seguridad Social, dio la actual redacción al precepto citado, introduciendo, entre otras novedades, un párrafo con el siguiente contenido: "La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos(...)"

El delito de defraudación a la Seguridad Social es un delito especial, de los denominados de infracción de deber, que atenta contra los intereses económicos de la Seguridad Social, institución que tiene reconocimiento constitucional en el artículo 41 CE, que obliga "a los poderes públicos a mantener un régimen de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad".

La protección penal va encaminada a la tutela singular de la actividad recaudatoria de esta institución. Además de un delito de omisión, patrimonial y de resultado, es una norma penal en blanco que ha de completarse con las leyes administrativas correspondientes, que regulan el pago el pago de cuotas, la obtención de devoluciones o el disfrute de subvenciones.

El deber cuya elusión constituye la defraudación a la que se refiere el precepto penal, está contemplado en la respectiva ley administrativa que establece el sistema de cotizaciones y que obliga al sujeto pasivo a poner en conocimiento de la Administración, con corrección, en forma completa y sin falsedad, los respectivos hechos imponibles ocurridos dentro del ejercicio fiscal correspondiente ( arts. 248 y concordantes del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social) , y en igual sentido la STS 13/2006, de 20 de enero.

Según reiterada jurisprudencia de esta Sala, no se sanciona la mera omisión de la declaración ni el simple impago, entendido este como omisión del ingreso material del dinero, cuando se ha hecho la declaración veraz. El tipo exige una conducta defraudatoria, mendaz, de ocultación de las bases de cotización o de ficción sobre devoluciones o gastos deducibles. Tanto el incumplimiento del pago de cotizaciones como la conducta defraudatoria son los requisitos típicos para la concurrencia del tipo de elusión del pago de las cuotas de la Seguridad Social. Esta Sala así lo ha establecido en numerosas ocasiones y sirva a modo de ejemplo la STS 133/2004, de 19 de noviembre, en la que se hace un completo análisis del concepto de defraudación, a la que nos remitimos.

Y como también recuerda la STS 374/2017, de 24 de mayo, referida a un delito contra la Hacienda Pública pero que, mutatis mutandis, es aplicable al delito contra la Seguridad Social, "el desvalor de la acción exige el despliegue de "una cierta conducta o artificio engañoso", que lleva a incluir este delito dentro de la categoría de los de "medios determinados" funcionales para mantener oculta a la Hacienda la existencia del hecho imponible".

Por tanto, el concepto de defraudación está vinculado a actuaciones de ocultación o alteración de datos de obligatoria comunicación. En ese mismo sentido el artículo 1º del Acuerdo del Consejo de 26/07/1995, que aprobó el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, establece que en materia de ingresos, será constitutivo de fraude "cualquier acción u omisión intencionada relativa a la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la disminución ilegal de los recursos del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta".

La STS 657/2017, de 5 de octubre, declara algunos elementos de donde se puede deducir la defraudación, como son, a título ejemplificativo los siguientes:

a) Altas y bajas sistemáticas de trabajadores trasvasándolos entre empresas del grupo.

b) Diversificación artificial de las actividades entre las diversas entidades controladas por el recurrente, en establecimientos y centros comerciales simultánea o sucesivamente por el conjunto de las empresas de la trama.

c) Diversos procedimientos empleados para generar confusión patrimonial y a la sucesión entre grupos empresariales (nuestro caso); y así la adquisición de la práctica totalidad de las participaciones sociales de unas entidades por otras del mismo grupo;

d) Incumplimiento sistemático de los requerimientos de la ITSS para la presentación de la documentación empresarial".

También cabe citar la STS 27/2025, de 20 de enero, que indica que "si los verbos nucleares de la acción descrita en el tipo son "defraudar" y "eludir", la exigencia de una conducta defraudatoria constituye un elemento objetivo del tipo y no puede ser entendida como un elemento subjetivo que trascienda a la estricta realización de la conducta descrita, convirtiendo el delito del artículo 307 en uno de tendencia interna. Defraudar, por tanto, no equivale a dejar de pagar las cuotas con ánimo defraudatorio, sino a eludir su pago (y eludir es tanto, según el Diccionario, como evitar con astucia una obligación) mediante una conducta defraudatoria, activa u omisiva. De este modo, la exigencia de esa conducta defraudatoria constituye un filtro de tipicidad objetiva, que permite que el tipo respete los principios de subsidiariedad y fragmentariedad del Derecho Penal, sin necesidad de adentrarse en el ánimo interno del obligado al pago".

De esta forma, comprobamos que estamos ante un delito especial propio pues sólo puede ser sujeto activo la persona física o jurídica que esté ligada por una relación jurídica con la Seguridad Social, y sobre la que recaiga la obligación del cumplimiento de los deberes impuestos en las normas laborales y la conducta defraudatoria consiste en la ocultación de datos relevantes para la determinación de la cantidad a ingresar a la Seguridad Social, como elemento objetivo. Mientras su elemento subjetivo se proyecta sobre el conocimiento de la existencia de dicha conducta y de su significación y consecuencia.

TERCERO.-Pues bien, partiendo de la doctrina jurisprudencial transcrita, en el caso sometido a enjuiciamiento, la Sala considera que ha quedado acreditada la existencia de los elementos anteriormente enumerados, esto es, los impagos a la Seguridad Social en los períodos referidos, por importe superior al establecido en el tipo penal agravado, y que estos no fueron meros impagos sin trascendencia penal al concurrir una conducta voluntaria de defraudación a la Seguridad Social por parte del acusado.

Para ello partimos de que ha quedado acreditado, tal y como resulta del certificado emitido por la TGSS, y no es un hecho controvertido, que el acusado en el régimen RETA dejó desde mayo de 2017 de abonar las cotizaciones generando una deuda con la Seguridad Social de 19.810,50 euros; que LOGIN en el periodo comprendido entre junio de 2017 y agosto de 2020 por impago de cuotas sociales generó una deuda de 71.579,49 euros; que DESELCA en el periodo comprendido entre enero de 2018 y febrero de 2020 por impago de cuotas sociales generó una deuda de 51.937,33 euros; y que SOSEES por impago de cuotas durante el año 2012 generó una deuda de 45.332,71 euros.

Con esta premisa, en el plenario el acusado reconoció que su actividad se inició, en solitario, con la que el mismo calificó como sociedad matriz LOGIN -una vez que el socio quien la constituyo la dejó en 2015-, que la fraccionó, por el elevado volumen de negocio, mediante la creación paralela de la sociedad DESELCA, para finalmente, hacer uso de la sociedad SOSEES, inicialmente constituida con otras personas para un proyecto fallido, pero que utilizó para dar continuidad a las actividades del grupo, conservando en todo momento la administración única de todas las sociedades durante el periodo objeto de enjuiciamiento y dedicándose como autónomo a dirigir sus actividades, si bien delegando la gestión administrativa a terceros.

Nos encontramos así ante un único empresario y un único negocio, aunque formalmente esté diversificado a través de entes societarios diferenciados, paralelos y sucesivos, cuya independencia ni tan siquiera se ha tratado de defender.

En todas las sociedades, por lo demás, vino asesorado, según dijo, inicialmente de modo profesional, y cuando ya no pudo hacer frente a sus honorarios, por amistad, por Felix, hasta marzo de 2020, y posteriormente mediante la contratación de dos consultoras de las que son titulares Carlos Jesús, en el caso de DESELCA, y Benigno, en el caso de SOSEES, que cesaron de prestar sus servicios por falta de pago de sus honorarios.

Estos declararon en el plenario, como también lo hizo Frida, vinculada como empleada a la asesoría del Sr. Benigno, indicando de manera coincidente que iniciaron sus servicios, en el caso del Sr. Carlos Jesús en mayo de 2019, y en el caso del Sr. Benigno en febrero de 2021, pero inmediatamente -pocos meses- advirtieron el impago de sus honorarios por lo que cesaron en su actividad. Añadieron que de todas las comunicaciones de la Seguridad Social y requerimientos de apremios se dio traslado al acusado, directamente o a la persona por éste designada, a través de correo electrónico y por teléfono, no recibiendo instrucciones para regularizar las deudas pendientes.

También cabe añadir que el acusado señaló que una trabajadora era la encargada en las sociedades de tratar con los gestores, admitiendo ser informada por ésta de su estado. El acusado manifestó que las ordenes eran pagar aquellos gastos que fueron imprescindibles para continuar la actividad de las empresas, entre estás parece claro que no estaba el pago de las cuotas sociales de sus trabajadores.

De ello se extrae, que el acusado admitió ser quien en exclusiva dirigía indistintamente las sociedades, a las que dedicaba personalmente y profesionalmente todos sus esfuerzos, con una actividad común, aunque diversificada en dos sociedades, LOGIN y DESELCA, y sucesiva, con SOSEES, y que conocía la existencia de las deudas y su impago, así como el incumplimiento de sus obligaciones mercantiles y los requerimientos de apremio que se venían efectuando por la TGSS, a través de la empleada encargada y de los asesores de sus sociedades.

No obstante, el acusado ha intentado justificar el impago de las deudas con la TGSS por el declive de sus actividades empresariales, a partir de 2017 y hasta 2021 (ruina), motivado por la pérdida de clientes y de contratos públicos, así como por la necesidad de atender préstamos bancarios. Aquí imputó las dificultades del grupo a los préstamos bancarios concertados por LOGIN y que los bancos comenzaron a reclamar por no poder hacer frente a las cuotas de estos con los ingresos obtenidos por la mala evolución del negocio en su conjunto.

Ciertamente no es una conduta típica el impago provocado por una situación de incapacidad económica para afrontar el pago de las cuotas, alejado de toda ocultación mendaz o engañosa. En cuyo caso sólo estaríamos ante un ilícito administrativo, al desterrarse la prisión por deudas de nuestro ordenamiento jurídico ( art. 1 del Protocolo nº 4 -del 16 de noviembre de 1963- al Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950, o en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en su art. 11).

Y como dejamos dicho anteriormente el hecho de no pagar a la Seguridad Social no supone sin más una defraudación y no es delito el no abonar las cuotas a la Seguridad Social sin que se realice maniobra de ocultación que pueda perjudicar la labor investigadora, pues el simple impago sin la concurrencia de un elemento de mendacidad solo constituye infracción desprovista de tipicidad penal.

Empero, la manifestación exculpatoria del acusado no ha quedada debidamente demostrada, pues ninguna prueba ha aportado para dar respaldo a su alegato, ni tampoco la misma se compadece con los datos obrantes en la causa que evidencian que, aunque pudiera haber descendido su volumen de negocio, las sociedades durante el periodo enjuiciado continuaron con sus actividades, dando de alta trabajadores, obteniendo ingresos, con los que se hubiera podido hacer frente, al menos, a una parte de las cuotas sociales, pero voluntariamente decidió optar por el total y completo impago.

En efecto, esta posibilidad de afrontar, al menos parcialmente, sus deudas con la Seguridad Social se infiere indiciariamente de que el acusado declaró el modelo 347 de la Agencia Estatal Tributaria por Login en el año 2017 unos ingresos de 261.361,87 euros y unos gastos de 106.746,43 euros; en el año 2018 no declaró ni ingresos ni gastos, pero se imputan ingresos por terceros; y en los años 2019 y 2020 no declaró ninguna operación comercial con terceros superior a 3.000 euros; por Deselca declaró en el año 2018 unos ingresos de 263.818,72 euros y unos gastos de 23.861,68 euros; y en 2019 y 2020 no declaró ninguna operación comercial con terceros superior a 3.000 euros; y consta que en 2017 y 2018 Login facturó unos ingresos de 92.940,65 euros procedentes de Deselca; y por Sosess en el año 2018 declaró unos ingresos de 27.880,82 euros, sin gastos; en el año 2019 declaró unos ingresos de 55.257,18 euros, sin gastos; en el año 2020 unos ingresos de 23.583,88 euros, y 5.100 euros de gastos.

Y en el modelo 196 de la AEAT figuran ingresos de dinero tanto a título personal como en las sociedades.

Tampoco pueda escudarse en su falta de conocimientos para no atender los trámites laborales, tributarios y mercantiles que conlleva la constitución de una sociedad y que son una obligación para el encargado de su administración, y obviamente si la situación económica propia o de las sociedades creadas impedían poder cumplir con dicha obligación, en manos del acusado estuvo siempre acudir a los mecanismos concursales o cerrar las sociedades, cesando en sus actividades para evitar así más impagos.

Por tanto, las alegaciones del acusado relativas a las dificultades económicas que atravesaban de las sociedades, por no acreditadas e insuficientes, no excluyen su voluntad defraudatoria, y, por el contrario, se colige una clara voluntariedad en el impago o denota un dolo específico de incumplir con la obligación de pago de las cuotas sociales las circunstancias siguientes, todas ellas destacadas en el atestado elaborado por el Grupo Tercero de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, ratificado por los agentes con carnets profesionales números NUM002 y NUM003, y refrendadas por los subinspectores laborales, Srs. Ildefonso y Elias, por la Subdirectora de Gestión Recaudatoria de la TGSS, Sra. Julieta, y el Subdirector de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la TGSS, Sr. Adrian:

En primer lugar, del impago sistemático de las cuotas de Seguridad Social, desde el RETA del acusado desde mayo de 2017 hasta el año 2021; de LOGIN desde junio de 2017 hasta agosto de 2020; de DESELCA desde entre enero de 2018 y febrero de 2020; y de SOSEES en el año 2021, todos ellos durante periodos en los que las sociedades tuvieron actividad y generaron ingresos con los que pudieron atender cuotas, sin que ese impago se explique por dificultades económicas, como se dejó indicado.

En segundo lugar, de la ausencia de una voluntad de regularizar su situación cuando tuvo posibilidad de hacerlo, pues en ningún momento intento de aplazamiento o fraccionamiento del pago de las cuotas (el artículo 23 de la Ley General de la Seguridad Social) .

En tercer lugar, de la falta de atención a los requerimientos efectuados por la Seguridad Social, y de lo que fue advertido por los gestores que contrató.

En cuarto lugar, de la no presentación de los modelos de cotización del Régimen General de la Seguridad Social TC-1 y TC-2, ni la documentación o boletines de liquidación de cotizaciones.

En quinto lugar, la falta de garantía suficiente para el pago de las deudas sociales, dado que el capital social de las sociedades era muy bajo y no consta las entidades fueran poseedoras de patrimonio alguno, como tampoco el acusado.

En sexto lugar, el incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales de las sociedades relativas a los ejercicios enjuiciados. O la no solicitud de la disolución de las sociedades cuando el balance lo imponía.

Y en séptimo lugar, y es especialmente relevante, la maniobra o acción destinada a disminuir y ocultar el ingreso obtenido por la sociedad DESELCA por el contrato formalizado con MG Tickets, por importe de 45.375 euros, mediante la activación de la sociedad, SOSSES, limpia, por falta de actividad y sin trabajadores, a quien el acusado pidió le fuera facturado el trabajo realizado por aquella, con sus trabajadores, no destinando con ello el beneficio obtenido al pago de la deuda pendiente y ya reclamada por el organismo público, y eludiendo e incrementando la deuda generada.

Así lo confirmó el testigo Efrain, administrador de MG TICKETS, quien fue claro en afirmar que, si hubiera conocido que DESELCA, sociedad con la que, por intermediación del acusado, venía en años anteriores subcontratando los trabajos que tenía contratados con la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), no estaba al corriente en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social, no hubiera accedido a la facturación que el acusado le solicitó a favor de SOSEES. Lo que concuerda con la declaración del testigo-perito Sr. Ildefonso cuando indicó que una trabajadora de DESELCA denuncio no haber sido dada de baja los trabajos realizados para la SEMINCI.

Con la utilización de la sociedad SOSSES, como sucesora de DESELCA, queda de forma palmaria acreditado que el acusado ha pretendido realizar su actividad negocial eludiendo el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social, sin intención alguna de regularizar su situación morosa, antes, al contrario, llegando a utilizar una última sociedad para ocultar sus ingresos y continuar con la misma dinámica operativa defraudatoria, ahora con ésta última, como así ocurrió hasta que fue descubierto y denunciado.

Precisamente, fue por la denuncia antes mencionada la que motivo una investigación que permitió descubrir toda la defraudación, cuando en la documentación aportada por SEMINCI se advirtió por el subinspector Laboral de Empleo Sr. Ildefonso que el NIF de la sociedad DESELCA se correspondía con el NIF de la sociedad LOGIN.

Por ello, con todos estos datos extraídos de la documental obrante en la causa, se considera acreditado que los hechos configuran el delito de fraude a la Seguridad Social imputado.

CUARTO.-De los referidos hechos, constitutivos de un delito de fraude a la Seguridad Social antes citado, es responsable en concepto de autor el acusado Emiliano por su participación voluntaria y directa en el mismo ( artículo 28 del Código Penal) , habiendo sido enervada la presunción de inocencia en virtud de la prueba de cargo practicada y obrante en autos.

Como ya antes hemos expuesto, la realidad objetiva de los hechos declarados probados resulta tanto de la documental -atestado, anexos y expedientes de la TGSS, que obra en la causa así como la testifica practicada- y la autoría directa que se declara se desprende del hecho de que el acusado aparece como la persona que desplegó los actos fraudulentos de forma personal y directa con efectos económicos para la Seguridad Social tanto respecto a la deuda generada como trabajador autónomo y como administrador único de las sociedades mercantiles LOGIN, DESELCA y SOSEES.

QUINTO.-También se pretende en solitario por el Ministerio Fiscal la condena del acusado como autor de un delito frustración de la ejecución, si bien en su informe planteó, exteriorizando sus dudas, la posibilidad de que nos encontráramos ante un concurso de normas, dejando a criterio de la Sala su apreciación.

Sobre esta cuestión, a la que se adhirió la defensa del acusado en su informe, se citaron por el Ministerio Fiscal la STS número 957/2023, de 21 de diciembre. En ella se nos dice: "El alzamiento de bienes es, en último término, una modalidad defraudatoria. Se convierte así en una morfología comisiva del delito del art. 307 (y 305).

El núcleo de injusto, el nivel de antijuricidad entre la conducta de quien omite el pago de cuotas de la seguridad social engañando en las declaraciones u omitiéndolas; y la del que lo hace mediante el expediente de ocultar los bienes es equiparable. No hay diferencias. Entre delito de alzamiento de bienes y delito contra la seguridad social existe una relación de concurso aparente de normas penales, salvo supuestos en que el alzamiento emerge como una conducta posterior y autónoma (producción del alzamiento después del descubrimiento de la ocultación). si no existe solución de continuidad estamos ante la misma infracción. (...) Tanto se defrauda eludiendo el pago de tributos o cuotas no declarando de forma veraz como declarando con fidelidad a la realidad económica, pero burlando a continuación el procedimiento de apremio con una situación de insolvencia fingida o provocada dolosamente".

Por su parte, también fue citada por el Ministerio Público la STS número 1231/2023, de 23 de marzo de 2023. En esta segunda sentencia en cuanto a la existencia de un concurso de normas, al integrar unos mismos hechos un de defraudación a la Seguridad Social del art. 307 CP y un delito de alzamiento de bienes del art. 257 CP, se señala que: "Esta cuestión ha sido extensamente tratada en nuestra sentencia núm. 747/2022, de 27 de julio, aunque referido a los delitos contra la Hacienda Pública, pero en todo caso asimilable al supuesto examinado, y que por su interés reproducimos: "El delito de alzamiento de bienes es básicamente una modalidad defraudatoria (no en vano en códigos anteriores se encuadraba en el capítulo destinado a las defraudaciones; en la actualidad la remisión al art. 250.1.5º evoca también esa morfología defraudatoria tendente a impedir el cobro de un crédito). Cuando temporalmente, e incluso materialmente, se solapan dos conductas que en definitiva son derivaciones de un mismo y único propósito defraudatorio, las dos acciones aparecen como anverso y reverso de una misma moneda.

Al igual que en el caso del ladrón que gasta el dinero robado; o del estafador que esconde lo obtenido, la acción es única. No existe una antijuricidad añadida a la primera conducta. Su castigo absorbe el total.

Cosa diferente sería si se identifican acciones posteriores tendentes a vaciar el propio patrimonio para impedir el cobro de la deuda generada con el delito. Pero ha de ser conducta separable temporal y ontológicamente. Cuando para eludir (que es el verbo utilizado tanto en el art. 305 como en el art. 257.3 CP) el pago de la misma deuda tributaria se despliegan de manera coetánea dos mecanismos fraudulentos (disminuir con engaño las bases tributarias así como un vaciamiento patrimonial para evitar el cobro) no hay dos delitos. Como no los habría si para el desplazamiento patrimonial constitutivo de estafa se ponen en marcha dos tramas engañosas. El impuesto cuyo pago se elude por esa coetánea doble vía es el mismo.

La insolvencia queda, en supuestos como éste, solapada con la propia conducta delictiva; en este caso, con el mismo delito fiscal. Si este consiste en no abonar un crédito tributario utilizando engaño, la insolvencia simultánea no añade nada sustancial, aunque puede considerarse que eleva el nivel de gravedad. Supone exactamente lo mismo: defraudar el crédito, aunque con un doble mecanismo coordinado. La coincidencia temporal empuja a pensar en un concurso de normas; no un concurso de delitos".

Y concluíamos señalando que "Entre los delitos de los arts. 305 y 257 se produciría una relación de concurso de normas y no de concurso delictivo; salvo que se produzca una ruptura temporal y secuencial que permita identificar dos conductas defraudatorias diferenciadas con distintas morfologías y situadas en momentos diferentes y ante realidades diferentes. No cuando no existe solución de continuidad y se contemplan dos vertientes de una única defraudación.

Si el alzamiento de bienes es una modalidad defraudatoria se convierte en una modalidad comisiva del delito del art. 305. Ello comportaría -y comportaba antes de 2015- secuelas importantes. Según el art. 305, solo es punible la conducta cuando se rebasa una determinada cuantía. Eso permitía concluir que quedaban tácitamente despenalizados los alzamientos de deudas de esa naturaleza por cuantías inferiores.

Y, en efecto, antes de 2015 era tesis manejable que incluso cristalizó en algunas resoluciones de Audiencias Provinciales. Se hacía muy difícil armonizar la idea de que una defraudación tributaria solo merecía una pena si superaba los 120.000 euros; y, sin embargo, eludir mediante la ocultación de bienes una deuda tributaria de 1000 euros merecería una pena de entidad similar (solo a partir de 2010 es ligeramente superior la penalidad del art. 305) cuando el núcleo de lo injusto es en esencia el mismo.

Ese planteamiento se hizo más discutible tras el CP de 1995, máxime tras la reforma de 2010. A partir de 2015 el panorama es aún más confuso: nótese que solo se incluyen las deudas contra la Hacienda Pública o Seguridad social que tengan como precedente un delito, lo que invita a pensar que antes de 2015 no estaban contempladas y habría que reconducirlas al 258 CP (cuya proyección a este caso tendría no pocas dificultades como analiza la sentencia de instancia).

En efecto: el contenido de injusto es idéntico; y la equiparabilidad del nivel de antijuricidad de la conducta de quien omite el pago de tributos engañando en las declaraciones u omitiéndolas; a la de quien lo hace mediante el expediente de ocultar los bienes es plena. No hay diferencia alguna. Solo cuando el alzamiento se convierta en una conducta posterior y autónoma (v.gr., producción del alzamiento después del descubrimiento de la ocultación) y existe solución de continuidad, podremos hablar de concurso de delitos.

Tanto se defrauda eludiendo el pago de tributos o cuotas no declarando de forma veraz; como declarando con fidelidad a la realidad económica, pero burlando a continuación el procedimiento de apremio con una insolvencia fingida o provocada dolosamente; como combinando coetáneamente ambas conductas. El contenido de injusto era equivalente y por eso no tenía sentido que para una modalidad se exigiese una determinada cuantía (en la actualidad 120.000 euros); y que la conducta defraudadora consistente en un alzamiento (cuya repercusión negativa en el patrimonio de la Hacienda -o de la Tesorería General de la Seguridad Social- es idéntica a la resultante de los delitos de fraude tributario o de cotizaciones) fuese constitutiva de delito aunque su montante económico se redujese a unos pocos euros. De ahí que incluso alguno de los más importantes monografistas de esta figura penal haya insinuado que también bajo la vigencia del Código Penal de 1995 las deudas tributarias o de seguridad social (no así otras deudas derivadas de relaciones jurídico-públicas) no serían aptas para construir el delito del art. 257. Los arts. 305 y 307 operarían un efecto secante en relación al ámbito de aplicación de tal delito. Las defraudaciones de esos créditos a través de un alzamiento serían delito sólo cuando superasen esa cuantía y habría que incardinar la conducta en esos tipos penales por ser más especiales ( arts. 305, 307 y 8 del Código Penal) . Sucedería algo semejante a lo que se entendió en materia de cuota obrera de la seguridad social: la expresa tipificación de un delito consistente en la defraudación de esas cuotas exigiéndose un determinado monto, acarrea como secuela la imposibilidad de aplicar el art. 535 (apropiación indebida; actual 252) que antes se utilizaba para reprimir esas conductas (Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1997 y sentencia 760/1997, de 18 de noviembre).

Este panorama normativo desde luego ha variado y mucho con las modificaciones posteriores.

La reforma de 2015 ha introducido un subtipo agravado en el remodelado alzamiento de bienes cuando la deuda eludida deriva de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública. Que se adicione ese inciso al lado de los casos de deudas de derecho público en que la acreedora es una Administración Pública parece abonar el entendimiento de que las deudas tributarias no se han incluido hasta 2015 y desde esa fecha solo se incluyen cuando derivan de un delito.

En cualquier caso, aquí nos situamos en la legislación anterior a 2015 y a tenor de ella la insolvencia punible ha de considerarse sin duda embebida por el delito del art. 305".

SEXTO.-Pues bien, la Sala considera, a la vista de la doctrina transcrita, que en lo tocante al delito de frustración de la ejecución la sentencia debe ser absolutoria.

No cabe duda de que el acusado facturó y cobró a través de SOSEES el trabajo realizado por DESELCA y con ello evito que la Seguridad Social pudiera lograr, mediante el embargo del importe de los ingresos obtenidos de MG TICKETS, la satisfacción, al menos parcial, de los créditos de que era titular, como también que el acusado era conocedor de la deuda y de la vía de aprecio iniciada por la TGSS.

No obstante, dicha maniobra también tuvo como resultado eludir el pago de las cuotas sociales generadas y el acusado prosiguió con su actividad, ahora con SOSEES, como venía haciendo con LOGIN y DESELCA, eludiendo el pago de las cuotas societarias.

Por ello, estimamos que tal maniobra de ocultación se enmarca en una dinámica defraudatoria única y continuada, a través de una sucesión de sociedades, siendo éste un hecho que se ha tenido en cuenta para acreditar la voluntad defraudadora del acusado.

La insolvencia creada en DESELCA no deja de ser un mecanismo de distracción de fondos con la finalidad de continuar ejerciendo la misma actividad sin pagar las cuotas sociales de los trabajadores en una operativa que se venía desarrollando durante varios años, 2017, y continuo hasta el 2021, momento en el que fue detectada por la Seguridad Social.

SEPTIMO.-Respecto de la posible concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, la defensa del acusado incluyó en sus conclusiones definitivas la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21 6ª del Código Penal.

Dice el Auto del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2022, que: "La STS 842/2017, de 21 de diciembre, recuerda que la dilación indebida es considerada por la jurisprudencia como un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo resulta injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable. Se subraya también su doble faceta prestacional -derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable-, y reaccional -traduciéndose en el derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas-.

En cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y las consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes, el comportamiento de éstos y el del órgano judicial actuante.

La apreciación de dilaciones indebidas exige, por tanto, cuatro requisitos: 1) que la dilación sea indebida, es decir injustificada; 2) que sea extraordinaria; 3) que no sea atribuible al propio inculpado; y 4) que no guarde proporción con la complejidad de la causa, requisito muy vinculado a que sea indebida ( STS 759/2016, de 13 de septiembre, entre otras)".

La defensa, no concreta los periodos de paralización que ha sufrido la causa y que justificaría las dilaciones indebidas cuya aplicación reclama. Tan sólo alude a la duración de dos años y ocho meses de la causa desde su incoación.

En el caso que decidimos no se produce un retraso excesivo en relación con los tiempos estandarizados de prosecución de un proceso penal de estas características, concurriendo además circunstancias específicas que en su caso podrían justificar el supuesto retraso acontecido, y sin que -por otro lado- al margen del mero lapso temporal, se atisbe perjuicio personal alguno para el acusado.

Así la causa comienza con el Auto de incoación de fecha 13 de febrero de 2023, siendo el Auto de imputación de fecha 9 de febrero de 2024, no dictándose el Auto de Apertura del Juicio Oral hasta el 5 de febrero de 2025, si bien previamente hubo de ser resuelto el recurso interpuesto por la defensa del acusado contra las diligencias complementarias acordadas, y dictarse Auto de busca y captura del acusado en fecha 28 de febrero de 2025. La causa llegó a la Sección el día 18 de mayo de 2025, siendo celebrado el juicio oral el pasado 16 de octubre de 2025.

No concurriendo atenuantes ni agravantes, para la imposición de las penas, de conformidad con el artículo 66.1.6ª del Código Penal, procede recorrer todo el marco penológico atendiendo "a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho".

Dicho lo anterior, en el caso de autos resulta de aplicación el subtipo agravado previsto en el art. 307 bis 1.a), que viene a establecer.

"1. El delito contra la Seguridad Social será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando en la comisión del delito concurriera alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento veinte mil euros."

En este caso, es preciso valorar que la defraudación casi alcanza cuatro veces del límite establecido en el art. 307 para considerar típica a defraudación (50.000 euros) como también que el acusado carece de antecedentes penales, por ello se estima adecuada la de tres años de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena, así como multa de 400.000 euros (algo más el doble de lo defraudado), con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 2.500 euros impagados, previa exacción de los bienes, conforme con el art. 53 del Código Penal, así como la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad durante el plazo de cuatro años.

Para el cumplimiento de la condena se abonará el tiempo de detención y prisión preventiva sufrido o que hubiera podido sufrir el acusado por razón de estos hechos.

OCTAVO.-El artículo 116 del Código Penal determina que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente, si del hecho se derivaren daños o perjuicios. La responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales, a tenor de lo previsto en el artículo 110 del citado texto legal.

Por el Ministerio Fiscal se reclama en concepto de responsabilidad civil, la cuantía de 188.660,03 euros, más los intereses moratorios y recargos legales que sean aplicables a esta deuda conforme a la legislación en materia tributaria y de Seguridad Social.

La acusación particular reclama la cantidad total de la deuda que mantiene el acusado y las tres sociedades con la Seguridad Social ascendente a 262.922,68 euros

Asimismo, el art. 307.6 del Código Penal establece que la responsabilidad civil comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administración no haya liquidado por prescripción u otra causa legal.

En consecuencia, declarada la responsabilidad penal del acusado procede declarar su responsabilidad civil, y condenarle a pagar a la Tesorería General de la Seguridad Social la cantidad de 262.922,68 euros, importe total de las cantidades adeudadas a la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de principal, intereses, costas y recargos. Esos conceptos de recaudación conjunta incluyen todas las sumas que se generen por la omisión consciente del ingreso de las cantidades generadas por los hechos que establecen las leyes de la Seguridad Social y hace innecesario diferir para trámite de ejecución de sentencia su determinación.

Para la ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, conforme a lo dispuesto en el artículo 307.6 del Código Penal, se recabará el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio.

NOVENO.-Las costas procesales han de ser impuestas al condenado, en lo que respecta a las correspondientes al delito de defraudación a la seguridad social por elusión de las cuotas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 del Código Penal, con inclusión de las costas de la acusación particular.

No ocurre así en cuanto a las correspondientes al delito de frustración de la ejecución del que ha sido absuelto, que se declaran de oficio, porque, en lo que a este delito respecta, el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impide que se le impongan.

VISTOSlos preceptos mencionados y los demás de general y pertinente aplicación.